������������������������������������������������������������������������������

 

Aplicaci�n de medidas cautelares diferentes a la prisi�n preventiva, en delitos sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres a�os

 

Diferent precautionary measures application than preventive detention, in crimes sanctioned with a custodial sentence of one to three years

 

Aplica��o de medidas cautelares que n�o a pris�o preventiva, em crimes punidos com pena privativa de liberdade de um a tr�s anos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������� �������������������������������

 

 

 

Correspondencia: ahlopezc75@est.ucacue.edu.ec

 

 

 

Ciencias Sociales y Politicas ����

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 28 de abril de 2022 *Aceptado: 27 de mayo de 2022 * Publicado: 03 de junio de 2022

 

 

        I.            Abogado, estudiante de la Maestr�a en Derecho Procesal Penal y Litigaci�n Oral, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

     II.            Docente, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

   III.            Docente, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

 

Resumen

La aplicaci�n de las medidas cautelares diferentes a la prisi�n preventiva en los delitos de bagatela se constituye en una herramienta eficaz� para garantizar el principio de minina intervenci�n penal como postulado garantista; la privaci�n de libertad como medida cautelar sit�a a la persona procesada en un contexto de vulnerabilidad de sus derechos y garant�as, espec�ficamente en relaci�n a la presunci�n de inocencia, y el derecho a la libertad consagrados� en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. Para la comprobaci�n de este postulado se analiz� informaci�n obtenida de la Unidad Judicial Penal del Cant�n Cuenca, en relaci�n a la aplicaci�n de medidas cautelares en delitos de bagatela en el a�o 2021. En este contexto el presente art�culo cient�fico fue dise�ado en base a una investigaci�n de tipo te�rico-pr�ctico puesto que se verifico que la aplicaci�n de las medidas cautelares diferentes a la prisi�n preventiva en delitos de �nfima cuant�a o bagatela vulnera derechos fundamentales.

Palabras clave: Delitos; Jueces; Medidas cautelares; Prisi�n preventiva; Presunci�n de inocencia.�

 

Abstract

The application of precautionary measures other than pretrial detention in petty crimes is an effective tool to guarantee the principle of minimal criminal intervention as a guaranteeing postulate; the deprivation of liberty as a precautionary measure places the defendant in a context of vulnerability of their rights and guarantees, specifically in relation to the presumption of innocence, and the right to liberty enshrined in the Constitution of the Republic of Ecuador. For the verification of this postulate, information obtained from the Criminal Judicial Unit of Cuenca Canton was analyzed, in relation to the application of precautionary measures in petty crimes in the year 2021. In this context, this scientific article was designed based on a theoretical-practical research since it was verified that the application of precautionary measures other than pretrial detention in petty or petty crimes violates fundamental rights.

Keywords: Crime; Judges; Preventive measures; Pretrial detention; Presumption of innocence.

 

Resumo

A aplica��o de medidas cautelares que n�o a pris�o preventiva em crimes de ninharia constitui um instrumento eficaz para garantir o princ�pio da interven��o penal m�nima como postulado de garantia; a priva��o de liberdade como medida cautelar coloca o acusado em um contexto de vulnerabilidade de seus direitos e garantias, especificamente em rela��o � presun��o de inoc�ncia e ao direito � liberdade consagrado na Constitui��o da Rep�blica do Equador. Para verificar este postulado, foram analisadas as informa��es obtidas da Unidade Judicial Criminal do Cant�o de Cuenca, em rela��o � aplica��o de medidas cautelares em crimes insignificantes no ano de 2021. Nesse contexto, este artigo cient�fico foi concebido com base em uma investiga��o de um do tipo te�rico-pr�tico, uma vez que se verificou que a aplica��o de medidas cautelares que n�o a pris�o preventiva em crimes de menor valor ou ninharia viola direitos fundamentais.

Palavras-chave: Crimes; ju�zes; Medidas de precau��o; Pris�o preventiva; Presun��o de inoc�ncia.

 

Introducci�n

La problem�tica de la prisi�n preventiva nace como un asunto c�ntrico en todos los sistemas penales de justicia latinoamericanos, por ser considerado como el recurso procesal que causa mayor lesividad a los derechos humanos, esto en relaci�n a la aplicaci�n de las medidas cautelares diferentes; como la prohibici�n de ausentarse del pa�s, la obligaci�n de presentaci�n peri�dicamente ante el juez, el uso del dispositivo de vigilancia electr�nica y el arresto domiciliario que son mecanismos judiciales que buscan el mismo fin que la prisi�n preventiva pero con la diferencia de que no causan un da�o de gran� magnitud en los derechos del procesado, respecto de la prisi�n preventiva la Corte Interamericana instituye que para la aplicaci�n de esta medida se debe tener en consideraci�n los par�metros de provisionalidad, excepcionalidad, idoneidad, proporcionalidad, �

La prisi�n preventiva tiene como caracter�stica fundamental la aplicaci�n de ultima ratio, pero en el Ecuador esta medida es utilizada de forma desproporcional, toda vez que se aplica la misma en delitos que no entra�an tanta gravedad, como son los delitos de bagatela, causando de esta manera efectos negativos en la sociedad, como el hacinamiento carcelario y la anticipaci�n de una pena privativa de libertad pese a inexistencia de una sentencia acusatoria, vulnerando de sobremanera el derecho a la libertad , a la inocencia de la persona procesada.

La libertad es sin duda uno de los �mbitos que requieren mayor protecci�n estatal, ya que es un derecho primordial, que no debe ser quebrantado por situaciones en las que puede mediar otra medida alternativa; es decir que la libertad debe ser concebida como regla general y su privaci�n la excepci�n, debiendo aplicarse de manera prioritaria las medidas alternativas a la privaci�n de la libertad, puesto que esto constituye un precepto constitucional, fundamentado en el principio de ultima ratio del derecho penal.

El presente estudio, se centra en el an�lisis de la aplicaci�n de las medidas cautelares alternativas a la prisi�n preventiva en delitos sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres a�os, con el prop�sito de evidenciar la necesidad de evitar el uso excesivo de la prisi�n preventiva como medida cautelar en delitos de bagatela, precautelando de esta manera el derecho al debido proceso en relaci�n a la garant�a sobre la presunci�n de inocencia, el derecho a la libertad, creando as� un beneficio doble, tanto para la persona procesada como para el Estado, sin menoscabar la reparaci�n integral a la presunta v�ctima.

 

Metodolog�a

En la presente investigaci�n se utiliz� un enfoque mixto, (cualitativo y cuantitativo).

Con base al enfoque cualitativo se observaron los aspectos de mayor relevancia de la problem�tica planteada, las circunstancias y condiciones que la garantizan, mediante esta se adquiri� la informaci�n concreta para analizar los efectos negativos de la aplicaci�n de la prisi�n preventiva en los delitos de bagatela. Y mediante el enfoque cuantitativo se fundaron las conclusiones generales sobre la hip�tesis planteada, esto mediante la cuantificaci�n de procesos en el periodo del a�o 2021 en los que se dict� prisi�n preventiva por parte de la Unidad Judicial de lo Penal de Cuenca como medida cautelar.

En el presente estudio de conformidad con los objetivos espec�ficos planteados se abordaron tres tem�ticas dentro de la primera se habl� definiciones doctrinarias y legales de medidas cautelares, tipos de medidas cautelares, la prisi�n preventiva; en la segunda se observa una clasificaci�n de los delitos con pena privativa de libertad de uno a tres a�os dentro del COIP, y en el cap�tulo tercero se estudi� las causas ingresadas en la Unidad Judicial de lo Penal del a�o 2021 para el efecto se determin� que el total de causas ingresadas por delitos de bagatela fueron 914 causas, de los cuales en 109 se dictaron prisi�n preventiva. Concluy�ndose de esta manera que la falta de aplicaci�n de las medidas cautelares diferentes a la prisi�n preventiva en delito de bagatela, afecta a la garant�a del debido proceso en relaci�n a la presunci�n de inocencia, y el derecho a la libertad de la persona procesada.

