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La responsabilidad extracontractual del estado frente a la crisis carcelaria

 

The non-contractual responsibility of the state in the face of the prison crisis

 

A responsabilidade extracontratual do Estado face � crise prisional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: helen.cumbicus.c@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas ���

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 23 de febrero de 2023 *Aceptado: 07 de marzo de 2023 * Publicado: 26 de abril de 2023

 

1. Abogada de los Tribunales y Juzgados de la Rep�blica del Ecuador.
2. Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Rep�blica del Ecuador.

Resumen

El estado ecuatoriano es responsable de la vida y seguridad de los reos mientras permanecen bajo

su custodia en los centros carcelarios, siendo variadas las deficiencias en la entrega de servicios de

rehabilitaci�n social, vulnerando derechos sin tomar en cuenta que las personas privadas de

libertad forman parte del grupo de atenci�n prioritaria establecido en el art. 35 de la Constituci�n de la Rep�blica, convirtiendo al estado como posible sujeto de demandas por incumplimiento de sus responsabilidades objetivas, sobre todo las determinadas en el art. 11 numeral 9 de la Constituci�n de la Rep�blica, mismo que se encarga de respetar y hacer respetar los derechos constitucionales. Por consiguiente, en esta investigaci�n se determin� en base a revisiones bibliogr�ficas, documentales y jurisprudenciales mecanismos y medidas necesarias de protecci�n a derechos constitucionales, conociendo las causas que originaron la crisis carcelaria en el sistema penitenciario en Ecuador.

La tutela jur�dica y las vulneraciones de derechos de las personas privadas de libertad, comprendidas a trav�s de� normativa vigente, son abordadas a partir de las� responsabilidades emanadas de los convenios y tratados internacionales, as� como de la Constituci�n de la Rep�blica, y la sentencia 5- 19-OP/19 adem�s de otras sentencias conexas con respecto a la responsabilidad del SNAI (servicio nacional de atenci�n integral a personas adultas, privadas de libertad y adolescentes infractores), estableciendo las medidas reparatorias tanto para las personas privadas de libertad como a los familiares de las personas fallecidas, as� como disposiciones preventivas por parte de los ministerios encargados.

Palabras Clave: responsabilidad extracontractual; rehabilitaci�n social; reinserci�n social; reparaci�n integral.

 

Abstract

The Ecuadorian state is responsible for the life and safety of the prisoners while they remain under

their custody in prisons, with various deficiencies in the delivery of security services.

social rehabilitation, violating rights without taking into account that people deprived of

freedom are part of the priority attention group established in art. 35 of the Constitution of the Republic, making the state a possible subject of lawsuits for breach of its objective responsibilities, especially those determined in art. 11 numeral 9 of the Constitution of the Republic, which is responsible for respecting and enforcing constitutional rights. Therefore, in this investigation, based on bibliographic, documentary and jurisprudential reviews, mechanisms and necessary measures to protect constitutional rights were determined, knowing the causes that originated the prison crisis in the prison system in Ecuador.

Legal protection and violations of the rights of persons deprived of liberty, understood through current regulations, are addressed based on the responsibilities arising from international conventions and treaties, as well as the Constitution of the Republic, and sentence 5 - 19-OP/19, in addition to other related rulings regarding the responsibility of the SNAI (national comprehensive care service for adults, prisoners and adolescent offenders), establishing reparatory measures for both persons deprived of liberty and offenders. relatives of the deceased, as well as preventive provisions by the ministries in charge.

Keywords: tort liability; social rehabilitation; social reintegration; comprehensive repair.

 

Resumo

O Estado equatoriano � respons�vel pela vida e seguran�a dos presos enquanto permanecerem sob

sua cust�dia em pris�es, com v�rias defici�ncias na presta��o de servi�os de seguran�a.

reabilita��o social, violando direitos sem levar em conta que as pessoas privadas de

liberdade fazem parte do grupo de aten��o priorit�ria estabelecido no art. 35 da Constitui��o da Rep�blica, tornando o Estado pass�vel de a��es judiciais por descumprimento de suas responsabilidades objetivas, especialmente as determinadas no art. 11 inciso 9 da Constitui��o da Rep�blica, ao qual compete respeitar e fazer valer os direitos constitucionais. Portanto, nesta investiga��o, com base em revis�es bibliogr�ficas, documentais e jurisprudenciais, foram determinados mecanismos e medidas necess�rias para proteger os direitos constitucionais, conhecendo as causas que originaram a crise carcer�ria no sistema carcer�rio do Equador.

A prote��o jur�dica e as viola��es dos direitos das pessoas privadas de liberdade, entendidas por meio da normativa vigente, s�o abordadas com base nas responsabilidades decorrentes de conven��es e tratados internacionais, bem como da Constitui��o da Rep�blica, e da senten�a 5 - 19-OP/19, al�m de outras decis�es correlatas sobre a responsabilidade do SNAI (Servi�o Nacional de Aten��o Integral a Adultos, Presos e Adolescentes Infratores), estabelecendo medidas reparat�rias tanto para pessoas privadas de liberdade quanto para familiares de delinq�entes, bem como disposi��es preventivas por parte do minist�rios respons�veis.

Palavras-chave: responsabilidade civil; reabilita��o social; reinser��o social; reparo abrangente.

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Introducci�n

La problem�tica de la responsabilidad extracontractual del estado se suscita al brindar servicios de rehabilitaci�n social de forma defectuosa y que, adem�s atenta con los servicios deficientes a derechos humanos o constitucionales. Por lo que este elemento de responsabilidad extracontractual y la investigaci�n que se desarroll� es de importancia puesto que se inserta en la discusi�n doctrinal y acad�mica cuestiones de responsabilidad estatal, que tiene una especial relevancia en un estado de derechos y justicia como el estado ecuatoriano, adem�s es importante la entrega, desde la academia, de soluciones efectivas al problema de la crisis carcelaria, tal como menciona la Corte Constitucional del Ecuador a trav�s de la sentencia 4-20-EE/20, donde expresa que el problema carcelario requiere para su superaci�n, soluciones reales.

