���������������������������������������������������������������������������������

 

 

Medidas de seguridad para personas inimputables por adicci�n a sustancias estupefacientes y psicotr�picas

 

Security measures for people indictable for addiction to narcotic and psychotropic substances

 

Medidas de seguran�a para pessoas indiciadas por depend�ncia de subst�ncias entorpecentes e psicotr�picas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: ccuenca@utmachala.edu.ec

 

 

Ciencias T�cnicas y Aplicadas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 23 de septiembre de 2022 *Aceptado: 18 de octubre de 2022 * Publicado: 18 de noviembre de 2022

 

 

        I.            Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador.

     II.            Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador.

 

 

 

 

 

Resumen

La imposibilidad del juez de disponer alguna medida de seguridad a las personas que hayan sido declaradas en sentencia como consumidores de drogas por cuanto a�n no se encuentra establecido en nuestra normativa penal. El objetivo del presente trabajo es proponer un proyecto de reforma al C�digo Org�nico Integral Penal para el establecimiento de Medidas de Seguridad para las personas declaradas en sentencia inimputables por considerarse que tienen la enfermedad de adicci�n a sustancias estupefacientes y psicotr�picas. Se utiliz� un dise�o cualitativo � cuantitativo para analizar el fen�meno que se estudia, con m�todos como el inductivo � deductivo y el anal�tico � sint�tico para cumplir con el objetivo planteado.

Los resultados obtenidos reflejan que, existen personas declaradas en sentencia como consumidores de drogas dentro de un proceso penal por tr�fico il�cito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci�n, pero en nuestra normativa penal no existen medidas de seguridad que les permita a estas personas rehabilitarse y reinsertarse a la familia por lo que hay que profundizar en las medidas de seguridad que les corresponde desde el punto de vista legal.

Palabras claves: Inimputabilidad; Medidas de Seguridad; C�digo Org�nico Integral Penal; Adicci�n; Tr�fico; Normativa Penal.

 

Abstract

The impossibility of the judge to provide some security measure to people who have been declared in sentence as drug users because it is not yet established in our criminal regulations. The objective of this work is to propose a reform project to the Comprehensive Organic Criminal Code for the establishment of Security Measures for people declared indictable in a sentence for being considered to have the disease of addiction to narcotic and psychotropic substances. A qualitative - quantitative design was used to analyze the phenomenon under study, with methods such as inductive - deductive and analytical - synthetic to meet the stated objective. The results obtained reflect that there are people declared in a sentence as drug users within a criminal process for illicit trafficking of scheduled substances subject to control, but in our criminal regulations there are no security measures that allow these people to rehabilitate and reintegrate into the family, so it is necessary to deepen the security measures that correspond to them from the legal point of view.

Keywords: Inimputability; Security measures; Comprehensive Criminal Organic Code; Addiction; Traffic; Criminal Law.

 

Resumo

A impossibilidade de o juiz conceder alguma medida de seguran�a a pessoas que tenham sido declaradas em liberdade como usu�rias de drogas porque ainda n�o est� prevista em nosso ordenamento penal. O objetivo deste trabalho � propor um projeto de reforma do C�digo Penal Org�nico Integral para o estabelecimento de Medidas de Seguran�a para pessoas declaradas indiciadas em senten�a por serem consideradas portadoras da doen�a da depend�ncia de subst�ncias entorpecentes e psicotr�picas. Foi utilizado um desenho quali-quantitativo para analisar o fen�meno em estudo, com m�todos como indutivo-dedutivo e anal�tico-sint�tico para cumprir o objetivo declarado. Os resultados obtidos traduzem que existem pessoas declaradas em senten�a como toxicodependentes no �mbito de um processo-crime por tr�fico il�cito de subst�ncias sujeitas a controlo, mas na nossa regulamenta��o penal n�o existem medidas de seguran�a que permitam a reabilita��o e reintegra��o destas pessoas na fam�lia, pelo que � necess�rio aprofundar as medidas de seguran�a que lhes correspondem do ponto de vista jur�dico.

Palavras-chave: Inimputabilidade; Medidas de seguran�a; C�digo Org�nico Penal Integral; V�cio; Tr�fego; Lei criminal.

