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El Habeas Corpus Correctivo como Garant�a de Protecci�n de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en el Ecuador

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Corrective Habeas Corpus as a Guarantee of Protection of the Rights of Persons

Deprived of Liberty in Ecuador

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Habeas Corpus Corretivo como Garantia de Prote��o dos Direitos das Pessoas

Privadas de Liberdade no Equador

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Tatiana Carolina Aponte Vasquez ^{I �}_�

tatys_27_aponte@hotmail.co m

https://orcid.org/0000-0003-0387-5905 �

 

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���������������������������� Ruth Karina Moscoso Parra ^II

���������������������������� rmoscoso@utmachala.edu.ec

https://orcid.org/0000-0003-4525- 1738

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Correspondencia: tatys_27_aponte@hotmail.com �

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Ciencias Sociales y Pol�ticas����

Art�culo de Investigaci�n�

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* Recibido: 23 de marzo de 2022 *Aceptado: 13 de abril de 2022 * Publicado: 02 de agosto de 2022

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I. ���� Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador. II. ��� Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador.

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Resumen

La presente investigaci�n, tiene como objeto central de estudio, el habeas corpus en su tipolog�a correctiva. Los derechos de las personas privadas de la libertad, han sido reconocidos como derechos de personas y grupos de atenci�n prioritaria en la Constituci�n de la Rep�blica; sin embargo, de aquello, de manera general son conocidas las paup�rrimas condiciones en que el Estado mantiene los centros de rehabilitaci�n social, por lo que paralelamente se afectan derechos de las personas que se encuentran bajo la tutela del estado. La funci�n correctiva del habeas corpus, permite que los privados de libertad que asumen que sufren o han sufrido afectaciones mientras se encuentran en reclusi�n, puedan acudir ante un juez constitucional para que se repare los derechos que se identifiquen como afectados. Esta dimensi�n del habeas corpus, no se encuentra desarrollada de manera precisa ni en la Constituci�n ni en la Ley, pero a nivel nacional existe ya un notable desarrollo jurisprudencial de diferentes niveles, que permite la consolidaci�n y funcionalidad de la misma en el territorio de la Rep�blica.

Palabras Clave: privados de libertad; habeas corpus; correctivo; garant�a.

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Abstract

The present investigation has as its central object of study, the habeas corpus in its corrective typology. The rights of persons deprived of liberty have been recognized as rights of persons and groups of priority attention in the Constitution of the Republic; however, in general, the extremely poor conditions in which the State maintains the social rehabilitation centers are known, so that the rights of the people who are under the tutelage of the state are affected in parallel. The corrective function of habeas corpus, allows those deprived of liberty who assume that they suffer or have suffered damages while in prison, to go before a constitutional judge to repair the rights that are identified as affected. This dimension of habeas corpus is not developed in a precise way neither in the Constitution nor in the Law, but at the national level there is already a notable jurisprudential development at different levels, which allows its consolidation and functionality in the territory of the Republic.

Keywords: deprived of liberty; habeas corpus; corrective; warranty.

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Resumo�

A presente investiga��o tem como objeto central de estudo o habeas corpus em sua tipologia corretiva. Os direitos das pessoas privadas de liberdade foram reconhecidos como direitos das pessoas e grupos de aten��o priorit�ria na Constitui��o da Rep�blica; no entanto, em geral, s�o conhecidas as condi��es extremamente prec�rias em que o Estado mant�m os centros de reabilita��o social, de modo que os direitos das pessoas que est�o sob a tutela do Estado s�o afetados paralelamente. A fun��o corretiva do habeas corpus, permite que os privados de liberdade que assumem ter sofrido ou sofrido danos na pris�o, se apresentem perante um juiz constitucional para reparar os direitos identificados como afetados. Esta dimens�o do habeas corpus n�o se desenvolve de forma precisa nem na Constitui��o nem na Lei, mas a n�vel nacional j� existe um not�vel desenvolvimento jurisprudencial a v�rios n�veis, o que permite a sua consolida��o e funcionalidade no territ�rio da Rep�blica.

Palavras-chave: privado de liberdade; habeas corpus; corretivo; garantia.

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Metodolog�a

La presente investigaci�n est� cimentada bajo una estructura metodol�gica cualitativa. Los resultados de la investigaci�n se obtendr�n b�sicamente a trav�s de los m�todos de inferencia inductivo- deductivo; esto es, realizando una valoraci�n desde lo general hacia lo particular. Adem�s, al tener un enfoque descriptivo, los m�todos de an�lisis y s�ntesis han permitido seleccionar la informaci�n m�s relevante, ponderarla y exponerla de manera que se han logrado alcanzar los objetivos propuestos.

Al constituir una investigaci�n del �rea cient�fica jur�dica, el m�todo exeg�tico no permiti� ubicar las normas jur�dicas pertinentes de los diferentes cuerpos normativos, y exponer su relevancia para el objeto de estudio. La norma de revisi�n m�s importante es la Ley de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, que no es otra cosa que una norma adjetiva de la constituci�n, pero que tambi�n contiene el desarrollo normativo de las garant�as jurisdiccionales.

La revisi�n de art�culos cient�ficos, cuerpos procesales y fallos judiciales, establecen la consolidaci�n de una investigaci�n documental y bibliogr�fica. La amplitud y diversidad de criterios que se han revisado, han evidenciado el respaldo cient�fico de la investigaci�n, y han permitido asumir una posici�n propia que se ha plasmado en las respectivas conclusiones.

No podemos olvidarnos de resaltar la importancia del m�todo hist�rico comparado, que nos permiti� identificar la evoluci�n de las instituciones involucradas, as� como su institucionalidad en otros estados de la regi�n.

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Introducci�n

Si bien en la sociedad, el delito es un fen�meno permanente, que evoluciona y avanza con el mismo desarrollo social, existen fen�menos paralelos a esta realidad que en determinadas sociedades constituyen algo extraordinario. Un ejemplo claro y poco atractivo para ser referido, es la crisis carcelaria que vive durante aproximadamente 2 a�os el estado ecuatoriano.

Y es que, llamar a la situaci�n una �crisis carcelaria�, parecer�a ser bastante generoso o ben�volo, si lo que se quiere es conceptualizar lo que ha tenido que evidenciar la ciudadan�a; esto es, reiteradas masacres de seres humanos que estaban privados de su libertad, bajo el cuidado y protecci�n del estado. La tecnolog�a moderna y las formas actuales de intercambiar informaci�n, permitieron que, de manera general, todo el estado y el mundo aprecie como reos se mataban entre ellos, de la manera m�s cruel e inhumana, mientras otros lo filmaban y lo compart�an. Una realidad por dem�s aterradora (Franco Loor, 2018).

Estos hechos, pusieron de manifiesto, la debilidad del sistema de rehabilitaci�n social, desde su infraestructura, hasta sus recursos humanos, que poco o nada pudieron hacer en su momento, para prevenir o disuadir las ya referidas masacres, y al contrario de aquello, se expuso la fortaleza con que se han apoderado grupos delincuenciales de los diferentes centros carcelarios del pa�s. Es evidente que existe inseguridad total para la integridad y la vida de los privados de libertad en el Ecuador, y as� como estos derechos est�n siendo vulnerados, permanentemente lo est�n otros.

