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La aplicaci�n del principio de oportunidad frente a los derechos de la v�ctima en delitos menores en el cant�n Cuenca

 

The application of the principle of opportunity versus the rights of the victim in misdemeanors in Cuenca canton

 

A aplica��o do princ�pio da oportunidade contra os direitos da v�tima em crimes menores no cant�o de Cuenca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Correspondencia: fadominguezg41@est.ucacue.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n�

 

 

* Recibido: 22 de abril de 2022 *Aceptado: 20 de mayo de 2022 * Publicado: 10 de junio de 2022

 

 

        I.            Abogado, estudiante de la Maestr�a en Derecho Procesal Penal y Litigaci�n Oral, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

     II.            Docente, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

   III.            Docente, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

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Resumen

La aplicaci�n del principio de oportunidad faculta a la Fiscal�a para suspender, interrumpir o detener una investigaci�n o privarse de iniciar una, en delitos cuya sanci�n sea de hasta cinco a�os de pena privativa de libertad; siempre considerando todos los criterios y reglas que proh�ben su aplicaci�n. El derecho del procesado y la v�ctima tienen senderos diferentes; el primero, favorece a la administraci�n de justicia, la econom�a procesal y al procesado,� pero deja de lado a la v�ctima, y este �ltimo es la m�s importante, ya que es a quien le vulneraron sus derechos, siendo obligaci�n del Estado el repararos de manera integral; pero en la actualidad nuestra legislaci�n no garantiza el cumplimiento del derecho de la v�ctima a ser indemnizado por los da�os ocasionados, ya que obliga al afectado a interponer por la v�a civil una acci�n para restituir su derecho, vulnerando el principio fundamental de la no revictimizaci�n.

Por medio del empleo de los m�todos cuantitativo, anal�tico- sint�tico, deductivo-inductivo; se alcanz� determinar que la aplicaci�n del principio de oportunidad frente a los derechos de la v�ctima en delitos menores en el cant�n Cuenca.

Palabras clave: Principio de oportunidad; V�ctima; Revictimizaci�n; Delitos menores.

 

Abstract

The application of the principle of opportunity empowers the Prosecutor's Office to suspend, interrupt or stop an investigation or to deprive itself of initiating one, in crimes whose sanction is up to five years of imprisonment; always considering all the criteria and rules that prohibit its application. The right of the defendant and the victim have different paths; the first one favors the administration of justice, the procedural economy and the defendant, but leaves aside the victim, and the latter is the most important, since it is the one whose rights were violated, being the obligation of the State to repair them in a comprehensive manner; However, at present our legislation does not guarantee the fulfillment of the victim's right to be compensated for the damages caused, since it obliges the affected party to file a civil action to restitute his right, thus violating the fundamental principle of non-revictimization.

Through the use of quantitative, analytical-synthetic, deductive-inductive methods, it was possible to determine that the application of the principle of opportunity in relation to the rights of the victim in misdemeanors in the canton of Cuenca.

Keywords: Opportunity Principle; Victim; Revictimization; Misdemeanors.

Resumo

A aplica��o do princ�pio da oportunidade confere ao Minist�rio P�blico o poder de suspender, interromper ou suspender um inqu�rito ou abster-se de inici�-lo, nos crimes pun�veis com pena de pris�o at� cinco anos; sempre considerando todos os crit�rios e regras que pro�bem sua aplica��o. O direito do acusado e da v�tima t�m caminhos diferentes; a primeira, favorece a administra��o da justi�a, a economia processual e o r�u, mas deixa de lado a v�tima, e a �ltima � a mais importante, pois � a pessoa cujos direitos foram violados, e o Estado � obrigado a reparar por voc� . forma abrangente; mas, atualmente, nossa legisla��o n�o garante o cumprimento do direito da v�tima de ser indenizada pelo dano causado, pois obriga o afetado a ajuizar a��o civil p�blica para restabelecer seu direito, violando o princ�pio fundamental da n�o revitimiza��o.

Atrav�s da utiliza��o de m�todos quantitativos, anal�tico-sint�ticos, dedutivos-indutivos; foi poss�vel determinar que a aplica��o do princ�pio da oportunidade contra os direitos da v�tima em crimes menores no cant�o de Cuenca.

Palavras-chave: Princ�pio da oportunidade; V�tima; Revtimiza��o; Delitos menores.

 

Introducci�n

El Ecuador a ra�z de la reforma constitucional del 2008 se transform� en un Estado garantista, pas� de ser un Estado social de derecho, a un �Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social�, el cual consagra aquellas cualidades o valores esenciales y permanentes del ser humano o fundamentales elevando a un rango constitucional donde est�n amparados en la Carta Magna. En el mismo contexto, en 2014 aparece el C�digo Org�nico Integral Penal, como norma infra constitucional, la cual establece el poder punitivo estatal para sancionar a los presuntos infractores, ya que, con la aplicaci�n de sanciones se pretende garantizar y restituir los derechos de las v�ctimas, de la misma manera tutelar los derechos de los procesados; asimismo, el Estado garantizar� la celeridad procesal como principio constitucional para procurar la disminuci�n de la carga y econom�a procesal existente en los �rganos jurisdiccionales.

