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Reflexiones criminol�gicas y victimol�gicas del delito de miner�a ilegal en el Cant�n Zaruma

 

Criminological and victimological reflections on the crime of illegal mining in the Zaruma Canton

 

Reflex�es criminol�gicas e vitimol�gicas sobre o crime de minera��o ilegal no cant�o de Zaruma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: Zalomachuca1983@gmail.com

 

 

Ciencias T�cnicas y Aplicadas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 23 de septiembre de 2022 *Aceptado: 31 de octubre de 2022 * Publicado: 23 de noviembre de 2022

 

 

        I.            Maestrante Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador.

     II.            Profesor de Derecho Penal de la Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador.

 

 

Resumen

En Zaruma provincia de El Oro, desde el a�o 2017 se avistan hundimientos de la superficie terrestre que afectan a zonas urbanas y ponen en riesgo la vida de sus habitantes. La magnitud de estos eventos ha ocasionado severos deterioros y hasta p�rdidas de viviendas sin que se haya podido encontrar una soluci�n definitiva, pese a que, por investigaciones period�sticas se ha llegado a determinar que el origen del problema radica en la miner�a ilegal. Al respecto, el C�digo Org�nico Integral Penal sanciona a quienes se dediquen a esta actividad, sin embargo, la funci�n preventiva del Derecho penal parece no dar los frutos esperados en este lugar, ya que se sigue evidenciado esta pr�ctica ilegal. Este trabajo tiene como objetivo analizar el tipo penal de actividad il�cita de recursos mineros, los m�viles de la comisi�n del delito y las consecuencias en las v�ctimas. La investigaci�n cualitativa respaldada en los m�todos exeg�tico, comparativo, hist�rico, anal�tico, de s�ntesis, entre otros; permiti� concluir que la problem�tica en Zaruma obedece tanto a necesidades de supervivencia cuanto a ambiciones dinerarias, sumado al desconocimiento de la dogm�tica penal que regula este delito por parte de los operadores, y a la ausencia de control de organismos gubernamentales.

Palabras claves: Miner�a Ilegal; Delincuente; V�ctima; Criminolog�a; Victimolog�a.

 

Abstract

In Zaruma province of El Oro, since 2017 subsidence of the earth's surface has been seen that affects urban areas and puts the lives of its inhabitants at risk. The magnitude of these events has caused severe deterioration and even loss of homes without a definitive solution being found, despite the fact that journalistic investigations have determined that the origin of the problem lies in illegal mining. In this regard, the Comprehensive Organic Criminal Code sanctions those who engage in this activity, however, the preventive function of criminal law does not seem to bear the expected results in this place, since this illegal practice continues to be evidenced. This work aims to analyze the criminal type of illegal activity of mining resources, the motives for the commission of the crime and the consequences on the victims. Qualitative research supported by exegetical, comparative, historical, analytical, and synthesis methods, among others; It allowed us to conclude that the problem in Zaruma obeys both survival needs and monetary ambitions, added to the ignorance of the criminal dogmatics that regulates this crime by the operators, and the lack of control by government agencies.

Keywords: Illegal Mining; Offender; Victim; Criminology; victimology.

 

Resumo

Na prov�ncia de Zaruma, El Oro, desde 2017 se observa um afundamento da superf�cie terrestre que afeta �reas urbanas e p�e em risco a vida de seus habitantes. A magnitude desses eventos tem causado grande deteriora��o e at� perda de moradias sem uma solu��o definitiva, apesar de investiga��es jornal�sticas terem determinado que a origem do problema est� na minera��o ilegal. Nesse sentido, o C�digo Penal Org�nico Compreensivo sanciona quem exerce essa atividade, por�m, a fun��o preventiva do direito penal n�o parece trazer os resultados esperados neste local, uma vez que essa pr�tica il�cita continua sendo evidenciada. Este trabalho tem como objetivo analisar o tipo penal da atividade il�cita de recursos miner�rios, os motivos para o cometimento do crime e as consequ�ncias para as v�timas. Pesquisa qualitativa apoiada em m�todos exeg�ticos, comparativos, hist�ricos, anal�ticos, de s�ntese, entre outros; Permitiu-nos concluir que o problema em Zaruma obedece tanto a necessidades de sobreviv�ncia como a ambi��es monet�rias, somadas ao desconhecimento da dogm�tica criminal que regula este crime por parte dos operadores, e ao descontrole por parte dos �rg�os governamentais.

Palavras-chave: Minera��o Ilegal; Infrator; V�tima; Criminologia; vitimologia.

 

Introducci�n

La actividad minera en Ecuador data de mucho tiempo atr�s. En sus inicios tiene connotaciones en los ritos y en actividades comerciales, particularmente, en el caso de los minerales preciosos como oro, plata y otros. La explotaci�n de esta clase de minerales comienza a tomar proporci�n con la llegada de los colonizadores espa�oles a tierras de lo hoy comprende Ecuador. Desde entonces se puede decir que comienza propiamente la actividad minera ilegal, en el sentido de que sin justas contraprestaciones ni procesos comerciales justos, los minerales preciosos convertidos por los abor�genes en figuras representativas fueron trasladados a fuerza de �colonizaci�n� hacia los pa�ses colonizadores europeos, concretamente a Espa�a.

La miner�a es una de las actividades principales que da sost�n a la econom�a ecuatoriana, genera fuentes de trabajo e inversi�n; pero tambi�n es una actividad sumamente riesgosa que requiere la observancia de protocolos y estudios altamente cualificados. Adem�s, requiere de la observancia de todo un marco normativo que partiendo de los postulados y principios convencionales, encuentra sustento en la Constituci�n de la Rep�blica de Ecuador (en adelante CRE). As�, en el Art. 1 CRE, el asamble�sta constituyente ha dejado advertido que Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible�(Asamblea Nacional, 2021); de ah� que, los recursos de extracci�n que constituyen la actividad minera en Ecuador, son patrimonio del Estado. En la misma l�nea de normativa suprema, en Ecuador como regla general est� prohibida la actividad extractiva de recursos no renovables en �reas protegidas y en zonas intangibles; de su lado, la miner�a met�lica se encuentra, tambi�n por mandato constitucional, prohibida en cualquiera de sus fases de actividad en las �reas protegidas, en centros urbanos y zonas intangibles (art. 407 CRE). Esta �ltima advertencia constitucional de prohibici�n es el precedente o, si se quiere, el punto de partida para abordar la problem�tica de la miner�a ilegal en el cant�n Zaruma de la Provincia de El Oro.