La funci�n de rehabilitaci�n social es un servicio p�blico que brinda el estado ecuatoriano, y de igual modo, son p�blicas tambi�n las asistencias que otorga dicho estado a trav�s de ministerios, como el Ministerio de inclusi�n econ�mica y social, el Ministerio de Salud P�blica, o sistemas especializados, como el SNAI (Servicio Nacional de Atenci�n Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores), todos estos que se articulan para alcanzar el objetivo de reinserci�n social efectiva . Por ello, es necesario que todos estos entes p�blicos conjuguen sus esfuerzos, y que de parte del estado se den los mecanismos y herramientas necesarias para que brinden servicios de calidad, tomando en cuenta, sobre todo, que las personas privadas de libertad, de conformidad con el art. 35 de la Constituci�n de la Rep�blica, son un grupo de atenci�n prioritaria, por su vulnerabilidad.

El estado ecuatoriano es responsable de la vida y seguridad de los reos mientras permanecen bajo su custodia en los centros de rehabilitaci�n social; a pesar de su importancia, la entrega de este servicio se ha evidenciado como deficiente, vulnerando los derechos de las personas privadas de libertad a su derecho a la reinserci�n social, la educaci�n, el trabajo, salud, e incluso, la vida. Tomando en cuenta que los reos forman parte del grupo de atenci�n prioritaria establecido en el art. 35 de la Constituci�n de la Rep�blica, las referidas vulneraciones derivadas de la deficiente prestaci�n de servicios, expone al Estado a demandas por incumplimiento de sus responsabilidades, sobre todo, las emanadas del art. 11 numeral 9 de la Constituci�n de la Rep�blica, dado que es el encargado de respetar y hacer respetar los derechos constitucionales.

En la presente investigaci�n se abord� acerca de la responsabilidad objetiva del estado ecuatoriano por incumplimiento de sus obligaciones de respetar los derechos constitucionales ya mencionados en el ac�pite anterior que ata�en a los reos sobre todo el derecho a la salud por las condiciones precarias, y el derecho a la vida al convertirse victimas en muchos caso de los amotinamientos que se han venido dando en las inmediaciones del centro de rehabilitaci�n social, �por lo que a trav�s del estudio doctrinario y jurisprudencial �se abord� posibles causas que originaron la crisis en los centros de privaci�n de libertad.

El presente trabajo concluir� con la determinaci�n de la situaci�n de vulneraci�n de derechos que ata�e a las personas privadas de libertad a trav�s de revisi�n socio jur�dica que existe vulneraci�n� no solo de forma sistem�tica, sino tambi�n estructural y esto en general se manifiesta en la carencia de una pol�tica p�blica integral, en aspectos como adecuada infraestructura; precarias condiciones de vida; problemas de acceso a los servicios b�sicos; falta de pol�ticas de atenci�n especializadas a personas que forman parte del grupo de atenci�n prioritarias; carencia de mecanismos de garant�a de derechos con la finalidad de evitar amenazas a la integridad f�sica y extorsiones al interior de los centros de rehabilitaci�n.

 

Metodolog�a

Para la consecuci�n de los objetivos planteados, el presente trabajo analiz� el marco legislativo que derivan las responsabilidades estatales y acciones tomadas frente a la crisis en el sistema carcelario, del mismo modo, identificar los fallos en la rehabilitaci�n social para lo que se utilizaran los siguientes m�todos y t�cnicas:

Tipo de investigaci�n: El tipo de investigaci�n aplicable para el presente estudio es cualitativo ya que la aplicabilidad de este tipo de investigaci�n permiti� establecer los medios necesarios para determinar datos relevantes dentro de las sentencias de personas que estaban por salir, tipos de sentencias, entrevistas, etc,

Alcance:

Descriptivo y explicativo: a trav�s de este m�todo se podr� descomponer el tema general de la investigaci�n, en partes que ser�n analizadas por separado. Adem�s, este m�todo permitir� el examen separado de los componentes del tema principal.

El m�todo sint�tico: a partir de este m�todo el maestrante podr�, de las partes descompuestas con el m�todo anal�tico, extraer los aspectos m�s relevantes de cada una de dichas partes, resumiendo lo analizado.

El m�todo exeg�tico: este m�todo, propio de las ciencias jur�dicas, permitir� al maestrante analizar formalmente las normas jur�dicas, as� como las sentencias emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador, como parte fundamental para entender la perspectiva del m�ximo �rgano de interpretaci�n de la Constituci�n del Ecuador.

Poblaci�n o universo: sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador. (2019), Sentencia 5-19-OP/19 y, Corte Constitucional del Ecuador. (2020) y Sentencia 4-20-EE/20.

 

Desarrollo

1.- Incumplimiento de obligaciones sobre el amparo a derechos constitucionales inherentes a las personas privadas de libertad

Para comprender la acci�n constitucional de amparo como una garant�a debemos iniciar con la interpretaci�n conceptual de garant�a y derecho para no caer en una confusi�n debido a la amplitud de ambos t�rminos. los derechos por lo general aparecen como garant�as normativas, mientras que las garant�as aparecen como mecanismo de ejercicio de los derechos, en textos legales y constitucionales, entre la multiplicidad de conceptos desarrollados por diversos autores como Ferrajoli o Guastini debemos destacar que la idoneidad de las garant�as debe responder entonces a la necesidad del derecho a protegerse, es por ello que no basta un solo mecanismo de protecci�n para tutelar la multiplicidad de derechos existentes, por lo que se hace imperativo diferenciar desde la priorizaci�n.

