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Gobierno y transformaci�n digital

 

Government and digital transformation

 

Governo e transforma��o digital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: Jane.zavala@unmsn.edu.pe

 

 

Ciencias de la Educaci�n ���

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 23 de diciembre de 2022 *Aceptado: 12 de enero de 2023 * Publicado: 15 de febrero de 2023

 

1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Per�.
2. Pontificia Universidad Cat�lica del Per�

Resumen

El presente trabajo parte de la premisa de llevar a cabo una investigaci�n destinada a evaluar el cambio en las relaciones jur�dicas entre los administrados y las entidades p�blicas en el contexto de la econom�a digital, para conocer los retos en relaci�n con la digitalizaci�n de los procedimientos administrativos. La investigaci�n tuvo como problema de investigaci�n �De qu� manera el Gobierno electr�nico y la transformaci�n digital se constituyen en herramientas para mejorar la calidad del servicio p�blico?, el objetivo de la investigaci�n es determinar de qu� manera el Gobierno electr�nico y la transformaci�n digital se constituyen en herramientas para mejorar la calidad del servicio p�blico, la hip�tesis de la investigaci�n es: El Gobierno electr�nico (en adelante GE) y la transformaci�n digital son un imperativo categ�rico para mejorar la calidad y transparencia del servicio p�blico. El trabajo de investigaci�n est� constituido por el marco te�rico, el marco metodol�gico, los resultados de la investigaci�n determinados a la luz de las investigaciones del CEPAL (2011), CEPAL (2021), INEI (2018) una tesis doctoral de Allauca (2018)� titulado Gobierno electr�nico como herramienta de transparencia en la gesti�n p�blica de los gobiernos locales de la Regi�n Ancash-2014-2015,� permite respaldar el trabajo de investigaci�n, donde se determin� que el GE est� vinculado a la noci�n de gesti�n p�blica con el uso de la TIC para mejorar la calidad, transparencia y efectividad del servicio p�blico.

Palabras Clave: Gobierno Electr�nico; Tecnolog�as de la Informaci�n; servicio p�blico; transformaci�n digital; procedimientos administrativos.

 

Abstract

The present work is based on the premise of carrying out an investigation aimed at evaluating the change in the legal relations between the administered and the public entities in the context of the digital economy, to know the challenges in relation to the digitalization of administrative procedures. . The research had as a research problem: How the electronic Government and the digital transformation are constituted in tools to improve the quality of the public service?, the objective of the investigation is to determine how the electronic Government and the digital transformation are constituted In tools to improve the quality of public service, the research hypothesis is: Electronic Government (hereinafter GE) and digital transformation are a categorical imperative to improve the quality and transparency of public service. The research work is made up of the theoretical framework, the methodological framework, the results of the research determined in light of the investigations of ECLAC (2011), ECLAC (2021), INEI (2018) a doctoral thesis by Allauca (2018) entitled Electronic government as a tool for transparency in public management of local governments in the Ancash Region-2014-2015, allows supporting the research work, where it was determined that the GE is linked to the notion of public management with the use of ICT to improve the quality, transparency and effectiveness of public service.

Keywords: Electronic Government; Information technology; public service; digital transformation; administrative procedures.

 

Resumo

O presente trabalho assenta na premissa de realizar uma investiga��o destinada a avaliar a altera��o das rela��es jur�dicas entre os administrados e os entes p�blicos no contexto da economia digital, para conhecer os desafios em rela��o � digitaliza��o dos processos administrativos. . A pesquisa teve como problema de pesquisa: Como o Governo eletr�nico e a transforma��o digital se constituem em ferramentas para melhorar a qualidade do servi�o p�blico?, o objetivo da investiga��o � determinar como o Governo eletr�nico e a transforma��o digital se constituem em ferramentas para melhorar a qualidade do servi�o p�blico, a hip�tese de pesquisa �: o Governo Eletr�nico (doravante GE) e a transforma��o digital s�o um imperativo categ�rico para melhorar a qualidade e a transpar�ncia do servi�o p�blico. O trabalho de pesquisa � composto pelo referencial te�rico, o referencial metodol�gico, os resultados da pesquisa determinados � luz das investiga��es da CEPAL (2011), CEPAL (2021), INEI (2018) uma tese de doutorado de Allauca (2018) intitulada O governo eletr�nico como ferramenta de transpar�ncia na gest�o p�blica dos governos locais na regi�o de Ancash-2014-2015, permite apoiar o trabalho de pesquisa, onde foi determinado que o GE est� vinculado � no��o de gest�o p�blica com o uso de TIC para melhorar a qualidade, a transpar�ncia e a efic�cia do servi�o p�blico.

Palavras-chave: Governo Eletr�nico; Tecnologias da informa��o; servi�o p�blico; transforma��o digital; procedimentos administrativos.

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Introducci�n

La transformaci�n digital hoy en d�a no es una opci�n para el gobierno peruano, resulta ser en la actualidad un imperativo categ�rico que el aparato estatal adapte sus procesos a las tendencias de la econom�a digital, donde los procedimientos administrativos deben ser iniciados a trav�s de los canales digitales puestos a disposici�n del administrado por las diferentes entidades del sector p�blico.

La transformaci�n digital tiene un alto potencial de satisfacci�n para los administrados, al ofrecer mayor transparencia en los diferentes procesos administrativos que se desarrollan en las entidades p�blicas, genera servicios p�blicos m�s r�pidos y eficientes, la accesibilidad es un factor fundamental, menores oportunidades para la corrupci�n y oportunidad de eficiencia en el servicio p�blico.

Seg�n CEPAL (2018) de cada cuatro ciudadanos en Am�rica Latina tienen un bajo nivel de confianza en sus gobiernos. El 80% de los ciudadanos creen que la corrupci�n se encuentra presente en todas las instituciones p�blicas. Estos datos se han incrementado exponencialmente desde niveles del 55% y 67% en 2010, respectivamente. La desconfianza de los ciudadanos en el gobierno aumenta y est� causando una desconexi�n entre la sociedad e instituciones p�blicas, poniendo as� en riesgo la paz social y destruyendo el contrato social impl�cito, situaci�n que resulta preocupante al ser las instituciones; as� como la institucionalidad, los aspectos m�s importantes de la democracia y el contrato social impl�cito entre los ciudadanos y el Estado, representado este �ltimo a trav�s del gobierno de turno.

