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Vulneraci�n del derecho a la seguridad jur�dica, por parte de la Coordinaci�n Zonal 6-Salud, a funcionarios p�blicos administrativos con contratos de servicios ocasionales, a�os 2019 y 2020

 

Violation of the right to legal certainty, by the Zonal 6-Health Coordination, to administrative public officials with occasional service contracts, years 2019 and 2020

 

Viola��o do direito � seguran�a jur�dica, pela Coordena��o Zonal 6-Sa�de, aos servidores p�blicos administrativos com contratos de presta��o de servi�os pontuais, anos 2019 e 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: valeria.aguirre.17@est.ucacue.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas �

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 23 de julio de 2022 *Aceptado: 12 de agosto de 2022 * Publicado: 06 de septiembre de 2022

 

         I.            Estudiante de la Maestr�a en Derecho Constitucional con Menci�n en Derecho Procesal Constitucional, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

       II.            Docente, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

 

 

 

Resumen

Este art�culo nace del siguiente problema jur�dico, �se vulnera el derecho a la seguridad jur�dica por desvinculaci�n de funcionarios p�blicos administrativos de la Coordinaci�n Zonal 6-Salud, que laboraron bajo la modalidad de un contrato de servicios ocasionales, por m�s de un a�o?, para ello, se analizan sentencias judiciales en acciones de protecci�n planteadas por parte de los funcionarios con contratos ocasionales de la Coordinaci�n Zonal 6 de Salud, en los a�os 2019 y 2020, quienes fueron desvinculados, en donde se deber� determinar si realmente se afecta al derecho a la seguridad jur�dica y de manera conexa el derecho al trabajo.

Metodolog�a: Tipo de investigaci�n descriptiva, adem�s, se caracteriz� por una orientaci�n de paradigma jur�dico social, culminando con una revisi�n de de tipo bibliogr�fica, con la exploraci�n de art�culos acad�micos, cap�tulos de libros, tesis y dem�s documentos de repositorios digitales; con criterios de inclusi�n y exclusi�n, utilizando como puntos de acceso Google Scholar, bases de datos cient�ficas tipo Scopus, Latindex, Springer, entre otras.

Conclusi�n: A pesar de todas las garant�as que ofrece la Constituci�n de la Rep�blica, no se ha erradicado de la manera m�s enf�tica figuras que precarizan la condici�n laboral y la dignidad humana. Son escasas las evidencias de Acciones de Protecci�n en materia laboral que han logrado una restituci�n del derecho violentado, por lo que la existencia de l�neas jurisprudenciales en el pa�s, es a�n un tema pendiente para nuestro ordenamiento constitucional.

Palabras clave: Seguridad Jur�dica; Servidor P�blico; Sentencia judicial; Corte Constitucional.

 

Abstract

This article arises from the following legal problem, is the right to legal certainty violated by dismissal of public administrative officials from the Zonal 6-Health Coordination, who worked under the modality of an occasional service contract, for more than a year? For this, judicial sentences are analyzed in protection actions raised by officials with occasional contracts of the Zonal 6 Health Coordination, in the years 2019 and 2020, who were dismissed, where it must be determined if the right is really affected. legal certainty and, in a related way, the right to work. Methodology: Type of descriptive research, in addition, it was characterized by a social legal paradigm orientation, culminating in a bibliographic review, with the exploration of academic articles, book chapters, theses and other documents from digital repositories; with inclusion and exclusion criteria, using Google Scholar, scientific databases such as Scopus, Latindex, Springer, among others, as access points. Conclusion: Despite all the guarantees offered by the Constitution of the Republic, figures that precarious the working condition and human dignity have not been eradicated in the most emphatic way. There is little evidence of Protection Actions in labor matters that have achieved a restitution of the violated right, so the existence of jurisprudential lines in the country is still a pending issue for our constitutional order.

Keywords: Legal Security; Public server; court ruling; Constitutional court.

 

Resumo

O presente artigo surge do seguinte problema jur�dico, o direito � seguran�a jur�dica � violado pela demiss�o de funcion�rios da administra��o p�blica da 6� Coordena��o de Sa�de Zonal, que trabalhavam na modalidade de contrato de presta��o de servi�o eventual, por mais de um ano? senten�as judiciais s�o analisadas em a��es de prote��o movidas por funcion�rios com contratos ocasionais da Coordena��o de Sa�de da Zona 6, nos anos de 2019 e 2020, que foram demitidos, onde deve ser apurado se o direito � realmente afetado. forma, o direito ao trabalho. Metodologia: Tipo de pesquisa descritiva, al�m disso, caracterizou-se por uma orienta��o do paradigma jur�dico social, culminando em uma revis�o bibliogr�fica, com a explora��o de artigos acad�micos, cap�tulos de livros, teses e outros documentos de reposit�rios digitais; com crit�rios de inclus�o e exclus�o, utilizando Google Scholar, bases de dados cient�ficas como Scopus, Latindex, Springer, entre outras, como pontos de acesso. Conclus�o: Apesar de todas as garantias oferecidas pela Constitui��o da Rep�blica, figuras que precarizam a condi��o de trabalho e a dignidade humana n�o foram erradicadas da forma mais enf�tica. H� poucas evid�ncias de A��es de Prote��o em mat�ria trabalhista que tenham alcan�ado a restitui��o do direito violado, de modo que a exist�ncia de linhas jurisprudenciais no pa�s ainda � uma quest�o pendente para nossa ordem constitucional.

