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Eficacia de la reparaci�n integral ordenada en garant�as jurisdiccionales a favor de los derechos de la naturaleza

 

Effectiveness of comprehensive reparation ordered in jurisdictional guarantees in favor of the rights of nature

 

Efetividade da repara��o integral ordenada em garantias jurisdicionais em favor dos direitos da natureza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: amarquez@utmachala.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas ����

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 23 de enero de 2023 *Aceptado: 12 de febrero de 2023 * Publicado: 10 de marzo de 2023

 

1. Universidad T�cnica de Machala, Ecuador.
2. Universidad T�cnica de Machala, Ecuador.

Resumen

El presente estudio realiza el an�lisis de la eficacia de la reparaci�n integral en la reparaci�n de los da�os causados a la naturaleza, reconociendo a esta la calidad de sujeto de derechos bajo la teor�a bioc�ntrica reconocida por la Corte Constitucional del Ecuador. El alcance de la reparaci�n integral cuando se ordena frente a la vulneraci�n de los derechos de la naturaleza debe partir del car�cter aut�nomo de la naturaleza como sujeto, del derecho al medio ambiente sano que les corresponde a las personas; en este sentido, la reparaci�n integral deber�a abarcar, creativamente, medidas que procuren la restauraci�n de la naturaleza afectada por la actividad del hombre. El estudio permite identificar que las medidas de reparaci�n ordenadas en las sentencias analizadas han generado un impacto positivo; sin embargo, no puede establecerse que estas hayan sido id�neas debido a la irreversibilidad de los da�os causados.

Palabras Clave: Derechos de la naturaleza; reparaci�n integral: reparaci�n material; bioc�ntrico; ecoc�ntrico.

 

Abstract

The present study analyzes the effectiveness of comprehensive reparation in repairing damage caused to nature, recognizing nature as a subject of rights under the biocentric theory recognized by the Constitutional Court of Ecuador. The scope of comprehensive reparation when ordered against the violation of the rights of nature must start from the autonomous nature of nature as a subject, from the right to a healthy environment that corresponds to people; In this sense, comprehensive reparation should creatively encompass measures that seek to restore nature affected by human activity. The study makes it possible to identify that the reparation measures ordered in the sentences analyzed have generated a positive impact; however, it cannot be established that these were suitable due to the irreversibility of the damage caused.

Keywords: Rights of nature; integral repair: material repair; biocentric; ecocentric.

 

Resumo

The present study analyzes the effectiveness of comprehensive reparation in repairing damage caused to nature, recognizing nature as a subject of rights under the biocentric theory recognized by the Constitutional Court of Ecuador. The scope of comprehensive reparation when ordered against the violation of the rights of nature must start from the autonomous nature of nature as a subject, from the right to a healthy environment that corresponds to people; In this sense, comprehensive reparation should creatively encompass measures that seek to restore nature affected by human activity. The study makes it possible to identify that the reparation measures ordered in the sentences analyzed have generated a positive impact; however, it cannot be established that these were suitable due to the irreversibility of the damage caused.

Palavras-chave: Rights of nature; integral repair: material repair; biocentric; ecocentric.

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Introducci�n

La Constituci�n del Ecuador reconoce a favor de la naturaleza, estableciendo que no es un objeto sino un sujeto de derechos, reconociendo derechos constitucionales espec�ficos, sin perjuicios de aquellos que por su naturaleza procesal pueda ejercer. Establece la obligatoriedad de ser respetados integralmente por lo que, la ciudadan�a se encuentra facultada para exigir a la autoridad p�blica el cumplimiento de estos derechos bajo la aplicaci�n de principios constitucionales.

La aplicaci�n y materializaci�n de los derechos de la naturaleza puede resultar un tema controversial en el �mbito jur�dico y social, respecto a que la naturaleza sea considerada como sujeto de derechos, por lo que, resulta imperante conocer el alcance de estos derechos y sobre todo su protecci�n en funci�n de la aplicabilidad de las medidas de reparaci�n dictadas en sentencias en acciones jurisdiccionales. La Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencia respecto a los derechos de la naturaleza, sin embargo, no existe desarrollo normativo amplio que permita su correcta aplicaci�n, ejecuci�n y que mantenga un nivel alto de satisfacci�n respecto a la protecci�n de los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. Ante la problem�tica causada, no s�lo por la presencia de desastres naturales sino por la ejecuci�n de actividades il�citas contra la naturaleza, es necesario entender la incidencia de las garant�as jurisdiccionales para el pleno ejercicio de los derechos de la naturaleza y la efectividad de las medidas de reparaci�n dictadas a su favor.