En el actual contexto social que vive el pa�s y la potencial ruptura del contrato social, derivado de la percepci�n ciudadana de los altos niveles de corrupci�n en el aparato estatal, resulta un imperativo categ�rico vincular a las instituciones con los ciudadanos, respondiendo de una manera adecuada a sus leg�timas demandas, con el prop�sito de fortalecer un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible en el Per�, una forma de generar confianza en las instituciones, es a trav�s de la adecuaci�n de los procesos administrativos a los retos y exigencias de las econom�a digital, contando para dicho cometido, con personal competente, capacitado y con un alto deseo de servir a su naci�n a trav�s del ejercicio de la funci�n p�blica.

Por lo tanto, la transformaci�n digital es un proceso mediante el cual se produce una reingenier�a en la forma de realizar los tr�mites administrativos en las entidades p�blicas, con el prop�sito de iniciar un procedimiento administrativo que conduzca a la obtenci�n de una decisi�n administrativa, con la mayor celeridad posible y garantizando por un lado el inter�s p�blico y por otro lado, las leg�timas pretensiones de los administrados. Para lo cual se necesita, contar con servidores p�blicos capacitados y comprometidos con el servicio p�blico; as� mismo, las instituciones deben tener procedimientos flexibles que cuente con la tecnolog�a id�nea y necesaria para brindar un servicio p�blico de calidad.

 

1.1.-��� Gobierno

El Gobierno es un conjunto de personas que han sido elegidas democr�ticamente para dirigir los destinos de un pa�s. El gobierno tiene facultades establecidas de manera taxativa en la norma fundamental y tiene por mandato constitucional el deber de defender la soberan�a nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la poblaci�n de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general. En ese sentido, si bien ese deber constitucional es del Estado, pero al ser el Estado un ente abstracto, se necesita de personas que gobiernen y desarrollen las pol�ticas p�blicas necesarias para generar el estado de bienestar en el Per�.

Por mandato del art�culo 45� de la Constituci�n, el poder del Estado emana del pueblo; y quienes son elegidos gobierno, deben ejercer sus facultades y prerrogativas con las limitaciones y responsabilidades que la Constituci�n y las leyes establecen. Es decir, las facultades del gobierno no son absolutas y las mismas deben ejercerse dentro de los l�mites establecidos por la norma fundamental; y esos l�mites son: el respeto de los derechos fundamentales de los administrados.

El art�culo 118� numeral 24 de la Constituci�n Pol�tica del Per� prescribe que le corresponde al presidente de la Rep�blica ejercer las dem�s funciones de gobierno y administraci�n que la Constituci�n y las leyes le encomiendan. En ese orden de ideas, al hablar de gobierno nos estamos refiriendo a la gesti�n del Estado ejercida a trav�s del presidente de la rep�blica y todas las entidades de la administraci�n p�blica, quienes tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la ley. Por lo tanto, corresponde al presidente de la rep�blica impulsar las medidas legislativas necesarias para poder implementar el gobierno electr�nico en todos los niveles de la administraci�n p�blica en el Per�.

 

 

 

1.1.1       Gobierno Electr�nico

El gobierno electr�nico puede ser definido como la gesti�n de gobierno con el uso de las TIC, con el prop�sito de proveer servicios p�blicos de calidad y con un alto grado de transparencia, donde el tiempo, la distancia y la burocracia no sean un impedimento para impulsar el inicio de un procedimiento administrativo.

El gobierno electr�nico genera valor en el servicio p�blico, al integrar las TIC al proceso administrativo que culmina con una decisi�n administrativa que resuelve de manera m�s expeditiva la situaci�n jur�dica de los administrados, donde la transparencia y la celeridad son los insumos m�s relevantes.

En relaci�n con la definici�n de GE, la Organizaci�n para la Cooperaci�n y Desarrollo Econ�mico (OCDE, 1998) esboz� la siguiente definici�n �la aplicaci�n de las tecnolog�as basadas en internet para actividades comerciales y no comerciales en el seno de las administraciones p�blicas� posteriormente la OCDE lo defini� en el siguiente extremo �el uso de las TIC, particularmente de la internet, como una herramienta para alcanzar un mejor gobierno�. El Banco Mundial (BM) lo defini� como �el uso de las TIC para mejorar la eficiencia, la efectividad, la transparencia y la rendici�n de cuentas del gobierno�. Por lo tanto, los autores definen al gobierno electr�nico como la gesti�n p�blica aplicada con el uso de las TIC para promover la eficiencia, calidad y transparencia del servicio p�blico brindado por el Estado a los administrados, donde el procedimiento administrativo inicia de manera electr�nica y concluye de manera electr�nica con una decisi�n administrativa que resuelve la situaci�n jur�dica del administrado.

 

1.1.2       Modelos de evoluci�n del gobierno electr�nico

La Organizaci�n de las Naciones Unidas (en adelante ONU) ha definido un marco de evoluci�n que permite clasificar iniciativas de gobierno electr�nico, seg�n su nivel de madurez, en ese sentido, se han clasificado cinco niveles evolutivos de acuerdo con el grado de desarrollo en el que se encuentra implementado el GE.

 

1.1.2.1  Presencia emergente.

El gobierno asume el rol de potenciar el GE, para lo cual brinda informaci�n b�sica a trav�s de internet. Sin embargo, no se advierte mayores acciones destinadas a la plena implementaci�n del gobierno electr�nico en beneficio de los administrados y la plena aplicaci�n del principio de eficacia.

 

1.1.2.2  Presencia ampliada

El gobierno expande su disposici�n en l�nea, aumenta a cantidad de sitios web y se brinda interacci�n a trav�s de medios m�s sofisticados. En el Per�, los gobiernos subnacionales se encuentran en ese nivel de madurez, al no evidenciarse el desarrollo de plataformas virtuales para el tr�mite de procedimientos administrativos electr�nicos, se advierte un anclaje de los gobiernos locales en este nivel de maduraci�n del gobierno electr�nico, por lo que se requiere mayores partidas presupuestarias para el desarrollo de las capacidades tecnol�gicas de los gobiernos locales.

