Garant�as procesales en tiempos de pandemia en Ecuador Procedural guarantees in times of pandemic in Ecuador Garantias processuais em tempos de pandemia no Equador

 

 

 

Silvia Patricia Simisterra-Masias I silvia.sinisterra@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-8604-5813

 

 

 

 

 

Correspondencia: silvia.sinisterra@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas Art�culo de Revisi�n

 

 

*Recibido: 30 de enero de 2022 *Aceptado: 26 de febrero de 2022 * Publicado: 23 marzo de 2022

 

 

I.������� Investigador Independiente, Ecuador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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�������������������������������� Resumen

El objetivo de este estudio fue analizar las garant�as procesales en tiempos de pandemia. Esta investigaci�n documental se apoy� en un arqueo bibliogr�fico sobre la base de un an�lisis interpretativo. Se concluye que: Es imperativo y necesario profundizar una transformaci�n digital del sistema de administraci�n de justicia, orientada a garantizar el adecuado proceso a la justicia de todas las personas y, de conformidad con lo establecido en la Constituci�n de cada naci�n, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos. En todo caso, tambi�n se trata de adaptar el proceso vigente� para garantizar los procesos de justicia y dar respuesta a las exigencias de la sociedad de siglo XXI, a trav�s de la utilizaci�n de las nuevas tecnolog�as y, de cara al futuro postpandemia, estar� preparado para lo que se ha dado a denominar la nueva �normalidad�.

Palabras clave: Digitalizaci�n; Justicia; ciudadanos; acceso; pandemia.

 

Abstract

The objective of this study was to analyze procedural guarantees in times of pandemic. This documentary research was supported by a bibliographic check on the basis of an interpretive analysis. It is concluded that: It is imperative and necessary to deepen a digital transformation of the justice administration system, aimed at guaranteeing the adequate process of justice for all people and, in accordance with the provisions of the Constitution of each nation, of the Inter-American Court Human Rights (IACHR), the American Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. In any case, it is also about adapting the current process to guarantee justice processes and respond to the demands of 21st century society, through the use of new technologies and, for the post-pandemic future, be prepared for what has been called the new �normal�.

Keywords: Digitization; Justice; citizens; access; pandemic.

 

Resumo

O objetivo deste estudo foi analisar as garantias processuais em tempos de pandemia. Esta pesquisa documental foi apoiada por uma consulta bibliogr�fica a partir de uma an�lise interpretativa. Conclui-se que: � imperativo e necess�rio aprofundar uma transforma��o digital do sistema de administra��o da justi�a, visando garantir o processo de justi�a adequado para todas as pessoas e, de acordo com o disposto na Constitui��o de cada na��o, da Inter- Corte Americana de Direitos Humanos (CIDH), a Conven��o Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Pol�ticos. De qualquer forma, trata-se tamb�m de adequar o processo atual para garantir os processos de justi�a e responder �s demandas da sociedade do s�culo XXI, por meio do uso de novas tecnologias e, para o futuro p�s-pandemia, estar preparado para o que tem sido chamado de novo "normal".

Palavras-chave: Digitaliza��o; Justi�a; cidad�os; Acesso; pandemia.

 

Introducci�n

Las garant�as procesales aseguran que la administraci�n de justicia como una funci�n p�blica derivada de la soberan�a del Estado pueda� proteger �de los derechos fundamentales de los ciudadanos y arbitrar los conflictos o controversias jur�dicas que puedan surgir, tanto entre partes, como entre ellos y el Estado, en la consecuci�n de la paz social,� ejerci�ndose, en un estado de Derecho. As�, se entiende a la �administraci�n o sistema de justicia: �

El conjunto de normas, instituciones y procesos, formales e informales, que se utilizan para resolver los conflictos individuales y sociales que surgen como consecuencia de la vida en colectividad, as� como las personas que forman parte de dichas instituciones o participan en tales procesos(Rico & Salas, 2015).

