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Vulneraci�n de los principios constitucionales de igualdad, inmediaci�n, publicidad, contradicci�n, en el debido proceso a las partes intervinientes en las audiencias telem�ticas, al momento de producir la prueba documental

 

Violation of the constitutional principles of equality, immediacy, publicity, contradiction, in due process to the parties involved in the telematic hearings, at the time of producing the documentary evidence

 

Viola��o dos princ�pios constitucionais da igualdade, imediatismo, publicidade, contradi��o, no devido processo legal �s partes envolvidas nas audi�ncias telem�ticas, no momento da produ��o da prova documental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: hugo.ramirez.60@est.ucacue.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 23 de septiembre de 2022 *Aceptado: 18 de octubre de 2022 * Publicado: 02 de noviembre de 2022

 

 

        I.            Estudiante de Posgrado, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

      II.            Docente de Posgrado, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

Resumen

En Ecuador, las audiencias telem�ticas se han venido ejerciendo en tanto los casos incurran en las excepciones contempladas en la normativa vigente que faculte su uso; hoy es una de las principales formas de ejercicio judicial, priorizando y llegando la modernizaci�n, obligada por la emergencia sanitaria por la Covid-19. En este sentido, se autoriz� el trabajo de forma virtual denominado �teletrabajo� mediante resoluci�n Nro. 045-2020 del Consejo de la Judicatura.

A estos laudos se los puede considerar como una respuesta frente a la situaci�n actual de nuestro pa�s; aunque hay que estar consciente que esto ha provocado distintas consecuencias como, la afectaci�n a los principios y derechos constitucionales al momento de producir la prueba documental.� En el presente art�culo se abord� la tem�tica desde un an�lisis bibliogr�fico, teniendo como base fundamental la jurisprudencia y la doctrinaria emitida en los �ltimos a�os producto de la pandemia del Covid-19 se ha logrado verificar mediante los resultados�� de la investigaci�n que, ha existido inconsistencias, que han sido objeto de debate por mucho���� tiempo; y como tal hay esta concordancia en la violaci�n de los principios de publicidad, contradicci�n, e inmediaci�n, en el momento procesal oportuno de producci�n de la prueba documental en audiencias telem�ticas. Las posibles soluciones se debaten entre lo t�cnico - legal, con el an�lisis de la normativa, que enfoca las inconsistencias.

Palabras clave: Vulneraci�n; Principios constitucionales; Debido proceso; Audiencia, telem�tica.�

 

Abstract

In Ecuador, telematic hearings have been exercised as long as the cases incur in the exceptions contemplated in the current regulations that authorize their use; today it is one of the main forms of judicial exercise, prioritizing and reaching modernization, forced by the health emergency caused by Covid-19. In this sense, work virtually called "telework" was authorized by resolution No. 045-2020 of the Council of the Judiciary. These awards can be considered as a response to the current situation in our country; although we must be aware that this has caused different consequences, such as the impact on constitutional principles and rights at the time of producing the documentary evidence. In this article, the subject was addressed from a bibliographical analysis, having as a fundamental basis the jurisprudence and the doctrine issued in recent years as a result of the Covid-19 pandemic, it has been verified through the results of the investigation that there have been inconsistencies , which have been the subject of debate for a long time; and as such there is this agreement in the violation of the principles of publicity, contradiction, and immediacy, at the appropriate procedural moment of production of the documentary evidence in telematic hearings. The possible solutions are debated between the technical - legal, with the analysis of the regulations, which focuses on the inconsistencies.

Keywords: Violation; Constitutional principles; Due process; Hearing, telematics.

 

Resumo

No Equador, as audi�ncias telem�ticas t�m sido exercidas desde que os casos incorram nas exce��es previstas na normativa vigente que autoriza seu uso; hoje � uma das principais formas de exerc�cio judicial, priorizando e alcan�ando a moderniza��o, for�ada pela emerg�ncia sanit�ria provocada pela Covid-19. Nesse sentido, o trabalho virtualmente denominado �teletrabalho� foi autorizado pela resolu��o n� 045-2020 do Conselho Judici�rio. Estes pr�mios podem ser considerados como uma resposta � situa��o atual do nosso pa�s; embora devamos estar cientes de que isso trouxe consequ�ncias diversas, como o impacto nos princ�pios e direitos constitucionais no momento da produ��o da prova documental. Neste artigo, o assunto foi abordado a partir de uma an�lise bibliogr�fica, tendo como base fundamental a jurisprud�ncia e a doutrina emitida nos �ltimos anos em decorr�ncia da pandemia de Covid-19, verificou-se atrav�s dos resultados da investiga��o que houve foram inconsist�ncias, que t�m sido objeto de debate h� muito tempo; e como tal h� este acordo na viola��o dos princ�pios da publicidade, contradi��o e imediatismo, no momento processual adequado de produ��o da prova documental em audi�ncias telem�ticas. As poss�veis solu��es s�o debatidas entre o t�cnico-jur�dico, com a an�lise da normativa, que incide sobre as inconsist�ncias.

