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Transgresi�n de las garant�as jurisdiccionales por parte del consejo de la judicatura en tiempos de pandemia

 

Violation of jurisdictional guarantees by the judiciary council in times of pandemic

 

Viola��o de garantias jurisdicionais pelo conselho judici�rio em tempos de pandemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: ccccxavier@outlook.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas ���

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 23 de junio de 2022 *Aceptado: 12 de julio de 2022 * Publicado: 23 de agosto de 2022

 

1. Estudiante de la Maestr�a en Derecho y Justicia Constitucional, Universidad T�cnica de Machala, Ecuador.
2. Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Rep�blica del Ecuador, Mag�ster en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, Especialista en Derecho Administrativo, Docente Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador.

Resumen

La situaci�n de pandemia atravesada por el Estado ecuatoriano ha tenido consecuencias ca�ticas para todos los ciudadanos en diversas �reas, realidad que no exime al sistema de justicia, m�s a�n cuando las pol�ticas aplicadas por el gobierno de turno y sus delegatarios se han desarrollado dis�milmente entre s�, al respecto dichas disposiciones han resultado excesivas y por ende lesivas contra los derechos y garant�as reconocidos en la constituci�n, puesto que atentan contra la seguridad jur�dica y el debido proceso; la presente investigaci�n desarrolla un enfoque cualitativo con alcance descriptivo, cuyo objetivo principal reside en dilucidar la posible transgresi�n de las garant�as jurisdiccionales por parte del Consejo de la Judicatura en tiempos de pandemia, frente al Decreto Ejecutivo 1017 del 2020, en este prop�sito se ha examinado la figura en menci�n y sus alcances, en conjunto con la Resoluci�n No. 031-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura y el Memorando Circular-DP17-2020- 0178-MC, a efectos de auscultar los excesos constantes en dichas resoluciones; los m�todos a aplicarse corresponden al Inductivo, Deductivo y el M�todo Exeg�tico. Se concluye que actos de simple administraci�n vulneraron y entorpecieron las garant�as jurisdiccionales.

Palabras Clave: Pandemia; estado de excepci�n; garant�as jurisdiccionales; debido proceso.

 

Abstract

The pandemic situation experienced by the Ecuadorian State has had chaotic consequences for all citizens in various areas, a reality that does not exempt the justice system, even more so when the policies applied by the current government and its delegates have developed dissimilarly from each other In this regard, said provisions have been excessive and therefore harmful to the rights and guarantees recognized in the constitution, since they threaten legal certainty and due process; The present investigation develops a qualitative approach with a descriptive scope, whose main objective lies in elucidating the possible transgression of jurisdictional guarantees by the Council of the Judiciary in times of pandemic, against Executive Decree 1017 of 2020, in this purpose it has been examined the figure in question and its scope, together with Resolution No. 031-2020 of the Plenary of the Council of the Judiciary and Circular Memorandum-DP17-2020-0178-MC, in order to examine the constant excesses in said resolutions; the methods to be applied correspond to the Inductive, Deductive and the Exegetical Method. It is concluded that acts of simple administration violated and hindered jurisdictional guarantees.

Keywords: Pandemic; Exception status; jurisdictional guarantees; due process.

 

Resumo

A situa��o de pandemia vivida pelo Estado equatoriano teve consequ�ncias ca�ticas para todos os cidad�os em v�rias �reas, uma realidade que n�o isenta o sistema de justi�a, ainda mais quando as pol�ticas aplicadas pelo atual governo e seus delegados se desenvolveram de maneira diferente. nesse sentido, tais disposi��es foram excessivas e, portanto, prejudiciais aos direitos e garantias reconhecidos na constitui��o, pois amea�am a seguran�a jur�dica e o devido processo; A presente investiga��o desenvolve uma abordagem qualitativa de �mbito descritivo, cujo objetivo principal consiste em elucidar a poss�vel transgress�o de garantias jurisdicionais pelo Conselho do Judici�rio em tempos de pandemia, contra o Decreto Executivo 1017 de 2020, para isso foram examinados os figura em quest�o e sua abrang�ncia, juntamente com a Resolu��o n� 031-2020 do Plen�rio do Conselho da Magistratura e Circular-DP17-2020-0178-MC, a fim de examinar os constantes excessos nas referidas delibera��es; os m�todos a serem aplicados correspondem ao M�todo Indutivo, Dedutivo e Exeg�tico. Conclui-se que atos de simples administra��o violaram e prejudicaram garantias jurisdicionais.

Palavras-chave: Pandemia; Situa��o de exce��o; garantias jurisdicionais; Devido Processo.

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Introducci�n

�En sus inicios la epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organizaci�n Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud p�blica de preocupaci�n internacional el 30 de enero del 2020, sin embargo, para el 11 de marzo del mismo a�o el director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus anunci� que la enfermedad por Coronavirus puede caracterizarse como pandemia (Organizaci�n Panamericana de la Salud, 2020). Frente a estas declaraciones, el Estado ecuatoriano entr� en estado de emergencia el 16 de marzo del a�o 2020, declarando estado de excepci�n a nivel nacional.

En el marco de lo expuesto se definir� en que consiste el estado de excepci�n y sus alcances, adem�s de analizar su conexi�n directa e influencia sobre las garant�as jurisdiccionales en relaci�n con las disposiciones emitidas por el entonces presidente de la rep�blica, Licenciado Lenin Moreno a trav�s del decreto ejecutivo 1017, en consecuencia, se realizar� un an�lisis paralelo de la Resoluci�n No. 031-2020 del Consejo de la Judicatura, quien funge de �rgano ejecutor de las pol�ticas institucionales y el memorando circular-DP17-2020- 0178-MC, con el prop�sito de develar los excesos cometidos durante estado de excepci�n sobre las garant�as jurisdiccionales.

Seg�n Tob�n-Tob�n y Mendieta-Gonz�lez (2017) Los estados de excepci�n, por naturaleza, delimitan la frontera entre normalidad y anormalidad, en el desarrollo del ordenamiento constitucional, puesto que solo se ponen en marcha ante una situaci�n de anormalidad y traen consigo una serie de limitaciones y facultades que impiden el retorno a la normalidad (p. 69).

La figura del estado de excepci�n se encuentra establecida en la secci�n cuarta de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) desde art�culo 164 hasta el 166; al respecto, esta se aplicar� frente a los casos de �agresi�n, conflicto armado internacional o interno, grave conmoci�n interna, calamidad p�blica o desastre natural� (p.61).

Por otro lado, las Garant�as Jurisdiccionales y sus reglas constan dentro de la Constituci�n de la Rep�blica desde el art�culo 86 hasta el 94, articulado que guarda sinton�a con el inciso 3 del art�culo 6 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (2020), identificando a estas como: �acci�n de protecci�n, el h�beas corpus, la acci�n de acceso a la informaci�n p�blica, el h�beas data, la acci�n por incumplimiento, la acci�n extraordinaria de protecci�n y la acci�n extraordinaria de protecci�n contra decisiones de la justicia ind�gena� (p.5).

En consecuencia, se originan las siguientes interrogantes: �se respetaron las garant�as jurisdiccionales frente al escenario de pandemia?, �los �rganos de la funci�n judicial ecuatoriana garantizaron el acceso a la justicia de la ciudadan�a?, �el estado ecuatoriano fue eficiente frente a al estado de excepci�n declarado?

Con el prop�sito de establecer respuestas a estas inc�gnitas dentro de la investigaci�n se establece como: Objetivo General: �Dilucidar la posible transgresi�n de las garant�as jurisdiccionales por parte del Consejo de la Judicatura en tiempos de pandemia�. Objetivos espec�ficos: �Identificar las razones por las que se puede efectuar un estado de excepci�n�; igualmente �Caracterizar el estado de excepci�n en la legislaci�n ecuatoriana�; y �Determinar las acciones a seguir ante la restricci�n de las garant�as jurisdiccionales por parte de las resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura�.

La presente investigaci�n justifica su nivel de importancia en raz�n de escudri�ar las vulneraciones originadas durante la pandemia del coronavirus y dilucidar los intereses ulteriores del ejecutivo en el marco de las directrices adoptadas, hechos que ser�n develados a efectos de tomar los correctivos id�neos en defensa de la constituci�n.