Sobre esta base, se reconoce la importancia de la administraci�n de justicia como una condici�n indispensable para crear el marco institucional para la aplicaci�n del Derecho sobre una realidad ciudadana y, donde confluyen distintos elementos y organismos que emprenden diversas iniciativas tendientes a la consecuci�n �o se alcance un adecuada� administraci�n de justicia.

Ahora bien, la declaraci�n de estados de excepci�n y la adopci�n de medidas de emergencia por toda Am�rica Latina y el Caribe, en respuesta a la pandemia de COVID-19, seg�n �(Alvarez, 2020).ha generado un gran impacto en la forma de operar del poder judicial, lo que a su vez afecta la garant�a de los derechos fundamentales y el acceso a la justicia. En este contexto, las decisiones adoptadas por los gobiernos para enfrentar la grave amenaza que se presentaron y se siguen presentando representan como resultado del brote de COVID-19, para la salud de la poblaci�n.

Este hecho ha impactado y suponen un desaf�o para el funcionamiento de los sistemas judiciales �de las naciones y, a los Estados, como ��rganos responsables �de garantizar la justicia a trav�s de su operatividad, lo cual exige generar mecanismos viables para que, en el marco de un escenario pand�mico,� dar cumplimiento, a la justicia, a fin de no socavar� los derechos humanos y las libertades civiles de los ciudadanos. Es importante saber que el aislamiento, tiene sentido como defensa contra el virus, el cual repercute gravemente en la administraci�n de justicia �y por tanto en la garant�a de �sta en los seres humanos y obliga a crear mecanismos apropiados que permitan el acceso a una justicia eficaz en estos tiempos de crisis.

En tal sentido, a decir de, (Islas & D�az, 2016), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha se�alado que es deber de los Estados proveer de recursos internos adecuados y eficaces a los ciudadanos en materia de justicia, lo cual constituye uno de los pilares b�sicos del Estado de Derecho. Este cuadro impone amoldar el proceso que permite garantizar la justicia a las circunstancias del presente y, con el apoyo de las nuevas tecnolog�as, ofrecer a los ciudadanos garant�as de buen funcionamiento y facilitar el acceso a la justicia.

Es as� que, la pandemia de COVID-19 y el consecuente confinamiento han repercutido dr�sticamente en las actividades de uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo Estado de derecho: el acceso a la justicia y por tanto su garant�a, pues en palabras de, (Igreja, 2020), �en todos los pa�ses, los esfuerzos para frenar la propagaci�n del COVID-19 han impactado masivamente el funcionamiento del sistema de justicia. La mayor�a de los casos judiciales son, o ser�n, inevitablemente diferidos, si no paralizados.� Todo lo cual obliga ahora, tal como afirma, (Alvarez, 2020) a implementar mecanismos� apropiados� que� permitan� el� acceso� a� una� justicia��� eficaz en estos tiempo de crisis. En este sentido, como forma de garantizar la justicia en tiempos de pandemia, se han empleado los medios digitales, los cuales se presentan como una alternativa de soluci�n que, sin perder de vista la calidad del resultado, pueden conducir a recuperar el funcionamiento y la accesibilidad a un proceso que permita garantizar la justicia.

Hechas las consideraciones anteriores, el presente art�culo tuvo como objetivo analizar garant�a de la justicia en tiempos de pandemia y la estrategia de la utilizaci�n de las tecnolog�as de la informaci�n y comunicaci�n como una forma de enfrentar los desaf�os que, supone la crisis sanitaria producida por el nuevo coronavirus COVID-19.