 

Introducci�n

Abordar el problema de la drogadicci�n partiendo de la despenalizaci�n del consumo de drogas en Ecuador ha tenido graves repercusiones en el �mbito familiar y social, increment�ndose la delincuencia en todos los barrios de nuestra ciudad, denot�ndose la inseguridad ciudadana, ya no solo en barrios perif�ricos sino hasta en el centro de la ciudad, teniendo como resultado asaltos, asesinatos, abusos sexuales sin respeto a ni�os, ni�as, adolescentes, mujeres y personas adulta mayores.

El trabajo eficiente que ofrece la Polic�a Nacional se ve truncado por cuanto luego de haber detenido a las personas que se les ha encontrado en su poder peque�as cantidades de sustancias estupefacientes y consumiendo las mismas, en las respectivas audiencias son consideradas inimputables conforme lo establece nuestra normativa jur�dica, resultando que obligatoriamente el juez que conoce del caso los deje en libertad.

La falta de obligatoriedad de disponer como medida de seguridad el ingreso en alg�n centro de tratamiento y rehabilitaci�n por adicci�n a las drogas que ofrece el Estado, para que se sometan a un tratamiento a fin de que dejen el vicio, sean reinsertados a la sociedad y puedan llevar una vida normal, libre de la adici�n a las drogas, deja un amplio campo sin resolver y peligro eminente tanto para el propio consumidor como para la sociedad.

La relevancia social y jur�dica de la presente problem�tica, resulta en torno a la importancia de la aplicaci�n de medidas de seguridad, mismas que deber�an encontrarse establecidas en nuestras normas jur�dicas vigentes, con respecto a las personas que han sido considerados consumidores en sentencia dictada por juez competente, a quienes actualmente solo se les ratifica su inocencia, se dicta la excarcelaci�n, sin disponer ninguna medida de seguridad que les permita a estas personas salir de su problema de adicci�n a las drogas.

En la presente investigaci�n, se busca analizar la respuesta del sistema penal ecuatoriano ante la inimputabilidad del autor de un posible delito al ser el mismo catalogado como una persona inimputable por su condici�n de adicto; dando a conocer las falencias reconocidas en el sistema ante la trata del problema; estableci�ndose de esta forma como objetivo el proponer un proyecto de reforma al C�digo Org�nico Integral Penal, para el establecimiento de Medidas de Seguridad para las personas que hayan sido declaradas mediante sentencia inimputables por ser considerados adictos a las sustancias estupefacientes y psicotr�picas.

 

�Metodolog�a

Durante el desarrollo de la presente investigaci�n se utilizar� la modalidad explicativa con alcances descriptivos, pues se describieron los hechos, fen�menos, caracter�sticas y elementos m�s importantes encaminados a dar mejor entendimiento de la problem�tica, todo de la mano con la aplicaci�n del paradigma socio-cr�tico por medio de visiones cualitativas al determinar las conductas relacionadas al objeto de estudio.

De la misma manera, se emplear� un dise�o de investigaci�n documental, ya que se examinar�n fuentes bibliogr�ficas y digitales, as� como tambi�n leyes, e instrumentos jur�dicos relacionados con el tema.

Referente a las t�cnicas de recolecci�n de la informaci�n utilizaremos m�todos te�ricos y emp�ricos, por cuanto se aplicar�n estrategias para la obtenci�n de la informaci�n m�s relevante, a ra�z de la experiencia, y an�lisis de temas similares a la presente investigaci�n.

Por �ltimo, respecto a las t�cnicas de an�lisis, se utilizaron tambi�n m�todos cr�ticos, hist�ricos, inductivos � deductivos, encaminados a plasmar las ideas y posturas tanto propias como de otros autores sobre la normativa jur�dica y la problem�tica planteada.

 

Resultados y discusi�n

Actualmente en Ecuador, el consumo de sustancia estupefacientes y psicotr�picas se ha incrementado considerablemente a partir de la despenalizaci�n del consumo de drogas.

Est� comprobado cient�ficamente que el uso y consumo de drogas producen graves da�os al cerebro y conducta de qui�n la consume, lo que se ve reflejado en los procesos de aprendizaje, motivaci�n, control de la memoria, as� como tambi�n en su relaci�n en �mbitos sociales, laborales.

La drogadicci�n, tambi�n reconocida como aquel �trastorno por consumo de sustancias� afecta la salud y crea una dependencia tanto f�sica como psicol�gica en el consumidor, pues cient�ficamente se ha evidenciado que cuando se hace uso habitual y por reiteradas ocasiones, las neuronas se adaptan a la misma y funcionan �nicamente con su presencia, lo que conlleva a las sensaciones de ansias y uso compulsivo de las mismas (Organizaci�n Panamericana de la Salud, 2009).