 

Resultados y discusi�n

Normativa ecuatoriana penal y constitucional en relaci�n a la aplicaci�n de medidas cautelares diferentes a la privaci�n de libertad en delitos cuya pena privativa de libertad es igual o inferior a tres a�os

 

Medidas cautelares

Las medidas cautelares son resoluciones determinadas por el �rgano jurisdiccional en contra del presunto infractor de un injusto penal, la imposici�n de esta medida est� fundamentada en el riesgo de ocultaci�n ya sea de bienes o personal mediante el transcurso del proceso penal, existen medidas cautelares que limitan de manera provisional la libre disposici�n de los bienes del procesado y medidas que limitan su libertad. Para el efecto es menester adoptar diversas conceptualizaciones acerca de las medidas cautelares. En este contexto el jurista Carre�n (2017) concibe a las medidas cautelares como:

Instrumentos que tienen efectos preventivos, porque se anticipan al hecho de que el imputado produzca un da�o material irreversible durante el proceso tutela jurisdiccional preventiva que debe de tener la caracter�stica de ser urgente; que por su naturaleza tambi�n tienen como funci�n limitar derechos fundamentales del imputado, como la libertad de circulaci�n, o bien disponer de su patrimonio. De igual forma se les ha llegado a considerar como medidas de aseguramiento, ya que a trav�s de ellas se puede garantizar que la pretensi�n de justicia por parte de las v�ctimas de un hecho posiblemente constitutivo de delito, que se traduzca en la imposici�n de una sanci�n mediante el dictado de una sentencia condenatoria. (p. 2)

En iguales t�rminos el autor Constantino (2009) �respecto de las medidas cuatelares manifiesta:

Son instrumentos que tienen efectos preventivos, porque se anticipan al hecho de que el imputado produzca un da�o material irreversible durante el proceso tutela jurisdiccional preventiva que debe de tener la caracter�stica de ser urgente; que por su naturaleza tambi�n tienen como funci�n limitar derechos fundamentales del imputado �libertad de circulaci�n, o bien disponer de su patrimonio. (p. 266)

Se puede deducir que las medidas cautelares son instrumentos destinados a evitar ciertos eventos negativos que pudieran presentarse en el curso del proceso, toda vez que las mismas buscan asegurar el cumplimiento de una pena (en caso que as� amerite). Bajo esta fundamentaci�n se colige que la presente investigaci�n se centra en la aplicaci�n de las medidas cautelares alternativas a la prisi�n preventiva en los delitos de bagatela, puesto que la privaci�n de libertad en determinados procesos causa afecci�n en gran magnitud a ciertos derechos constitucionales de la persona procesada, entre ellos el derecho a la libertad, as� como se vulnera tambi�n el principio de presunci�n de inocencia.

Es por ello que para que estas medidas cautelares cumplan con su objetivo y no se transgredan derechos Constitucionales tanto del procesado como la presunta v�ctima, deben ser analizadas desde su pertinencia, basadas siempre en lo que establece el marco legal nacional e internacional, para el efecto el C�digo Org�nico Integral Penal determina que el juzgador est� facultado para ordenar una o varias medidas cautelares, siempre que el fin sea brindar protecci�n a los participantes del proceso penal con especial atenci�n a la v�ctima, as� como garantizar que la persona procesada se encuentre presente en el proceso penal evitando de esta manera que se obstaculice la pr�ctica de pruebas garantizando la reparaci�n integral a la v�ctima.

Las medidas cautelares en Constituci�n de Rep�blica

Las medidas cautelares se encuentran dentro del ordenamiento jur�dico nacional en el que el amparo constitucional est� concebido como un mecanismo de defensa y garant�a de los derechos constitucionales, es por ello que es menester hacer alusi�n en primer orden a la Constituci�n de la Rep�blica (2008) que en el art�culo 77 manifiesta:

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observar�n las siguientes garant�as b�sicas:

1. La privaci�n de la libertad no ser� la regla general y se aplicar� para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la v�ctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; proceder� por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. (p.39)

De conformidad con la Constituci�n e instrumentos internacionales tales como; La Convenci�n Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos de 1966, Las Reglas M�nimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad de 1990 o (Reglas de Tokio)., se concibe que en el sistema interamericano prima la presunci�n de inocencia, por lo tanto, la prisi�n preventiva como medida cautelar es la m�s severa, su aplicaci�n debe ser excepcional. La regla siempre ser� la libertad y no su detenci�n. Por su parte el art�culo 77 el numeral 11 del refiero cuerpo constitucional indica: �11. La jueza o juez aplicar� las medidas cautelares alternativas a la privaci�n de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicar�n de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.� (p.40)

Esta noci�n plasmada en la carta magna, entra�a las garant�as b�sicas de toda persona al momento de encontrarse inmersos en un proceso penal, haciendo hincapi� en que estas garant�as mencionadas est�n direccionadas a brindar protecci�n al derecho a la libertad,� m�s a�n en aquellos procesos judiciales que no son significativos para la sociedad, esto en raz�n del tiempo de pena, y en aquellos en los que no existe certeza sobre la culpabilidad de la persona investigada, pero por precauci�n el juzgador est� facultado a la imposici�n de una medida cautelar que en el peor de los escenarios puede ser la privaci�n de la libertad de manera preventiva, es en contexto es que el numeral antes referido limita la actuaci�n judicial en relaci�n a la aplicaci�n de medidas cautelares.

Las medidas cautelares en el COIP

Con la finalidad de garantizar esta m�nima intervenci�n dentro del proceso penal el C�digo Org�nico Integral Penal contempla medidas cautelares car�cter personal y real, entendiendo a las primeras como aquellas que recaen sobre la persona, y las segundas como aquellas que se aplican sobre los bienes.

A respecto Pico (2018) concibe a las medidas cautelares como �un mecanismo del derecho procesal penal que garantiza al �rgano jurisdiccional la presencia de la persona procesada a su juzgamiento con la finalidad que no obstaculizar la investigaci�n, el proceso ni la pr�ctica de pruebas� (p. 6).

En este contexto las medidas tienen por finalidad cumplir con el principio de inmediaci�n procesal, constituy�ndose en una decisi�n que se toma una vez que se ha justificado la necesidad de su aplicaci�n. Es decir, que se pretende respaldar durante el proceso penal a la v�ctima de un delito, con el fin de que el procesado en caso de ser declarado culpable, no pueda evadir su responsabilidad penal. No obstante, la imposici�n de ciertas medidas cautelares presenta un conflicto entre los derechos de la persona procesada y el poder punitivo del Estado.

Las medidas cautelares de car�cter personal son consideradas como el medio legal por el cual se garantiza la inmediaci�n procesal de la persona procesada, con el fin de que si la sentencia es acusatoria este cumpla con su pena, otorgando de esta manera la reparaci�n integral a la v�ctima, estas medidas est�n ligadas al proceso penal por la necesidad de protecci�n al sujeto pasivo dentro del delito. Las medidas cautelares de car�cter real son aquellas que son aplicables a los bienes de la persona procesada, puesto que limita la actuaci�n de este en cuanto a la libre disposici�n de los mismos. En este orden de ideas respecto a las modalidades de medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada el art�culo 522 del COIP (2014) contempla las siguientes:

La o el juzgador podr� imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicar� de forma prioritaria a la privaci�n de libertad: 1. Prohibici�n de ausentarse del pa�s. 2. Obligaci�n de presentarse peri�dicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o instituci�n que designe. 3. Arresto domiciliario.4. Dispositivo de vigilancia electr�nica. 5. Detenci�n. 6. Prisi�n preventiva. (...) (p.189)

Como se puede observar la legislaci�n penal contempla diferentes modalidades de las medidas cautelares con el fin brindar protecci�n a los derechos de las partes procesales, as� como garantizar la presencia de la persona procesada a juicio.� A continuaci�n, se detallar� cada una de las medidas cautelares:

La prohibici�n de ausentarse del pa�s

La prohibici�n de ausentarse del pa�s, es una medida cautelar personal que tiene por objeto asegurar la disponibilidad y permanencia continuada del procesado en el territorio durante un tiempo determinado, es una medida restrictiva de la libertad personal, porque se la aplica al probable autor de un hecho delictivo, en los supuestos en que haya peligro de fuga. Es una disposici�n que garantiza parcialmente la inmediaci�n procesal, pues su tendencia es la de asegurar la permanencia del procesado en el territorio nacional mas no la presentaci�n voluntaria de �ste al proceso.

