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El derecho a la buena administraci�n p�blica como garant�a constitucional

 

The right to good public administration as a constitutional guarantee

 

O direito � boa administra��o p�blica como garantia constitucional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: dixonlalangui@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas ���

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 24 de marzo de 2022 *Aceptado: 29 de abril de 2022 * Publicado: 9 de noviembre de 2022

 

1. Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador.
2. Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador.

Resumen

El derecho a la buena administraci�n p�blica a favor de los ciudadanos se presenta como una serie de subderechos reconocidos a su favor, plasmados tanto en la Carta Constitucional. En el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, la Constituci�n del Ecuador aunque no establece expresamente el derecho a la buena administraci�n p�blica, consagra varios derechos a favor del ciudadanos que permiten colegir que dicho derecho est� reconocido. El principal aporte investigativo del presente trabajo versa en torno a que la buena administraci�n p�blica ense�a que el inter�s general est� inmerso en todas las actividades de la administraci�n p�blica y que existen mecanismos de defensa efectivos como la acci�n de protecci�n que permiten precautelar el efectivo goce de dicho derecho a favor de los ciudadanos.

Palabras Clave: Buena administraci�n p�blica; subderechos; derechos fundamentales; principios.

 

Abstract

The right to good public administration in favor of citizens is presented as a series of recognized sub-rights in their favor, reflected both in the Constitutional Charter. In the Ecuadorian legal system, the Constitution of Ecuador, although it does not expressly establish the right to good public administration, establishes several rights in favor of citizens that allow us to infer that said right is recognized. The main investigative contribution of this work is that good public administration teaches that the general interest is immersed in all activities of public administration and that there are effective defense mechanisms such as protection action that allow safeguarding the effective enjoyment of said right in favor of citizens.

Keywords: Good public administration; subrights; Fundamental rights; beginning.

 

Resumo

O direito a uma boa administra��o p�blica a favor dos cidad�os apresenta-se como uma s�rie de sub-direitos reconhecidos a seu favor, refletidos tanto na Carta Constitucional. No ordenamento jur�dico equatoriano, a Constitui��o do Equador, embora n�o estabele�a expressamente o direito � boa administra��o p�blica, estabelece v�rios direitos em favor dos cidad�os que permitem inferir que tal direito � reconhecido. A principal contribui��o investigativa deste trabalho � que a boa administra��o p�blica ensina que o interesse geral est� imerso em todas as atividades da administra��o p�blica e que existem mecanismos de defesa eficazes como a��o de prote��o que permitem resguardar o gozo efetivo desse direito em favor dos cidad�os.

Palavras-chave: Boa administra��o p�blica; sub-direitos; Direitos fundamentais; come�o.

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Introducci�n

El derecho a la buena administraci�n p�blica es el resultado del cambio de la visi�n del servicio p�blico en la sociedad, por cuanto desde hace muchos a�os se precautelaba el inter�s particular y con el transcurso del tiempo dicha ideolog�a cambi� ajustando la actuaci�n del Estado en beneficio de la comunidad, al promover por parte de la administraci�n la prestaci�n de un servicio objetivo de inter�s general.

En el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, la Constituci�n del Ecuador aunque no establece expresamente el derecho a la buena administraci�n p�blica, consagra varios derechos a favor del ciudadanos que permiten colegir que dicho derecho est� reconocido, as� establece en su Art. 11, numeral 9, que el Estado estar� obligado a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestaci�n de los servicios p�blicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados p�blicos en el desempe�o de sus cargos.� De esta forma, el Estado ratifica su rol garantista, consolidando a la buena administraci�n p�blica en lo esfera de lo constitucional.

El ordenamiento jur�dico infraconstitucional vigente tambi�n ha desarrollo a la buena administraci�n p�blica como un derecho de la ciudadan�a, integrando el concepto de satisfacci�n como un elemento que permite determinar si los efectos generados por las pol�ticas p�blicas y los actos del poder p�blico alcanzan la satisfacci�n del inter�s general. Adicional a ello en el art�culo 31 del C�digo Org�nico Administrativo, normativa de vigente data, se consagra el derecho a la buena administraci�n p�blica como un derecho fundamental de las personas.