En este sentido, el principio de oportunidad tiene una especial significaci�n para disminuir la carga procesal y de este modo utilizar de una manera �ptima la econom�a procesal. La aplicaci�n de este principio afecta a los derechos de la v�ctima, ya que obliga a ser reparado integralmente por la v�a civil, obligando a implementar un nuevo proceso, por ende, se revictimiza al afectado, inobservando la Resoluci�n N� 11-2021 de la Corte Nacional de Justicia.

El Ecuador siendo un Estado constitucional de derechos y justicia, como expresa el Art. 1 incorpora dentro de su ordenamiento jur�dico el principio de oportunidad, como un mecanismo o instrumento jur�dico para ejecutar de una mejor manera el proceso penal; dicho principio tiene como prop�sito descongestionar el aparataje judicial; lamentablemente afecta a otro principio que es la reparaci�n integral, dejando al afectado la posibilidad de interponer por la v�a civil una acci�n de restituci�n de su derecho vulnerado.��

Adem�s, esta investigaci�n ser� de tipo cuantitativa y de campo con el prop�sito de analizar el alcance de la aplicaci�n del principio de oportunidad en delitos menores frente a la reparaci�n integral a la v�ctima, en b�squeda de asegurar la tutela judicial a las partes procesales.

El presente trabajo de investigaci�n es fundamental en el contexto actual del sistema jur�dico en el Ecuador, ya que, tiene como objetivo principal, conocer el alcance de la aplicaci�n del principio de oportunidad en delitos menores o bagatela frente a la reparaci�n integral a la v�ctima, en b�squeda de asegurar la tutela judicial a las partes procesales. Asimismo, est� orientado a determinar el alcance de forma clara el principio oportunidad en el Ecuador, frente al derecho de reparaci�n integral a la v�ctima; mediante el uso del m�todo cualitativo se desarrollar� u obtendr� un concepto preciso sobre los estudios que versan sobre esta garant�a constitucional y penal, expresado en el art�culo 195 de la Carta Magna, as� como en el art�culo 412 del COIP. Por otro lado, el m�todo cuantitativo permitir� tener un mayor alcance de la realidad sobre esta problem�tica, a ra�z de esto, se estableci� como objetivo analizar el principio de oportunidad frente a los derechos de la v�ctima en delitos menores en el Cant�n Cuenca, con la finalidad de dar respuesta a la siguiente interrogante de la investigaci�n �La aplicaci�n del principio de oportunidad en el COIP, vulnera los derechos de la v�ctima a ser reparados de manera integral?

 

Referencial te�rico

El principio de oportunidad, una visi�n general y su problem�tica.

A trav�s del tiempo, el Estado ha visto la necesidad de imponer penas, como consecuencia jur�dica por la comisi�n de un delito, esto est� �ntimamente relacionado con el control social, que en un principio la ejercieron los individuos y que con la constituci�n de los Estados modernos, se afianz� en cabeza de las instituciones estatales; ese control social se dio como una de las maneras de asegurar la supervivencia de las modernas organizaciones estatales y fue determinada como un conjunto de medios, para ordenar y regular el comportamiento humano externo en muy diversos aspectos, y para lo cual se adoptaron distintos m�todos para procurar la protecci�n de la sociedad

En el Ecuador, el C�digo Org�nico Integral Penal es la normativa utilizada para procesar y sancionar a las personas que cometen alguna infracci�n; en este sentido, es de vital necesidad garantizar la tutela, protecci�n y defensa de los principios y derechos fundamentales, tanto de la v�ctima como del victimario, mediante la aplicaci�n correcta de la Carta Magna y los tratados internacionales, donde se busca la excepcional y m�nima aplicaci�n del sistema penal. El Estado ecuatoriano ha implementado l�mites al poder punitivo estatal que son los principios y garant�as contemplados en la Constituci�n de la Rep�blica y los cuerpos legales que reglan la tem�tica objeto de estudio.

A ra�z del refer�ndum del 2008 y el nacimiento de una nueva Constituci�n, el Ecuador paso de ser un Estado legal de derechos, a ser un Estado constitucional de derechos y justicia social, en el cual, la Carta Magna es la norma fundamental y suprema, en este sentido, las normas vigentes en el pa�s est�n adscritos bajo su tutela; en la misma se establecen y garantizan todos los derechos, valores, principios y reglas que est�n en su cuerpo legal, entonces, el art�culo 195 expresa uno de sus preceptos vitales en materia de la ejecuci�n del poder punitivo estatal a trav�s del principio de oportunidad y de m�nima intervenci�n penal en delitos menores, por esta raz�n, garantiza el uso de todas las instancias legales antes de llegar a un proceso penal (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008). Adem�s, la forma de aplicaci�n de las penas y la reparaci�n integral en el Ecuador en la actualidad deja una gran interrogante.

El art�culo 195 de la norma suprema ecuatoriana otorga al principio de oportunidad la facultad de regular las actuaciones del fiscal, donde permite a la Fiscal�a General del Estado dirigir y desarrollar investigaciones �preprocesales y procesales, de oficio o a petici�n de las partes, siempre y cuando se tenga en cuenta los principios de oportunidad y de m�nima intervenci�n penal� (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008). La norma suprema expresa de una manera taxativa que todos los operadores de justicia en el pa�s, deber�n agotar todos los recursos necesarios antes de llegar a una etapa de juicio, con la finalidad de garantizar y tutelar los derechos y principios tanto de las partes procesales conforme lo se�ala el COIP.