Palavras-chave: Seguran�a Jur�dica; Funcion�rio p�blico; Senten�a judicial; Corte Constitucional.

 

 

 

Introducci�n

La seguridad jur�dica es un principio fundamental transversal dentro del derecho p�blico, ya que da la certeza al administrado, de la previsibilidad de la actuaci�n de la administraci�n p�blica, evitando abusos de poder y arbitrariedad por parte del Estado.

El� art�culo 1 de la Constituci�n de la Rep�blica (Legislativo, 2008) determina que, el Ecuador es un estado Constitucional de Derechos y Justicia, en raz�n de que se deja por sentado que los derechos son la base de nuestra legislaci�n, que pas� de en un estado legal a un estado netamente constitucional, por ende, las obligaciones estatales de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos se han constituido en el principio y fin del accionar estatal, tanto as�, que el Art 3, numeral 1, de la Carta Magna establece como fin primordial del Estado: garantizar sin discriminaci�n alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constituci�n y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En ese contexto, la Ley Suprema tambi�n establece que no podr� alegarse falta de norma jur�dica para justificar su violaci�n o desconocimiento. Es importante indicar que, en el marco del Estado Constitucional de Derechos y justicia, el cumplimiento y la garant�a a los derechos de todas las personas es lo primordial y se sustenta en el principio de legalidad.

Al respecto, se ha planteado el siguiente problema jur�dico, se estar�a vulnerado el derecho a la seguridad jur�dica y conexo el derecho al trabajo, a los funcionarios p�blicos que se encontraban vinculados bajo la modalidad de un contrato de servicios ocasionales por m�s de un a�o, teniendo en cuenta que la Ley Org�nica de Servicio P�blico (Oficial Suplemento, 2010), en su art�culo 58, inciso 12, dispone ��Se considerar� que las necesidades institucionales pasan a ser permanentes cuando luego de un a�o de contrataci�n ocasional se mantenga a la misma persona o se contrate a otra, bajo esta modalidad, para suplir la misma necesidad, en la respectiva instituci�n p�blica��

El art�culo 82 de la Constituci�n de la Republica (Legislativo, 2008) consagra el principio de seguridad jur�dica que se fundamenta al respecto estricto de la Constituci�n y la Ley con la existencia de normas previas, claras y aplicadas por autoridad competente, es por ello que, el problema radica en la pertinencia de aplicar el Reglamento a la Ley Org�nica del Servicio P�blico (Oficial Suplemento, 2010), cuando la norma org�nica que regula la materia en su art�culo 146, literal f) faculta a la autoridad.

Empero, de la jurisprudencia recogida de sentencias judiciales en acciones de protecci�n planteadas por parte de los funcionarios con contratos ocasionales de la Coordinaci�n Zonal 6 de Salud, en los a�os 2019 y 2020, quienes fueron desvinculados, se determinar� si realmente se afecta al derecho a la seguridad jur�dica y conexo el derecho al trabajo, o es una acci�n que se encuentra amparada en la Constituci�n y la Ley y por lo tanto es legal y leg�tima.

 

Estado del arte

Entre octubre del 2019 y marzo del 2020, funcionarios que prestaban sus servicios laborales bajo dependencia del Ministerio de Salud P�blica-Coordinaci�n Zonal 6-Salud, en la modalidad de contrataci�n de servicios ocasionales, de manera ininterrumpida por m�s de 12 meses, fueron desvinculados de sus lugares de trabajo, mediante memorandos emitidos por autoridad competente, en la que dentro de la motivaci�n se enuncia al Art�culo 58 de la Ley Org�nica de Servicio P�blico, as� como el Articulo 146 literal f del Reglamento General a la Ley Org�nica de Servicio P�blico.�� ��

 

Figura 1

 

Figura 2

 

�El� empleo� p�blico� es� definido� de� manera� general� como� la� forma� b�sica� y� esencial� de� la estructura� de� la� funci�n p�blica, la� cual est� conformada por quienes� prestan sus� servicios personales remunerados, mediante una vinculaci�n legal y reglamentaria, en los organismos y entidades� de� la� administraci�n� p�blica,� cuya� finalidad� se� orienta� a� la� satisfacci�n� de� los intereses generales de la comunidad, esta noci�n es ampliada y desarrollada por el art�culo 19 y siguientes de la Ley 909 de 2004�. (Ball�n, 2014, p.18).

La noci�n de empleo p�blico ha sido ampliamente desarrollada por la doctrina y la jurisprudencia (Gallego Cruz & Administrativo, 2017):

La Constituci�n de Montecristi de 2008 lleg� a reformar nuestro sistema jur�dico penal, pol�tico y administrativo. En ese sentido cambi� tambi�n nuestra justicia, pues de ser retributiva con un car�cter no humanitario, se propuso una justicia restaurativa y restauradora, de modo que plantea una nueva forma de hacer aplicar la justicia en nuestro sistema (Legislativo, 2008).