La responsabilidad del estado conforme lo establecido en el Art. 11. 9 de la (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008) establece entre muchas cosas que la misma consiste en respetar y hacer respetar los derechos de las personas, as� como la reparaci�n integral en caso de violaci�n o deficiente prestaci�n de los mismos por parte de servidores p�blicos o a su vez de los servicios p�blicos que el mismo estado presta. La relaci�n existente entre estas dos premisas de la responsabilidad estatal y la reparaci�n integral son explicadas por Jaramillo (2009), quien alega que en ese caso: Se prioriza el da�o causado a la v�ctima que no se encuentra obligada a soportar cargas injustas por parte del Estado, raz�n por la cual el afectado no debe probar ni la ilicitud ni la culpabilidad de la conducta estatal, sino �nicamente la relaci�n de causalidad entre la actividad estatal da�osa y el perjuicio acontecido (responsabilidad directa y objetiva), pudiendo el Estado �nicamente deducir eximentes externos para desvirtuar la relaci�n 33 de causalidad (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de tercero o propia culpa de la v�ctima). Es decir, y tomando como referencia lo establecido anteriormente la responsabilidad estatal frente a la situaci�n que se vive dentro de todo el sistema carcelario y el fallo del sistema de rehabilitaci�n social es absoluta ya que es el estado el encargado de velar por los derechos de sus ciudadanos y conforme lo establece tambi�n el (C�digo Org�nico Integral Penal) en su Art. 676. los privados de libertad se encuentran bajo la custodia del Estado y por ello es el mismo Estado el encargado de velar por sus derechos y garantizarlos siendo tambi�n que el Estado es el responsable directo en caso de que existan violaciones u omisiones por parte de los servidores p�blicos encargados de este sector.

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1.1.- Garant�as penitenciarias en el sistema interamericano de derechos humanos�

Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, y tiene una gran connotaci�n al momento de ser aplicados a las personas privadas de libertad que por su condici�n tienen los mismos derechos; pero sucede que a�n no son las indicadas las condiciones en las que se busca rehabilitar a una PPL, en efecto es evidente que se origina este problema porque no se cumple a cabalidad las disposiciones que emite la Constituci�n de 2008 dentro de su Art.51. Significa entonces que el Estado no brinda una protecci�n permanente que aplique mecanismos adecuados para su correcta rehabilitaci�n, lo que genera que exista la violaci�n sistem�tica de los derechos fundamentales que causan, muertes por falta de atenci�n m�dica y psicol�gica, violaci�n a la dignidad, discriminaci�n, familias que sufren atropellos por parte de las autoridades administrativas, Violaci�n a la integridad f�sica, psicol�gica y emocional CIDH (2010). Para el tratadista Ferrajoli (2005, p.21) menciona que los derechos fundamentales son un conjunto de derechos subjetivos que pertenecen o corresponden a todos universalmente, en cuanto que personas, ciudadanos o sujetos con capacidad de actuar, destacando su igualdad jur�dica e identific�ndolos como derechos universales, inalienables e indisponibles, concepto que es importante tener presente pues las garant�as penales y procesales constituyen derechos fundamentales.

 

 

1.2. -Normativa nacional e internacional

Seg�n Da Fonte Carvalho, M., Monteiro Santana, V. y Charry D�valos, J. P. 6 (2022) la norma sirve como mecanismo de identificaci�n e integraci�n social a trav�s del cual se rea-firman los valores de la voluntad general, es por eso que de acuerdo a lo que establece la normativa que componen el ordenamiento jur�dico ecuatoriano existen varios principios generales. As� el C�digo Org�nico Integral Penal (2014) indica que ��en materia penal se aplican todos los principios que se derivan de la Constituci�n de la Republica, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los desarrollados en este c�digo (Art.2). Como se puede ver, dentro del sistema penal se aplican varios de los principios constitucionales como internacionales con el fin de tutelar el goce de los derechos de las personas. En conclusi�n, los principios que se establecen dentro de la normativa penal est�n ligados a la Constituci�n del 2008, puesto que los mismos tienen una relevancia jur�dica importante dentro del marco legal de derechos en el sistema de justicia ecuatoriano.

La individualizaci�n de cada perspectiva de la funci�n de la pena como la posibilidad de combinar una y otra teor�a, nos permite contar con insumos suficientes para analizar la finalidad de la esta sanci�n penal en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano. En esta l�nea de ideas, es preciso recordar que, definida la funci�n de la pena, tambi�n se limita o aclara la raz�n de existencia del centro carcelario, por tanto, es preciso un desarrollo concreto a lo que dictan las normas de la materia. Da Fonte Carvalho, M., Monteiro Santana, V. y Charry D�valos, J. p. 7 (2022)

Seg�n la CIDH los Principios y Buenas Pr�cticas sobre la protecci�n de las Personas privadas de libertad (2002), toda persona privada de libertad, que se encuentre dentro de la jurisdicci�n de los Estados miembros de las Am�ricas, tendr� un trato digno y con respeto a todas las garant�as y derechos fundamentales. En particular, los Estados ser�n garantes de las personas privadas de libertad asegurando sus condiciones de protecci�n y dignidad. Como se puede ver, dentro de los principios b�sicos y de buenas pr�cticas se establece que el principio de trato humano est� ligado al trato digno que debe tener una persona privada de libertad. En conclusi�n, este principio detalla la protecci�n a la vida y el respeto de los derechos fundamentales y humanos; de tal manera que el Estado claramente dice que debe priorizar que se aplique un trato digno a la PPL.

 

 

�1.3. � Sentencia 5-19-OP/19. y conexas

la Sentencia 5-19-OP/19, pronunciada por la Corte Constitucional del Ecuador determina que la rehabilitaci�n social, posee como objetivo central el desarrollo de un enfoque con car�cter preventivo-especial, mismo que significa que se debe tomar en cuenta circunstancias particulares de las personas privadas de libertad, de cara a lograr que en el futuro no se vuelva a atentar contra bienes jur�dicos protegidos. Esta prevenci�n va conectada tambi�n con la obligaci�n del Estado ecuatoriano de no s�lo privar a una persona de su libertad cuando se ha llegado al convencimiento de que ha cometido una infracci�n, sino tambi�n, de velar por la dignidad de la persona mientras dura esta privaci�n de libertad.

la Sentencia 4-20-EE/20 insisti� en que la soluci�n al problema carcelario no radica en establecer o decretar estados de excepci�n, que sirvan peri�dicamente para restablecer el control de los centros de privaci�n de libertad; sino que la soluci�n va encaminada a la adopci�n de medidas reales que enfrenten los problemas como el hacinamiento, el tr�fico de armas, as� como la corrupci�n dentro de estos centros.