El principio de oportunidad nace como un l�mite al �ius puniendi�^[1], originado en el principio �nullum crimen nulla poena sine lege�^[2]. Donde se puede expresar que los c�digos penales establecen mandatos, as� como prohibiciones; especificando que estas conductas activas u omisivas deben lesionar o atentar en contra de los derechos humanos. (Avila, 2017).

En este sentido, en el a�o 2008 entra en vigencia la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) y en el art�culo 195, en referencia al principio de oportunidad y m�nima intervenci�n penal, reza que:

La Fiscal�a dirigir�, de oficio o a petici�n de parte, la investigaci�n pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercer� la acci�n p�blica con sujeci�n a los principios de oportunidad y m�nima intervenci�n penal, con especial atenci�n al inter�s p�blico y a los derechos de las v�ctimas (...) (p. 106).

Asimismo, el principio de oportunidad se encuentra consagrado en el art�culo 412 del COIP (2021) expresa que:

La o el fiscal podr� abstenerse de iniciar la investigaci�n penal o desistir de la ya iniciada, en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de una infracci�n sancionada con pena privativa de libertad de hasta cinco a�os, con excepci�n de las infracciones que comprometen gravemente el inter�s p�blico y no vulneren a los intereses del Estado.

2. En aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un da�o f�sico grave que le imposibilite llevar una vida normal (�) (p. 193).

En armon�a con el COIP, es preciso expresar que, el Estado ecuatoriano es suscriptor y parte de los convenios e instrumentos internacionales, como son: el �Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, suscritas en 1948, la Convenci�n Americana de Derechos Humanos de 1969 y el Pacto Internacional sobre Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales de 1966� (Gerrero, 2022).�

En ese mismo sentido, la aplicaci�n del principio de oportunidad al estar regulado dentro del marco de la pol�tica criminal del Estado, el cual estar� subordinado al control de legalidad por parte del juez que ejecute las funciones de control de garant�as y adem�s se debe asegurar de la reparaci�n integral de la v�ctima, esta radicar� en la soluci�n equitativa y simb�licamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la comisi�n del hecho y la misma indemnice a la v�ctima.

La aplicaci�n del principio de oportunidad es la carencia de criterios de aplicabilidad ante los derechos de la v�ctima, ya que no cuenta ni establece la precisi�n necesaria en los cuerpos legales de su aplicaci�n, lo que conlleva a transgredir el principio de legalidad y reparaci�n integral al afectado, en este sentido, el principio de la seguridad jur�dica en el proceso penal se ve afectado frente a la pena y restituci�n de los derechos del delito que se est� persiguiendo, asimismo, deja de lado a la reparaci�n integral a la v�ctima en delitos menores, ya que obliga al mismo, a establecer una demanda de reparaci�n integral por la v�a civil revictimiz�ndole, y al mismo tiempo, vulnerando el principio constitucional de no revictimizaci�n a las v�ctimas garantizado el Art. 78 de la Carta Magna, manifiesta que:

Las v�ctimas de infracciones penales gozar�n de protecci�n especial, se les garantizar� su no revictimizaci�n, particularmente en la obtenci�n y valoraci�n de las pruebas, y se las proteger� de cualquier amenaza u otras formas de intimidaci�n. Se adoptar�n mecanismos para una reparaci�n integral que incluir�, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restituci�n, indemnizaci�n, rehabilitaci�n, garant�a de no repetici�n y satisfacci�n del derecho violado. Se establecer� un sistema de protecci�n y asistencia a v�ctimas, testigos y participantes procesales (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008, p�g. 37).

Esto se relaciona con lo sostenido por Ferrajoli (2018), expresa que �los derechos fundamentales tienen una estrecha relaci�n con la paz, ya que la paz es el medio para asegurar la vida y la supervivencia, valores que fundamentan a los derechos fundamentales� (p. 26). Lo expresado por Ferrajoli y la Constituci�n de la Rep�blica son nociones compatibles, ya que ambos tratan de restituir de una manera directa los derechos y garant�as fundamentales vulnerados o transgredidos al momento de cometerse una infracci�n en su contra. Adem�s, si bien es cierto la Constituci�n garantiza la no revictimizaci�n el Art. 413 del COIP (2021) lo permite, ya que en su numeral 4 manifiesta que:

(�) la extinci�n del ejercicio de la acci�n penal por los motivos previstos en este art�culo, no perjudica, limita ni excluye el derecho de la v�ctima para perseguir por la v�a civil el reconocimiento y la reparaci�n integral de los perjuicios derivados del acto (p, 151).

La normativa constitucional y la doctrina sostienen que no puede existir un Estado sin garant�as o garant�as sin Estado; implica la existencia conjunta de los derechos y Estado, as�, por ejemplo, los derechos fundamentales est�n �ntimamente adheridos al principio de progresividad y ponderaci�n, en este sentido, siendo la victima el sujeto m�s d�bil en el proceso penal, debe ser considerado como el m�s importante, ya que la norma suprema le garantiza dicha facultad constitucional, y es obligaci�n del Estado priorizar la tutela de sus principios y derechos.