Seg�n (Aguilar Moyano, 2020):

�La Constituci�n Ecuatoriana contiene principios, derechos y garant�as que de manera extraordinaria recoge los planteamientos contempor�neos de la dogm�tica de los derechos humanos, el Art�culo 1. de la Constituci�n reconoce al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, pero varios informes internacionales y cr�ticas de juristas nacionales concluyen que en el pa�s el respeto a los derechos constitucionales no es precisamente la regla y quienes estamos vinculados con el accionar de la justicia, percibimos que en su operatividad los jueces carecen de formaci�n constitucional, que rara vez fallan en contra del Estado y que en materia de relaciones contractuales as� como concursales sujetas a la Ley Org�nica del Servidor P�blico (LOSEP) o la ex Ley Org�nica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCA), no existe respeto a estas normas al momento de realizar desvinculaciones de funcionarios p�blicos, ya que estas se realizan sin el correspondiente tr�mite administrativo, es decir, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jur�dica del Estado Art. 75 y 82 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador�. (Aguilar Moyano, 2020, p.18).

Los derechos implican el completo respeto por toda la sociedad, garantizando un salario digno, debido proceso, seguridad jur�dica y principalmente una estabilidad laboral, protegiendo el derecho al trabajo de las y los servidores p�blicos como funcionarios de la administraci�n p�blica, estos hechos se vinculan a la protecci�n de la econom�a, el desarrollo individual como un ente productivo para la sociedad y al aseguramiento de una vida digna para toda su familia (Velastegu� Mel�ndez & Santamar�a Velasco, 2021).

Para (Enr�quez Reyes et al., 2021) en todo Estado Constitucional de Derechos, el ordenamiento jur�dico se estructura jer�rquicamente, en la cual la Ley est� subordinada a la norma Constitucional, conforme lo determina el Art. 424 de la Carta fundamental del Ecuador, que determina: ��La Constituci�n es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jur�dico. Las normas y los actos del poder p�blico deber�n mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecer�n de eficacia jur�dica��

La tutela judicial efectiva y seguridad jur�dica del estado hace referencia al respeto que se debe seguir sobre la Constituci�n y normativa jur�dica, las mismas que deben ser claras, p�blicas y ejecutoriadas por los organismos y personas competentes, adem�s, existen Leyes que regulan y rigen los procedimientos de desvinculaci�n del personal de servicio p�blico, ante esto, es necesario analizar si el proceso de este art�culo infringe o vulnera estos procesos y normativas legales, en virtud de que, a pesar de que existen y se encuentran normadas, al parecer no cumplen con su aplicabilidad, sin llevar adelante procesos administrativos pertinentes (Aguilar Moyano, 2020).

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (CRE) del 2008, vigente hasta hoy en d�a, garantiza los derechos que asisten a los servidores p�blicos, mismos que tienen concordancia con las Leyes internacionales. En la declaraci�n de la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT) sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo adoptada en 1988, compromete a los pa�ses miembros a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en cuatro categor�as, haya o no ratificado los convenios pertinentes, estos son: la libertad de asociaci�n y sindical, eliminaci�n del trabajo forzoso u obligatorio, abolici�n del trabajo infantil, y la eliminaci�n de la discriminaci�n en materia de empleo y educaci�n (Ru�z Guerrero, 2022).

Al respecto, la autora Claudia Storini, publicaci�n de Derecho Procesal-FORO, indica: �Por lo que respecta a Ecuador, en general puede afirmarse que, en comparaci�n con la Constituci�n de 1998, el nuevo texto constitucional ampl�a y fortalece el complejo entramado de garant�as de los derechos; incrementando, por una parte, los instrumentos de defensa de los mismos.� (Tejedor-G�mez, 2022). De igual manera, (Tejedor-G�mez, 2022) indica que, con la nueva constituci�n, se emplea una completa protecci�n al derecho de cada persona, en el que el juez constitucional debe de verificar, la real existencia de un derecho fundamental transgredido o vulnerado, si el derecho ha sido violentado o no, inclusive se obtiene la figura de la reparaci�n, la cual no exist�a con el amparo de protecci�n, es decir que el derecho se ve mucho m�s protegido por parte del Estado, a trav�s de la Constituci�n actual.

�Adem�s, (Ru�z Guerrero, 2022) indica que, lo expuesto es concordante con el art�culo 66, numeral 17 de la CRE, que reconoce y garantiza a las personas �El derecho a la libertad de trabajo. Nadie ser� obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la Ley.� (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). Lo que indica que constitucionalmente el Ecuador cumple con las normas internacionales de derechos en materia laboral.

Por su parte, (Zambrano Barberan, 2019) indica que, la disoluci�n laboral es la culminaci�n de la terminaci�n del contrato o la interacci�n profesional entre empleado y empleador, lo que determinar la culminaci�n del v�nculo entre las partes, es decir, la interrupci�n oficial y� concluyente de la relaci�n entre el empleado y su ente empleador.