Los derechos de las personas privadas de libertad, est�n garantizados en la Constituci�n de la Rep�blica, as� como en diferentes normas de car�cter supranacional, y van desde derechos culturales, hasta derechos de tipo laboral, no se diga derechos relacionados con la salud, integridad y vida. Todos estos derechos deben ser �ntegramente garantizados a los reclusos, y por supuesto, las restricciones o limitaciones injustificadas a los mismos, constituyen vulneraciones que deben ser reparadas a trav�s de acciones de rango constitucional (Parma, 2019).

La presente investigaci�n, tiene como principal objetivo, determinar si la legislaci�n del Ecuador, permite la procedencia de una acci�n constitucional de habeas corpus en su dimensi�n correctiva, para precautelar o los derechos de las personas privadas de libertad. Adem�s de aquello, se revisar� si los procesos constitucionales de habeas corpus con pretensiones correctivas, cuentan actualmente con insumos jurisprudenciales suficientes para poder motivar una sentencia.

Para realizar este trabajo, se revis� con cuidado, sentencias de diferente nivel, que trataron habeas corpus en su dimensi�n correctiva, desde fallos de la Corte Constitucional, Corte nacional, y juzgados de primer y segundo nivel. En cada fallo revisado se encontr� evidencias suficientes para poder reflejarlas en los resultados de la investigaci�n.

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Desarrollo

Los derechos de las personas privadas de libertad

La contitucionalizaci�n de los derechos de las personas privadas de la libertad en el ecuador

La Constituci�n del estado ecuatoriano, puesta en vigencia en el a�o 2008, s� que revolucion� la estructura del estado desde lo formal hasta lo material; porque si bien el constitucionalismo y la Rep�blica existieron desde el a�o 1830, es la primera vez que la estructura del estado realmente est� asentada sobre la base del texto creado por el constituyente y que a su vez aprob� el soberano en refer�ndum, texto que establece una verdadera supremac�a de la constituci�n sobre el resto del ordenamiento jur�dico y de cualquier tipo de poder que hist�ricamente se le habr�a impuesto (�vila Santamar�a, 2011).

El estado legalista, nacido en Francia y cuyo modelo se extendi� en la regi�n europea, manten�a lo que se conoce como un constitucionalismo formal, ya que los estados se llamaban a s� mismos, constitucionales, por el hecho de tener como norma una constituci�n; pero, en realidad sus textos lo que principalmente hac�an era una repartici�n del poder pol�tico, y los derechos de las personas eran enviados a la ley. Por esta raz�n en estos estados, el verdadero poder estaba concentrado en el parlamento; el poder legislativo era en torno a quien giraba la vida del estado.

El estado garantista, desarrollado en los pa�ses anglosajones y Estados Unidos como referente, establecieron un modelo constitucional desde una perspectiva material, ya que en verdad en estos pueblos la constituci�n era el epicentro de la institucionalidad del estado, exist�a rigidez y plena supremac�a de la constituci�n sobre los poderes del estado y sobre la ley; pero, lo m�s importante es que en estos textos, lo principal era el desarrollo del cat�logo de derechos que le correspond�an a los ciudadanos.

Ambos modelos nacieron a finales del siglo XVIII, luego de la revoluci�n francesa y la independencia norteamericana, respectivamente; y as� mismo se fueron desarrollando paralelamente, fracasando a fines del siglo XIX y durante el siglo XX el modelo franc�s en los estados europeos, justamente por fragilidad con que la Constituci�n se presentaba frente a la ley, la que la pod�a reformar o derogar en cualquier momento; y adem�s de aquello, por el desarrollo social que cada vez evidenciaba la necesidad del reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, desde la Constituci�n. Ello conllev� a que los pa�ses europeos, progresivamente absorban los postulados del garantismo anglosaj�n, desarroll�ndose lo que se conoce como neoconstitucionalismo. (Oyarte Mart�nez, 2018)

Ese garantismo jur�dico que tuvo �xito ahora en Europa, es el que lleg� al Ecuador en el a�o 2008, y es la raz�n por la que contamos con un estado constitucional de derechos y justicia, en sentido formal y material, por lo que, en el texto constitucional existe un amplio cat�logo de derechos, que han sido observados en la historia constitucional del pa�s, as� como en instrumentos universales y regionales sobre Derechos Humanos y finalmente constitucionalizados; as� en nuestra constituci�n, en 7 grandes grupos de derechos, se ha reconocido todos o al menos la gran mayor�a de derechos fundamentales de los seres humanos y de la naturaleza.

Uno de esos grupos de derechos, es el que se conoce como de �personas y grupos de atenci�n prioritaria�, en donde se dispone que ciertas personas o grupos recibir�n atenci�n prioritaria y especializada en los �mbitos p�blico y privado en m�rito a su condici�n vulnerable. Entre los integrantes de estos grupos se encuentran, las personas con discapacidad, los adultos mayores, personas que padecen enfermedades catastr�ficas, entre otros; y es aqu� donde tambi�n aparecen y resaltamos a las personas privadas de libertad. Sin embargo de aquello, la iniciativa de ubicar a los privados de libertad en esta categor�a, no es de f�cil comprensi�n, y la raz�n de ser merece una revisi�n cuidadosa.

El Comit� Internacional de la Cruz Roja en un documento en que trata acerca de la protecci�n a los privados de libertad, ha expuesto:

�Independientemente del motivo de su detenci�n, las personas privadas de libertad son, por definici�n, vulnerables. Son personas que han sido separadas de su entorno habitual y a las que ya no se les permite decidir sobre su propia vida� (CICR, 2016).

El documento resalta que la privaci�n de la libertad en s� misma ubica a las personas en un estado de vulnerabilidad, ya que al encontrarse un ser humano en reclusi�n se imposibilita de ejercer el resto de sus derechos, desde lo b�sico como la alimentaci�n, hasta derechos que necesitan de mayor movilidad como el derecho al trabajo. El privado de libertad, en alguna medida debi� constituir un aporte social, y familiar, y su situaci�n le impedir� desarrollarse como persona, y adem�s de aportar en la econom�a familiar, gener�ndose as� afectaciones naturales al encierro.

Si bien el privado de libertad, sobre todo en los casos de condena firme, vive una realidad consecuencia directa de sus actuaciones en contra de bienes jur�dicos de las personas, es un ser humano, y como tal debe ser tratado. Pensar que la condena ubica a los privados de libertad por debajo de esa condici�n, constituir�a una posici�n de barbarie y nos har�a retroceder siglos en materia de derechos fundamentales. De all�, que la apreciaci�n correcta es que los privados de libertad se encuentran muy por debajo de los ciudadanos libres en el disfrute de sus derechos, y siendo entre otros el derecho a la rehabilitaci�n social una de sus garant�as, es indispensable que se garantice a su vez su desarrollo personal mientras est� recluido; son estas limitaciones naturales las que lo hacen vulnerable (Parma, 2019).