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigaci�n, es determinar la eficacia de la reparaci�n integral dictadas en garant�as jurisdiccionales a favor de los derechos de la naturaleza, para esto se estudiar� la evoluci�n de las garant�as jurisdiccionales respecto a la protecci�n de los derechos de la naturaleza en el Ecuador y la concepci�n jur�dica respecto a considerar a la naturaleza como sujeto de derechos seg�n criterios internacionales. Lo expuesto, permitir� identificar el alcance de los derechos de la naturaleza seg�n lo establecido en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador y en jurisprudencia adoptada por la Corte Constitucional para de esta forma identificar si las mismas son id�neas para la protecci�n de los derechos de la naturaleza.

De conformidad con el Art. 72 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador la reparaci�n de los derechos de la naturaleza no forma parte de las reparaciones pecuniarias a favor de quienes han resultado afectados, sino que establece, entre otros, el derecho a la restituci�n de la naturaleza, entendi�ndose de tal manera que, las medidas de reparaci�n que se dicten en sentencias de acciones jurisdiccional, deben, en medida de lo posible, regresar al ecosistema afectado a su estado original permitiendo su restauraci�n, situaci�n que se ha visto en conflicto ante acontecimientos naturales suscitados en el pa�s en los cuales a criterio de expertos no se ha visualizado una efectiva reparaci�n a favor de la naturaleza, debiendo recordar al Estado la obligatoriedad de su cumplimiento en concordancia con lo establecido en jurisprudencia internacional.

Es preciso indicar que, pesar del tiempo transcurrido desde la vigencia de la �Constituci�n del 2008, en la que se reconoci� a la naturaleza como sujeto de derecho, hasta la actualidad no se tiene un desarrollo normativo suficiente que garantice su efectiva protecci�n, limitando su aplicaci�n real e impidiendo satisfacer las verdaderas necesidades de protecci�n de los derechos de la naturaleza, toda vez que existen medidas de reparaci�n dictadas en acciones jurisdiccionales que no se centran en reestablecer el da�o causado convirti�ndose muchas de las veces en un da�o irreversible.

 

Metodolog�a

Por las caracter�sticas del objetivo de estudio, la presente investigaci�n es de tipo documental, puesto que la misma se fundamenta en el estudio de normativa, jurisprudencia y doctrina relacionados con el objeto de la investigaci�n. El presente art�culo responde a una investigaci�n descriptiva y explicativa de tipo revisi�n bibliogr�fica y documental con enfoque cualitativo. Para el cumplimiento del objetivo propuesto, se aplic� el m�todo sint�tico puesto que la investigaci�n se sujeta en la recolecci�n de datos; es preciso indicar que para llevar a cabo esta investigaci�n se recurrir� a fuentes de informaci�n indirecta como la Constituci�n, doctrina y jurisprudencia adoptada por la Corte Constitucional del Ecuador.

 

Desarrollo

El reconocimiento del ser humano como sujeto de derechos en el derecho internacional es amplio, se le ha otorgado derechos intr�nsecos por su calidad de ser humano, y, en consecuencia, la obligaci�n del Estado de protegerlos y garantizarlos. En este contexto, con la vigencia de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, desde el 2008, en el ordenamiento jur�dico se ha integrado a la naturaleza como sujeto de derechos, adem�s de la obligaci�n de las personas de respetar sus derechos y vivir en armon�a bajo los principios constitucionales, y en aplicaci�n de otros que se integran a partir de la cosmovisi�n de las comunidades ind�genas, como el sumak kawsay.