Palavras-chave: Viola��o; Princ�pios constitucionais; Devido Processo; Audi��o, telem�tica.

 

Introducci�n

Los medios tecnol�gicos han causado cambios significativos en la humanidad; los sectores laborales han aprovechado las ventajas brindadas por los mismos, sin quedar exenta la Funci�n Judicial de Ecuador. La complejidad de generar un cambio en los sistemas judiciales, est� vinculada con las garant�as y leyes vigentes, y c�mo �stas muchas de las veces pueden resultar anacr�nicas a causa de los constantes cambios en nuestra sociedad, de donde percibe la necesidad de que exista tambi�n una firme actualizaci�n y aplicaci�n de conocimientos tecnol�gicos.

Particularmente, la comunicaci�n relacionada con los recursos tecnol�gicos disponibles en la actualidad, es un punto que se estudia desde diferentes materias en el marco relaci�n jur�dica, con el objeto que prevalecer el principio a la seguridad jur�dica en con la prueba documental, testimonial y pericial, a fin de producir y utilizarla de manera adecuada, en que las partes est�n conformes, sin que tengan dudas de la veracidad de su contenido. Ahora bien, si el avance que se ha tenido en materia de justicia y su aplicaci�n ha sido demostrativa en las audiencias que se efect�an de forma telem�tica, pasando por los complejos sistemas de justicia herm�ticos de la antig�edad, a un sistema de mayores garant�as basadas en la oralidad; es tambi�n cierto que todav�a existen muchos aspectos que se deben ir mejorando y adecu�ndose a las nuevas exigencias, consecuencia del acelerado evolucionar tecnol�gico dado en las �ltimas d�cadas.

El presente art�culo se esgrime en un tema actual, referente a las audiencias telem�ticas en la fase de producci�n de la prueba. Cabe recalcar y puntualizar que, no se parte desde una preconcepci�n orientada a desechar el uso de la audiencia telem�tica, ya que este recurso sin duda ha sido una opci�n que ha permitido la reducci�n de la carga procesal, y������ hacer frente a los contagios de esta pandemia por lo tanto, se plantea un an�lisis cr�tico, doctrinal y jurisprudencial, referente a las falencias existentes en las audiencias que se llevan a cabo de esta manera, puesto que no se produce la prueba documental con aplicaci�n a los principios y derechos constitucionales dispuesto en la normativa.

Cabe considerar que, todo sistema que se empieza a poner en pr�ctica, deber� atravesar por un per�odo de transici�n, en el que se podr� detectar el requerimiento de un proceso de perfeccionamiento, considerando esto a fin de cumplir con las garant�as contempladas para un debido proceso. Se infiere, esta conclusi�n del documento emitido por la Corte Nacional de Justicia, titulado �Protocolo para la realizaci�n de audiencias virtuales�, como respuesta a la emergencia sanitaria generada por COVID � 19, con el objeto de brindar atenci�n en el sistema de justicia y retomar paulatinamente sus actividades.

La Corte Nacional de Justicia (2020) en dicha documentaci�n tambi�n se�ala que:

Se hace un llamado a las partes procesales y usuarios en general a ser comprensibles de los nuevos retos que este salto tecnol�gico significa para la administraci�n de justicia en el Ecuador frente a esta nueva realidad judicial que vive el pa�s y el mundo (p.2).En este precepto que nos ofrece la Corte, da conocer que los errores, falencias y limitaciones no est�n descartadas de los sistemas aplicados. Es importante indicarte que, la situaci�n de emergencia sanitaria que vivimos en la actualidad, no es el �nico factor que ha generado controversia en cuanto a las audiencias telem�ticas, sobre todo si se tiene en cuenta que ya se han venido aplicando con anterioridad en ciertos casos, la mayor parte de ellos vinculados con las audiencias penales, incluso �acorde�� al informe del Consejo de la Judicatura, entre los a�os 2013-2016 se realizaron un total de 21.323 audiencias telem�ticas� (Garc�a, 2016).

En este sentido, han surgido una serie de investigaciones que abordan la problem�tica de las audiencias telem�ticas y su err�nea producci�n de la prueba documental, visibilizando c�mo estas en su aplicaci�n pueden afectar las garant�as del debido proceso vinculadas sobre todo con el derecho a la defensa; vulnerando los principio de publicidad, contradicci�n, e inmediaci�n, es as� que Palacio del Pino (2019) y Balda (2016) concuerdan que el uso de estos mecanismos puede incurrir en pr�cticas inconstitucionales sin que se cubran de legalidad.

