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El debido proceso en la justicia ind�gena ecuatoriana para prevenir la vulneraci�n de los derechos humanos

 

The due process in the Ecuadorian indigenous justice to prevent the violation of human rights

 

O devido processo na justi�a ind�gena equatoriana para prevenir a viola��o dos direitos humanos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: eruiz5@utmachala.edu.ec

 

 

Ciencias T�cnicas y Aplicadas ���

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 23 de junio de 2022 *Aceptado: 12 de julio de 2022 * Publicado: 15 de agosto de 2022

 

1. Estudiante de la Universidad T�cnica de Machala, Ecuador.
2. Estudiante de la Universidad T�cnica de Machala. Ecuador.
3. Docente de la Universidad T�cnica de Machala, Ecuador.

Resumen

Con la aparici�n de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador del a�o 2008, se ratificaron una serie de pensamientos inclusivos y afirmaciones de los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades ind�genas del Ecuador, entre los cuales consta el reconocimiento de la posibilidad de dichos pueblos, comunidades y nacionalidades de aplicar su derecho consuetudinario. A partir de all�, se desprende el debate acerca del respeto a los derechos humanos en el marco de la aplicaci�n del Derecho ind�gena, tanto por sus penas o castigos, como tambi�n, en cuanto a su respeto a las garant�as b�sicas del debido proceso. El objetivo del presente art�culo es analizar la aplicaci�n del debido proceso en la justicia ind�gena, como forma de prevenci�n de vulneraciones a los derechos humanos. Como t�cnicas y m�todos de investigaci�n, en primera instancia, se utiliz� la t�cnica documental, que posibilit� la recolecci�n de informaci�n contenida en documentos f�sicos y digitales. A trav�s de los m�todos anal�tico, sint�tico y exeg�tico se pudo analizar la informaci�n; a trav�s del m�todo exeg�tico se analiz� la normativa y con el m�todo sint�tico se resumieron los aportes de los diferentes apartados pudiendo concluir que el debido proceso no es posible de ser verificado en la justicia ind�gena, lo que pone en tela de duda el cumplimiento de derechos constitucionales y humanos en los procesos de Derecho ind�gena.

Palabras Clave: Derecho ind�gena; garant�as b�sicas; debido proceso; derechos humanos; justicia ind�gena.

 

Abstract

With the appearance of the Constitution of the Republic of Ecuador in 2008, a series of inclusive thoughts and affirmations of the rights of the indigenous peoples, communities and nationalities of Ecuador were ratified, among which is the recognition of the possibility of said peoples , communities and nationalities to apply their customary law. From there, the debate about respect for human rights in the framework of the application of indigenous law emerges, both for its penalties or punishments, as well as for its respect for the basic guarantees of due process. The objective of this article is to analyze the application of due process in indigenous justice, as a way of preventing violations of human rights. As research techniques and methods, in the first instance, the documentary technique was used, which made it possible to collect information contained in physical and digital documents. Through the analytical, synthetic and exegetical methods it was possible to analyze the information; through the exegetical method the regulations were analyzed and with the synthetic method the contributions of the different sections were summarized, being able to conclude that the due process is not possible to be verified in the indigenous justice, which calls into question the fulfillment of rights constitutional and human rights in indigenous law processes.

Keywords: indigenous law; basic guarantees; due process; human rights; indigenous justice.

 

Resumo

Com o surgimento da Constitui��o da Rep�blica do Equador em 2008, uma s�rie de pensamentos e afirma��es inclusivas dos direitos dos povos, comunidades e nacionalidades ind�genas do Equador foram ratificados, entre os quais o reconhecimento da possibilidade desses povos, comunidades e nacionalidades para aplicar seu direito consuetudin�rio. A partir da�, emerge o debate sobre o respeito aos direitos humanos no �mbito da aplica��o do direito ind�gena, tanto por suas penas ou puni��es, quanto pelo respeito �s garantias b�sicas do devido processo legal. O objetivo deste artigo � analisar a aplica��o do devido processo legal na justi�a ind�gena, como forma de prevenir viola��es de direitos humanos. Como t�cnicas e m�todos de pesquisa, em um primeiro momento, foi utilizada a t�cnica documental, que possibilitou a coleta de informa��es contidas em documentos f�sicos e digitais. Atrav�s dos m�todos anal�ticos, sint�ticos e exeg�ticos foi poss�vel analisar as informa��es; atrav�s do m�todo exeg�tico foram analisadas as normas e com o m�todo sint�tico sintetizaram-se as contribui��es das diferentes se��es, podendo-se concluir que o devido processo legal n�o � poss�vel de ser verificado na justi�a ind�gena, o que p�e em causa o cumprimento dos direitos constitucionais e direitos humanos em processos de direito ind�gena.

Palavras-chave: direito ind�gena; garantias b�sicas; Devido Processo; direitos humanos; justi�a ind�gena.

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Introducci�n

�El Estado ecuatoriano es un Estado plurinacional y multicultural, que posee dentro de sus espacios f�sicos y jur�dicos, m�ltiples interpretaciones sobre la justicia y sobre la reparaci�n de los derechos vulnerados. Ecuador, como parte de los compromisos internacionales, por ejemplo, del Convenio 169 de la OIT, se admiten desde la Constituci�n de la Rep�blica, la capacidad de los pueblos, nacionalidades y comunidades ind�genas de aplicar sus formas tradicionales de justicia.

Dentro de la Constituci�n del Ecuador, se contempla el derecho al debido proceso, como un conjunto de garant�as b�sicas, derivadas del seno americano (art. 8 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), que deben ser aplicadas por todas las autoridades (donde se encontrar�an contempladas las autoridades ind�genas) y en todo proceso (judicial y extrajudicial). Por esto, se aprecia que el derecho al debido proceso es un derecho humano y que deber�a ser aplicado en los procesos judiciales ind�genas.

El objetivo principal de este art�culo cient�fico es analizar la aplicaci�n del debido proceso en la justicia ind�gena, como forma de prevenci�n de vulneraciones a los derechos humanos. Como t�cnicas y m�todos de investigaci�n, en primera instancia, se utiliz� la t�cnica documental, que posibilit� la recolecci�n de informaci�n contenida en documentos f�sicos y digitales. A trav�s de los m�todos anal�tico, sint�tico y exeg�tico se pudo analizar la informaci�n; a trav�s del m�todo exeg�tico se analiz� la normativa y con el m�todo sint�tico se resumieron los aportes de los diferentes apartados pudiendo concluir que el debido proceso no es posible de ser verificado en la justicia ind�gena, lo que pone en tela de duda el cumplimiento de derechos constitucionales y humanos en los procesos de Derecho ind�gena.