La legislaci�n nacional dispone que el Estado deba garantizar que todas las personas detenidas en los Centros de Rehabilitaci�n Social, reciban un trato humano, es decir, con el respeto debido a su dignidad y valor como seres humanos. Podr�a considerarse que esta obligaci�n se refiere �nicamente al deber de preservar la vida y la salud de los detenidos, pero en realidad el trato humano conlleva mucho m�s que eso.

Un documento de la Asociaci�n para la prevenci�n de la tortura, establece que los siguientes factores ponen a las personas en situaci�n de vulnerabilidad:�

�un desequilibrio de poder entre las personas detenidas y aquellas que est�n a cargo de ellas, una dependencia casi absoluta de la instituci�n que les ha privado de su libertad o que limita sus movimientos, el debilitamiento de sus lazos sociales y el estigma derivado de la detenci�n� (APT, 2022).

Es entonces correcto que la Constituci�n de la Rep�blica, que en el paradigma actual ubica al ser humano como centro de atenci�n del estado, ubique a los privados de libertad considerando su condici�n vulnerable, como parte de los grupos de atenci�n prioritaria, y es muy importante que como dispone la misma constituci�n, progresivamente sus derechos se materialicen con pol�ticas p�blicas, acciones de gobierno, recursos, etc., que permitan mantener el estatus de dignidad que les corresponde (�vila Santamar�a, 2019).

 

El cat�logo de derechos de las personas privadas de libertad

La Constituci�n y la Ley de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando definen al habeas corpus y su objeto, establecen que esta garant�a protege la libertad personal, as� como la vida, la integridad y los derechos conexos a la privaci�n de la libertad. El t�rmino �derechos conexos�, de la manera como se han instituido, generaliza a todos los derechos de las personas privadas de libertad, que en principio no necesitan un cat�logo, si consideramos que las personas privadas de su libertad, conservan �ntegramente sus derechos mientras dura la reclusi�n, con excepci�n del de locomoci�n (CIDH, 2008).

Al respecto, la Constituci�n del Ecuador, ha establecido como derechos de las personas de libertad los siguientes (Asamblea Nacional Constituyente, 2008): �

Art. 51.-Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:

1.          No ser sometidas a aislamiento como sanci�n disciplinaria.

2.          La comunicaci�n y visita de sus familiares y profesionales del derecho.

3.          Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privaci�n de la libertad.

4.          Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privaci�n de libertad.

5.          La atenci�n de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.

6.          Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.

Lo primero que podemos apreciar de esta disposici�n y que salta a la vista es que la misma parecer�a ser muy limitada en su contenido, ya que refiere apenas 6 numerales que deben concentrar los derechos de las personas privadas de libertad, y que hab�amos anticipado, en realidad son todos, excepto los que por fuerza est�n limitados por la misma imposibilidad de moverse fuera de la prisi�n. Sin embargo, la disposici�n si desarrolla una importante categor�a de derechos que deben ser reconocidos como de indispensable atenci�n para por privados de libertad.

En primer lugar, establece lo que constituye una utop�a hist�rica y es la necesidad de evitar el aislamiento en celdas de castigo, celdas inhumanas, huecos, semitumbas, etc., que se desarrollan con la finalidad de someter o establecer condiciones de padecimiento a los privados de libertad. Se afirmaba que es una utop�a hist�rica, porque en muchos pasajes de la bibliograf�a universal hemos evidenciado que es una pr�ctica com�n el aislamiento como forma de castigo, y en la actualidad sin que exista un muestreo oficial, es voz populi que esas pr�cticas en alguna medida se mantienen (Campoverde, 2018).

Un segundo derecho, garantiza la posibilidad de que el privado de libertad pueda mantener comunicaciones y visitas de sus familiares, y de sus defensores. Mantener visitas familiares, es uno de los soportes de los reg�menes de rehabilitaci�n social, ya que permite que el privado de la libertad mantenga expectativas de superaci�n personal y por lo mismo una conducta que le permita obtener beneficios penitenciarios. Por otro lado, la comunicaci�n con su defensor, es lo que le permite entender su realidad, es decir, el alcance de su situaci�n jur�dica y en la vida en reclusi�n uno de los alicientes de mayor aprecio, es la comunicaci�n con un letrado del derecho.

El derecho a declarar sobre el trato que se recibe en el centro de privaci�n de libertad, es justamente la antesala de lo que constituye la garant�a de habeas corpus correctivo; siendo que el estado es el garante de los derechos de los reclusos, es indispensable que en cualquier momento estos puedan acercarse al mismo estado representado por el poder judicial y el juez, a exponer sobre su realidad en el reclusorio, y de ser necesario exigir que se corrija esa realidad. No se trata de un derecho que se ejercer� al recuperar la libertad, como podr�a entenderse de la narraci�n de la norma, sino que en cualquier momento durante la reclusi�n o incluso despu�s de esta.

El derecho a la salud, ha sido garantizado de una manera muy particular, ya que se expone que lo que se debe garantizar son los recursos materiales y humanos suficientes para garantizar a su vez la salud integral. Es muy interesante como la Constituci�n se ha preocupado por establecer que la salud en un centro de privaci�n a la libertad, solo es posible si el estado le asigna los recursos suficientes; sin embargo, esto no deja de ser muy subjetivo, ya que identificar el n�mero o medida en que los recursos para garantizar la atenci�n a la salud sean suficientes, depende mucho de la apreciaci�n de quien deba realizar esta valoraci�n. En la pr�ctica observamos que el estado procura facilitar las salidas m�dicas de los reclusos, cuando necesitan atenci�n m�dica, situaci�n que es correcta desde nuestra perspectiva, ya que con mucha dificultad se podr�a pensar siquiera que los Centros de Rehabilitaci�n Social, cuenten en su misma estructura log�stica, con dispensarios m�dicos de todas las especialidades (Misuraca, 2018).

Finalmente, en una sola disposici�n se concentra la parte m�s amplia de este cat�logo, en que se menciona al derecho a la educaci�n, que efectivamente implica que toda persona privada de su libertad que requiera estudiar en cualquier nivel, debe contar con los recursos para poder cursar su programa. En el caso del Ecuador, han existido programas propios del estado para facilitar la educaci�n b�sica en los centros de rehabilitaci�n social y en la actualidad algunos centros de estudio mantienen convenios con el estado para ese tipo de ejercicios. Pasa lo mismo con centros de estudio superior que por su propia iniciativa han implementado programas y modalidades para facilitar el acceso de este grupo a sus servicios.

En cuanto a las necesidades laborales y productivas, quiz�s sean los derechos m�s complicados y que menos ha buscado desarrollar el estado, ya que hasta donde se ha podido apreciar, a pesar de que en los centros de privaci�n de la libertad existen talleres y programas de capacitaci�n laboral de tipo artesanal, industrial, etc. siempre soy limitados y con pocos recursos asignados. Se exige generalmente que los propios privados de libertad realicen inversi�n en materiales y utensilios para que puedan realizar productos y sacarlos al mercado.