Luego, y lo que interesa para los efectos de este trabajo, como actividad ilegal es advertida y sancionada administrativamente en la Ley de Miner�a, pero tambi�n se encuentra tipificada como delito en el C�digo Org�nico Integral Penal (en adelante COIP), concretamente en los art�culos 260 y 261. En el advertido panorama regulatorio, este trabajo se enfoca en una de las expresiones m�s duras del poder punitivo del Estado: el Derecho penal, ya que la actividad minera ilegal afecta a bienes jur�dicos sensibles como la vida, la salud y la naturaleza. El presente trabajo aborda el tipo penal que norma la actividad il�cita de recursos mineros.

La actividad il�cita de recursos mineros es un delito que protege los recursos naturales no renovables, es decir, es �ste el bien jur�dico tutelado. Es un delito de peligrosidad y lo puede cometer cualquier persona con capacidad penal, sea �sta natural o jur�dica. La citada normativa contempla, como se analiza en este trabajo, un tipo penal b�sico en el primer p�rrafo y dos derivados: uno benigno y otro agravado. Adem�s, del an�lisis del Art. 260 se deduce que se est� frente a una actividad minera ilegal cuando �sta es desarrollada sin estar inscrita en el �rgano estatal competente y, por ende, no existe t�tulo minero para ejercerla. Dentro de ella se encuentra tambi�n la denominada miner�a artesanal e informal, practicada al margen de la ley. Incluye tambi�n, los trabajos y las obras de exploraci�n sin la existencia de un t�tulo minero; o aquella que estando amparada por un t�tulo minero, la extracci�n, o parte de ella, se realiza fuera del �rea otorgada en la licencia�(Su�rez-L�pez, 2017) o permiso.

El tema seleccionado en esta investigaci�n, reviste importancia actual, dado la preocupaci�n que est� generando en la sociedad de la provincia de El Oro, concretamente en la sociedad Zarume�a, las afectaciones en la superficie terrestre producidas por las excavaciones realizadas en su mayor�a por actividades mineras ilegales. De ah� que, por cuanto la miner�a ilegal comporta cuestiones eminentemente jur�dicas, es imperiosa la necesidad de abordarla desde la �ptica de la academia por medio de la presente investigaci�n. �Y es que la cuesti�n es preocupante, ya que pese a que el COIP sanciona en el los arts. 260 y 261 la actividad minera ilegal, sin embargo, en los �ltimos cinco a�os en el Cant�n Zaruma se la sigue practicando, causando perjuicio directo tanto a la naturaleza cuanto a las v�ctimas directas como son las familias del referido Cant�n. Es por ello que, la presente investigaci�n busca reflexionar la norma jur�dico-penal, partiendo desde la realidad de lege lata y propia configuraci�n del delito o tipo penal, y tambi�n desde el prisma criminol�gico del delincuente y de la v�ctima. Finalmente se ha de advertir, que el presente trabajo es producto de una investigaci�n realizada con fines de titulaci�n de Magister en Derecho y Justicia Constitucional por la Universidad T�cnica de Machala de uno de los autores.

 

Desarrollo

Luego de la labor emp�rica desarrollada en este trabajo en el lugar de los acontecimientos, esto es, en los sectores donde se produjeron los hundimientos de tierra en el Cant�n Zaruma-Ecuador, que permiti� la recogida de informaci�n que ser� objeto de discusi�n infra; y, tambi�n adem�s, dado que luego del an�lisis a la informaci�n documental constante en los expedientes judiciales sobre la meteria, se percibi� cierto desconocimiento de la dogm�tica penal respecto del delito de actividad il�cita de recursos mineros, a continuaci�n se reflexiona la regulaci�n del Art. 260 del COIP que norma el delito en cuesti�n. El siguiente an�lisis del tipo penal tiene por finalidad, exponer desde la academia, cuestiones dogm�ticas que deben ser valoradas judicialmente, a la hora del ejercicio jurisdiccional en cada caso concreto, de cara a coadyuvar en la soluci�n jur�dica de la problem�tica planteada.

 

 

El delito de actividad il�cita de recursos mineros

El Art. 260 del COIP tipifica el delito de actividad il�cita de recursos mineros, para efectos de una posterior comprensi�n de la problem�tica, en este apartado se analiza la teor�a del tipo penal de esta conducta. De ah� que, se ha de resaltar que dogm�tica y pragm�ticamente los tipos penales est�n estructurados en un doble alcance: objetivo y subjetivo. Desde esta premisa, a continuaci�n se reflexionan cada uno de los elementos estructurales de este tipo penal.

Elementos estructurales objetivos del tipo:

a)      Bien jur�dico protegido u objeto de protecci�n.

La determinaci�n del bien jur�dico protegido por la norma penal en esta clase de delitos, resulta un tema que aunque aparentemente se vislumbra sencillo, no lo es del todo en la pr�ctica. Esto por cuanto, puede que en la praxis como consecuencia de este delito se afecte un derecho particular individual o a un derecho colectivo. En este sentido y para ahondar su reflexi�n cabe cuestionarse si en el caso de la regulaci�n del Art. 260 del COIP �se est� frente a la protecci�n de un bien jur�dico colectivo o concreto? Y, adem�s, si �se trata de un bien jur�dico mediato o inmediato?

Para abordar las interrogantes planteadas, primero se partir� de un an�lisis sistem�tico de la regulaci�n penal. En este sentido, el Art. 260 se encuentra insertado en el Par�grafo Primero denominado �delitos contra los recursos mineros� que forma parte de la Secci�n Sexta denominada �delitos contra los recursos naturales no renovables�; pero esta Secci�n, a su vez, forma parte del Cap�tulo Cuarto denominado �delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama�. Todo el advertido organigrama sistem�tico, forma parte del T�tulo IV (�infracciones en particular�) del Libro Primero del COIP titulado �la Infracci�n penal�.