Sin embargo, la actual concepci�n de esta figura jur�dica no alcanza una posici�n consolidada de su concepto, naturaleza y alcance, de tal manera que los mecanismos de defensa de los derechos sean herramientas �tiles para presentar acciones o recursos ante la administraci�n de justicia, para exigir la tutela del misma. En este sentido, el presente estudio pretende identificar los mecanismos jur�dicos para la tutela del derecho a la buena administraci�n en el �mbito de la justicia constitucional.

Bajo esta premisa, este trabajo procurar� recurrir al an�lisis doctrinario, normativo y jurisprudencial con relaci�n al objeto de estudio. De esta forma se analizar� la naturaleza y alcance de la buena administraci�n p�blica como derecho constitucional, as� como su evoluci�n normativa y su inclusi�n en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano. En este sentido, este trabajo investigativo ser� cualitativa de tipo documental, con alcance explicativo, y se aplicar� el m�todo hist�rico, documental, exeg�tico, y el de construcciones jur�dicas.

 

Desarrollo

El tipo jur�dico de buena administraci�n p�blica no puede identificarse como de un exclusivo origen, puesto que depende de los contextos hist�ricos de las diferentes sociedades y modos de comprender a esta por sus ciudadanos. Para la tratadista Julie Ponce Sol� (2014) este concepto se desarroll� a partir de los planteamientos desarrollados por los pensadores y fil�sofos S�crates y Plat�n, quienes no desarrollaron conceptos normativos u l�neas de pensamiento como formas de gobierno, sino que se apoyaban en el sustento del derecho natural para defender las teor�as que con el pasar del tiempo se concretaron en las tareas administrativas que deber�a cumplir los gobernantes y que se concretar�an en las obligaciones del Estado.

Para los autores Rodr�guez & Arana �Este derecho se inspira en los postulados de la revoluci�n francesa de igualdad, libertad y fraternidad, y promueve a la actuaci�n administrativa de servir en satisfacci�n del inter�s general.� (2012)Sin perjuicio de lo expuesto, se puede observar, como los antecedentes que han puesto en el debate jur�dico a la buena administraci�n p�blica, desde la �ptica del derecho constitucional, la suscripci�n de la Carta Europea de Derechos Fundamentales en el a�o 2000 y la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relaci�n con la Administraci�n P�blica suscrita en el a�o 2013; en estos instrumentos se ratifica a buena administraci�n p�blica como un derecho fundamental de las personas al reconocer su triple dimensionalidad, es decir, como un derecho de la personas, como una obligaci�n-garant�a del Estado, y un como un principio para el desarrollo normativo y jurisprudencial.�

De este modo se configura el derecho a la buena administraci�n p�blica a favor de los ciudadanos como una serie de subderechos reconocidos a su favor, plasmados tanto en la Carta Constitucional, en leyes y en Cartas Internacionales que contienen derechos m�s favorables para los ciudadanos a fin de frenar la arbitrariedad del Estado frente al individuo, en virtud del imperium que ejerce. (Arguello Mi�o, 2018)

En esta l�nea del pensamiento, la buena administraci�n p�blica se integra al derecho constitucional como una forma de control del poder p�blico, frente a la necesidad de racionalizar la discrecionalidad de los gobernantes en la toma de decisiones, con el objeto de evitar arbitrariedades.

En este contexto, se evidencia que la buena administraci�n p�blica no es concepto de nueva data, puesto que su discusi�n en los primeros juristas, especialmente en era del desarrollo del imperio romano, ya conceb�an la necesidad de precautelar los derechos ciudadanos frente al abuso de las arbitrariedades del monarca; es principalmente en esta forma de gobierno, destacada por la discrecionalidad de las decisiones, se requer�a la determinaci�n de l�mites que evitaran la adopci�n de disposiciones que afectaran la vida de los individuos.

Sobre este concepto, y su desarrollo en Am�rica, el tratadista V�ctor Tau Anzo�tegui (1992) explica que se desarrolla a partir del derecho hispano indiano criollo, correspondiendo en la socializaci�n de disposiciones que la autoridad competente dirig�a a todas los habitantes; estas disposiciones correspond�an a todas las materias que abarcaban sus competencias para el desarrollo de la ciudad, que se dispon�a de forma articulada para el bienestar general.

