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El Factor Temporalidad en la Presentaci�n de la Acci�n de Protecci�n como Requisito de Admisibilidad

 

The Time Factor in the Submission of the Protective Action as a Requirement for Admissibility

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O Fator Temporalidade na Apresenta��o da A��o Protetiva como Requisito de Admissibilidade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: pporras@umet.edu.ec

 

 

Ciencias T�cnicas y Aplicadas ��

Art�culo de Revisi�n ��

 

 

*Recibido: 01 de octubre de 2021 *Aceptado: 20 Noviembre de 2021 * Publicado: 30 de Diciembre de 2021

 

 

 

         I.            Abogado Abogada de los Tribunales y Juzgados de la Rep�blica del Ecuador UTMACH, Mag�ster en Derecho Penal con menci�n en Derecho Procesal Penal UCE, Doctorante en la Universidad Cat�lica de Argentina, Docente en Carrera de Derecho de Universidad Metropolitana Sede Machala, Machala, Ecuador.

       II.            Abogada de los Tribunales de Justicia de la Rep�blica y Licenciada en Ciencias Pol�ticas y Sociales por la Universidad Estatal de Cuenca, Master en Gesti�n P�blica Avanzada por la Universidad de Barcelona, Docente en Carrera de Derecho de Universidad Metropolitana Sede Machala, Machala, Ecuador.

     III.            Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Rep�blica del Ecuador UTMACH, Especialista en Derecho Procesal Penal UNIANDES, Magister en Investigaci�n en �rea de Derecho Constitucional UASB, Doctorando en Derecho UASB. Docente en Carrera de Derecho de Universidad Metropolitana Sede Machala, Machala, Ecuador.

    IV.            Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Rep�blica del Ecuador por la Universidad de Guayaquil, Magister en Fiscalidad Internacional por la Universidad de la Rioja, Espa�a. Docente en Carrera de Derecho de Universidad Metropolitana Sede Machala, Machala, Ecuador.

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Resumen

El presente trabajo expone una visi�n cr�tica de la legislaci�n comparada en relaci�n con nuestro pa�s, en lo referente a lo que para otros pa�ses latinoamericanos supone como requisito de admisibilidad la inmediatez entre la presentaci�n a la acci�n y la vulneraci�n de los derechos constitucionales o t�rmino para la interposici�n de la acci�n de protecci�n, situaci�n que en comparaci�n es distinta en nuestro pa�s, pues, el plazo para la interposici�n de esta acci�n no est� expl�citamente definido, anomia que ha sido resuelta por la Corte Constitucional con una visi�n garantista del debido proceso y una perspectiva humanista de las garant�as jurisdiccionales como tutela de los derechos constitucionales.

Palabras clave: Admisibilidad; temporalidad; imprescriptibilidad; garant�a e irrenunciabilidad.

 

Abstract

The present work presents a critical vision of comparative legislation in relation to our country, regarding what for other Latin American countries the immediacy between the presentation to the action and the violation of constitutional rights supposes as admissibility requirement or I finish the filing of the protection action, a situation that in comparison is different in our country, since the term for filing this action is not explicitly defined, an anomaly that has been resolved by the Constitutional Court with a guarantee view of due process and a Humanistic perspective of jurisdictional guarantees as protection of constitutional rights.

Keywords: Admissibility; temporality; imprescriptibility; guarantee and inalienability

 

Resumo

O presente trabalho apresenta uma vis�o cr�tica da legisla��o comparada em rela��o ao nosso pa�s, em rela��o ao que para outros pa�ses latino-americanos o imediatismo entre a apresenta��o da a��o e a viola��o de direitos constitucionais ou prazo para a propositura da a��o de prote��o, Situa��o que em compara��o � diferente em nosso pa�s, uma vez que o prazo para ajuizamento desta a��o n�o est� explicitamente definido, uma anomia que foi resolvida pelo Tribunal Constitucional com uma vis�o garantida do devido processo e uma perspectiva human�stica das garantias jurisdicionais como tutela de direitos constitucionais.