En la advertida estructuraci�n org�nica, asoma una primera respuesta a las cuestiones planteadas: el bien jur�dico inmediato protegido en el Art. 260 son los recursos mineros. En este sentido, se est� frente a un bien jur�dico colectivo en la medida que los recursos mineros forman parte de los recursos naturales no renovables, y por ellos entendemos a todos aquellos materiales geol�gicos que tienen inter�s econ�mico como materias primas�(Ruiz de Almod�var Sel & P�rez L�pez, 2009); por ende, desde esta perspectiva se asume que se est� frente a bienes jur�dicos colectivos. Luego, en la pr�ctica, la afectaci�n se convierte en una cuesti�n particular, en la medida que termina vulnerando derechos individuales �de una persona o de una empresa o asociaci�n�, cuando por ejemplo, el sujeto activo del delito perjudique derechos mineros leg�timamente concesionados a particulares individuales, empresas o asociaciones.�

Por otro lado, en la advertida regulaci�n asoma un bien jur�dico inmediatamente mediato: los recursos naturales no renovables. En este sentido, el bien jur�dico protegido se va afianzado, indiscutiblemente, como colectivo, pues su vulneraci�n afecta a toda la colectividad ecuatoriana.

Finalmente, tambi�n en la citada norma se vislumbran bienes jur�dicos mediatos: el ambiente y la naturaleza. Entonces, desde esta perspectiva, el bien jur�dico protegido de todas formas es colectivo en la medida que su afectaci�n influye en el colectivo estatal, esto es, la sociedad ecuatoriana en su conjunto.

La advertida reflexi�n implica de todas formas la necesidad de una conciliaci�n y no de exclusi�n de la protecci�n a particulares y al Estado ecuatoriano colectivamente considerado, m�s a�n, cuando de por medio est� la proclama constitucional y legal de protecci�n a la naturaleza y medio ambiente. De ah� que, lo que se debe considerar respecto del objeto de protecci�n de la citada norma, seg�n Su�rez L�pez, radica en la necesidad de determinaci�n por un lado, de la trascendental importancia que el medio ambiente implica para la humanidad; y, por otro lado, tambi�n, la importancia y la trascendencia que los recursos naturales implican para el Estado (2017) ecuatoriano; es decir que, la integraci�n de las categor�as de bienes jur�dicos individualistas, colectivistas y naturalistas, permiten concluir, siguiendo a Huam�n y desde una perspectiva hol�stica, que el bien jur�dico protegido en esta clase de delitos es el medioambiente�(2014).

b)      Los sujetos del delito. �

Son sujetos del delito aquellas personas naturales o jur�dicas que, o realizan un comportamiento doloso o culposo con relevancia penal; o aquellas personas naturales o jur�dicas que sufren las consecuencias de un actuar delictivo o son objeto de una infracci�n penal; es decir, son sujetos del delito aquellas personas que tienen capacidad para delinquir y aquellas que tienen la competencia para ser v�ctimas de un delito. Lo indicado permite clasificarlos en sujetos activo y pasivo.

El sujeto activo.- Generalmente se lo conoce al sujeto activo como aquella persona que teniendo capacidad penal comete un delito. En t�rminos m�s t�cnicos y desde una prima normativista, sujeto activo es aquella persona natural o jur�dica que conociendo los elementos objetivos del tipo, voluntariamente adecua de forma dolosa, culposa o preterintencional� su conducta a lo descrito en el tipo penal.

Al sujeto activo la dogm�tica jur�dico-penal ecuatoriana lo cataloga dentro de la denominaci�n gen�rica �part�cipes�, distingui�ndolo a su vez en dos categor�as agrupadas bajo las denominaciones de autor�a y complicidad; con otras letras, el sujeto activo participa en un delito como autor o como c�mplice. La primera categor�a, a su vez, se encuentra plenamente delimitada para objetos de atribuci�n de responsabilidad penal, en autor�a directa e indirecta y en coautor�a. En Ecuador, �nicamente existe diferenciaci�n de la pena entre las categor�as de autores y c�mplices; las subcategor�as de la autor�a se penan bajo la misma condici�n que la autor�a, eso s�, especificadas de modo concreto.

Por otro lado, doctrinariamente el sujeto activo es calificado en atenci�n a las exigencias de cada tipo; as�, el sujeto activo puede ser com�n o cualificado. Esta advertencia ubica frente a la clasificaci�n de delitos comunes y especiales en atenci�n al sujeto activo que interviene. De ah� que, cuando el tipo penal exija una cualificaci�n como por ejemplo, profesi�n u oficio, se estar� frente a un sujeto activo cualificado y, por ende, frente a un delito especial; empero, si el tipo no exige tal cualificaci�n, se estar� frente a un sujeto activo simple o com�n, y por ende frente a un delito com�n, en la medida que cualquier persona que lo realice podr� ser considerada sujeto activo.

Ahora bien, en el delito de actividad il�cita de recursos mineros del art. 260 del COIP, el sujeto activo no requiere una cualificaci�n especial, ya que seg�n el texto de la norma La persona que sin autorizaci�n de la autoridad (�), cometa esta clase de delitos recibir� la respectiva sanci�n penal; es decir, cualquier persona con capacidad penal puede ser considerado sujeto activo de este delito.

El sujeto pasivo.- El sujeto pasivo es la persona natural o jur�dica afectada por la comisi�n de este delito, sea de forma directa o indirecta. En el caso del presente delito, la regulaci�n vislumbra una posible victima colectiva, el Estado ecuatoriano. Luego, en el tercer p�rrafo se vislumbra tambi�n una v�ctima �naturaleza�, cuya consecuencia de la afectaci�n la sufre directamente la poblaci�n.

En el caso de Zaruma, partiendo de sujetos pasivos particulares propietarios de viviendas afectadas por los socavones producidos por la actividad il�cita de recursos mineros, se proyectan potenciales v�ctimas colectivas, barrios enteros y hasta el propio Cant�n construido sobre el cerro� en el que se practica esta clase de miner�a.

c)      las modalidades de conducta delictiva.

La regulaci�n del Art. 260 proyecta una suerte de modalidad mixta de conducta. En efecto, por un lado se vislumbra una conducta que refleja varios verbos rectores en modalidad activa; as�, acciones como la extracci�n, explotaci�n, exploraci�n, aprovechamiento, transformaci�n, transportaci�n, comercializaci�n o almacenamiento, constituyen acciones que, de forma individual o concurrente, configuran la tipolog�a de la conducta activa en esta clase de delitos. Ahora bien, por otro lado, pareciera que el tipo exige primariamente una conducta omisiva, pero no en la ejecuci�n de las actividades sobre los recursos mineros advertidas en los verbos rectores, sino en la no obtenci�n del correspondiente permiso o autorizaci�n de la autoridad competente, dice la norma.� Luego, esta aparente modalidad omisiva se proyecta como un indispensable elemento normativo del tipo, en el sentido que habr� necesariamente que remitirse a la normativa administrativa minera para establecer a qu� clase de autorizaci�n se refiere el tipo, concretamente, se ha de remitir a la Ley de Miner�a y su Reglamento.