Para la tratadista Llorente Dorleta (2015), el concepto de buena administraci�n, como derecho, proviene del desarrollo del ordenamiento jur�dico indiano, y comprende una visi�n subjetiva de los gobernantes equipar�ndolos con un buen hombre de negocios, incluso como al buen padre de familia. Esta similitud a la que se refiere la autora comprende una met�fora en la que el Estado debe actuar como un buen padre de familia, entiendo que este ultimo es el que provee al hogar, y por lo tanto, el que toma las decisiones dentro del hogar.

Para el tratadista Marco S�nchez (2016),

La buena administraci�n est� relacionada con el buen gobierno por cuanto la gobernanza es una nueva forma de gobernar en donde se practica la negociaci�n, la coordinaci�n, la cooperaci�n entre los sectores de la sociedad y se enfatiza la dimensi�n social en la protecci�n de derechos fundamentales y democracia.

Lo expuesto por S�nchez comprende una forma de gobierno participativo, y especialmente protector de los derechos ciudadanos, en el se reconoce a la buena administraci�n p�blica desde una visi�n fundamental, y reconoci�ndolo como como un derecho del ciudadano, una obligaci�n del Estado y un principio para el desarrollo de las normas que comprenden a la administraci�n p�blica.

En el derecho internacional se puede observar que, a nivel normativo, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, se constituye en el primer instrumento normativo internacional que reconoce a la buena administraci�n p�blica como un derecho fundamental; as�, este instrumento establece la obligaci�n del Estado de reparar los da�os causados por la ineficiente prestaci�n de sus servicios.

Para el autor Jaime Rodr�guez Arana (2011) se�a que

el precedente m�s importante se encuentra en el Estado de Bienestar, el mismo que propugna que el Estado y los servicios p�blicos son el fin y permiten el bienestar del ciudadano, no obstante, este modelo de Estado entra en crisis cuando no cumple dichos objetivos y surge una nueva visi�n de Estado, en la cual los servicios p�blicos se constituyen en funci�n del inter�s general.

En Iberoam�rica, este derecho adquiere mayor reconocimiento a partir de la suscripci�n de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relaci�n con la Administraci�n P�blica, adoptada en la XXIII cumbre de jefes de Estado y de Gobierno realizado en el a�o 2013 en Panam�, siendo Ecuador suscriptor. En el pre�mbulo de este instrumento ya se se�ala la importancia de la buena administraci�n p�blica y su valor como instituci�n jur�dica, expresando:

La buena Administraci�n P�blica adquiere una triple funcionalidad. En primer t�rmino, es un principio general de aplicaci�n a la Administraci�n P�blica y al Derecho Administrativo. En segundo lugar, es una obligaci�n de toda Administraci�n P�blica que se deriva de la definici�n del Estado Social y Democr�tico de Derecho, especialmente de la denominada tarea promocional 3 de los poderes p�blicos en la que consiste esencialmente la denominada cl�usula del Estado social: crear las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obst�culos que impidan su cumplimiento y facilitando la participaci�n social. En tercer lugar, desde la perspectiva de la persona, se trata de un genuino y aut�ntico derecho fundamental a una buena Administraci�n P�blica, del que se derivan, como reconoce la presente Carta, una serie de derechos concretos, derechos componentes que definen el estatuto del ciudadano en su relaci�n con las Administraciones P�blicas y que est�n dirigidos a subrayar la dignidad humana.

La tratadista Laura Pautassi se�ala que el Estado de Bienestar comprende, entre otras cosas, �diversos reg�menes de transferencias sociales, o transferencias fiscales con fines considerados propios de una pol�tica social� (2003); lo expuesto, comprende una forma de organizaci�n que permita la satisfacci�n de las necesidades b�sicas de los ciudadanos que no cuentan con recursos suficientes para hacerlo de forma directa, por lo que, el Estado, como buen administrador de los recursos p�blicos, destina una parte del presupuesto y satisface de forma directa ciertos derechos catalogados como derechos sociales. De ah� que, en l�neas anteriores nos referimos a que la buena administraci�n p�blica comprende una serie de sus derechos, siendo estos, la salud, educaci�n y la vivienda, entre otros, que permiten el ejercicio de una vida digna.