Por lo expuesto, la Organizaci�n Mundial de la Salud, ha considerado a la drogadicci�n como una enfermad cr�nica, debido a que el consumo prolongado de una sustancia produce dependencia.

 

Normativa que ha regido en Ecuador en el tema de sustancias estupefacientes y psicotr�picas

Dentro de la historia de Ecuador y su relaci�n con las drogas, en el transcurso de la historia no ha sido considerado mayoritariamente como un pa�s productor o principal participante de un mercado din�mico de sustancias; sin embargo, si es considerado un pa�s actualmente importante para el tr�fico de sustancias il�citas, derivadas del lavado de dinero (Morales Crespo, 2019).

Anteriormente la ley respecto a sustancias il�citas, ya sea tr�fico o tenencia en m�nima o gran escala era directamente sancionadora e intolerante frente aquellos actos, respondiendo a presiones sociales e internacionales; la visi�n del Estado contra las drogas fue extremadamente intolerante, con penas, excesivamente altas e irracionales, mismas que pod�an inclusive llegar a los 25 a�os, sin tenerse en consideraci�n el peso y tipo de sustancia, es decir una persona que era detenida con 1 gr. de Marihuana recib�a la misma pena que una persona detenida con 1000gr. de coca�na.

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador del 2008, se establece en su art�culo 364 que la adicci�n es un problema de salud p�blica, y en raz�n de ello, le corresponde al Estado desarrollar programas destinados a la informaci�n, prevenci�n y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotr�picas; as� como ofrecer tratamiento y rehabilitaci�n a los consumidores ocasionales, habituales y problem�ticos. En ning�n caso se permitir� su criminalizaci�n ni se vulnerar�n sus derechos constitucionales.

Con la vigencia de aquel art�culo, de marc� un dr�stico cambio del estado y su visi�n respecto a las drogas, llevando a realizar modificaciones en leyes y pol�ticas p�blicas, pues las mismas ya no eran encaminadas a combatir el narcotr�fico, sino a prevenir el consumo de drogas.

A ra�z del art�culo 364 de la Constituci�n se establece la primera distinci�n entre consumidor y traficante, otorgando el derecho de no ser criminalizados; es decir, el consumo pas� de ser considerado un delito a ser considerado un problema de salud p�blica; raz�n por la cual la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, fue considerada contradictoria ya que, si bien en su contenido recitaba el derecho a no ser criminalizado, la ley penal establec�a que la simple tenencia o posesi�n de droga (independiente del fin) era un delito en todas sus formas.

Estableci�ndose, en primer lugar, que la Salud P�blica es considerada por la Constituci�n de la Rep�blica como un bien jur�dico tutelado, ante ello el tratadista Garc�a Ram�rez, expresa que en el caso de las drogas:

�El bien jur�dico tutelado, es la salud p�blica, ya que cuando existen situaciones en com�n que se dan en una multitud de hombres congregados en una sociedad estable, un derecho individual viene a convertirse en un derecho social, com�n a todos ellos, porque efectivamente, todos las necesitan y las aprovechan, o porque un determinado n�mero de ellos puede necesitarlas o aprovecharlas.� (Garc�a, 1989)

De la misma forma se manifiesta la Corte Constitucional de Transici�n de la Rep�blica del Ecuador, en la sentencia Nro. 006-12-SCN-CC, caso Nro. 0015- 11-CN, al argumentar en el problema jur�dico �cu�l es el bien jur�dico tutelado en los delitos de narcotr�fico?, manifiesta que:

��Los delitos de narcotr�fico ( en sus diversas categor�as penales), se constituyen en delitos contra la salud p�blica y se los considera il�citos de riesgo abstracto y de consumaci�n anticipada, por lo que resulta indiferente al ordenamiento jur�dico la eventual lesi�n o perturbaci�n f�sica o ps�quica de la persona que llega a consumir la droga objeto de la tenencia il�cita, ya que este tipo de delitos el sujeto pasivo de la infracci�n t�pica-antijur�dica, no se constituye una persona concreta e individual, sino el colectivo social, sobre cuyo bienestar en salud p�blica es el objeto de protecci�n de la normativa.� (Sentencia Nro. 006-12-SCNCC, 2012)

As� como tambi�n, en segundo lugar, se establece el Estado est� en la obligaci�n de desarrollar programas de informaci�n, prevenci�n y control de tabaco y sustancias estupefacientes y psicotr�picas y brindar el tratamiento y rehabilitaci�n adecuada a estas personas adictas, y finalmente que no se podr� criminalizar a los adictos y peor a�n vulnerar sus derechos constitucionales.