Para Fern�ndez Carbay & Correa Calder�n (2022) �el sumak kawsay constituye un fin primordial del Estado, donde esta nueva concepci�n juega un papel trascendental en tanto promueve un desarrollo social y econ�mico en armon�a con la naturaleza� (p. 174) Reconocida a la naturaleza como sujeto de derechos, y al Estado como garantista del ejercicio de sus derechos, la administraci�n de justicia tambi�n se ha visto en la obligaci�n de cumplir su rol tutelar, en la que se han dictado decisiones dentro de garant�as jurisdiccionales a favor de esta.�

Para Mart�nez (2021) mientras la naturaleza est� subordinada a los intereses y la satisfacci�n de las necesidades del hombre, y se mida su valor su valor en funci�n de esos intereses, la naturaleza seguir� siendo un objeto. Por lo tanto, es necesario que el hombre reconozca este inter�s leg�timo de la naturaleza en los mismos t�rminos en que reconoce el inter�s de la sociedad de promover el desarrollo en el �mbito cient�fico- t�cnico. No se pretende establecer que la naturaleza tenga un valor mas importante que el ser humano, la idea comprende generar un equilibrio que les permita desarrollarse de forma integral, al mismo nivel de importancia. (p.49)

El tratadista Julio Prieto (2013) sugiere dos criterios a ser considerados por los jueces al momento de decidir sobre casos de derechos de la naturaleza; el primero se basa en indicadores relacionados a escuchar a la naturaleza mediante un enfoque cient�fico de mantenimiento de la integridad ecosist�mica y sus procesos vitales, y, el segundo criterio implica escuchar a las comunidades ind�genas afectadas por da�os ambientales. Lo expuesto explica el porqu� de la obligaci�n constitucional de mantener armon�a en la relaci�n de los hombres con la naturaleza.

De acuerdo con Guatama Barbecho & V�squez Mart�nez (2021) los derechos consagrados en la carta magna gozan de medios eficaces como �la acci�n de protecci�n, cuyo objeto es su amparo directo y eficaz; si bien, en �el ejercicio jurisdiccional las resoluciones emitidas en acciones de protecci�n� son instrumentos que han permitido restringir su menoscabo, en el caso de las acciones planteadas por vulneraci�n a los derechos de la naturaleza, es imprescindible hacer una cr�tica a la deficiencia de estos pronunciamientos judiciales, en los cuales se llegan al punto de omitirse en la parte resolutiva un desarrollo respecto al derecho a la restauraci�n, consagrado en el art�culo 72 de la Constituci�n, obligatorio por ser un derecho de aplicaci�n directa por parte de los operadores de justicia.� (p. 435)

El Estado en su rol garantista esta obligado a la emisi�n de resoluciones y dem�s actos administrativos dirigidos a la protecci�n de los derechos sociales, como los ambientales, que se dirigen a la protecci�n y respeto de los derechos fundamentales, como es el caso de los ambientales; al respecto, es necesario se�alar que sobre los derechos de la naturaleza convergen intereses de las personas y de la naturaleza, en cuanto a su restauraci�n. En este contexto, la protecci�n de los derechos fundamentales de �mbito social, requiere entre otras cosas, la omisi�n de la intervenci�n sobre el medio ambiente, la protecci�n de la naturaleza que es el titular del derecho, la activaci�n de garant�as jurisdiccionales, y la ejecuci�n de medidas dirigidas a la remediaci�n ambiental.

En Este sentido Salazar G�mez (2021) al citar referirse a las garant�as jurisdiccionales manifiesta que tanto la legislaci�n como las pol�ticas deben enfocarse en la preservaci�n de la vida sobre decisiones costo- beneficio. En este sentido, el derecho ambiental, como muchos de los derechos actualmente protegidos y constituidos, ha sido progresivo en su desarrollo.

De acuerdo con Mila Maldonado & Y�nez Y�nez (2020) las teor�as relativas al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho se fundamenta en el desarrollo cultural y la incidencia de las tradiciones de las comunidades ind�genas que consideraron a la naturaleza como un todo, y a la persona como parte de ella. Al considerar a la naturaleza de derechos, se aleja de todo concepto de apropiaci�n, y se suma al desarrollo normativo dirigido a entender a la satisfacci�n de las necesidades de las personas en una relaci�n, no de objeto de apropiaci�n, sino de armon�a, en la que naturaleza es acreedora de derechos.

El Art. 71 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador reconoce que es en �La naturaleza o pachamama, donde se reproduce o realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y mantenimiento y regeneraci�n de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos�, tal afirmaci�n permite entender que no puede haber un an�lisis de la vida en la que se aleje a la naturaleza, puesto que es ah� donde comienza la vida.