Esta medida es ejecutada por el juez previo petici�n de la Fiscal�a, por la cual dispone que la persona procesada no pueda salir del territorio ecuatoriano sin resolverse la causa por la cual est� imputado. Para hacer efectiva esta medida, el juzgado debe notificar a las autoridades de migraci�n del Ecuador para que registren en su sistema la resoluci�n judicial. Cuando termina el proceso y exista una sentencia ratificatoria de inocencia, esta medida ser� levantada mediante oficio.

La prohibici�n de ausentarse del pa�s es una medida cautelar de car�cter personal que tiene por objetivo asegurar la permanencia de la persona procesada en el territorio ecuatoriano, mientras persista el proceso penal, el art�culo 523 del COIP (2014) contempla: �La o el juzgador por pedido de la o el fiscal, podr� disponer el impedimento de salida del pa�s, que se lo notificar� a los organismos y autoridades responsables de su cumplimiento, bajo prevenciones legales.� (p.189) Esta es una medida restrictiva a la libertad personal del acusado en caso que existe peligro de fuga, con esta disposici�n se garantiza de manera parcial el principio de inmediaci�n procesal, pues cabe recalcar es una medida tendiente al aseguramiento de la presencia del procesado en el proceso.

Obligaci�n de presentarse peri�dicamente ante el juez

La obligaci�n de presentarse peri�dicamente ante el juez o la autoridad o instituci�n que se designe, es una medida cautelar que limita la libertad personal, por tratarse de un mecanismo legal que consiste en la presentaci�n peri�dica de la persona procesada ante el juez que conoce la causa (juez/a de garant�as penales), el art�culo 524 del COIP (2014) contempla:

La o el juzgador podr� ordenar al procesado presentarse ante �l o ante la autoridad o instituci�n que designe. El funcionario designado para el control de la presentaci�n peri�dica ante la autoridad, tendr� la obligaci�n ineludible de informar a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al d�a previsto para la presentaci�n y de forma inmediata, si �sta no se ha producido, bajo pena de quedar sujeto a las responsabilidades administrativas. (p.189)

Esta presentaci�n se caracteriza por ser de manera peri�dica, periodos que pueden variar dependiendo de las circunstancias, siendo de esta manera diaria, quincenal, semanal o mensual, esta comparecencia tiene como objetivo fundamental evitar el peligro de fuga del procesado, para el efecto el Doctor (Parra, 2012) al respecto manifiesta:

La o el juzgador podr� ordenar al procesado presentarse ante �l o ante la autoridad o instituci�n que designe. El funcionario designado tendr� la obligaci�n ineludible de informar a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al d�a previsto para la presentaci�n y de forma inmediata, si �sta no se ha producido, bajo pena de quedar sujeto a las responsabilidades administrativas. (p.56)

Esta es la segunda medida cautelar establecida en el COIP, en el caso de los juicios directos est� presentaci�n deber� ser durante los diez d�as que dura la investigaci�n y si la audiencia de juzgamiento es suspendida, deber� el procesado cumplir con esta medida por todo el tiempo necesario hasta que se resuelva la causa. De esta manera se demostrar� al juez que da cumplimiento con la orden judicial y va a comparecer a su juicio; en caso de no cumplir con el mandato, se revoca la medida alternativa impuesta y se ordena el encarcelamiento inmediato.

Arresto domiciliario

El arresto domiciliario es la tercera medida cautelar la misma que consiste en el internamiento preventivo del procesado en el lugar que habita de manera consuetudinaria. Esta medida debe ser fijada obligatoriamente en conjunto con el dispositivo de vigilancia electr�nica, pues la vigilancia ordenada al procesado no necesariamente es permanente, puede ser ordenada de manera peri�dica y es supervisada por el juez que dict� la medida.

Para el efecto el Autor (Materano , 2012)

La prisi�n domiciliaria: Es un mecanismo a trav�s del cual se cambia el lugar de la privaci�n de la libertad de quien ha sido condenado: de un establecimiento penitenciario, se pasa a cumplir la pena privativa en el domicilio, es decir, se trata de un mecanismo que permite el cumplimiento de la pena privativa de la libertad extra muros; dicho en otras palabras, la prisi�n domiciliaria es aquella donde el condenado a pena privativa de libertad no es llevado o albergado en una instituci�n o centro penitenciario para dar cumplimiento a la pena que le fue impuesta.(p.34)

Esta medida es otorgada cuando se tiene la informaci�n completa e identificaci�n del domicilio del procesado debidamente comprobado, lo que se conoce com�nmente como arraigo domiciliario. En lo que respecta al arresto domiciliario el C�digo Org�nico Integral Penal (2014) en el art�culo 525 contempla:

El control del arresto domiciliario estar� a cargo de la o del juzgador, quien puede verificar su cumplimiento a trav�s de la Polic�a Nacional o por cualquier otro medio que establezca. La persona procesada, no estar� necesariamente sometida a vigilancia policial permanente; esta podr� ser reemplazada por vigilancia policial peri�dica y obligatoriamente deber� disponer el uso del dispositivo de vigilancia electr�nica. (p.189)

La medida cautelar de arresto domiciliario se caracteriza por ser supervisada por elementos policiales, esta se aplica para controlar o vigilar los movimientos de la persona procesada que siempre deben desarrollarse en el interior de su vivienda sin que esta pueda abandonar la misma, salvo en los casos que tengan la debida autorizaci�n judicial, la aplicaci�n de esta medida es garant�a de que el procesado estar� siempre a disposici�n de la justicia.

 

Dispositivo de vigilancia electr�nica

La aplicaci�n de dispositivos electr�nicos es una alternativa a la privaci�n de la libertad, la caracter�stica fundamental del uso de estos dispositivos se centra en que no puede ser una medida aut�noma por el hecho que se debe imponer en aquellos procesos en los que exista obligaci�n de presentarse peri�dicamente ante el Juez, arresto domiciliario, o prohibici�n de salida del pa�s.

La Autora P�rraga (2012) manifiesta:

El dispositivo de vigilancia electr�nica es la cuarta medida cautelar dispuesta en la ley que consiste en la colocaci�n de un grillete electr�nico en una de las extremidades del procesado con el cual puede realizarse un seguimiento continuo al procesado. De esta manera puede ser ubicado r�pidamente y realizar su aprehensi�n en caso que decida no comparecer voluntariamente a juicio. En la actualidad ya se cuenta con este dispositivo para hacer cumplir el mandato de ley, pero el problema de �ste consiste en que no es un medio confiable para las autoridades por cuanto puede ser retirado con facilidad del cuerpo o bien no sirve de impedimento para la comisi�n de nuevos delitos.

El avance de la ciencia y de las tecnolog�as de la informaci�n son de utilidad no solo como medio de prueba en los procesos judiciales puesto que traen consigo la creaci�n de los dispositivos electr�nicos que sirven como medios alternativos a la privaci�n de la libertad ya que a trav�s de aquellos se pueden controlar que la persona procesada no salga del pa�s o que no se acerque a determinados lugares o personas, concibiendo de esta manera que el uso de medios electr�nicos en un proceso penal acarrea m�ltiples beneficios.