 

1.1.2.3  Presencia interactiva

Existe una presencia importante de entidades p�blicas en la web, y se brindan servicios de interacci�n acorde con el desarrollo tecnol�gico, como, por ejemplo: el uso de formularios electr�nicos para impulsar los procedimientos administrativos. En la actualidad las entidades p�blicas de alcance nacional han superado este nivel de madurez y el uso de formularios electr�nicos es una premisa imperativa.

 

1.1.2.4  Presencia transaccional

El gobierno ofrece transacciones completas y seguras como: DNI electr�nico, fichas registrales virtuales, pago de impuestos en l�nea. En el Per�, las entidades p�blicas de alcance nacional se encuentran en este nivel de maduraci�n de GE, donde destacan entidades como SUNAT y SUNARP, siendo la SUNAT la primera entidad p�blica en crear la mesa de partes virtual en el contexto del COVID-19 y tambi�n es pertinente destacar que en la actualidad la gran mayor�a de tr�mites administrativos se pueden realizar en l�nea, evidenci�ndose una marcada brecha entre los servicios administrativos digitales prestados por las entidades de alcance nacionales, en relaci�n con los prestados por los gobiernos locales.

 

 

 

1.1.2.5  Integraci�n total

En este nivel de maduraci�n del GE, el gobierno genera acceso inmediato a los servicios p�blicos de manera integrada. El administrado no evidencia las fronteras entre los distintos servicios. En este estad�o en la aplicaci�n del GE, deber�an estar en la actualidad las entidades p�blicas de alcance nacional, debiendo promoverse la integraci�n de la informaci�n p�blica que administra cada entidad, con el objetivo de evitar requerir informaci�n al administrado que pueda obtenerse a trav�s de los sistemas de interacci�n interestatal. Por ejemplo: La Municipalidad de Chiclayo para poder determinar la existencia o no de actos de evasi�n en el impuesto alcabala, puede solicitar a la SUNAT el movimiento de ITF del contribuyente en el periodo de nacimiento de la obligaci�n tributaria. Sin embargo, al ser informaci�n sensible, se necesita de una norma legal habilitante y normas de orden interno para garantizar la plena vigencia de la reserva tributaria.

En la figura 1 se puede apreciar el modelo de madurez de las iniciativas de GE, donde existe una brecha de uso de las TIC entre las entidades p�blicas de alcance nacional y las entidades p�blicas de alcance regional y local.

 

Figura 1

Modelo de madurez de las iniciativas de GE

Fuente. El Gobierno electr�nico en la Gesti�n P�blica (CEPAL, 2011, p.16). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7330/1/S1100145_es.pdf.

1.1.3       Beneficios del Gobierno Electr�nico

El GE genera beneficios inmediatos y tangibles a los administrados, los mismos que se traducen en: a) eliminaci�n de barreras burocr�ticas ilegales, b) eliminaci�n de barreras de tiempo y espacio, c) acceso permanente al expediente administrativo, d) aumento del intercambio colaborativo entre entidades p�blicas, e) valor agregado en la calidad del servicio p�blico y finalmente transparencia en el servicio p�blico, eliminando la percepci�n de necesidad de amistades para tramitar de manera m�s expeditiva un determinado procedimiento administrativo.

Este nuevo paradigma en la gesti�n p�blica revoluciona la forma de entregar y recibir informaci�n, no siendo necesario la presencia f�sica del administrado, logr�ndose resultados muy alentadores en relaci�n a la expedici�n de la decisi�n administrativa que resuelve la situaci�n jur�dica del administrado, gener�ndose una mayor transparencia en el procedimiento administrativo y celeridad en relaci�n� a los recursos que puede activar el administrado, en caso de discrepar con la decisi�n adoptada por la administraci�n en el marco de sus competencias de car�cter constitucional y legal, en la figura 2 se puede apreciar los resultados en funci�n a los tres tipos de relaciones generadas en el marco del GE.

Figura 2

Modelo relacional de servicios de la administraci�n p�blica

Fuente. El Gobierno electr�nico en la Gesti�n P�blica (CEPAL, 2011, p.17). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7330/1/S1100145_es.pdf.

1.2.-��� Transformaci�n digital

Sol�s, Li & Szymanski (2014) sostiene que la transformaci�n digital es una prioridad para la mayor�a de las organizaciones. El estudio de Brown & Sikas (2012), evidencia una preocupaci�n entre los funcionarios de alto nivel por comprender y utilizar de manera apropiada las oportunidades de la econom�a digital. En ese orden de ideas, el 65% de los funcionarios encuestados sostienen que el uso de las tecnolog�as Big Data est� entre sus objetivos de corto plazo.

Por su parte, Wang (2014) manifiesta que una de las caracter�sticas de este proceso de cambio es que se est� materializando de manera r�pida y inevitable. Por lo tanto, la transformaci�n digital en la actualidad no es una opci�n, es un mandato imperativo de la econom�a digital, el mismo que se aceler� en los �ltimos a�os como consecuencia de la pandemia y las nuevas formas de negocios implementadas por los cinco jinetes de la tecnolog�a (Facebook, Google, Amazon, Apple y Alibaba).

Fenwick y Gill (2014) sostienen que ning�n agente u actividad econ�mica es inmune al cambio generado por la digitalizaci�n y en la mayor�a de los casos �ste es disruptivo, es decir, puede cambiar sustancialmente el entorno del agente u actividad econ�mica o incluso hacerlo que se disipe en el tiempo. Por lo tanto, todas las entidades del sector p�blico tienen la obligaci�n de adaptar sus procesos a los retos de la econom�a digital y empezar el camino hacia la transformaci�n digital de los procesos y el recurso humano, con el prop�sito de brindar un servicio p�blico de calidad y con un alto nivel de transparencia, donde no exista en m�nimo espacio para la corrupci�n, debido a que todo el proceso estar� sometido al escrutinio y control tanto de la entidad, como de la ciudadan�a.

Westermann (2014) define la transformaci�n digital de una organizaci�n, como el uso de las herramientas digitales para mejorar sustancialmente su performance y presencia. De la Pe�a y Cabezas (2015) la consideran como un proceso necesario y sostenido en un cambio tecnol�gico y cultural que toda organizaci�n debe implementar para poder satisfacer las demandas de sus clientes digitales.