 

 

Desarrollo

El brote de COVID-19 ha causado grandes trastornos en el funcionamiento de las sociedades de todo el mundo. Los gobiernos se han visto obligados adoptar medidas extraordinarias, tales como �rdenes de confinamiento, la restricci�n de reuniones p�blicas y la interrupci�n de servicios p�blicos a fin de frenar la propagaci�n del virus y proteger la salud p�blica. Los servicios judiciales son uno de los tantos servicios p�blicos que se han visto afectados por la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19. En toda Am�rica Latina y el Caribe, los tribunales se han visto obligados a interrumpir plazos procesales, suspender juicios y aplazar audiencias. Dichas medidas han repercutido en derechos tales como el derecho a un juicio en un plazo razonable y el acceso a la justicia de manera justa y eficaz, especialmente para las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Es sustancial reconocer claramente que la cuarentena inducida por el COVID-19, ha creado importantes repercusiones en las actividades judiciales, como consecuencia de esto, (Alvarez, 2020, p�g. 12), se�ala que; los� aspectos� procedimentales� afectados� por� la� crisis� han� sido,� b�sicamente, ocho: Actuaciones procesales; declaraci�n de �mbitos jurisdiccionales esenciales; horarios de audiencias; acceso de los ciudadanos; determinaci�n de recursos humanos m�nimos; aplicaci�n de nuevas tecnolog�as para la celebraci�n de audiencias; medidas especiales contra la violencia dom�stica y; protocolos para trabajo con detenidos.

Relacionado con lo anterior, la onda expansiva que ha provocado en varias regiones del mundo las medidas para controlar y evitar la dispersi�n del COVID-19, que incluyen entre otras, tal como subraya, (Lovon, 2020), la declaratoria de estados de emergencia, establecimiento de medidas de aislamiento social o cuarentena, �tienen una repercusi�n directa sobre el ejercicio de distintos derechos humanos. Sobre esta base, los �rganos de los sistemas de protecci�n de derechos humanos, deben abocarse a implementar todas las acciones, medidas y recomendaciones, adem�s de precisar la obligatoriedad que conlleva el ejercicio del respetar los derechos humanos de toda la poblaci�n, especialmente de los grupos m�s vulnerables.

Frente a este panorama, el Centro de Justicia y Paz, (CEPAZ, 2020), ha destacado que el decreto de estado de alarma y su reglamentaci�n no deroga de ning�n modo la legislaci�n ordinaria ni los derechos humanos del individuo, solo restringe determinados derechos y dicha restricci�n debe ser racional y proporcional al hecho. Asimismo, esta instituci�n expresa que: la Convenci�n Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos han coincidido en que hay derechos que no pueden ser suspendidos, como lo son el derecho a la vida, la integridad personal, las garant�as judiciales, entre otros.�(CEPAZ, 2020).

A este prop�sito, para seguir garantizando la justicia de los ciudadanos, en un contexto de confinamiento, los diversos pa�ses a trav�s de sus �rganos rectores, han visto necesario migrar, de manera s�bita y forzosa, a los medios digitales para la prestaci�n de los servicios de justicia de forma remota o a distancia, como un mecanismo viable para que toda persona pueda presentar ante una autoridad sus demanda y exigir su soluci�n, en el marco del goce de todos los derechos humanos de las personas. Bajo esta mirada, la (Carta de Derechos de la Uni�n Europea (UE), 2008), afirma que: �sin acceso a la justicia las personas no pueden ejercer sus derechos.� De este modo, los derechos humanos, representan las exigencias de todos los seres humanos. Ellos condicionan el ejercicio del poder a la realizaci�n de est�ndares materiales que afirmen el respeto por la dignidad humana�(Garate, 2011).

Como caracter�sticas a nivel iberoamericano los plazos procesales han sufrido, con excepciones, una paralizaci�n completa que se ha extendido a los actos administrativos. Aunque se han mantenido operativos algunos sistemas de recepci�n de escritos, presentaci�n de demandas y obtenci�n de certificados, la respuesta general frente al proceso ha sido la suspensi�n. �

Ante esta realidad� los pa�ses de Iberom�rica se han realizado modelos estandarizados, protocolos que garanticen aspectos puntuales tal es el caso de la atenci�n de los derechos fundamentales y la atenci�n de personas vulnerables, elementos claves que permitir�n que, progresivamente se retomen las actividades� judiciales normales, pero que al mismo tiempo ya se cuente con un plan de atenci�n ante posibles eventos similares en naturaleza�(Alvarez, 2020). �Como forma de an�lisis, la crisis en materia de salud parece haber mostrado algunas singularidades estructurales relacionadas con tres factores: las prioridades en el proceso de toma de decisiones, la disponibilidad de medios y recursos aplicables a la administraci�n de justicia y el proyecci�n y realizaci�n de estrategias.

