Las Redes de Apoyo Social Como Mecanismo de Prevención en la Violencia de Género

   

Social Support Networks as a Gender Violence Prevention Mechanism

 

Redes de Apoio Social como Mecanismo de Prevenção da Violência Baseado no Género

 

	Verónica Alexandra Piloso-Moreira I alexpiloso@yahoo.com https://orcid.org/0000-0001-5089-7045

 

 

 

Daniel Castro-Aniyar II danielcastroaniyar@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-0439-7773

 

 

 

 

   

 

 

Correspondencia: alexpiloso@yahoo.com    

  

 

Ciencias Técnicas y Aplicadas   

Artículo de Investigación

 

 

*Recibido: 04 de enero de 2022 *Aceptado: 31 de enero de 2022 * Publicado: 25 de febrero de 2022

 

 

1. Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, Magíster en Derecho Internacional Privado. Docente Titular auxiliar, Profesora de la Carrera de Derecho de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador.
2. Sociólogo (LUZ), Estudios en Antropología cultural, (Université de Montréal ), Máster DEA en Ciencia Políticas (UCM), Máster DEA en Antropología Social (EHESS Paris), PhD en conflicto y pacificación (UCM), Doctor Phd en Criminología, Docente Titular Principal, Profesor de la Carrera de Derecho de la Universidad  Laica Eloy Alfaro de Manabí, Presidente de la Comisión de Investigación de Derecho, ULEAM-CENDEPEACE,  Manta, Ecuador.

Resumen  

El presente ensayo tiene como propósito reflexionar sobre las Redes de Apoyo Social como mecanismo de en la violencia de género. Se ha encontrado que la violencia de género contra las mujeres se expresa de forma física, sexual, sicológica y patrimonial; se da en un marco de relaciones de poder y principalmente por personas cercanas donde 6 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia de género; 1 de cada 4, violencia sexual; y, la más recurrente, es la violencia psicológica con un 53,9%. En Ecuador  se registra una tasa de 205 homicidios por cada 100.000 mujeres por lo que es importante fortalecer los marcos normativos para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia de género combatiendo el femicidio con determinación. Sin duda, las redes de apoyo social pueden aportar elementos para prevenir la violencia de género en Ecuador, haciendo de estas un espacio donde predomine la solidaridad con las múltiples familias y mujeres que están sufriendo este tipo de abuso en sus vidas. De este modo, las redes de apoyo social tienen su razón de ser en la actualidad en la República del Ecuador, dado el incremento de los diferentes tipos de delitos por violencia de género que, de acuerdo a las estadísticas ya referidas anteriormente, han venido sufriendo un considerable incremento.

Palabras clave: redes de apoyo; violencia de género; prevención

 

Abstract

The purpose of this essay is the Social Support Networks as a Mechanism for the Prevention of Gender Violence. It has been found that gender violence against women is expressed in physical, sexual, psychological and patrimonial forms; it occurs in a framework of power relations and mainly by people close to them, where 6 out of 10 women have experienced some type of gender violence; 1 out of 4, sexual violence; and the most recurrent is psychological violence with 53.9%. In Ecuador there is a rate of 205 homicides per 100,000 women, which is why it is important to strengthen the regulatory frameworks for the prevention, care, punishment and reparation of gender-based violence by combating femicide with determination. Undoubtedly, social support networks can contribute elements to prevent gender-based violence in Ecuador, making them a space where solidarity with the many families and women who are suffering this type of abuse in their lives predominates. In this way, social support networks have their raison d'être in the Republic of Ecuador today, given the increase in the different types of gender violence crimes which, according to the statistics referred to above, have been suffering a considerable increase.

Keywords: support networks; gender violence; prevention.

 

Resumo

O objectivo deste ensaio são as Redes de Apoio Social como Mecanismo para a Prevenção da Violência de Género. Verificou-se que a violência de género contra as mulheres é expressa física, sexual, psicológica e patrimonialmente; ocorre num quadro de relações de poder e principalmente por pessoas próximas, onde 6 em cada 10 mulheres sofreram algum tipo de violência de género; 1 em cada 4, violência sexual; e a mais recorrente é a violência psicológica com 53,9%. No Equador há uma taxa de 205 homicídios por 100.000 mulheres, razão pela qual é importante reforçar os quadros regulamentares para a prevenção, cuidados, punição e reparação da violência baseada no género, combatendo com determinação o femicídio. Sem dúvida, as redes de apoio social podem contribuir com elementos para prevenir a violência baseada no género no Equador, fazendo delas um espaço onde predomina a solidariedade com as muitas famílias e mulheres que sofrem este tipo de abuso nas suas vidas. Desta forma, as redes de apoio social têm hoje a sua razão de ser na República do Equador, dado o aumento dos diferentes tipos de crimes de violência de género que, de acordo com as estatísticas acima referidas, têm vindo a sofrer um aumento considerável.