 

1.2.1.- Procedimientos administrativos electr�nicos

����������� El art�culo 29 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General (En adelante la LPAG) define al procedimiento administrativo de la siguiente manera:

Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisi�n de un acto administrativo que produzca efectos jur�dicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.

En ese orden de ideas, el procedimiento administrativo electr�nico, es el conjunto de actos y diligencias tramitados a trav�s de las plataformas digitales puestas a disposici�n por las entidades p�blicas, conducentes a la emisi�n de un acto final que producir� efectos jur�dicos sobre los derechos e intereses de los administrados, donde los documentos digitales tienen la misma validez que los documentos f�sicos. En ese orden de ideas, se destaca las facilidades administrativas puestas a disposici�n de los administrados para iniciar cualquier procedimiento administrativo en todo el aparato estatal.

El art�culo 30 de la LPAG el legislador ha establecido que en el procedimiento administrativo electr�nico se deben respetar los principios, derechos y garant�as del debido procedimiento previstos en el citado cuerpo normativo y en el art�culo 139 inciso 3 de la Constituci�n Pol�tica del Per�, estableci�ndose que los actos administrativos electr�nicos tienen la misma validez legal y eficacia que los actos administrativos f�sicos.

Por lo tanto, se puede colegir que desde antes que inicie la pandemia del COVID-19 el legislador hab�a previsto como derecho de los administrados el principio de acceso permanente al expediente y la posibilidad de realizar procedimientos administrativos electr�nicos, los mismos que se han venido intensificando durante la pandemia. Sin embargo, no todas las entidades p�blicas tienen la misma capacidad de respuesta frente a los retos de la econom�a digital y los gobiernos locales de provincia no han desarrollado plataformas digitales para el inicio de procedimientos administrativos electr�nicos. Por lo tanto, se advierte una brecha en la capacidad de adaptaci�n a la transformaci�n digital, por parte de entidades p�blicas de alcance nacional, respecto de las entidades p�blicas de alcance regional y local.

 

1.2.2��� Mesa de partes virtual

La Superintendencia de Aduanas y Administraci�n Tributaria (en adelante SUNAT) fue la primera entidad p�blica en crear la mesa de partes virtual y activar la posibilidad de presentar cualquier tipo de documentaci�n vinculada con el negocio aduanero, tributario y administrativo de las tres superintendencias adjuntas. La mesa de partes virtual de la SUNAT fue creada con la Resoluci�n de Superintendencia N� 077-2020/SUNAT, dispositivo legal que en su art�culo 1 dispuso lo siguiente: �Cr�ase la Mesa de Partes Virtual (MPV-SUNAT), con la finalidad de facilitar a los administrados la presentaci�n, por esa v�a, de documentos que se presentan de manera presencial en las dependencias de la SUNAT, as� como su consulta a trav�s de esta plataforma que se pone a disposici�n en el portal de la SUNAT, no pudi�ndose utilizar la MPV-SUNAT para la presentaci�n de documento y/o declaraciones que se deben realizar a trav�s de Sunat Operaciones en L�nea (SOL) o una disposici�n legal establezca la obligaci�n de realizar el tr�mite de manera presencial.

Desde la creaci�n de la MPV-SUNAT, los contribuyentes han tenido a su disposici�n una plataforma para poder presentar la informaci�n requerida por SUNAT, para poder poner de conocimiento de la SUNAT la pretensi�n de impugnar un acto administrativo o iniciar un procedimiento administrativo no contencioso, gener�ndose una mayor interacci�n entre los contribuyentes y los servidores p�blicos de la SUNAT.

Sin embargo, lo que a�n falta es una plataforma interestatal donde las entidades p�blicas puedan tener acceso a informaci�n no vinculada con la reserva tributaria o en su defecto, la autoridad jurisdiccional pueda tener acceso a las declaraciones juradas del impuesto a la renta de los administrados que tienen un proceso judicial de alimentos, con el prop�sito de hacer m�s expeditiva y justa las decisiones judiciales.

Adicionalmente, se debe promover una plataforma amigable entre la SUNAT y las administraciones tributarias locales, con el prop�sito que se intercambie informaci�n relevante para poder reducir al m�nimo la informaci�n requerida a los administrados para iniciar un procedimiento administrativo; as� como, el intercambio de informaci�n para la lucha contra la evasi�n tributaria en todos sus extremos.

 

1.2.3��� Simplificaci�n administrativa

Uno de los aspectos m�s importantes del GE es la simplificaci�n administrativa y la aplicaci�n del principio de informalismo, debi�ndose requerir a los administrados s�lo la informaci�n que la entidad no tiene en su poder y no se encuentra en la posibilidad de solicitarla a otra entidad p�blica, a trav�s de la plataforma de intercambio de informaci�n interestatal creada para dicho fin.

El art�culo 8� del Decreto Legislativo N� 1310 estableci� lo siguiente �Las entidades de la administraci�n p�blica deben interconectar sus sistemas de tr�mite documentario o equivalentes para el env�o autom�tico de documentos electr�nicos entre dichas entidades a trav�s de la plataforma de interoperabilidad del Estado (PIDE) administrado por la PCM a trav�s de la oficina nacional de gobierno electr�nico e inform�tica � ONGEI.

El citado dispositivo legal, estableci� como mandato imperativo que las entidades deben adecuar sus sistemas para el env�o autom�tico de documentos electr�nicos con otras entidades, as� como dentro de sus �reas, �rganos y unidades, hasta el 31 de diciembre de 2018; sin embargo, a la fecha no existe evidencia material de la existencia de la plataforma de interoperabilidad del Estado, a pesar de la existencia de una obligaci�n legal expresa.

A mayor abundamiento, el art�culo 2 del citado dispositivo legal se estableci� la obligaci�n legal por parte de las entidades de realizar un an�lisis de la calidad regulatoria de todas las normas de alcance general, con el prop�sito de eliminar los que resulten innecesarios, y desproporcionados o en su defecto, no se encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En ese orden de ideas, en el GE se debe privilegiar de manera m�s intensificada la aplicaci�n del principio de informalismo, por lo tanto, las disposiciones normativas del procedimiento administrativo deben ser interpretadas en forma favorable a la admisi�n y decisi�n final de las pretensiones de los recurrentes, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos meramente formales que puedan ser corregidos dentro del procedimiento (Casaci�n 9611, 2016, fj. 10).