Naturaleza y aplicaci�n del principio de oportunidad

El principio de oportunidad es el resultado de la evoluci�n del derecho penal y procesal, no solo del Estado ecuatoriano, si no de Am�rica Latina, ya que este principio lo han incorporado en su sistema penal acusatorio, cuya finalidad es simplificar los procedimientos, solucionar conflictos y mantener la paz social, as� podemos decir que el derecho de oportunidad es un instrumento para la paz y al mismo tiempo generar pautas, referencias, gestionar y resolver los diferentes conflictos sociales, y buscar la soluci�n adecuada.

El principio de oportunidad est� garantizado en el art�culo 195 de la carta fundamental ecuatoriana y en el art�culo 412 del COIP, describe o considera las posibilidades de aplicaci�n, donde garantiza la aplicaci�n del principio de oportunidad y m�nima intervenci�n penal en los delitos menores. Por otro lado, manifiesta que la persona llamada a solicitar la aplicaci�n, prohibiciones o desistimiento de dicho principio es el fiscal, en tal raz�n Fiscal�a puede iniciar una investigaci�n, suspenderla o archivarla, todo bajo la tutela de los preceptos constitucionales y legales; pero dicho art�culo no dice nada de la participaci�n activa de la v�ctima dentro del proceso judicial, asimismo, se considera que es obligaci�n de Fiscal�a y los �rganos jurisdiccionales actuar de oficio en la tutela de los derechos del afectado, pero no es as�, ya que como manifiesta Guerrero (2022) manifiesta que �el esp�ritu del principio de oportunidad fue concebido para solucionar problemas de menor gravedad o bagatela�; en este sentido, los operadores de justicia y Fiscal�a consideran a este principio como un instrumento de pol�tica criminal alternativo para intentar disminuir el n�mero de personas en los centros penitenciarios por hechos delictuosos menores o bagatela para poder descongestionar ya el casi obsoleto sistema judicial ecuatoriano.

De lo expresado anteriormente, se deja en evidencia que es el fiscal quien puede pedir de oficio la aplicaci�n del principio de oportunidad, ya que por todos los preceptos legales puede desistir de iniciar una persecuci�n penal, pero deja de lado a la v�ctima, ya que solo ejecuta el principio de oportunidad en beneficio de disminuir la carga procesal de los �rganos jurisdiccionales, mas no, en tratar de resarcir el da�o causado a la v�ctima, vulnerando los preceptos constitucionales.

Reparaci�n a la v�ctima, el conflicto entre la legalidad y oportunidad

Es preciso partir se�alando que: �la reparaci�n integral es un derecho de la v�ctima, por lo tanto, la garant�a del ejercicio de dicho derecho es responsabilidad exclusiva del Estado� (Paredes, 2020).

Cuando la v�ctima interpone una denuncia ante el �rgano jurisdiccional, cuando han sido violentado sus derechos, la acci�n penal es ejecutada con intenci�n de resarcir el da�o causado o con finalidad de esperar una reparaci�n integral, garantizando los derechos que han sido afectados por la conducta delictiva, (Avila, 2017), el Estado a trav�s de los operadores de justicia, debe evaluar diferentes m�todos de reparaci�n integral como, por ejemplo, �la restituci�n, la indemnizaci�n, la rehabilitaci�n, la satisfacci�n, la reparaci�n simb�lica y la reparaci�n colectiva� (Lamadrid, 2017).

Como cita Pazmi�o: �El garantismo enarbola la bandera del derecho penal m�nimo, el cual afianza una coherente, pero a su vez no discriminada relaci�n ente el Estado y la sociedad civil. De esta forma, se entiende que el Estado no debe abusar sino proteger a las personas d�biles� (Benavides & Acosta, 2017). En este sentido, la Constituci�n de la Rep�blica (2008) en su art�culo 78 manifiesta que:

Las v�ctimas de infracciones penales gozar�n de protecci�n especial, se les garantizar� su no revictimizaci�n, particularmente en la obtenci�n y valoraci�n de las pruebas, y se las proteger� de cualquier amenaza u otras formas de intimidaci�n. Se adoptar�n mecanismos para una reparaci�n integral que incluir�, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restituci�n, indemnizaci�n, rehabilitaci�n, garant�a de no repetici�n y satisfacci�n del derecho violado. Se establecer� un sistema de protecci�n y asistencia a v�ctimas, testigos y participantes procesales (p, 60).

En armon�a con la Carta Magna, el COIP (2021), en el articulo 77 manifiesta que:

La reparaci�n integral radicar� en la soluci�n que objetiva y simb�licamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la comisi�n del hecho y satisfaga a la v�ctima, cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las caracter�sticas del delito, bien jur�dico afectado y el da�o ocasionado. La restituci�n integral constituye un derecho y una garant�a para interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en proporci�n con el da�o sufrido (�) (p, 58).

Por otro lado, cabe resaltar que, una vez cometido un delito, el juzgador debe aplicar la sanci�n correspondiente al sujeto activo (delincuente) de la infracci�n penal, adem�s establecer lo dispuesto en el art�culo 1 y 622.6 del COIP, asimismo, se debe cuantificar los da�os materiales e inmateriales vulnerados por la realizaci�n del il�cito, que ser�n entregados o a su vez pagados al afectado a fin de enmendar o restituir de alg�n modo lesi�n causada al perjudicado.