De acuerdo con Luis �vila Lizan, es a partir de la vigencia de la Constituci�n de la Rep�blica del 2008 que en Ecuador se reconoce a la buena administraci�n p�blica como un Derecho. Lo expuesto comprende, entre otros aspectos, que la concepto de Estado de Derechos establece al Estado como garante de los derechos de las personas, estableciendo en ellas la titularidad de este derecho, entendiendo que las decisiones o los actos del poder p�blico generan efectos directos en la vida de las personas, por lo que su reconocimiento como derecho fundamental se transforma en una herramienta jur�dica que le permite acudir ante la administraci�n p�blica para exigir, entre otros aspectos, la adopci�n de decisiones adecuadas que permitan vivir en un estado de bienestar.

Comprendiendo que son los ciudadanos el punto central de las decisiones que adopta la administraci�n p�blica, su participaci�n en la adopci�n de estas tiene una importancia transcendental, estableciendo as� a los principios de cogobierno y participaci�n ciudadana como elementos indispensables para el funcionamiento del gobierno. Lo expuesto responde a que, toda decisi�n de la administraci�n repercute en mayor o menor medida a los ciudadanos, en este espectro, es indispensable que la administraci�n p�blica se vincule a conceptos como el de calidad y eficiencia, que forman parte de una buena administraci�n; pero que no puede alejarse del concepto de �tica p�blica, siendo esta fundamental de la actuaci�n administrativa.

Para el autor Jaime Arana la buena administraci�n p�blica es �aquella que act�a en todo caso al servicio objetivo del inter�s general�; lo expuesto por Arana comprende un concepto amplio, que abarca todas las actuaciones del Estado y de las que act�an en delegaci�n de este. Este concepto implica una concepci�n del Derecho Administrativo con relaci�n a la capacidad de adoptar decisiones, las que deber�n emitirse subsumidos a los principios reguladores como son la calidad, eficacia, eficiencia, y �tica p�blica. Al referirse al inter�s general como objetivo de la administraci�n, el autor precisa:

La Administraci�n se contempla, en efecto, como la instituci�n por excelencia al servicio objetivo de los intereses generales y �stos se definen de manera abierta, plural din�mica, complementaria y con un fuerte compromiso con los valores humanos, entonces el aparato p�blico deja de ser un fin en s� mismo y recupera su conciencia de instituci�n de servicio esencial a la comunidad. (Rodr�guez-Arana, 2012)

Por lo tanto, el principio de inter�s general se posiciona como un elemento sustancial que la administraci�n p�blica debe considerar al momento de adoptar decisiones; en este sentido, el Estado, a trav�s de sus delegatarios, debe responder a este principio garantizando una buena administraci�n, una administraci�n pensada en el ciudadano. Bajo la premisa de la inclusi�n del derecho a la buena administraci�n p�blica, la integraci�n del principio de inter�s general como elemento sustancial del mismo, se ha fortalecido el abanico de derechos fundamentales de las personas, base sobre la cual la administraci�n p�blica deber� regular su actuaci�n, constituy�ndose en una nueva herramienta de control contra la arbitrariedad de la actuaci�n estatal.

En atenci�n a las definiciones citadas, puede colegirse a la buena administraci�n p�blica, en pocas palabras, como un derecho fundamental de toda persona; lo expuesto comprende las descripciones expuestas por los autores citadas en las que se denota, como punto central, que el ser humano es el centro de las decisiones que adopten las autoridades de gobierno estatal, quienes est�n obligados a someter sus decisiones al bienestar colectivo y al inter�s general.

Ahora bien, es necesario establecer que el derecho a la buena administraci�n es un derecho fundamental, mas no es un derecho vital; en este sentido, corresponder�a identificarlo dentro del cat�logo de los derechos sociales; pero si constituye un elemento fundamental para el desarrollo, incluso para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Es necesario aclarar que la Constituci�n del 2008 no ha sido expresa al reconocer este derecho, sin embargo, ha quedado impl�cito a partir del reconocimiento de otros sub-derechos, a trav�s de los cuales se garantiza su eficacia jur�dica.

Sin perjuicio de lo expuesto, el derecho a la buena administraci�n p�blica debe entend�rselo positivizado a partir de la suscripci�n de la Carta Iberoamericana de Derechos y Derechos del Ciudadano en relaci�n con la Administraci�n P�blica, aplicando el concepto de bloque de constitucionalidad. Es necesario se�alar que el derecho constitucional ecuatoriano no hace referencia alguna a diferencias conceptuales o jer�rquicas de los derechos fundamentales y los derechos humanos, por cuanto el numeral 6 del Art. 11 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador expresamente determina que todos los derechos tienen igual jerarqu�a, por lo que les corresponde la misma protecci�n y garant�a de ejercicio.