En esencia, la omisi�n de obtenci�n de la respectiva autorizaci�n condiciona lo il�cito de la posterior actividad minera que subyace en el tipo con las diferentes formas activas expresadas en los advertidos verbos rectores. De ah� que, se puede indicar que en el presente caso se est� frente a un delito de peligro abstracto, en la medida que sanciona una conducta que se fundamenta m�s en el desvalor de la acci�n que en el resultado propiamente dicho.

Luego, en el �ltimo inciso del Art. 260 el legislador ecuatoriano introduce un tipo agravado, en el que s� condiciona la afectaci�n a un bien jur�dico particular: la naturaleza, en este caso �se est� frente a un delito de peligro concreto? Ya que se vislumbra una sanci�n a una conducta que se fundamenta tanto en el resultado de la afectaci�n cuanto en el desvalor de la acci�n �acaso estamos frente a una delito de peligro abstracto y tambi�n de peligro concreto?

En Per�, en cierto modo y con matices, a prop�sito de la regulaci�n del delito de miner�a ilegal, se proclama la necesidad de que esta clase de delito sea considerado de peligro abstracto y no solamente de peligro concreto como el que se vislumbra en la regulaci�n del Art. 307�A del C�digo Penal. As�, a decir de Ruiz & S�nchez, en la regulaci�n penal el legislador opt� por tipificarlo al delito de miner�a ilegal como delito de peligro concreto o resultado, teniendo en consideraci�n que lo que se buscaba proteger era un bien jur�dico de naturaleza supraindividual�(2018). Es decir, en Per�, conforme al citado Art. 307�A en la medida que la conducta cause o pueda causar perjuicio, alteraci�n o da�o al ambiente (sic), se configura el delito de miner�a ilegal.

Retomando el caso ecuatoriano, la regulaci�n nos ubica, entonces, frente a una suerte de delitos de peligro mixto, es decir, de peligro abstracto en el inciso primero y de peligro concreto en el inciso tercero. Ahora bien, ubicando la problem�tica en el debate dogm�tico, como sugiere Donna, lo correcto ser�a emplear la denominaci�n de delitos de peligrosidad abstracta�(2002) en el primer caso, o como prefiere Hirsch, delitos de riesgo abstracto�(Hisch, 1999); mientras que el segundo caso, en la medida que se condiciona la afectaci�n al bien jur�dico medio ambiente, siguiendo a Donna, encasillar�a dentro de los delitos de peligrosidad concreta�(2002, p�g. 22).

d)     Los elementos normativos del tipo.

Por tratarse el presente, como se ha advertido supra, de un delito de peligrosidad abstracta, entendido como tales a aquellos en que el peligro es �nicamente la ratio legis, es decir, el motivo que indujo al legislador a crear la figura delictiva�(Cerezo Mir, 2002), es decir, el peligro no es elemento constitutivo del tipo, su consumaci�n no necesariamente exige un resultado, al menos no en el primer inciso del Art. 260; dicha peligrosidad, en el caso ecuatoriano, exige el conocimiento de un elemento normativo. Este elemento normativo no es otro que la falta de autorizaci�n de la autoridad competente, por lo que, habr� de buscarse en la ley de la materia la competencia de la autoridad y lo atinente a la autorizaci�n para efectos de completar el tipo.

En efecto, la Ley de Miner�a y su Reglamento regulan lo concerniente a la tramitaci�n y los requisitos o exigencia para obtener las autorizaciones o licencias para la extracci�n, explotaci�n, exploraci�n, aprovechamiento, transformaci�n, transportaci�n, comercializaci�n y almacenamiento de los recursos mineros. En definitiva, se trata de un elemento objetivo constitutivo del tipo, que obliga a la fiscal�a a probar la no existencia de autorizaci�n para la actividad minera.

e)      La penolog�a.

El delito de actividad il�cita de los recursos mineros del Art. 260 contiene dos tipos penales (atendiendo a su clasificaci�n); un tipo b�sico, y un subordinado o derivado que a su vez proyecta dos subtipos, uno privilegiado y uno agravado.

En efecto, si por tipo b�sico se ha de entender a aquellos en los que a decir de Garc�a, la redacci�n de la norma penal contempla la totalidad de los elementos esenciales de la figura delictiva�(2019) descrita por el legislador, entonces, el primer inciso del Art. 260 del COIP constituye el tipo b�sico de actividad il�cita de recursos mineros. Luego, en el segundo inciso se evidencia la existencia de un tipo penal subordinado privilegiado, al que se lo podr�a denominar delito de minera artesanal. Finalmente, en el inciso tercero se observa la presencia tambi�n de un tipo penal subordinado, pero esta vez ya no privilegiado sino agravado.

Lo advertido respecto de la clasificaci�n de los tipos tiene trascendencia, indudablemente, en la penolog�a. En efecto, el legislador ha predeterminado tres rangos de pena en el delito de actividad il�cita de recursos mineros: a) una pena privativa de libertad de ciento a siete a�os en el caso del tipo b�sico (inciso primero); b) una pena privativa de libertad de uno a tres a�os para el caso del tipo subordinado privilegiado del delito de miner�a artesanal (segundo inciso); y, c) una pena privativa de libertad de siete a diez a�os, para el caso del tipo subordinado agravado (inciso tercero).

Adem�s de la pena privativa de libertad, a esta clase de delitos les son imputables tambi�n las penas de multa conforme a lo prescrito en el Art. 70 del COIP. En este sentido, para el caso del tipo b�sico la pena de multa fluct�a entre los doce a los veinte salarios b�sicos unificados del trabajador en general (en delante SBU); para el caso del delito de miner�a artesanal la multa fluct�a entre los cuatro a diez SBU; y, para el caso del tipo subordinado agravado, la multa fluct�a entre los veinte a cuarenta SBU.