Palavras-chave: Admissibilidade; temporalidade; imprescritibilidade; garantia e inalienabilidade.

Introducci�n

La acci�n de protecci�n tiene la calidad de garant�a jurisdiccional y se encuentra establecida en la vigente Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (desde ahora CRE), que anteriormente, en la derogada constituci�n de 1998, era conocida como acci�n de amparo.

Desde el 2008, la vigente CRE dej� sin efecto anteriores precedentes jurisprudenciales de una manera t�cita; dichos precedentes preve�an confusamente a la inmediatez o incluso la existencia de requisitos de temporalidad para la presentaci�n de la denominada acci�n de amparo. Al derogarse la anterior constituci�n en menci�n, se entiende que sus precedentes quedar�n sin efecto de igual forma, y que a su vez, se generar�n nuevos precedentes que se adec�en de forma din�mica a la nueva CRE y al paradigma garantista generado por los tratados internacionales vinculantes para el Estado ecuatoriano.

Actualmente, seg�n la pir�mide normativa en el Ecuador, la acci�n de protecci�n tiene como fin cesar una vulneraci�n de derechos actual (da�o), devolver al estado inmediatamente anterior como si no se hubiera producido vulneraci�n de derechos constitucionales, reparaci�n eficaz e inmediata del derecho vulnerado, la protecci�n del derecho constitucional en peligro y la reparaci�n del mismo por su lesi�n o amenaza, ya sea que el gestor de la acci�n u omisi�n da�osa sea una autoridad administrativa o frente a un particular, la cual en lo concerniente a requisitos de admisibilidad, procedibilidad y contenido de la demanda se encuentra regulada especialmente en la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (desde ahora LOGJCC).

El objetivo del presente trabajo de investigaci�n est� centrado en determinar si la legislaci�n ecuatoriana se adec�a plenamente a considerar la inmediatez a manera de requisito para proponer una acci�n de protecci�n o si el criterio de inmediatez vulnera el acceso a la justicia y limita derechos constitucionales y humanos no susceptibles de menoscabo o limitaci�n alguna, as� como la divergencia entre la necesidad de ponderar entre la tutela efectiva de un derecho� fundamental vulnerado y la inmediatez en la presentaci�n de la garant�a jurisdiccional en menci�n.

 

Desarrollo

Admisibilidad y procedibilidad de la acci�n. �

La Corte constitucional establece la diferenciaci�n y el alcance de los requisitos de procedibilidad, en forma sumamente prolija, sin embargo, no existe dado en la ley un requisito de t�rmino para la interposicion de la acci�n. Los requisitos de admisibilidad se encuentran contenidos en los art�culos 10 y 42 numerales 6 y 7 de la LOGJCC, los de procedibilidad, en contraste, yacen en los art. 40 y 42 numerales 1,2,3,4 y 5 ibidem.

La diferenciaci�n entre admisibilidad y procedibilidad� no tiene origen normativo, m�s bien, viene dada por la Corte Constitucional (desde ahora CC) en sentencia N�102-13-SEP-CC Caso N� 0380-10-EP, y en el precedente jurisprudencial obligatorio N� 001-16-PJO-CC CASO N.0 0530-10-.JP, los requisitos de admisibilidad se referir�n a aspectos formales para iniciar y tramitar la acci�n, en cambio los requisitos de procedibilidad ser�n la determinaci�n de si existe la violacion de derechos constitucionales, es decir, verificaci�n de asuntos de fondo o del contenido esencial de los derechos constitucionales para la aceptaci�n o negativa de la acci�n. (102-13-SEP-CC, 2013) (001-16-PJO-CC, 2016)

En la jurisprudencia vigente actualmente se estipula que la acci�n de protecci�n no caduca o prescribe en cuanto al periodo con el que cuenta el ciudadano para� la interposici�n de la misma, pues el �nico precedente jurisprudencial m�s reciente expresaba que se requer�a inmediatez para que sea posible interponer� la acci�n de amparo; si se habla de amparo, se entiende que dicha jurisprudencia se refer�a a la Constituci�n Pol�tica de 1998 y a la Ley Org�nica de Control Constitucional ambas derogadas por nuevas leyes, y motivados err�neamente en ese entonces por un principio de inmediatez� y plazo razonable exigible la administraci�n de justicia.