Palavras-chave: redes de apoio; violência de género; prevenção.

 

Introducción

La violencia de género es considerada como cualquier agresión contra una persona por causa de su género, sea hombre o mujer. Al respecto (Bodelón, 2015) destaca “la violencia de género se produce en un marco de desigualdad, no se refiere exclusivamente a las mujeres, también puede ser experimentada por hombres y personas de diferente identidad de género”. Sin embargo, se suele usar como un término para denotar la violencia contra las féminas porque es una problemática que afecta principalmente a las mujeres. Todo lo cual, es un reflejo de la asimetría existente en las relaciones de poder entre hombres y mujeres (Bodelón, 2015).

En línea con lo anterior, (Meza, 2019) en su disertación indica que la violencia de género es un problema social que afecta a diferentes clases sociales y culturales que tiene repercusión en la esfera mental de las víctimas, que por lo general, suelen ser mujeres. En atención a lo expuesto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) ha señalado que la violencia contra la mujer, constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres, donde la mayor parte de las veces el agresor es la pareja.

Esta misma institución de corte internacional, también denota que el flagelo de la violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres, siendo que, en todo el mundo, casi un tercio (27%) de las mujeres de 15 a 49 años, han sufrido algún tipo de violencia física y /o sexual por su pareja (OMS, 2021). Se ha establecido que la desigualdad de género y la aceptabilidad normativa de la violencia contra la mujer son causas profundas de este problema (OMS, 2021).

En el caso concreto del Ecuador, contexto de esta indagación, la Fiscalía General del Estado (FGE, 2020), da cuenta de que 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia en algún ámbito a lo largo de su vida. Vinculado a lo anterior (Olalla & Toala, 2020), ofrecen los siguientes datos “en el Ecuador, seis de cada diez mujeres sufre algún tipo de violencia, lo que repercute en varios aspectos de su vida como en su estado emocional, desempeño laboral o relaciones interpersonales” (p.1).

En esta misma dirección, desde diversas fuentes informativas se reafirma que en los últimos tiempos, la violencia de género en la nación ecuatoriana ha ido experimentando un aumento. Así, en el reporte de la (Fundación Aldea , 2021) se tipificó al Ecuador como el segundo país con mayor cantidad de feminicidios totales en América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia, las cifras apuntan que; 172 las mujeres y niñas  murieron violentamente por razones de género en Ecuador desde el primero de enero hasta el 15 de noviembre de 2021, estos datos representa:103 feminicidios (60,4%), 7 transfemicidios (4,1%) y 62 muertes violentas de mujeres por delincuencia organizada, que tienen un componente feminicida y de género (Fundación Aldea , 2021).

Desde esta perspectiva, se reconoce como fundamental el hecho de que la eliminación de la violencia contra la mujer es una suprema necesidad en la sociedad actual a escala mundial, y en especial en el territorio ecuatoriano en áreas de preservar la vida y salud de las víctimas, y en este cometido las redes de apoyo social pueden convertirse en mecanismo de prevención de la violencia de género. De conformidad con esto, (Aranda & Pando, 2013) han manifestado que las redes de apoyo social son las instancias que moderan conductas de apoyo entre las personas, sean de tipo material, instrumental, emocionales, etc., todos ellos son intercambios que influirán en el grado de satisfacción de las necesidades de las personas.

Al momento de la creación del concepto en su acepción de apoyo social por (Lin, 1986) alude a las provisiones de tipo instrumental o expresivo que la comunidad, las redes sociales y las personas con las que se establecen vínculos cercanos y de confianza proporcionan a los individuos de su comunidad. A lo largo del desarrollo de indagaciones de tipo social, (Aranda & Pando, 2013) plantean que “son numerosos son los conceptos y abordajes que se han propuesto en el estudio del apoyo social como de las redes de apoyo social, así como del empleo de algunos de estos conceptos para relacionar bien sea el apoyo social o las redes de apoyo social a las condiciones de salud y su importancia en el papel protector de la misma” (p. 233)

De este modo, las evidencias demuestran que las personas, como seres sociales siempre han venido retomando los imperativos de la realidad que les impacta y, en consecuencia establecen asociaciones o agrupaciones en la búsqueda de la solución más efectiva para la problemática que afecta su entorno, en el caso que ocupa este estudio se toma en consideración las actividades de este tipo de organización que están en estrecha relación con la atención de las mujeres vulneradas por la violencia de género en el Ecuador.