Partiendo de lo mencionado, podemos decir que, dentro de un Estado constitucional, es necesario la existencia de normas coercitivas y punitivas como son Derecho Penal y un Derecho Procesal Penal que regulan y ejecutan el poder coercitivo y punitivo del Estado, para que con ello se pueda regular la conducta de las personas dentro de un grupo social y, por otro lado, los mecanismos convenientes para lograr este fin.

Finalmente, es obligaci�n del Estado garantizar todos los derechos fundamentales protegidos por la Constituci�n, bajo la tutela judicial efectiva de los �rganos jurisdiccionales; por otra parte, los jueces, deben garantizar los derechos de los sujetos procesales, los mismos que deben ser protegidos. Es de imperiosa necesidad cuando los juzgadores emitan sus autos resolutorios priorizar la restituci�n de los derechos de la v�ctima, de manera oportuna y las mismas que deben basarse o estar sujetas a la Constituci�n, leyes, principios y garant�as del derecho interno y tratados internacionales.

El principio de oportunidad frente a los derechos de la v�ctima

La Constituci�n de la Rep�blica en armon�a con el COIP garantizan la aplicaci�n del principio de oportunidad como un mecanismo jur�dico que permite descongestionar la carga procesal de los �rganos jurisdiccionales; donde faculta a la Fiscal�a �interrumpir, suspender, o renunciar a una acci�n penal; todo esto enmarcado en las circunstancias exigidas por la ley� (C�digo Organico Integral Penal, 2021). Por otro lado, la aplicaci�n del principio de oportunidad deja en el olvido a la v�ctima, ya que, si bien es cierto beneficia al procesado, el juzgador en el auto resolutorio otorga el beneficio al delincuente, pero no realiza la reparaci�n material al afectado, as� como no indica par�metros ni formas concretas de determinar de los montos econ�micos de reparaci�n integral, considerando las caracter�sticas propias del sujeto de derechos y las particularidades del caso, ya que el inciso cuarto del art�culo 413 del COIP obliga la revictimizaci�n del afectado a interponer una demanda por la v�a civil para obtener la reparaci�n material.

La v�ctima es la persona a quien le han sido vulnerados sus derechos y es obligaci�n del Estado restituir a su forma original los bienes jur�dicos protegidos; en este sentido la Carta Magna y los instrumentos internacionales garantizan la protecci�n integral de todos los ciudadanos que han sido v�ctimas de delito en contra de su integridad, en cualquiera de sus formas, en este sentido, el principio de oportunidad deja de lado a las v�ctimas y propicia la revictimizaci�n.

En el Ecuador las leyes deben velar por la protecci�n de los derechos de las v�ctimas no solo de los victimarios, m�s a�n cuando se aplica un principio constitucional que favorece al delincuente y deja en el olvido a la v�ctima. Para tener un mayor enfoque sobre la aplicabilidad del principio de oportunidad en delitos menores, es necesario revisar los datos otorgados por parte de Fiscal�a Provincial del Azuay sobre el n�mero delitos menores cometidos en el cant�n Cuenca desde el a�o 2017 hasta el a�o 2021, asimismo, para conocer a cu�ntas v�ctimas han sido resarcidas en sus derechos y cuantos han quedado en el olvido.

 

TABLA 1

Tabla 1: Cant�n Cuenca: tabla seg�n los delitos cometidos durante los a�os (2017-2021) en n�meros

Fuente: Fiscal�a Provincial del Azuay

 

 

En este ac�pite se toma en cuenta el informe presentado por parte de Fiscal�a, en el a�o 2021, en la Provincia del Azuay se han cometido 999 delitos de robo sin lesiones y 1061 de hurto, donde en 143 casos se ha aplicado el principio de oportunidad, 823 causas archivadas; y, 657 causas est�n en investigaci�n (Fiscal�a Provincial del Azuay, 2021); asimismo, no refleja cuantos victimas ha sido reparadas de manera integral.

Este trabajo de investigaci�n deja en evidencia con an�lisis de datos concretos de los procesos en los cuales se ha aplicado el principio de oportunidad, con el af�n de conocer en qu� porcentaje de los casos conocidos por Fiscal�a han sido aplicados y cu�ntos han sido reparados de manera integral, siendo de este �ltimo casi nulo.

El principio de oportunidad y la reparaci�n integral

El principio de oportunidad no debe permanecer como un postulado te�rico o una disposici�n normativa, sino que debe ponerse en pr�ctica. Sin embargo, es preciso tocar otro punto como es el de la reparaci�n integral. Cabe se�alar que el derecho penal en la pr�ctica, no se preocupa de esta reparaci�n integral de la v�ctima, as� lo expresa el jurista Rodr�guez (2017).

(�) el Derecho Penal no se ocupa de la v�ctima ni se puede ocupar de ella. Esta aseveraci�n se puede fundamentar con un sencillo ejemplo: la v�ctima de una agresi�n sexual es v�ctima de tal delito sin importar de lo que el Derecho Penal haga, y no dejar� de ostentar la calidad emp�rica de v�ctima porque se procese penalmente a su agresor (p, 6).