A este tenor, se pondr� en la palestra el estudio y alcance de las garant�as jurisdiccionales, situaci�n que permitir� crear espacios de discusi�n dentro de la colectividad, estudiosos del derecho y la comunidad de abogados, a efectos de crear conciencia social en la ciudadan�a. Al respecto es necesario mencionar que hasta el d�a de hoy vivimos en una latente pandemia, cuyo virus �SARS-CoV-2� muta con el pasar del tiempo generando diversas variantes, hechos que probablemente acarrear�an nuevas olas de contagio, lo que conducir�a al actual o futuro gobierno a plantear estados de excepci�n continuos en torno a la pandemia, puesto que no sabemos con certeza cu�ndo se superar� la enfermedad y sus variantes; he ah� la importancia del tema a efectos de que el gobernante, sus delegados y dem�s autoridades act�en en acatamiento de la constituci�n y sus garant�as jurisdiccionales, aplicando estados de excepci�n razonables, fundados en la legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, entre otros, respetando el marco jur�dico constitucional existente y los derechos humanos.

 

Desarrollo

1. Escenario previo de la declaratoria de pandemia por Covid-19

A los 11 d�as del primer trimestre del a�o 2020 se levant� una alerta mundial por parte del director de la Organizaci�n Mundial de la Salud (OMS), llamando a los gobiernos del mundo a adoptar medidas urgentes que permitan controlar la veloz propagaci�n del COVID-19 que por sus caracter�sticas de contagio y mortandad se elev� a pandemia; de acuerdo con Valero-Cede�o et al. (2020) �El nuevo CoV es conocido por causar diversas infecciones en el tracto respiratorio en humanos, desde un leve resfriado hasta casos graves de neumon�a, edema pulmonar, falla multiorg�nica y muerte� (p.3). Bajo este esquema la Organizaci�n Panamericana de Salud (2020) revela que a la fecha de declaratoria exist�an 118.000 infectados en 114 pa�ses y registros de 4.291 personas que hab�an perdido la vida por causas de la nueva enfermedad, estas cifras alarmantes originaron p�nico y desconcierto en las sociedades de todo el mundo.

Como se observa, al momento de la declaratoria de pandemia el virus se hab�a vuelto incontrolable afectando a pueblos altamente desarrollados, al igual que aquellos en v�as de desarrollo, en mayor o menor grado, en este contexto las naciones adoptaron medidas de car�cter legal extremas a fin de aplacar el contagio en su territorio, entre las principales y m�s inmediatas dictaron decretos encaminados al cierre de fronteras entre los pa�ses, puertos y aeropuertos internacionales as� como de todo tipo de ruta que permitieran entrar o salir a ciudadan�a extranjera o nacional, adem�s del aislamiento humano entre otros.

Como consecuencia de estas decisiones se origin� otro fen�meno colateral, la fractura del Estado de derecho y la violaci�n sistem�tica a los derechos humanos, acompa�ado del silencio c�mplice e inacci�n de las autoridades de turno frente a la pandemia, siendo que el status quo moderno poco o nada pudo hacer contra la naturaleza, situaci�n que se ahondara m�s adelante; desde el punto de vista de Placeres Hern�ndez et al. (2021) �La COVID-19 levant� no solo alarmas sanitarias, cient�ficas y sociales, sino tambi�n ambientales y pol�ticas� (p.9). En esa l�nea, Cabezas (2020) se�ala que �De otro lado esta pandemia apareci� s�bitamente en un escenario econ�mico, social y pol�tico complejo, en tiempos de bajo crecimiento econ�mico y elevados niveles de informalidad laboral� (p.603). En efecto, dicha realidad no fue ajena al contexto nacional.

Por su parte, el gobierno ecuatoriano declar� estado de excepci�n en todo el territorio nacional mediante el decreto ejecutivo 1017, el 16 de marzo del 2020, situaci�n que paralelamente conllevo al pronunciamiento de la Corte Constitucional a trav�s del dictamen 1-20-EE/20 �La Corte emiti� dictamen favorable de constitucionalidad de la declaratoria y las medidas ordenadas en el decreto de estado de excepci�n 1017 por calamidad p�blica en todo el territorio nacional, en atenci�n a la pandemia de COVID-19� (Corte Constitucional del Ecuador, 2020).

Es importante puntualizar que la intervenci�n de la Corte Constitucional se desarrolla en marco de tutelar la seguridad jur�dica del Estado; al respecto, Ju�rez-Suquilanda y Zamora-V�zquez (2022) establecen que �La seguridad jur�dica se fundamenta en los derechos que sustentan el derecho constitucional, esta tiene como caracter�stica ser inherente al sistema jur�dico, tiene como funci�n llegar a la justicia� (p.422). Por su parte, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) establece que �El derecho a la seguridad jur�dica se fundamenta en el respeto a la Constituci�n y en la existencia de normas jur�dicas previas, claras, p�blicas y aplicadas por las autoridades competentes� (art.82).

1.1. Emisi�n del Decreto Ejecutivo No. 1017

A trav�s de cadena nacional, el entonces mandatario Lenin Moreno, anunci� a los ecuatorianos un 16 de marzo del 2020 el estado de excepci�n por �calamidad p�blica� en raz�n de la pandemia por Covid-19, decreto que ver�a sus efectos a partir del 17 de marzo del mismo a�o, con una duraci�n de 60 d�as, en este escenario se suspendieron ciertos derechos del corpus iuris constitucional; al respecto de lo que se considera calamidad p�blica el Decreto Ejecutivo 1017 (2020) imprime:

Que la doctrina ha definido a la calamidad p�blica como �toda desgracia o infortunio que alcanza o afecta a muchas personas y, adem�s, debe tener la calidad de cat�strofe; esto es, de sucesos infaustos que alteren gravemente el orden regular y normal en el cual se desenvuelven las actividades tanto p�blicas como privadas del pa�s (p. 10).

Como se ha visto, los sustentos base de la declaratoria est�n plenamente justificados, pues se alinean a las caracter�sticas distintivas de la pandemia; los efectos del Decreto Ejecutivo 1017 tienen caracter�stica erga omnes; entre las medidas m�s sobresalientes del decreto ut supra se encuentran la suspensi�n del ejercicio de derechos como: (i) La libertad de tr�nsito, de asociaci�n y de reuni�n; entre estos la prohibici�n eventos de congregaci�n masiva. (ii) Cuarentena comunitaria obligatoria, para contener el contagio en los sectores de alerta sanitaria que determine la Autoridad Nacional de Salud. (iii) Declaratoria de toque de queda a nivel nacional: Prohibici�n de circular v�as, as� como espacios p�blicos, conforme lo determine el Comit� de Operaciones de Emergencias Nacional (COE) con las excepciones de personas y actividades contenidas en el decreto. (iv) Suspensi�n de jornadas presenciales de trabajo para el sector p�blico y privado del 17 a 24 de marzo del 2020, el COE podr� prorrogar las jornadas laborales presenciales; los empleados y trabajadores podr�n acogerse a la modalidad de teletrabajo seg�n el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076. (v) Suspensi�n de t�rminos y plazos de los procesos judiciales, as� como administrativos y alternativos a la soluci�n de conflictos, en apego al debido proceso. (vi) En caso de extrema necesidad, disponer de requisiciones para mantener servicios de salud p�blica, orden y seguridad a nivel nacional, con apego al ordenamiento jur�dico. (vii) Uso de plataformas satelitales, as� como la telefon�a m�vil para dar seguimiento a quienes incumplan la cuarentena o aislamiento a efectos de disponerlos ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo a la investigaci�n de Monesterolo Lencioni (2020) ciertas caracter�sticas de las disposiciones del mencionado decreto, pese a ser de car�cter general, no aplicaban a todos, indicando que:

Se exceptu� del toque de queda a ciertas personas, tales como las que prestan servicios b�sicos, miembros de la Polic�a y Fuerzas Armadas, comunicadores sociales acreditados, personas que por razones de salud deban trasladarse a un centro m�dico y a personas que requieran circular para abastecerse de productos de primera necesidad, entre otras (p. 81).