La vulneraci�n de las garant�as constitucionales implica la necesidad de profundizar desde el estudio jur�dico y doctrinal cada uno de estos principios que se consideran transgredidos en las audiencias telem�ticas dentro de la fase de producci�n de prueba. Los sistemas de justicia no est�n dirigidos a la persona en concreto, sino de investigar la problem�tica a fin de hacer notar la verdad de los hechos, de forma imparcial, es por ello que concordando con Benavides (2017) se�ala que, es razonable tener en cuenta que en un proceso justo se brinda garant�as que gozan de las partes procesales en un litigio.

En este sentido, surge el planteamiento de saber �c�mo la audiencia telem�tica puede afectar al debido proceso en la producci�n de la prueba?, de donde se desprende el objetivo del art�culo, que comprende analizar los efectos jur�dicos sobre las audiencias telem�ticas en la aplicaci�n de los principios constitucionales de publicidad, contradicci�n, e inmediaci�n en el debido proceso en el momento de producir la prueba documental.

 

Marco te�rico

En primer lugar, es menester iniciar con el concepto que nos ofrece Guillermo Cabanellas de Torres (2012) sobre la palabra �audiencia� que es proporcionada en el Diccionario Jur�dico Elemental de su autor�a. Audiencia: �Significa el acto de o�r un juez o tribunal a las partes, para decidir los pleitos y causas; o tambi�n se denomina audiencia el propio tribunal, cuando es colegiado, y el lugar donde act�a� (p.32).

Por otro lado, en cuanto al significado de �telem�tica� se entiende que convergen dos tecnolog�as las Telecomunicaciones y la Inform�tica, las cuales se han ido desarrollando independientemente. La inform�tica ofrece ordenadores y programas cada vez m�s potentes y con mayor capacidad de procesamiento; y, las telecomunicaciones aportan la mejora de la tecnolog�a y cobertura de sus redes de comunicaci�n para la transmisi�n de voz, datos e im�genes. Actualmente el desarrollo alcanzado en los sistemas de telecomunicaci�n que han permitido que una misma informaci�n sea accesible a un gran n�mero de personas est� cambiando radicalmente la forma de vida.

En este sentido, las ventajas que existen sobre el uso de los medios telem�ticos en las audiencias virtuales, son las de brindar celeridad y agilizar la realizaci�n de estas, ofrecer un almacenamiento de las audiencias, mejor y necesaria seguridad de quienes intervienen en las mismas, esto puesto que no tendr�n que acudir a un recinto judicial, evitando de esta manera tener contacto con otras personas reduciendo notablemente el riesgo de contagio, la optimizaci�n de todos recursos tecnol�gicos que posee el �rgano judicial y estatal. De tal manera, en esta l�nea se puede afirmar que: �Solo el 10% de los equipos tecnol�gicos es usado, de igual manera al ser virtual y por medio de plataformas globalizadas se puede acceder desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de requerir la asistencia presencial de las partes procesales� (Arellano, Cora, & Sucunza, 2020).

En efecto, se brinda esta informaci�n a fin de tener clara la noci�n de la importancia y utilidad que se le puede dar a los medios tecnol�gicos; esgrimi�ndonos a la materia judicial en la actualidad ha cobrado relevancia, porque se ha llevado a cabo audiencias telem�ticas, sin necesidad de estar presentes f�sicamente en una sala de audiencia. Sin embargo, a pesar que se reconoce este crucial mecanismo como una herramienta de trabajo para administrar justicia por medio de la misma, no estamos de acuerdo en que se violen los principios constitucionales antes mencionados, ya que no se considera pertinente, ni justo para ninguna de las partes.

En este punto, es importante referirse a las desventajas que se puede evidenciar en las audiencias telem�ticas, una situaci�n se da� por ejemplo cuanto en� la producci�n o entrega de pruebas, evidentemente se puede afirmar que no se desarrollan de la misma manera que en forma presencial, esto porque no se requiere el documento f�sico para poder verificar y constatar que es documentaci�n original y no ha sido alterada, podr�a ser consecuencia de una����������������������������������������� falsificaci�n emitida mediante falacias y mala fe.

Otra desventaja como tal, radica en la estabilidad de los servicios de internet; otro inconveniente puede surgir por problemas de audio, esto surge intermitentemente; sin embargo, estos podr�an considerarse problemas superables, con un adecuado manejo de la tecnolog�a enmarcado dentro de la legalidad de un proceso sin vulnerar principios y ni mucho menos derechos en la fase de producci�n de la prueba.