�Muchos pa�ses han habilitado canales telem�ticos de comunicaci�n y acceso que han tenido �xito en cuanto a su puesta en marcha, aunque a�n no se ha estudiado su impacto en la demanda por parte de los ciudadanos y profesionales. La mayor�a de estos canales tiene contenido informativo y pocos permiten llevar a cabo actividad de gesti�n procesal.

Ante lo dilucidado, de acuerdo con el Informe del Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC, 2020), en la regi�n de Am�rica Latina y el Caribe (ALC), el poder judicial recurri� a herramientas de justicia digital para garantizar que los tribunales siguieran funcionando durante la pandemia. As� mismo, alude el informe, elaborado por este organismo que en ALC: surgieron dos modelos de justicia digital, a saber:

1.      En aquellos casos en que el poder judicial ya contaba con un modelo de justicia digital, �ste se continu� empleando durante la pandemia o el uso del modelo existente se ampli�.

2.      Otros pa�ses introdujeron por primera vez las herramientas de justicia digital durante la pandemia

Siguiendo con (ILAC, 2020), pa�ses como Argentina, Chile, Brasil (en algunos estados) y M�xico (en algunos estados) tuvieron su transici�n a la justicia digital hace a�os. As�, los sistemas electr�nicos facilitaron la posibilidad para tramitar juicios en l�nea, incluida la presentaci�n de demandas, notificaciones, firmas electr�nicas, archivos electr�nicos, etc. Tambi�n, rese�a el informe, dispon�an de algunos instrumentos de justicia digital antes de la pandemia, como equipo para audiencias virtuales, la posibilidad de presentar informes periciales a distancia en casos donde las personas no pod�an participar personalmente (por ejemplo, casos de personas que se encontraban en una c�rcel remota, casos relacionados con menores, protecci�n a v�ctimas, etc.) y notificaciones por correo electr�nico. (ILAC, 2020).

Sin embargo, a nivel �de Latinoam�rica,�(Arellano, Cora, & Sucunza, 2020) consideran que al problema del no uso generalizado de las TICs para la prestaci�n del servicio o su gesti�n, se suma otra dificultad: el servicio ha sido concebido para prestarse f�sicamente desde los tribunales. Por lo tanto, el teletrabajo ha sido un problema porque exige capacidades institucionales con las cu�les no se cuenta. Esto es en cuanto a la capacidad operativa, pero tambi�n destrezas funcionales.

Para estos mismos autores, resulta indispensable un "Plan de Actualizaci�n de los Sistemas de Justicia� para instalarse adecuadamente en el nuevo escenario que se presentar�, una vez que se supere la emergencia sanitaria. Es el momento de emplear la tecnolog�a para transformar los sistemas de justicia, ahora desde la perspectiva de las necesidades a resolver, el mayor acceso a la justicia y la profundizaci�n de los principios y est�ndares declarados al implementarlos.

Durante la gesti�n de la crisis en el �mbito judicial �y como forma de garantizar la justicia �se han aplicado soluciones inform�ticas a dos necesidades, por un parte, la gesti�n del trabajo interno, referida a la documentaci�n requerida por los jueces y a la gesti�n electr�nica de los expedientes,� para lo cual se ha conseguido en Iberoam�rica que, all� donde el expediente digital ya estaba en funcionamiento, el trabajo telem�tico de los funcionarios ha supuesto un complemento muy eficaz a salvo de los problemas derivados de la falta de equipos y computadoras disponibles en el domicilio particular. La necesidad de bibliotecas virtuales y colecciones de jurisprudencia de la misma naturaleza, se ha revelado indispensable.