Adicionalmente; es meritorio se�alar que tras la culminaci�n del mencionado decreto hubo una renovaci�n de 30 d�as m�s a trav�s del Decreto Ejecutivo 1052, declar�ndose constitucional de acuerdo al dictamen No. 2-20-EE/20 del Pleno de la Corte Constitucional, estas disposiciones manten�an las mismas medidas adoptadas inicialmente por el decreto ut supra; cabe recalcar que su principal distinci�n consist�a en la semaforizaci�n de las actividades humanas en el �mbito de pandemia, indicando el riesgo de contagio para ciertos grupos poblacionales seg�n un color. �El sem�foro tendr� tres colores, en los cuales se medir� el riesgo: verde (bajo), amarillo (mediano) y rojo (alto)� (Ministerio de Salud P�blica, 2022).

En este �mbito se facult� al COE Nacional para que implemente las medidas de restricci�n necesarias para cada Gobierno Aut�nomo Descentralizado, acorde al foco infeccioso de cada cant�n; raz�n por la cual a las funciones del Estado se le emitieron resoluciones para la adopci�n de medidas encaminadas al aislamiento y distanciamiento social acorde a la semaforizaci�n correspondiente.

1.2. Restricciones al acceso a la justicia como consecuencia de la Resoluci�n No. 031-2020 del Consejo de la Judicatura

Las principales restricciones encontradas dentro de la resoluci�n se fundan en la suspensi�n de ciertas funciones jurisdiccionales del sistema de justicia por �rdenes del Consejo de la Judicatura, mismo que es un �rgano administrativo, por lo expuesto se debe advertir que estas funciones no son de su competencia, no obstante, sus lineamientos presuntamente se apoyan en el Decreto Ejecutivo 1017. ��

En este sentido, el 17 de marzo del a�o 2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura, en raz�n de sus atribuciones y conforme a las facultades otorgadas dentro del inciso 2 del art�culo 178 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) quien se�ala que �El Consejo de la Judicatura es el �rgano de gobierno, administraci�n, vigilancia y disciplina de la Funci�n Judicial� (p.96), dispuso a trav�s de la Resoluci�n 031-2020 del pleno, que se deber�n suspender las jornadas laborales de los servidores judiciales que formen parte de la funci�n judicial en atenci�n al estado de excepci�n vigente y las directrices dictadas tras la declaratoria de pandemia, exceptu�ndose de acuerdo al art�culo 2 de la resoluci�n a los servidores de las unidades judiciales competentes y multicompetentes en materia de flagrancias relacionadas con lo penal, como asuntos de: Adolescentes infractores, tr�nsito, y violencia contra la mujer y miembros del n�cleo familiar.

Igualmente, el inciso 2 del referido art�culo menciona que en lo correspondiente a las causas en materia de garant�as penitenciarias o asuntos penales se establecer� la habilitaci�n de ventanillas dentro de las unidades de flagrancia para atender la presentaci�n y registro de quienes se encuentren bajo medidas sustitutivas con presentaciones peri�dicas por prelibertad, acto seguido el Pleno del Consejo de la Judicatura decidi� implementar la suspensi�n de los plazos y t�rminos en curso en atenci�n a lo dispuesto al art�culo 8 del Decreto Ejecutivo 1017 (2020) el cual imprime:

Em�tase por parte de todas las Funciones del Estado y otros organismos establecidos en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, las resoluciones que se consideren necesarias para que proceda a la suspensi�n de t�rminos y plazos a las que haya lugar, en procesos judiciales y administrativos; y, de igual forma, en procesos alternativos (p. 16-17).

En el marco de lo expuesto, resulta oportuno se�alar que la resoluci�n 031-2020 suspendi� los tiempos procesales durante dos meses y dieciocho d�as, en lo que se mantuvo en vigencia, siendo paralelamente derogada y sustituida por la nueva resoluci�n 057-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura en la que desde el 04 de junio del 2020 se restableci� la atenci�n de las ventanillas f�sicas de las diversas dependencias judiciales.

Volviendo a lo anterior, el art�culo 5 de la Resoluci�n No. 031-2020 anota que los jueces garantizaran que la caducidad de la prisi�n preventiva no opere, al igual que la prescripci�n de la acci�n dentro de la materia penal enfocada a: Tr�nsito, violencia contra la mujer y miembros del n�cleo familiar, y adolescentes infractores, tal cual se hab�a citado en l�neas anteriores; de lo referido se evidencia una clara intromisi�n en el debido proceso, siendo que adicionalmente se vulnera el derecho a la igualdad y el principio de inocencia de los justiciables, parad�jicamente dicho apartado normativo se contrapone al derecho oportuno de acceso a la justicia; siguiendo estos lineamientos, el inciso 2 del art�culo 5 de la Resoluci�n No. 031-2020 (2020) dispone que �En las acciones de habeas corpus, las y los jueces de las unidades de flagrancia ser�n competentes para conocer y resolver dichas acciones� (p.3).

Como se observa, la resoluci�n ut supra dentro de su contenido omite las directrices sobre la interposici�n de las dem�s garant�as jurisdiccionales, haciendo una excepci�n con el h�beas corpus; esta omisi�n conduce indefectiblemente a la vulneraci�n de los derechos constitucionales y la tutela judicial efectiva; al respecto el inciso 2 del numeral 8, art�culo 11 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) indica que �Ser� inconstitucional cualquier acci�n u omisi�n de car�cter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos� (p.12). En opini�n de Orellana-Crespo y Pinos-Ja�n (2021):

La resoluci�n sentada, resulta contradictoria e inconstitucional al suspender garant�as jurisdiccionales, en cuanto el marco constitucional y legal ecuatoriano, impide que se suspendan las actividades de las funciones del Estado, m�s a�n, las jurisdiccionales de protecci�n de derechos, se burla la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia como garant�a de los derechos de las personas art�culo 75 CRE (p.1148-1149).

En cuanto a la interposici�n de las garant�as jurisdiccionales con excepci�n del H�beas Corpus, se puso en conocimiento por parte de la Defensor�a del Pueblo casos de inadmisi�n presentes en las provincias del Guayas, El Oro, Loja, Santa Elena y Pichincha, estos se apoyaban en las directrices de la mentada resoluci�n, raz�n por la cual los jueces rechazaban todo tipo de recurso que no se enfocara a lo establecido por el Consejo de la Judicatura; en lo tocante, el 3 de abril del 2020 de acuerdo al Seguimiento Dictamen de Constitucionalidad (2020) mediante comunicado �la Direcci�n Provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, habilita una ventanilla virtual, exclusivamente para recepci�n de h�beas corpus� (p.3). Como se observa, dicha misiva jam�s contempl� las dem�s garant�as jurisdiccionales, es decir, omiti� su recepci�n.

Con referencia a lo anterior, las referidas disposiciones contravienen el art�culo 25 y el numeral 2 del art�culo 27 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, en el que respectivamente se establece que los recursos ser�n sencillos y r�pidos frente a actos que violenten los derechos fundamentales; a la par, se destaca que no se podr�n suspender las garant�as judiciales, enti�ndase jurisdiccionales que sean indispensables para proteger tales derechos.

En suma, resulta alarmante e incongruente que el Pleno del Consejo de la judicatura a trav�s de la Resoluci�n ut supra conduzca a los operadores de justicia al irrespeto y desconocimiento de las garant�as jurisdiccionales, m�s a�n cuando dichas disposiciones deber�an ser vedadas por dicho �rgano, ya que entre sus atribuciones consta la vigilancia y disciplina de la Funci�n Judicial, raz�n por la cual debi� abrirse sumarios administrativos por falta grav�sima a quienes incurrieran en dichas disposiciones adem�s de la posible sanci�n de Error Inexcusable a los jueces que ci�eran sus decisiones a dicha disposici�n.

Sobre el marco del acceso a la justicia, es necesario puntualizar que es obligaci�n del Estado y sus delegatarios el fomentar y fortalecer el acceso a esta, removiendo cualquier obst�culo legal que pueda menoscabar, anular o restringir los derechos o garant�as establecidas en la constituci�n o en los tratados de derechos humanos debidamente reconocidos.� ��

El acceso a la justicia es un principio b�sico del estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer o�r su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminaci�n o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopci�n de decisiones (Organizaci�n de Naciones Unidas, 2019).