De tal forma que, con el objetivo de combatir y luchar contra las drogas, dentro del C�digo Org�nico Integral Penal, se ha normado una variedad de delitos que violentan y atacan a un bien jur�dico protegido, en este caso la Salud P�blica de todo un pa�s. Siendo as�, que en raz�n de respetar lo dispuesto por la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador en su art�culo 364, y no criminalizar a los consumidores o narcodependientes, se emite la Resoluci�n Nro. 001-CD-2013, en la cual se fijan las cantidades m�ximas que ser�n consideradas para la tenencia y consumo de sustancias sujetas a fiscalizaci�n por parte de los consumidores, dej�ndose por establecido que traspasado el l�mite fijado, las personas adictas o quien atente en contra la normativa deb�a asumir la consecuencia desde su criminalizaci�n, judicializaci�n y sanci�n.

Esta idea de tenencia anula la responsabilidad del procesado, porque en la legislaci�n penal ecuatoriana no se ha legalizado el consumo de drogas, sino que se le considera un acto no punible, siempre y cuando la posibilidad de adicci�n, as� como la necesidad de prevenirla, son prioritarias sobre los problemas espec�ficos del consumo (Delgado & Muentes, 2018).

La diferencia entre el principio de �inexistencia de infracci�n� y la �no punibilidad� es clara en el art�culo 18 del COIP, donde reza: �Infracci�n penal. � Es la conducta t�pica, antijur�dica y culpable cuya sanci�n se encuentra prevista en este C�digo� (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014), Ello significa que la tenencia de sustancias estupefacientes o psicotr�picas para consumo personal constituye una infracci�n pero no se la pune, por cuanto se establece contradictoriamente un l�mite permitido en el que escapa de la sanci�n establecida en el Art. 220, inciso final, del COIP, citado anteriormente. El consumo, por su parte, si bien no debe ser criminalizado, tambi�n se enmarca en un comportamiento antijur�dico (Zaffaroni, 2011)

En un art�culo publicado por la fundaci�n Friederich Ebert Stiftung, el autor escribe en relaci�n a las tablas de tenencia:

�A trav�s de las tablas no se cuestiona el c�mo o porqu� del abastecimiento de drogas de uso il�cito. Simplemente se trata de proteger al consumidor como un sujeto de derechos en el marco del ejercicio de su autonom�a de la voluntad o del libre desarrollo personal. Por ello, nuestro ordenamiento jur�dico consagra este hecho social como una cuesti�n jur�dica y pol�tica (�)� (Paladines, 2017).

En realidad, no existe tal apreciaci�n en el cuerpo normativo ecuatoriano. No existe una interpretaci�n o norma expl�cita del que se pueda inferir que el consumo sea un derecho, que la tabla haya sido dise�ada para proteger la autonom�a de la voluntad, o que sea la base del desarrollo personal del consumidor. Tampoco el ordenamiento jur�dico ecuatoriano consagra de ning�n modo a la tabla de tenencia como una cuesti�n jur�dica y pol�tica, la cual solo es una dimensi�n secundaria a los problemas de adicci�n y prevenci�n de la adicci�n, que s� est�n en el centro de la redacci�n constitucional como problema de salud p�blica.

Sin embargo, en cuanto a la Rehabilitaci�n y tratamiento por parte del Estado ecuatoriano, para las personas adictas, es p�blico y notorio que no existen los suficientes programas de rehabilitaci�n, ya que por lo general existen entidades de rehabilitaci�n privadas, donde los costos son alarmantes y existen otros que no cuentan con permisos legales ni sanitarios que por el contrario ponen en riesgo la integridad de estas personas. En cuanto a este rol que debe jugar el Estado, en lo concerniente a la rehabilitaci�n y tratamiento de adicciones podemos evidenciar que, es posiblemente nulo, ya que los �ndices de consumo de drogas en el Ecuador siguen siendo alarmantes y siguen increment�ndose en lugar de decrecer.