El profesor Mariano R. Brito respecto a los derechos fundamentales se�ala que:

Los derechos fundamentales del hombre son, nada m�s, pero tampoco nada menos, que aquellas perfecciones debidas al hombre por el reclamo de su naturaleza corporal y espiritual, haci�ndolas posibles en plenitud, y que la raz�n descubre. Y el hombre, en cuanto ser, es un todo, una unidad. A esta unidad inescindible pertenecen todos los derechos fundamentales, las perfecciones que le son debidas sin que pueda ser dividido en dos o m�s partes: el hombre moral de un lado y el hombre pol�tico, o jur�dico, o econ�mico del otro. El menoscabo o insatisfacci�n de alguno de esos derechos o perfecciones debidas afectar� inevitablemente la personalidad enteriza del hombre. (Brito, 2014)

En este sentido, la buena administraci�n p�blica es un derecho fundamental en raz�n de su incidencia en la dignidad humana, permitiendo fortalecer la posici�n del ciudadano en la sociedad en relaci�n con el Estado; por lo tanto, no es indispensable que, para su reconocimiento, se desarrolle su contenido en el derecho interno, puesto que el Estado y sus delegatarios ya se encuentran obligados a su reconocimiento.

El tratadista Rodr�guez-Arana (2012) se�ala que

con dicho derecho se busca que el ciudadano deje de ser un ciudadano indefenso frente al poder que tiene el Estado, el cual ejerc�a mediante sus privilegios y prerrogativas un poder absoluto, al establecer lo que es bueno o malo para el individuo, intentando concebir de una forma m�s humana al poder surge el derecho de los ciudadanos a gobiernos y administraciones m�s justas que permitan que el servicio que brinde est� encaminado al inter�s general.

A lo expuesto por Rodr�guez-Arana, debe tambi�n considerarse la responsabilidad del Estado de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos, por lo que ser� necesario la implementaci�n de pol�ticas p�blicas dirigidas a la viabilizar el control ciudadano; y a la vez, la institucionalizaci�n del inter�s general como premisa de toda actuaci�n del Estado.

De la concepci�n de la buena administraci�n p�blica sobre la base de otros sub-derechos, la autora Beatriz Mall�n, se�ala que este derecho es �derecho-garant�a o derecho instrumental, que propicia la defensa de otros derechos� (2004). Lo expuesto por Mall�n se fundamenta en que a partir de este concepto, se protegen otros derechos de los ciudadanos relativos a la administraci�n p�blica como el de calidad y eficiencia de los servicios p�blicos.

En este sentido, el derecho a la buena administraci�n p�blica se ha constituido en un derecho fundamental, en raz�n de la incidencia que reconoce el Estado ecuatoriano para la protecci�n de los derechos ciudadanos; lo expuesto, es consecuencia de la constante necesidad de transparentar la administraci�n y el poder p�blico, de esta forma impulsar mayor reconocimiento de los derechos de los ciudadanos frente al poder p�blico, oblig�ndose este en tutelarlo y garantizarlo.

La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano tambi�n tiene una definici�n del derecho a la buena administraci�n p�blica y se�ala que es

una obligaci�n inherente a los poderes p�blicos en cuya virtud el quehacer p�blico debe promover los derechos fundamentales de las personas fomentando la dignidad humana de forma que las actuaciones administrativas armonicen criterios de objetividad, imparcialidad, justicia y equidad, y sean prestadas en plazo razonable. (Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relaci�n con la Administraci�n P�blica)

Adem�s del reconocimiento expreso que realiza a la buena administraci�n como un derecho fundamental, la Carta Iberoamericana permite establecer a la administraci�n p�blica como garante de los derechos de los ciudadanos en relaci�n con sus gobernantes, y a la vez el desarrollo de este derecho en el campo del derecho constitucional a trav�s del cual se ha determinado su alcance y su campo de acci�n.