Lo expuesto requiere de �rganos plenamente preparados y especializados en materia constitucional a fin de hacer frente a disposiciones lacerantes o acciones degradantes que violenten los derechos de las personas; en este contexto, la resoluci�n del Pleno del Consejo de la Judicatura evidenci� una clara intromisi�n en el acceso a la justicia situaci�n que paralelamente atenta contra la independencia judicial influyendo directamente en el actuar de los operadores de justicia.

 

1.3. Prohibici�n de receptar garant�as jurisdiccionales con excepci�n del H�beas Corpus seg�n el Memorando circular DP17-2020- 0178-MC

Con fecha de mi�rcoles 15 de abril de 2020, se emiti� el memor�ndum circular DP17-2020- 0178-MC titulado �Respecto de garant�as constitucionales� mismo que se motiv� tras las directrices de la Direcci�n General del Consejo de la Judicatura en raz�n del �Protocolo de Emergencia Coronavirus COVID-19� y la Resoluci�n No. 0031-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que suspendi� las labores de la funci�n judicial, con sus respectivas excepciones. �

Consejo de la Judicatura (2020) protocolo: Sin perjuicio de lo previsto en la Resoluci�n 031-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, las direcciones provinciales a su cargo deben garantizar la atenci�n en materia de garant�as penitenciarias, para lo cual, es necesario la elaboraci�n de un instructivo que contenga un cronograma de turnos y la metodolog�a de trabajo para los funcionarios jurisdiccionales que tengan competencia en materia de garant�as penitenciarias; as� como tambi�n para las respectivas unidades judiciales especializadas en la referida materia (p.9).

En este contexto, la Direcci�n Provincial de Pichincha como �rgano ejecutor de pol�ticas institucionales a trav�s de su director Ab. Hugo Xavier Oliva, estableci� en el inciso 8 de memorando, que �est� determinantemente prohibido el ingreso de garant�as (amparo), demandas, escritos, oficios, etc., que no est�n relacionados con las excepciones previstas en el art�culo 2 de la Resoluci�n No. 031-2020� (Memorando circular-DP17-2020-0178-MC, 2020. p.2). En este prop�sito, el numeral 7 del citado memor�ndum declara que la �nica y �exclusiva� garant�a constitucional que podr�n admitir las unidades judiciales son el H�beas Corpus, por ende se acoger�n los escritos relacionados a ella; adicionalmente la circular advierte a las unidades judiciales del Pichincha el acatamiento obligatorio de los lineamientos expedidos mientras dure la emergencia sanitaria dentro de la provincia. Garc�a Mero y Celi Toledo (2021) escriben que:

Este documento que fue criticado por ser lesivo a los derechos qued� sin efecto dos d�as despu�s de su publicaci�n siendo reemplazado con una nueva resoluci�n en la que se establecieron los procedimientos para el tr�mite de los recursos en dieciocho provincias del pa�s (p.217).

En raz�n del memor�ndum, la organizaci�n de derechos humanos INREDH (2020) manifest� que �Este oficio es un reconocimiento expreso del Estado ecuatoriano de su incumplimiento de las obligaciones adquiridas en relaci�n al respeto y garant�a de los derechos humanos� Al respecto debemos recordar que las normas infra legales no pueden interponerse contra los mandatos establecidos en la constituci�n ecuatoriana y los tratados y convenios internacionales de los cuales el pa�s es signatario. Conforme el inciso 2, numeral 3 del art�culo 11 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) �Para el ejercicio de los derechos y las garant�as constitucionales no se exigir�n condiciones o requisitos que no est�n establecidos en la Constituci�n o la ley� (p.12). En lo que concierne la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (2020) mediante la resoluci�n 1/2020, numeral 24, se�ala a los Estados:

Abstenerse de suspender procedimientos judiciales id�neos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos las acciones de h�beas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en dicho contexto. Estas garant�as deben ejercitarse bajo el marco y principios del debido proceso legal (p.13).

Las autoras Garc�a Mero y Celi Toledo (2021b) citan a Ru�z (2020) quien hace �nfasis que �En criterio de la jueza colombiana Mar�a Alexandra Ruiz, llama la atenci�n que en el caso ecuatoriano se haya limitado de forma absoluta el acceso a las garant�as jurisdiccionales, pues eso no sucedi� en otros pa�ses de la regi�n� (p.220). De lo expresado se puede colegir que las garant�as constitucionales enti�ndase �jurisdiccionales� no pueden ser trastocadas so pretexto de un estado de excepci�n o el mandato de una resoluci�n de �rgano jer�rquico superior.

 

2.     Generalidades del Estado de excepci�n

De acuerdo a L�pez Olvera (2010) la doctrina internacional denomina a los estados de emergencia como: �estados de excepci�n�, �estado de sitio�, �estado de urgencia�, �estado de alarma�, �estado de prevenci�n�, estado de guerra interna�, �suspensi�n de garant�as�, �ley marcial�, �poderes de crisis�, �poderes especiales�, �toque de queda�, etc�tera (p.79). Todos estos apelativos comparten la base com�n de un mismo concepto, el cual evoca la suspensi�n o restricci�n del orden jur�dico a efectos de su salvaguarda; en el caso particular nos centraremos en la figura del estado de excepci�n. Como afirmara Maldonado Rodas & Trelles Vicu�a (2020):

Por otra parte, manifestamos que, se ha tergiversado la naturaleza del Estado de Excepci�n, pues este tambi�n ha sido utilizado y manipulado como una herramienta que defiende la democracia, pero con la intenci�n de proteger los intereses del gobierno e incluso legitima la vulneraci�n de los derechos de los ciudadanos (p.571).

El estado de excepci�n dentro del Estado ecuatoriano tiene ya varios decenios desde su aplicaci�n; seg�n Melo Delgado (2015) �El antecedente de lo que hoy conocemos como estado de excepci�n fue incorporado a nuestro ordenamiento jur�dico mediante la expedici�n de la Constituci�n de 1835� (p.12). Como se ha visto, esta figura confiere al ejecutivo potestades excepcionales de car�cter transitorio para suspender, restringir o limitar ciertos derechos civiles de los ciudadanos, siempre y cuando existan situaciones latentes de dificultad que amenacen el orden, seguridad e institucionalidad del Estado, as� como tambi�n situaciones que atenten contra los bienes p�blicos, privados, la salud, educaci�n entre otros; lo expuesto no constituye una autorizaci�n deliberada a favor de los gobernantes para apartarse de la legalidad sino m�s bien una herramienta para salvaguardar la integridad del colectivo social en observancia y respeto de los derechos humanos, cuyo fin es el retorno de la democracia.

No obstante, para ciertos gobiernos la figura del estado de excepci�n ha servido de plataforma para perpetuarse en el poder, constituy�ndose en reg�menes de facto, violentando los derechos y garant�as de los ciudadanos premeditadamente, desvirtuando as� el prop�sito de las instituciones creadas y haciendo uso de ellas como herramienta sistem�tica de represi�n de derechos y garant�as, abusando de su temporalidad y aplicaci�n. Por su parte Cossio Sep�lveda y Giraldo Urrego (2020) concuerdan que:

En s�ntesis, el estado de excepci�n supone el desborde de las leyes de plenos poderes que sacrificar�an lo que sea necesario para volver al estado de normalidad. Lo anterior recurre a la noci�n de necesidad como concepto jur�dico que justifica las acciones tomadas, sean morales o inmorales, en el marco del estado de excepci�n (p.285).

En resumen, el mal empleo del estado de excepci�n abre las puertas hacia la violaci�n sistematizada de los derechos humanos y garant�as constitucionales, siendo que a trav�s de la historia los gobiernos de turno �mandatarios� han recurrido a ella para frenar el clamor popular frente a decisiones arbitrarias o lesivas a los intereses ciudadanos y del propio Estado, imponiendo su propia agenda o la de organismos internacionales, para legitimar pol�ticas de austeridad como recortes presupuestarios en salud, educaci�n, inversi�n social o establecer medidas econ�micas �paquetazos� que agudizan la crisis econ�mica de los mandantes, entre otros.