Es importante tener en cuenta que la reparaci�n integral encierra a todas las medidas destinadas a hacer desaparecer u olvidar los efectos de las transgresiones o infracciones cometidas con el fin de indemnizarlas; tiene como finalidad de resarcir o subsanar los perjuicios al afectado, sean estos materiales e inmateriales, familiares y a�n patrimoniales; en el Ecuador la reparaci�n integral es una garant�a fundamental de condici�n legal y constitucional, tutelada por los instrumentos internacionales.

En este sentido, la aplicaci�n del principio de oportunidad deja en indefensi�n al perjudicado, ya que el inciso cuarto del art�culo 413 del COIP (2021), manifiesta que:

La extinci�n del ejercicio de la acci�n penal por los motivos previstos en este art�culo, no perjudica, limita ni excluye el derecho de la v�ctima para perseguir por la v�a civil el reconocimiento y la reparaci�n integral de los perjuicios derivados del acto (p, 192).

Este enunciado para mi criterio vulnera los derechos de la v�ctima, ya que deber�a el mismo tribunal que conoce la causa resolver la reparaci�n integral, como expresa la norma constitucional y penal. En este sentido, la Corte Nacional de Justicia en su Resoluci�n N� 11-2021 en sus art�culos 1 y 2 manifiesta que:

Art. 1.- En los casos de fuero com�n, la ejecuci�n de la reparaci�n integral a favor de la v�ctima, impuesta en sentencia condenatoria ejecutoriada, corresponde a la o el juez o el tribunal de garant�as penales que dict� dicha sentencia (�).

Art. 2.- La competencia de la o el juez de garant�as penitenciarias relativa a los incidentes sobre la reparaci�n integral comprende �nicamente la declaratoria de su cumplimiento o incumplimiento, lo cual se verificar� a trav�s de la realizaci�n de la respectiva audiencia (p�g. 7).

Como podemos observar, que es obligaci�n del juzgador o tribunal realizar la ejecuci�n de la reparaci�n integral, esto en la realidad en casos de delitos menores no se cumple y obliga a la revictimizaci�n del afectado, ya que debe ir por la v�a civil para restituir su derecho, o si no� interpone alguna acci�n para ejecutar la reparaci�n integral por la v�a civil deja en abandono el proceso, ya que el tiempo que necesita para restituir su derecho es muy largo, donde la celeridad procesal es una mera utop�a.

Por �ltimo, cabe destacar que la reparaci�n integral al perjudicado en el actual modelo constitucional del Estado ecuatoriano, manifiesta que, la reparaci�n integral a la v�ctima debe estar bajo la tutela del principio de celeridad, adem�s del conocimiento y la veracidad del il�cito, as� como �la restituci�n, indemnizaci�n, rehabilitaci�n, la no repetici�n y la satisfacci�n adecuada del derecho violado, como as� lo regula el art�culo 78 de la Constituci�n de la Rep�blica� (Benavides B. M., 2019), por consiguiente, las normas subjetivas deber�n mantener estricta armon�a con lo declarado en la Carta Magna.

Es primordial establecer, si la reforma acopiada en el C�digo Org�nico Integral Penal, respecto del Principio de Oportunidad, vulnera o no un derecho o garant�a constitucional del sujeto pasivo del delito, cuando es violentado el bien jur�dico protegido y si al momento de la aplicaci�n del Principio de Oportunidad por parte de fiscal�a, garantiza que la reparaci�n por el da�o causado sea de forma efectiva y oportuna posterior al hecho delictivo.

 

Metodolog�a

Para el cumplimiento de la presente investigaci�n se ha considerado adecuado el uso de los siguientes m�todos: Cuantitativo, Inductivo�Deductivo y el M�todo Anal�tico-Sint�tico.

El m�todo cuantitativo utilizado en este trabajo investigativo, tratar� el procesamiento de datos con una muestra de 53 casos proporcionados por la Funci�n Judicial del Azuay de los a�os 2020 y 2021 para el an�lisis del principio de oportunidad en delitos menores frente a los derechos de las v�ctimas en el cant�n Cuenca, asimismo se utilizar� los datos proporcionados por la Cuarta Encuesta de Percepci�n y Victimizaci�n del a�o 2021 realizada por el Consejo de Seguridad Ciudadana del cant�n Cuenca. Para un mejor an�lisis se sustent� con la ayuda de gr�ficos y tablas, del mismo modo investigaciones y consultas sobre la realidad actual de la aplicaci�n del principio de oportunidad y el derecho de la v�ctima de la reparaci�n integral por parte de Fiscal�a en los delitos menores o de bagatela.

�Por otro parte, tenemos la utilizaci�n del m�todo inductivo-deductivo, el mismo que utiliza el razonamiento l�gico para obtener una conclusi�n que surgen de hechos admitidos como verdaderos o v�lidos, encamin�ndose a una conclusi�n general que sirva en el contexto actual. El m�todo nace con un estudio particular e individual del hecho donde forja una conclusi�n universal que se establece como una ley, principios o fundamentos de una teor�a (Pagot, 2009). Asimismo, analizar la forma correcta de la aplicaci�n del principio de oportunidad en delitos menores, mediante un an�lisis jur�dico y doctrinario.