La penolog�a advertida sugiere proporcionalidad en relaci�n primero al peligro, luego a la actividad, y finalmente al bien jur�dico protegido; es decir, a mayor riesgo o peligro de afectaci�n mayor gravedad en la pena. Esto con respecto a la persona natural.

 

La persona jur�dica sujeto activo del delito

Respecto de la persona jur�dica, en esta clase de delitos desde el a�o 2014 se contempla la responsabilidad penal de la persona jur�dica. En efecto, al Secci�n Sexta del Cap�tulo Cuarto, T�tulo IV del Libro Primero, abarca los art�culos 260, 261, 262, 262, 263, 265, 266 y 267, de los cuales el �ltimo de ellos establece que en caso de determinarse la responsabilidad penal de una persona jur�dica en los delitos regulados en dicha Secci�n, la pena �que les impondr� es la clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimiento, y una multa que oscila entre los quinientos a mil SBU. Vemos a continuaci�n, brevemente, la penolog�a que se impone por esta clase de delito a una entidad.

a)      Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos.

Consiste en una pena restrictiva del derecho de libertad empresarial, que le imposibilitar� realizar las actividades sociales que ejecutan normalmente desde sus locales o establecimientos. Si comparamos esta pena con la de prisi�n para las persona naturales, su equivalencia consiste en que �sta priva de libertad ambulante de las personas y aqu�lla priva de libertad empresarial o asociativa para el ejercicio de las actividades sociales. De ah� la necesidad de que, como sostiene Suqui, ambas clases de penas sean consideradas como penas graves y personales�(2021).

Con respecto a esta clase de pena, desde el punto de vista criminol�gico y por cuestiones de pol�tica criminal, las clausuras ser�n solamente de los locales o establecimientos de la persona jur�dica del lugar donde se cometi� el delito, puesto que las entidades pueden tener varios establecimientos o locales y la pena no necesariamente debe ampliarse a locales donde no se ha verificado el delito o donde no ha surtido efectos.

b)      Multa de quinientos a mil salarios b�sicos unificados del trabajador en general.

La multa ha sido considerada como una suerte de �pena estrella� aplicable a las personas jur�dicas. Desde el punto de vista criminol�gico y pol�tico criminal, esta pena es la que m�s de adapta a los fines preventivos para la comisi�n de delito en las entidades. De ah� que, en caso de que una empresa persona jur�dica sea penalmente responsable y condenada por la comisi�n del delito de actividad il�citas de recursos mineros, adem�s de la pena restrictiva de libertad empresarial como es la clausura, ser� condenada tambi�n al pago de multa.

c)      Criterios para determinar las penas a las personas jur�dicas por el delito de actividad il�cita de recursos mineros

Pero �bajo qu� criterios se regulan las penas de las personas jur�dicas por delito de actividad il�cita de recursos mineros? Al respecto, la respuesta la da, aunque de forma lata, el propio Art. 267 del COIP. De ah� que, se hace necesario reflexionar algunas puntualizaciones al respecto, de cara a establecer las consecuencias penales en las entidades por la comisi�n del delito en cuesti�n. �

En efecto, de la lectura del Art. 267 se desprende que para determinar la multa y los tipos de clausuras, se ha de tomar en consideraci�n la cuant�a y la reincidencia. Estas dos cuestiones ser�n, entonces, los criterios de proporcionalidad al momento de la imposici�n de las clausuras y de la multa como penas a la persona jur�dica.

El criterio de la cuant�a.- Pese a que la norma no especifica a qu� se refiere, una primera aproximaci�n ser�a a la cuant�a del da�o provocado con el delito. Si esto es as�, en la pr�ctica la situaci�n se torna compleja, en el sentido que el juzgador tendr� que analizar cada caso concreto para efectos de imponer rangos de penas (elegir entre clausura definitiva o temporal y adem�s elegir entre rango de los quinientos a mil SBU). As�, por ejemplo, cuando una persona jur�dica sin haber obtenido la autorizaci�n de la autoridad competente, comience la extracci�n de recursos mineros sobre un terreno de su propiedad �Cu�l ser�a en este caso la cuant�a por el da�o provocado? En el presente caso, la cuant�a ser�a m�nima en atenci�n a que el da�o provocado solamente se refiere a la vulneraci�n de la normativa y no a un perjuicio cuantificable en la v�ctima ya que las afectaciones por extracci�n es en el propio terreno de la persona jur�dica; de ah� que, en este supuesto particular se tendr� que considerar criterios m�nimos para la imposici�n de la pena, que en el caso de clausura ser�a la clausura temporal y la multa en el rango inferior que ser�a de quinientos SBU, esto en el tipo b�sico al igual que el tipo artesanal. Empero, en el caso de que el delito afecte a la naturaleza causando graves estragos, se proyecta ya no una cuant�a m�nima sino mayor que bien puede servir para modular la pena en clausura definitiva y en multa de mil SBU.

A la reflexi�n advertida se llega por cuanto, de un an�lisis sistem�tico en el COIP, el Art. 622.7 establece como uno de los requisitos que debe contener la sentencia contra la persona jur�dica, la verificaci�n de los da�os a terceros para poder imponer la pena, y en la medida que el da�o provocado sea considerado como la cuant�a a la que se refiere el Art. 267, lo reflexionado cobra pertinencia.

El criterio de la reincidencia.- Este criterio versa sobre la reiteraci�n de condenas por el mismo delito de actividad il�cita de recursos mineros. A esta afirmaci�n se llega de una lectura sistem�tica entre el citado texto del Art. 267 y el Art. 47.21 del COIP. Seg� esta �ltima norma que regula la reincidencia como agravante de responsabilidad penal de la persona jur�dica, habr� reincidencia cuando persona jur�dica haya sido sentenciada previamente por el mismo delito.