2.1. Estado de excepci�n y la legislaci�n ecuatoriana.

Corresponde al presidente de la rep�blica el decretar el estado de excepci�n, ya sea total o parcialmente dentro del territorio nacional; seg�n el art�culo 164 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) se emplea �en caso de agresi�n, conflicto armado internacional o interno, grave conmoci�n interna, calamidad p�blica o desastre natural� de igual manera se observar� el cumplimiento irrestricto de �necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad� (p.61). Frente a lo expuesto, el decreto en menci�n deber� contener la causal y los fundamentos que lo motivan, su aplicaci�n territorial y duraci�n, as� como el detalle de los derechos afectados y su debida notificaci�n en apego a la carta magna y los tratados y convenios internacionales, es importante mencionar que la declaratoria de estado de excepci�n no entorpecer� las actividades de las dem�s funciones del Estado.

En este prop�sito, las medidas aplicadas durante el estado de excepci�n deber�n estar debidamente motivadas, as� como justificadas, caso contrario se desvirt�a su designio volvi�ndose inconstitucionales, cabe recalcar que no cualquier emergencia puede ser considerada como fundamento de esta figura.

�al art�culo 165 de la Constituci�n Ecuatoriana, el presidente de la rep�blica podr� �nicamente limitar o suspender el ejercicio de los derechos en los t�rminos que se�ala la constituci�n, en cuanto a los siguientes temas: (i) Inviolabilidad de correspondencia. (ii) Inviolabilidad de domicilio. (iii) Libertad de tr�nsito. (iv) Libertad de asociaci�n y reuni�n. (v) Libertad de informaci�n.

En lo sucesivo, el inciso 2 del art�culo 165 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) manifiesta que una vez establecido el decreto de estado de excepci�n por parte del ejecutivo, este podr�: (i) Recaudar anticipadamente los tributos. (ii) Emplear los fondos p�blicos con excepci�n de los destinados a salud y educaci�n. (iii) Mover la sede de gobierno a cualquier sitio dentro del espacio nacional. (iv) Aplicar censura previa a los medios de comunicaci�n respecto a la informaci�n concerniente al estado de excepci�n y la seguridad estatal. (v) Instaurar total o parcialmente una zona de seguridad dentro del territorio. (vi) Emplear total o parcialmente a las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional, as� como convocar a los miembros en servicio activo, reserva o personal de las dem�s instituciones. (vii) Cerrar o habilitar puertos, aeropuertos, caminos fronterizos. (viii) Ordenar la movilizaci�n y requisiciones necesarias; dictaminar la desmovilizaci�n una vez se haya vuelto a la normalidad (p.92).

En este orden, una vez el ejecutivo haya firmado el decreto de estado de excepci�n, deber� notificar dentro de las 48 horas siguientes a los organismos internacionales correspondientes, as� como a la Corte Constitucional y Asamblea Nacional, este �ltimo podr� en cualquier momento revocar el decreto si as� lo estima acorde a las circunstancias, sin perjuicio de que la Corte Constitucional emita su respectivo pronunciamiento de constitucionalidad.

El inciso 2 del art�culo 166 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) se�ala que �El decreto de estado de excepci�n tendr� vigencia hasta un plazo m�ximo de sesenta d�as. Si las causas que lo motivaron persisten podr� renovarse hasta por treinta d�as m�s, lo cual deber� notificarse� (p.93). En lo que respecta el art�culo en menci�n, se se�ala que cuando desaparezcan las causas que motivaron al estado de excepci�n, el presidente de la rep�blica deber� decretar su terminaci�n, notificando conjuntamente su informe correspondiente; en este orden de ideas, el Inciso 4 del art�culo ut supra se�ala la responsabilidad de los servidores p�blicos frente a cualquier abuso cometido a trav�s de su investidura a lo largo del estado de excepci�n.

Por otro lado, la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (2020) establece dentro del inciso 2 del art�culo 119 que �La Corte Constitucional efectuar� un control formal y material constitucional autom�tico de los decretos que declaren un estado de excepci�n y de los que se dicten con fundamento en este� (p.35). En palabras de Cueva Gaona et al. (2019): �

El control de constitucionalidad es en un estado de derechos, es la herramienta m�s importante del control del poder estatal, una garant�a imperativa del equilibrio de poderes y un presupuesto indispensable para la real vigencia del principio de supremac�a constitucional (p.206).

Como se ha visto, tras la declaratoria de estado de excepci�n, la Corte Constitucional estar� encargada de la vigilancia y validez de los decretos y su fundamentaci�n; en cuanto al control formal, se entender� como el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ordenamiento jur�dico para tales efectos; mientras tanto, el control material alude al an�lisis de los hechos y su compatibilidad con la norma.

El art�culo 120 de la ley ut supra se�ala los lineamientos del control formal del decreto de estado de excepci�n, tales como: (i) La indicaci�n de los hechos, as� como de la causal constitucional invocada. (ii) Justificaci�n en la que se sustenta la declaratoria. (iii) Definici�n territorial y temporalidad del decreto. (iv) Se�alamiento de los derechos que puedan limitarse. (v) Notificaciones correspondientes conforme a la constituci�n y tratados internacionales.

De igual modo, el art�culo 121 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional se�ala los lineamientos a seguirse dentro del control material sobre los estados de excepci�n, mencionando que la Corte Constitucional verificar� lo siguiente: (i) Real ocurrencia de los hechos alegados dentro de la motivaci�n. (ii) Que los hechos f�cticos de la declaratoria constituyan grave conmoci�n interna, conflicto armado internacional o interno, agresi�n, desastre natural o calamidad p�blica. (iii) Que no exist�a ordinariamente otra v�a dentro de la constituci�n, que posibilite superar los hechos constitutivos del estado de excepci�n. (iv) Que la declaratoria se circunscriba a la constituci�n en cuanto a su limitaci�n temporal y espacial.

 

3.     Antecedentes de la Pandemia

A lo largo de la historia del hombre se han presentado enfermedades inusuales que han diezmado poblaciones enteras, con resultados catastr�ficos equiparables solamente a las guerras m�s sangrientas de la humanidad, sometiendo a las sociedades a retrocesos emergentes en su desarrollo econ�mico, pol�tico y social sin precedentes; parad�jicamente dichos sucesos posibilitan a largo plazo sentar las bases a un nuevo desarrollo cognitivo a favor de la sociedad, avances en el �rea de la medicina, tecnolog�a, econom�a y pol�tica, de acuerdo a Alonso G�mez et al. (2021) �Una pandemia ocurre cuando la epidemia traspasa las fronteras internacionales y generalmente, afecta un gran n�mero de personas� (p.1). Por su parte, Casta�eda Gullot y Ramos Serpa (2020) se�alan que:

En la historia de la humanidad las grandes pandemias han representado importantes y terribles azotes para la raza humana y el desarrollo de la sociedad. Desde tiempos inmemoriales, antes de Nuestra Era y en la antig�edad fueron conocidas como peste y hasta �pocas posteriores, producidas por diferentes infecciones de causa bacteriana o viral, con expansi�n por continentes y m�ltiples pa�ses (p.3).

En el caso concreto del SARS-CoV-2 �coronavirus�, se estima que las cifras reales de decesos por la enfermedad superen de dos a tres veces a los casos reportados oficialmente, en lo tocante las Naciones Unidas (2021) declaran que �las cifras reales de fallecidos podr�an estar entre los 6,8 y los 10 millones�. A juzgar por Guerrero Salgado y Rodr�guez Est�vez (2022):

La situaci�n que atraviesa la humanidad, resultado de la pandemia del covid-19 y sus consecuencias en las relaciones humanas, es inusitada: ha evidenciado los l�mites de la capacidad estatal frente al shock combinado de la enfermedad, la muerte y la fractura de las cadenas productivas, log�sticas y econ�micas (p.194).

Como se ha visto, dicho fen�meno responder�a a la escasa respuesta del sistema sanitario y el colapso de los hospitales y centros m�dicos a nivel mundial, cuyas dependencias no daban abasto para el n�mero precipitado de infectados, raz�n por la cual no habr�a asistencia para muchos de los enfermos por ausencia de camas, equipo m�dico, doctores, medicina entre otros, por lo que muchos de los contagiados tuvieron que curarse en sus hogares o perecer en ellos.