Conjuntamente se utiliza, el m�todo anal�tico-sint�tico, parte de la descomposici�n o desintegraci�n del objeto de estudio en partes para estudiarlas de manera profunda, pero en forma individual, y luego las reintegra para realizar un estudio hol�stico e integral (Torres, 2006).

La presente investigaci�n tiene una orientaci�n cualitativa, ya que el an�lisis se basar� en el estudio de normativas que estudian el tema en estudio, as� con el uso de doctrina y jurisprudencia, donde se tratara de identificar los problemas que giran alrededor de la aplicaci�n del principio de oportunidad frente a los derechos del afectado. Donde el m�todo cualitativo se considera un vocablo de discernimiento, que se refiere a la comprensi�n de los distintos enfoques y orientaciones de la investigaci�n, donde podemos concluir que la investigaci�n no establece un enfoque homog�neo, sino m�s bien un variado conjunto de panoramas de los preceptos de esta investigaci�n (Gialdino, 2019)

El resultado de la investigaci�n y el an�lisis de casos relacionados, busca instaurar nuevas directrices que faculten a dilucidar la aplicaci�n del principio de oportunidad de un modo concreto, con la finalidad conocer la correcta aplicaci�n de dicho principio, eludiendo que los derechos y garant�as de la v�ctima, as� como del procesado sean transgredidos.

Tratamiento estad�stico de la informaci�n

Para el tratamiento de la informaci�n de esta investigaci�n se trabaj� con una muestra de 53 casos, con diferentes delitos, para realizar el an�lisis de la aplicaci�n del principio de oportunidad frente a los derechos de la v�ctima en cant�n Cuenca, provincia del Azuay, se tom� en cuenta el n�mero de proceso, para la verificaci�n que la informaci�n sea ver�dica, se verifica el Tipo de delito, que se detalla a continuaci�n, robo (1), estafa (2), abuso sexual (3), abuso de confianza (4), ataque o resistencia (5), lesiones (6), hurto (7), uso doloso de documento privado falso (8), cohecho (9), concusi�n (10), da�o a bien ajeno (11), incumplimiento de decisiones leg�timas de autoridad competente (12), se establece el sexo del presunto infractor, se verifica tambi�n si �el presunto delito era susceptible de la aplicaci�n del principio de oportunidad? Y �se realiz� la reparaci�n integral a la v�ctima en la aplicaci�n del principio de oportunidad?, para posterior ser analizadas mediante cuadros estad�sticos.

 

Resultados

En cuanto a los resultados obtenidos del an�lisis de los casos correspondientes a una muestra, serian 21 casos del a�o 2020, y 32 casos en el a�o 2021, siendo un total de 53 casos analizados por diferentes delitos, de los cuales cabe el principio de oportunidad, los resultados obtenidos son los siguientes:

En primera instancia tenemos el an�lisis seg�n los delitos cometidos:

Delitos en el a�o 2020

Para el a�o 2020, se analizaron 21 casos, tomando en cuenta que se registran 2 casos por robo, 1 por abuso de confianza, 2 por ataque o resistencia, 2 por hurto, 14 por da�o a bien ajeno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados por delitos en el a�o 2020

En el a�o 2021 a�o tenemos 32 casos analizados, los cuales notamos que tenemos 12 casos por robo, 1 por abuso de confianza, 5 por ataque o resistencia, 10 por hurto, 2 por da�os a bien ajeno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados por delitos cometidos en los a�os 2020 � 2021

Para asi darnos seg�n la muestra tomada, para los a�os 2020 y 2021, tenemos 15 casos por robo, 2 por abuso de confianza, 7 por ataque o resistencia, 12 por hurto, 16 por da�os a bien ajeno, denotando que los pricipales casos que se dan son por robo, hurto y da�o a bien ajeno, si bien todos los casos aplicaron el principio de oportunidad no todos se efectivizaron, como veremos en las siguientes tablas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An�lisis de resultados por g�nero en el a�o 2020

Para el a�o 2020, el g�nero que predomina en en infracciones es el sexo masculino con un 76%, y el g�nero femenino con un 24%, es decir 16 hombres y 5 mujeres respectivamente.

 

 

 

An�lisis de resultados por g�nero en el a�o 2021

En el a�o 2021 tenemos los siguientes datos, un 66% de los presuntos infractores son de sexo masculino, mientras que un� 34% es de sexo femenino, en n�meros tenemos que 21 hombres infractores y 11 mujeres infractores.

 

 

 

Resultado total de infractores por g�nero de los a�os 2020 � 2021

Ahora bien, entre los a�os 2020 y 2021, tenemos un 70% de g�nero masculino de supuestos infractores, y un 30% de g�nero femenino de supuestas infractoras, en n�mero tenemos los siguientes, 37 hombres y 16 mujeres, tomando en cuenta estas cifras podemos decir que el g�nero masculino es el que tiende a causar m�s infracciones que el g�nero femenino, pero la Constituci�n y la ley, se rige y se aplica de igual menera sin distincion de g�nero.