Los dos criterios en su conjunto permitir�n, como se ha advertido, al juzgador escoger de entre los rangos permitidos, o la clausura temporal o la clausura definitiva; y adem�s, cuantificar la multa a imponerle a la persona jur�dica desde los rangos m�nimos hasta el tope m�ximo.�

 

Elementos subjetivos del tipo

Los elementos estructurales del tipo conforme a la regulaci�n penal ecuatoriana son dolo y culpa, adem�s, en el segundo inciso del Art. 26 que recoge al dolo, asoma la figura del denominado �delito preterintencional�. Respecto del delito de actividad il�cita de recursos mineros, se proyecta una conducta solamente dolosa, contrario de lo que ocurre en otras legislaciones como la peruana por ejemplo, en la que adem�s el tipo de miner�a ilegal del Art. 307�-A-, se proyecta culposo al establecer que si el agente actu� por culpa, la pena ser� privativa de libertad no mayor de tres a�os o con prestaci�n de servicios comunitarios de cuarenta y ocho jornadas. Entonces, al menos en el caso ecuatoriano, la peligrosidad abstracta que implica la conducta del delito de actividad il�cita de recursos mineros, parece ser la que ha motivado al legislador nacional a considerarlo solamente en su expresi�n subjetiva dolosa. En definitiva, en Ecuador no existe delito de actividad il�cita de recursos mineros culposo.

Ahora bien, respecto del dolo, en las tres subespecies del tipo que se proyectan en el Art. 260, bien podr�a verificarse dolo directo, indirecto y eventual; veamos en qu� casos:

Respecto del dolo directo, no se quiere mucho esfuerzo para su determinaci�n, basta la sola realizaci�n y conocimiento del tipo objetivo por parte del sujeto activo del delito (incisos primero y segundo del Art. 260 del COIP).

De su lado, el dolo indirecto puede verificarse en el tercer inciso del Art. 260. En efecto, la comisi�n del delito de miner�a ilegal puede llegar a lesionar a la naturaleza, esto lo conoce el sujeto activo cuando emprende la ejecuci�n de esta actividad. Ahora bien, en el caso particular de Zaruma, las actividades il�citas de recursos mineros ejecutadas debajo del Cerro suelo donde se asienta la ciudad, conocida por el sujeto activo, causaron hundimientos y afectaciones al medio ambiente; de ah� que, en estos casos se proyecta un potencial dolo indirecto.

Finalmente, podr�a haber dolo eventual, cuando por ejemplo, en el primer inciso del Art. 260 el sujeto activo ejecuta la acci�n extractivista ilegal, pero la obtenci�n de minerales o metales preciosos como el oro o la plata es incierta, es decir, puede verificarse o no.�

 

Concursos o delitos conexos

Las actividades il�citas de los recursos mineros como delito puede observar concursos con otros delitos conexos como por ejemplo, el financiamiento o suministro de maquinarias para la extracci�n il�cita de recursos mineros, algunos delitos ambientales, el lavado de activos, la trata de personas, el tr�fico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci�n, el enriquecimiento il�cito, el enriquecimiento privado no justificado, el contrabando, la defraudaci�n tributaria, los delitos contra los derechos de los trabajadores, entre otros.

De los potenciales delitos advertidos, la contaminaci�n del agua es uno de aquellos que mayor peligrosidad reviste, puesto que como sostiene Huam�n:

La miner�a necesariamente requiere de agua para poder realizar sus procesos productivos. Existe en torno al agua utilizada un procedimiento para tratarla. En el caso de la miner�a ilegal, por lo general, el minero ilegal no realiza el tratamiento de las aguas que utiliza, lo cual evidentemente puede causar un da�o al medioambiente en funci�n del tipo de procedimiento utilizado�(p�g. 144).

De ah� que, dado la peligrosidad que representa esta clase de conductas, cobra trascendencia� la respuesta contundente del Estado en sede penal, de cara a proteger bienes jur�dicos fundamentales frente a la actuaciones delictivas que para obtener minerales preciosos u otros recursos mineros, a toda costa afectan un sin n�mero de bienes jur�dicos.

 

Los m�viles de la conducta delictiva en el sujeto activo del delito y las consecuencias en el sujeto pasivo

Una vez analizado el tipo penal de la actividad il�cita de recursos mineros, corresponde reflexionar los m�viles o motivos que desde la �ptica criminol�gica influyen en el sujeto activo la comisi�n del delito; as� como las consecuencias del delio en la v�ctima.

a)      Los m�viles del sujeto activo.

Como es conocido, sujeto activo es la persona natural o jur�dica que comete el delito de actividad il�cita de recursos mineros y que, al amparo de las dos formas de participaci�n, recibir� la respectiva sanci�n o sanciones descritas en el tipo. Pero, m�s all� de la necesaria determinaci�n dogm�tica y probatoria de su participaci�n en el delito, es menester conocer �qu� le impulsa a realizar el comportamiento delictivo?

En la advertencia planteada, en el delito de actividad il�cita de recursos mineros los m�viles se proyectan en la necesidad econ�mica o el r�dito que dejar� la extracci�n y comercializaci�n ilegal, sobre todo, de metales preciosos como el oro y la plata, por ejemplo. Estos m�viles o motivos han sido los que, b�sicamente, en el caso particular del Cant�n Zaruma, Provincia de El Oro, han conllevado a la reiterativa comisi�n delictiva que ha terminado por afectar la superficie del casco urbano poniendo en evidente peligro la vida se sus habitantes, inclusive, la los propios infractores.

Y es que la fiebre del oro y de la plata es una herencia que la humanidad la mantendr� en la medida del valor monetario que dichos minerales representan. Pero m�s all� de estos m�viles econ�micos, en ocasiones las necesidades humanas de supervivencia impulsan a personas a la comisi�n de esta clase de delitos. As�, por ejemplo, dentro de este grupo de personas asoman aquellas personas desempleadas que buscan y encuentran sustento en estas actividades il�citas para sostener a su familia, que por lo general practican de forma r�stica o artesanal, y de lo cual es consiente el legislador, por ello, en inciso segundo del Art. 260 del COIP contempla como un tipo derivado benigno a la miner�a artesanal. �

Fuera de lo indicado, existen tambi�n m�viles que solamente persiguen la obtenci�n de r�ditos econ�micos no necesariamente� para la subsistencia b�sica, sino y sobre todo, para prop�sitos meramente lucrativos. En este grupo de potenciales sujetos activos se encuentran empresas, y personas naturales individuales o colectivas que poseen los recursos econ�micos suficientes para la financiaci�n y/o ejecuci�n de actividades il�cita de recursos mineros. Y es que la fiebre del oro y otros metales precisos constituye uno de los principales motivos que impulsa la comisi�n de la miner�a ilegal sobre todo en empresas que operan al margen de la ley y con lamentables consecuencias en la naturaleza. En este sentido se ha llegado a sostener que: El inter�s por el oro a gran escala fortaleci� verdaderas empresas sin control, lo que determinaba su ilegalidad con las consecuencias destructivas hacia la naturaleza�(Porras Velasco & Romero Larco, 2012).