En relaci�n a la segunda necesidad se encuentra �la gesti�n del acceso externo, referido a las necesidades de informaci�n de la ciudadan�a y de los operadores jur�dicos con relaci�n a los expedientes judiciales y otros datos requeridos por los usuarios de la justicia. En este sentido, se ha constatado que las p�ginas web institucionales, los correos electr�nicos y las aplicaciones espec�ficas han dado un buen resultado y constituir�n, muy probablemente, una alternativa de futuro a los tradicionales registros.

Ahora bien, desde los Poderes Ejecutivos y muy especialmente desde los Ministerios de justicia, se han dictado multitud de normas relacionadas con la forma de hacer alcanzable la garant�a de Justicia. En todos los casos ha dependido de las competencias atribuidas a los Gobiernos y al Poder Judicial respectivamente que, alg�n caso, han resultado ser coincidentes y han generado algunas dificultades de coordinaci�n.

A corto plazo, los principales retos para los poderes judiciales� Latinoamericanos pueden ser:

�  El proceso que permita retomar la actividad ordinaria de forma segura, previendo nuevos confinamientos que tendr�an grave impacto en la actividad jurisdiccional, y poniendo en pr�ctica cuanto antes medidas sanitarias que permitan� recuperar y normalizar lo antes posible la actividad judicial.

�  Definir planes estrat�gicos para la administraci�n de justicia en contexto de crisis sanitaria o ante la probabilidad de nuevos crecimientos en la curva de contagios. Los planes deben ser delimitados, flexibles y estructurados por etapas a las que correspondan diferentes intensidades y formatos de trabajo o protecci�n. Se tratar�a de un esquema por niveles modulado, claro, comprensible y bien comunicado, en el que se definan los comportamientos esperados y restricciones impuestas seg�n el grado de alerta.

Ahora bien, concretamente en Ecuador, al Estado le corresponde tomar en cuenta estas recomendaciones, para as�, no desatender las obligaciones de derechos humanos que tiene consagrados en la Constituci�n, �como eje central del Sistema de administraci�n de justicia y que, a decir de, (Aguirre, 2012), este se legitima, finalmente, cuando jueces y juezas brindan una tutela efectiva y adecuada, que sea adem�s accesible a todas las personas, art. 75 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador.

Para autores como (Arellano, Cora, & Sucunza, 2020) la crisis provocada por el Covid-19 ha� provocado cambios econ�micos y sociales que tendr�n efectos a medio y largo plazo, y conducir�n a una inevitable transformaci�n �de las formas de garantizar la justicia. Es importante, a estos efectos, compatibilizar el enfoque defensivo de conservaci�n y recuperaci�n de la actividad jurisdiccional existente, con un enfoque proactivo de futuro, apoyando los esfuerzos de recuperaci�n con el apoyo a los poderes judiciales en su proceso de adaptaci�n a los cambios estructurales que pueden tener lugar, anticip�ndose a los mismos y desarrollando nuestras fortalezas como elementos impulsores del proceso. Por ello, es plausible que se desarrolle un modelo de relaci�n m�s digital, transformar y adaptar la administraci�n de justicia, crear confianza entre los distintos operadores jur�dicos y los ciudadanos para mejorar su percepci�n, atraer su colaboraci�n y participaci�n y gestionar los riesgos futuros.