 

DESARROLLO

1. Sobre el debido proceso

Para comenzar con el an�lisis del debido proceso en la justicia ind�gena, es necesario, inicialmente, definir y abordar el tema del debido proceso. Al respecto, cabe indicar que el debido proceso, si bien es establecido normalmente como un derecho, num�ricamente es m�s que un solo derecho, siendo m�s bien una gran gama de derechos y principios que protegen, desde inicio a fin de los procesos, a las personas. Se apreciar� en el desarrollo de este trabajo que la ausencia de este debido proceso acarrea vulneraciones a m�ltiples derechos.

En este sentido, el debido proceso, en palabras de Freire Soares & Pereira de Jes�s (2019, p. 2) �puede ser considerado una cl�usula general de principios, prevista por la Constituci�n, irradiando a la disciplina de todas las modalidades de proceso (jurisdiccional, legislativo y administrativo)� agregando, en este caso, tambi�n los procesos extrajudiciales, en concordancia con la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, tal como se ver� m�s adelante. Por ello, la observaci�n del debido proceso en todas las instancias donde se decida sobre derechos y obligaciones de las personas, se configura como un derecho fundamental.

Su origen hist�rico tiene como base la Carta Magna de Juan Sin Tierra, en 1215, Carta que naci� como parte de las exigencias de actores sociales, solicitando derechos que permitieran detener los abusos de Juan Sin Tierra, de los que era v�ctima la sociedad entera (Lozano Lagos, 2020)^[1]. Es as�, que hasta la actualidad, el debido proceso se mantiene como una forma de controlar el poder, en este caso, ya no de un rey propiamente dicho, sino, del Estado.

El debido proceso, como garant�as de justicia, tiene relaci�n directa con el juez natural, competente, as� como con el juez imparcial (Ritu, 2021), toda vez que gran parte del debido proceso y de su realizaci�n va de la mano con la correcta actuaci�n judicial, como juez garantista de derechos. El juez garantista tiene a su vez tambi�n relaci�n con los sistemas orales y acusatorios, as� como tambi�n, con la figura del juez garantista de derechos, que busca el cumplimiento de las garant�as constitucionales (Carrillo de la Rosa & Bechara Llanos, 2019).

Este juez garantista, proactivo, lleva al cumplimiento de las garant�as, as� como de los derechos fundamentales, con �nfasis en los derechos econ�micos, sociales y culturales (Duquelsky G�mez, 2018). Ahora bien, cabe aclarar que todos los sistemas jur�dicos son diferentes, y que sin lugar a dudas, las interpretaciones del Derecho y de los derechos cambian conforme a las civilizaciones, situaci�n que se ver� claramente al abordar la tem�tica de la justicia ind�gena y como a trav�s de ella, no se aprecia el cumplimiento de ciertas garant�as b�sicas del debido proceso.

Volviendo al tema del debido proceso, �ste tiene importancia en todos los tipos de procesos, por m�s que en algunos, por ejemplo, en el Derecho administrativo, estos principios se vuelven m�s flexibles (Mateus Londo�o, 2020), aunque esto no exime a la administraci�n en su obligaci�n de observarlos. Seguramente sea en el Derecho penal, por ser la sede donde el ius puniendi estatal act�a de modo m�s severo (P�riz Smith, Guerrero Galarza & Suqui Romero, 2020), donde es necesario que las garant�as b�sicas del debido proceso sean observadas sin excusa alguna, puesto que se est� debatiendo sobre la libertad de las personas, as� como la protecci�n de bienes jur�dicos de gran importancia para la sociedad.

De esta forma, el debido proceso se instituye como un derecho fundamental, que tiene una clara esencia procesal y que ampara a los sujetos que buscan a trav�s del debido proceso, una tutela clara de sus derechos (Enrique Alaya & Garc�a �lvarez, 2021). Es aqu� cuando entran otros conceptos relacionados con el debido proceso, tales como el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, que en consonancia con el debido proceso, coadyuvan a la vigencia de los derechos. Sobre esto, la Corte Constitucional del Ecuador ha sido enf�tica en su jurisprudencia al abordar la relaci�n entre estas tres instituciones antes mencionadas^[2].

 

1.1. Debido proceso y cuerpos normativos internacionales

Habi�ndose analizado en el apartado anterior, cuestiones b�sicas sobre el debido proceso, es necesario abordar el car�cter internacional del debido proceso, as� como su reflejo en los cuerpos normativos de tipo internacional y regional. Como se mencion� anteriormente, las garant�as b�sicas del debido proceso tienen un auge internacional luego de la Segunda Guerra Mundial, momento en el cu�l se concibe la necesidad de proteger a los ciudadanos del poder desmedido del Estado, dot�ndolos de garant�as tales como la presunci�n de inocencia y la defensa t�cnica y eficaz (Mullo Quinche, 2018).

Uno de los cuerpos normativos m�s emblem�tico del Derecho internacional es la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos de 1948. Esta Declaraci�n, basada en la dignidad propia del ser humano, de donde emanan sus derechos, establece que �todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinci�n, derecho a igual protecci�n de la ley� (art. 7), algo que se complementa con lo determinado en los arts. que se citan a continuaci�n:

Art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser o�da p�blicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinaci�n de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusaci�n contra ella en materia penal.

Art. 11.- 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio p�blico en el que se le hayan asegurado todas las garant�as necesarias para su defensa.

2. Nadie ser� condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos seg�n el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondr� pena m�s grave que la aplicable en el momento de la comisi�n del delito.

Sobre el art. 10, se garantiza el derecho de toda persona al acceso a la justicia, donde se determina tambi�n la garant�a del juez imparcial, que sea independiente. Por su parte, el art. 11 aborda la presunci�n de inocencia, como un derecho de toda persona, a quien a su vez, se le debe asegurar las garant�as necesarias para su defensa. Aqu� no entra a detalle sobre cu�les ser�an estas garant�as, o la calidad de la defensa, algo que los ordenamientos jur�dicos internos de cada pa�s luego acoger�an como garant�as b�sicas del debido proceso y defensa t�cnica eficaz.

De este modo, se comienzan a exhibir los primeros pasos modernos del debido proceso, tutela judicial efectiva y derecho a la defensa, mismos que ser�n acogidos por los Estados que ratificaron y firmaron dicha Declaraci�n. Como destacan Salm�n & Blanco (2021), en el plano internacional, el debido proceso es recogido en numerosos cuerpos normativos, entre ellos, la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, de 1969. All�, en el art. 8, se determinan una serie de �debidas garant�as�, mismas que sirven de base para la posterior inclusi�n de estos principios en las Cartas Magnas de los Estados americanos. Este art. 8 establece: �

Garant�as Judiciales.-

�1. Toda persona tiene derecho a ser o�da, con las debidas garant�as y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci�n de cualquier acusaci�n penal formulada contra ella, o para la determinaci�n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car�cter.