En definitiva, seg�n el trabajo emp�rico desarrollado en esta investigaci�n, se pudo determinar que los m�viles que impulsan la comisi�n de actividad il�cita de recursos mineros y, en general, miner�a ilegal, son b�sicamente las apremiantes necesidades econ�micas en familias de precarios recursos econ�micos; y, el enriquecimiento que produce la actividad minera al margen de la ley, en familias o empresas pudientes econ�micamente.�

Pero �qu� rol juega la prevenci�n del Derecho penal en la evitaci�n de la consumaci�n del delito y/o en la disuasi�n de los m�viles que motivan dicha consumaci�n? Para responder esta cuesti�n, por un lado se analizaron los expedientes penales judiciales de los �ltimos diez a�os sobre delitos de actividad ilegal de recursos mineros en el Cant�n Zaruma y zonas aleda�as, lleg�ndose a la conclusi�n que factores como el desconocimiento de la dogm�tica penal por parte de los operadores que llevaron al estancamiento procesal, as� como la posibilidad de conciliaci�n en el delito de financiamiento o suministro de maquinaria para extracci�n il�cita de recursos mineros, sumado a la falta de control estatal, permearon en los sujetos activos el respeto a la vigencia de la norma penal, fomentando considerablemente la comisi�n del delito en atenci�n a los m�viles indicados; por otro lado, en las entrevistas a los part�cipes personas naturales o jur�dicas involucradas en los procesos, se pudo concluir que �m�s apremiantes o poderosas son las necesidades econ�micas que el temor a ir a prisi�n o recibir multas�, es decir, no advert�an efectos estatales disuasorios como para optar por la no comisi�n delictual.

b)      Los efectos del delito de actividad il�cita de recursos mineros en las v�ctimas.

Antes de abordar los efectos de esta clase de delitos en las v�ctimas, es necesario contextualizar la problem�tica desde la perspectiva criminol�gica. En este sentido y en t�rminos generales, la v�ctima y el delincuente son elementos centrales en el estudio criminol�gico. Desde la perspectiva advertida, como delincuente se ha de entender a la persona que comete un delito, es decir, aquella que realiza una conducta sancionada por la ley penal, en el caso concreto, por el C�digo Org�nico Integral Penal. Dentro del an�lisis del tipo penal el delincuente es el sujeto activo del delito, que en el caso del delito de miner�a ilegal puede ser una persona natural o jur�dica, como se ha indicado l�neas atr�s. Respecto de la v�ctima, la Organizaci�n Mundial de Naciones Unidas, v�ctima es: aquel sujeto/os que hayan sufrido da�os f�sicos, psicol�gicos o emocionales, o un ataque y disminuci�n de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislaci�n penal vigente (�)�(Naciones Unidas, 1985).

En el caso del delito de miner�a ilegal, la v�ctima o puede ser un concesionario leg�timo que vea afectado su derecho por un tercero que practica la miner�a ilegal (en ese caso se est� frente a una v�ctima directa y que puede ser una persona natural, una jur�dica o una asociaci�n u organizaci�n de econom�a popular y solidaria); pero tambi�n la victima colectivamente considerada puede ser la sociedad o el Estado ecuatoriano; adem�s, dado que en Ecuador la naturaleza es sujeto de derechos, en la medida que la actividad il�cita minera llegue a afectarle, puede ser considerada tambi�n v�ctima de este delito.

En sinton�a con lo anterior, se ha advertir que las teor�as de la criminolog�a y de la victimolog�a tienen por objeto el estudio de las conductas y de las afectaciones que se presentan en el delincuente y la v�ctima del delito respectivamente. Hay que advertir, sin embargo, que la segunda forma parte de la primera, es decir, la victimolog�a es parte de la criminolog�a. En ese orden de ideas, y desde un prisma sociol�gico, por criminolog�a ha de entenderse a la disciplina que se dedica al estudio de las acciones sociales y, as� mismo, al estudio de las estructuras sociales�(Silva Garc�a, Vizca�no Solano, & Ruiz-Rico Ruiz, 2018); en tanto que, desde una �ptica del Derecho penal y entendida en t�rminos primarios y generales como un �tratado o estudio del crimen�, la criminolog�a es considerada como la ciencia emp�rica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, la v�ctima y del control social del comportamiento desviado�(Garc�a-Pablos de Molina, 1989), o como lo explican Perez, Rodr�guez & Loy, se ocupa del estudio del crimen, de los infractores, las v�ctimas y el control social del comportamiento delictivo�(2022).

De su lado, a decir de Castilleros, la victimolog�a es una disciplina cient�fica derivada de la criminolog�a que estudia a las v�ctimas de la delincuencia en las diversas fases de victimizaci�n�(Castilleros Mimenza, 2019), de ah� que, su conocimiento reviste trascendental importancia a la hora de reflexionar tambi�n desde este prisma, la problem�tica que encierra la miner�a ilegal.

Finalmente, tanto la criminolog�a cuanto la victimolog�a �entendida �sta como parte de aqu�lla�, concordando con N�jera, se ha de afirmar que el Derecho penal y la criminolog�a se tocan en un nivel emp�rico, que posibilita la aplicaci�n de una adecuada pol�tica criminal�(2014), habr� entonces que abordar, por ese lado, la posible soluci�n al problema que representa la miner�a ilegal en el Cant�n Zaruma.

Es importante considerar que las afectaciones a la naturaleza o medio ambiente producidas como consecuencia de la actividad il�cita de recursos mineros, pone en tela de juicio la efectividad en la protecci�n a los derechos de la naturaleza, que en el caso particular de Zaruma estar�an siendo vulnerados tanto por particulares cuanto por empresas mineras. Frente a ello, como advierten Soria-Maldonado y C�ceres Romero, los controles municipales y comunitarios son incesantes, convirti�ndose en una suerte de lucha diaria en la cual la naturaleza es el sujeto principal de protecci�n�(2022). Y es que los controles de parte de los gobiernos seccionales como municipios y de la propia comunidad zarume�a constituyen, por ahora, el �nico mecanismo de defensa con que, a falta de control efectivo gubernamental, cuentan los habitantes del Zaruma como se evidencia en Roman:

La comunidad no ha cesado de defender a Zaruma de la explotaci�n de oro en su subsuelo urbano, ciudad patrimonio con muchos t�tulos de honor que no le han servido. La colonia de zarume�os residentes en Quito logr� que la Comisi�n de la Biodiversidad de la Asamblea Nacional sesione en Zaruma el 15 de enero de 2020, pero no pudo hacerlo porque ocho de sus once integrantes no concurrieron a esta cita, solo enviaron a sus representantes, violando la disposici�n de su obligatoriedad de estar presentes. Por falta de quorum se limitaron a escuchar nuestras quejas. El Ministerio de Energ�a, el 12 de septiembre de 2019, expidi� el Acuerdo Ministerial 2019-050 para continuar las actividades mineras bajo la ciudad de Zaruma�(2020).