En consecuencia y con lo antes mencionado, es indispensable iniciar por examinar el concepto del debido proceso, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) dispone en su Art. 69:

El sistema procesal es un medio para la realizaci�n de la justicia. Las normas procesales consagrar�n los principios de simplificaci�n, uniformidad, eficacia, inmediaci�n, celeridad y econom�a procesal, y har�n efectivas las garant�as del debido proceso. No se sacrificar� la justicia por la sola omisi�n de formalidades. (p.34)

Iniciando con esta premisa, se entiende entonces que todo proceso que no cumpla con los principios contemplados en la Constituci�n y dem�s normas legales, transgrede el principio al debido proceso. Desde la doctrina, el debido proceso ha sido definido por un sin n�meros de autores; se trae a menci�n algunas conceptualizaciones como: �El debido proceso es un derecho fundamental en el que concentran una serie de principios que engloban al debido proceso en algo aparentemente complejo e integrado estrictamente en un bloque constitucional ya que parte de las garant�as de este instrumento� (Agudelo, 2015).

Un acercamiento conceptual m�s completo, es el ofrecido por Rodr�guez (2013), quien explica que el derecho al debido proceso es aquel que busca confirmar la legalidad y correcta aplicaci�n de las leyes dentro de un marco de respeto m�nimo a la dignidad humana, en cualquier tipo de proceso, entendido este como aquella actividad compleja, progresiva y met�dica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado ser� el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto.

El autor Prieto (2003) para ahondar este concepto, parte de la imperiosa necesidad de distinguir los t�rminos proceso y �debido proceso�. Es as�, el escritor indica que la noci�n de proceso es ajustable incluso en un sentido no jur�dico, y hace una rese�a �(�) serie o cadena de actos coordinados para el logro de un fin jur�dico�. (p.). De forma determinada, el debido proceso hace referencia a la investidura de derechos fundamentales. El t�rmino debido, enfoca lo correcto, y adecuado para sintetizar un acto; es preciso indicar, se remite a un sin n�mero de principios; por ende, no puede prescindir de una serie de principios que se enmarcan en lo que se ha de considerar �debido�, de acuerdo al proceso que se lleve a cabo.

En las contiendas legales, los principios necesarios para garantizar como algo debido, han desarrollado desde las supuestas vulneraciones que han surgido. Estos autores revelan que el debido proceso es el derecho ciudadano que se tiende a ser valorado en un proceso �(�) libre de ilegalidades que pudieran ser cometidas por parte de los �rganos estatales� (L�a, J., & Luzarraga, R, 2018).

Cabe indicar, que la discusi�n sobre los principios que rigen el debido proceso es actual, sin embargo, parece claro que los puntos convergentes tienen que ser en un ambiente de debate, pudiendo puntualizar.

Exista una dualidad de posiciones cuya concreci�n formar�a parte en el enunciado; la existencia de un verdadero proceso requiere necesariamente de dos posiciones son partes, contrapuesta; sin�� esa dualidad no existir� un verdadero proceso. Respecto a la contradicci�n o audiencia se trata de un principio general del derecho, consiste en que nadie puede ser condenado sin antes ser escuchado y vencido en �juicio�. Si bien es cierto es una parte fundamental que se denomina derecho de defensa, que deber� ser articulado t�cnicamente de diferente forma para los procesos informados por el principio especifico de oportunidad o para aquellos que lo son por el de necesidad.

Seg�n el escritor Zabaleta (2017) el principio de contradicci�n se presenta cuando las partes contradicen las afirmaciones, pretensiones o pruebas presentadas por la contraparte, se brinda oportunidad igual a las partes de participar efectivamente en la relaci�n dial�ctica, en la actividad de administraci�n de justicia, este m�todo de igual oportunidad de acci�n y de contradicci�n es el que debe seguirse para buscar la verdad material en el proceso.

La Igualdad de las partes: Cuya existencia garantizar� que todas las partes dispongan de igualdad de medios para defensa de sus respectivas posiciones; lo que se debes entender en este lugar, no es que las partes son iguales pues no lo son (espec�ficamente si consideramos al Estado u otra administraci�n p�blica en su actuaci�n con el acusado en el proceso penal, pero tambi�n existen desigualdades por circunstancias de hecho, econ�micas, culturales, etc.) sino que en virtud de la igualdad quedar� autom�ticamente proscrito las posibilidades de la existencia de privilegios para algunas de ellas.

En la tutela efectiva e imparcial las partes procesales tienen derecho a exigir la misma en los procesos, y tienen derecho a su acceso libre, con objeto de que la justicia y el debido proceso se garantice, m�s all� de la consideraci�n de quienes juzgan, sino bajo el control de entidades de coerci�n y quienes tengan la potestad de exigir restaurar la justicia, en caso de encontrarse inconsistencias, a fin de evitar su posible vulneraci�n.

Respecto de la inmediaci�n procesal, la exigencia de comunicaci�n directa con el juez, partes procesales y elementos del proceso, espec�ficamente la prueba que ser� introducida, con el fin de producirla en su momento bajo los principios constitucionales.