Diversos ordenamientos jur�dicos de diversos pa�ses han reconocido a la naturaleza como sujeto de derecho; como resultado, las disposiciones han dejado de ser una ret�rica y se mantienen en el debate jur�dico su alcance, sus conceptos, definiciones, y dem�s aspectos propios de la legislaci�n. En este debate, aun no se han adoptado consensos en relaci�n a la titularidad de los derechos y su forma de ejercicio, destacando debilidades que podr�an impedir que pueda ejercerse esta capacidad. �(Dalmau, 2019, p. 37) En este aspecto, el caso ecuatoriano, la Carta Magna del Estado establece ya que, si bien la titularidad de los derechos le corresponde a la naturaleza, las acciones judiciales o constitucionales que se propongan en relaci�n a su vulneraci�n pueden ser presentadas por cualquier persona. Lo expuesto se fundamenta en la estrecha relaci�n de las personas y la naturaleza, los que deben vivir en convivencia, y cuyas disposiciones deben analizar en aplicaci�n del principio de sumak kawsay.

De los problemas que devienen al reconocimiento de los derechos, esta el de reconocer a la naturaleza como sujeto, entendiendo que esta es una relaci�n objetiva del ser con la producci�n de efectos jur�dicos. De acuerdo con Casazola Cama (2021) el derecho actual reconoce a la persona jur�dica como sujeto de derechos - la persona jur�dica es un ente abstracto, de vida temporal-. La naturaleza que antecede a la vida del humano, a la formaci�n de Estado, es de vida ilimitada, es objetiva y contribuye para el florecimiento de la vida. En este marco el ser humano puede ser un medio para que la naturaleza cumpla sus fines, la capacidad ya est� reconocida en las personas jur�dicas, que son entes ficticios. (p. 158)

La naturaleza, distinta a los dem�s sujetos de derecho que ha concebido el ordenamiento jur�dico, puede ejercer derechos constitucionales, pero de forma exclusiva a aquellos que le han sido constitucionalmente reconocidos; esto comprende, los que le han sido expresamente reconocidos en la Constituci�n de la Rep�blica, y aquellos que el derecho internacional ha establecido en tratados y convenios internacionales. La relaci�n de las personas con la naturaleza se fundamenta en la aplicaci�n del principio de sumak kawsay, fundamento sobre el cual las personas est�n obligadas a vivir en armon�a; esta armon�a no puede confundir que, frente a la vulneraci�n de derechos generada en el da�o al medio ambiente, no afecta el car�cter aut�nomo de las medidas que se dicten a favor de la naturaleza.

En este sentido, los da�os ambientales son aut�nomos y diferentes de los da�os personales, sin embargo, guardan una relaci�n, por lo que, en ocasiones, es posible que una conducta produzca, adem�s de da�os al ambiente, lesiones a particulares tales como a los pueblos y nacionalidades ind�genas, mismas que deber�n ser sujetos de reparaci�n por las afectaciones de las que son v�ctimas.

En contexto general, la administraci�n de justicia propende a la reparaci�n integral de los derechos vulnerados, siendo esto un derecho de las v�ctimas de vulneraci�n de derechos. La reparaci�n puede realizar a trav�s de reparaci�n propiamente, la restituci�n, la indemnizaci�n, pero tambi�n puede abarcar otras formas creativas que abarquen dimensiones inmateriales, inclusive de car�cter moral y psicol�gica. En este sentido, el tratadista Cornejo (2016) se�ala que la reparaci�n integral buscar� la soluci�n que objetiva y simb�licamente restituya a la v�ctima sus derechos, al estado anterior a la comisi�n del da�o e incluir� el conocimiento de la verdad de los hechos y la restituci�n, las indemnizaciones de da�os materiales e inmateriales, rehabilitaci�n, garant�a de no repetici�n y satisfacci�n del derecho violado. (Cornejo, 2016)

En el caso de la vulneraci�n de los derechos de la naturaleza, la trasgresi�n del derecho constitucional vulnerado debe interpretarse de forma adecuada, y con profundidad, de tal manera que no implique el mero reconocimiento del derecho, o del derecho a la restituci�n. Las caracter�sticas de la naturaleza como sujeto de derecho requieren un an�lisis profundo de los derechos constitucionales que le han sido reconocidos, de tal manera que el restablecimiento comprenda un goce material para que se ajuste a una reparaci�n adecuada; por lo tanto, es la naturaleza del conflicto y el tipo de afectaciones las que determinan las formas y alcances de la reparaci�n integral. (Alarc�n, 2018).