Merch�n �lvarez (2017) determina que la esencia de la rehabilitaci�n social reposa en alcanzar, mediante diversos programas y capacitaciones, que la persona privada de libertad pueda ser efectivamente reinsertada en la sociedad. Para ello, no queda duda que es necesario que la persona privada de libertad se desarrolle dentro de un espacio libre de violencia, drogas, incentivando actividades recreativas y educativas.

 

2.- Crisis carcelaria frente a un Estado Constitucional de Derechos

Seg�n Al� Lozada y Ricaurte (2015) sostienen que el coraz�n del modelo constitucional actual es el c�mulo de derechos fundamentales con supremac�a constitucional garantizada jurisdiccionalmente. Desde el punto de vista de Cevallos (2021) afirma que el objetivo primordial es encaminar a la sociedad a una cultura de paz, donde prime el respeto; y, que la tutela derechos sea en igualdad de condiciones. En la opini�n de Gonz�lez (2018) es la comprensi�n de la dignidad humana catalizada por los valores y principios de derechos humanos. Por lo tanto, el gobierno obtiene un rol garantista y protector en el respeto irrestricto de los derechos plasmados en el actual modelo constitucional.� Se legitiman los derechos de todas las personas por medio de mecanismos constitucionales, instituciones y organismos eficientes y eficaces. Vale decir que hay algo cierto, y es que los derechos constitucionales buscan proteger la dignidad humana. En definitiva, la ideolog�a de Estado Constitucional de Derechos encuentra terreno f�rtil para expandirse, especialmente, de los grupos de atenci�n prioritaria como las PPL

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, en su art. 11 numeral 9 determina que �el m�s alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constituci�n�, de forma que es el propio Estado ecuatoriano quien se obliga a respetar una gran gama de derechos que se confieren en la Norma Constitucional, dentro de los que cuentan la inviolabilidad de la vida (art. 66.1), la integridad personal (art. 66.3), que contiene a su vez la integridad f�sica, ps�quica y moral. En sentido similar, la nueva realidad constitucional coloca en el centro de los derechos al ser humano (V�squez-Ayerve, Narv�ez-Zurita, Pozo-Cabrera y Erazo-�lvarez, 2020).

 

2.1.- desequilibrio en el sistema carcelario

La ausencia total de las pol�ticas p�blicas por parte del estado, origina la ca�tica situaci�n que atraviesa el pa�s. El narcotr�fico es la fuente de violencia que aterroriza fuertemente a la poblaci�n, en tanto que el silencio de la prensa, se vuelve espectadora del mal en el que vivimos los ecuatorianos. Cu�n importante son las pol�ticas p�blicas y el cumplimiento de las normativas en una naci�n para bienestar de la sociedad, donde vivir en armon�a deber�a ser la principal raz�n del ciudadano que habite en el pa�s.

Una consecuencia m�s de la ineficacia de las diferentes respuestas estatales ante la denominada �crisis del sistema penitenciario�. Con este panorama, han sido m�ltiples los debates que han girado en torno a la construcci�n de una posible soluci�n efectiva e integral.

Es vital hacer alusi�n a las palabras del se�or Edmundo Moncayo, que apenas hace poco tiempo era director del Servicio Nacional de Atenci�n Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), advirti� que los motines ocurridos en las penitenciar�as de Cuenca, Guayaquil y Latacunga, mismos que produjeron 80 muertes de personas privadas de libertad (en adelante PPL), fueron desencadenados por una disputa de poder entre bandas criminales.

Vale indicar que los da�os provocados a las personas privadas de libertad, se encuentran el perjuicio al derecho a la vida, a la integridad, a la intimidad, a la salud y de modo indirecto se atenta contra las posibilidades de resocializaci�n (Gonz�lez Malla y Armijos Campoverde, 2021); en el caso ecuatoriano, previo a la entrada en vigencia del C�digo Org�nico Integral Penal, el sistema de penas estaba �dispersa en el C�digo de Ejecuci�n de Penas, cuerpo legal que conten�a la forma de cumplimiento de las penas privativas y restrictivas provenientes de los c�digos penales, procedimiento y dem�s leyes penales como la Ley de Sustancias Psicotr�picas y Estupefacientes� (Miranda Ch�vez, Sailema Armijo, Cisneros Z��iga y Garc�s Mayorga, 2021, p. 3)

En Ecuador se han desarrollado hechos lamentables en materia de motines y masacres dentro de los centros de privaci�n de la libertad. Estos recortes han sido recogidos por la doctrina, como Altamirano Cevallos (2021, p. 24), quien manifiesta que dichos recortes evidencian �la imposibilidad de ejecutar actividades e intervenciones estrat�gicas a favor de las PPL para garantizar y proteger sus derechos�.

 

3.- responsabilidad extracontractual patrimonial del estado

Hablar de la responsabilidad extracontractual del estado, significa sumergirnos en la relaci�n

entre el Estado y los particulares, donde pasamos desde un Estado que no ten�a responsabilidad alguna con la sociedad, a uno donde la ley misma reconoce que, en el caso de causar un da�o o perjuicio a un particular, se deber� resarcir el da�o de este.

�El Estado y toda persona que act�e en ejercicio de una potestad p�blica, estar�n obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares: por falta o deficiencia en la prestaci�n de los servicios p�blicos y por acci�n u omisi�n, en el desempe�o de sus cargos� (Guanoluisa Almache, Crespo-Berti y Liscano Chapeta, 2021, p. 3).

El tema� es una pieza jur�dica important�sima del Derecho administrativo, ya que por una parte es como l�mite al ejercicio del poder estatal y a la vez, como una garant�a de los derechos de los ciudadanos ante una acci�n u omisi�n por parte del Estado Ecuatoriano, que ocasione un perjuicio o vulneraci�n, y con ello, que se genere as� la obligaci�n de indemnizar al ciudadano que ha sido perjudicado.