Para Cabanellas, inmediaci�n es un �principio de derecho procesal encaminado a la relaci�n directa de los litigantes con el juez, prescindiendo de la intervenci�n de otras personas� (Cabanellas de Torres, 2012). Lo que constituye el medio de que el magistrado conozca personalmente a las partes y pueda apreciar mejor el valor de las pruebas, especialmente de la testifical, ya que todas ellas han de realizarse en su presencia. La inmediaci�n a m�s de constituir uno de los principios fundamentales del sistema oral y de la actividad probatoria, implica:

Un contacto directo entre el juez, las partes, terceros intervinientes y las pruebas, a fin de permitir la soluci�n m�s adecuada y depuraci�n m�s precisa de los hechos, lo que permite la observancia de los principios de la convicci�n racional del juez, de la inmediatez, de la publicidad, de la concentraci�n y del incremento de los poderes instructores del juez (Mart�nez & D�az, 2009).

- Celeridad seg�n la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009): el principio de celeridad se da cuando se intenta limitar el proceso a las etapas, plazos y t�rminos previstos en la ley, evitando dilaciones innecesarias. Por otro lado, el autor Cepeda menciona que la celeridad es un �principio que demanda la eficacia y eficiencia del sistema judicial�, es decir, que un proceso se llevar� a cabo en plazos razonables y se garantizar� en todas las partes del proceso, las medidas que demanden menor cantidad de tiempo, sin afectar otros principios; en consecuencia, todo el proceso tiene sus t�rminos para su libre desarrollo, sin que esto sea una limitaci�n al derecho de la defensa.

- Publicidad: El principio de publicidad permite que terceros conozcan la intervenci�n de los sujetos procesales, peritos y testigos y la resoluci�n del juzgador con el fin de fortalecer la transparencia en las decisiones judiciales. En cuanto a este principio existe una pluralidad de normas tanto a nivel estatal como internacional que hacen menci�n y reiteran el principio de publicidad procesal como elemento determinante del Estado de Derecho.

A nivel internacional, encontramos el art. 6. 1o y 3o a) de la Convenci�n Europea para la protecci�n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, al declarar que toda persona tiene derecho a que su causa sea o�da de una forma equitativa y p�blica dentro de un plazo razonable por un Tribunal imparcial, y debi�ndose pronunciar la sentencia de forma igualmente p�blica, pero a�adiendo que podr� ser prohibida �en inter�s de la moralidad, del orden p�blico o de la seguridad nacional en una sociedad democr�tica", o bien cuando lo exija la protecci�n de los intereses de los menores, la tutela de la vida privada de las partes intervinientes en el proceso o, en fin, cuando la publicidad pudiese ser perjudicial para los intereses de la Justicia (CEDH, 1953); mientras que a nivel estatal la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009) establece que este principio supone: �los procedimientos previstos en la ley ser�n p�blicos, sin perjuicio de las medidas especiales que tome la jueza o juez para preservar la intimidad de las personas o la seguridad del Estado�.

- Seguridad Jur�dica: La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador del 2008, en el Art. 82 proclama el Derecho a la seguridad jur�dica, y expresa que se fundamenta en el respeto a la Constituci�n y en la existencia de normas jur�dicas previas, aplicadas por los jueces competentes, vale decir que es la vigencia aut�ntica de la ley. La seguridad jur�dica, inmaterial o formal, no consiste sino en la certeza del imperio de la Ley; esto es, en la garant�a que el ordenamiento jur�dico ser� aplicado de manera objetiva; es adem�s, un principio fundamental del Estado de Derecho, que se traduce en el aval que �ste ofrece a toda persona, de que ser�n respetados sus derechos consagrados en la Constituci�n y en las leyes, y que por tanto no ser�n alterados o vulnerados posteriormente, contraviniendo la norma jur�dica en virtud de la cual han sido adquiridos; es, por tanto, un bien colectivo.

La seguridad Jur�dica se fundamenta en la Condici�n esencial para la vida y el desenvolvimiento de las sociedades y de los individuos que las integran. Representa la garant�a de la aplicaci�n objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cu�les son sus derechos y sus obligaciones sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio (Ossorio, 2017).

Las audiencias telem�ticas en el momento de producci�n de la prueba no guardan contradicci�n con todos los principios del debido proceso; de hecho, principios como la celeridad procesal justifican estos mecanismos, ya que permiten el acceso a un juicio de forma telem�tica, en plazos razonables, evitando generar mayores gastos como inversi�n en definimientos de audiencias.

Existe, sin embargo, concordancia en que las audiencias telem�ticas suponen la vulneraci�n de algunos principios de inmediaci�n, de contradicci�n, y de publicidad. En este sentido, el an�lisis discurre enfocando cada uno de estos principios. Sobre el principio de inmediaci�n, la doctrina concuerda.