Con la buena administraci�n p�blica se establecen l�mites al ejercicio de la discrecionalidad de la administraci�n p�blica, por cuanto impone obligaciones jur�dicas para limitar la arbitrariedad, e inclusive constituye una gu�a para los servidores p�blicos en la toma de decisiones, ya que previo a emitir una decisi�n administrativa, deber�n observar todos aquellos derechos y principios que conforman la buena administraci�n p�blica, a fin de evitar la vulneraci�n de derechos de los individuos, por tanto la buena administraci�n p�blica es empleada como instrumento en el control administrativo, considero que es importante que se limite la discrecionalidad a trav�s del derecho objeto del presente estudio, ya que el papel de la gesti�n administrativa necesariamente tiene que cambiar, pues el derecho administrativo moderno exige que se precautelen los derechos del individuo como eje central de la sociedad. (Ponce Sol�, 2014)

El derecho a la buena administraci�n p�blica supone un cambio de paradigma en la actuaci�n y control de la actividad p�blica, pues todo el actuar en ejercicio de potestades administrativas debe estar orientado a dar un servicio a la colectividad, observando criterios de eficacia, eficiencia y calidad. (Nevado-Batalla Moreno, 2009)

La calidad, como garant�a del derecho a la buena administraci�n p�blica, obliga a la administraci�n a obtener resultados que respondan de forma adecuada las necesidades del ciudadano.

 

Discusi�n

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, expresamente en lo dispuesto en el Art. 227, se�ala que �La administraci�n p�blica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarqu�a, desconcentraci�n, descentralizaci�n, coordinaci�n, participaci�n, planificaci�n, transparencia y evaluaci�n�, a la vez, el numeral 9 del Art. 11 establece que �El m�s alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constituci�n. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que act�e en ejercicio de una potestad p�blica, estar�n obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestaci�n de los servicios p�blicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados p�blicos en el desempe�o de sus cargos.�; en atenci�n a estas premisas normativas, se evidencia que el constituyente reconoce al ciudadano como centro de la actuaci�n administrativa, por lo que el Estado deber� garantizar la satisfacci�n de las necesidades de este, a trav�s de la prestaci�n de servicios p�blicos eficientes y de calidad, limit�ndose la arbitrariedad de las actuaciones.

En este contexto, la administraci�n publica con fundamento en la satisfacci�n de las necesidades de la ciudadan�a, debe atender las peticiones de sus administrados con el objeto de conocer el alcance de sus inquietudes, quejas e insatisfacciones, para que en el �mbito de sus competencias, se adopten acciones que permitan la implementaci�n de proyectos que permiten mejorar los servicios p�blicas y la satisfacci�n del inter�s general.

La �tica p�blica es una de las caracter�sticas que no se puede desvincular en ninguna forma de la buena administraci�n, puesto que refiere a la distinci�n del ser humano como premisa principal de los actos del poder p�blico. Este concepto que se adhiere a la buena administraci�n constituye un elemento indispensable para el desarrollo de una sociedad mas eficiente y responsable en el �mbito p�blico; a trav�s de ella se pretende integrar los valores morales de la sociedad con la administraci�n p�blica.

Por lo tanto, siendo intr�nseca a su existencia, no se puede hablar de una buena administraci�n en la que no se encuentre �ntimamente relacionada la pr�ctica de la �tica p�blica, lo que permitir�a una actuaci�n transparente, en la que se respete, y se haga respetar, los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a formar parte de la toma de decisiones. Es importante establecer que la medida en que la Administraci�n P�blica esta establecida depender� de la forma en que maneje sus procesos apegados a la �tica; para lo cual, es imperioso que se reestablezca la forma de concepci�n de los valores que actualmente aquejan a varios Estados, donde lo que prima es la corrupci�n.

Tampoco puede alejarse del �mbito de acci�n de una buena administraci�n p�blica el aprovechamiento y potencializaci�n del recurso humano, por lo cual la administraci�n debe impulsar el desarrollo de las competencias profesionales o t�cnicas que permita el intercambio de ideas, permiti�ndole al ciudadano aportar en la transformaci�n de su realidad; en si mismo, viabilizar la participaci�n ciudadana.

La importancia de la buena administraci�n p�blica permite que esta figura jur�dica pueda ser estudiada a partir de la visi�n de su triple dimensionalidad, es decir, como principio, derecho y obligaci�n. En este sentido, es un derecho, como se ha descrito en l�neas anteriores, que comprende la satisfacci�n de las necesidades de los ciudadanos a trav�s de la correcta prestaci�n de los servicios p�blicos, as� como la adopci�n o emisi�n de actos de poder p�blico en el que prime el inter�s general.