En la pr�ctica judicial de la administraci�n de justicia ecuatoriana, se presentan confusiones en relaci�n con la interpretaci�n de derecho ambiental y los derechos de la naturaleza; en esta se tiende a realizar una analog�a entre estas, aplicando de forma regresiva una teor�a antropoc�ntrica en la que la naturaleza esta sometido a los intereses de las personas, alej�ndose de la teor�a bioc�ntrica que ha reconocido la Corte Constitucional. La confusi�n que interpreta a la naturaleza como un objeto, les resta vida propia a los derechos de la Naturaleza, afectando su esencia y protecci�n. (Narv�ez �lvarez & Escudero Soliz, 2021)

Es necesario resaltar que los da�os que se generen al medio ambiente son especialmente da�inos, de tal manera que, generalmente las medidas aplicadas como parte del principio de reparaci�n integral no pueden restaurar materialmente los da�os causados, sino que sus efectos generalmente son permanentes. En este sentido, comprende una obligaci�n del Estado la adopci�n de pol�ticas p�blicas que procuren la protecci�n de la naturaleza y garantizar que su preservaci�n a largo plazo.

 

Discusi�n y resultado

De acuerdo con David Cordero (2019), una de las caracter�sticas hist�ricas m�s controversiales de las garant�as jurisdiccionales, es su ineficacia o su utilizaci�n con fines distintos a la protecci�n de derechos fundamentales, sin embargo, a partir de la Constituci�n del 2008, en el caso ecuatoriano, estas garant�as adoptaron otras caracter�sticas que le permiten cumplir con su prop�sito de protecci�n r�pida y eficaz.

Las garant�as jurisdiccionales han sido dise�adas para impulsar, a trav�s de la administraci�n de justicia, la protecci�n, tutela y reparaci�n integral de los derechos constitucionales de una manera expedita; estas garant�as se desarrollan bajo el cumplimiento de requisitos formales m�nimo, y se desarrollan de forma r�pida, no son residuales, puesto que no requieren otro requisito de prejudicialidad o agotamiento de v�as ordinarias o administrativas. Destaca entre los requisitos, la inexistencia de otra v�a eficaz, haciendo �nfasis en la eficacia, considerando que la tutela de los derechos constitucionales requiere de una especial protecci�n del Estado. Bajo esta premisa, es necesario tener en cuenta que la funcionalidad de estas garant�as depende tambi�n de las caracter�sticas con las que se dise�en las normas infra constitucionales y su acertada ejecuci�n; y a la vez, que el dise�o normativo Constitucional, e infra constitucional, sobre la protecci�n de los derechos constitucionales, se ha realizado de forma gen�rica, obligando a la jurisprudencia constitucional solucionar aquellos conflictos que se presenten en la justicia constitucional.

La sentencia No. 218-15-SEP emitida por la Corte Constitucional, es una de las mas relevantes en cuanto a la protecci�n de los derechos de la naturaleza se refiere; de esta forma se refiere a la teor�a de interpretaci�n para la aplicaci�n y reconocimiento de los de derechos de la naturaleza, destacando al biocentrismo como teor�a en el que se fundament� el constituyente para el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. La Corte Constitucional se�ala que la Carta Magna genera perspectiva de relaci�n intr�nseca entre la naturaleza y la sociedad.

La Corte Constitucional, a partir del an�lisis de los derechos de la naturaleza ha impulsado la armonizaci�n del ordenamiento jur�dico, a trav�s de las sentencias vinculantes que dirigen la forma correcta de interpretaci�n y reconocimiento de los derechos de la naturaleza, sin perjuicio del derecho a un medio ambiente sano que tienen las personas.

Es necesario destacar que la sentencia No. 218-15-SEP es la primera en la que la Corte de forma aut�noma aborda los derechos de la naturaleza, procurando su respeto integral, que comprende entre otras cosas, el respeto a sus ciclos de vida; y, frente a su vulneraci�n, al derecho a su restauraci�n.