En este sentido, Le�n-Ot�lora (2019) destaca que la relaci�n entre el Estado y las personas privadas de libertad es una relaci�n especial, puesto que estos �ltimos, al encontrarse privados de su libertad se encuentran limitados para satisfacer sus necesidades y �stas deben ser suplidas por el Estado.

 

Otra figura que tiene mucha relaci�n con la responsabilidad extracontractual son los servicios p�blicos ya que por su deficiente prestaci�n por parte de la administraci�n p�blica, hace que se derive la responsabilidad extracontractual por la mala prestaci�n de servicios otorgados por parte de instituciones estatales los cuales perjudican al bienestar de los ciudadanos.

Para que se constate una responsabilidad extracontractual, Coronel-Larrea (2021) estima que es necesario identificar ciertos elementos, tales como el da�o provocado, una contravenci�n a la ley, culpa o dolo que cause el da�o y por �ltimo, que existan nexos de causalidad entre el hecho o acto il�cito y el da�o.

 

Resultados y discusi�n

La crisis carcelaria parte de d�cadas anteriores, pese a grandes esfuerzos econ�micos del Estado ecuatoriano para solucionar este problema multicausal; la visi�n del modelo de gobierno ha sido la mera creaci�n y mejora de los Centro de Privaci�n de Libertad; y, de los ejes de rehabilitaci�n social. A partir de los hallazgos encontrados, se acepta el objetivo de la investigaci�n. y, se demuestra que el Estado Ecuatoriano no solo irrespeta el contenido, esencia, y deberes prioritarios que tiene por mandato constitucional, sino hace caso omiso a la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, y a la imperativa normativa internacional suscrita.

El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia en el cual los ciudadanos al estar privados de su libertad bajo prevenci�n de un sistema procesal acusatorio y sentencia ejecutoriada por autoridad competente ingresa un sistema mal denominado centros de rehabilitaci�n social los mismos que en el presente estudio fueron analizados desde un contexto epistemol�gico, hist�rico, doctrinario, normativo; y, las diferentes resoluciones que el �rgano de cierre Corte Constitucional ha venido desarrollando frente a esta problem�tica que ata�e al estado ecuatoriano desde la responsabilidad extracontractual, puesto que los privados de libertad al ingresar a los centros de privaci�n seg�n la legislaci�n ecuatoriana pierden �nicamente su derecho a la libertad y los derechos econ�micos sociales y culturales por ende, los derechos inherentes� a los seres humanos se mantienen intactos y por lo tanto el estado deber�a precautelar su uso goce y disfrute; el no hacerlo configura vulneraciones a los derechos humanos suscritos y reconocidos por el estado en convenciones y tratados internacionales, por ende el incumplimiento de esta responsabilidad� permite la exigencia de medidas reparatorias y de ser el caso disposiciones preventivas para evitar arbitrariedades y/o vulneraciones con resultados irreparables.

La presente investigaci�n se enfoc� en el an�lisis de la inobservancia del estado ecuatoriano a partir del amotinamiento del 28 de septiembre y noviembre de 2021 en la Penitenciaria del Litoral, que tuvieron lugar las peores masacres, lo que en suma dej� un saldo de 123 reclusos asesinados as� como alrededor de 80 heridos, catalogando a esta masacre como la peor de la historia del Ecuador y la quinta m�s mortal de Latinoam�rica. Como parte de las acciones del Estado ecuatoriano, desde la Presidencia de la Rep�blica, se decretaron estados de excepci�n en el �mbito carcelario. Lejos de solucionarse el problema con dichos estados de excepci�n, la Corte Constitucional del Ecuador, a trav�s de la Sentencia 4-20-EE/20 insisti� en que la soluci�n al problema carcelario no radica en establecer o decretar estados de excepci�n, que sirvan peri�dicamente para restablecer el control de los centros de privaci�n de libertad; sino que la soluci�n va encaminada a la adopci�n de medidas reales que enfrenten los problemas como el hacinamiento, el tr�fico de armas, as� como la corrupci�n dentro de estos centros. En estos �mbitos, se hace compleja la rehabilitaci�n social tal como la conciben S�nchez Santacruz, Maldonado Manzano y Barahona Tapia (2022), en relaci�n con los principios del Estado Constitucional de derechos plasmado en Ecuador. Sin embargo, cabe destacar que la crisis en el sistema carcelario no inicia a partir de este evento puesto que tal problem�tica viene gener�ndose por un manejo estatal deficiente anterior al suceso que se constituye como un detonante frente al contexto en el cual se desarroll� y su importancia a la actualidad. En virtud de esto cabe analizar la normativa vigente en el estado ecuatoriano desde nuestro objeto de estudio puesto que el mismo se presenta como un estado netamente garantista en el cual todos sus derechos son de igual jerarqu�a y exigibles en todo momento.

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, en su art. 11 numeral 9 determina que �el m�s alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constituci�n�, de forma que es el propio Estado ecuatoriano quien se obliga a respetar una gran gama de derechos que se confieren en la Norma Constitucional, dentro de los que cuentan la inviolabilidad de la vida (art. 66.1), la integridad personal (art. 66.3), que contiene a su vez la integridad f�sica, ps�quica y moral. En sentido similar, la nueva realidad constitucional coloca en el centro de los derechos al ser humano (V�squez-Ayerve, Narv�ez-Zurita, Pozo-Cabrera y Erazo-�lvarez, 2020). De igual modo, se cumple as� con la obligaci�n que poseen los Estados de respetar los derechos humanos, obligaci�n que en el caso del Ecuador se respalda en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que se comprende que los Estados Americanos poseen un compromiso de respetar los derechos y libertades de todas las personas que se encuentre en su jurisdicci�n, sin distinci�n alguna (art. 1).