Lo señalado conduce a exponer en el Ecuador, diversas instituciones públicas y privadas, así,  como organizaciones sin fines de lucro, han procurado la creación de redes de apoyo social para guiar a los procesos administrativos y judiciales que deben realizarse en razón del juzgamiento de los delitos originados por esta situación, en razón de la necesidad de evitar el incremento de la violencia de género en el país, dando lugar que se identifique a las redes de apoyo social como un elemento importante para evitar la violencia de género.

En los marcos de las observaciones anteriores, el objetivo de la presente indagación fue realizar un análisis reflexivo sobre las redes de apoyo social como mecanismo de prevención de la violencia de género, haciendo esta valoración en el ámbito ecuatoriano.

 

Desarrollo

Sin duda, las redes de apoyo social pueden aportar elementos para prevenir la violencia de género en Ecuador, haciendo de estas un espacio donde predomine la solidaridad con las múltiples familias y mujeres que están sufriendo este tipo de abuso en sus vidas. De este modo, las redes de apoyo social tienen su lugar de ser en la actualidad en la República del Ecuador, dado el incremento de los diferentes tipos de delitos por violencia de género que, de acuerdo a las estadísticas ya mencionada en párrafos anteriores, han venido sufriendo un considerable incremento.

Es importante aquí, indicar que en el país ecuatoriano, bajo el interés de actuar hacia lo que le corresponde como nación se vienen gestando desde diversas organizaciones de índole pública, y privada, sin fines de lucro, entre otras, mecanismos que le permitan interrumpir, minimizar o erradicar el flagelo de la violencia de género del suelo ecuatoriano.

Cada vez más, queda evidenciado la importancia que supone el soporte que brindan las redes de apoyo social para las mujeres que viven o vivieron situación de violencia de género, en virtud de que, tal como expresa, (Flores, 2015) estos recursos extienden los lazos sociales, aportan apoyo psicológico, material y asistencia física, lo que facilita generar cambios en las decisiones tomadas para mejorar su calidad de vida de estas personas.

En otras instancias, se indica que el apoyo social es un elemento indispensable para superar problemas, no solo de salud (Feldman et al, 2008), sino también para superar situaciones de violencia (Hage, 2006). Otro punto a considerar en relación con el tema, es que en el devenir del tiempo se han incorporado otros modelos teóricos, entre ellos el ecológico, para explicar la importancia de las redes en el logro del bienestar individual (Estrada, Herrero, & Rodríguez, 2012). Desde el modelo ecológico, (Gracia, Herrero, & Musitu, 2002) distinguen dos tipos de apoyo social: el formal, otorgado por instituciones gubernamentales o no gubernamentales especialmente dirigidas a prestar servicios, y el apoyo informal, procedente de la red familiar, del conjunto de pares o el otorgado por algunos miembros de la comunidad.

Dentro del conjunto de instituciones públicas gubernamentales que intervienen en las redes de apoyo en el territorio ecuatoriano se encuentran las denominadas Unidades de Policía Comunitaria (UPC), la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio público, Colegios de Profesionales, Organizaciones sin fines de lucro, entre otras,  las mismas que toman conocimiento de los hechos en razón de su competencia y la gravedad del hecho que puede configurarse, según la normativa nacional del Código Integral Penal como una contravención o un delito y, en consecuencia pueden disponer de todos los recursos que a bien consideren para actuar y establecer las responsabilidades correspondientes.

Es menester subrayar que, la intervención que realizan las instituciones públicas a través de las redes de apoyo está dirigida a orientar a la víctima una vez que se ha realizado o configurado el delito. Por otro lado, las organizaciones sin fines de lucro van más en la línea de garantizar la prevención y protección a través del seguimiento mediante la intervención de actores sociales aglutinados en diversidad de especialistas para la atención multidisciplinar de la víctima de violencia de género. La prevención primaria, que busca “intervenir para prevenir” la violencia antes de que ocurra, es considerada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la clave para fortalecer la seguridad humana y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas (ONU, 2015).