Los funcionarios y funcionarias del sector p�blico, se encuentran amparados por la Constituci�n, c�digos y leyes que rigen la Rep�blica, se diferencian de los funcionarios del sector privado, por la modalidad o el sector al que representan, sin embargo, su estabilidad laboral difiere de acuerdo a la modalidad y forma en la que se encuentran sus contratos de trabajo, nombramientos temporales o definitivos, etc., en tal virtud, de acuerdo a la modalidad en la que se encuentran representados sus compromisos laborales, se establece su estabilidad, la misma que no es una garant�a, por los mismos problemas y consecuencias que derivan de estas modalidades contempladas en las leyes del estado (Garc�s & Montiel, 2020).

Los contratos de servicios ocasionales se encuentran contemplados para la vinculaci�n de funcionarios p�blicos, adem�s de designaciones de cargos a trav�s de nombramientos definitivos y provisionales, en el a�o 2010, desde la Presidencia de la Rep�blica del Ecuador, se elabor� la denominada Ley Org�nica de Servicio P�blico, la misma que en el a�o 2016 fue modificada, con reformas expuestas en la Asamblea Nacional de la Rep�blica del Ecuador, donde se normalizaban las mencionadas modalidades.

Para (Carri�n, 2018) es deber del estado garantizar que todas las personas tengan acceso y derecho al trabajo, independientemente de la modalidad que este represente, convirti�ndose en un compromiso social, tal como se representa en el art�culo 33 de la Constituci�n del 2008, siendo uno de estos derechos al acceso a empleo, todos los que se encuentren en organizaciones relacionadas al sector p�blico. El art�culo 61 de la Constituci�n en el numeral 7 establece:

Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: �Desempe�ar empleos y funciones p�blicas con base en m�ritos y capacidades, y en un sistema de selecci�n y designaci�n transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democr�tico, que garantice su participaci�n, con criterios de equidad y paridad de g�nero, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participaci�n intergeneracional� (Legislativo, 2008).

Los ecuatorianos y ecuatorianas tienen el derecho de acceder a un empleo digno dentro de organizaciones p�blicas, el art�culo que antecede proporciona estos derechos consagrados por la Constituci�n, siendo un requisito para el acceso el cumplir con las normativas, reglamentos y concursos de m�rito y oposici�n que se dictaminen para cada caso y convocatoria (Carri�n., 2018).

La carrera del servicio p�blico se la puede asimilar como un privilegio para quienes hacen parte de ella por lo que garantiza adem�s de la estabilidad laboral, ascenso y promoci�n conforme a sus conocimientos, aptitudes, competencias, capacidades, responsabilidad y experiencia en el desempe�o de las funciones asignadas y los requerimientos institucionales, af�n para todas aquellas personas, sin que sean discriminadas quienes hagan parte de grupos vulnerables, por lo que todos pueden cumplir roles espec�ficos en igualdad de oportunidades y en beneficio del buen vivir de la poblaci�n, la cual es una de las responsabilidades del Estado (S�nchez L�pez, 2022).

La naturaleza del contrato ocasional obedece a la satisfacci�n de necesidades de la instituci�n p�blica, seg�n las contingencias de contrataci�n que se vayan presentando, sin necesidad de recurrir a los nombramientos definitivos de personal. Modalidad de contrataci�n determinada por el art�culo 58 de la LOSEP (2010), el que dispone de caracter�sticas propias, como: excepcional, no permanente, no genera estabilidad de relaci�n de dependencia, quienes ingresan a trav�s de este no ingresan a la carrera.� (S�nchez L�pez, 2022).

�La Acci�n de Protecci�n va encaminada a lograr la tutela general de los derechos reconocidos en la Constituci�n y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Tiene un car�cter general y omnicomprensivo, pues, permite garantizar todos los derechos, incluso aquellos que no cuentan con una v�a procesal especial. En consecuencia, se revela como la herramienta primordial para la garant�a de los derechos de las personas, de los colectivos y de la naturaleza, ya que es un instrumento inmediato para tutelar eficazmente los derechos� (Enr�quez Reyes et al., 2021)

La Corte Constitucional respecto a la Seguridad Jur�dica ha indicado:

�Para tener certeza respecto a una aplicaci�n normativa, acorde a la Constituci�n, se prev� que las normas que formen parte del ordenamiento jur�dico se encuentren determinadas previamente; adem�s deben ser claras, p�blicas; solo de esta manera se logra conformar una certeza de que la normativa existente en la legislaci�n ser� aplicada cumplimiento ciertos lineamientos que generan la confianza acerca del respeto de los derechos consagrados en el texto constitucional (�)

Mediante un ejercicio de interpretaci�n integral del texto constitucional se determina que el derecho a la seguridad jur�dica es el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes p�blicos.� (Sentencia: No. 175-15-SEP-CC, 2015a).