�2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.� Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garant�as m�nimas:

�a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o int�rprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

�b) comunicaci�n previa y detallada al inculpado de la acusaci�n formulada;

�c) concesi�n al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci�n de su defensa;

�d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elecci�n y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no seg�n la legislaci�n interna, si el inculpado no se defendiere por s� mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

�f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

�g) derecho a no ser obligado a declarar contra s� mismo ni a declararse culpable, y

�h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesi�n del inculpado solamente es v�lida si es hecha sin coacci�n de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podr� ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser p�blico, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

La primera impresi�n que se obtiene de este art. antes citado es su extensi�n y lo completo que es en materia de Derecho procesal y garant�as, sobre todo, en comparaci�n con la Declaraci�n antes citada. La principal explicaci�n de esto es que la Convenci�n, se desarrolla m�s de 20 a�os despu�s que la Declaraci�n de 1948, elemento no menor puesto que en todo ese transcurso de tiempo, de manera internacional y nacional, los Estados fueron profundizando en la necesidad de ahondar en la tem�tica de las garant�as inherentes a cada persona.

 

1.2. El debido proceso en el marco jur�dico ecuatoriano y los pronunciamientos de la Corte Constitucional del Ecuador sobre el debido proceso

Tal como se viene analizando en l�neas anteriores, el debido proceso es un conjunto de derechos con car�cter fundamental, que tienen como prop�sito el establecimiento de procesos judiciales justos, en favor de la protecci�n a las personas que en dichos procesos participan. En este apartado se dar� una visi�n reflexiva acerca del debido proceso en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, para lo cual se toma en cuenta la Constituci�n del Ecuador del a�o 2008 as� como los pronunciamientos de la Corte Constitucional del Ecuador, como �rgano autorizado para la interpretaci�n de la Carta Magna.

Doctrinalmente, el debido proceso ha sido estudiado y analizado desde m�ltiples vertientes, puesto que sus impactos se dan en la esfera penal, civil, administrativa y hasta extrajudicial, por ejemplo, en cuestiones societarias o de cooperativas. Por ello, Dur�n-Ch�vez y Fuentes-Aguila (2021, p. 1085) determinan que estas garant�as constitucionales contenidas en el debido proceso son �el medio o el instrumento que la Constituci�n pone al alcance de los ciudadanos para defender sus derechos frente a las autoridades�, por cuanto se entiende que en la relaci�n procesal, las partes son inferiores en capacidad procesal al Estado, y esta diferencia debe ser suplida por derechos y garant�as que protejan a las partes m�s d�biles.

En cuanto a los alcances del debido proceso, queda claro que trascienden la esfera penal, por ejemplo, como comenta Vargas Pavez (2012) al abordar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del Caso Mej�a Idrovo vs. Ecuador, Sentencia de 5 de julio de 2011, donde establece que una parte fundamental del debido proceso es la ejecuci�n de las resoluciones, por lo que es necesario que el Estado aboque como una obligaci�n esta ejecuci�n. Esto, por cuanto se considera que para que un proceso tenga validez y sea constitucionalmente declarado como v�lido, por cuanto

Tanto el Juez como las partes procesales debieron llevarlo en el marco de las garant�as constitucionales, es decir debi� respetarse el debido proceso, �ste �ltimo se vale por s� mismo como un derecho, pero tambi�n tiene una conexi�n y encaja con otros principios integradores del debido proceso (Contreras P�rez, 2021, p. 150).

Esto deja marcado que los aportes y alcances del debido proceso son muy amplios, y que como tales, generan una obligaci�n al Estado de respetar dichos derechos del debido proceso, as� como tambi�n, la obligaci�n y derecho de las partes procesales de cumplir con las garant�as b�sicas del debido proceso y de respetar aquellas que le asistan a la otra parte. De este modo, se otorgan los lineamientos para la tramitaci�n de procesos judiciales y extrajudiciales justos, as� como tambi�n, ha quedado de manifiesto que estos alcances trascienden a la esfera de la ejecuci�n de la sentencia o resoluci�n alcanzada procesalmente.

Las garant�as b�sicas del debido proceso se encuentran contenidas en la CRE, dentro del Cap�tulo VII titulado �Derechos de protecci�n�. Esta denominaci�n deja entrever que los derechos contenidos dentro del debido proceso tienen como prop�sito la protecci�n de las partes procesales, y en cierto sentido, la protecci�n tambi�n del sistema judicial, puesto que los presupuestos emanados del debido proceso ayudan a fortalecer al sistema judicial.

El art. 76 de la CRE contiene siete numerales y dentro del numeral s�ptimo, trece literales que abordan la tem�tica del debido proceso^[3]. Estos principios, derechos o garant�as, indistintamente de su denominaci�n, tienen una incidencia procesal de vital importancia, puesto que sirven como reguladores y rectores de los procesos, algo que se complementa con las disposiciones procesales que cada cuerpo normativo especializado determine (ejemplo, el C�digo Org�nico Integral Penal en materia penal), y que dicho sea de paso, las disposiciones de estos �ltimos no pueden contravenir los derechos emanados por la CRE.

De este modo, derechos tales como el acogimiento al silencio; el derecho a presentar pruebas y contradecir las presentadas en su contra; la presunci�n de inocencia o la imparcialidad, independencia y competencia de los jueces son derechos fundamentales a la hora de entablar un proceso judicial, so pena de que la inobservancia de estos derechos acarree la nulidad del proceso y las posibles sanciones a quienes atenten contra estos derechos.

La importancia del debido proceso trasciende la esfera procesal, y recala en la creaci�n de un sistema judicial justo, que permita la entrega de derechos y obligaciones de forma responsable. Por ello, es que la Corte Constitucional del Ecuador ha dedicado gran parte de su esfuerzo a analizar este derecho al debido proceso, como un derecho continente y destacando su alcance, a m�s de jur�dico o judicial, su alcance social.

Por otra parte, y en conjunto con las concepciones doctrinales que se aprecian al estudiar el debido proceso, en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, existe una exclusividad al momento de interpretar la CRE, que como determina el art. 429 de este cuerpo normativo, recae en la Corte Constitucional del Ecuador. Por ello, al analizar un derecho procesal tan importante como el derecho al debido proceso, es ineludible centrar dicho an�lisis en las concepciones dadas por la Corte Constitucional del Ecuador al respecto. A continuaci�n se abordan algunas sentencias que tratan el tema del debido proceso, haciendo �nfasis en sus aportes.

a) Sentencia No. 001-13-SEP-CC: Esta sentencia identifica que el debido proceso es un axioma madre, puesto que de �l se desprenden todos los principios y garant�as que el Estado ecuatoriano est� obligado a tutelar. El Estado ecuatoriano tutela estos principios y garant�as a trav�s de los jueces, que fungen como garantes del cumplimiento de la CRE, debiendo ejercer todas aquellas acciones necesarias para el cumplimiento y respeto de estos principios.

b) Sentencia No. 022-14-SEP-CC: A trav�s de esta sentencia, se deja sentado que el debido proceso tiene a su vez alcance y conexi�n con otros principios y garant�as constitucionales, dentro de las que se cuenta la seguridad jur�dica y el derecho al acceso a la justicia. Esta �tr�ada� de garant�as es indispensable para sostener el modelo de Estado que se propone en la CRE, por lo que el debido proceso se interconecta con otros principios y derechos ajenos a este debido proceso, por ejemplo, los emanados del art. 11 de la CRE.