La Corte Constitucional, mediante sentencia No. 1149-19-JP/21, analiza a la teor�a ecoc�ntrica, estableciendo de esta forma que la naturaleza tiene un valor, propio e independiente de los derechos de las personas; en este sentido, la afectaci�n de sus derechos no se puede medir con relaci�n a la utilidad o inter�s que puedan tener las personas sobre ella, resaltando su car�cter aut�nomo. En este mismo sentido, precisa que los jueces de instancia deben realizar an�lisis sucintos en relaci�n con la posible vulneraci�n de los derechos que realicen los accionantes, y que, al tratarse de los derechos de la naturaleza, los jueces est�n obligados a realizar su an�lisis en los mismos t�rminos en los que se ha establecido para los dem�s derechos constitucionales.

A trav�s de la sentencia No. 023-18-SIS-CC de la Corte Constitucional del Ecuador, se establece, adem�s del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la obligaci�n de las personas de restaurar los da�os que se generen a partir del uso y explotaci�n de recursos, adem�s de la responsabilidad civil, penal y administrativa que se genere a partir de los da�os ambientales que se generen. Lo expuesto se genera como consecuencia del da�o causado y el derecho a la restauraci�n que le corresponde a la naturaleza. La Corte es clara en se�alar el car�cter aut�nomo de los derechos de la naturaleza, y el derecho al medio ambiente sano que ejercen las personas; de esta forma, las personas pueden recibir una indemnizaci�n u otra forma de reparaci�n integral, pero esto no puede afectar las medidas de reparaci�n a favor de la naturaleza para su restauraci�n.

En el caso No. No. 22-18-IN, en la que se emite la sentencia No. 22-18-IN/21, la Corte Constitucional se�ala que frente la autonom�a de los derechos de la naturaleza al considerarse a este sujeto de derechos, se debe realizar el ejercicio de singularizaci�n de ecosistemas como sujetos de derechos, lo que permite su atenci�n conforme sus caracter�sticas particulares. De esta forma, se entiende que existen ecosistemas fr�giles a la intervenci�n humana, hecho que genera una acelerada afectaci�n que tiene como consecuencias graves crisis ambientales. En este sentido, el Juez Constitucional Ramiro �vila, a trav�s de su voto salvado en la sentencia No. 68-16-IN/21, se�ala que los ecosistemas son elementos de la naturaleza, que no requieren reconocimiento de ninguna clase para que puede ejercerse la titularidad de sus derechos. En el mismo sentido, la sentencia No. 253-20-JH/22 dictada por la Corte Constitucional que el reconocimiento de sujeto de derecho a la naturaleza debe trasladarse en la misma forma a todos los miembros que la componen; esto incluye a todos los elementos y factores que componen el medio ambiente, o que coexisten en �l.

La Corte Constitucional ha considerado en la sentencia Nro. 218-15-SEP-CC, dentro del caso Nro. 1281-12-EP sobre la vulneraci�n de los derechos de la naturaleza, que: �Asimismo, en virtud del principio iura novit curia, y en raz�n de la interpretaci�n sistem�tica de los derechos constitucionales -los de la naturaleza-, conforme lo determina la Constituci�n de la Rep�blica, tiene el derecho a la restauraci�n; por tanto, y en aplicaci�n de los art�culos 396 y 397 de la Constituci�n, el Estado deber� iniciar las acciones legales en contra de los responsables a fin de devolver a la naturaleza afectada por esta actividad, a un estado que permita un funcionamiento adecuado del sistema natural.�

El ideal de reparaci�n integral �la vulneraci�n de los derechos de la naturaleza es la reparaci�n total, sin embargo, no se ha efectivizado a�n una debida protecci�n de estos derechos; lo expuesto, no es el resultado de vicios normativos o ausencia de preceptos jurisprudenciales o constitucionales, sino m�s bien a la err�nea idea de reparar los da�os causados a la naturaleza por parte de los juzgadores, evitando que a nivel jurisprudencial esta protecci�n obtenga el alcance que como derecho constitucional requiere.