3.1. Situaci�n de pandemia en el Ecuador por Covid-19

En el contexto de la emergencia sanitaria, la Defensor�a del Pueblo (2020) a trav�s de su portal manifest� que �Se han registrado 4.204 alertas de denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas por la ciudadan�a, desde el 20 de marzo al 20 de abril de 2020, las cuales se recogieron de diversas fuentes�. Se devela que estas fechas corresponden a la vigencia del Decreto Ejecutivo 1017. Seg�n la BBC News (2020) �En el primer mes y medio de la pandemia en Guayas murieron 16.000 personas, 13.000 m�s que en el mismo periodo del a�o anterior�. Como se observa, estas cifras resultan alarmantes para un promedio tan peque�o de tiempo desde la declaratoria ut supra, la cual se vio envuelta en otros esc�ndalos.

En efecto, tras el confinamiento de los ecuatorianos �en sus domicilios� se desataron historias de hambre, dolor, enfermedad y muerte indescriptibles, producto de la incapacidad de respuesta y negligencia del Gobierno de Lenin Moreno para afrontar la crisis sanitaria por Covid-19 y sus implicaciones; �El horror comenz� a manifestarse en las calles cuando empezaron a aparecer cad�veres de personas que colapsaban en su desesperaci�n por respirar� (Banco Mundial, 2021).

La investigaci�n de Santil�n Haro & Palacios Calder�n (2020) revela que:

El primer caso reportado en Ecuador de Covid-19 fue el 29 de febrero del 2020 una mujer de 71 a�os compatriota que regres� de Espa�a el 14 de Febrero al pa�s; el 13 de marzo del 2020 se notific� el deceso de la paciente 0 (p. 1-2).

Desde la posici�n de Le�n Paz & Vaca (2021) �Es de particular importancia el describir la situaci�n en la que se encontraba el Ecuador antes de la pandemia, ya que el pa�s enfrentaba un ambiente social tenso derivado de las fuertes frustraciones y protestas vividas en octubre de 2019� (p.5). Desde este marco el escenario pand�mico de la Covid-19 se desarroll� bajo un entorno previo de protestas y descontento social, siendo que la continuidad del primer mandatario estuvo en riesgo en torno a movilizaciones sociales seis meses antes a dicha declaratoria, puesto que el gobierno nacional gozaba de una baja aceptaci�n adem�s de rechazo frente a las pol�ticas de austeridad adoptadas durante su mandato y las condiciones de los organismos financieros internacionales implementadas; como sugiere Chauca (2021) �la situaci�n de la pandemia de la covid-19 en Ecuador ha demostrado que el desarrollo e impacto de la ciencia y la medicina en la sociedad ecuatoriana est�n inextricablemente ligados a los procesos de fragilidad pol�tica, social y econ�mica� (p.590).

En cuanto a la realidad del sistema sanitario, el Centro Estrat�gico Latinoamericano de Geopol�tica (2020) se�ala como precedente que, previo a la llegada al poder del mandatario en 2017 la inversi�n en salud era de 306 millones de d�lares, cifra que en el 2019 se redujo a un 66% es decir la inversi�n en el sistema p�blico de salud disminuy� a 110 millones de d�lares, hechos que se traducen en desinversi�n econ�mica en infraestructura hospitalaria, equipos, medicina, personal m�dico entre otros, escenario que ineludiblemente contribuy� a agravar la situaci�n de los pacientes por las carencias inducidas hacia el sistema de salud, al igual que los cuestionados y dis�miles procedimientos m�dicos para enfrentar el virus; como antecedente se puede destacar las dantescas im�genes de cad�veres apilados por doquier en los centros hospitalarios. Luque Gonz�lez & Casado Guti�rrez (2020) revelan que:

En los �ltimos d�as del mes de marzo aparecieron en redes sociales im�genes apocal�pticas de lo que estaba ocurriendo en Ecuador: personas rogando a las autoridades que recojan los cuerpos de las personas fallecidas de sus domicilios; incineraciones de cad�veres en las calles; mortajas abandonadas y dejadas a su suerte en la v�a p�blica; o camiones frigor�ficos utilizados como morgues m�viles (p.1275).

En las circunstancias relatadas se dio la desaparici�n de cientos de personas que hab�an ingresado al sistema de salud p�blica y de los cuales se desconoc�a su suerte, lo mismo suced�a con los privados de libertad dentro de los centros carcelarios presumiendo en el peor de los casos su muerte, debido a que los hospitales, entidades p�blicas y su aparataje estatal colapsaran, a esto se le a�ad�a los hechos de corrupci�n desatados por los sobreprecios de insumos m�dicos, mascarillas, entre otros t�picos que quedar�n pendientes para otra investigaci�n dado la dimensi�n de la presente; al respecto estas situaciones desconcertaban a los ciudadanos quienes se preguntaban por qu� de tanta desidia del poder estatal; en lo referente Del Rosario C�rdenas et al. (2021) manifiestan que:

La situaci�n acaecida en Ecuador ante la pandemia de Covid 19 es el modelo ejemplar de la violaci�n y la ignorancia de los derechos humanos individuales bajo el pretexto de su protecci�n colectiva. El supuesto esfuerzo por defender la vida caus� el resultado contrario y la muerte se apoder� aceleradamente del espacio que abrieron para ella (p.351).

 

4.     Garant�as Jurisdiccionales

La actual Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) vigente, reconoce formalmente una amplia gama de derechos a favor de sus ciudadanos, se�alando que �Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozar�n de los derechos garantizados en la Constituci�n y en los instrumentos internacionales� (p.11). Bajo esta premisa, dichos postulados deber�n ser respetados, cumplidos y protegidos por el Estado; a juicio de Arcentales Illescas (2014):

Las garant�as jurisdiccionales son mecanismos de car�cter judicial para la protecci�n de todos los derechos humanos y expresi�n del ejercicio del derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva a las que se recurre cuando las garant�as primarias de los derechos descritos no son eficaces ni efectivas. (p.23).

Es as� que en latu sensu se apela a las garant�as jurisdiccionales frente a la amenaza o quebrantamiento de los derechos. Como antecedente, la Constituci�n de Montecristi del 2008 introdujo dentro de la normativa constitucional una serie de reformas novedosas en materia de garant�as jurisdiccionales cuyo cat�logo es m�s extenso al respecto de su antecesora, as� como de sus pares latinoamericanos; a diferencia de las dem�s cartas constitucionales del orbe quienes se fundan en normas con procedimiento constitucional, la carta constitucional ecuatoriana cuenta con su propio procedimiento establecido dentro de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional; desde esta perspectiva Campoverde Nivicela et al. (2018) se�alan que:

Mientras las garant�as llamadas constitucionales establecidas en la Constituci�n Pol�tica del a�o 1998 se caracterizaban por su naturaleza esencialmente cautelar, las nuevas garant�as jurisdiccionales, pasan a ser declarativas, de conocimiento, ampliamente reparatorias y excepcionalmente cautelares; es decir, que a partir de la activaci�n de una garant�a jurisdiccional, el Juez en su sentencia, est� en capacidad de analizar el fondo de un asunto puesto a su conocimiento, y como consecuencia de ello, tiene la obligaci�n de declarar la violaci�n a un derecho si esta existiere, y de disponer reparaci�n de las consecuencias que �ste haya experimentado (p. 329).

Las prenombradas garant�as ut supra est�n instituidas en el cap�tulo tercero de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) con el t�tulo ya citado de �Garant�as jurisdiccionales�, en los cuales se observan las disposiciones comunes a partir del art�culo 86 al 87, para posteriormente del art�culo 88 al 94 detallar los diferentes aspectos de las garant�as jurisdiccionales, seg�n L�pez-Zambrano (2018) estas comprenden �la Acci�n de Protecci�n, la Acci�n de H�beas Data, la Acci�n de H�beas Corpus, la Acci�n por Incumplimiento, la Acci�n de Acceso a la Informaci�n P�blica y la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n� (p.158). Entre las disposiciones comunes para su aplicaci�n se desprende que:

(i)    Cualquier persona o grupo de personas podr� requerir las acciones previstas en el ordenamiento constitucional ecuatoriano, ya sean comunidades, pueblos o nacionalidades.

(ii)  Las Garant�as Jurisdiccionales podr�n ser presentadas frente a los jueces del lugar en el que se origine el acto u omisi�n o donde se produjeran sus efectos.