c) Sentencia No. 4-19-EP/21: En esta sentencia se analiza la posible vulneraci�n de una serie de garant�as b�sicas del debido proceso en perjuicio de una persona procesada penalmente. Al respecto, la Jueza Constitucional Ponente determina que las garant�as b�sicas del debido proceso le asisten a toda persona que se encuentre en un proceso donde se decidan sus derechos y obligaciones, y sobre todo, en procesos penales puesto que est� en debate la libertad de la persona procesada (p�rrafo 27). De igual modo, La Jueza Constitucional Ponente indica que la garant�a de contar con los medios adecuados para la defensa (art. 76.7.b CRE) debe ser aplicados con observancia de cada caso particular y as� mismo, evaluando el impacto de esta garant�a en los derechos de las partes.

d) Sentencia No. 546-12-EP/20: En esta sentencia, se aborda el debido proceso como un principio constitucional, donde la protecci�n de esta suma de garant�as que est�n contenidas dentro de este principio se extiende a los distintos tipos de procedimientos. Adem�s, se destaca que para la constataci�n de la vulneraci�n del debido proceso es necesario probar que se ha socavado el derecho al debido proceso, m�s all� de la violaci�n de la ley procesal, violentando �el valor constitucional de que los intereses de una persona sean juzgados a trav�s de un procedimiento que asegure, tanto como sea posible, un resultado conforme a Derecho� (p�rrafo 23).

Recapitulando, se aprecia por una parte que el debido proceso en el seno jur�dico ecuatoriano recibe una protecci�n y declaraci�n en sede constitucional que vuelve al debido proceso como derecho constitucional, hecho que reviste de especial importancia puesto que obliga su respeto y ejercicio por parte de las autoridades judiciales y administrativas, en beneficio de toda persona. Por otra parte, en el caso de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, todos los abordados previamente permiten identificar que el debido proceso no es un derecho o principio aislado, sino que tiene continuo contacto con otros principios y garant�as. De igual modo, la inobservancia del debido proceso genera que las personas no sean juzgadas conforme lo dispuesto en la CRE, algo que contraviene tanto al ordenamiento jur�dico interno as� como el respaldo jur�dico supranacional latinoamericano.

Se debe dejar sentado tambi�n, que la inobservancia antes mencionada puede acarrear, en ciertos casos, vulneraciones a los derechos humanos. En este sentido, ser� tema de central abordaje en los apartados siguientes la situaci�n de los derechos humanos, los procesos judiciales y la justicia ind�gena.

 

2. Sobre los procesos en la justicia ind�gena

Como establece la Carta Magna ecuatoriana en el art. 1, Ecuador es un Estado �intercultural, plurinacional�, caracter�sticas que fundamentan los derechos colectivos de los pueblos, nacionalidades y comunidades, contemplados dentro del art. 57 y siguientes de la CRE 2008. Por ello, por mandato constitucional, queda efectivo el requisito de que todas aquellas normas infraconstitucionales respeten este mandato, requiriendo para ello un enfoque que permita no s�lo el reconocimiento de los derechos de los distintos pueblos, comunidades y nacionalidades, sino tambi�n, que dicho reconocimiento posea como caracter�stica esencial la posibilidad de ser aplicados por dichos sujetos de derechos colectivos.

Este pluralismo de costumbres, creencias y tradiciones antes mencionado, se traslada tambi�n, a reconocer que los pueblos, comunidades y nacionalidades del Ecuador pueden ejercer -dentro de su �mbito de competencia y jurisdicci�n- su propia justicia, con apego a sus preceptos sociales y culturales. Esto, en concatenaci�n con lo expresado en el C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, por ejemplo, en los arts. 24, 343, 344 entre otros, que establecen cuestiones relativas al principio de interculturalidad y los principios que deben regir a la justicia intercultural.

Surge as�, el concepto de pluralismo jur�dico, entendido por Boaventura de Sousa (2012) como la coexistencia y el reconocimiento de varios sistemas jur�dicos dentro de un mismo territorio o Estado. Esta coexistencia no es amena, puesto que se debe indicar que los pueblos, comunidades y nacionalidades tienen formas tradicionales y propias de comprender y hacer justicia, donde, en ocasiones, se incluyen castigos f�sicos, y exposici�n de las personas procesadas en p�blico, en situaciones que pueden considerarse como atentatorias contra derechos tales como la integridad personal. Frente a esta concepci�n, la doctrina indica que las formas de reparar los da�os causados van m�s all� de los castigos f�sicos; en este caso, Guzm�n Chuquiana (2017) relata que para el resarcimiento de los da�os se puede dar por la recomposici�n y la indemnizaci�n o reparaci�n de los da�os causados.

Continuando con el an�lisis constitucional de la justicia ind�gena, dentro del art. 57 y siguientes, se confieren una gama de derechos en favor de los pueblos, comunidades y nacionalidades, que es preciso abordar de cara a analizar los pormenores jur�dicos de la justicia ind�gena. De estos art�culos, es necesario destacar los siguientes:

Art. 57.- Se reconoce y garantizar� a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas, de conformidad con la Constituci�n y con los pactos, convenios, declaraciones y dem�s instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organizaci�n social.

Es claro que la justicia y en s�, el Derecho, forman parte de un constructo social, que est� determinado en parte por las costumbres as� como las tradiciones de cada pueblo. Por ello, el mantenimiento de estas tradiciones confluye, necesariamente, en precautelar y proteger sus formas de ejercitar la justicia. Estas costumbres, adem�s, tienen relaci�n directa con las formas de comprender el sentido de la justicia. Al respecto, es pertinente citar a D�az Ocampo (2015, p. 3 y 4) quien establece que en la justicia ind�gena

Las sanciones van orientadas a la reparaci�n de las v�ctimas, es decir, el ofendido con heridas en su cuerpo tiene derecho a que el responsable pague las curaciones y si por motivo de las mismas heridas no puede trabajar el infractor debe cubrir la manutenci�n de la familia de la v�ctima.

Lo antes citado, se complementa con lo interpretado por Ruilova S�nchez (2020), quien determina que el Derecho ind�gena posee como finalidades la b�squeda de la paz y la prevenci�n del cometimiento de delitos, sumado a la restauraci�n de la armon�a comunitaria. As�, de lo mencionado supra, se colige que la esencia de la justicia ind�gena, m�s all� de la aplicaci�n de una pena, es una devoluci�n de la armon�a, tanto en la v�ctima como en la comunidad, para lo cual existen m�todos de acercamiento entre la v�ctima y la persona procesada, de forma que se restauren los v�nculos da�ados por la conducta delictiva.