En otro fallo, la Corte Constitucional ha determinado respecto de la Seguridad Jur�dica que:

�Es un principio universalmente reconocido del Derecho, por medio del cual se entiende como certeza practica del Derecho, y representa la seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandando y permitiendo por el poder p�blico respecto de uno para con lo dem�s y de los dem�s para con uno. El Estado como ente del poder p�blico de las relaciones en sociedad, no solo establece los lineamientos y normas a seguir, sino en un sentido m�s amplio tiene la obligaci�n de establecer �seguridad jur�dica� al ejercer su �poder� pol�tico, jur�dico y legislativo. La seguridad es la garant�a dada al individuo, por el Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no ser�n violentados o que, si esto llegara a producirse, le ser�n asegurados por la sociedad, protecci�n y reparaci�n; en resumen, la seguridad jur�dica es la certeza que tiene el individuo de que su situaci�n jur�dica no ser� modificada m�s que por procedimientos regulares y conductos establecidos previamente. Como se ha dicho antes, el derecho a la seguridad jur�dica encuentra su fundamento en el respeto a la Constituci�n y en la existencia de normas jur�dicas previas, claras, p�blicas y aplicadas por las autoridades competentes, por expresa disposici�n constitucional� (Sentencia: No. 175-15-SEP-CC, 2015b).

 

Metodolog�a

Esta investigaci�n se desarroll� con un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, en virtud de que se realiz� un an�lisis documental, sobre diversos dict�menes relacionados al objeto de estudio sobre los contratos de servicios ocasionales en el sector p�blico, en el estado ecuatoriano, lo que facilit� analizar la normativa existente, reglamentos y Leyes, que permitieron un entendimiento global de sobre la vulneraci�n o no de derechos de los servidores P�blicos de la Coordinaci�n Zonal 6-Salud.

Se caracteriz� por una orientaci�n de paradigma jur�dico social, que seg�n (Cuenca & Schettini, 2020), el� crecimiento� de� la� metodolog�a� cualitativa� permiti� entrar� en� la� particularidad� de� los� cambios� y profundizar la perspectiva de los propios actores sociales desde un cuerpo de reflexiones te�ricas que, necesariamente, arrastran ideas sobre instrumentos t�cnicos, que desbordan su mera consideraci�n de t�cnicas como aquella que permite analizar posturas acad�micas e ideol�gicas y que adem�s coloca de cara al investigador frente a desaf�os y dificultades, dada la informaci�n, el fen�meno a estudiar y la relaci�n de la sociedad con el problema. De esta manera, se analizaron los dict�menes y sentencias referentes a este tema de investigaci�n, para llegar a obtener resultados �ptimos que permitieron discutir si se vulner� o no el derecho a la seguridad jur�dica y de manera conexa el derecho al trabajo por la desvinculaci�n de personal administrativo que labor� bajo contratos de servicios ocasionales en la Coordinaci�n Zonal 6 de Salud.

Adem�s, se realiz� una investigaci�n de tipo bibliogr�fica, con la revisi�n de art�culos acad�micos, cap�tulos de libros, tesis, sentencias de la corte Constitucional y dem�s documentos de repositorios digitales; con criterios de inclusi�n y exclusi�n, utilizando como puntos de acceso Google Scholar, bases de datos cient�ficas tipo Scopus, Latindex, Springer, entre otras; tomando como consideraciones especiales para los criterios de inclusi�n aquellos documentos que utilicen palabras clave como: vulneraci�n de derechos, seguridad jur�dica, contratos de servicios ocasionales, sector p�blico, constituci�n del Ecuador, etc., adem�s, como criterios de exclusi�n se enfoc� en utilizar �nicamente publicaciones con antig�edad no mayor a los 5 a�os de la fecha de estudio, para detallar un estado del arte s�lido que permiti� inferir adecuadamente en los resultados expuestos en esta investigaci�n.

 

Resultados y discusi�n

El trabajo se considera una actividad que la ejecuta una persona, dentro de un periodo de tiempo, que implica remuneraci�n, con el objetivo de la generaci�n de un bien o un servicio, dentro de un estado, reglamentado por leyes y normativas que amparen sus derechos, adem�s, es una actividad que puede satisfacer necesidades identificadas en la sociedad para el desarrollo de la misma. El empleo por su parte, obligatoriamente conlleva un salario o pago por su desarrollo, sin que esto signifique que se genere obligatoriedad de dependencia con el empleador (Levaggi, 2004).�

Seg�n (�vila, Rosales, 2008), los servidores que desempe�an sus labores en �reas relacionadas a la salud, dentro de sus funciones se encuentran actividades de relaci�n directa con pacientes o beneficiarios de las casas de salud, realizando su trabajo en la prestaci�n de atenciones asistenciales y de gesti�n, independientemente de la modalidad de contrato y trabajo por el que presten sus servicios.

La aplicaci�n al derecho al trabajo y su relaci�n con empleadores permite dinamizar la econom�a de las naciones y superar los �ndices de pobreza que acarrean de manera puntual pa�ses de Latinoam�rica, su concepto trae consigo el cumplimiento de obligaciones, responsabilidades y acarrea derechos que amparan a las diferentes modalidades en las que se ejerza cada labor.