Las necesidades alimenticias de los privados de libertad, son los mismos que los de todas las personas, sobre todo en un pa�s que ha reconocido a la soberan�a alimentaria como derecho. Entonces, el derecho se debe entender como nutritivo, sano, y por supuesto, tres veces al d�a. La alimentaci�n de los privados de libertad en la mayor�a de los Centros de rehabilitaci�n ha sido concesionada, lo que ha logrado cubrir la demanda necesaria, y podr�amos decir que, en una r�pida revisi�n, no han existido durante la �ltima d�cada, reclamos generalizados al respecto.

Finalmente, sobre el derecho a la recreaci�n, los centros de privaci�n de la libertad, cumplen en lo m�nimo esta necesidad con la existencia de canchas y espacios deportivos. Afirmamos que los m�nimos sin que podamos afirmar que el estado deba establecer una diversidad de formas de recreaci�n en los Centros de Rehabilitaci�n Social. En algunos centros de privaci�n de la libertad, el acceso a espacios de recreaci�n es m�s accesible que en otros, dependiendo del grado de seguridad del propio centro (Gonz�lez, 2014).

Por supuesto que esta norma no agota los derechos de los privados de la libertad, ni siquiera los m�s indispensables, pero no deja de ser una norma con buen contenido y de mucha trascendencia. Un cat�logo muy importante de derechos para este grupo, lo podemos encontrar en el Principios y Buenas Pr�cticas sobre la Protecci�n de las Personas Privadas de Libertad en las Am�ricas, Adoptados por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, durante el 131 per�odo ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008 (CIDH, 2008). Este cuerpo normativo, es de obligatoria observancia y cumplimiento para el estado ecuatoriano, que ratifico la Convenci�n Americana de Derechos Humanos

El primer principio que se reconoce es el de trato humano, y se lo describe en los siguientes t�rminos:�

�Toda persona privada de libertad que est� sujeta a la jurisdicci�n de cualquiera de los Estados Miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos ser� tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garant�as fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos� (CIDH, 2008).

Despu�s de esto, el texto del documento se refiere de manera muy amplia a un conjunto de derechos, que est�n involucrados con la vida en reclusi�n, y dir�amos, que se ocupa de la mayor�a de ellos, o de los que tradicionalmente son requeridos para su ejercicio y necesarios para el desarrollo individual de los prisioneros en m�rito al derecho de rehabilitaci�n social que tambi�n les asiste. As�, se ha desarrollado principios sobre los ya mencionados derechos a la salud, a la educaci�n, al trabajo, a la recreaci�n, al agua, a la alimentaci�n, etc. Pero de manera m�s amplia y por lo tanto definiendo muchas m�s garant�as.

Sobre el derecho a la salud, se establece� la garant�a del disfrute del m�s alto nivel posible de bienestar f�sico, mental y social, que incluye, entre otros, la atenci�n m�dica, psiqui�trica y odontol�gica adecuada; la presencia permanente de personal m�dico; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados a los cuadros cl�nicos; as� mismo las medidas especiales para hacer frente a las necesidades� espec�ficas de las personas privadas de libertad que padezcan enfermedades de alto riesgo, y� las personas con enfermedades en fase terminal (Sentencia No. 820-CN/21, 2021).�

Se dispone del acceso permanente de agua potable suficiente y adecuada para el consumo humano.� Las personas privadas de libertad tendr�n derecho a recibir una alimentaci�n que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrici�n adecuada y suficiente y se deber� tomar en cuenta las necesidades especiales determinadas por criterios m�dicos. Se entiende que la alimentaci�n de los recursos se debe proveer en horarios adecuados, y as� mismo en las mejores condiciones de salubridad, impidi�ndose la privaci�n de alimentos como forma de sanci�n (Nogueira, 2019).

Las personas privadas de libertad deber�n disponer de espacio suficiente, exposici�n diaria a la luz natural, ventilaci�n y calefacci�n apropiadas, seg�n las condiciones clim�ticas del lugar de privaci�n de libertad. Para el caso del Ecuador, la disposici�n reconoce que las necesidades de infraestructura son diferentes en las diferentes regiones como la Costa o la Sierra. Se dispone la ubicaci�n de las personas en camas individuales, ropa de cama apropiada, en general garant�as para pernoctar en la noche.

Se garantiza el acceso a instalaciones sanitarias higi�nicas y suficientes, que precautelen su privacidad y dignidad. Asimismo, tendr�n acceso a productos b�sicos de higiene personal. Cuando se habla de acceso, en el caso del Ecuador por lo general, son los reclusos los que deben buscar los implementos necesarios para su aseo personal, asign�ndose d�as de ingreso de estos suministros por parte de sus familias.�

La vestimenta que deben utilizar las personas privadas de libertad ser� suficiente y adecuado a las condiciones clim�ticas, y tendr� en cuenta la identidad cultural y religiosa de las personas privadas de libertad. Sobre esto, son pocos los centros de rehabilitaci�n social del pa�s que le asignan vestuario a los reclusos. En realidad, la regla general, es que la vestimenta la deben conseguir a trav�s de sus familiares, y en limitadas cantidades (CIDH, 2008).

La ense�anza primaria o b�sica ser� gratuita para las personas privadas de libertad, en particular, para los ni�os y ni�as, y para los adultos que no hubieren recibido o terminado el ciclo completo de instrucci�n primaria. Los estados deben garantizar que los servicios de educaci�n proporcionados en los lugares de privaci�n de libertad funcionen en estrecha coordinaci�n e integraci�n con el sistema de educaci�n p�blica, situaci�n que en importante medida se ha cumplido en el caso del estado ecuatoriano.

En lo referente a derechos colectivos es importante resaltar que se garantiza a las personas privadas de libertad tendr�n derecho a participar en actividades culturales, deportivas, sociales, y a tener oportunidades de esparcimiento sano y constructivo. Este reconocimiento que como expusimos lo hace tambi�n la Constituci�n de la Rep�blica, permite un desarrollo progresivo del r�gimen de rehabilitaci�n.

Las personas sometidas a un r�gimen penitenciario, tienen derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneraci�n adecuada y equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades f�sicas y mentales, a fin de promover la reforma, rehabilitaci�n y readaptaci�n social de los condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio en los lugares de privaci�n de libertad (Bernal, 2007).�

Estos principios que como hemos afirmado son de cumplimiento imperativo para el Ecuador, si bien se pueden evidenciar en una medida de cumplimiento importante, no est� por dem�s resaltar que no existen datos oficiales sobre aquello. La funci�n ejecutiva es a la que le corresponde la administraci�n de los centros de privaci�n de la libertad y lo hace a trav�s del Servicio Nacional de Atenci�n Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, cuya misi�n es garantizar la atenci�n integral a personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley penal, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas con el fin de contribuir positivamente en su reinserci�n en la sociedad.

Seg�n el SNAI, la poblaci�n carcelaria a septiembre de 2021 era de 38.700 presos, repartidos en los 36 centros de privaci�n de libertad que existen en Ecuador.� La c�rcel m�s grande es la de varones de Guayaquil, con 3106 personas, equivalente al 31% de la poblaci�n total. La estructura del sistema penitenciario est� compuesta por el Consejo Nacional de Rehabilitaci�n Social (CNRS) y la Direcci�n Nacional de Rehabilitaci�n Social (DNRS).