Un ejemplo cl�sico de la aplicaci�n del principio de informalismo en el proceso de devoluciones, el cual en la actualidad es plenamente electr�nico, es el hecho de requerir informaci�n respecto de las partidas registrales de los bienes inmuebles de propiedad de los contribuyentes, cuando dicha documentaci�n puede ser obtenida a trav�s de la plataforma virtual de registros p�blicos en l�nea, s�lo en el caso de ser materialmente imposible la obtenci�n de dichas partidas por medios virtuales, existir�a la necesidad de requerir dicha informaci�n al contribuyente; por lo tanto, en el contexto del GE la informaci�n requerida a los administrados debe ser la estrictamente necesaria y no encontrarse en los supuestos del art�culo 48� del TUO de la LPAG (informaci�n prohibida de solicitar).

Por lo tanto, en el contexto de la econom�a digital y el proceso de implementaci�n plena del GE resulta un imperativo categ�rico que los servidores y funcionarios p�blicos apliquen en todos los procedimientos el principio de informalismo, debi�ndose implementar en todas las entidades p�blicas la mesa de partes virtual y otorg�rsele la misma validez a los documentos electr�nicos que a los documentos f�sicos, sin perjuicio del control posterior, en virtud de lo prescrito en el numeral 30.3 del art�culo 30� del TUO de la LPAG, resultando indispensable que las entidades p�blicas modifiquen su TUPA y se abstengan de solicitar a los administrados informaci�n que se encuentran prohibidas de solicitar.

Un ejemplo de la vulneraci�n indebida del mandato imperativo contenido en el art�culo 48� del TUO de la LPAG es el hecho que, en las comisar�as del Per�, para la presentaci�n de la documentaci�n que impulse el inicio de un procedimiento policial, se le exige al administrado la presentaci�n de la copia del DNI, cuando dicho documento se encuentra prohibido de ser solicitado por parte de la administraci�n a los administrados. Sin embargo, lo que m�s llama la atenci�n es el hecho que cuando el administrado reclama la plena vigencia de sus derechos, los efectivos policiales te responden que es una disposici�n del comando, surgiendo la siguiente pregunta, �Los servidores p�blicos, se subordinan a la constituci�n y la ley o a su comando? Y la respuesta es obvia, el polic�a cualquiera que sea su jerarqu�a se subordina en primer orden a la constituci�n y la ley; por lo tanto, si la disposici�n de su comando es incompatible con el esp�ritu de los preceptos constitucionales y legales, se debe preferir la aplicaci�n de las disposiciones constitucionales en estricta aplicaci�n del principio de jerarqu�a normativa.

Como manifest� Alberdi (2008) La gobernabilidad es una forma de ejercicio del poder en un pa�s caracterizado por la eficacia, la transparencia de los actos del gobierno, la participaci�n de la sociedad civil y el respeto irrestricto al estado de derecho. En ese orden de ideas, la gobernabilidad electr�nica se debe interpretar como una forma del ejercicio del poder haciendo uso de las herramientas tecnol�gicas de la econom�a digital, con el prop�sito de generar el estado de bienestar en los ciudadanos a trav�s de la daci�n de bienes y servicios p�blicos de calidad, donde la transparencia y la participaci�n ciudadana resultar ser un imperativo categ�rico.

�Pero, para lograr la gobernabilidad electr�nica se necesita recursos tecnol�gicos y capacitaci�n a los empleados p�blicos, en relaci�n con los principios y reglas contenidos en la norma general en materia administrativa y la norma especial para cada procedimiento administrativo, con el objetivo que los servidores p�blicos comprendan a plenitud el prop�sito de la funci�n p�blica y la forma como deben ser interpretadas las normas en relaci�n con la admisi�n y tr�mite de los procedimientos.

 

 

1.2.4��� Infraestructura digital

Seg�n CEPAL (2021) La infraestructura digital en Am�rica Latina y el Caribe viene increment�ndose y entre los a�os 2010 al 2019, el 70% de la poblaci�n es usuaria de internet y el crecimiento anual de penetraci�n fue de 8% seg�n se puede apreciar en la figura 3.

 

Figura 3

Infraestructura digital penetraci�n y usuarios de internet 2010-2019.

Fuente. Datos y hechos sobre la transformaci�n digital (CEPAL, 2021, p.7). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46766/1/S2000991_es.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4

Pa�ses de Am�rica Latina y el Caribe, usuarios de internet por zona urbana y rural 2018

Fuente. Datos y hechos sobre la transformaci�n digital (CEPAL, 2021, p.9). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46766/1/S2000991_es.pdf

 

Como se puede apreciar en el caso de Per�, en la zona urbana el 58.9% de la poblaci�n es usuaria de internet y en la zona rural, el 15% al 2018; por lo tanto, existe una gran necesidad de promover inversi�n p�blica y privada en las zonas rurales, para disminuir la brecha de usuarios de internet entre la zona urbana y la zona rural, as� mismo, resulta un deber del Estado el establecimiento de la internet como derecho fundamental de los ciudadanos, para lo cual se deben adoptar las pol�ticas p�blicas id�neas, con el prop�sito de garantizar la plena vigencia del derecho fundamental� a la internet, estableci�ndose como objetivo de gobierno reducir sustancialmente la brecha de usuarios de internet entre la zona urbana y la zona rural.

 

1.2.5��� Brecha digital en el Per�

Seg�n Tello (2018) para el periodo 2012-2017 el acceso y uso de internet, celulares, TV cable y computadoras en los hogares del Per� fueron respectivamente de 23,9%, 85,5%, 35,4% y 31,3% respectivamente. En relaci�n con el acceso y uso de esos instrumentos, Lima y la provincia constitucional del Callao son las regiones con mayor porcentaje de acceso y uso de los servicios de internet, mientras que en las regiones de Huancavelica, Apur�mac y Pasco son la menor porcentajes de hogares. En ese orden de ideas, el estudio realizado por Tello (2018) confirma el estudio de CEPAL (2021) en el extremo de la brecha digital en el uso de internet entre las zonas urbanas y las zonas rurales del Per�.