Por su parte, el art�culo 58 de la Ley Org�nica de Servicio P�blico, para el caso de contratos por servicios ocasionales, se manifiesta que la finalidad de este es la de solventar necesidades que nacen directamente desde las organizaciones y cuya �mbito de ejecuci�n ser� determinado por la autoridad nominadora, que en base a los informes que parten desde los departamentos correspondientes en cada instituci�n que controlen la gesti�n del talento humano, generando adem�s las partidas adecuadas, los presupuestos y la disponibilidad de recursos financieros para su contrataci�n (Zambrano Barberan, 2019).

De igual manera, los contratos de servicios ocasionales por ninguna causa superar�n el 20% del total de la planta laboral existente en la organizaci�n requirente, si en su defecto, existe la necesidad de contar con personal que supere este porcentaje, es necesario la aprobaci�n de parte del Ministerio correspondiente, con un plazo de ejecuci�n del contrato no mayor a 12 meses, o hasta que hasta la culminaci�n del ejercicio fiscal que reste por cubrir el a�o vigente (Comisi�n de Legislaci�n y Codificaci�n de la Asamblea Nacional, 2020).

Esta ley manifiesta adem�s aquellas particularidades en las que se exime este tipo de ejecuciones y tiempos dentro de los contratos ocasionales, enfocada en instituciones, organismos, etc., de reciente creaci�n, donde es obviamente necesaria la incorporaci�n de empleados con esta modalidad de trabajo, hasta que se pueda determinar y reglamentar los diferentes concursos p�blicos, o en el caso de proyectos que tengan poco tiempo de duraci�n. El problema principal que presenta esta modalidad de trabajo es la falta de estabilidad que tienen los funcionarios p�blicos, porque se puede culminar su relaci�n contractual en cualquier momento, de conformidad a lo que dispone el art�culo 146 del Reglamento a la Ley Org�nica de Servicio P�blico. �

La suscripci�n de contratos ocasionales sucesivos e ininterrumpidos m�s all� de lo dispuesto en la normativa legal vigente pertinente, equivale a la desnaturalizaci�n del contrato de trabajo de modalidad ocasional en el servicio p�blico, cuyo objeto es cubrir una emergente necesidad institucional, precautelando de esta manera el servicio de la administraci�n p�blica que debe ejecutarse con eficiencia y eficacia. As� la dilaci�n de la necesidad institucional por sobre el tiempo que establece la ley para la duraci�n de los contratos ocasionales y para su renovaci�n evidencia la necesidad estable del trabajo realizado y la consecuente responsabilidad de la instituci�n p�blica de convocar a un concurso de m�ritos y oposici�n para seleccionar a la persona que cubra el cargo que se requiere (Sentencia: No. 175-15-SEP-CC, 2015c).

Aquellos ciudadanos/as que laboren bajo contratos de servicios ocasionales dentro de sus derechos contar�n con beneficios econ�micos semejantes a los que contemplan los nombramientos provisionales o definitivos, sin embargo, no son merecedores de indemnizaciones ni jubilaci�n por el cese de sus funciones, por lo tanto, no son considerados bajo las mismas caracter�sticas que los otros tipos de modalidades de trabajo en el sector p�blico.

Adem�s, los ciudadanos que se encuentren bajo relaci�n de dependencia, con contratos ocasionales, no tendr� derecho de ser parte de la carrera dentro del sector p�blico, tampoco podr�n ser beneficiarios de permisos para estudios normales o carreras de posgrado, que representen justificaciones dentro de su horario de trabajo, siendo impedidos tambi�n de brindar su contingente en otras organizaciones ligadas al sector de servicio p�blico (Comisi�n de Legislaci�n y Codificaci�n de la Asamblea Nacional, 2020).

 

An�lisis del decreto ejecutivo 83

El impacto y vulneraci�n de los derechos a los trabajadores establece que, dentro del estado ecuatoriano, todo ciudadano/a, que se encuentre ejerciendo funciones dentro de una organizaci�n del sector p�blico, se encuentran amparados por la Constituci�n y la Ley, garantiz�ndoles la no vulneraci�n de sus derechos, a trav�s del otorgamiento de seguridad jur�dica y derechos constitucionalmente establecidos, evitando de esta manera: abusos de poder, injusticia y atropello, por entidades del sector p�blico.

Ante esta situaci�n, Carbonell (2019), indica:

�La idea se concreta en una pluralidad de significados, en el primero que estamos analizando, se refiere a la sujeci�n de los poderes p�blicos al derecho, empata directamente con la misi�n central que tuvo el primer constitucionalismo, que entend�a que todo el sistema constitucional, se justificaba en la medida en que pudiera controlar al poder por medio del ordenamiento jur�dico (p. 9)�.

Adem�s, para (Carbonell, 2019) los organismos de cada jurisdicci�n, que se encuentran formando parte del componente p�blico de amparo legal, se debe sujetar expresamente a lo que determina la Ley, raz�n por la cual, las disposiciones y acciones de los empleados que se encuentran dentro de este �mbito de jurisdicci�n, las instituciones y organizaciones del sector p�blico, se deben regir de manera estricta a lo que determine la Ley y la Constituci�n. Los empleados del sector p�blicos, principalmente entregan un servicio de car�cter social, que se encuentran con contratos p�blicos en el estado ecuatoriano y deben cumplir lo que la Ley determina para el desarrollo de cada una de sus responsabilidades.