Por otra parte, el Estado ecuatoriano, a trav�s del art. 201 de la Constituci�n de la Rep�blica, determina que el sistema de rehabilitaci�n social �tendr� como finalidad la rehabilitaci�n integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, as� como la protecci�n de las personas privadas de libertad y la garant�a de sus derechos�. En sinton�a con esto, Merch�n �lvarez (2017) determina que la esencia de la rehabilitaci�n social reposa en alcanzar, mediante diversos programas y capacitaciones, que la persona privada de libertad pueda ser efectivamente reinsertada en la sociedad. Para ello, no queda duda que es necesario que la persona privada de libertad se desarrolle dentro de un espacio libre de violencia, drogas, incentivando actividades recreativas y educativas.

De igual modo, la Sentencia 5-19-OP/19, pronunciada por la Corte Constitucional del Ecuador determina que la rehabilitaci�n social, posee como objetivo central el desarrollo de un enfoque con car�cter preventivo-especial, mismo que significa que se debe tomar en cuenta circunstancias particulares de las personas privadas de libertad, de cara a lograr que en el futuro no se vuelva a atentar contra bienes jur�dicos protegidos. Esta prevenci�n va conectada tambi�n con la obligaci�n del Estado ecuatoriano de no s�lo privar a una persona de su libertad cuando se ha llegado al convencimiento de que ha cometido una infracci�n, sino tambi�n, de velar por la dignidad de la persona mientras dura esta privaci�n de libertad. En contraposici�n, autores jur�dicos han determinado que la privaci�n de la libertad va en contra de la rehabilitaci�n social (Guerrero Vela, 2020), de forma tal que se establece un debate acerca de la pertinencia de la privaci�n de libertad en ciertos delitos menores, y la posibilidad de aplicar otras medidas no privativas de libertad.

La funci�n de rehabilitaci�n social es un servicio p�blico que brinda el Estado ecuatoriano, y de igual modo, son p�blicas tambi�n las asistencias que otorga dicho Estado a trav�s de ministerios, como el Ministerio de inclusi�n econ�mica y social, el Ministerio de Salud P�blica, o sistemas especializados, como el SNAI (Servicio Nacional de Atenci�n Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores), todos estos que se articulan para alcanzar el objetivo de reinserci�n social efectiva antes mencionada. Por ello, es necesario que todos estos entes p�blicos conjuguen sus esfuerzos, y que de parte del Estado se den los mecanismos y herramientas necesarias para que brinden servicios de calidad, tomando en cuenta, sobre todo, que las personas privadas de libertad, de conformidad con el art. 35 de la Constituci�n de la Rep�blica, son un grupo de atenci�n prioritaria, por su vulnerabilidad.

Sin embargo, cuando los servicios mencionados en el p�rrafo anterior, son entregados de forma deficiente, se genera la responsabilidad extracontractual del Estado, entendida como �una falla en el servicio p�blico, porque se viola un derecho al ciudadano o porque son los funcionarios p�blicos quienes cometen estas violaciones a los derechos de las personas� (Machado Montalvo y Guerrero V�lez, 2017, p. 24). La doctrina ha otorgado otras visiones de la responsabilidad extracontractual del Estado, que sin el �nimo de redundar, se citan a continuaci�n. Una de ellas es la mencionada por Ochoa Rodr�guez (2012) quien determina que la responsabilidad extracontractual se desprende de la Teor�a de la tutela jur�dica, teor�a por medio de la cual se entiende que el Estado, como protector de la poblaci�n y defensor de los intereses ciudadanos, est� encargado de responder por los perjuicios que ocasione a la sociedad. Por �ltimo, Moreno Yanes (2016) establece que la responsabilidad extracontractual del Estado coadyuva como un l�mite a las actuaciones del Estado as� como de aquellas personas que en calidad de titulares de dependencias estatales, en virtud de que deben actuar con sujeci�n al Derecho.�

Por� otro� lado,� el� Director� del� SNAI,� Edmundo� Moncayo� (2021)� sostiene ante el hacinamiento carcelario ha sido manejado bajo 4 ejes para su reducci�n: 1) coordinaci�n para la aplicaci�n de las medidas no privativas de libertad; 2) coordinaci�n para la prestaci�n de bienes inmuebles� con� los� gobiernos� aut�nomos� descentralizados;� 3)� repotenciaci�n,� reconstrucci�n,� y� creaci�n� de� nuevos� centros� de� rehabilitaci�n� social;� y, 4) implementar equipamiento que garantice condiciones m�nimas de habitabilidad de las PPL. Tanto as� que Gavilanes (2021) enfatiza que no se cumple con los mandatos legales en los casos que se encuentran personas adultas mayores privadas de libertad en relaci�n con su alimentaci�n diferenciada o personas con enfermedades cr�nicas o catastr�ficas. Pone de ejemplo que existe brote de enfermedades catastr�ficas en los CRS como la tuberculosis. Pero, en lo que no concuerda el presente estudio con Edmundo Moncayo es que la soluci�n para el hacinamiento carcelario no estriba en la mera creaci�n de infraestructuras carcelarias, como se demostr�, en ca-torce a�os de gobierno con la mayor creaci�n de centros de privaci�n de libertad el verdadero problema no es solucionado. Intensific�ndose cada a�o m�s. Empleando las palabras de Benavides (2019) la incorrecta aplicaci�n de la norma ha estado causando el aumento desmedido de PPL en los diferentes centros de rehabilitaci�n social, elevando presupuestos y desencadenando una situaci�n bastante insostenible tanto para el Estado de forma general como para el gobierno en turno.