Supone que el juicio y la pr�ctica de la prueban han de transcurrir ante la presencia del �rgano jurisdiccional competente. Lo que permite formar que un proceso goza de inmediaci�n es que el juez competente para decidir, presencie las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas sin delegar y sin servirse de un tercer (Palacio, 2019).

Pereira (2014) razona que el principio de inmediaci�n es uno de los principios m�s relevantes, y que su vulneraci�n implica necesariamente la vulneraci�n de otros principios ligados, ya que est�n vinculados y en algunos casos, contenidos en la inmediaci�n. La m�xima inmediaci�n est� manifiesta en el di�logo personal que puede tener el Juez con las partes procesales y con los objetos que forman parte del proceso, a fin de tener un razonamiento claro, director, y coherente.

Como referencia de lo anterior, resulta primordial entender que existen elementos que demuestran la m�xima inmediaci�n, es decir la necesidad de un di�logo presencial, ya que esta presencia y entrevista personal suponen la garant�a de que tanto las partes procesales como el juez, est�n en posibilidad directa de conocer el contexto de la problem�tica, las pruebas que respaldan la demanda as� como aquellas que buscan contradecir; �la decisi�n del juez se basa en la calidad de informaci�n que �ste pueda no solamente obtener por parte del equipo pericial, sino constatar de forma presencial, parte de la evidencia y testimonios� (Palacios, 2016).

La comunicaci�n presencial es �nica, al contrario de otros tipos de comunicaci�n (telef�nica, telem�tica, escrita) en que a m�s de lo oral, lo presencial se ve enriquecida por una serie de elementos que benefician la comunicaci�n, a m�s de los verbales, caracterizados� por gestos, expresiones y el car�cter manifiesto en el ambiente en el que se llevan a cabo las audiencias, entre otros elementos que transmiten mensajes que resultan relevantes tanto para las partes, como para propio convencimiento del juez quien podr� garantizar la comprensi�n m�xima de la situaci�n, que le permita tomar una decisi�n basada en la evidencias concretas, y legales.

Para el escritor Palacios (2016), el t�rmino �seguridad o utilidad procesal� recae en el principio de celeridad procesal; indicando que este puede ser un motivante para el uso de las audiencias telem�ticas, o un justificativo que lo faculta. En este sentido, queda accesible a consideraci�n de la situaci�n espec�fica, en qu� medida es pertinente o necesario el uso de audiencias telem�ticas.

Ahora con m�s continuidad, pues en la emergencia sanitaria por COVID-19, esta fue una opci�n (al menos temporal hasta alcanzar desarrollar otros mecanismos, o medios m�s t�cnicos a fin que no se pueda vulnerar derechos o principios), que permiti� no paralizar el �rgano judicial, y que encaja de manera directa.

Considerando que el uso de tecnolog�as ya se ha venido dando a nivel del pa�s, en cuanto a las audiencias telem�ticas, se ha generado un amplio debate y ha sido motivo de investigaci�n. Existen muchas posturas de quienes indican que las audiencias telem�ticas afectan el debido proceso a causa de que no garantizan la inmediaci�n, la contradicci�n, la publicidad en la producci�n de la prueba documental. Por otro lado, existe tambi�n una postura clara que hace referencia a que los mecanismos que existen en la actualidad, en la audiencia telem�tica, todav�a pueden estar m�s pr�ximos a una audiencia presencial; siendo las limitantes en este sentido claramente de tipo t�cnico y tecnol�gicas, que garanticen un proceso.

Las audiencias telem�ticas, si bien responden al principio de celeridad y significan un avance en los procesos judiciales, es preciso que se razone, sobre todo en la parte procesal de la producci�n de la prueba documental en audiencias, en la que se tiene contacto con las partes, se d� prioridad a las audiencias presenciales, ya que as� se garantiza plenamente el derecho a la defensa, debido que se est� en contacto directo con la prueba a producir, cumpliendo con los principios de publicidad, contradicci�n y de inmediaci�n.

En este punto se refiere que �es preciso dar paso a que la modernizaci�n derivada del uso de la tecnolog�a vaya acopl�ndose, para a trav�s de su uso, reciban mayor grado de tecnificaci�n, reduciendo el margen de omisiones� (Pel�ez, 2015). Se explica que se podr�a dar uso de las audiencias telem�ticas espec�ficamente en la producci�n de la prueba documentales, y los informes periciales, etc.; en cuanto fuere necesario de esta herramienta, cuando es posible dar paso a la audiencia presencial.