 

Conclusiones

El delito de miner�a ilegal es un tipo que, en el caso ecuatoriano, comporta una regulaci�n un tanto compleja. En tal sentido, su reflexi�n dogm�tica debe ser seriamente abordado por os operadores judiciales para evitar en unos casos impunidades y en otros para no caer en excesos punitivos

El tipo penal sugiere, dogm�ticamente la presencia de un delito de peligro abstracto, no obstante, la �ltima parte del Art. 260, esto es, el inciso tercero, proyecta una regulaci�n que visualiza un peligro concreto. Esta situaci�n �nica la discusi�n en sede pol�tica criminal y tambi�n, obviamente, probatoria, cuando se deba probar afectaciones a la naturaleza producto del delito de actividad il�cita de recursos mineros.

Entre las causas o m�viles de la comisi�n del delito asoman generalmente dos. Una asociada a las apremiantes necesidades econ�micas de personas o familias de precarios recursos econ�micos; y, otra asociada al inter�s monetario o de enriquecimiento de personas o familiar pudientes econ�micamente, o de empresas que quieren obtener mayores r�ditos a costa de practicar actividades la margen de la ley.

Finalmente, respecto de la v�ctima, en el caso particular del cant�n Zaruma, se proyectan afectaciones al medio ambiente y a viviendas familiares con eminente riesgo para la vida no solamente de las personas hasta ahora afectados, sino, inclusive, de toda� o de gran parte de la ciudad.

 

Referencias

1.      Asamblea Nacional. (25 de enero de 2021). Asamblena Nacional. Obtenido de https://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas?leyes-aprobadas=All&title=&fecha=&page=1

2.      Castilleros Mimenza, O. (01 de Septiembre de 2019). Victimolog�a: �qu� es y cu�l es su objeto de estudio? Obtenido de SIJUFOR: https://www.sijufor.org/informacioacuten-relevante-en-materia-forense/victimologia-que-es-y-cual-es-su-objeto-de-estudio

3.      Cerezo Mir, J. (2002). Los delitos de peligro abstracto. Revista de Derecho Penal y Criminolog�a, 47-72.

4.      Donna, E. (2002). Derecho Penal. Parte Especial. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni.

5.      Garc�a Cavero, P. (2019). Derecho Penal. Parte Genereal. Lima: Ideas.

6.      Garc�a-Pablos de Molina, A. (1989). La aportaci�n de la criminolog�a. EGUZKILORE, 79-94.

7.      Hisch, H. (1999). Peligro y peligrosidad. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni.

8.      Huam�n Castellares , D. (2014). El delito de miner�a ilegal: Principales aspectos sustantivos sobre el tipo base y sus agravantes. En J. (. Hurtado Pozo, & F. Mendoza Llamacponcca, Temas de derecho penal econ�mico: empresa y compliance (p�gs. 423-445). Lima: Universitas.

9.      Naciones Unidas. (29 de Noviembre de 1985). Declaraci�n sobre los principios fundamentales de justicia para las v�ctimas de delitos y del abuso de poder. Obtenido de Naciones Unidas: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse

10.  N�jera Gonz�lez, X. (2014). Criminolog�a, derecho penal y uso de monitores electr�nicos. Puntos de encuentro epistemol�gico en la protecci�n de los derechos humanos y la seguridad p�blica. IUS, 101-124.

11.  P�rez Gonz�lez, E., Rodr�guez Jorge, R., & Loy Vera, B. (2022). La aplicaci�n de la psicolog�a cl�nica en las investigaciones forenses actuales. Medicentro Electr�nica , 10-18.

12.  Porras Velasco, A., & Romero Larco, J. (2012). Gu�a de Jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Quito: CEDEC.

13.  Rom�n , J. (03 de febrero de 2020). Zaruma se hunde por la miner�a clandestina. El Universo, p�g. https://bit.ly/3fIpn4A.

14.  Ruiz Bravo, H., & Mayor S�nchez, J. (2018). La miner�a ilegal como delito de peligro abstracto en el Per�. An�lisis a prop�sito de la actividad de beneficio que desarrolla la miner�a ilegal aluvial en los cauces de los r�os. . Actualidad penal y procesal penal, 149-161.

15.  Ruiz de Almod�var Sel , G., & P�rez L�pez, R. (2009). Recursos minerales. En M. e. Ol�as �lvarez, Geolog�a de Huelva : lugares de inter�s geol�gico (p�gs. 37-47). Huelva: Universidad de Huelva, 2da Ed.

16.  Silva Garc�a, G., Vizca�no Solano, A., & Ruiz-Rico Ruiz, G. (2018). El objeto de estudio de la criminolog�a y su papel en las sociedades latinoamericanas. Utop�a y Praxis Latinoamericana, 11-31.

17.  Soria-Maldonado, F., & C�ceres-Romero, H. (2022). La miner�a legal y sus efectos en la vulneraci�n de los derechos de la naturaleza. Polo del Conocimiento, 1650-1664.

18.  Su�rez-L�pez, B. (2017). Retos de la regulaci�n jur�dicopenal de la miner�a en Colombia. Estudio del art�culo 333 del C�digo Penal colombiano. Vniversitas, 421-456.

19.  Su�rez-L�pez, B. (2017). Retos de la regulaci�n jur�dico-penal de la miner�a en Colombia. Estudio del art�culo 333 del C�digo Penal Colombiano. Vniversitas, 421-456.

20.  Suqui Romero, G. (2021). Sistema de Responsbailidad Penal de las Personas Jur�dicas en Ecuador. Recuperado el 16 de 10 de 2022, de Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=291678

 

 

 

 

 

 

 

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