La norma constitucional da las facultades a las carteras de Estado para que formulen pol�ticas p�blicas, programas, proyectos de capacitaci�n, control, prevenci�n, tratamiento y rehabilitaci�n para las personas adictas o consumidoras, o las que est�n ingresando en este mundo tan destructivo. Es evidente la falta de compromiso por parte del Estado, ya que no hay ning�n tipo de soluciones a esta problem�tica de la salud p�blica.

 

An�lisis de la Sentencia No. 7-17-CN/19 de la Corte Constitucional del Ecuador dentro del Delito de Tr�fico Il�cito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalizaci�n

Frente a la problem�tica discutida, la Corte Constitucional se ha referido mediante sentencia No. 7-17-CN/19, misma que surge a ra�z del presunto cometimiento del delito tipificado en el Art. 220 del C�digo Org�nico Integral Penal, siendo este el Tr�fico Il�cito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalizaci�n, por posibles vulneraciones cometidas durante la sustanciaci�n del proceso a derechos constitucionales contenidos en el Art. 364 de la CRE, debido a la aplicaci�n de la Resoluci�n No. 001-CONSEP-CD-2013 (reguladora de las cantidades m�ximas de tenencia de sustancias estupefacientes y psicotr�picas para el consumo personal).

El art�culo 220 del COIP proscribe �la tenencia o posesi�n de sustancias estupefacientes o psicotr�picas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la norma correspondiente no ser� punible� (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014);� frente a ello, la Corte Constitucional ha expresado que el hecho de que se supere las cantidades m�ximas establecidas no ser� constitutivo del tipo penal de tenencia o posesi�n, pues aquello no establece indicio ni responsabilidad penal. Es decir, la CC considera que, si el detenido supera las cantidades m�ximas consideradas para consumo personal, es obligaci�n de los operadores de justicia establecer con exactitud que la persona en cuesti�n, tenga la intenci�n de traficar en lugar de consumir.

Es decir, si bien la Tabla contiene los m�ximos de Tenencia en el evento en que una persona se encuentre en posesi�n de una cantidad superior a la establecida en la tabla, le corresponder� al fiscal buscar los elementos de convicci�n de cargo y de descargo a fin de que el juez los valore y resuelva conforme a derecho. Y que la presunci�n de inocencia no se desvanece por el solo hecho de superar la cantidad m�xima admisible establecida en la Resoluci�n del CONSEP, por lo tanto, en todos los casos se deber� probar la intenci�n de traficar. (Sentencia 7-17-CN/19, Causa No. 0007-17-CN, 2019)

La sentencia en cuesti�n, trae consigo ciertos cambios tanto en la justicia y sus operarios, como tambi�n en el tratamiento que debe darse por parte del Estado a los consumidores o adictos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci�n.

Partiendo de que somos parte de un Estado Constitucional de Derechos, en donde prima la supremac�a de la Constituci�n ante cualquier otra norma, y que la sentencia emitida por la Corte Constitucional respeta y sustenta jur�dicamente la supremac�a del art�culo 364 de la Constituci�n ante cualquier normativa del COIP o dem�s resoluciones. Ratificando el considerar constitucionalmente a la adicci�n de sustancias como un problema de salud p�blica y que es responsabilidad del Estado el desarrollar y aplicar los programas y tratamientos necesarios para su efectiva rehabilitaci�n.

Al hablar de una rehabilitaci�n de la drogadicci�n en los centros de privaci�n de libertad, hay innumerables estudios como por ejemplo el del Instituto Nacional de abuso de drogas de los Estados Unidos que demuestra que �una gran cantidad de detenidos no tiene acceso al tipo de servicios que necesita. Un tratamiento de baja calidad o que no se adapte bien a las necesidades de la persona puede no ser eficaz para reducir el consumo de drogas y la conducta delictiva� (NIDA, 2022) denotando as� que bajo ning�n concepto es un tipo de rehabilitaci�n a la enfermedad de la drogadicci�n el recluir a una persona consumidora y adicta en un centro de privaci�n de la libertad.