La Autora (Romero , 2016), respecto al dispositivo de vigilancia electronica manifiesta:

Los beneficios del dispositivo de vigilancia electr�nica son m�ltiples, en todas las alternativas en que se usan, ya que en las c�rceles, de acuerdo al derecho penal m�nimo permanecer�n quienes han cometido los delitos m�s relevantes; cualquier condenado que tenga derecho a un r�gimen de libertad vigilada tiene libertad para decidir si acepta o no el dispositivo; fuera de la prisi�n, los condenados beneficiados si bien cumplen una pena restrictiva de su libertad pueden trabajar y conseguir fondos para reparar integralmente a las v�ctimas del delito, lo que no se consigue en los Centros de Rehabilitaci�n Social.(p.12)

 

 

Detenci�n

La detenci�n como medida cautelar es de car�cter personal, que conlleva l�mites de tiempo establecidos en la ley con fines investigativos, como regla general para la aplicaci�n de esta medida es que deben existir presunciones claras sobre la responsabilidad de la persona denunciada, entre las caracter�sticas principales de la detenci�n est�n que esta es anterior al proceso penal, ya que se aplica con anterioridad a que el Fiscal inicie con la instrucci�n fiscal, la detenci�n jam�s podr� durar m�s de veinte y cuatro horas, por ende es una medida cautelar provisional, garantiza la sustituci�n por otra medida cautelar en los casos que el juez crea conveniente, y esta medida opera �nicamente con fines investigativos hechos que estar�n a cargo del fiscal encargado de la investigaci�n del delito cometido. ���

Para el efecto el autor Moreno (2014)

La detenci�n con fines investigativos comprende la medida cautelar de car�cter personal dentro del sistema procesal penal, cuya finalidad es receptar la versi�n de la persona detenida de este modo completar la informaci�n de Fiscal�a con respecto a la infracci�n cometida. La detenci�n procede en los casos de investigaciones previas y a petici�n del fiscal, quien debe motivar la necesidad, teniendo en cuenta que esta medida es excepcional, por lo tanto, se debe verificar la necesidad real con base al fundamento de la solicitud. Seg�n lo establece la doctrina la finalidad de la detenci�n con fines objetivos es impedir la fuga de la persona sospechosa, sobre quien existe una investigaci�n previa, lo que atenta a los fines del proceso penal y conlleva a la impunidad, por ende, mediante esta medida la investigaci�n previa ser� completada encontrando elementos suficientes para la formulaci�n de la audiencia, donde se establecer�n los cargos y se solicitara las medidas cautelares dando inicio al proceso penal en contra del acusado.(p.24)

La quinta medida cautelar, la detenci�n, no es propiamente una medida de aseguramiento para que el procesado comparezca a juicio sino m�s bien un medio para asegurar una investigaci�n, pues esta medida es dictada cuando se requiere la inmediata comparecencia del procesado para que rinda versi�n de los hechos. Una vez cumplida con esta diligencia, la fiscal�a procede a formular cargos en contra del procesado de existir elementos que lo relacionen con los hechos. Particularmente esta medida se concede cuando se convoca a una persona para que rinda su versi�n de los hechos denunciados por una supuesta participaci�n en el il�cito penal y ella no acuda al llamado de la fiscal�a voluntariamente.

La Jurista Balbuena (2007) maifiesta al respecto:

La detenci�n constituye una medida cautelar de tipo personal que es necesaria, con l�mites de tiempo legal, y de tipo investigativo. El fundamento principal de la detenci�n de una persona, constituye el asegurar la presencia del sospechoso antes de la iniciaci�n del juicio. La base fundamental sobre la cual se dicta la medida es, que existan claras presunciones de responsabilidad de que esa persona haya cometido o participado en un delito de acci�n p�blica, entendiendo que la presunci�n, que tiene su pilar en los indicios, es diferente a la simple sospecha. (p.21)

La prisi�n preventiva

De conformidad con el art 534 C�digo Org�nico Integral Penal con el fin de garantizar la comparecencia de la persona al proceso y el cumplimiento de la pena el fiscal podr� solicitar al juzgador la prisi�n preventiva siempre que re�na requisitos como: elementos de convicci�n sobre un delito de acci�n p�blica, as� como que el procesado es autor o c�mplice, indicios de que las otras medidas son insuficientes.

La Corte Nacional de Justicia ( 2021) en clara armonia con el art 534 del COIP indica que la resoluci�n de prision preventiva debe contener al menos:

1.      Una relaci�n de c�mo los hechos delictivos que se imputan a la persona procesada, se ajustan a un delito de acci�n penal p�blica sancionado con una pena privativa de libertad superior a un a�o. 2. Que los elementos aportados por Fiscal�a, permiten razonadamente concluir que es probable que la persona procesada sea autor o c�mplice del hecho imputado. La sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye raz�n suficiente para ordenar la prisi�n preventiva.� 3. La justificaci�n de que las medidas cautelares alternativas son insuficientes para evitar el riesgo procesal, y que la prisi�n preventiva se dicta cumpliendo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. (p.14)

De lo antes citado se concluye que la prisi�n preventiva debe ser dictada siempre de manera excepcional tomando en consideraci�n los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en clara armon�a con lo dispuesto en el art. 3 del COIP.

La prisi�n preventiva como medida excepcional

La medida cautelar de prisi�n preventiva se fundamenta en el principio de excepcionalidad, por lo tanto, esta medida no se debe ser vista como ��una regla general sino como una excepci�n, y as� lo determin� la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tibi vs Ecuador.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ La prisi�n preventiva es la medida m�s severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicaci�n debe tener un car�cter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunci�n de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democr�tica. (Corte Interamericana de Derchos Humanos� [Corte IDH], 2003)

En este pronunciamiento la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claramente fijo que dentro de un proceso penal debe primar la presunci�n de inocencia, y que se debe considerar a la prisi�n preventiva como la medida cautelar m�s severa, y por ello debe resaltar su caracter�stica de excepcionalidad. En iguales t�rminos la Corte Nacional de Justicia en resoluci�n n�mero 14-2021 sobre la prisi�n preventiva determin�:

La prisi�n preventiva es una medida cautelar personal excepcional, debe ser solicitada y ordenada de conformidad con las circunstancias de cada caso concreto, bajo criterios de �ltima ratio, y podr� ser impuesta solo cuando se desprenda procesalmente que ninguna otra medida cautelar personal es �til y eficaz.�(JUSTICIA, 2021)

La Corte Nacional se�ala que la prisi�n preventiva es medida es de car�cter excepcional y debe ser aplicada en casos con circunstancias concretas que cumplan con par�metros espec�ficos como en aquellos en los cuales ninguna otra medida cautelar sea suficiente, determinando as� que esta medida es de ultima ratio, encaminado de esta manera a que las resoluciones en las que se determine su aplicaci�n deben ser debidamente motivas cumpliendo con los requisitos del art�culo 534 del COIP.

Bajo el mismo contexto sobre la prisi�n preventiva la Corte Constitucional en el caso no. 2706-16-ep se refiri� al principio de derecho penal m�nimo y estableci� tres criterios para motivar en los procesos penales: primero que debe existir explicaci�n de c�mo los elementos probatorios aportados y practicados, le permitieron llegar a la convicci�n de que la conducta reproducida por el presunto infractor se ajusta al tipo penal, segundo que la acci�n u omisi�n del presunto infractor debe calificarse como antijur�dica, que debe determinarse de manera estricta los motivos por los cuales debe considerarse que el presunto infractor es culpable y que actu� con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta.

Para el efecto el Doctor Ramiro �vila Santamar�a razon� su voto concurrente, en tres partes: primero el contexto en el que se destaca el an�lisis del punitivismo penal,
segundo el desarrollo doctrinario en el caso en el que aborda lo referente al principio de derecho penal m�nimo y la motivaci�n en materia penal, y tercero la conclusi�n en la que se consider� que se deber�a declarar la violaci�n de la garant�a a ser juzgado por autoridad competente y por el tr�mite adecuado cuando se haya seguido un juicio penal, en lugar de una v�a procesal menos gravosa.

El principio de proporcionalidad y la prisi�n preventiva

El principio de proporcionalidad de la prisi�n preventiva va vinculado directamente con el uso excepcional de esta medida cautelar, puesto que el derecho a la libertad es la regla general y es ah� donde nace este principio fundamentado en la necesidad de que exista un equilibrio entre el da�o que llegar�a a causar la imposici�n de esta medida en la libertad de la persona, y el fin que es la comparecencia del procesado al proceso.

Cabe mencionar que el principio de proporcionalidad fue instaurado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ([CIDH], 1990), el 17 de noviembre de 2009 mediante la sentencia del caso �Barreto Leiva contra el Estado de Venezuela�.

La prisi�n preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada (�). El principio de proporcionalidad implica, adem�s, una relaci�n racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricci�n del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricci�n. (parr.122)

Con este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se debe considerar que; todo Estado constitucional en el que primen la protecci�n de los derechos humanos se deben respetar irrestrictamente las reglas establecidas para la imposici�n de la prisi�n preventiva, y m�s a�n las relacionadas al principio de proporcionalidad, considerando de manera fundamental que se debe evitar la prisi�n preventiva en aquellos casos que no lo ameriten, tomando en consideraci�n los criterios para la aplicaci�n de este principio que son la idoneidad y la necesidad.