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La garant�a de habeas corpus en el ecuador

Las palabras h�beas corpus tienen origen latino, �traer el cuerpo�, acogidas luego por el idioma ingl�s, se refieren al derecho de todo detenido a comparecer inmediata y p�blicamente ante un juez para que sea escuchado y luego de lo cual, tome una resoluci�n respecto a que si su arresto fue o no legal y si debe conservarse (Cabanellas, 2018). El objeto del h�beas corpus es la protecci�n de la libertad personal; de esta forma, el h�beas corpus se afianza como un proceso constitucional que tiene por objeto tutelar la libertad f�sica, corporal o de locomoci�n.�

La historia nos indica que el h�beas corpus tiene su origen en Inglaterra, en la mitad del siglo XIII, a partir de este hito hist�rico empieza la evoluci�n en su concepto y aplicaci�n. Con estas caracter�sticas fue aplicado en sus colonias, particularmente en Estados Unidos de Am�rica, el cual es asimilado a nivel local y luego federal, una vez consolidada la independencia, per�odo hist�rico en donde se produce un desarrollo representativo hasta nuestros d�as. Marca una etapa hist�rica en el contexto latinoamericano, la presencia del habeas corpus a partir del XIX, la cual era casi inevitable por su fuerte influencia inglesa en primer t�rmino y luego con caracter�sticas norteamericanas (Garc�a R. , 2014).�

A consideraci�n de Garc�a Bela�nde, la incorporaci�n del h�beas corpus en las legislaciones de Latinoam�rica, no se produjo en forma mec�nica, ni fue una copia servil, sino que como ant�poda, se la adopt� y asimil� conforme a su particular problem�tica, ensambl�ndole conforme a sus especiales instituciones, fundamentadas en criterios roman�sticos, y que sin duda encontr� un espacio f�rtil para su consolidaci�n y desarrollo en la regi�n, a tal punto de poseer en la actualidad caracter�sticas propias. El desarrollo del habeas corpus en los pa�ses de Am�rica Latina, ha sido eminente respecto de otros pa�ses a nivel mundial, de all� que esta garant�a se lo haya asimilado como un par�metro esencial del Estado de Derecho y en clave procesal para la defensa de la libertad personal (Garc�a D. , 2014).

El h�beas corpus es el medio m�s eficaz para garantizar la operatividad tanto del derecho a la libertad, y de los dem�s derechos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se trata de una tutela irrevocable, cuya suspensi�n no puede operar bajo ninguna circunstancia, porque es un proceso especial, de car�cter preferente y sumario, que debe ser resuelto con rapidez, porque su naturaleza tutelar es sustancialmente acelerada, lo que impone la realizaci�n de un tr�mite �sencillo�. El h�beas corpus y su inclusi�n constitucional, hace que esta acci�n se oriente a la correcci�n de los arrestos ileg�timos, amenazas concretas o solapadas contra la libertad, y la seguridad carcelaria, pero tambi�n est� predispuesta a proteger contra o prevenir las desapariciones forzadas, lo cual determina un nuevo campo de acci�n de esta garant�a (Henr�quez, 2014).�

El Estado ecuatoriano hizo constar desde sus primeras Constituciones el derecho de toda persona a no ser privado ilegalmente de su libertad. Sin embargo, solo a trav�s de la Constituci�n de 1929 se introduce el h�beas corpus como un mecanismo para proteger este derecho. La Constituci�n del a�o 1998 si bien desarrollaba una garant�a de habeas corpus, le encomendaba su proceso a los Alcaldes de los cantones donde se encontraba detenida una persona, consolid�ndose m�s bien, el poder pol�tico que una garant�a de los Derechos (Garc�a G. , 2004).

La Constituci�n de la Rep�blica, vigente desde el a�o 2008, estableci� en el art�culo 89 a la garant�a de habeas corpus, en los siguientes t�rminos:

Art. 89.-La acci�n de h�beas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ileg�tima, por orden de autoridad p�blica o de cualquier persona, as� como proteger la vida y la integridad f�sica de las personas privadas de libertad.

Por su lado la ley de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando regula el habeas corpus, lo hace exponiendo su objeto de la siguiente manera:

Art. 43.-Objeto. -La acci�n de h�beas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad f�sica y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad p�blica o por cualquier persona.

En primer lugar, en ambas disposiciones se confirma que el habeas corpus es una acci�n constitucional, ya que, si bien se la ha institucionalizado como una garant�a jurisdiccional de los derechos, la doctrina reconoce que existe una tripartici�n de sus alcances, esto es, como acci�n, como derecho y como garant�as justamente. Como derecho, el habeas corpus implica una potestad natural de toda persona de ejercer su libertad personal sin restricciones; como garant�a, el estado ha establecido que la libertad personas como derecho fundamental, debe estar siempre precautelado por un procedimiento �gil y eficaz en que se discuta cualquier tipo de afectaci�n; mientras que como acci�n, el habeas corpus expone un proceso judicial que debe tener a un juez imparcial para que decida sobre su situaci�n jur�dica, en que est� involucrada la libertad personal.

En cuanto al objeto, notamos que la Constituci�n de Rep�blica a la que se le reconoce una posici�n siempre garantista, se queda muy por debajo de los m�nimos de la regi�n en cuanto a la regulaci�n de habeas corpus se refiere, porque menciona lo b�sico hist�ricamente hablando, es decir la expone como una acci�n con que �nicamente se busca salir de la c�rcel cuando se considera que la detenci�n es ilegal, ilegitima o arbitraria.

Por su lado, la Ley de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional puesta en vigencia en el a�o 2009 s� que dimensiona correctamente al habeas corpus, y en su objeto menciona que se centra en proteger la libertad personal y los derechos conexos a la privaci�n de la libertad. Ahora bien, no es que esta descripci�n sea clara o suficientes, pero permite apreciar que ya no se trata de la cl�sica figura de habeas corpus reparador, sino que su �mbito de protecci�n va mucho m�s all�, describi�ndose un poco m�s el objeto en los numerales de la misma disposici�n (Asamblea Nacional d. E., 2013):�

1.          A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ileg�tima, protecci�n que incluye la garant�a de que la detenci�n se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepci�n de los casos de flagrancia;

2.          A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional;

3.          A no ser desaparecida forzosamente;

4.          A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante;

5.          A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo pol�tico, no ser expulsada y devuelta al pa�s donde teme persecuci�n o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad;

6.          A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias;

7.          A la inmediata excarcelaci�n de la persona procesada o condenada, cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o juez;

8.          A la inmediata excarcelaci�n de la persona procesada cuando haya caducado la prisi�n preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados con prisi�n y de un a�o en los delitos sancionados con reclusi�n;

9.          A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana;

10.      A ser puesta a disposici�n del juez o tribunal competente inmediatamente y no m�s tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detenci�n.

Como notamos, si bien hay un cat�logo muy amplio de posibilidades, ninguna se refiere a una posibilidad correctiva, y con esto nos referimos a que no se describe al habeas corpus como una acci�n con que los privados de libertad pueden reclamar o exigir la reparaci�n de sus derechos mientras se encuentran cumpliendo una condena o una medida de prisi�n preventiva.