Por lo tanto, para reducir la brecha digital en el uso de la internet y las TIC en el Per� por parte de los ciudadanos y las entidades p�blicas, se debe realizar en el Per� una inversi�n p�blica agresiva que estimule la inversi�n privada en las zonas rurales, en relaci�n a la transformaci�n tecnol�gica y digital en el Per�, con el prop�sito de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el contexto de la econom�a digital, como es el caso del derecho fundamental a la internet, y mejorar la calidad del servicio p�blico en el Per� urbano, rural y el Per� profundo.

 

1.2.6��� Transformaci�n digital y econom�a digital

Seg�n CEPAL (2021) debido a las restricciones de movilidad producto del COVID-19, la mayor�a de las empresas aumentaron su presencia en l�nea para seguir prestando servicios y ofreciendo productos. Internet se convirti� en una herramienta indispensable para reducir los efectos negativos de la crisis. Esto se puede percibir con la cantidad de sitios web empresariales creados en marzo, abril y mayo de 2020, en relaci�n con el a�o anterior. Por lo tanto, la citada informaci�n confirma la proliferaci�n del uso de las plataformas virtuales por parte de las empresas para poder ofrecer sus productos y servicios. En ese orden de ideas, las entidades p�blicas deben establecer pol�ticas p�blicas para el uso masivo de las plataformas virtuales, con el prop�sito de activar los procedimientos administrativos a solicitud de parte, por los canales virtuales habilitados por la instituci�n, con el prop�sito de mejorar la presencia del Estado e incrementar la calidad del servicio p�blico. En la figura 5 se puede apreciar el incremento de los pedidos de los consumidores derivado del uso de los canales y plataformas virtuales habilitados.

 

 

 

 

 

 

Figura 5

Porcentaje de crecimiento de los pedidos y compradores de mercado libre durante el brote del COVID-19, 2020.

Fuente. Datos y hechos sobre la transformaci�n digital (CEPAL, 2021, p.18). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46766/1/S2000991_es.pdf

 

Figura 6

OCDE y Am�rica Latina y el Caribe, pilar de pol�ticas p�blicas y regulaci�n, 2019

Fuente. Datos y hechos sobre la transformaci�n digital (CEPAL, 2021, p.28). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46766/1/S2000991_es.pdf

 

En ese orden de ideas, se evidencia la existencia de un potencial de mejora en materia de pol�ticas p�blicas y producci�n normativa en el Per�, resultando un imperativo categ�rico para el gobierno adecuar los marcos regulatorios con las buenas pr�cticas internacionales y, de esta manera, mejorar la debilitada confianza en las instituciones, con el prop�sito de mantener la vigencia del contrato social impl�cito entre los ciudadanos y el Estado, bajo el cual, seg�n la tesis contractualista, los ciudadanos� ceden ante el poder del Estado en busca de seguridad jur�dica y tutela frente a la potencial afectaci�n de los derechos fundamentales de la persona por parte de un tercero e incluso por parte del mismo Estado.

Por otro lado, resulta indispensable que el INDECOPI dentro de sus competencias realice un control de legalidad de las barreras burocr�ticas establecidas por las entidades p�blicas en el contexto de la econom�a digital. Por ejemplo, no resulta razonable que se apliquen las mismas reglas de la presencialidad a la virtualidad, resultando ser una medida burocr�tica ilegal el condicionamiento por parte de una entidad administrativa, de presentar informaci�n a trav�s de la mesa de partes virtual hasta las 16:30, para que dicha documentaci�n se considere presentada en el d�a h�bil de su ingreso por la plataforma virtual.

Sobre el particular, el INDECOPI en la Resoluci�n N� 0090-2022/CEB � INDECOPI, de fecha 03 de marzo de 2022, la entidad administrativa estableci� que:

La limitaci�n de presentar documentaci�n por medio de la mesa de partes virtual de la Sunat hasta las 16:30 horas de un d�a h�bil para que se considere presentada la documentaci�n en el mismo d�a h�bil, contenida en los siguientes medios de materializaci�n, constituye una barrera burocr�tica ilegal y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Bere S.A. Contratistas Generales en contra de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administraci�n Tributaria.

Por lo tanto, una norma infra legal no puede establecer una restricci�n que no se encuentra contenida en la ley, m�xime si dicha restricci�n puede causar un da�o irreparable al derecho de petici�n de los administrados, en el extremo del derecho de contradicci�n de las decisiones administrativas.

Por ejemplo, un administrado que el �ltimo d�a h�bil para interponer el recurso de reclamaci�n contra una resoluci�n de determinaci�n que resuelve su situaci�n tributaria, presenta el expediente de reclamaci�n de acuerdo con las reglas procesales contenidas en el c�digo tributario, pero el mismo es presentado a las 17:00 horas, el contribuyente habr�a perdido su derecho de presentar el recurso de reclamaci�n sin la aplicaci�n del principio �Solve et repete� paga y despu�s reclama. Por lo tanto, si el contribuyente no tiene la capacidad econ�mica para pagar o garantizar la deuda, tendr�a que soportar la fuerza coactiva de la administraci�n.

En ese sentido, las reglas de la virtualidad deben ser dise�adas conforme el marco legal habilitante y los principios contenidos en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, donde resulta relevante para el caso de autos, el principio de razonabilidad, por lo que se puede inferir, que no resulta razonable aplicar la reglas de la presencialidad a la virtualidad, resultando un imperativo categ�rico que la SUNAT cumpla con el mandato de la autoridad administrativa y disponga la inmediata modificaci�n de la norma infra legal, declarada como barrera burocr�tica ilegal por la autoridad administrativa. Para finalizar, la regla jurisprudencial establecida por el INDECOPI debe ser aplicada por todas las entidades administrativas, procedi�ndose de oficio con la modificaci�n del marco legal incompatible con el citado criterio.