Cabe especificar que, en el contexto de una emergencia sanitaria como la que atravesamos, los factores t�cnicos requieren un estudio a�n m�s complejo, ya que antes de la emergencia, los recursos t�cnicos requeridos para una audiencia telem�tica �ptima, estaban a disposici�n en las salas de audiencia del Consejo de la Judicatura; sin embargo, tras la emergencia por COVID-19, se dio paso a audiencias telem�ticas con los jueces en sus casas, de manera que no precisamente existieron o se podr�a imaginar la existencia de recursos t�cnicos que garanticen una apropiada conexi�n, as� como la seguridad inform�tica requerida para este tipo de procesos, pudiendo ser v�ctimas de manipulaci�n de informaci�n, con ellos violentar m�s derechos.

Cabe considerar que las situaciones emergentes obligaron a recurrir a estos medios; ya que la otra posible opci�n era la de prorrogar o dilatar los procesos, sin tener un aspecto claro de cu�ndo se retomar�n todo a la normalidad. En ese contexto, resultaba pertinente recurrir a este tipo de medidas alternativas, adquiriendo relevancia la �utilidad procesal� considerada como uno de los motivantes.

La verdad es que muchos de los procesos que se han llevado a cabo mediante audiencias telem�ticas, han sido por motivos en las que no se requieren complejos medios probatorios; por otro lado, aquellos procesos m�s complejos que derivan desde la perspectiva de las partes procesales, as� como de la complicaci�n de los mismos juicios, est�n en facultad de recurrir a entidades de coerci�n a quienes puede solicitar las nulidad del proceso por no llevar una audiencia presencial y si llevar una audiencia telem�tica con graves vulneraciones a principios y derechos constitucionales, exigiendo la audiencia en modalidad presencial.

Hay que hacer hincapi� teniendo en cuenta desde el an�lisis de la normativa vigente, la perspectiva de Salgado en donde realiza un an�lisis sobre la nulidad procesal, manifiesta que las audiencias telem�ticas en situaci�n de emergencia, no cumplen con las excepciones contempladas en un procedimiento judicial, donde se comprende que tras esta emergencia, queda evidenciada la necesidad de actualizar la ley con sus reglamentos vigentes en funci�n de contemplar de forma m�s determinada, tanto procesos como situaciones emergentes (Salgado, 2020).

El hecho de que existe la posibilidad de suplantaci�n de identidad en las partes procesales es muy alto, ya que en los medios telem�ticos no existe una garant�a total de veracidad en cuanto a identificar a las partes procesales, y muchas veces se puede caer en la omisi�n de conformarse con lo que dicen las partes, dado el caso, por ejemplo, de creer a una�� persona que no representa a quienes dicen representar, y aun es m�s grave cuando existe cierta falsedad de la producci�n de la prueba. Si bien, esta posibilidad es a�n m�s remota, el hecho de que exista un riesgo de que suceda, pone ya en duda la existencia de garant�as en el debido proceso e inmediaci�n.

El principio de contradicci�n, el cual est� contemplado (al igual que el de inmediaci�n) desde la normativa internacional en la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, que expresa el derecho de las partes en una audiencia p�blica en el que existan todas las garant�as solicitadas para su defensa. El principio de contradicci�n demanda de tres factores consisten en la imputaci�n, la intimaci�n y el derecho de audiencia, que b�sicamente constituyen el proceso en el que las partes son informadas sobre lo que se tramita y adquiere, justamente el acceso a un juicio; proceso en el cual se deber� demostrar de forma las posiciones de cada parte procesal, para ello es fundamental la aplicaci�n de todos los principios y derechos constitucionales, puesto que la falta de aplicaci�n de los mismos causar�a un perjuicio para las partes de un proceso (Franco, 2017).

En este sentido, se percibe que es potestativo, en tanto, puede existir evidencia probatoria de que las partes procesales ha sido perjudicado por ser sometido en audiencia por audiencia telem�tica porque la prueba no fue valorada como com�nmente se lo hace de forma presencial, y no alzando el convencimiento de los jueces, evocando el principio de contradicci�n que, en estos casos, ser�a a la vez inherente al principio de inmediaci�n. En este sentido, la capacidad probatoria puede verse afectada, al no existir contacto directo con la prueba, pudiendo as� afectar el leg�timo derecho a la defensa, contemplada en el principio de contradicci�n, el grado de afecci�n ser� dimensionado en funci�n de la caracter�stica de cada caso.