En este sentido, dentro de la sentencia emitido en la Acci�n de Protecci�n Nro. 10332-2021-00640, emitida por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Zaruma, de fecha 15 de junio de 2021, en la que los accionantes alegan la vulneraci�n de los derechos de la naturaleza al permitir actividad minera dentro del Bosque protector Los cedros. Ante aquello, el juez de instancia rechaz� la acci�n al considerar que, no se vulneraron derechos constitucionales y que es un tema administrativo que puede ser analizado por jueces de esa materia. La parte actora presenta recurso de apelaci�n, ante lo cual, la Sala Multicompetente acepta parcialmente el recurso dentro la acci�n de protecci�n y declar� la vulneraci�n del derecho a la naturaleza. En esta sentencia como medida de reparaci�n se dej� sin efecto el acto administrativo impugnado, se orden� la publicaci�n de la sentencia en los portales web de las entidades accionadas y que estas mismas entidades ofrecieran las disculpas p�blicas a las comunidades que habitan en la zona de influencia del proyecto.

En la sentencia dentro de la Acci�n de Protecci�n Nro. 0005465-2022-540, emitida por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Zaruma, de fecha 28 de enero de 2022, en la que los accionantes alegan la vulneraci�n de los derechos de la naturaleza, seguridad jur�dica y debido proceso. La Sala Multicompetente resuelve aceptar el recurso planteado y como medidas de reparaci�n ordena que, los accionados ofrezcan disculpas p�blicas a los habitantes del cant�n e indemnicen a cada uno de los accionantes con un monto de $5.000. por los da�os y perjuicios ocasionados a sus viviendas.

En la sentencia emitida por acci�n de protecci�n No. 09327202000555 sustanciada en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cant�n El Triunfo, se desarrolla el contenido de los ecosistemas y la biodiversidad, se�ala la responsabilidad del Estado de incentivar el respeto integral de los Derechos de la Naturaleza y la obligaci�n de aplicar medidas de prevenci�n (restricci�n) acorde con el Art. 71 y 73 de la Constituci�n de la Rep�blica. Como medida de reparaci�n integral se ordena como medida de restituci�n dejar sin efecto la resoluci�n Municipal No. 065-GADMCET-SG-2019 de fecha 05 de noviembre del a�o 2019 as� como su respectiva inscripci�n en el Registro de la Propiedad del Cant�n El Triunfo.

En la misma sentencia se ordena como medida de rehabilitaci�n se dispone que por cada �rbol que se haya talado, se planten dos de la misma especie, con la idea de que las plantaciones que han sido afectadas se repongan; as� como entrega de semillas y utensilios que puedan ser plantados como ciclos cortos para alimentaci�n. La sentencia tambi�n incluye medidas de satisfacci�n y no repetici�n, en la que se ordena la colocaci�n de placas alusivas a la sentencia dictada y la capacitaci�n de servidores p�blicos.

Dentro de la Causa No. 10332202000418 sustanciada en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cant�n Cotacachi, las organizaciones de la sociedad civil presentaron un Acci�n de Protecci�n y la Delegaci�n Provincial de Imbabura present� un Amicus Curiae, haciendo �nfasis en la protecci�n de dos especies en peligro cr�tico de extinci�n de la rana denominada arlequ�n hocicudo (Atelopus longirostris), redescubierta en el a�o 2016 y la rana cohete confusa (Ectopoglossus confusus) redescubierta en agosto de 2019 por un equipo de cient�ficos del Centro Jambatu, que fueron ubicadas en el Proyecto Llurimagua.

La sentencia analiza a las 2 ranas y otras especies como seres que integran un ecosistema y para evitar la extinci�n de las primeras, el Estado debe adoptar medidas de precauci�n y prevenci�n respectivamente para proteger los Derechos de la Naturaleza y en consecuencia se suspende la actividad minera; se dispone el cumplimiento de las observaciones que constan en el Informe de Contralor�a; y, el EIA y el Plan de Manejo deben contemplar medidas de precauci�n.

En esta sentencia se analiza que las ranas forman parte de un ecosistema y de biodiversidad que contiene la Naturaleza, por lo que se ordena la suspensi�n de las actividades mineras hasta que el Estado implemente medidas de precauci�n, y se orden� cumplir con las observaciones del Informe de Contralor�a, que contiene medidas de prevenci�n. En esta sentencia se analiza la interrelaci�n humano-naturaleza, determinando que existen especies e individuos que pueden ser susceptibles de desaparecer de la tierra y alcanzar la extinci�n total, si el ser humano no emprende acciones para garantizar su supervivencia. De all� que esta sentencia sea relevante porque trata de evitar la extinci�n de 2 ranas que est�n extintas a nivel internacional, pero en el Ecuador fueron redescubiertas, por ello es necesario la protecci�n del Estado.