 

II.- Metodolog�a

El art�culo es de tipo aplicativo, al analizar la evoluci�n del Gobierno Electr�nico del Per� en el ejercicio 2022, para lo cual, se utiliz� como herramienta de investigaci�n el an�lisis documental de los trabajos realizados por CEPAL (2011), CEPAL (2021) y el INE (2018) en relaci�n al gobierno electr�nico y la brecha digital en el Per�; as� como el an�lisis normativo a nivel legal y reglamentario en relaci�n a la simplificaci�n administrativa y la plena implementaci�n del uso de las TIC en los procedimientos administrativos.

2.1 ����� M�todo de Investigaci�n

En el desarrollo del presente art�culo se emple� la denominada investigaci�n en ciencia del dise�o. Seg�n Dresch, Lacerda y Antunes Jr. (2015) la investigaci�n en Ciencia del Dise�o es �la base epistemol�gica para el estudio de lo que es artificial, un m�todo que establece y operacionaliza la investigaci�n cuando la meta deseada es un artefacto o una recomendaci�n�, en ese orden de ideas, la investigaci�n basada en la Ciencia del Dise�o puede desarrollarse en un contexto acad�mico como en uno organizacional. Por lo tanto, el investigador pretende demostrar con el uso del presente m�todo la importancia del uso de las herramientas digitales en el contexto de la econom�a digital, para mejorar la calidad y transparencia del servicio p�blico.

Para Recker (2013), La investigaci�n va acompa�ada con una id�nea selecci�n de la metodolog�a de investigaci�n. Particularmente, para este art�culo, se emplear� el m�todo de la ciencia del dise�o. Esto permitir� construir y evaluar artefactos innovadores como el resultado de un proceso de investigaci�n, como, por ejemplo: El uso de las herramientas tecnol�gicas para mejorar la calidad y transparencia del servicio p�blico.

Para Johannesson y Perjons (2014) en muchos casos, los problemas pr�cticos pueden resolverse por medio de artefactos; es decir, por herramientas tecnol�gicas dise�adas por el ser humano, con la finalidad de que sean empleados para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. En ese orden de ideas, en el contexto de la econom�a digital resulta necesario el uso de las herramientas tecnol�gicas por parte del Estado, para el pleno desarrollo e implementaci�n del gobierno electr�nico.

 

2.2������ Dise�o de Investigaci�n

El dise�o es el plan que se desarroll� para obtener la informaci�n que se pretende demostrar en la investigaci�n. El dise�o que se aplic� ha sido de tipo no experimental de corte trasversal, al analizar el proceso de implementaci�n del GE en el Per� en el ejercicio 2022.

A partir de la experiencia de los investigadores en la realizaci�n de procedimientos administrativos en las diferentes entidades p�blicas como el INDECOPI, la Polic�a Nacional del Per� y en PROVIAS (Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional), se realiz� un an�lisis del cumplimiento del art�culo 48� del TUO de la LPAG, norma imperativa que en algunos casos se advierte su incumplimiento por parte de los servidores y funcionarios p�blicos, sea por su desconocimiento o apartamiento inmotivado del citado dispositivo legal.

2.3������ T�cnicas

An�lisis documental de los trabajos de CEPAL (2011), CEPAL (2021) y el INEI (2018) en relaci�n con el GE y las brechas digitales en el Per�.

Se extrajo informaci�n de libros, textos, normas y dem�s fuentes de informaci�n relacionadas al gobierno electr�nico y la transparencia en la gesti�n p�blica.

Se utiliz� estudios previos sobre la materia para evaluar la relevancia de la informaci�n que se considerar� para el trabajo de investigaci�n, relacionada con el gobierno electr�nico y la mejora en la calidad del servicio p�blico en el contexto de la econom�a digital.

La metodolog�a aplicada para el desarrollo del presente art�culo de investigaci�n est� orientada al an�lisis de la doctrina producida por las entidades supranacionales y los trabajos de investigaci�n desarrollados en el �mbito nacional en relaci�n con el Gobierno Electr�nico y la Transformaci�n Digital, a partir de dicho an�lisis se procedi� a tomar las ideas m�s relevantes respecto a los resultados obtenidos en los estudios supranacionales y nacionales para poder generar un concepto en relaci�n a lo que se debe entender por gobierno electr�nico y el mandato imperativo de la econom�a digital en relaci�n a la necesidad de adecuar los procedimientos administrativos a las reglas de la virtualidad, donde las reglas de la presencialidad deben ser aplicables a la virtualidad de manera flexible y con la plena vigencia del principio de razonabilidad.

Las t�cnicas m�s relevantes del presente trabajo ha sido el an�lisis documental de la producci�n cient�fica de CEPAL en relaci�n con el gobierno electr�nico y la producci�n cient�fica nacional respecto de la econom�a digital y los retos para la administraci�n p�blica, donde se destaca la necesidad de crear mecanismos virtuales para la presentaci�n de la documentaci�n que impulsa el inicio del procedimiento administrativo, la plena aplicaci�n del principio de informalismo y la misma validez jur�dica que tiene el documento f�sico, para el documento electr�nico, sin perjuicio del ejercicio del control posterior del que goza la administraci�n p�blica.

En el proceso de an�lisis documental, se pudo evidenciar que existe la necesidad de crear un marco legal id�neo y flexible para la adecuaci�n de los procedimientos administrativos a los procedimientos electr�nico, donde resulta un imperativo categ�rico que las normas infra legales guarden plena armon�a y sean totalmente compatibles con las reglas y principios establecidos en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

III.- Resultados

En la tesis doctoral de Allauca (2018) con la aplicaci�n del instrumento se determin� que el 83% de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo que el GE es la aplicaci�n de las TIC en los procedimientos administrativos.

 

Tabla 1

El gobierno electr�nico es la aplicaci�n de las tecnolog�as de la informaci�n y la comunicaci�n

Nota. Elaborado por el investigador.

 

Tabla 2

El acceso al servicio de internet es un imperativo de los gobiernos locales

Nota. Elaborado por el investigador.

 

As� mismo, se determin� que el acceso a la internet es un imperativo de los gobiernos locales, al haber respondido del 85% de los encuestados que est�n totalmente de acuerdo que el acceso al servicio de internet es un imperativo categ�rico para los gobiernos locales, en el contexto de la econom�a digital.