Como se analizar� en el siguiente apartado, los procesos en la justicia ind�gena deben -o deber�an- respetar los derechos humanos as� como el debido proceso, puesto que si bien, la justicia ind�gena constituye un elemento diferente y aut�nomo en el Derecho ecuatoriano, no se puede obviar que Ecuador ha ratificado una gran gama de tratados y convenios internacionales de derechos humanos, as� como el hecho de que la CRE 2008 prevalece, por su car�cter de supremac�a normativa, a todos los procesos donde se determinen derechos y obligaciones.

Sobre los procesos en la justicia ind�gena, �stos principalmente se dividen en una serie de etapas, en las cuales Dur�n Ponce (2017) se�ala que constan: a) la �Willachina�, que es el aviso o demanda, donde se pone a conocimiento de la autoridad ind�gena el problema, as� como la determinaci�n de los presuntos autores; b) la �Tapuykuna�, donde se desarrolla la investigaci�n, con diligencias tales como las inspecciones oculares, la toma de testimonios y versiones as� como la recepci�n de documentos, siendo miembros de la comunidad quienes realizan las investigaciones; c) la �Chimbapurana� donde se efect�a el contacto entre quien acusa y es acusado, contacto que es materializado en la instalaci�n de la asamblea, donde se informa acerca de los hechos que se han investigado. Igualmente, se da una aclaraci�n de los argumentos de las partes y la enunciaci�n y presentaci�n de todas las evidencias recabadas durante la �Tapuykuna�; d) la �Killpichirina�, traducido al espa�ol como la sanci�n, misma que es decretada por la asamblea; e) la �Pakachina�, donde se lleva a cabo la ejecuci�n de la sanci�n o en todo, caso, se puede llegar a dar el perd�n.

De lo antes mencionado, se ignora si al momento de acusar, por ejemplo, se tomen en cuenta cuestiones respecto de la determinaci�n de responsabilidades de autores o presuntos autores, sistemas de flagrancia, o por ejemplo, elementos de participaci�n como coautor�a o instigaci�n. Otros elementos que se ignora si son aplicados son respecto de la obtenci�n de las pruebas, la pr�ctica de las mismas en la audiencia y su contradicci�n. En estas fases, tampoco se encuentran determinados los principios que las rigen, por lo que, tampoco se podr�a hablar de un debido proceso legalmente establecido, entendi�ndose as� que en la realidad procesal de dichos procesos ind�genas, puede que no se respeten principios o derechos como el de presentaci�n de pruebas y contradicci�n de las pruebas presentadas por la otra parte procesal, proporcionalidad de la sanci�n, ni tampoco cuestiones relacionadas a la posibilidad de impugnar las sanciones impuestas.

As�, se aprecia que si bien la justicia ind�gena no posee un cuerpo normativo en el cual se establezcan las distintas etapas de sus procesos, consuetudinariamente se desarrollan en las fases antes mencionadas, donde se pueden entrever elementos tales como una autoridad de conocimiento de los problemas, de investigaci�n as� como de juzgamiento, que permite dilucidar una separaci�n entre quienes investigan y quienes juzgan. �Barrionuevo Silva (2015, p. 22) determina que en la justicia ind�gena, es la autoridad ind�gena la que �ser� la encargada de cumplir y hacer cumplir las normas, valores y principios comunitarios; Principios Fundamentales: ama killa, ama llulla, ama shua; Solidaridad, Reciprocidad y Colectividad�, siendo, por lo tanto, esta autoridad la encargada de velar por el cumplimiento de las normas consuetudinarias.

Se puede indicar que existen ciertas falencias en estos procesos de justicia ind�gena puesto que al ser orales y sin lineamientos escritos para el desarrollo de dichos procesos, los pueblos, comunidades y nacionalidades no encuentra un apoyo exacto para esta tramitaci�n, estando el proceso y las partes procesales enteramente a disposici�n de la autoridad ind�gena, que es la que dirige el proceso. De igual modo, al carecerse de abogados y de fases de impugnaci�n, el control a las sanciones se vuelve complejo y pr�cticamente imposible.

 

3. El debido proceso y los procesos en la justicia ind�gena

Habi�ndose destacado en apartados anteriores los alcances del art. 76 de la CRE, tanto en el �mbito normativo como tambi�n, las distintas interpretaciones dadas por la Corte Constitucional, es pertinente en el presente apartado analizar las relaciones entre el debido proceso y los procesos en la justicia ind�gena. Se parte desde la base que la justicia ind�gena y el respeto por las tradiciones de estos pueblos, a m�s del respaldo constitucional pertinente, tiene tambi�n un sustento internacional, por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT, donde se pregona una conservaci�n de los elementos propios de las comunidades y pueblos ind�genas, siendo su aplicaci�n tradicional del Derecho, una muestra de dichos elementos propios.

Se debe destacar que la justicia ind�gena, y el Derecho ind�gena en s�, al ser consuetudinario, son traspasados de generaci�n en generaci�n a trav�s de la comunicaci�n y su pr�ctica, por lo que no es posible encontrar cuerpos normativos que dispongan cuestiones elementales sobre los procesos o las penas. Haciendo una reflexi�n al respecto, y desde una visi�n jur�dica occidental, la carencia de lineamientos escritos sobre los procesos y las penas, atenta contra el principio de legalidad, por cuanto el conjunto de il�citos y de sus respectivas sanciones no se encuentran descritos por ning�n cuerpo normativo, siendo para algunos autores, incompatible la comparaci�n entre Derecho consuetudinario y la ley como acto legislativo (Wray Espinosa, 2002). De igual modo, la reflexi�n lleva a se�alar que se atenta de igual modo contra la seguridad jur�dica, puesto que no se podr�a llegar a conocer la forma de proceder del �rgano juzgador, as� como tampoco, se tendr�a conocimiento de la posible pena hasta su imposici�n.

Para la observancia del debido proceso, es importante determinar que los procesos de la justicia ind�gena, como se apreci� supra, est�n divididos en fases, mismas donde de modo no escrito, se aplican ciertos derechos y principios del debido proceso. Sin embargo, esta aplicaci�n de los derechos no est� regulada de modo directo, por lo que si alguna autoridad ind�gena, de modo consciente o inconsciente, omite la aplicaci�n de alg�n derecho, tampoco habr�a forma de que la parte procesal afectada reclame o impugne la sanci�n o perd�n establecido por dicha autoridad ind�gena, careci�ndose as� de un control sobre las actuaciones de dicha autoridad.