La aplicaci�n del principio de necesidad en la prisi�n preventiva

La prisi�n preventiva proceder� cuando sea estrictamente necesaria, y sea el �nico medio que permita asegurar los fines del proceso penal, es por ello que el juez podr� dictar esta medida cautelar en los casos que crea conveniente siempre y cuando se acredite la existencia de un riesgo procesal cuya intensidad sea alta, que se justifique la necesidad de esta medida, entonces para que la prisi�n preventiva sea admisible se requiere par�metros espec�ficos en relaci�n a la actuaci�n del juez y el fiscal.

Es por ello que se requiere que el juez en base a los aportes del fiscal motive la necesidad de la imposici�n de esta medida, esto en basa a la existencia del denominado �riesgo procesal�, descartando que las medidas cautelares alternativas no son suficientes para evitar el peligro de fuga de la persona procesada, este principio fue sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Palamara Iribarne en contra del Estado de Chile.

Para la aplicaci�n de la prisi�n preventiva se debe tener en consideraci�n el principio de necesidad el mismo que conlleva que se deben cumplir tres requisitos para la imposici�n de esta medida cautelar: Primera que esta medida cautelar sea estrictamente necesaria para el desarrollo de la investigaci�n, Segunda la existencia de indicios que encaminen a la culpabilidad del procesado, y tercero que su aplicaci�n aseguren el adecuado desarrollo del proceso.

La prisi�n preventiva y la presunci�n de inocencia

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del art 76 de la Constituci�n de la Rep�blica: �Se presumir� la inocencia de toda persona, y ser� tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resoluci�n firme o sentencia ejecutoriada� (p.38) Del texto constitucional se evidencia que ninguna persona debe ser tratada como culpable, ni privada de su libertad mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.�� El principio de presunci�n de inocencia conlleva no solo el derecho que tiene la persona de ser tratada como inocente durante todo el proceso, sino primordialmente radica en el deber del Estado y sus autoridades el velar porque el mismo no sea vulnerado.

Es por ello que se ratifica que la prisi�n preventiva es una medida cautelar extrema y de ultima ratio, sin embargo, en la praxis jur�dica, la prisi�n preventiva ha sido una medida altamente utilizada en pa�ses latinoamericanos; as� por ejemplo en el Ecuador en el 2018 el n�mero de personas privadas de libertad bajo prisi�n preventiva era de 13. 073 que representa el 39.4 % de la poblaci�n reclusa. (Garcia, 2019)

La prisi�n preventiva es un tema se trata en diversos Instrumentos Internacionales como la Convenci�n Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos de 1966, Las Reglas M�nimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad de 1990 o (Reglas de Tokio). �En la actualidad pese a que el Ecuador es un pa�s suscrito convenios internacionales, en el sistema penal acusatorio existe la err�nea idea de que el procesado es un �peligro para la sociedad� y es por ello que �a esta ideolog�a que durante mucho tiempo se ha venido quebrantando lo determinado en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y la Constituci�n de la Rep�blica en relaci�n a los derechos de las personas procesadas, por el cometimiento de un delito y m�s a�n de aquellas que se encuentran inmersas en un proceso penal investigativo por delito que no conllevan gravedad o que son de una cuant�a �nfima o tambi�n conocidos como delitos de bagatela, en los que debe primar el principio de m�nima intervenci�n penal, y la aplicaci�n de medidas sustitutivas o alternativas a la privaci�n de la libertad.

Los delitos de bagatela conllevan una consecuencia jur�dica desproporcional, esto dado a que no existe una correcta clasificaci�n en los injustos penales en raz�n del pena privativa de la libertad, tipificados en el C�digo Org�nico Integral Penal, es por ello que deber�a existir una categorizaci�n en la que se determine la adecuada proporcionalidad entre la conducta llevada a cabo y la pena impuesta, o la proporcionalidad de las medidas a tomar para cumplir con fines del proceso, como por ejemplo la aplicaci�n de medidas cautelares acorde a la conducta realizada, para el efecto se ha determinado los delitos de bagatela en la norma ib�dem.

Sustituci�n de la prisi�n preventiva

La prisi�n preventiva puede ser sustituida por una o varias medidas, as� lo contempla el art�culo 536 del COIP que en forma textual manifiesta:

La prisi�n preventiva podr� ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente C�digo. No cabe la sustituci�n en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco a�os. Si se incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la dejar� sin efecto y en el mismo acto ordenar� la prisi�n preventiva del procesado. (COIP, 2014)

El Codigo Organico Integral Penal contempla la posibilidad de sustituir la prision preventiva por otra medida cautelar igualmente eficaz pero menos gravosa, las medidas alternativas a la prisi�n preventiva cumplen con la misma finalidad que est�, pero la praxis jur�dica evidencia que las medidas alternativas no son aplicadas correctamente, existiendo m�s bien un uso excesivo de la aplicaci�n de la prisi�n preventiva, y m�s a�n en aquellos casos en los que el delito cometido no entra�a gravedad, conllevando a�n quebrantamiento injustificado del Estado de derecho, porque el derecho transgredido principalmente es la libertad.

Delitos con pena privativa de libertad de uno a tres a�os dentro del COIP y la necesidad o no de la imposici�n de una medida cautelar

Desde el punto de vista de la dogm�tica penal todo delito lesiona bienes jur�dicos; sin embargo, no todas las infracciones lesionan o afectan gravemente estos bienes; puesto que existen delitos no tan graves que causan una leve lesi�n lo que la doctrina conoce con el nombre de delitos de bagatela.

El Autor Wang, (2015) manifiesta que los delitos de bagatela son:

El delito debe entenderse como aquel comportamiento humano, que, a juicio del legislador, compromete las condiciones de existencia, conservaci�n y desarrollo de la comunidad y exige como sanci�n una pena criminal. As� mismo, es imprescindible fijar con claridad, exactitud y precisi�n la significaci�n de la palabra bagatela entendiendo a la misma como aquella cosa o asunto de poco o ning�n valor, insignificante, de escasa importancia. En consecuencia, uniendo ambos conceptos, se podr�a afirmar caprichosamente que los delitos de bagatela son aquellas conductas humanas delictivas que por su poca insignificancia no constituyen una seria afectaci�n al inter�s p�blico y social cuando el bien jur�dico que se protege es de poca monta o menor relevancia. (p.24)

Los delitos de bagatela nacen del principio de insignificancia o principio de bagatela, a trav�s de los cuales se pretende excluir la gravedad o la imposici�n de la pena privativa de libertad a ciertos delitos que conllevan poca afectaci�n a un bien jur�dico protegido o los tambi�n considerados delitos insignificantes del injusto penal, en la actualidad se asocia a los delitos de bagatela con aquellos que por su naturaleza son id�neos para resolverse por la v�a de la mediaci�n, o que pueden ser resueltos con la imposici�n de una medida alternativa a la privaci�n de libertad, cabe mencionar que si estos delitos son susceptibles de medidas alternativas a la privaci�n de libertad, por l�gica no cabr�a en el transcurso de la investigaci�n la aplicaci�n de medidas cautelares como la prisi�n preventiva. En este sentido Mu�oz define a los delitos de bagatela como

Los delitos de bagatela, son aquellas conductas punibles de poca relevancia para el derecho penal, que pueden ser en modalidad dolosa o culposa, las cuales son realizadas por una persona, que encamina su conciencia y voluntad a la materializaci�n de un plan criminal, que, ante la luz de la ley penal, es jur�dicamente reprochable y por consiguiente, merece un castigo, sanci�n. No obstante, el hecho de ser una conducta sancionable, resulta un desgaste econ�mico y jur�dico para la administraci�n de justicia, porque esas conductas deben tener el mismo tr�mite que cualquier conducta punible, es decir, primero debe pasar por una noticia criminal, seguida de una indagaci�n, investigaci�n, una serie de audiencias y una decisi�n final emitida por un Juez. Lo que evidentemente muestra un desgaste de la justicia, que pone todo su empe�o en la judicializaci�n de esa persona responsable. (Mu�oz, 2020, pp. 6-7)

La caracter�stica principal de los delitos de bagatela es la insignificancia que tienen ante el inter�s jur�dico y social, ya que el bien jur�dico protegido lesionado es de menor relevancia, es por ello que no deber�a emplearse los mismos mecanismos de investigaci�n y sanci�n para todas las infracciones, esto porque existen conductas penalmente relevantes que deben ser investigadas y juzgadas con todo el rigor de la ley penal.