América Latina

Ampliando el panorama, en América Latina y el Caribe se conformó la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, cuya  misión estriba en trabajar por la protección de los derechos de las mujeres, niñas y diversidades (D’Angelo, 2020). Está conformada por 26 organizaciones civiles de diferentes países de la cual Ecuador forma parte a través de las organizaciones: Alianza para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador; Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo ALDEA; Taller de Comunicación Mujer; Red Nacional de Casas de Acogida Ecuador; Movimiento de Mujeres La Merced; CEDHU y Movimiento de Mujeres de El Oro (D’Angelo, 2020).

Desde la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, se formulan estrategias para unificar definiciones a nivel regional, teniendo en consideración las particularidades de cada territorio y elaborar acciones co-construidas con impacto regional y local en la búsqueda por frenar este flagelo (D’Angelo, 2020).

Comisarías de la Mujer en América Latina

En otra visión, para atacar el problema de la violencia en la región y las víctimas puedan acceso a la justicia y lograr la eliminación de la violencia para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos ciudadanos se crearon las Comisarías de la Mujer en América Latina en el propósito de que funcione como una puerta para detener la violencia y acceder a la justicia. Comisarías de Mujeres tienen un mandato de prevención y trabajo desde una perspectiva de género (Carrington et al, 2019).

Siendo uno de sus mayores aportes es contribuir a colocar a la violencia en la agenda pública y ser un referente y una alternativa importante para las mujeres que quieren salir de la violencia mediante la vía policial-judicial. En tal sentido, (Carrington et al, 2019) han señalado que las Comisarías de Mujeres desempeñaron un papel tanto en la legitimación del estado de derecho democrático, como en la ampliación en el acceso a la justicia por parte de las mujeres (...). Adicionalmente estos autores añaden que las mismas han mejorado el acceso de las mujeres a la justicia, así como su disposición a denunciar, incrementaron las probabilidades de condena y ampliaron el acceso a una variedad de otros servicios, tales como: servicios de salud, asesoramiento legal, financiero y ayuda social (Carrington, y otros, 2019)..

En varias Comisarías de Mujeres se han organizado grupos de apoyo para mujeres (...) en principio, las mujeres son guiadas para recuperar su autoestima y capacidad de decisión, esto ayuda a que pierdan el miedo (...) el contacto es permanente. El grupo de mujeres ayuda a no sentirse solas, a sostener la decisión de denunciar o alejarse (Carrington, y otros, 2019).

Enmarcado en lo anterior, en el Ecuador en 1994 se crearon las primeras Comisarías de la Mujer y la Familia (CMF) como instancias especializadas de administración de justicia con un modelo de atención integral a las usuarias, orientado a prevenir, atender, juzgar y sancionar la violencia intrafamiliar, particularmente la ejercida contra las mujeres en el ámbito de sus relaciones personales y/o afectivas (Quintana et al, 2014).

Siguiendo con las aportaciones de (Quintana et al, 2014) en la actualidad se cuenta con 30 Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia, en 24 cantones de 19 provincias del país, integradas por 79 juezas y jueces de primer nivel, especializados en la materia, con competencia cantonal. Es menester subrayar que, las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia, disponen de un modelo de gestión que proporciona un conjunto de definiciones, principios, funciones, protocolos, perfiles profesionales y demás lineamientos para brindar un servicio de calidad a las personas que son víctimas de la violencia intrafamiliar.

Es justo decir, en base al grueso de la información consultada que desde hace unos cuantos  años, se han venido acometiendo acciones para erradicar definitivamente el grave problema de la violencia de género, tanto a nivel de la región de América Latina y el Caribe y de forma particular en Ecuador, se han conformado instancias centradas en abordar esta perniciosa situación, ciertamente el problema continua, pero también en todo el país, con mayor énfasis se lucha día a día para hacer de este país un mejor  lugar para sus habitantes y de manera especial para las mujeres, teniendo en cuenta la premisa del Buen Vivir.