Es a la vez una obligaci�n que alcanza dos �mbitos de acci�n, el primero corresponde al Estado mismo, comprendiendo que le corresponde por obligaci�n la prestaci�n de servicios p�blicos que respondan a principios de eficiencia, eficacia, calidad, pertinencia, as� como el bien com�n. Por otra parte, comprende tambi�n una obligaci�n del ciudadano que abarca el cumplimiento de la ley, la promoci�n del bienestar colectivo, as� como la participaci�n en el proceso de toma de decisiones como parte de rol en el principio de colaboraci�n. De esta forma se puede observar una correlaci�n entre la administraci�n y el ciudadano que viabiliza la prestaci�n de una buena administraci�n p�blica.

Para el tratadista Joaqu�n Tornos, la buena administraci�n p�blica es

es un principio de la actuaci�n p�blica y un derecho fundamental, de este modo es un principio por cuanto contiene mandatos para la Administraci�n que permiten regular su organizaci�n interna y externa y lo entiende como un mandato de optimizaci�n, es decir como un postulado de aquello que deber�a hacer la administraci�n. (Tornos Mas, 2009)

Cabe destacar que la buena administraci�n p�blica ha sido concebida primordialmente como un principio general del derecho, sin embargo, debido a la importancia que tiene la satisfacci�n de las necesidades de la ciudadan�a, su concepci�n ha mutado de tal manera que, al entenderse a su vez como un derecho fundamental, se instrumenta a favor de los individuos como una herramienta a trav�s de la cual puede exigir la correcta prestaci�n de los servicios.

En relaci�n con el alcance del derecho a la buena administraci�n p�blica, el autor Mart�n Retortillo (2009) expresa que

la administraci�n debe resolver dentro de un plazo razonable, de igual forma tiene la obligaci�n de motivar sus decisiones, es decir establecer las razones por las cuales la administraci�n tom� cierta determinaci�n, adicionalmente este derecho incluye el ser o�do, el acceder al expediente y a los documentos y archivos. (2009)

Al reconocerse a la buena administraci�n p�blica como derecho inherente al ser humano, le permite exigir la prestaci�n de servicios, sino tambi�n su tutela tanto en sede judicial como administrativa.

A pesar de que pueda analizarse a esta figura desde la una triple dimensionalidad, en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, en el catalogo de derechos establecidos en la Constituci�n de la Rep�blica, y la identificaci�n de este a partir del desarrollo normativo expuesto en el C�digo Org�nico Administrativo, se puede afirmar que en Ecuador no se reconoce a la buena administraci�n p�blica como un principio, pero si se desarrolla como un derecho fundamental.�

 

Resultados

Bajo las premisas expuestas, se puede determinar las principales caracter�sticas de la buena administraci�n p�blica, destacando en primer momento a la persona como eje central de las decisiones estatales, la participaci�n ciudadana y la �tica p�blica. En relaci�n con la primera caracter�stica, la centralidad de la persona como premisa en la adopci�n de decisiones, refiere a que una buena administraci�n p�blica viabiliza el cumplimiento de los objetivos propias de las democracias, que comprende de forma esencial, la satisfacci�n de las necesidades de la ciudadan�a. Bajo esta premisa, se puede colegir que las decisiones de los poderes p�blicos se legitiman en la medida en que permite la satisfacci�n de las necesidades de su colectivo.  

Debido a lo expuesto, los ciudadanos act�an como entes del control de las pol�ticas adoptadas toda vez que estas deben responder al inter�s general, por lo cual deber�n ser administradas de tal forma que permita el desarrollo de ser humano de forma libre. Para atender lo expuesto, la administraci�n p�blica debe considerar la apertura a la realidad y la experiencia como factores determinantes para adoptar decisiones; lo expuesto, abarca como elemento de la toma de decisiones a las circunstancias sociales, pol�ticas y culturales de la comunidad.  