 

Metodolog�a

De acuerdo con el art�culo adoptado para este trabajo de investigaci�n acad�mica, el tipo de investigaci�n es no experimental,� pues no existe la� manipulaci�n deliberada de variables y se observan los fen�menos en su ambiente natural para analizarlos (Hern�ndez Sampieri, 2014), desarroll�ndose desde el enfoque cualitativo, que implica un conjunto de procesos de recolecci�n de datos bibliogr�ficos, complement�ndose por un dise�o documental � bibliogr�fico, debido a la recolecci�n de datos extra�dos de diversos textos, enfocado en el contenido escrito. Los m�todos de investigaci�n aplicados fueron el anal�tico - sint�tico. El m�todo anal�tico permite prestar atenci�n las partes de un fen�meno para percibir el mismo en cada uno de sus componentes. En tanto la s�ntesis, permite extraer los aspectos m�s relevantes en una observaci�n, o investigaci�n. La inducci�n y deducci�n son procesos l�gicos que consienten comparar resultados con otras investigaciones ya realizadas, as� como volver generales los resultados particulares de una investigaci�n. Relacionan la comprensi�n local (particular) con un contexto m�s amplio.���

 

 

Resultados

Los resultados investigativos indican que las audiencias telem�ticas se han venido aplicado en concordancia de lo que faculta el art�culo 116 del COGEP y 565 del COIP. Los debates que surgen en torno a este asunto, originalmente consisten en que no se acogen en su totalidad los derechos fundamentales y principios constitucionales, como el debido proceso, afectando espec�ficamente el derecho a la defensa, el principio de inmediaci�n y el principio de contradicci�n. A pesar de esto, y como consecuencia de una situaci�n emergente desatada por COVID-19, mediante resoluci�n N� 045-2020, se da paso a la reactivaci�n de audiencias a nivel nacional, mediante la modalidad de audiencia telem�tica.

Se distingue que tanto desde la normativa vigente, no existen consideraciones determinadas de las excepciones, sin embargo, la normativa no las contempla como tal, de forma expl�cita, de donde se puede inferir que trascienden en lo inconstitucional. Adem�s, dicha inconstitucionalidad ya ha sido anteriormente analizada y cuestionada, en el caso de la resoluci�n 102-2014, que fue emitida por el Pleno del Consejo de la judicatura, considerando que este afecta el principio de inmediaci�n. Observando que esta tem�tica si bien ha ganado relevancia en la actualidad de mano de la emergencia sanitaria que ha tra�do como consecuencia el uso (en mayor medida) de audiencias telem�ticas, es tambi�n cierto que es una discusi�n que se ha venido planteando desde hace algunos a�os atr�s, en funci�n de fomentar tanto la precisi�n de lo establecido en las diferentes normativas, referentes al uso de las audiencias telem�ticas y videoconferencias; investigaciones que seg�n Gallegos ya han precisado factores vulnerables, y que por no ser atendidas de forma puntual, ubican en la actualidad al pa�s en una �evidente inconsistencia entre sus pr�cticas de ejercicio judicial, justificadas por la emergencia sanitaria, y las garant�as contempladas en la Constituci�n sobre los procesos� (Gallegos, 2019).

La inmediaci�n se apuntala como uno de los principios fundamentales del debido proceso., por ello, la no presencia de las partes procesales y funcionarios judiciales en el proceso de forma presencial, puede afectar la percepci�n de los testimonios y reducir el v�nculo necesario entre el juez y la prueba, que permita conocer a fondo la realidad de la situaci�n; lo que implica seg�n Falcon� �una reducci�n la capacidad de juzgamiento en base al conocimiento de la informaci�n por parte del juez� (Falcon�, 2013); y, por otro lado, afecta tambi�n a las partes procesales en tanto que reduce su capacidad de defensa; esta a su vez est� vinculada con la reducci�n de las garant�as referentes al principio de contradicci�n.

 

Conclusiones

Las audiencias telem�ticas beneficiar�an al sistema judicial, siempre que vayan de la mano de adaptaci�n de las Tecnolog�as de la Comunicaci�n (TICs); que necesariamente se han ido insertando en diferentes niveles de los procesos judiciales. En este sentido, no es acertada negar o poner resistencia al aprovechamiento de estos recursos; sin embargo, su inserci�n requiere la exigencia de la existencia de protocolos que los contemplen, en funci�n de evitar que los mismos terminen por afectar los derechos fundamentales constitucionales.

Se hace evidente que al no contar con protocolos y recursos tecnol�gicos que permitan un adecuado desenvolvimiento de las audiencias telem�ticas existe la posibilidad de que se violenten los principios de publicidad, inmediaci�n, de contradicci�n, en el momento de la producci�n de la prueba documental ya que no existe un procedimiento adecuado que garantice un debido proceso.

Por otro lado, se contempla tambi�n la posibilidad de vulneraci�n de derechos relacionados al leg�timo derecho a la defensa, en tanto que las partes procesales no tienen contacto directo con la prueba en la fase de producci�n.

Se tiene que proponer un procedimiento exclusivo para audiencias telem�ticas, con la implementaci�n de un expediente electr�nico, firmado electr�nicamente, a fin de garantizar la producci�n de la prueba documental y tener certeza que la prueba es legal o ilegal para que se pueda producir, as� mismo ingresar toda la prueba en su contenido para tener un contexto global de lo que sucede y el alcance que cada parte le puede dar.

 

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