En el CASO No. 179-13-EP, Sentencia No. 179-13-EP/20, la CC en su apartado 32, ha establecido que la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Chimborazo en dicho caso, neg� una acci�n de protecci�n aplicando una norma no prevista en la legislaci�n, como es la temporalidad, limitando de esta manera la mencionada garant�a jurisdiccional y por ende el tutelaje de derechos constitucionales. (CCE-EP-179-13 SEP-CC, 2020)

De igual manera en el n�m. 33 de la sentencia prevista en el p�rrafo anterior, se declar� la existencia de un atropello a la seguridad jur�dica.

En base a las premisas ya mencionadas, el factor temporalidad al interponer una acci�n de protecci�n ha sido recientemente resuelto por la CC en la jurisprudencia ut supra invocada, solucionando una de las mayores interrogantes jur�dicas en materia de Derecho Constitucional en el Ecuador, indicando que considerar inmediatez o un t�rmino como requisitos no previstos vulnera la seguridad jur�dica.

Eventualmente antes de la emisi�n del invocado fallo de la CC, cuando el periodo que media entre la interposici�n de la Acci�n y el da�o a los derechos constitucionales no es inmediato o inminente se declara sin lugar la acci�n imput�ndole actitud negligente al accionante como excusa para no resolver la vulneraci�n de un derecho constitucional, especialmente cuando se trata de intereses ciudadanos en contraposici�n de intereses de un entidad p�blica, pero dichos aspectos en los que se fundamentan para negar un derecho, no se encuentran ni contemplados, ni regulados en la CRE o en la LOGJCC (en sus art�culos pertinentes, es decir 39,40 y 42), existiendo ya en estos art�culos un indicio de que la temporalidad no es un factor trascendente; sin embargo, muy a nuestro pesar el art. 88 de la CRE y eventualmente el art. 39 de la LOGJCC, han sido la base para la err�nea interpretaci�n y motivaci�n para el rechazo o negativa de la acci�n de protecci�n, pues consideran que la protecci�n eficaz de derechos humanos y constitucionales conlleva que la presentaci�n de la acci�n debe ser inmediata a la violaci�n de derechos y no muchos a�os despu�s, criterio considerado errado por la actual Corte Constitucional y que bajo las reglas y principios interpretativos en la rama constitucional, en lugar de favorecer la efectiva vigencia de derechos menoscababa el derecho a la acci�n a la justicia constitucional.

Retomando las dificultades para entablar una acci�n de protecci�n, la mayor�a de jueces constitucionales, ya no s�lo se amparaban en la existencia de otras v�as, sino tambi�n en que el decurso del tiempo y el planteamiento de la acci�n s� era un factor predisponente a la negativa pues atentaba contra la seguridad jur�dica afectando en la mayor�a de casos resoluciones administrativas en firme y ejecutadas, y dejarlas sin efecto representaba para el imaginario judicial tradicionalmente legalista premiar la negligencia, el descuido y el abandono de su proceso al no ejercer las acciones legales ordinarias y los recursos en forma oportuna.

Con respecto a la centralizaci�n de problemas a resolver concernientes a la admisibilidad o procedibilidad de la acci�n, estos eran meros distractores para los jueces, pues los distra�a del problema esencial a resolver, esto es la existencia o inexistencia de derechos constitucionales vulnerados.

La atribuci�n que los administradores de justicia t�citamente otorgaban al accionante de una supuesta actitud negligente al no presentar a tiempo la acci�n inmediatamente, fue la excusa frecuente de algunos jueces, que sin solicitarle los justificativos al accionante de porque no se present� la acci�n en forma inmediata, para negar las acciones de protecci�n,� sin que este requisito de temporalidad se encuentre prestablecido en la� Constituci�n o la Ley, empleando entre su motivaci�n jurisprudencia derogada t�citamente para la presentaci�n inmediata del amparo constitucional asimilada como la acci�n de protecci�n, simplemente como una diferencia ling��stica sin mayor trascendencia y jurisprudencia comparada de Colombia por la entrada en vigencia de la CRE de 2008 y la LOGJCC.