Los empleados del sector p�blico, laboran dentro de las carteras de estado a las que su servicio, direcciones, organismos e instituciones p�blicas que se encuentren dentro de la administraci�n del estado y sean de car�cter e inter�s social; sus actividades deben estar previamente establecidas en las necesidades institucionales y regidas por lo que dictamine la Constituci�n de la Rep�blica.

Todo trabajador del sector p�blico responde directamente sobre sus responsabilidades y labores al estado ecuatoriano, para suplir las necesidades de cada organizaci�n p�blica, previamente establecidas y justificadas (Velastegu� Mel�ndez & Santamar�a Velasco, 2021).

 

Derecho al trabajo

El trabajo es un derecho, base fundamental de mejoramiento en la econom�a del pa�s, establecida en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008); determina la obligatoriedad que tiene el Gobierno con la sociedad, en virtud de suplir las falencias y problemas que se presentan por falta de este, fomentando la dignidad social en los empleados como instrumento de mejoramiento continuo con honestidad, equidad, justicia, �tica e igualdad. Relacionado con principios constitucionales que otorgan al empleador derechos de car�cter intangible e irrenunciable, vigentes en el art�culo 326 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (Legislativo, 2008).

Tambi�n este derecho constitucional se liga al desarrollo econ�mico de la sociedad, convirti�ndose en un derecho econ�mico adquirido, en virtud de que el ciudadano contar� con salarios dignos e igualitarios, establecidos en los par�metros de remuneraci�n propios de cada estado, el empleador se encuentra en la obligatoriedad de cumplir con lo estipulado en las normativas y leyes que rigen la Rep�blica, exigiendo su compromiso con el cumplimiento de seguro social, igualdad, etc.

Adem�s, es indiscutible que la Coordinaci�n Zonal 6-Salud violent� la seguridad jur�dica y el principio de confianza leg�tima debe ser entendido en el contexto de la lesi�n por efecto de la terminaci�n del contrato de servicios ocasionales, que rompe una relaci�n laboral ininterrumpida de m�s de 12 meses, atentando contra el derecho al trabajo constituido como garant�a org�nica seg�n el contenido constitucional en los art�culos 33, 66 numeral 17, 326 y 327, haciendo a un lado toda forma de precarizaci�n laboral y limitaci�n del pleno goce de estos derechos.

La Corte Constitucional referente a esta situaci�n ha determinado:

��El derecho al trabajo, al ser un derecho social y econ�mico, adquiere una categor�a especial toda vez que tutela derechos de la parte considerada d�bil dentro de la relaci�n laboral, quien al verse desprovista de los medios e instrumentos de producci�n puede ser objeto de vulneraci�n de sus derechos, es en aquel sentido que se reconoce constitucionalmente el derecho a la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores, los cuales asociados con el principio indubio pro operario constituyen importantes conquistas sociales que han sido reconocidas de forma expresa en el constitucionalismo ecuatoriano�� (Sentencia: No. 175-15-SEP-CC, 2015d).

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Conclusiones

Es v�lido indicar que, en el campo jur�dico ecuatoriano, la seguridad jur�dica goza de doble condicionalidad, siendo un principio y un derecho a la vez, en los casos en concreto la seguridad jur�dica ha sido vulnerada, toda vez que se ha inobservado normas jur�dicas previas, claras y p�blicas que debieron ser aplicadas por parte de la Coordinaci�n Zonal 6-Salud, en el momento de terminar los contratos de servicios ocasionales que fueron renovados por m�s de 12 meses.�

Resulta grave que las notificaciones con las que fueron notificados los funcionarios p�blicos, se la realiz� con norma mutilada, haciendo uso �nicamente a conviniencia del contenido del articulo 58 de la Leyo Organica de Servicio P�blico y dejando de lado aquello que les perjudica en su contenido, atentar contra la seguridad jur�dica no unicamente tiene lugar cuando se rompe la certeza jur�dica de las normas previas, claras, sino tambien cuano la norma jur�dica sea constitucional o infracontitucional es descontextualizada, otorgandole otro sentido y aplicaci�n.�

Con el actuar de la administraci�n publica, sin duda, a mas de la seguridad jur�dica, ha sido quebrantando el principio de confianza leg�tima, pues todo administrado espera que la actividad de los funcionarios que forman parte de la administraci�n p�blica se apegue a la normativa pertinente y de esta manera emitan sus actos. Este principio de confianza leg�tima determinado en la Constituci�n de la Republica y el Codigo Organico Administrativo, se cimienta en el derecho a la seguridad jur�dica, as� como en el principio de competencias positivas, todos estos propios de cualquier Estado Constitucional, y para el caso ecuatoriano la Constituci�n los establece en los articulos 82 y 226.

El contenido del art�culo 58 de la Ley Organ�ca de Servicio P�blico, articulo modulado por la Corte Constitucional es claro, trasgrediendo la instituci�n p�blica varios derechos constitucionales con su actuar.