 

An�lisis de la aplicaci�n del principio de oportunidad y la reparaci�n integral a la v�ctima en los a�os 2020 - 2021

Por otra parte se analiz� los casos en el cual el principio de oportunidad se legitim� mediante al reparaci�n a la victima. Tenemos los siguientes datos:

Reparaci�n integral a la v�ctima en delitos menores en el a�o 2021

De la muestra analizada en el a�o 2020, tenemos que tan solo en 19% se aplic� de manera legitima el principio de oportunidad y la reparaci�n integral a la victima, y con una mayoria del 81% no existi� una reparaci�n como tal a los da�os por parte de sus agresores, en numero tenemos que 4 de los 21 casos, existi� dicha reparacion, pero en la mayoria de los casos en total 17 no existi� una reparaci�n integral y se podr�a decir que se cae en una revictimizaci�n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparaci�n integral a la v�ctima en delitos menores en el a�o 2021

Ahora bien, en el a�o 2021, tenemos una realidad innegable en el sistema judicial, que si bien se analiz� mas casos, la aplicaci�n del principio de oportunidad y de reparaciona al afectado fue menor, ya que, el 94% no existi� una reparaci�n, y tan solo a un 6 % se da la reparaci�n integral, en numeros seg�n la muestra analizada es que tan solo en 2 casos, existi� la reparaci�n y en 30 no existi� dicha reparaci�n integral, asimismo para estos dos casos se hizo necesario interponer la demanda por la v�a civil para restituir sus derechos, y esos delitos fueron, da�os a los bienes ajenos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado total de la reparaci�n integral a las v�ctimas en delitos menores a�os 2020 � 2021

Es notable la falta de reparaci�n integral a la v�ctima en la aplicaci�n del principio de oportunidad por parte de nuestro sistema judicial, puesto que en la muestra tomada de 53 casos, tenemos que solo en 2 procesos se interpuso la reparaci�n integral a la v�ctima en el auto resolutorio, y en 4 procesos los perjudicados fueron por la v�a civil para resarcir sus derechos pero se dejaron en el abandono por las costas procesales y la baja indemnizaci�n de la reparaci�n integral, pero en los otros 47 casos, no se cumpli� con el designio constitucional de la reparaci�n a la v�ctima, donde se aplic� el principio de oportunidad como beneficio al procesado y ayudar al descongestionamiento del aparataje judicial, dejando de lado a la v�ctima, donde se le obliga a interponer por la v�a civil la reparaci�n de los da�os causados.�

Todos estos datos enriquecen esta investigaci�n, y por qu� no criticar a nuestro sistema de justica, en el que se deber�a cambiar los datos, siendo la victima el sujeto m�s importante dentro del proceso y este debe ser defendido con todo el rigor de la ley al aplicar el principio de oportunidad y verificar que se cumpla el derecho constitucional de la reparaci�n integral, y no caer en fallos de la ley como la revictimizaci�n.�

 

Conclusiones

La reparaci�n integral es un derecho de la v�ctima, por lo tanto, la tutela de este derecho es obligaci�n del Estado,� la reparaci�n integral tiene como objetivo devolver, restaurar o resarcir al perjudicado los da�os ocasionados por el cometimiento de un delito, a pesar de que la v�ctima no podr� retornar al estado previo a la afectaci�n de su bien jur�dico protegido, se toma tambi�n como reparaci�n, a las indemnizaciones, de manera general, pretenden compensar los da�os materiales e inmateriales, por� resultado de los hechos, que corresponde a una cierta suma de dinero que se establece como compensaci�n de un da�o.

Existe la casi nula reparaci�n integral a la v�ctima en delitos menores, ya que, por miedo a represalias, revictimizaci�n y desconfianza del poder judicial las personas no denuncian y si realizan la denuncia el juzgador solo establece el beneficio para el delincuente y deja de lado a los derechos de la v�ctima, por lo tanto, la reparaci�n integral; tiene que buscar las maneras o estrategias que se restituya de cierta manera el bien jur�dico tutelado al estado anterior al hecho delictivo.

El principio de oportunidad establecido en el COIP, debe ser regulado adecuadamente, tener un reglamento para su correcta aplicaci�n, ya que no debe dejar de lado a la v�ctima, y es obligaci�n del juzgador establecer de manera clara la reparaci�n integral a la v�ctima en resoluciones; la restituci�n integral constituye un derecho y una garant�a para incluir los recursos, las acciones dirigidas a lograr las restauraciones y compensaciones en proporci�n con el da�o sufrido.

El principio de oportunidad, est� considerado como una de las garant�as b�sicas del debido proceso en delitos menores, que adem�s de estar claramente desarrollado en la Constituci�n ecuatoriana, se constituye en un derecho que debe ser aplicado en para ayudar la descongesti�n de la carga y econom�a procesal, pero deja de lado a la v�ctima. El Principio de Oportunidad, est� regulado dentro del marco de la pol�tica criminal del Estado, el cual estar� subordinado al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de intervenci�n de garant�as.

 

Financiamiento

No monetario

Agradecimiento

A mi alma m�ter, la Universidad Cat�lica de Cuenca, por permitir alcanzar mis metas, cumplir mis sue�os y lograr un prop�sito m�s en mi vida profesional.

 

Referencias

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� 2022 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).