Se puede dilucidar entonces, que existe m�s que un cambio ling��stico entre la acci�n de amparo y la acci�n de protecci�n, sino tambi�n la implementaci�n de nuevos principios y requisitos de admisibilidad y procedibilidad.

Por otro lado, la CC del Ecuador ha declarado las justificaciones para el retardo justificado de la acci�n de protecci�n, sosteniendo nuevamente el requisito de inmediatez, en la sentencia N� 052-13-SEP-CC caso 1078-11-P; los requisitos que confusamente establece esta sentencia son la actualidad, existencia o permanencia en el tiempo del da�o o vulneraci�n de derecho provocado, y el hecho de que aquella persona que funge como v�ctima tenga cierta situaci�n que pueda justificar su retardo, como incapacidad f�sica, entre otras. (CCE-EP-052-13 SEP-CC, 2013)

La Corte Constitucional de igual forma ha referido el requisito indispensable, de la inequ�voca existencia de un derecho constitucional vulnerado o menoscabado (es decir que sea verificable en todas sus formas o de lo contrario esta v�a no proceder�), conforme la Sentencia de Corte Constitucional N.� 001-16-PJO-CC, CASO N.� 0530-10-JP en su apartado 44. (001-16-PJO-CC, 2016)

Sin embargo, enfatizando el requisito de verificaci�n minuciosa de la existencia del derecho o derechos constitucionales vulnerados, otro requisito de procedencia analizado por la Corte Constitucional, es que no exista otra v�a id�nea en la justicia ordinaria para salvaguardarlos en forma eficiente sin riesgo de lesi�n de los mismos por el decurso del tiempo, conforme la Sentencia de Corte Constitucional N.� 001-16-PJO-CC, CASO N.� 0530-10-JP en su apartado 54. (001-16-PJO-CC, 2016)

La compleja cuesti�n de examinar la procedibilidad, es una delicada labor del juez, fruto del an�lisis de elementos f�cticos, adecuaci�n y eficacia de otras v�as en relaci�n con la v�a constitucional propuesta en el caso concreto, rompiendo el paradigma tradicional de residualidad de la acci�n de protecci�n frente a la tutela de derechos fundamentales vulnerados, como lo ratifica la Sentencia de Corte Constitucional N.� 001-16-PJO-CC, CASO N.� 0530-10-JP apartado 81; en el cual se establece que el juez deber�, antes de negar una acci�n de protecci�n, analizar si otras v�as de justicia ordinaria aplicables cumplen con dos condiciones como son la adecuaci�n� y la eficacia. (001-16-PJO-CC, 2016)

El respeto al ordenamiento jur�dico y a la jerarqu�a normativa se traduce en el derecho a la seguridad jur�dica o stare decisis, lo cual incluye las normas constitucionales e infraconstitucionales, as� como los precedentes jurisprudenciales vinculados emitidos por la CC.

En concordancia con el criterio expuesto la interpretaci�n en materia constitucional y al referirnos a derechos humanos debe ser pro homine, es decir aquella m�s favorable a la ampliaci�n y vigencia de derecho; es as� que bajo este criterio, la actividad de limitar el derecho a un recurso �gil y eficiente para tutelar derechos constitucionales primordiales para la vida digna del ser humano es algo esencial, que no puede ser menoscabado, limitado o privado de su ejercicio, por un requisito de temporalidad que no se encuentra precisado en la ley, y menos acorde al sentido de la norma constitucional.