(iii)                    �Una vez se presente la acci�n, el juez convocar� a audiencia p�blica, ordenando en cualquier momento la pr�ctica de pruebas o comisiones que las recaben; se presumir�n ciertos los hechos que no demuestren prueba en contrario, en caso de hallarse vulneraciones el juez ordenar� reparaciones del caso. Podr�n apelarse fallos de primera instancia ante la corte provincial.

(iv) �Los servidores p�blicos que entorpezcan el cumplimiento de la sentencia o resoluci�n ser�n destituidos de su cargo por orden del juez sin perjuicio civil o penal de responsabilidad, si el incumplimiento fuere de particular, asumir� las responsabilidades determinadas en el ordenamiento jur�dico.

(v)   Las sentencias ejecutoriadas deber�n remitirse hacia la Corte Constitucional a efectos de desarrollo jurisprudencial (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008. Art. 86).

Adicionalmente, el citado art�culo en los literales del numeral dos refiere que el procedimiento ser� sencillo, r�pido y eficaz, sus fases e instancias se desarrollar�n oralmente; ser�n h�biles cualquier d�a y hora; no ser� necesaria formalidad alguna, pudiendo presentarse por escrito u oralmente sin citar la norma transgredida, para su presentaci�n no se necesitar� de abogado; el juzgador notificar� por los medios m�s eficaces a su alcance o del legitimado activo, as� como del �rgano o ente acusado; no se aplicar�n normas que retarden su despacho. �Se podr�n ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protecci�n de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violaci�n o amenaza de violaci�n de un derecho� (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008. Art. 87).

En cuanto a las garant�as mencionadas encontramos a la �Acci�n de Protecci�n� esta es una herramienta jurisdiccional informal cuya virtud sumaria la hace expedita frente a la vulneraci�n de derechos humanos o constitucionales, Torres Castillo et al. (2021) mencionan que �la acci�n de protecci�n es una garant�a de tipo ordinaria que se la presenta ante los jueces de primera instancia a nivel nacional�, el art�culo 88 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) indica que:

La acci�n de protecci�n tendr� por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constituci�n, y podr� interponerse cuando exista una vulneraci�n de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad p�blica no judicial; contra pol�ticas p�blicas cuando supongan la privaci�n del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violaci�n proceda de una persona particular, si la violaci�n del derecho provoca da�o grave, si presta servicios p�blicos impropios, si act�a por delegaci�n o concesi�n, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinaci�n, indefensi�n o discriminaci�n (p. 44).

Acci�n de H�beas Corpus, su principal caracter�stica entre las dem�s garant�as constitucionales es la de salvaguardar la libertad individual de las personas frente a la ilegal perturbaci�n o amenaza; seg�n Valarezo �lvarez et al. (2019) �Se trata de un instituto que cuenta con una antiqu�sima tradici�n y se ha evidenciado como un sistema particularmente id�neo para resguardar la libertad personal frente a la eventual arbitrariedad de los agentes del orden p�blico� (p. 471). Sus or�genes se remontan a la �poca romana e interdicto homine libero exhibendo, que facultaba a los hombres libres, indistintamente de ser varones o mujeres, p�beres e imp�beres, el presentarse al pretor para que este ordenase por edicto la exhibici�n de los individuos que estuviesen retenidos arbitrariamente por otra persona; al respecto la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) indica que:

La acci�n de h�beas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ileg�tima, por orden de autoridad p�blica o de cualquier persona, as� como proteger la vida y la integridad f�sica de las personas privadas de libertad (art. 89).

Acci�n de Acceso a la Informaci�n P�blica, comprende aquella potestad constitucional que avala al ciudadano com�n el poder acceder o requerir informaci�n estatal de inter�s p�blico; en stricto sensu se circunscribe al ejercicio de la transparencia, siendo clave para el desarrollo democr�tico de los pueblos y el buen uso de los recursos del Estado, entre otros; la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) imprime que:

La acci�n de acceso a la informaci�n p�blica tendr� por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o t�citamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podr� ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el car�cter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificaci�n de la informaci�n. El car�cter reservado de la informaci�n deber� ser declarado con anterioridad a la petici�n, por autoridad competente y de acuerdo con la ley (art. 91).

Acci�n de H�beas Data, est� intr�nsecamente ligado a la informaci�n personal de los ciudadanos o personas jur�dicas indexada dentro de los registros de las entidades estatales, resumidamente posibilita la actualizaci�n, rectificaci�n o conocimiento de los datos f�sicos o digitales existentes; desde la perspectiva de Galindo Soza (2018):

Estos datos son de propiedad exclusiva de su titular; por ello se establece que toda persona puede interponer esta acci�n cuando crea que est� impedida de conocer sus datos, objetada en su eliminaci�n, negada en la obtenci�n de sus propios datos o, en su caso, impedida en la rectificaci�n de los mismos (p.142).

En este sentido, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) se�ala que:

Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendr� derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos gen�ticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre s� misma, o sobre sus bienes, consten en entidades p�blicas o privadas, en soporte material o electr�nico. Asimismo, tendr� derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de informaci�n personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos (Art.92).

Acci�n por Incumplimiento, esta garant�a jurisdiccional constituye parte de los mecanismos tutelares, encaminados a alcanzar el efectivo cumplimiento de las sentencias o dict�menes constitucionales vigentes o ejecutoriados, de igual modo procede frente al desacato de las normas; la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) exhibe que:

La acci�n por incumplimiento tendr� por objeto garantizar la aplicaci�n de las normas que integran el sistema jur�dico, as� como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisi�n cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligaci�n de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acci�n se interpondr� ante la Corte Constitucional (art.93).

Acci�n Extraordinaria de Protecci�n, su accionar es de nov�sima data procediendo de la actual constituci�n, cuyo efecto es de car�cter impugnatorio, este aplica a asuntos exclusivos constitucionales direccionados a la violaci�n de derechos o del debido proceso, su conocimiento corresponde a la Corte Constitucional; en esta l�nea la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) manifiesta que:

La acci�n extraordinaria de protecci�n proceder� contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acci�n u omisi�n derechos reconocidos en la Constituci�n, y se interpondr� ante la Corte Constitucional. El recurso proceder� cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del t�rmino legal, a menos que la falta de interposici�n de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado (art.94).

Adicional a las garant�as jurisdiccionales ya examinadas, existe un mecanismo de car�cter p�blico que permite al ciudadano interactuar dentro del control abstracto de la emisi�n de normas con fuerza de ley que se conoce como �Acci�n p�blica de inconstitucionalidad�; desde el punto de vista de Torres-Villarreal e Iregui-Parra (2020) �El objetivo de este mecanismo es simple: garantizar la superioridad normativa de la Constituci�n Pol�tica y dar coherencia a todo el sistema jur�dico expulsando de este todas las normas que se opongan al texto constitucional� (p.58). No obstante, corresponde a la Corte Constitucional determinar la supremac�a e integridad del corpus iure constitucional; lo anteriormente citado guarda relaci�n con el art�culo 74, 75 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional y 436 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) en lo pertinente, este �ltimo establece que la Corte Constitucional adem�s de lo conferido por la ley tendr� las atribuciones siguientes:

4. Conocer y resolver, a petici�n de parte, la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad p�blica. La declaratoria de inconstitucionalidad tendr� como efecto la invalidez del acto administrativo.

10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades p�blicas que por omisi�n inobserven, en forma total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro del plazo establecido en la Constituci�n o en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el plazo la omisi�n persiste, la Corte, de manera provisional, expedir� la norma o ejecutar� el acto omitido, de acuerdo con la ley (p.205).

En el caso concreto, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador (2020) present� la respectiva �Acci�n P�blica de Inconstitucionalidad por decisi�n del Consejo de la Judicatura de prohibir a sus operadores de justicia recibir garant�as constitucionales con excepci�n del h�beas corpus� la respectiva demanda comprend�a la acusaci�n de la resoluciones, y memor�ndums ya citados.