Enmarcado con lo anterior y tomando en consideraci�n el escenario pand�mico, en Ecuador, como sostiene, (Briones, 2020), se ha planteado una posible soluci�n para poder reactivar la actividad judicial a trav�s de la utilizaci�n de herramientas tecnol�gicas que busca garantizar el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, cumpliendo con el Art.75� de la Constituci�n de la Rep�blica. Adicional a esto, tambi�n subraya (Briones, 2020) que:

La justicia digital tienen como misi�n fundamental garantizar el debido proceso consagrado en el Art. 76 de la Constituci�n y otros derechos conexos como el� derecho a la acci�n, el ejercicio de la defensa y contradicci�n, la pr�ctica y contradicci�n probatoria, el derecho a impugnar las decisiones judiciales, a la segunda instancia, etc.

En l�nea con todos estos planteamientos, resulta relevante el pronunciamiento de la Corte Constitucional, m�ximo organismo de administraci�n de justicia en materia constitucional del Ecuador, con fecha 19 de marzo de 2020, quien procede a emitir el dictamen de constitucionalidad sobre el Decreto No. 1017, recalcando deber� precautelarse el uso de los medios tecnol�gicos para monitorear el cumplimiento de las restricciones de los derechos fundamentales para evitar sus abusos. (P�ez, 2020).

Es importante considerar que �la aplicaci�n masiva y casi imperiosa de las nuevas tecnolog�as a la administraci�n de justicia puede generar riesgos que deben ser anticipados y evaluados cuidadosamente. No est� claro a�n en qu� medida resultar�n afectados los tradicionales principios procesales de oralidad, inmediaci�n, concentraci�n, preclusi�n, igualdad de las partes ante el proceso, derecho a la defensa y publicidad, unidos a los nuevos principios aplicables a una justicia democr�tica avanzada como la necesaria inclusividad, la participaci�n, la mejora del acceso para grupos vulnerables y la escrupulosa observaci�n de un comportamiento �tico. Ser� imprescindible analizar con mucho cuidado todos estos principios y redefinirlos para su aplicaci�n en un nuevo escenario que generar� peligros de involuci�n, y habr� que crear un equilibrio entre las imprescindibles garant�as procesales y los cambios que aportan las nuevas tecnolog�as.

 

Conclusi�n

La pandemia ha actuado como un importante catalizador para poner en marcha procesos de modernizaci�n de los servicios de justicia y, de esta experiencia, surgir� un nuevo paradigma y una nueva oportunidad para mejorar y estrechar la relaci�n entre los ciudadanos y la Justicia. En todo caso, tambi�n se trata de adaptar el proceso vigente de administraci�n de justicia a las exigencias de la sociedad de siglo XXI, a trav�s de la utilizaci�n de las nuevas tecnolog�as y, de cara al futuro postpandemia, estar �preparado para lo que se ha dado a denominar la nueva �normalidad�.

La incorporaci�n de las nuevas tecnolog�as al �mbito jurisdiccional se vislumbra, pues, como inevitable e inminente y no solo porque hayan mostrado su eficacia en tiempo de la pandemia sin o porque ser�n imprescindibles para acometer una reanudaci�n de la actividad con una previsible y descomunal sobrecarga de trabajo.

Consolidar el uso de estas herramientas inform�ticas se ha convertido en una necesidad ineludible, tanto para la gesti�n interna como para garantizar la colaboraci�n del ciudadano en una justicia definitivamente participativa y responsable que se requerir� una vez que se supere la emergencia sanitaria. Es el momento de emplear la tecnolog�a para transformar los sistemas de justicia, ahora desde la perspectiva de las necesidades a resolver, garantizando un mejor acceso a la justicia acompa�ado de una profundizaci�n en los principios y est�ndares declarados al implementarlos

Es imperativo y necesario profundizar una transformaci�n digital del sistema de administraci�n de justicia, orientada a mejorar el acceso a la justicia de todas las personas y, de conformidad con lo establecido en la Constituci�n de cada naci�n, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, ente otros estamentos, mediante la utilizaci�n de las diferentes tecnolog�as para reformular y mejorar el servicio que se presta en materia de administraci�n de justicia al ciudadano que as� lo requiere y en el marco de las� obligaciones de derechos humanos.

 

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