En relaci�n a la insignificancia de los delitos de bagatela el Autor Galvis, (2021) manifiesta:

El principio de insignificancia en el derecho penal se origina en el derecho romano, posteriormente en el a�o de 1964, se introdujo en el ordenamiento jur�dico penal alem�n a trav�s del catedr�tico Claus Roxin fundado en el siguiente aforismo jur�dico: minimis non curat praetor el cual en su sentido legal m�s formal traduce que �el superior no ha de ocuparse de los detalles; de lo m�nimo no se ocupa el juez�. Sosteniendo en consecuencia Roxin, que �cuando la lesi�n es insignificante, no hay necesidad de aplicar una pena, porque no es considerado un acto punible. (p.10)

Este principio deriva y se relaciona con otros que surgen directamente de la Constituci�n, como el principio de proporcionalidad en la aplicaci�n de penas, el principio de m�nima intervenci�n penal o ultima ratio y con el principio de lesividad esta conjunci�n de principios resulta una suerte de limitaci�n al ejercicio del poder punitivo Estatal

Delitos en el COIP con pena privativa de libertad de uno a tres a�os

El Codigo Organico Integral Penal en el libro primero determina los delitos, sin embargo el tema central de la investigaci�n son los delitos sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres a�os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delito	Pena privativa de libertad
Art 139. Abuso de emblemas	Uno a tres a�os
Art. 146. Homicidio culposo por mala pr�ctica profesional	Uno a tres a�os
Art. 149. Aborto consentido	Uno a tres a�os
Art. 152.- Lesiones	Uno a tres a�os
Art. 153. Abandono de persona	Uno a tres a�os
Art. 154. Intimidaci�n	Uno a tres a�os
Art. 154.1. Instigaci�n al suicidio	Uno a tres a�os
Art. 157. Violencia psicol�gica contra la mujer o miembros del n�cleo familiar	Uno a tres a�os
Art. 160. Privaci�n ilegal de libertad	Uno a tres a�os
Art. 166. Acoso sexual	Uno a tres a�os
Art. 167. Estupro	Uno a tres a�os
Art. 168. Distribuci�n de material pornogr�fico a ni�as, ni�os y adolescentes	Uno a tres a�os
Art. 173. Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho a�os por medios electr�nicos	Uno a tres a�os
Art. 176. Discriminaci�n	Uno a tres a�os
Art. 177. Actos de odio	Uno a tres a�os
Art. 178. Violaci�n a la intimidad	Uno a tres a�os
Art. 180. Difusi�n de informaci�n de circulaci�n restringida	Uno a tres a�os
Art. 181. Violaci�n de propiedad privada	Uno a tres a�os
Art. 187. Abuso de confianza	Uno a tres a�os
Art. 188. Aprovechamiento il�cito de servicios p�blicos	Uno a tres a�os
Art. 190. Apropiaci�n fraudulenta por medios electr�nicos	Uno a tres a�os
Art. 191. Reprogramaci�n o modificaci�n de informaci�n de equipos terminales m�viles	Uno a tres a�os
Art. 192. Intercambio, comercializaci�n o compra de informaci�n de equipos terminales m�viles	Uno a tres a�os
Art. 193. Reemplazo de identificaci�n de terminales m�viles	Uno a tres a�os
Art. 194. Comercializaci�n il�cita de terminales m�viles	Uno a tres a�os
Art. 195. Infraestructura il�cita	Uno a tres a�os
Art. 197. Hurto de bienes de uso policial o militar	Uno a tres a�os
Art. 199. Abigeato	Uno a tres a�os
Art. 200. Usurpaci�n	Uno a tres a�os
Art. 204. Da�o a bien ajeno	Uno a tres a�os
Art. 206. Quiebra	Uno a tres a�os
Art. 211. Supresi�n, alteraci�n o suposici�n de la identidad y estado civil	Uno a tres a�os
Art. 212. Suplantaci�n de identidad	Uno a tres a�os
Art. 218. Desatenci�n del servicio de salud	Uno a tres a�os
Art. 220. Tr�fico il�cito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci�n (m�nima escala)	Uno a tres a�os
Art. 222. Siembra o cultivo	Uno a tres a�os
Art. 223. Suministro de sustancias estupefacientes, psicotr�picas o preparados que las contengan	Uno a tres a�os
Art. 224. Prescripci�n injustificada	Uno a tres a�os
Art. 229. Revelaci�n ilegal de base de datos	Uno a tres a�os
Art. 236. Casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realizaci�n de juegos de azar	Uno a tres a�os
Art. 237. Destrucci�n de bienes del patrimonio cultural	Uno a tres a�os
Art. 242. Retenci�n ilegal de aportaci�n a la seguridad social	Uno a tres a�os
Art. 245. Invasi�n de �reas de importancia ecol�gica	Uno a tres a�os
Art. 246. Incendios forestales y de vegetaci�n	Uno a tres a�os
Art. 247. Delitos contra la flora y fauna silvestres	Uno a tres a�os
Art. 250. Abuso sexual a animales que forman parte del �mbito de la fauna urbana	Uno a tres a�os
Art. 250.1. Muerte a animal que forma parte del �mbito de la fauna urbana	Uno a tres a�os
Art. 250.2. Peleas o combates entre perros u otros animales de fauna urbana	Uno a tres a�os
Art. 253. Contaminaci�n del aire	Uno a tres a�os
Art. 254. Gesti�n prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas	Uno a tres a�os
Art. 255. Falsedad u ocultamiento de informaci�n ambiental	Uno a tres a�os
Art. 260. Actividad il�cita de recursos mineros (miner�a artesanal)	Uno a tres a�os
Art. 263. Adulteraci�n de la calidad o cantidad de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petr�leo o biocombustibles	Uno a tres a�os
Art. 264. Almacenamiento, transporte, envasado, comercializaci�n o distribuci�n ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petr�leo o biocombustibles (alta escala)	Uno a tres a�os
Art. 269. Prevaricato de las o los abogados	Uno a tres a�os
Art. 270. Perjurio y falso testimonio	Uno a tres a�os
Art. 272. Fraude procesal	Uno a tres a�os
Art. 273. Revelaci�n de identidad de agente encubierto, informante, testigo o persona protegida	Uno a tres a�os
Art. 274. Evasi�n	Uno a tres a�os
Art. 275. Ingreso de art�culos prohibidos	Uno a tres a�os
Art. 280. Cohecho	Uno a tres a�os
Art. 282. Incumplimiento de decisiones leg�timas de autoridad competente	Uno a tres a�os
Art. 283. Ataque o resistencia	Uno a tres a�os
Art. 284. Ruptura de sellos	Uno a tres a�os
Art. 287. Usurpaci�n y simulaci�n de funciones p�blicas	Uno a tres a�os
Art. 288. Uso de fuerza p�blica contra �rdenes de autoridad	Uno a tres a�os
Art. 292. Alteraci�n de evidencias y elementos de prueba	Uno a tres a�os
Art. 294. Abuso de facultades	Uno a tres a�os
Art. 298. Defraudaci�n tributaria (si cumple con los numerales 1 y 11)	Uno a tres a�os
Art. 300. Receptaci�n aduanera	Uno a tres a�os
Art. 302. Mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras	Uno a tres a�os
Art. 304. Tr�fico de moneda	Uno a tres a�os
Art. 308. Agiotaje	Uno a tres a�os
Art. 316. Operaciones indebidas de seguros	Uno a tres a�os
Art. 317. Lavado de activos (cuando el monto de los activos objeto del delito sea inferior a cien salarios b�sicos unificados del trabajador en general)	Uno a tres a�os
Art. 318.- Incriminaci�n falsa por lavado de activos	Uno a tres a�os
Art. 326. Descuento indebido de valores	Uno a tres a�os
Art. 327. Falsificaci�n de firmas	Uno a tres a�os
Art. 333. Falso sufragio	Uno a tres a�os
Art. 337. Destrucci�n o inutilizaci�n de bienes	Uno a tres a�os
Art. 342. Sedici�n (1. Desobedecer, dentro de una operaci�n militar o policial, �rdenes leg�timas recibidas. 2. Pretender impedir la posesi�n de cargo de un superior o destituirlo de su funci�n) -La o el servidor militar o policial que incite a miembros de las Fuerzas Armadas o Polic�a Nacional a cometer actos de sedici�n	Uno a tres a�os
Art. 343. Insubordinaci�n	Uno a tres a�os
Art. 344. Abstenci�n de la ejecuci�n de operaciones en conmoci�n interna	Uno a tres a�os
Art. 346. Paralizaci�n de un servicio p�blico	Uno a tres a�os
Art. 348. Incitaci�n a discordia entre ciudadanos	Uno a tres a�os
Art. 356. Atentado contra la seguridad de las operaciones militares o policiales -La y el reservista que, en caso de conflicto armado, sea llamado e injustificadamente no concurra dentro de cinco d�as a desempe�ar las funciones militares	Uno a tres a�os
Art. 368. Falsa incriminaci�n	Uno a tres a�os
Art. 377. Muerte culposa	Uno a tres a�os