Queda de manifiesto, por tanto, que la responsabilidad extracontractual del Estado tiene un elemento central, que es el que activa la posibilidad de que los ciudadanos interpongan demandas en contra del Estado por la deficiente entrega de servicios p�blicos, elemento que es la vulneraci�n de derechos constitucionales por motivo de dichos servicios deficientes. M�ltiples son los motivos que llevan a que el Estado brinde un servicio p�blico deficiente. En el caso del sistema de rehabilitaci�n social ecuatoriano, Rodr�guez y Aguilar (2021) son cr�ticos y establecen que son m�ltiples las razones que han conllevado a la crisis en materia carcelaria en Ecuador. La primera raz�n es el nivel de hacinamiento, dado que posee plazas para 29.643 personas privadas de libertad, pero en el a�o 2021 mediante censo se conoci� que estaban privadas de su libertad 38.800 personas. De igual modo, otro aspecto negativo ha sido los recortes presupuestarios, derivados de la crisis econ�mica, que se ha reflejado en la disminuci�n de 40 millones de d�lares en el presupuesto para los centros de rehabilitaci�n. Estas falencias dejan sentado que Ecuador tiene serias dificultades para respetar, a trav�s de su sistema carcelario, los derechos y la dignidad de las personas privadas de la libertad (Ter�n Vaca y Limaico Mina, 2019).

Los antecedentes de todos los problemas carcelarios radican, en palabras de Cevallos Altamirano, Mart�nez Vaca y Panchi De Jes�s (2021) en una fuga constante del sistema penal al uso y abuso de la prisi�n preventiva, un populismo penal, as� como la falta de pol�tica criminal y de pol�ticas p�blicas con enfoques en derechos humanos. Adem�s, que la rehabilitaci�n social no s�lo debe ser enfocada como una simple infraestructura carcelaria, sino, que deben existir condiciones adecuadas de vida dentro de estos centros y una intervenci�n seria de los gobiernos para disminuir los �ndices de violencia dentro de los centros carcelarios (Jord�n Naranjo, Caicedo Banderas, Huera Castro y Bucaram Caicedo, 2019).

Producto de esta sobrepoblaci�n, de falta de contingencia econ�mica, as� como de profesionales al servicio de la rehabilitaci�n social (psic�logos, m�dicos, trabajadores sociales, guardias penitenciarios, entre otros), en Ecuador se han desarrollado hechos lamentables en materia de motines y masacres dentro de los centros de privaci�n de la libertad. Estos recortes han sido recogidos por la doctrina, como Altamirano Cevallos (2021, p. 24), quien manifiesta que dichos recortes evidencian �la imposibilidad de ejecutar actividades e intervenciones estrat�gicas a favor de las PPL para garantizar y proteger sus derechos�.

Para que se constate una responsabilidad extracontractual, Coronel-Larrea (2021) estima que es necesario identificar ciertos elementos, tales como el da�o provocado, una contravenci�n a la ley, culpa o dolo que cause el da�o y por �ltimo, que existan nexos de causalidad entre el hecho o acto il�cito y el da�o. El principal responsable ante la crisis carcelaria, queda confirmado que es el Estado (Da Fonte Carvalho, Monteiro Santana y Charry D�valos, 2021), por lo que ante �l llegar�an las reclamaciones por los da�os causados por responsabilidad extracontractual. En cuanto a los da�os provocados a las personas privadas de libertad, se encuentran el perjuicio al derecho a la vida, a la integridad, a la intimidad, a la salud y de modo indirecto se atenta contra las posibilidades de resocializaci�n (Gonz�lez Malla y Armijos Campoverde, 2021).

Por su parte, Letelier Wartenberg (2002) se�ala que las responsabilidades extracontractuales se desprenden de vulneraciones de responsabilidades estatales y constitucionales, algo que encuadra directamente en el tema carcelario y su deficiente manejo estatal. En este sentido, Le�n-Ot�lora (2019) destaca que la relaci�n entre el Estado y las personas privadas de libertad es una relaci�n especial, puesto que estos �ltimos, al encontrarse privados de su libertad se encuentran limitados para satisfacer sus necesidades y �stas deben ser suplidas por el Estado.

As� como se destaca que en materia de da�os, existen impactos indirectos en las personas privadas de libertad, la inoperancia judicial en los casos de personas que no reciben sentencias en el plazo razonable o por el abuso de la prisi�n preventiva, (algo que como remarca P�rraga Mac�as (2019) no est� siendo respetado su car�cter de excepcionalidad) tambi�n puede derivar en casos de sanci�n a jueces, dado que �El Estado y toda persona que act�e en ejercicio de una potestad p�blica, estar�n obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares: por falta o deficiencia en la prestaci�n de los servicios p�blicos y por acci�n u omisi�n, en el desempe�o de sus cargos� (Guanoluisa Almache, Crespo-Berti y Liscano Chapeta, 2021, p. 3).

 

Conclusiones

En el presente art�culo cient�fico se realiz� un� an�lisis socio-jur�dico sobre el funcionamiento del sistema carcelario ecuatoriano, del que result� una investigaci�n de car�cter anal�tica y descriptiva bajo la modalidad cualitativa del que se concluy� que existe una violaci�n sistem�tica de las garant�as inherentes a los derechos humanos que poseen todos los privados de libertad en virtud de la sobrepoblaci�n penitenciaria la cual sobrepasa la capacidad instalada, not�ndose una ausencia de programas para la reinserci�n a la sociedad de los reos tal y como lo establece la normativa vigente, por el contrario lo que opera es una criminalizaci�n de los ciudadanos que se encuentran en calidad de procesados o penados.

la crisis carcelaria es m�s una crisis de derechos humanos, que ha amenazado directamente la seguridad del Estado. Seguidamente se reafirma que el Estado falto a la normativa internacional, e incumpli� con las reglas para una efectiva rehabilitaci�n de las personas privadas de su libertad. Adem�s de ignorar y por consiguiente no aplicar las recomendaciones dadas por el sistema interamericano y universal de derechos humanos.

De los resultados podemos observar que los factores que desencadenan la� crisis carcelaria en Ecuador tenemos como primer lugar al hacinamiento que en exceso se ha venido dando en estos centros de rehabilitaci�n que hacen uso y abuso de la prisi�n preventiva sin tener enfoques en derechos humanos, que lo toman como una simple infraestructura carcelaria sin que se den las condiciones de vida digna dentro de estos centro de reclusi�n que no han tenido la intervenci�n de los gobiernos que son los llamados seg�n la constituci�n en velar por los derechos de estas personas y as� disminuir los �ndices de violencia.