Por otro lado, en la citada investigaci�n se determin� que la efectividad es la manera como se enlaza el gobierno electr�nico y la transparencia al logro de las metas y objetivos de los gobiernos locales.

 

 

 

Tabla 3

La efectividad es la manera como se enlaza el gobierno electr�nico y la transparencia al logro de las metas y objetivos de los gobiernos locales

 

Por lo tanto, se puede colegir que el gobierno electr�nico es una manifestaci�n de la transparencia en la cosa p�blica, por lo que el gobierno debe adoptar las pol�ticas necesarias para reducir las brechas de acceso a la internet de los ciudadanos y la brecha de capacidad tecnol�gica y adaptaci�n a los retos de la econom�a digital por parte de los gobiernos locales.

Tello (2018) en su trabajo de investigaci�n en relaci�n con las brechas digitales en el Per� obtuvo como resultados que el acceso a las TIC por parte de los hogares se encuentra asociado a los aspectos de desarrollo econ�mico social de cada regi�n, tales como: a) ingresos, b) educaci�n, c) inclusi�n financiera e infraestructura. Los mismos resultados obtuvo en el uso de internet de los trabajadores del hogar que disponer computadoras, siendo lo m�s relevante que los trabajadores como empleados tienen una mayor probabilidad de uso de internet.

Por lo tanto, para reducir las brechas tecnol�gicas resulta un imperativo para el Estado a trav�s del gobierno de turno, aplicar una pol�tica fiscal agresiva en relaci�n a la inversi�n en tecnolog�a y capacitaci�n, fomentando a trav�s de incentivos tributarios la inversi�n privada en zonas rurales para de esta manera, garantizar la plena vigencia del derecho fundamental a la internet, derecho que se encuentra contenido en el art�culo 3� de la Constituci�n Pol�tica del Per� y se fundamenta en la necesidad del acceso a la internet para garantizar la dignidad de los ciudadanos peruanos que habitan en las zonas rurales del Per� profundo.

IV.- Conclusiones

El Gobierno Electr�nico es una forma de gesti�n p�blica con la aplicaci�n de las TIC en los procedimientos administrativos desarrollados dentro del aparato estatal, el mismo que genera valor en los bienes y servicios p�blicos brindados por el Estado a los administrados.

El gobierno electr�nico es una forma de transparentar los actos de gobierno y fomentar la participaci�n ciudadana en la cosa p�blica, permitiendo que los ciudadanos conozcan en l�nea los requisitos, el procedimiento y la ejecuci�n del gasto p�blico, para poder ejercer su rol de fiscalizaci�n, al ser los ciudadanos parte integrante del poder constituyente y quienes otorgan legitimidad al poder constituido.

En la actualidad se advierte una ruptura del contrato social impl�cito entre los ciudadanos y el estado, al existir una p�rdida de confianza en las instituciones, resultando un imperativo categ�rico la mejora de la calidad del servicio p�blico a trav�s del uso de las herramientas tecnol�gicas de la econom�a digital y la plena implementaci�n del Gobierno Electr�nico.

Se advierte una brecha tecnol�gica entre las entidades p�blicas de alcance nacional y las entidades p�blicas de alcance regional y local, la misma que se sustenta en la falta de presupuesto id�neo para poder iniciar la transformaci�n digital en los gobiernos locales, el mismo que se evidencia de manera avanzada en instituciones como SUNAT y SUNARP.

Para la mejora del servicio p�blico y el pleno cumplimiento del mandato imperativo contenido en el art�culo 48� del TUO de la LPAG en todas la entidades p�blicas sin excepci�n, resulta un imperativo categ�rico la implementaci�n no s�lo legal, sino tambi�n presupuestal de una plataforma interestatal de intercambio de informaci�n en l�nea, con el objetivo de reducir al m�ximo los requisitos legales innecesarios para el inicio del procedimiento administrativo y el pleno cumplimiento del principio de informalismo.

Existe un espacio de mejora, para poder desarrollar un marco legal id�neo que permita la plena adecuaci�n de los procedimientos administrativos a los retos de la econom�a digital, donde las plataformas digitales y las mesas de partes virtual resultan un mandato imperativo de implementaci�n por parte de todas las entidades p�blicas, sean de alcance nacional, regional o local.

En el contexto, de la econom�a digital y la implementaci�n del Gobierno Electr�nico el derecho fundamental a la internet adquiere el estatus de derecho vinculado intr�nsicamente a la dignidad de las personas y de los administrados, correspondiendo al Estado en sus tres niveles de gobierno garantizar su plena vigencia.

Los aspectos del desarrollo econ�mico-social como los niveles de educaci�n, de ingreso y de la disponibilidad de la infraestructura productiva son los principales determinantes de acceso y uso de las TICs y de las brechas digitales en los hogares y por los trabajadores del Per�. Por lo tanto, resulta un imperativo categ�rico del Estado dentro de su deber constitucional contenido en el art�culo 44� de la norma fundamental, promover el estado de bienestar a trav�s de la plena vigencia del derecho fundamental de acceso a la internet, como premisa f�ctica para la plena implementaci�n del Gobierno Electr�nico en el Per�.

Resulta indispensable que las entidades p�blicas adecuen sus procesos digitales al principio de informalismo en el contexto de la econom�a digital, donde las restricciones en relaci�n al horario para la presentaci�n de la documentaci�n a trav�s de la mesa de partes virtual de la entidad, constituyen una barrera burocr�tica ilegal, no resultando conforme al derecho que por no presentar el recurso de reconsideraci�n, reclamaci�n o apelaci�n hasta las 16:30, este sea considerado como presentado el d�a h�bil siguiente, situaci�n que puede generar un da�o irreparable en la pretensi�n del administrado, quien tendr�a que pagar o garantizar la deuda para poder ejercer su derecho a la defensa, lo que constituye una afectaci�n al contenido esencial del derecho al debido procedimiento en su dimensi�n del derecho a la defensa y el derecho a contradecir las decisiones administrativas, en el supuesto que el expediente de reclamaci�n se ingres� el �ltimo d�a h�bil para su presentaci�n de acuerdo con el plazo legal establecido por ley para ejercer el derecho de contradicci�n.

 

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