 

 

Tabla 1 Delitos tipificados en el C�digo Org�nico Integral Penal con pena privativa de libertad de uno a tres a�os.

 

 

Fuente: C�digo �rgano Integral penal

Elaborado por: Andr�s L�pez C�rdenas

Nota. Esta tabla muestra la pena privativa de libertad que tienen ciertos delitos tipificados en el COIP.

 

 

En la actualidad el COIP tipifica 312 infracciones, de los cuales 88 son delitos con una pena privativa de libertad de 1 a 3 a�os, que son considerados como delitos de bagatela, delitos de �nfima cuant�a. En el caso ecuatoriano seg�n el COIP �estos injustos penales tienen una pena privativa de libertad de uno a tres a�os, a excepci�n de los delitos relacionados o cuyas v�ctimas sean los ni�os, ni�as y adolescentes como son el acoso sexual, estupro, distribuci�n de material pornogr�fico a ni�as, ni�os o adolescentes, contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho a�os por de medios electr�nicos; sujetos estos que merecen una protecci�n especial por parte del Estado por ser miembros de los grupos de atenci�n prioritaria. Seg�n N��ez (2017) manifiesta que:

En el sistema legislativo ecuatoriano se registran varios procesos presentados ante instancias judiciales como delitos menores, la mayor parte de estos casos son producto de la problem�tica que se desarrolla dentro de un contexto social determinado. La caracter�stica principal de los delitos menores o de bagatela es que deben ser analizados y resueltos con la mayor brevedad del caso, otorg�ndoles una soluci�n oportuna y evitando por completo el sentido de criminalizaci�n estatal mediante un equ�voco proceso penal. Sin embargo, se evidencia que en la mayor parte de estos delitos no existe el debido proceso de investigaci�n por parte de los operadores de justicia, criminalizando de esta manera las conductas menores a trav�s de una inadecuada intervenci�n estatal.� (p. 43)���

Se concibe a los delitos de bagatela como injustos que han causado un perjuicio leve en el bien jur�dico de la v�ctima, y al no entra�ar gravedad son susceptibles de un tratamiento diferente como por ejemplo la aplicaci�n de medidas alternativas a la prisi�n preventiva. Por ende, se puede identificar a los delitos de bagatela en raz�n del tiempo de condena tomando como referencia a aquellos que tienen una pena privativa de libertad de uno a tres a�os, al identificar estos injustos penales menores el Estado debe implementar un tratamiento adecuado para su juzgamiento, y posterior sanci�n en la que debe primar la protecci�n de derechos de las partes procesales, y m�s a�n de la persona procesada.

���� Puesto que al estar inmiscuido en un proceso penal est� en juego un derecho intr�nseco y fundamental como es la libertad, derecho que puede ser vulnerado por el excesivo uso del derecho penal, hecho que sucede cuando se impone la medida cautelar de prisi�n preventiva en un proceso de juzgamiento por el cometimiento de estos delitos, siendo lo correcto imponer una medida alternativa a la prisi�n preventiva, precautelando de esta manera tanto los derechos de la v�ctima y de la persona procesada.

Estudio de las medidas cautelares aplicadas en delitos con pena privativa de libertad de uno a tres a�os

Dentro de la presente investigaci�n con la finalidad en primer t�rmino de saber el n�mero de las causas ingresadas y el tipo de medida utilizada en la Unidad Judicial de lo Penal del Cant�n Cuenca en el a�o 2021, se requiri� informaci�n al Consejo de la Judicatura, conforme se evidencia en la siguiente tabla y gr�fico: �

 

Tabla 2 LAS CAUSAS INGRESADAS, Y EL TIPO DE MEDIDAS UTILIZADAS POR LOS JUECES

Prisi�n preventiva	109
Detenci�n	78
Prohibici�n salida del pa�s	380
arresto domiciliario	147
Presentaci�n peri�dica	187
Uso de dispositivo de vigilancia	13
Nro. causas ingresadas	914

Fuente: Consejo de la Judicatura del Azuay

Elaborado por: Andr�s L�pez C�rdenas

Nota. Esta tabla muestra el n�mero de causas presentadas en la Unidad Judicial Penal del Cant�n Cuenca, y el n�mero de medidas cautelares impuestas.

 

Gr�fico 1

Elaborado por: Andr�s L�pez C�rdenas

 

 

Del cuadro y gr�fico se establece que en la Unidad Judicial de Garant�as Penales de la ciudad de Cuenca en el a�o 2021 se tramitaron 914 procesos judiciales con pena privativa de libertad de uno a tres a�os, en los que se dictaron diferentes medidas cautelares. La prisi�n preventiva fue aplicada en 109 causas que equivale a un porcentaje del 12 %, ocupando el cuarto lugar entre las medidas m�s aplicadas, lo que sin duda constituye para el tema en estudio una medida de alta aplicabilidad, m�s aun si se toma en cuenta que en la praxis jur�dica la medida cautelar de prohibici�n de salida del pa�s es dictada por los Jueces Penales en forma conjunta con otras medidas cautelares.

Delitos en los que se ha implementado prisi�n preventiva

Con la finalidad de saber el tipo de delito en el que se dict� la prisi�n preventiva se procedi� a tabular la informaci�n obtenida

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Delitos en los que se ha implementado prisi�n preventiva

Fuente: Consejo de la Judicatura del Azuay

Elaborado por: Andr�s L�pez C�rdenas

Nota. Esta tabla contiene los datos sobre las causas por delitos de uno a tres a�os, obtenidos en la Unidad Judicial Penal del Cant�n Cuenca en el periodo del a�o 2021,

De la informaci�n proporcionada por el Consejo de la Judicatura se evidencia que, en la Unidad Judicial de Garant�as Penales de la ciudad de Cuenca, el tipo de delitos de bagatela en los que se aplic� la prisi�n fueron tentativa de robo, hurtos, asociaci�n il�cita, delitos que si bien afectan bienes jur�dicos como la propiedad, sin embargo su afecci�n no es tan grande por lo mismo la normativa penal otorga una pena privativa de libertad de uno a tres a�os; constituy�ndose� esta en raz�n suficiente para evitar la imposici�n de la prisi�n preventiva� y en su lugar dictar otras medidas cautelares alternativas en los t�rminos que prev� el art�culo 522 del COIP, garantizando asi el principio de ultima ratio de la prisi�n preventiva y las caracter�sticas de excepcionalidad y restricci�n de la misma, puesto que la finalidad de esta medida es garantizar la inmediaci�n del procesado al proceso, la comparecencia de las partes al juicio, y su aplicaci�n debe darse siempre que las medidas no privativas sean insuficientes. Es por ello que el juez de garant�as penales la podr� ordenar siempre que se cumpla con los requisitos exigidos por la ley, solo de esta manera se podr� restringir el derecho fundamental de la libertad ambulatoria y el principio de inocencia, y su aplicaci�n debe darse solo para fines procesales, pues no se concebir jam�s que la prisi�n preventiva como un anticipo de la pena, ni como una presunci�n de culpabilidad, ya que el principio de inocencia es inc�lume, hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.