La criminalizaci�n que exist�a en nuestro pa�s, previo a la Sentencia No. 7-17-CN/19 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, para las personas adictas o consumidoras de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci�n, produc�a un alto n�mero de privaci�n de libertad de estas personas, en los centros de privaci�n de libertad de personas adultas en conflicto con la ley. Personas que por el solo hecho de encontrarse en posesi�n y en tenencia de sustancias estupefacientes y psicotr�picas para su consumo personal y satisfacer sus adicciones, ten�an que afrontar en primer lugar una criminalizaci�n y un 30 proceso de juzgamiento, en lugar de recibir una correcta rehabilitaci�n y un correcto tratamiento por parte del Estado Ecuatoriano (Altamirano N��ez, 2019); uno de los cambios m�s relevantes que contrae la aplicaci�n de la Sentencia No. 7-17-CN/19, es la descongesti�n y la disminuci�n de la poblaci�n carcelaria por consumo de drogas, ya que con la sentencia mencionada, es el deber del juzgador el determinar que el procesado en este tipo de delitos, tiene la intencionalidad y existen los elementos probatorios necesarios que justifiquen que es un traficante de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci�n, y desvirtuar por otro lado que es un consumidor de drogas, y que si bien se encontraba en posesi�n y tenencia de estas sustancias en una cantidad mayor a la establecida por la Tabla del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes Psicotr�picas, eran �nicamente para su consumo y satisfacci�n de su adicci�n . (Cevallos Garc�a, 2022)

 

 

Medidas de Seguridad en la Legislaci�n Ecuatoriana

Es significativo la cantidad de trastornos que se asocian a las adicciones y sustancias, los mismos que pueden manifestarse tanto f�sico como emocional, recordando que el Estado considera a las adicciones un problema de salud p�blica, las autoridades emiten llamados de alerta para el Estado, con la finalidad de que act�e frente a estas posibles adicciones para evitar mayores da�os.

Se ha dejado establecido que la Constituci�n de la Rep�blica considera al consumo de sustancias estupefacientes y psicotr�picas como un problema de salud p�blica y ha fijado su responsabilidad a fin de desarrollar pol�ticas p�blicas orientadas a crear programas destinados a la rehabilitaci�n de los consumidores.

Sin embargo, ha transcurrido un aproximado de 10 a�os sin que hasta la actualidad se visibilicen medidas y pol�ticas p�blicas que hagan efectiva dicha responsabilidad y participaci�n del Estado en la rehabilitaci�n del consumidor.

Si bien, se despenalizo la tenencia o posesi�n de las sustancias estupefacientes a ra�z de la entrada en vigencia del COIP y la resoluci�n emitida por la CONSEP referente a las cantidades permitidas por tenencia, no se ha establecido a�n con exactitud las medidas de seguridad que deben ser aplicadas.

Es este procedimiento el que se presenta como propuesta para el Ecuador, ante la ausencia de una t�cnica legislativa para el procesamiento del consumidor de drogas, que pueda ser incorporado en el C�digo Org�nico Integral Penal y Ley Org�nica de Prevenci�n Integral del Fen�meno Socio-Econ�mico de las Drogas y de Regulaci�n y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalizaci�n; pues si bien es cierto, el COIP aborda la medida de seguridad, su aplicabilidad es para la persona inimputable por trastornos mentales, sin incluir al consumidor de drogas, comprendido este dentro de un patr�n de conducta que se ajusta perfectamente a un trastorno de la salud.

�Dif�cilmente una persona con alg�n problema de adicci�n a las drogas o al alcohol reconocer�, primero, que tiene un problema, y segundo, que necesita de un tratamiento; por lo que dejar a su libre albedrio la posibilidad o no de someterse a un tratamiento, ser� una carga para la sociedad, debido a los problemas que acarrea y para el Estado a trav�s del sistema carcelario, que se ver� saturado de personas privadas de la libertad cuando se les criminaliza por un problema de salud; imposibilitando la inclusi�n social establecida en el art�culo 19 de la Ley Org�nica de Prevenci�n Integral del Fen�meno Socio-Econ�mico de las Drogas y de Regulaci�n y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalizaci�n como parte de la pol�tica criminal del Ecuador. (Zerpa Bonillo, Ponce Montoya, Guevara Ruiz, & Mendoza Escalante, 2021)

 

Conclusiones

Se puede afirmar que el procedimiento por consumo de drogas constituye un acontecimiento relevante para aproximarse al tema del abuso de sustancias estupefacientes o psicotr�picas, por cuanto supone la imposici�n de medidas de seguridad, destinadas a la recuperaci�n de la persona, como de la colectividad que se ve afectada por este flagelo.

�En la misma proporci�n en que el procedimiento por consumo de drogas y la aplicaci�n de medidas de seguridad son una novedad significativa, tambi�n supone un desaf�o para los jueces que deben emplearlo desde la sana cr�tica, los elementos de convicci�n y las pruebas tra�das al proceso, que les permitan aplicar su procedencia de manera inequ�voca al poder diferenciar un consumidor de un micro traficante, donde este �ltimo s� debe ser juzgado mediante un proceso ordinario que acarrea como medida de coerci�n personal la pena privativa de libertad.