Sobre las implicaciones del debido proceso, Barrionuevo Silva (2015), determina que se puede relacionar al debido proceso con ciertos derechos b�sicos, como la presunci�n de inocencia, el juez competente, las resoluciones notificadas, el doble conforme, el derecho a la defensa, el in dubio pro reo, as� como los principios de contradicci�n, de proporcionalidad, de legalidad, y de las pruebas v�lidas. A m�s de esto, y abordando individualmente los distintos derechos y principios del art. 76 de la CRE, realizando una comparaci�n con lo enunciado respecto de los procesos ind�genas, se aprecia que en cuanto al numeral 1 del art. 76 �Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008), este cumplimiento de las normas y de los derechos se encuentra en responsabilidad de la autoridad ind�gena que se encarga del juzgamiento. Sobre esto se reflexiona que no existen modalidades de control del cumplimiento de dichas normas y derechos por parte de esta autoridad, de forma que todo el poder procesal est� concentrado en esa autoridad.

Respecto del numeral 2, �se presumir� la inocencia de toda persona, y ser� tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resoluci�n firme o sentencia ejecutoriada� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008), sobre esto, se entiende que durante el proceso de justicia ind�gena, desde la denuncia (conocida como aviso) se mantiene una postura garantista contra el investigado, de forma que solo a trav�s de la resoluci�n que determina la sanci�n se derriba esta presunci�n de inocencia, por lo cual se entiende que en este caso, s� se cumple este numeral 2 del art. 76 de la CRE.

Pasando al numeral 3 del art. 76, �ste establece que:

Nadie podr� ser juzgado ni sancionado por un acto u omisi�n que, al momento de cometerse, no est� tipificado en la ley como infracci�n penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicar� una sanci�n no prevista por la Constituci�n o la ley. S�lo se podr� juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del tr�mite propio de cada procedimiento (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008).

Al respecto, al no existir un cuerpo normativo que recoja las infracciones administrativas y penales, no se conocen cu�les son las infracciones perseguidas por la justicia ind�gena, si es que existe una diferenciaci�n entre contravenciones y delitos, y sobre las sanciones, tampoco existe un cat�logo de sanciones que sean aplicables, por lo cual, no permite cumplir con este primer aspecto del numeral 3 del art. 76.

El segundo aspecto de este numeral 3 del art. 76 es el juzgamiento de la autoridad competente. Sobre la autoridad ind�gena, �sta es colocada en dicha posici�n por un convenio de la comunidad ind�gena, por lo que a su entender, s� es la autoridad competente. En cuanto a la observancia del tr�mite propio, al existir un solo tipo de procedimiento en la justicia ind�gena, no existir�a conflicto al respecto.

Sobre el numeral 4 del art. 76, �ste determina que �Las pruebas obtenidas o actuadas con violaci�n de la Constituci�n o la ley no tendr�n validez alguna y carecer�n de eficacia probatoria�. Esta garant�a b�sica del debido proceso tiene una incidencia fundamental en los procesos, puesto que se reconoce que la prueba es la madre del proceso, y por ello, toda irregularidad en la obtenci�n de las pruebas puede terminar con una nulidad procesal. En el caso de la justicia ind�gena, las pruebas son obtenidas por una comisi�n (Comunidad Chichico Rumi, 2009), de forma que se debe vigilar de alg�n modo (por el propio investigado, porque carece de representaci�n judicial de abogado) que estas pruebas obtenidas por la comisi�n no vulneraron alg�n derecho.

El art. 76, en su numeral 5 se determina que:

En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicar� la menos rigurosa, aun cuando su promulgaci�n sea posterior a la infracci�n. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicar� en el sentido m�s favorable a la persona infractora (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008).

Acerca de esta garant�a, al desconocerse el cat�logo de delitos, tal como se expresara respecto de la garant�a del numeral 3 del art. 76, no se podr�a indicar alg�n modo de favorabilidad, puesto que no se conoce si existen dos sanciones para un mismo hecho en la justicia ind�gena.

Sobre el numeral 6 del art. 76, �ste se�ala que �la ley establecer� la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). Al carecerse de una ley para establecer las infracciones, la proporcionalidad quedar� en la decisi�n de la autoridad ind�gena, sobre todo, en la magnitud de los castigos que se impongan.

Luego, el numeral 7 del art. 76 de la CRE, es un numeral complejo, que est� dividido en una serie de literales. El numeral antes mencionado comienza indicado que �El derecho de las personas a la defensa incluir� las siguientes garant�as� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008), estableciendo a continuaci�n los siguientes literales:

a) �Nadie podr� ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): En cuanto a esta primera garant�a del art. 76 numeral 7, se aprecia que si bien en los procesos ind�genas no hay una asesor�a legal de un defensor t�cnico o privado, la defensa se ejerce tanto personalmente as� como en conjunto con los comuneros, que dan consejos a los acusados. Por ende, si bien no es un derecho a la defensa tal como se conoce en la justicia ordinaria, es una defensa acorde a las costumbres y tradiciones de los pueblos, comunidades y nacionalidades ind�genas.

b) �Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparaci�n de su defensa� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): Sobre esto, no se encuentran definidas las extensiones temporales de las etapas de los procesos ind�genas, por lo que queda en duda si los tiempos dados a las v�ctimas y a los acusados son los adecuados para la preparaci�n de la defensa.

c) �Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): En cuanto a esta garant�a, se aprecia que procesalmente, se encuentran establecidos los momentos procesales para la toma de las versiones as� como tambi�n para la declaraci�n en audiencia. Por ello, la igualdad de condiciones y los momentos oportunos para la participaci�n de las partes procesales se encuentran garantizados en los procesos de justicia ind�gena.

d) �Los procedimientos ser�n p�blicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podr�n acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): Sobre la publicidad de los procesos ind�genas, se conoce que todos los procesos de justicia ind�gena son p�blicos y acogen la presencia de todos los comuneros, por lo que este principio ser�a respetado.

e) �Nadie podr� ser interrogado, ni aun con fines de investigaci�n, por la Fiscal�a General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor p�blico, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): Sobre los interrogatorios en los procesos de justicia ind�gena, estos son llevados a cabo por los comuneros. Sin embargo, al no haber datos sobre presencia de abogados, no se hacen estos interrogatorios en presencia de defensores t�cnicos. Sobre los espacios autorizados para los interrogatorios, esto no se encuentra establecido en la justicia ind�gena.

f) �Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o int�rprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): Sobre esto, no existe un estudio sobre los traductores o int�rpretes en las comunidades aut�nomas, sin perjuicio de que en las comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas tengan habitantes que sepan castellano, ingl�s, kichwa u otros idiomas y que sirvan, de manera informal, como traductores o int�rpretes.

g) �En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elecci�n o por defensora o defensor p�blico; no podr� restringirse el acceso ni la comunicaci�n libre y privada con su defensora o defensor� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): La asistencia judicial de un defensor (sea p�blico o privado), por la informaci�n que ha podido ser revisada en la presente investigaci�n, no se presenta en los procesos judiciales ind�genas. Se conoce que la asistencia es dada a los procesados por los comuneros, dado que �los dirigentes, los comuneros y los familiares aconsejan al o a los acusados� (Chichico Rumi, 2009).

h) �Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): Esta garant�a es compleja, y tiene varias vertientes, donde se determina que en los procesos de justicia ind�gena se respeta la presentaci�n de las razones o argumentos, pero no de forma escrita, sino verbal. En cuanto a la presentaci�n de pruebas y de la contradicci�n de las pruebas presentadas en contra de los investigados, se da de modo oral en la etapa �Chimbapurana�.

i) �Nadie podr� ser juzgado m�s de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicci�n ind�gena deber�n ser considerados para este efecto� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): Este es un punto de inflexi�n entre la justicia ordinaria y la justicia ind�gena, dotando de la cualidad de sentencia a las resoluciones llevadas a cabo en los procesos de la justicia ind�gena. As� mismo, este principio se debe respetar en la justicia ind�gena, cuando una causa ya haya sido juzgada en la justicia ordinaria, no se podr�a someter a esa persona a un proceso en el seno de la comunidad ind�gena.

j) �Quienes act�en como testigos o peritos estar�n obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): en este caso, los procesos de justicia ind�gena si admiten que los miembros de la comisi�n comparezcan a rendir su versi�n sobre los hechos de los cuales recabaron informaci�n, de forma que se respetar�a dicha garant�a. Esta presentaci�n se da en la etapa de �Chimbapurana�.

k) �Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie ser� juzgado por tribunales de excepci�n o por comisiones especiales creadas para el efecto� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): la imparcialidad de la autoridad ind�gena est� respaldada por la voluntad comunitaria que elige a dicha autoridad para el juzgamiento de las infracciones cometidas en su territorio, pero queda en tela de duda el accionar de dicha autoridad en cuanto se pueden dar juzgamientos donde, por ejemplo, aparezcan, como v�ctima o como procesado, alg�n familiar o amigo, siendo una inc�gnita como se proceder�a en esos casos, siendo prudente que existiera alguna autoridad secundaria que pudiera administrar justicia en el caso de que se incurra en alguna situaci�n como la ejemplificada anteriormente.

l) �Las resoluciones de los poderes p�blicos deber�n ser motivadas. No habr� motivaci�n si en la resoluci�n no se enuncian las normas o principios jur�dicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicaci�n a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerar�n nulos. Las servidoras o servidores responsables ser�n sancionados� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): Sobre la motivaci�n, la justicia ind�gena, reduce la resoluci�n oral en escrito �nicamente cuando se da un acta transaccional (Chichico Rumi, 2009). Por ello, la motivaci�n ser�a oral, complementando entre los elementos encontrados por la comisi�n que investiga, con los elementos jur�dicos que, como ya se ha mencionado en puntos anteriores, son consuetudinarios.

m) �Recurrir el fallo o resoluci�n en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos� (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): Este aspecto no se encuentra reflejado en la justicia ind�gena, puesto que a partir de la resoluci�n de la autoridad ind�gena, que puede ser de sanci�n o de perd�n, no aplica impugnaci�n alguna a esa decisi�n.

Se interpreta adem�s, que si bien, a pesar de los posibles conflictos que pueden encontrarse en la justicia ind�gena con los principios y derechos del debido proceso, esto no impide identificar que tanto en el Derecho ind�gena como en la administraci�n de justicia ordinaria, se buscan los mismos objetivos, que son la �funci�n resocializadora de la pena (la sanci�n impuesta sirve para hacer recapacitar al infractor para que cambie su conducta) y la b�squeda de la restauraci�n del equilibrio en la comunidad (afectada por la mala acci�n de uno de sus integrantes)� (Tiban Guala, 2018, p. 13). Queda para futuras investigaciones la posible determinaci�n del cumplimiento de estos objetivos, tanto en el Derecho ind�gena como en la administraci�n de justicia ordinaria.

 

CONCLUSIONES

Se concluye que el debido proceso es un conjunto de derechos, principios y garant�as que, reconocidos en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, asiste a todos los ciudadanos del territorio nacional, sin distinci�n alguna. Este debido proceso debe ser aplicado y garantizado por todas aquellas autoridades judiciales y no judiciales, por ser un derecho constitucional amparado en los postulados del marco jur�dico supranacional latinoamericano. Dentro de esta determinaci�n de autoridades, se alcanzar�a a las comunidades ind�genas.

En este orden de ideas, los pueblos, comunidades y nacionalidades del Ecuador tienen, por mandato constitucional, conferida la posibilidad de aplicar en sus territorios, sus modelos de justicia, basados en sus costumbres y creencias. M�s, esta libertad puede ser reflexionada, por una parte, como un respeto a sus ra�ces, as� como un respeto por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Pero por otra parte, en un Estado constitucional de derechos y justicia, donde la Carta Magna y los derechos que de ella emanan (por ejemplo, el debido proceso) deben ser respetados sin excepciones.

Por ello, se reflexiona que derechos tales como la autonom�a y libertad de las comunidades ind�genas de aplicar su Derecho propio, entran en conflicto con otros presupuestos constitucionales, como el debido proceso. Esta contradicci�n atenta contra derechos humanos, por ejemplo, los nacidos del art. 8 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, siendo necesario matizar tanto los derechos que le asisten a las comunidades ind�genas as� como aquellos derechos humanos que son inherentes a todo ser humano, y que protegen a los miembros de las comunidades ind�genas.

Por ello, se llega a la conclusi�n de que la inserci�n progresiva del debido proceso en las comunidades ind�genas es necesaria, respetando obviamente todas sus costumbres y creencias, pero mostrando tambi�n los beneficios a los procesos que reporta el debido proceso. Para esta inserci�n se proponen capacitaciones integrales tanto a personal relacionado con el �rea jur�dica, con el aporte de docentes especializados en Derecho ind�gena, Derecho procesal y Derecho penal, as� como el apoyo de jueces, fiscales y personas del �rea de la justicia, as� como a las comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas y sus autoridades, de forma tal que a trav�s de asambleas y sesiones informativas, se debatan las posibilidades y los l�mites previstos para la inclusi�n del debido proceso en los procesos ind�genas.

 

Referencias

1.��������������������������������������������������������������������������� Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaraci�n Universal de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

2.��������������������������������������������������������������������������� Asamblea Constituyente del Ecuador. (2008). Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. Quito: Ediciones Legales.

3.��������������������������������������������������������������������������� Asamblea Nacional del Ecuador. (2009). C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial. Quito: Ediciones Legales.

4.��������������������������������������������������������������������������� Barrionuevo Silva, A. (2015). La justicia ind�gena y el derecho al debido proceso en el Cant�n Ambato. Tesis de Grado, Universidad T�cnica de Ambato. Disponible en: https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/13649/1/FJCS-DE-863.pdf

5.��������������������������������������������������������������������������� Boaventura de Sousa, S. (2012). �Cuando los excluidos tienen Derecho: justicia ind�gena, plurinacionalidad e interculturalidad�, 13-50. En: S. Boaventura de Sousa y A. Grijalva Jim�nez (eds.) Justicia Ind�gena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador. Quito: Abya Yala.