Es importante considerar que, en un trabajo realizado por  (Guedes, García, & Bott, 2014) las encuestas de diez países, se preguntaba a las mujeres acerca de la aceptabilidad de pegarle a la esposa en circunstancias particulares, como descuidar a los niños o las tareas domésticas, negarse a tener relaciones sexuales, salir sin decírselo a su esposo y otras. El porcentaje de mujeres que estaban de acuerdo en que es justificado pegarle a la esposa por al menos una circunstancia varió ampliamente según el país. Por ejemplo, entre 2008 y 2009, un 2.9% de las mujeres en Jamaica lo aceptaba, en comparación con un 38.2% en Ecuador en 2004.

Por otra parte, la prevalencia de la violencia contra las mujeres es metodológicamente difícil de medir, por lo tanto la creación de redes de apoyo también lo es. Puede ser que las mujeres no se refieran a situaciones de violencia por vergüenza o temor a represalias, y lo bien capacitadas que estén las entrevistadoras influye en gran medida en las cifras de revelación. Por lo anterior, es muy probable que estas estimaciones sean inferiores a la prevalencia real en esos entornos. Asimismo, porcentajes importantes de mujeres de todos los grupos socioeconómicos informan que han sufrido violencia por parte de un esposo o compañero, pero los factores sociodemográficos varían según el país.

Esta situación exige a los tomadores de decisiones de Latinoamérica y el Caribe debe darle mayor prioridad a la prevención de la violencia contra las mujeres y los niños, ante la prevalencia extendida de esa violencia y sus consecuencias negativas en la salud, la economía y los derechos humanos. Además, es necesario mejorar la respuesta de las instituciones clave en todos los sectores. Las mujeres que viven hechos de violencia en Latinoamérica y el Caribe no siempre buscan ayuda, a menudo porque no saben adónde ir o no confían en que recibirán una ayuda eficaz, compasiva y confidencial.

Un paso esencial para prevenir la violencia en la región es enfrentar las normas y las actitudes que respaldan la desigualdad de género, que aprueban la violencia contra las mujeres o la consideran como asunto “privado”. Esas normas están generalizadas en muchas partes de la región y pueden disuadir a las mujeres de solicitar ayuda o desalentar a los miembros de la familia y la comunidad a ayudar a quienes sufren maltrato. Cambiar estas normas y actitudes puede contribuir a la prevención y a la respuesta a la violencia contra las mujeres, así como a promover más ampliamente la igualdad de género.

 

 

Violencia de género en Ecuador, mecanismos y políticas.

Ahora bien, en el caso de Ecuador, según el  (Senplades, 2013)  el Estado  en su constitución está contemplado  generar “las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieren consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.

Sin embargo, a pesar de lo anterior en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia de género y 1 de cada 4 ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Varias han sido las problemáticas que las organizaciones y colectividades constituidas alrededor de la defensa de los derechos de este grupo poblacional han posicionado y trabajado desdelo público: demandas por mecanismos de protección de los derechos.

 

 

El Estado ha propuesto crear un Subsistema Integral de Información de Vulneración de Derechos, dentro del Sistema Nacional de Información (SNI), con registro único interinstitucional sobre violencia y discriminación de género, intergeneracional, étnico-racial, por discapacidad y por condición de movilidad humana, para la evaluación, la generación de conocimientos y la formulación de políticas públicas. Así como también, generar e implementar un sistema integral de referencia de víctimas de violencia, maltrato, abuso y otras formas de vulneración de derechos, con pertinencia cultural y énfasis en niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, adultos mayores y personas con discapacidad. Por último, generar e implementar el Subsistema Integral de Información de Vulneración de Derechos, dentro del Sistema Nacional de Información, como un mecanismo de observancia especializado que contemple el registro, monitoreo y seguimiento de casos de vulneración de derechos, para garantizar la adaptación y progresividad en la formulación de políticas públicas intersectoriales considerando el principio de igualdad y no discriminación. (Ver ilustración 2)

 

Ahora bien, como forma de realizar un monitoreo de la situación particular que sucede en torno a  la prostitución en Ecuador y particularmente en Manta, se tiene que,  se ha creado lo que se denomina como Mapas Cognitivos Compuestos o MCC, definidos por (Mendoza, y otros, 2018)  los cuales son un instrumento innovador creado con el fin de diagnosticar el análisis territorial del delito (fuente análisis del delito) más adecuadamente a los fines de la criminología del lugar y el modelo del problem oriented policing y, a partir de él, diseñar políticas públicas orientadas a la reducción del delito en zonas consideradas con alto riesgo de victimización (todas las fuentes de MCC). La investigación empírica disponible revela que los datos interterritoriales recolectados son más fidedignos y reales con base en la situación delictiva, que otros métodos criminométricos tradicionales como la denuncia administrativa y las encuestas de victimización