Hasta aqu�, tanto la Constituci�n y la ley de garant�as jurisdiccionales y control constitucional, es evidente que se han quedado atr�s frente al desarrollo jurisprudencial de la garant�a de habeas corpus, y no es que sea necesaria una reforma para que este desarrollo sea plenamente funcional, sino que resaltamos que la constituci�n solo ha reconocido la funci�n reparadora de la garant�a.

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El habeas corpus y su tipolog�a

La tipolog�a del Habeas Corpus en el caso de Ecuador es nov�sima, y responde fundamentalmente a su desarrollo jurisprudencial en la regi�n, ya que reci�n en el a�o 2021, La Corte Constitucional realiz� una mera referencia a la misma. La jurisprudencia peruana, ya ven�a hace rato trabajando en los conceptos de una tipolog�a muy amplia y acertada que permite apreciar los reales alcances de esta garant�a (Sentencia No. 8-20-CN/21, 2021):�

a)      H�beas Corpus Reparador. � La Corte lo llama �restaurador�, y procede frente a la privaci�n arbitraria, ilegal o ilegitima de la libertad f�sica, bien se trate de actuaci�n policial o judicial o de un particular que dispone el internamiento de un tercero en contra de su voluntad. Procede tambi�n contra la negligencia penitenciaria, as� como frente a sanciones disciplinarias privativas de la libertad.� �

b)      H�beas Corpus Restringido. � Que tiene como finalidad la de impedir comportamientos de cualquier �ndole, de cualquier persona o autoridad, que sean atentatorios al derecho de la libertad, pero en un grado menor, porque no lleguen a configurar o materializarse como una detenci�n o privaci�n de libertad. Proceder�a ante: a) prohibici�n de acceso o circulaci�n en determinados lugares; b) seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de �rdenes dictadas por autoridades incompetentes; c) reiteradas e injustificadas citaciones policiales; d) continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.�. En general, en los casos donde la libertad f�sica o de locomoci�n es objeto de molestias, obst�culos, perturbaciones o incomodidades que configuran una seria restricci�n para su ejercicio.

c)      H�beas Corpus Preventivo. � Esta tipolog�a se refiere a los casos en que, no habi�ndose concretado la privaci�n de la libertad, existe una amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneraci�n de la Constituci�n, los Derechos Humanos o la ley. A diferencia de las otras formas de habeas corpus, en esta, no se ha consumado la afectaci�n, pero justamente lo que se exige es impedir esa consumaci�n. Es una tipolog�a muy funcional y en caso del Ecuador, ya se han materializado reparaciones preventivas a la libertad personal.�

d)     H�beas Corpus Traslativo. - Protege la libertad de los procesados que hayan obtenido una sentencia condenatoria que, conforme a las normas penales, deban encontrarse en libertad, pero contin�an en prisi�n o en centros de detenci�n, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto para su detenci�n o que el tiempo de condena establecido ya se cumpli�, o cuando su libertad previamente ya fue declarada por un Juez, pero contin�a en un centro penitenciario. Se emplea adem�s para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la privaci�n de la libertad de una persona o se demore la determinaci�n jurisdiccional que resuelva la situaci�n personal de un detenido (Tribunal Constitucional de Per�, 2009).

e)      H�beas Corpus Instructivo. � Procede esta forma de habeas corpus, en los casos donde no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida-desaparecida. Su finalidad no se limita a garantizar la libertad e integridad personal, sino tambi�n a asegurar el derecho a la vida, y desterrar las pr�cticas del ocultamiento o indeterminaci�n de los lugares de desaparici�n. El h�beas corpus instructivo se sustenta en el derecho a la verdad, siendo un derecho impl�cito en nuestra Carta Fundamental. Los antecedentes de esta forma de habeas corpus son de dominio general en el pa�s, donde casos como el de los �hermanos restrepo� o el de la Dra. �Consuelo Benavidez� en la d�cada de los 80, soy muy penosos de recordar, y constituyen desapariciones formadas de personas, en manos de agentes del estado que le han costado sanciones al pa�s.

f)       H�beas Corpus Innovativo. - Se trata de aquella solicitud que interesa, aun cuando la vulneraci�n de la libertad ya ces�, as� como la amenaza, que las condiciones o situaciones que originaron en el pasado tal afectaci�n, no se repitan. Esta modalidad, por ejemplo, procede cuando una persona est� siendo realmente buscada por la justicia, quien tiene igual nombre y apellidos que otra persona. Por consiguiente, ha procedido en casos de homonimia, en caso de nombres y apellidos exactamente iguales (Tribunal Constitucional de Per�, 2009).

g)      H�beas Corpus Conexo. - Tiene como objetivo evitar la restricci�n de derechos; tambi�n tienen como finalidad impedir la tortura y tratos crueles de los privados de la libertad. Se utiliza �cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores, tales como la restricci�n del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra �l o la c�nyuge, etc.

La sentencia No. 253-20-JH/22 de la Corte Constitucional, se ha olvidado en el cat�logo que desarrolla de manera r�pida, de la figura o tipolog�a del habeas corpus preventivo, cuyo desarrollo ha sido observado por ejemplo por el Tribunal Constitucional de Per�, donde esta instituci�n tiene un concepto y finalidades claras.� Si bien el habeas corpus es una garant�a dirigida en esencia a la protecci�n de la libertad personas, como revisamos, existen circunstancias conexas a la privaci�n de la libertad que deben ser protegidas por la misma garant�a.

Sobre el habeas corpus correctivo, cuyo contenido ha reconocido ya la Corte Constitucional del Ecuador, nos referiremos en el ep�grafe siguiente, por constituir un aspecto central de la presente investigaci�n.�

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El habeas corpus correctivo

Como hemos anticipado, nuestro modelo de estado constitucional entre otras cosas se caracteriza por materializar la constituci�n, que es el hecho de que los derechos y principios establecidos en la Carta Magna se cumplan, de manera que las personas �vivan sus derechos�. Solo se materializar�n los derechos de los privados de libertad, si el estado, que los mantiene encerrados, realmente garantiza que disfruten �ntegramente de los mismos (Alvarez Parra, 2008).

El habeas corpus que, de manera general, protege la libertad personal, cuando se expresa en su dimensi�n correctiva, est� dirigido a proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, todos los reconocidos en la Constituci�n y los Convenios sobre Derechos Humanos, y todos aquellos que son imperativos para que se mantenga su status de dignidad; es decir, derechos conexos a la privaci�n de la libertad.

Si bien las circunstancias derivadas de una privaci�n legitima de la libertad, pueden en cierta medida y de manera natural restringir algunos derechos, estas restricciones no ser�an cuestionadas, si obedecen a la misma circunstancia de estar encerrados por decisi�n judicial. Si en lugar de aquello, lo que existe es una restricci�n de derechos que el estado no puede justificar con la naturaleza del presidio mismo, esta restricci�n ser�a ileg�tima (Guabardi, 2017).