En la Causa No. 0273-19-JP sustanciada en la Corte Constitucional, se analiza una Acci�n de Protecci�n presentada por la Delegaci�n de Sucumb�os en conjunto con la Comunidad A�I Cof�n de Sinangoe y organizaciones de la sociedad civil, en la que se alega que las actividades mineras de 32 concesiones met�licas para la explotaci�n de oro, en 19.556 hect�reas, que se desarrollan en las riberas del r�o Aguarico y sus cabeceras r�o Chingual y Cofanes, que se realizaban en territorio colectivo y estar�an generando da�os ambientales.

La Sentencia pese a no realizar una amplia motivaci�n en el caso de los Derechos de la Naturaleza, pues desarrolla m�s los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades ind�genas, sin embargo, determina la vulneraci�n de estos y establece medidas de reparaci�n integral de la naturaleza. En este caso, se dispone la reversi�n de las concesiones otorgadas y las que se encuentran en tr�mite; se dispone la reparaci�n de los da�os ocasionados a cargo del Ministerio de Ambiente y Agua, a fin de que la zona recupere su estado natural anterior a la intervenci�n, pues no han probado que estos da�os han sido el resultado de miner�a ilegal; y, se ordena que la Fiscal�a General del Estado investigue y persiga la acci�n penal en contra de los responsables del da�o y afectaciones producidas.

 

Conclusiones

Respecto a garantizar los derechos de la naturaleza en acciones jurisdiccionales ha existido una considerada evoluci�n, ya que las mismas tratan ser cada vez m�s eficientes y efectivas, empero, las normas infra constitucionales no establecen especificaciones que permitan una mejor funcionalidad y una correcta ejecuci�n por parte de las autoridades judiciales en el Ecuador.

Por otro lado, existen reconocimientos a nivel internacional respecto a considerar e identificar a la naturaleza como sujeto de derechos, sin embargo, esta concepci�n no ha impulsado un desarrollo normativo infraconstitucional que guarde armon�a con la jurisprudencia constitucional; por lo tanto, no se ha identificado que a nivel local se desarrollen normas con enfoques te�ricos bioc�ntricos y ecoc�ntricos.

En la actualidad, no se ha efectivizado a�n una debida protecci�n a los derechos de la naturaleza en nuestro pa�s, y esto no se debe de forma exclusiva a la falta de preceptos �jurisprudenciales o constitucionales. Existen una consideraci�n equ�voca respecto a la reparaci�n de los da�os causados a la naturaleza, situaci�n que limita el alcance en su aplicaci�n como derecho constitucional.

Pese que, a partir de la Constituci�n del 2008 se cre� normativa espec�fica para la aplicaci�n en cuanto a reparaci�n integral de la naturaleza, pueblos y comunidades ind�genas, de las sentencias analizadas podemos determinar que, las medidas de reparaci�n adoptadas en acciones jurisdiccionales respecto a la vulneraci�n de los derechos de la naturaleza, no cumplen con el objeto principal de reparaci�n de los da�os causados a la naturaleza como sujeto de derechos, puesto que, el tipo de afectaciones son las �que determinan las formas y alcances de la reparaci�n integral.

En este sentido, debo indicar que, el Ecuador es el primer pa�s en reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos en la Constituci�n de 2008, por lo que, resulta necesario establecer la protecci�n de la misma mediante la aplicaci�n de mecanismos de control jurisdiccional, ya que, de la investigaci�n efectuada me atrevo a manifestar que las medidas de reparaci�n dictadas en acciones jurisdiccionales, lejos de precautelar y proteger los derechos de la naturaleza identific�ndola como sujeto de derechos, prima la reparaci�n causada a quienes �han resultado afectados de tales circunstancias, de lo cual desde la �ptica de este trabajo se determina que las medidas de reparaci�n dictadas resultan ineficaces y no satisfacen las verdades necesidades de restauraci�n, reparaci�n, mantenimiento, regeneraci�n como elementos vitales de protecci�n de este derecho constitucional

 

 

 

 

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