El rebasamiento de la dimensi�n de mera legalidad se produce cuando se han vulnerado derechos, directamente por un acto u omisi�n de autoridad p�blica no judicial; el an�lisis es prolijo, sin embargo, son impugnables por v�a judicial si se cumple con la verificaci�n de efectiva vulneraci�n de derechos constitucionales, conforme la Sentencia N.� 151-14-SEP-CC CASO N.� 0119-12-EP. (CCE-EP-151-14 SEP-CC, 2014)

La CC se ha pronunciado sobre la obligaci�n del juez constitucional de determinar la existencia o inexistencia en sus sentencias del derecho o derechos constitucionales vulnerados, y cuando �ste desee verificar el cumplimiento de requisitos de admisibilidad y procedibilidad de la acci�n constitucional, deber� regirse solamente a aquellos previstos en la LOGJCC. As� como tampoco puede limitarse a inadmitir una acci�n sin determinar motivadamente la inexistencia del derecho o derechos constitucionales presuntamente vulnerados descritos en la acci�n, aspectos que tambi�n han sido resaltados en Sentencia de Corte Constitucional N.� 001-16-PJO-CC, CASO N.� 0530-10-JP.

Efectuando un breve an�lisis desde la legislaci�n comparada en los pa�ses lim�trofes con Ecuador, comenzaremos con Per� que tiene precisado en su C�digo Procesal Constitucional Ley 28237, el plazo de interposici�n de la demanda en el proceso de amparo se encuentra regulado en el art�culo 44 y es de 60 d�as contados desde los supuestos mencionados en el art�culo. (C�digo Procesal Constitucional, 2004)

En nuestro vecino pa�s Colombia similar situaci�n sucede, pues, respecto a la temporalidad de la acci�n de protecci�n esta ha sido resuelta empleando jurisprudencia en Sentencia SU108/18, donde se consolida la inmediatez y el plazo razonable como fundamento para iniciar la acci�n de tutela como as� la conocen, coincidentemente al igual que Per� contempla interrupciones por caso fortuito y fuerza mayor, incapacidad f�sica, hecho nuevo, entre otras. (SU108/18, 2018)

Naturaleza de la garant�a jurisdiccional: acci�n de protecci�n. -

La acci�n de protecci�n es un mecanismo legal, mediante el cual se podr�n proteger, reparar, o cesar vulneraciones de derechos establecidos en la CRE. El fundamento convencional de esta acci�n a nivel internacional se encuentra estipulada en el art. 25 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, en lo concerniente a protecci�n judicial, en su primer numeral garantiza el acceso a un recurso eficiente y sencillo frente a la vulneraci�n de derechos humanos constitucional y convencionalmente reconocidos, incluso dicha protecci�n se extiende a actos de funcionarios oficiales. En lo concerniente al numeral dos se incluye tres compromisos de los Estados suscriptores, el primero es la garant�a de resolver recursos interpuestos en relaci�n a los derechos humanos y constitucionales, el segundo literal implica desarrollar un recurso judicial para precautelar y aplicaci�n de derechos, y finalmente, el �ltimo literal prev� la garant�a de que la decisi�n adoptada sea cumplida.

Dentro del ordenamiento jur�dico ecuatoriano no existe la temporalidad como requisito previsto para la presentaci�n de la acci�n de protecci�n; esto, en vez de constituirse este requisito como una innovaci�n en la ley, su ausencia ofrece una ampliaci�n de derechos. Es as�, que imponer un t�rmino, ser�a desnaturalizar la esencia misma de la acci�n de protecci�n, as� como tambi�n limitar el ejercicio de nuestros derechos, conforme el art. 11 numeral 6 de la CRE.

Principios intervinientes.-

En el Derecho Constitucional existen principios generales y espec�ficos para cada acci�n; en el presente art�culo abarcaremos aquellos con los cuales guarde relaci�n directa la acci�n de protecci�n:

 

 

 

Plazo razonable

Esta caracter�stica temporal en materia constitucional y procesal, consiste en que una persona dentro de un proceso sea juzgada dentro de un t�rmino razonable, esto es dentro de los l�mites temporales establecidos como prudentes.