En relaci�n con la participaci�n ciudadana, corresponde a una tarea de promoci�n de la participaci�n por parte del Estado, comprendiendo que el centro del trabajo es la ciudadan�a, sus necesidades, problemas y la visi�n que tienen sobre la direcci�n que debe tomar la administraci�n y que guardan relaci�n con aspectos culturales y sociales. En este sentido, se puede observar que en el derecho constitucional ecuatoriano la participaci�n ciudadana es un eje transversal, por lo cual se han establecido diferentes mecanismos de participaci�n para hacer efectivo el mismo. Es preciso resaltar que los diferentes mecanismos como veedur�as, comisiones ciudadanas, la silla vac�a, entre otros, buscan promover la participaci�n de toda la ciudadan�a, por lo que la implementaci�n de los mecanismos debe evitar que solo ciertos grupos formen parte de la toma de decisiones, sobre todo en los asuntos de inter�s general.

La participaci�n de la ciudadan�a en la toma de decisiones implica poner al debate las principales decisiones que debe adoptar la administraci�n p�blica, para el efecto, debe considerarse la aplicaci�n de la metodolog�a del entendimiento, que comprende el posicionamiento de las necesidades de la ciudadan�a como objetivo, de tal forma resulta viable la suscripci�n de acuerdos que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas. Lo expuesto, parte de la premisa en que el ciudadano es mandante de la administraci�n, por lo que es indispensable que los funcionarios responsables rindan cuentas de las decisiones que emiten, su impacto, y su forma de ejecuci�n.

Para efectos que la soluci�n mediata o inmediata de las necesidades de la ciudadan�a se vean reflejadas en las decisiones adoptadas, es necesario que la administraci�n mantenga receptibilidad, de tal manera que pueda captar las inquietudes de las personas y diferentes grupos sociales, permiti�ndose un dialogo real, abierto y concreto, de tal manera que se genere un impacto positivo en la realidad en la que se desenvuelven los ciudadanos. 

 

 

Conclusiones

En atenci�n a lo expuesto, se puede concluir:

En virtud de lo establecido en el numeral 9 del Art. 11 y el Art. 227 de la Constituci�n de la Rep�blica, y lo establecido en el Art. 31 del C�digo Org�nico Administrativo, la buena administraci�n p�blica se consagra como un derecho fundamental, teniendo como titular de este a la ciudadan�a, constituy�ndose en una herramienta jur�dica para que el ciudadano puede defenderse del uso arbitrario de los poderes p�blicos. Debe tenerse en cuenta que el desarrollo normativo infra constitucional no ha establecido lo que debe entenderse como buena administraci�n p�blica, por que lo su concepci�n se sujeta a lo establecido en los instrumentos internacionales.

La concepci�n doctrinaria de la buena administraci�n p�blica permite entender a esta como un derecho subjetivo a trav�s del cual los ciudadanos se encaminan a la satisfacci�n de sus pretensiones en cuanto estas sean legitimas, y sean concebidas desde la base del inter�s general, que comprende una de las premisas principales a considerar al momento de emitirse los actos administrativos. Requiere, por lo tanto, una correlaci�n entre el ciudadano y la administraci�n, en el que el ciudadano adopta una posici�n mas propositiva; por su parte, los servidores deber�n mantener una actitud mas emp�tica a la realidad de la ciudadan�a, debiendo aplicar de forma esencial el principio de indubio pro administrione y la normativa de derecho interno e internacional, m�s favorable al ciudadano, a fin de que se atiendan sus necesidades.

A partir de la suscripci�n de la Carta Iberoamericana se observa que de forma expresa se reconoce el derecho a la buena administraci�n p�blica, en el caso ecuatoriano, su aplicaci�n se sujeta a la concepci�n del bloque de constitucionalidad a partir del cual se reconoce la vigencia de otros derechos mas favorables; lo expuesto comprende la concepci�n de jerarqu�a normativa describa en el Art. 425 de la Constituci�n de la Rep�blica.

La concepci�n doctrinaria que se ha desarrollado en relaci�n con la buena administraci�n p�blica permite observar una relaci�n m�s estrecha entre la administraci�n y el administrado, en el que este ultimo adopta mayor protagonismo, tanto en su participaci�n en la toma de decisiones, como siendo el objeto central sobre el cual deben adoptarse, estableci�ndose como una obligaci�n de la administraci�n la de atender el inter�s general y propender al bienestar colectivo. En este sentido, es indispensable que la administraci�n p�blica adopte una posici�n menos legalista en su actuaci�n, y se sujete a los principios del derecho constitucional que le permita tutelar de forma adecuada los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a recibir servicios p�blicos de calidad.

 

Referencias

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