6.��������������������������������������������������������������������������� Borja Bazurto, L. (2020). El Debido Proceso en la aplicaci�n de las sanciones administrativas a los funcionarios de la Funci�n Judicial per�odo enero � junio de 2019 Provincia de Pichincha. Repositorio Universidad Central del Ecuador. Disponible en: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/21816/1/T-UCE-0013-JUR-274.pdf

7.��������������������������������������������������������������������������� Carrillo de la Rosa, Y. & Bechara Llanos, A. (2019). �Juez discrecional y garantismo: Facultades de disposici�n del litigio en el C�digo General del Proceso�. Jur�dicas CUC, vol. 15, n�m. 1, pp. 229-262.

8.��������������������������������������������������������������������������� Comunidad Chichico Rumi. (2009). P�gina Web Chichico Rumi. Disponible en: https://comunidadchichicorumi.wordpress.com/justicia-indigena/

9.��������������������������������������������������������������������������� Contreras P�rez, F. (2022). �El derecho al debido proceso a partir de la Sentencia Constitucional 4-19-EP/21�. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, n�m. 5, vol. 1, pp. 148-158.

10.�������������������������������������������������������������������������� Corte Constitucional del Ecuador. (2013). Sentencia No. 001-13-SEP-CC. Disponible en: http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a6de8ff2-e00e-4915-becb-5bfbe639f995/1647-11-ep_sentencia.pdf?guest=true

11.�������������������������������������������������������������������������� Corte Constitucional del Ecuador. (2015). Sentencia No. 022-14-SEP-CC. Disponible en: https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=022-14-SEP-CC#:~:text=DECISI%C3%93N%3A,de%20protecci%C3%B3n%20planteada.%3B%203.

12.�������������������������������������������������������������������������� Corte Constitucional del Ecuador. (2015). Sentencia No. 108-15-SEP-CC. Disponible en: http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=108-15-SEP-CC

13.�������������������������������������������������������������������������� Corte Constitucional del Ecuador. (2020). Sentencia No. 546-12-EP/20. Disponible en: http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidiMTdlNGY1MC03NjhmLTRhZjItOWNmZS1jMTY3ZDc5NjRlOTQucGRmJ30

14.�������������������������������������������������������������������������� Corte Constitucional del Ecuador. (2021). Sentencia No. 4-19-EP/21. Disponible en: https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Sentencia%20cc%204-19-EP21.pdf

15.�������������������������������������������������������������������������� D�az Ocampo, E. (2015). �La formaci�n en la justicia ind�gena como alternativa frente al pluralismo jur�dico�. Derecho y Cambio Social, n�m. 42, pp. 1-23.

16.�������������������������������������������������������������������������� Duquelsky G�mez, D. (2018). �La falsa dicotom�a entre garantismo y activismo judicial�. DOXA, Cuadernos de Filosof�a del Derecho, n�m. 41, pp. 193-209.

17.�������������������������������������������������������������������������� Dur�n Ponce, A. (2017). Justicia Ind�gena. Disponible en: https://derechoecuador.com/justicia-indigena/

18.�������������������������������������������������������������������������� Dur�n-Ch�vez, C. & Fuentes-Aguila, M. (2021). �El debido proceso penal y su constitucionalizaci�n en Ecuador�. Polo del Conocimiento, n�m. 6, vol. 7, pp. 1083-1103.

19.�������������������������������������������������������������������������� Enrique Alaya, I. & Garc�a �lvarez, M. (2021). Retiro de la acusaci�n en etapa intermedia y su incidencia en el debido proceso penal, Huancayo 2020. Repositorio Universidad Peruana Los Andes. Disponible en: http://190.223.61.66/bitstream/handle/20.500.12848/3059/TESIS%20%286%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20.�������������������������������������������������������������������������� Freire Soares, R. & Pereira de Jes�s, F. (2019). �La cl�usula del debido proceso legal�. Prospectiva Jur�dica, n�m. 20, pp. 1-23.

21.�������������������������������������������������������������������������� Guzm�n Chuquiana, L. (2017). El debido proceso y la justicia ind�gena. Repositorio Universidad T�cnica de Ambato. Disponible en: https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/28227/1/FJCS-DE-1080.pdf

22.�������������������������������������������������������������������������� Lozano Lagos, L. (2020). Tratamiento actual del exhorto internacional en Chile, en materia civil, y su eventual afectaci�n al derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Repositorio Universidad de Chile. Disponible en: https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/176584/Tratamiento-actual-del-exhorto-internacional-en-Chile-en-materia-civil-y-su-eventual-afectacion-al-derecho.pdf?sequence=1&isAllowed=y

23.�������������������������������������������������������������������������� Mateus Londo�o, D. (2020). �Debido proceso probatorio en el procedimiento sancionatorio contractual en Colombia�. Revista Digital de Derecho Administrativo, n�m. 24, pp. 183-211.

24.�������������������������������������������������������������������������� Mullo Quinche, E. (2018). Las garant�as del debido proceso y el derecho a la efectiva defensa t�cnica del procesado en el procedimiento directo. Repositorio Universidad Regional Aut�noma de Los Andes. Disponible en: https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/9215/1/PIUAMCO088-2018.pdf

25.�������������������������������������������������������������������������� Organizaci�n de Estados Americanos. (1969). Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

26.�������������������������������������������������������������������������� P�riz Smith, A., Guerrero Galarza, E. & Suqui Romero, G. (2020). �Responsabilidad penal de las personas jur�dicas en los delitos ambientales a la luz del ordenamiento jur�dico ecuatoriano�. RECIMUNDO, vol. 4, n�m. 4, pp. 482-495.

27.�������������������������������������������������������������������������� Ritu, D. (2021). �El debido proceso y la jurisprudencia de la CSJN�. Revista Difusiones, vol. 2, n�m. 21, pp. 163-186.

28.�������������������������������������������������������������������������� Ruilova S�nchez, A. (2020). Tensi�n entre la justicia ind�gena y la justicia ordinaria. El caso Saraguro. Quito: Universidad Andina Sim�n Bol�var, Sede Ecuador.

29.�������������������������������������������������������������������������� Salm�n, E. & Blanco, C. (2021). El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lima: Pontificia Universidad Cat�lica del Per�.

30.�������������������������������������������������������������������������� Tiban Guala, J. (2018). El debido proceso en la aplicaci�n de la justicia ind�gena. Tesis de Maestr�a, Universidad Regional Aut�noma de Los Andes. Disponible en: https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/8112/1/TUAEXCOMMCO012-2018.pdf

31.�������������������������������������������������������������������������� Vargas Pavez, M. (2012). �Derecho a un debido proceso. Alcances y contenido�. Revista Chilena de Derecho Privado, n�m. 19, pp. 253-259.

32.�������������������������������������������������������������������������� Wray Espinosa, A. (2002). �Justicia ind�gena: Sus l�mites constitucionales�. Iuris Dictio. Revista del Colegio de Jurisprudencia, n�m. 6, pp. 49-56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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