Resulta oportuno que el Estado Ecuatoriano, implemente verdaderas pol�ticas de prevenci�n en el consumo �no en la criminalizaci�n de adicciones- no solo de drogas, sino de otras sustancias como el tabaco y el alcohol, que generan incluso m�s muertes que las mismas sustancias estupefacientes y psicotr�picas; as� como tambi�n considero que debe existir un real programa de prevenci�n, tratamiento, rehabilitaci�n, y reinserci�n social, mediante la educaci�n, capacitaci�n; y, acci�n comunitaria, para las personas que deseen dejar el consumo de las drogas, pues lamentablemente como se ha visto, muchos centros de desintoxicaci�n y rehabilitaci�n no cumplen con el fin para el que fueron creados, pues no cuentan si quiera con las instalaciones y mucho menos con el personal capacitado para el efecto.

Teniendo en consideraci�n que, la prohibici�n de criminalizaci�n de las personas consumidoras de drogas es un concepto utilizado en varios pa�ses de Am�rica Latina, incluso con anterioridad al establecimiento en nuestro pa�s como de medida constitucional, esto con el fin de evitar la discriminaci�n las personas pertenecientes a un grupo de atenci�n obligatoria por el Estado, pues al tratarse de sustancias estupefacientes, se observa un problema de salud p�blica.

 

 

Referencias

1.           Altamirano N��ez, G. B. (2019). APLICABILIDAD DE LA SENTENCIA NO.7-17-CN/19 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR DENTRO DEL TR�FICO IL�CITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACI�N. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.

2.           Cevallos Garc�a, V. H. (2022). EL PRINCIPIO DE PROHIBICI�N DE CRIMINALIZACI�N DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTR�PICAS: A PARTIR DE LA SENTENCIA No. 7-17-CN/19 DICTADA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. Quito.

3.           Corte Constitucional del Ecuador. (2019). Sentencia 7-17-CN/19, Causa No. 0007-17-CN. Quito.

4.           Delgado, O., & Muentes, B. (2018). El Silogismo Roto: Los Efectos Legales de la Tenencia y el Consumo de Droga en el Ordenamiento Interno Ecuatoriano. Universidad del Zulia. Obtenido de https://www.redalyc.org/journal/122/12262987003/html/

5.           Ecuador, A. N. (2014). C�digo Org�nico Integral Penal. Quito.

6.           Ecuador, C. C. (2012). Sentencia Nro. 006-12-SCNCC. Quito.

7.           Garc�a, E. (1989). Drogas, An�lisis Jur�dico del Deito Contra la Salud. M�xico D.F.: M�xico: Editorial Sistra S.A. de C.V.

8.           Morales Crespo, K. L. (2019). El incumplimiento del articulo 364 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador: criminalizaci�n al consumo de drogas. Cuenca: Universidad del Azuay.

9.           NIDA. (30 de Septiembre de 2022). Enfoques de tratamiento para la drogadicci�n - DrugFacts. Obtenido de NAtional Institute on Drug Abuse: https://nida.nih.gov/es/publicaciones/drugfacts/enfoques-de-tratamiento-para-la-drogadiccion

10.       Organizaci�n Panamericana de la Salud. (2009). Epidemiolog�a del uso de drogas en �merica Latina y El Caribe: Un enfoque de salud p�blica.

11.       Paladines, J. V. (2017). Matem�ticamente Detenidos, Geom�tricamente Condenados: La Punitividad de los Umbrales y el Castigo al Microtr�fico. Quito: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS).

12.       Zaffaroni, R. (2011). Estructura B�sica del Derecho Penal. Buenos Aires: Ediar.

13.       Zerpa Bonillo, S. M., Ponce Montoya, F. A., Guevara Ruiz, S. D., & Mendoza Escalante, P. R. (Julio-Diciembre de 2021). Propuesta para la creaci�n de un procedimiento aplicable al consumidor de drogas en el Ecuador. Caso de estudio: el procedimiento de medidas de seguridad aplicado a los consumidores en Venezuela. Obtenido de SciELO: http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v51n135/0120-3886-rfdcp-51-135-517.pdf

 

 

 

 

 

 

� 2022 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).x