El habeas corpus correctivo, busca corregir los problemas que se viven en los centros de privaci�n de la libertad. De esta manera, no existe un cat�logo de posibilidades, sino que se puede presentar ante cualquier realidad, acci�n u omisi�n del estado, que est� afectando derechos de los seres humanos a su cargo en centros de privaci�n de la libertad. A trav�s del reconocimiento que realiza la Corte Constitucional de la posibilidad correctiva, en raz�n del cual se deja en claro que el h�beas corpus no solo protege la libertad f�sica propiamente dicha, sino tambi�n tutela otros derechos fundamentales conexos al de la libertad personal o lesi�n de derechos diferentes al de la libertad (Tribunal Constitucional de Per�, 2009).

La Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, se refiere de manera muy superficial, a este modalidad de habeas corpus, cuando establece en el numeral 9 del art�culo 43, que entre los derechos de los privados de libertad est� el de no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana.

Al realizarse la correcci�n, el estado se asegura de retornar al modelo que establece a la rehabilitaci�n social como derecho, la misma que es posible, si las condiciones de vida en la c�rcel son dignas, y no disfrazan una realidad de afectaciones con meros cumplimientos. Si hay situaciones que se deben corregir, y el estado no lo ha hecho, uno de los primeros derechos vulnerados, ser� el derecho a la rehabilitaci�n. Recordando un pasaje de la novela de V�ctor Hugo,

�los miserables�, es imposible esperar que de la c�rcel salgan seres humanos, si mientras est�n en la misma son tratados como animales.

A continuaci�n, y para ilustrar el alcance del habeas corpus en su dimensi�n correctiva, vamos a revisar los siguientes casos:

a)      Caso Jorge Ramiro Ord��ez Talavera. - Este caso se resolvi� en la Corte Constitucional que conoci� una acci�n extraordinaria de protecci�n planteada por el afectado en contra de sentencias de primer y segundo nivel que a su vez conocieron una acci�n de habeas corpus, la misma que fue negada por los jueces de las instancias respectivas. En lo esencial, la v�ctima se encontraba recluido en el CRS de Latacunga con sentencia condenatoria, y en el a�o 2015 en una rebeli�n, el mismo resulta afectado en uno de sus ojos por un disparo con una arma no letal ejecutado a corta distancia por un miembro de la polic�a, no recibiendo atenci�n medica oportuna, ni tratamiento de rehabilitaci�n a tiempo debido, sino por el contrario, siendo marginado de un servicio del salud digno, que al menos hubiese mitigado su sufrimiento, perdiendo finalmente la vista de uno de sus ojos.

La Corte en lo m�s sobresaliente de su resoluci�n dispuso: �env�e el referido expediente al juez de garant�as penitenciarias competente - o el �rgano jurisdiccional que haga sus veces-, a fin que disponga las medidas alternativas a la privaci�n de la libertad, a favor del se�or Jorge Ramiro Ord��ez Talavera por el tiempo que reste para que cumpla su pena (Sentencia 017-18-SEP-CC, 2018).

b)      El Caso La Ronda. � Este caso desarrollado en la provincia de Pichincha, tiene que ver con un reclamo colectivo presentado en una acci�n de habeas corpus por un grupo de personas privadas de libertad que afirmaban que las condiciones en que estaban hacinados vulneraban los derechos a la dignidad y la salud, b�sicamente. � se�alaron los accionantes que se encuentran hacinados en el bloque �La Ronda�, en el cual existen 72 camas y que adicionalmente en las noches ingresan m�s personas que se encuentran en apremio parcial por lo que se suman m�s de 200 personas diariamente las que conviven en el reducido espacio asignado, que por lo tanto se debe pernoctar incluso en el piso de los ba�os; que apenas se contaba con dos bater�as sanitarias y una ducha lo que impide que todos puedan tener acceso a los mismos; que no existen el n�mero de profesionales suficientes en el �rea m�dica para brindar atenci�n; que solo se entregaba un pase para atenci�n m�dica por d�a y que hay d�as en que nadie puede ser atendido, que no tienen botiqu�n ni medicamentos b�sicos; que en el techo se colgaba cables de corriente el�ctrica y que esto puede causar incendio y no cuentan con extintores Caso la Ronda.

En lo medular, el Juez que conoci� la causa, resolvi� que de forma inmediata, el Ministerio de Justicia y el Director del Centro de Detenci�n Provisional EL INCA, realice la reubicaci�n de todas las personas que se encuentran actualmente en el pabell�n �La Ronda� y se las ubique en el espacio que actualmente se utiliza como sal�n de uso m�ltiple, espacio f�sico que es m�s adecuado para albergar a los detenidos por boleta de apremio, puesto que actualmente mantiene 4 ba�os, 2 duchas, 3 lavabos y tres urinarios, adem�s de ser un espacio f�sico de aproximadamente 120 metros cuadrados lo que equivaldr�a al doble del espacio que hoy ocupan los detenidos, y adicionalmente que por su ubicaci�n en el centro de detenci�n aten�a el riesgo de que mantengan contacto con los PPL de otros pabellones, para lo cual se deber�n adecuar con las camas suficientes para que los detenidos no tengan que dormir en el suelo.

Se dispuso as� mismo que el Ministerio de Justicia y el Director del Centro de Detenci�n Provisional EL INCA, m�ximo en el t�rmino de 30 d�as realice todas las reparaciones, de instalaciones sanitarias como de instalaciones el�ctricas, fachada y dem�s adecuaciones en el espacio que actualmente est� determinado como pabell�n LA RONDA (Caso "La Ronda", 2018).

c)      Caso Hugo Guillermo Ortega Andrade. � El accionante del caso, es una persona de 71 a�os de edad, que en lo principal refiere que fue condenado a 4 a�os de reclusi�n mayor extraordinaria por el delito de peculado que se encontraba cumpliendo la condena en el Centro de Detenci�n Provisional (CDO-Mixto) de Cotopaxi. Solicitaba que se disponga una medida alternativa a la prisi�n preventiva, o se mejoren sus condiciones de atenci�n m�dica dentro del Centro de Rehabilitaci�n Social. El accionante prob� ser un enfermo de diabetes con registro m�dico emitido en el Hospital San Francisco, hipertiroidismo y alto nivel de az�car en la sangre, y argument� el riesgo a su salud por la pandemia del COVID19 como fundamentaci�n medular.