 

Conclusiones

La aplicaci�n de la prisi�n preventiva como medida cautelar en los delitos de bagatela atenta el principio de inocencia y el derecho a la libertad, est� demostrado que el uso irracional de la prisi�n preventiva causa estragos en el sistema penitenciario como el hacinamiento, violencia e inseguridad de la poblaci�n carcelaria.

En el Ecuador existe la necesidad de la aplicaci�n de medidas cautelares alternativas a la prisi�n preventiva en delitos cuya pena privativa de libertad sea de uno a tres a�os, con el fin de garantizar la presunci�n de inocencia y el derecho a la libertad de la persona procesada.

En la actualidad en el COIP existen 312 infracciones, de las cuales 88 son delitos tienen una pena privativa de libertad de 1 a 3 a�os, que son considerados delitos de �nfima cuant�a o de bagatela, en los cuales se vuelve necesario la aplicaci�n de medidas cautelares alternativas a la prisi�n preventiva.

De la informaci�n proporcionada por el Consejo de la Judicatura en la Unidad Judicial de Garant�as Penales del Cant�n Cuenca en el periodo del a�o 2021 se estableci� que se tramitaron 914 procesos judiciales con pena privativa de libertad de uno a tres a�os, de los cuales en 109 causas se dictaron prisi�n preventiva lo que sin duda constituye para el tema en estudio que son delitos de bagatela una medida de alta aplicabilidad.

Se recomienda al poder p�blico, adoptar acciones de car�cter legislativo, administrativo y judicial, para erradicar el uso de la prisi�n preventiva en los delitos de bagatela, garantizando de esta manera el cumplimiento del principio de excepcionalidad, puesto que esta debe ser solamente aplicada en causas legalmente justificadas en las que haya verdaderos indicios de culpabilidad de la persona procesada y estos� representen un peligro inminente para la sociedad, ya que se considera que las medidas cautelares que no entra�an la privaci�n de libertad como son la prohibici�n de ausentarse del pa�s, la obligaci�n de presentarse peri�dicamente ante la o el juzgador, el arresto domiciliario, el uso del dispositivo de vigilancia electr�nica, y la detenci�n son mecanismos que pueden cumplir con la finalidad de asegurar la presencia de la persona procesada dentro del proceso, sin coartar los derechos de este y de la presunta v�ctima, precautelando de as� que se cumpla con los principios del derecho penal en relaci�n a la aplicaci�n de ultima ratio y a la caracter�stica de que este derecho es preventivo mas no sancionador.

 

Referencias

             1.     Balbuena, D. (2007). Medidas cautelares en enjuiciamiento de menores. Dialnet. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=184043

             2.     Ballesteros, O., Ortiz, E., Devos, A., & Vinciguerra, G. (2019). Cat�logo de medidas alternativas a las penas privativas de libertad. Madrid: Programa EL PAcCTO.

             3.     Carre�n, J. (marzo de 2017). Las medidas cautelares en la legislaci�n procesal penal mexicana . Obtenido de ficp.es: https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/03/Carre%C3%B3n-Herrera.-Comunicaci%C3%B3n.pdf

             4.     C�digo Org�nico Integral Penal [COIP]. (2014). T�TULO IV. R�gimen de medidas cautelares personales y rehabilitaci�n social. Asamblea Nacional.

             5.     C�digo Org�nico Integral Penal [COIP]. (2014). T�TULO V. Medidas cautelares y de protecci�n. Asamblea Nacional.

             6.     Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (1990). Reglas m�nimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad. Asamblea General.

             7.     Constantino, C. (2009). El proceso cautelar en el proceso penal cusatorio mexicano. Revista del Instituto de Ciencias Jur�dicas de Puebla A.C.

             8.     Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador [CRE]. (2008). T�TULO II. Derechos.

             9.     Galvis, M. (2021). Andres Mauricio Galvis. Zenodo.

         10.     Garcia, T. (junio de 2019). Prisi�n Preventina en Am�rica Latina: El impacto desproporcionado en mujeres privadas de libertad por delitos de drogas. Obtenido de wola.org: https://www.wola.org/wp-content/uploads/2019/05/Prisi%C3%B3n-Preventiva-en-America-Latina_Junio-2019.pdf

         11.     Garcia, T. (2019). PRISI�N PREVENTIVA EN AM�RICA LATINA: EL IMPACTO DESPROPORCIONADO EN MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD POR DELITOS DE DROGAS.

         12.     Granados, J. (2019). El principio de la excepcionalidad de la prisi�n preventiva y su aplicaci�n pr�ctica en Colombia. Obtenido de oas.org: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/actividades/pdf/JaimeGranados.pdf

         13.     JUSTICIA, L. C. (2021). RESOLUCI�N No. 14-2021.

         14.     Materano , J. (2012). Analisis a la prision preventiva desde como regimen de cumplimiento. Regimen de cumplimiento penitenciario en Ecuador.

         15.     Moreno, V. (2014). Garant�a de los derechos fundamentales en la investigacion previa. En V. M. Catena, Intromisiones en el ambito de derechos personales . Obtenido de https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/12912/?sequence=1

         16.     Mu�oz, J. (2020). �Delitos bagatela! la soluci�n del siglo XXI para descongestionar la justicia . Obtenido de repository.unaula.edu.co: http://repository.unaula.edu.co:8080/bitstream/123456789/1462/1/unaula_rep_pre_der_2020_delitos_bagatela.pdf

         17.     N��ez, R. (abril de 2017). Importancia y aplicabilidad del Principio de M�nima Intervenci�n Penal en Ecuador . Obtenido de dspace.uce.edu.ec: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11843/1/T-UCE-0013-Ab-116.pdf

         18.     Organizaci�n de Estados Americanos Convenci�n [OEA]. (1977). Convenci�n Interamericana sobre Derechos Humanos. San Jos�: Acuerdo!Ministerial N�202.

         19.     Organizaci�n de las Naciones Unidas [ONU]. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos de la Organizaci�n de las Naciones Unidas. Asamblea Nacional.

         20.     Parra, G. (2012). Las medidas cautelares en el entorno social ecuatoriano. El Derecho y la aplicaci�n de justicia. Obtenido de https://www.zonalegal.net/uploads/documento/BOLETIN%20INFORMATIVO%20MEDIDAS%20CAUTELARES.pdf

         21.     P�rraga , V. (2012). EFICACIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. Medidas cautelares y su funci�n en el derecho penal ecuatoriano. Obtenido de http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11952/1/T-UCSG-POS-MDC-153.pdf

         22.     Pico, P. (junio de 2018). La aplicabilidad de medidas cautelares distintas a la prisi�n preventiva en audiencia de calificaci�n de flagrancia. Obtenido de repositorio.uees.edu.ec: http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/2550/1/PICO%20JIJ%c3%93N%20PAOLA%20KATHERINE-MDP.pdf

         23.     Resolucion: Caso Tibi Vs. Ecuador (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] 16 de julio de 2003).

         24.     Romero , T. (2016). La aplicacion de dispositivos electronicos en el proceso penal. El proceso penal y el uso de dispositivos electronicos. Obtenido de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572018000100018

         25.     Sentencia: Barreto Leiva Vs. Venezuela, Serie C No. 206 (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] 17 de noviembre de 2009).

         26.     Sentencia: Caso L�pez �lvarez Vs. Honduras (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] 1 de febrero de 2006).

         27.     Sentencia: Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, Serie C No. 135 (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] 22 de noviembre de 2005).

         28.     Serrano, M. (2019). Prisi�n preventiva y el principio de proporcionalidad. Obtenido de repositorio.uta.edu.ec: https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/29983/1/FJCS-POSG-163.pdf

         29.     Wang, Y. (2015). El modelo chino para el tratamiento de los delitos de bagatela. Revista penal mexico.

 

� 2022 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).