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5.     Metodolog�a

El proceso metodol�gico implementado dentro de la presente investigaci�n se circunscribe a los siguientes lineamientos, el enfoque es eminentemente cualitativo, es decir, literal, mismo que posibilita el estudio sistem�tico de los fen�menos a auscultarse, al respecto Hern�ndez-Sampieri y Mendoza Torres (2018) revelan que �en lugar de comenzar con una teor�a y luego �voltear� al mundo emp�rico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza el proceso examinando los hechos en s� y revisado los estudios previos� (p.7). Adicionalmente, se esgrime que su dise�o es de tipo no experimental, por lo que no se manipulan las variables; los m�todos implementados corresponden a: M�todo Inductivo-Deductivo, M�todo Descriptivo y M�todo Exeg�tico; su revisi�n es de car�cter bibliogr�fico, para lo cual se ha acudido a revistas cient�ficas y libros indexados en p�ginas de alta relevancia acad�mica y cient�fica relacionados con el tema entre estas: Scielo, Redalyc, Dialnet, Redib entre otros; de igual manera se ha hecho una revisi�n de las sentencias de la Corte Constitucional, normativa ecuatoriana, decretos, resoluciones, memor�ndums, entre otros. ��

 

6.     Discusi�n y resultados

Dentro del escenario pand�mico del marco constitucional; como se ha develado en ep�grafes anteriores, los �rganos ejecutores de las pol�ticas institucionales en el presente caso �Consejo de la Judicatura� motivados por el decreto ejecutivo 1017 a trav�s de su �Pleno� adoptaron medidas lascivas contra las garant�as jurisdiccionales, en nombre de precautelar la salud bienestar y vida de los usuarios y servidores de la funci�n judicial, ordenando sugestivamente en la Resoluci�n 031-2020 a que se reciban �nicamente acciones de �H�beas Corpus� para lo cual cre� una serie de directrices enfocadas exclusivamente al �mbito penal, omitiendo las dem�s garant�as jurisdiccionales y ramas del derecho para quien no se estableci� directriz alguna, hechos deliberados de la administraci�n p�blica que ineludiblemente quebrantaron el marco constitucional y la tutela judicial efectiva del Estado ecuatoriano, conduciendo a los operadores de justicia a desestimar o rechazar las garant�as jurisdiccionales que no se enmarquen a dichos lineamientos, vulnerando el derecho al acceso a la justicia.

En esta l�nea, la Direcci�n Provincial de Pichincha, a su manera, plasma dentro del Memorando circular DP17-2020- 0178-MC (2020b) las pautas desprendidas de la Resoluci�n 031-2020, que por su parte advierten que �est� determinantemente prohibido el ingreso de garant�as (amparo), demandas, escritos, oficios, etc., que no est�n relacionados con las excepciones previstas en el art�culo 2 de la Resoluci�n No. 031-2020� (p. 2). La pregunta es �por qu� la Corte Constitucional no actu� a tiempo a efectos de impedir esta arbitrariedad?; A lo largo de los planteamientos hechos, es necesario puntualizar que el estado de excepci�n establece la restricci�n al ejercicio de ciertos derechos quienes se encuentran plenamente enmarcados en el art�culo 165 de la constituci�n, por lo que cualquier otra restricci�n constituye una clara desobediencia a la carta magna ecuatoriana y por ende a los derechos humanos. En suma, el Consejo de la Judicatura no puede tomarse este tipo de atribuciones que, apelando a la log�stica, violentan las garant�as jurisdiccionales, puesto que dichas disposiciones atentan contra la independencia judicial.

En cuanto a lo pol�tico y social, la extralimitaci�n de la figura de estado de excepci�n ha sido utilizada claramente por el gobierno de turno para sus fines pol�ticos �mantenerse en el poder�, utilizando dicha figura con terceros prop�sitos y como excusa frente a la incapacidad de sostener los reclamos o clamor de la ciudadan�a. Entre los principales problemas sociales detectados estaba la falta de atenci�n m�dica a los ciudadanos, la desaparici�n de los pacientes, la p�rdida de los cad�veres, deterioro y exceso de la prestaci�n de los servicios p�blicos y privados, sobreprecios en los insumos m�dicos, la falta de informaci�n u ocultamiento a la ciudadan�a del destino de los recursos p�blicos as� como de ciertas decisiones que se tomaban con hermetismo a puerta cerrada por el primer mandatario y sus delegatarios, entre tantas situaciones dis�miles. Parad�jicamente, dichos acontecimientos hubieran tenido un posible y adecuado freno frente a las garant�as jurisdiccionales sospechosamente omitidas.

Lo expuesto, evidencia la transgresi�n a las garant�as jurisdiccionales frente al escenario de pandemia; igualmente, se colige que los �rganos de la funci�n judicial ecuatoriana, tales como el Consejo de la Judicatura y los operadores de justicia, actuaron negligentemente frente a las garant�as y acceso a la justicia de los ciudadanos. Finalmente, se devela que el estado ecuatoriano fue ineficiente frente al estado de excepci�n declarado, dado que sus disposiciones eran incongruentes, ya que se pretend�a garantizar el derecho a la salud, restringiendo el acceso a la justicia.

Conclusiones y recomendaciones

Es imperante se�alar que, si bien es cierto frente a las situaciones mencionadas en el art�culo 164 de la constituci�n ecuatoriana se faculta al Gobierno Nacional la respectiva declaratoria de estado de excepci�n a efectos de suspender o limitar derechos espec�ficos, dicha permisibilidad no le faculta en ning�n instante el irrespeto o anulaci�n de los derechos humanos, m�s a�n la declaratoria no abre las puertas al libre albedr�o de los �rganos ejecutores de pol�ticas p�blicas como el Consejo de la Judicatura y �rganos jurisdiccionales quienes en el caso concreto fundaron su actuar �actos de simple administraci�n� bajo el contexto del Decreto Ejecutivo 1017; debiendo enfatizar que est� prohibida la anulaci�n o limitaci�n de las Garant�as Jurisdiccionales, siendo que dicho proceder de las resoluciones y memor�ndums acusados son inconstitucionales.

Frente a este tipo de abusos, la medida id�nea hubiera correspondido a la Acci�n p�blica de inconstitucionalidad, que por su naturaleza jur�dica posibilita la anulaci�n de las normas con car�cter de ley, decretos y tratados, entre otros, que violenten o menoscaben los derechos humanos, y las garant�as jurisdiccionales; la misma se presentar�a ante la Corte Constitucional.

La constituci�n prev� el estado de excepci�n como un mecanismo para afrontar los estados de anormalidad, tales como desastres naturales, graves conmociones internas o en el caso de la referente investigaci�n �la calamidad p�blica�, es necesario indicar que estas medidas resultan ineficientes ante problemas de gran magnitud como lo que constituye la �pandemia� pues su caracter�stica de enfermedad universal de r�pida transmisi�n no puede ser simplemente contenida bajo la escueta restricci�n o suspensi�n extraordinaria de derechos, ya que los da�os colaterales desbordar�an las limitadas capacidades de la citada figura, tal como se ha revelado.

En este contexto, resulta imperioso que los asamble�stas y el ejecutivo en calidad de �colegislador� creen una nueva ley de car�cter org�nico enfocado exclusivamente a la pandemia, planteando medidas id�neas de contingencia, tratamiento, distribuci�n de recursos, log�stica, temporalidad entre otros con un solo criterio, pues como se ha visto las directrices dictadas por los diferentes �rganos interinstitucionales, auxiliares del ejecutivo han resultado contradictorias entre s�, evidenciando la escasa preparaci�n para enfrentar una pandemia.

Se recomienda una capacitaci�n intensiva sobre derechos humanos y garant�as constitucionales, dirigidas a los miembros de la Funci�n Judicial, jueces, secretarios, ayudantes judiciales, personal administrativo, directores nacionales y provinciales del Consejo de la Judicatura, entre otros, a efectos de una mayor concientizaci�n y buen servicio de los usuarios del sistema de justicia ecuatoriano.

Finalmente, se determina que la declaratoria de estado de excepci�n y el respectivo decreto ejecutivo 1017 sirvieron de plataforma y excusa para que el Consejo de la Judicatura violente las garant�as jurisdiccionales y los derechos humanos de los ciudadanos, quienes a d�a de hoy han quedado impunes frente al colapso de la institucionalidad del Estado y la inacci�n oportuna del sistema de justicia; se recomienda que la Corte Constitucional de oficio emita las directrices suficientes que permitan garantizar el ejercicio de los derechos dentro de los estados de excepci�n.

Declaraci�n de conflictos de intereses:

Los autores declaran no tener conflictos de inter�s respecto a la investigaci�n del presente art�culo.

 

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