En lo principal CP de Cotopaxi dispuso que el Director del Centro de Rehabilitaci�n Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi, realice las acciones correspondientes a efectos de conseguir las citas m�dicas que le corresponda al legitimado activo ya sea en el IESS o en un Hospital de Salud P�blica, con especialistas de acuerdo a las enfermedades que padece el legitimado activo y se le realice los ex�menes que corresponda, dicha medida se efectuar� durante el tiempo que requieran los especialistas, para el cumplimiento de lo dispuesto se proceder� dentro del plazo de 10 d�as a cumplir con este numeral.�

Se dispuso adem�s que el Director del Centro de Rehabilitaci�n Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi, deber� a trav�s del nutricionista que debe tener el Centro, determinar el tipo de dieta adecuada para que no exista riesgo por las enfermedades que padece y se otorgue una alimentaci�n acorde a su edad y estado de salud (Caso CRS Cotopaxi, 2020).

d)     Caso avioneta del pac�fico. � El 15 de diciembre de 2020, se registr� un amotinamiento en la etapa de m�nima seguridad del Centro de Privaci�n de Libertad Regional, Sierra Centro Norte Cotopaxi No. 1, donde se produjo el asesinato de cinco personas, todos ellos parte del conocido caso �AVIONETA DEL PAC�FICO� del cual Jos� Luis Bravo Mendoza y accionante de esta causa tambi�n fue procesado conjuntamente. Es decir que cinco de las ocho personas vinculadas al proceso, fueron asesinados dentro del Centro de Privaci�n de Libertad. El accionante estuvo a punto de ser atacado por las personas que asesinaron a sus compa�eros de pabell�n si no fuera por la oportuna intervenci�n de Gu�as penitenciarios y miembros de la polic�a nacional que acudieron ante el llamado desesperado del compareciente y siete compa�eros m�s que se encontraban en un evidente riesgo y a escasos minutos de perder la vida por el violento ataque de las personas que atentaron contra la vida de sus compa�eros; ante tan real amenaza que recibi� de parte de los agresores tuvo temor por perder la vida.�

En principal se dispuso, aprobando el allanamiento de los accionados, que en forma inmediata, con extremadas medidas de seguridad que otorgar� la Polic�a Nacional del Ecuador, sea traslado el se�or JOS� LUIS BRAVO MENDOZA desde el Centro de Privaci�n de Libertad Cotopaxi No. 1, al Centro de Rehabilitaci�n C�rcel No. 4 de la ciudad de Quito hasta que cumpla la pena total impuesta en su contra (Caso avioneta del pa�fico, 2020).

Como podemos apreciar, los fundamentos con que se han presentados las acciones de habeas corpus correctivo, no tienen una misma situaci�n o circunstancia inicial; sino que, por el contrario, son muy diversas y se aprecia que pueden ser incluso ilimitadas. La libertad personal al haberse limitado de manera leg�tima, termina por afectar otros derechos que en principio no tienen por qu� sufrir tales afectaciones. Por lo tanto, es deber del estado garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad e impedir las restricciones injustificadas de los mismos (Varela, 2020).

En los casos revisados, se observa afectaciones a los derechos a la salud, a la integridad, a la higiene y salubridad, a la vida, al no hacinamiento, y por lo mismo, han recibido respuestas diversas de los diferentes jueces, cortes, y de la misma Corte Constitucional, desarroll�ndose una jurisprudencia v�lida y muy efectiva en materia de habeas corpus correctivo. Los casos se han resuelto por allanamiento, por apelaci�n en segunda instancia en corte provincial y nacional, en primer nivel, y en acci�n extraordinaria de protecci�n.

En algunos casos, las pretensiones no han sido concedidas, sino que los jueces han dispuesto las medidas de reparaci�n que se determinaron como convenientes al caso, as� como se dispuso la ejecuci�n de obras e inversiones para mejorar la vida de los reclusos. Se dispuso el traslado de un PPl a otro centro de privaci�n de la libertad, se dispuso la salida del PPl a consultas m�dicas, se dispuso atenci�n m�dica pericial y oportuna, as� como tratamientos psicol�gicos.�

Lo m�s relevante de lo observado, es que la Corte Constitucional ante una situaci�n de afectaci�n a la integridad f�sica irreversible, consider� que se ten�a que modificar la forma del cumplimiento de la pena de la persona afectada, disponi�ndose que a su vez un juez de garant�as penitenciarias, cambie la privaci�n de la libertad por formas alternativas a la misma.�

Esta sentencia, por supuesto que viene a revolucionar el alcance de la acci�n de habeas corpus que, en concreto, puede si el caso lo amerita interferir en la fase de ejecuci�n de una condena penal. Esto, en m�rito de que las medidas alternativas a la privaci�n de la libertad, solo existen como medidas cautelares en nuestro pa�s y no existen como formas alternas de ejecuci�n de la condena, pero siendo una sentencia del m�ximo �rgano de justicia constitucional, se vuelve imperativo tanto en su decisi�n, como en sus reflexiones.

Claro est�, las decisiones analizadas son totalmente coherentes con la esencia y con el alcance actual reconocido para la garant�a de habeas corpus, por lo que el habeas corpus correctivo se convierte en una tipolog�a indispensable para asegurar la rehabilitaci�n social, la dignidad, vida e integridad de las personas privadas de libertad. Siendo el habeas corpus, una acci�n de atenci�n inmediata, las respuestas que recibir�n los privados de libertad, ser�n oportunas.

 

Conclusiones

La ley de garant�as jurisdiccionales, si se refiere al habeas corpus correctivo, aunque lo hace me manera muy superficial. Sin embargo, es importante que este cuerpo legal ya haya identificado que entre las pretensiones de una persona que cumple una pena privativa de libertad, no solo est� el de recuperarla, sino la de que se garanticen, se protejan y se reparen sus derechos y las afectaciones a los mismos cuando existieren.

Cuando una persona es privada de libertad, sea por sentencia condenatoria o por una medida cautelar personal, el estado a trav�s de la SNAI, asume la responsabilidad de garantizar su vida, su integridad y los derechos relacionados a la privaci�n de la libertad, adem�s de asegurar un status de dignidad, mientras est� recluido.

Los derechos de las personas privadas de libertad, est�n desarrollados en la Constituci�n de manera muy escueta y su mayor desarrollo lo encontramos en instrumentos de orden supranacional, pero que de todos modos son de imperativo cumplimiento para el estado ecuatoriano.�

El habeas corpus correctivo, ha sido muy accionado en los �ltimos a�os, y su efectividad se ha puesto de manifiesto en fallos de justicia constitucional en primer y segundo nivel, as� como en decisiones de la misma corte Constitucional. Al respecto, el fallo m�s importante en esta categor�a, es la Sentencia 017-18-SEP-CC, 2018, mediante la cual se resolvi� una acci�n extraordinaria de protecci�n en contra de las decisiones de los jueces constitucionales que hab�an resuelto una acci�n de habeas corpus en primer y segunda instancia, negando la petici�n del accionante. Lo m�s relevante de esta decisi�n es que la Corte Constitucional, sent� el precedente de obligatoria observancia, de que en el Ecuador es posible, cambiar la manera de cumplir una condena a privaci�n de la libertad, por formas alternativas como el arresto domiciliario, en los casos en que la privaci�n de la libertad, constituya una forma de vulneraci�n de derechos, situaci�n que si bien no tiene respaldo legal, establece una real forma de garantizar los derechos de las personas en un estado de derechos y justicia constitucional. En que la ley, no es atendida en sentido estricto, si no es suficiente para proteger los derechos de las personas.

En el Ecuador, existen las bases normativas legales y jurisprudenciales suficientes para la operatividad y funcionalidad de la garant�a de habeas corpus en su dimensi�n correctiva, en la que como se ha observado, el papel del juez es el de garantizar que las condiciones de vida en un centro de privaci�n de la libertad, garanticen un status de dignidad, disfrute de derechos, integridad y vida de los reclusos; pudiendo en cada caso en concreto, modular la decisi�n adoptando o disponiendo que se adopten las medidas necesarias para protegerlas o reparar las afectaciones recibidas.��

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