Los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL) que se encuentran en situaci�n de intramuros est�n siendo transgredidos, menoscabados y socavados de manera progresiva y sistem�tica, lo cual va en detrimento de los preceptos contemplados en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador del 2008 y que van en franca armon�a con los tratados internacionales vigentes suscritos por este pa�s. Al respecto, dentro de los centros penitenciarios del Ecuador opera un riesgo inminente para los reos al no contar con esas garant�as b�sicas, adem�s dentro de dichos recintos que en teor�a son de rehabilitaci�n no se est� actuando administrativamente en forma eficaz y oportuna, generando problemas de insalubridad, falta de agua potable, entre otras falencias, que genera un efecto contrario al aprendizaje y a la rehabilitaci�n para un futura reinserci�n a la sociedad, sino que se reafirma o se adquiere la conducta criminal.

El hacinamiento trae como consecuencia graves problemas de salud, de violencia, de indisciplina, de carencia en la prestaci�n de servicios (trabajo, educaci�n, asistencia social, deportes, educaci�n, visita conyugal, servicios m�dicos, etc.), con una clara violaci�n de la integridad f�sica y mental de los reclusos, de su autoestima y de la dignidad humana. Igualmente, el hacinamiento, cuando sobrepasa el nivel cr�tico, se convierte en una forma. Todas estas premisas establecidas por el autor se cumplen de manera real y objetiva en los centros de reclusi�n ecuatoriano, en los cuales ni siquiera hay una clasificaci�n de reos de acuerdo con la fase procesal donde se encuentren bien sea procesados o condenados, aunado a que existe una mezcla o cohabitaci�n de convivencia, ya que, un detenido por el delito de hurto puede estar en el mismo pabell�n que un homicida.

Se determino� la responsabilidad del Estado frente a la crisis carcelaria del 2021 y los fallos existentes en el sistema de rehabilitaci�n analizando la normativa que regula a estos campos, as� como los datos que se ha obtenido sobre los mismos a traces de la investigaci�n, siendo as� que: La rehabilitaci�n social se encuentra regido por varios principios siendo uno de los principales el de Titularidad de Derechos y Dignidad que permite a su vez a los privados de libertad gozar de una serie de derechos y garant�as como las establecidas en la (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador ). Art. 66.- Se reconoce y garantizar� a las personas: a) La integridad f�sica, ps�quica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el �mbito p�blico y privado. El Estado adoptar� las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia en especial la ejercida contra las mujeres, ni�as, ni�os y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situaci�n de desventaja o vulnerabilidad; id�nticas medidas se tomar�n contra la violencia, la esclavitud y la explotaci�n sexual. c) La prohibici�n de la tortura, la desaparici�n forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. (2008), por lo tanto lo que busca proteger el estado son aspectos importantes referentes a la integridad, la vida y el desarrollo de la misma, as� como la adopci�n de medidas para prevenir, y el sancionar adem�s de eliminar la violencia contra personas que se encuentran en situaci�n de desventaja, siendo los privados de libertad quienes conforman este grupo y siendo adem�s este mismo grupo v�ctima de abusos y claras violaciones a los derechos que estos poseen.

Otra de las normativas �es el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitaci�n Social que tiene por objeto regular el funcionamiento del Sistema Nacional de Rehabilitaci�n Social, la actuaci�n del Organismo T�cnico y su Directorio, as� como, establecer los mecanismos que permitan la rehabilitaci�n integral de las personas privadas de libertad y el desarrollo de sus capacidades para su reinserci�n social, a saber este reglamento persigue finalidades como la regulaci�n del manejo y actuaci�n de los organismos que forman parte del sistema de rehabilitaci�n por lo que le corresponde implementar los mecanismos necesarios para una rehabilitaci�n integral.

Por ultimo se ha logrado abordar que la responsabilidad estatal conforme lo establecido en el Art.11. 9 de la (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008) la cual establece entre muchas cosas que la misma consiste en respetar y hacer respetar los derechos de las personas, as� como la reparaci�n integral en caso de violaci�n o deficiente prestaci�n de los mismos por parte de servidores p�blicos o a su vez de los servicios p�blicos que el mismo estado presta, por lo que la responsabilidad como tal frente a la situaci�n que se vive dentro de todo el sistema carcelario y el fallo del sistema de rehabilitaci�n social es absoluta ya que es el estado el encargado de velar por los derechos de sus ciudadanos y conforme lo establece tambi�n el (C�digo Org�nico Integral Penal) en su Art. 676. los privados de libertad se encuentran bajo la custodia del Estado y por ello es el mismo Estado el encargado de velar por sus derechos y garantizarlos siendo tambi�n que el Estado es el responsable directo en caso de que existan violaciones u omisiones por parte de los servidores p�blicos encargados de este sector.

 

Referencias

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8.     Le�n-Ot�lora, D. (2019). Responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por lesiones causadas entre reclusos en los establecimientos carcelarios. Tesis de Grado, Universidad Cat�lica de Colombia

9.     Guanoluisa Almache, F., Crespo-Berti, L. y Liscano Chapeta, C. (2021). �Principio constitucional de responsabilidad judicial en el Distrito de Imbabura 2015-2021�. Dilemas contempor�neos: educaci�n, pol�tica y valores, vol. 8, n�m. SPE4, pp. 1-15.

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11.  Miranda, R. (2019). Las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales en torno a la responsabilidad extracontractual por da�os del Estado. Tesis de Grado, Universidad Siglo 21.

12.  Corte Constitucional del Ecuador. (2019). Sentencia 5-19-OP/19.

13.  Corte Constitucional del Ecuador. (2020). Sentencia 4-20-EE/20.

14.  Merch�n �lvarez, B. (2017). El sistema de rehabilitaci�n social. Tesis de Grado, Universidad Nacional de Chimborazo.

15.  V�squez-Ayerve, Narv�ez-Zurita, Pozo-Cabrera y Erazo-�lvarez, 2020

16.  Altamirano Cevallos (2021, p. 24)�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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