Los mapas cognitivos compuestos benefician a los agentes policiales en sus investigaciones criminológicas permitiendo una relativamente mejor orientación en la identificación patrones delictuales, situaciones y oportunidades delictivas, y logrando tener una visión más amplia sobre la dimensión de los delitos cometidos en un área territorial, y así prevenir el crimen en estas zonas conflictivas. Esta estrategia parece tener la cualidad de poder fortalecer el servicio de proximidad policial

Otros autores (CASTRO, 2003)señalan que los mapas cognitivos compuestos benefician a los agentes policiales en sus investigaciones criminológicas permitiendo una relativamente mejor orientación en la identificación patrones delictuales, situaciones y oportunidades delictivas, y logrando tener una visión más amplia sobre la dimensión de los delitos cometidos en un área territorial, y así prevenir el crimen en estas zonas conflictivas. Esta estrategia parece tener la cualidad de poder fortalecer el servicio de proximidad policial así como de sistematizar la observación de campo que realiza tanto el agente como la agencia de seguridad en general.

Contextualizando esta investigación se tiene que, como estrategia para identificar en el Centro de Manta la prostitución, valiéndose de este recurso, se inició la aplicación de MCC alrededor de los tres territorios indicados, a saber: Bancos Guayaquil y aledaños (hasta 4 cuadras desde la costa)”, “Kioskos de la Portuaria” y “Costa detrás de las Letras de Manta” mediante la estrategia de “atenazamiento”. Esto es, los investigadores recogieron información alrededor de los núcleos espaciales usuales de la prostitución con varios propósitos, para ello en primera instancia, se evitó exponer a los investigadores al peligro relacionado a los mecanismos de defensa por parte del negocio de la prostitución, y al mismo tiempo, detectar personas (víctimas, testigos especiales, actores del en juego…) que identifiquen información relevante del entorno de la prostitución, antes de ingresar a él.

 

Conclusiones

La violencia de género contra las mujeres se expresa de forma física, sexual, sicológica y patrimonial; se da en un marco de relaciones de poder y principalmente por personas cercanas (familiares, parejas, amistades; un sesenta por ciento, es decir 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género; 1 de cada 4, violencia sexual; y, la más recurrente, es la violencia psicológica con un 53,9%22. En el país se registra una tasa de 2.05 homicidios por cada 100.000 mujeres por lo que es importante fortalecer los marcos normativos para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia de género combatiendo el femicidio con determinación.

Sin duda, las redes de apoyo social pueden aportar elementos para prevenir la violencia de género en Ecuador, haciendo de estas un espacio donde predomine la solidaridad con las múltiples familias y mujeres que están sufriendo este tipo de abuso en sus vidas. De este modo, las redes de apoyo social tienen su lugar de ser en la actualidad en la República del Ecuador, dado el incremento de los diferentes tipos de delitos por violencia de género que, de acuerdo a las estadísticas ya mencionada en párrafos anteriores, han venido sufriendo un considerable incremento.

Ahora bien, es importante considerar que el Estado busca garantizar “Derechos para todos durante toda la vida”, establece la protección de las personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e interculturalidad, plantea la erradicación de la pobreza y de todo tipo de discriminación y violencia, y garantiza los derechos de la naturaleza.

Del mismo modo, se busca garantizar el acceso a la justicia, la erradicación de la violencia de género y la atención integral a sus víctimas serán garantizados: “ni una menos”. Se verán avances para alcanzar la corresponsabilidad en el trabajo del cuidado y la sostenibilidad de la vida, coadyuvando a la autonomía y la participación de las mujeres en otras esferas. Se impulsará la paridad de género y la igualdad en el acceso a cargos directivos en el sector público y privado, con medidas de acción afirmativa.

El imperativo de eliminar el machismo, el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación y violencia, para lo cual se necesita de políticas públicas y servicios que aseguren disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad.

Hablar de una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas-y tal como lo indica la Constitución de la República (Art. 66)- implica también garantizar a las personas el derecho a la integridad personal, lo cual incluye: a) la integridad física, psíquica, moral y sexual b) una vida libre de violencia en el ámbito público y privado; así como la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con identidad de género y/u orientaciones sexuales diversas, personas adultas mayores, con discapacidad, portadoras de VIH y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

 

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