Si no existi� la convocatoria al concurso, peor a�n la designaci�n de un ganador o ganadora del mismo, este acto de terminaci�n sin motivaci�n se encontr� viciado, pues no se encontraban frente a un cargo de libre nombramiento y remoci�n, por lo tanto la unica circunstancia seg�n las normas previas, claras y los precedentes de la Corte Constitucional, era la de ocupar definitivamente la partida con todo un procedimiento de concurso de oposici�n y merito, obteniendo un ganador o ganadora del mismo, pues fue la misma instituci�n quien gener� la necesidad institucional al sobrepasar los limites legales de la norma y generar no una necesidad temporal de la labor del servidor p�blico, sino una permanente, que deriva inclusive una clara vulneraci�n al principio de confianza leg�tima. �

Existen acciones de protecci�n que han sido favorables para servidores p�blicos, con contratos de servicios ocasionales en donde los jueces de primera, como segunda instancia consideran que los derechos constitucionales como son el derecho a la seguridad jur�dica y trabajo con estas desvinculaciones se violentan por parte de la instituci�n del Estado.

Se fundamenta que existen vulneraciones de derecho para funcionarios p�blicos administrativos con contratos de servicios ocasionales en la Coordinaci�n Zonal 6-Salud, como el determinado en el No. proceso: 01618-2021-00067, No. de Ingreso: 1, donde se presenta una acci�n de protecci�n para un servidor con contrato de servicios ocasionales, se deja sin efecto el Memorando No. MSP-CZ6-DD01D05-2020-1032-M con el cual se termin� la relaci�n contractual con el accionante. Se dispone el reintegro INMEDIATO a las funciones que ven�a desempe�ando el accionante, esto es mismo cargo, misma remuneraci�n, y si en el evento aquello no es posible, presentar� los justificativos del caso, y la justificaci�n tambi�n de haberle otorgado otro cargo, pero con igual remuneraci�n, misma plaza. La autoridad administrativa no podr� tomar actitudes negativas que menoscaben los derechos de la accionante por el hecho de haber activado la acci�n de protecci�n, y en ese sentido la acci�n de personal que se debe emitir acorde a lo indicado en el numeral tres de esta reparaci�n. Adicionalmente a ello la acci�n de personal deber� contener el tiempo hasta cuando la entidad accionada pida la creaci�n del cargo, llame al concurso de m�ritos y oposici�n y de su resultado llegue el ganador o ganadora del concurso; y, en este sentido se respetaran todos los derechos de participar en el mentado concurso al accionante sin que se le direccione actitudes o actos de la autoridad p�blica accionada o de terceros para impedir que concurse de manera leg�tima, legal y constitucional en la defensa de su cargo.

Es funci�n de los jueces dentro de cada provincia y jurisdicci�n, velar por el cumplimiento de los derechos y garant�as que la Constituci�n emite para los diferentes actos de vulneraci�n de derechos, en los empleados y empleadas del sector p�blico, independientemente de la modalidad de trabajo que este ejecute, pues, como se ha podido evidenciar en este art�culo, existen casos en los que efectivamente se violan derechos a los ciudadanos en la modalidad de servicio ocasional por factores como: embarazo, pandemia, etc., y casos en los que efectivamente se cumple lo que la Ley establece en cuanto a la terminaci�n de un contrato ocasional.

Es funci�n del estado ecuatoriano comprometerse con brindar las garant�as necesarias para que la funci�n judicial ejerza de manera acertada la atenci�n a las intervenciones ciudadanas que buscan ampararse en acciones de protecci�n relacionadas a su estabilidad laboral, independientemente de la modalidad laboral en la que se encuentren actuando. El art�culo 33 de la Constituci�n, reconoce al trabajo como un derecho y un deber social, adem�s de brindar las garant�as necesarias para que se dignifique el empleo en todas sus modalidades, poniendo como principal arista el trabajo y desarrollo humano sobre el desarrollo econ�mico y financiero.

El art�culo 326 numeral 2 y 3 de la Constituci�n, manifiesta que los derechos del trabajador son irrenunciables e intangibles; siempre que existan dudas sobre las determinaciones que deben emitir los jueces ante vulneraciones de derechos a trabajadores, la norma indica que se aplicar�n apuntando hacia el beneficio principalmente de los empleados del sector p�blico o privado.

Pese a todas las garant�as con las que gozan los empleados p�blicos, manifestadas en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, no se ha minimizado ni eliminado las condiciones precarias en las que se trata a los trabajadores en nuestro pa�s, con modalidades de trabajo que muchas veces atentan contra su dignidad y estabilidad, son pocas por no decir nulas las evidencias de acciones de protecci�n que han resultado beneficiosas para los trabajadores, o que les han otorgado una recompensaci�n de sus derechos o restituci�n a sus fuentes de trabajo, raz�n por la cual brindar garant�as, a trav�s de la Ley, para los trabajadores en diferentes modalidades del sector p�blico, es materia pendiente en nuestro estado ecuatoriano, que esperamos a futuro se pueda priorizar y solucionar.

 

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