Con respecto al plazo razonable, y parafraseando a los autores Bola�oz Salazar y Ug�z Marquina, se puede manifestar que el plazo razonable significa que los administrados no deber�n mantenerse en ascuas indeterminadamente por los entes administradores de justicia; sin embargo los mencionados administradores de justicia no deber�n actuar con mediocridad ni impulsivamente, sino que deber�n analizar cada caso en concreto con detenimiento y en virtud de los derechos y principios presentes en la legislaci�n ecuatoriana; solamente cuando esto suceda, se deber� emitir un fallo. (Bola�oz Salazar & Ug�z Marquina, 2016, p�g. 92)

Acotando a lo expuesto anteriormente por los autores, el plazo razonable obedece a est�ndares de acceso a la justicia con la debida celeridad y eficiencia, de tal forma que su demora no lesione mayores derechos a la v�ctima o constituya una pena anticipada al procesado.

Conforme a lo antes citado entre las garant�as del debido proceso se encuentra reconocido el plazo razonable como consustancial para un acceso efectivo a la justicia. El plazo razonable respecto de derechos humanos, hace referencia al acceso a una justicia expedita y eficiente y sus requisitos se encuentran regulados, tanto por la fuente jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (desde ahora CIDH), as� como por tratados internacionales, tales como el Art. 7, n�m. 5 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, que medularmente plasma que cuando una persona sea apresada deber� ser juzgada por un administrador de justicia en un plazo razonable, para que �sta cumpla con una responsabilidad penal, o en su defecto recupere su libertad, sin perjuicio de la utilizaci�n de cualquier tipo de medida cautelar para asegurar su posterior comparecencia a audiencias. (CADH, 1969). Una disposici�n an�loga se tipifica en el art. 9 n�m. 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos. (PIDCP, 1966)

Inmediatez

El principio de inmediatez es un principio constitucional aplicable hist�ricamente a las medidas cautelares e implica la disposici�n judicial de aplicaci�n sumamente expedita (inmediatamente despu�s de recibida la petici�n) de estas medidas para salvaguardar el derecho vulnerado, conforme lo prev� el art. 29 de la LOGJCC. (LOGJCC, 2009)

Seg�n la jurista Luisa Cano Bland�n, definir el alcance del principio de inmediatez cobra especial trascendencia, ya que la inmediatez ha surgido como una barrera que utilizan los jueces para negar el tutelaje de derechos de personas a quienes se les han afectado derechos y que ejercen el derecho a la acci�n, por medio de acciones de protecci�n. (Cano-Bland�n, 2017, p�g. 125)

El criterio usual de las cortes provinciales y juzgados es escudarse en el principio de inmediatez, lo cual es err�neo pues este principio es exclusivo de las medidas cautelares y no aplicables a la acci�n de protecci�n, pues �sta lo que busca es no dejar en la impunidad las vulneraciones de derechos constitucionales, solo por el argumento del decurso del tiempo.

Iura novit curiae.-

La locuci�n en lat�n Iura novit curiae (el juez sabe de Derecho) obedece a una orden de tutela mayor para el juez constitucional, que lo faculta a corregir, subsanar las deficiencias de la demanda e incluso modificar los derechos vulnerados invocados en la acci�n, para garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional, conforme lo prev� el art. 4 n�m. 13 de la LOGJCC. (LOGJCC, 2009)

Entonces se logra comprender, que el instrumento procesal en menci�n, le permite al juez aplicar la justicia sobre la omisi�n de formalidades, siempre y cuando sus resoluciones se encuentren dentro del principio de congruencia. (Castro N��ez, 2018, p�g. 174)

Debido proceso y derecho a la defensa

El debido proceso es el escenario donde idealmente se desenvuelve un proceso justo para las partes intervinientes, aspectos esenciales constituidos como principios, garant�as reglas y derechos, como la presunci�n de inocencia, el non bis in idem, juez natural, la tutela judicial efectiva, el principio de reserva de ley, y primordialmente el derecho a la defensa.

Parafraseando al Dr. Rafael Oyarte, el derecho a la defensa incluye a la contradicci�n en todas sus formas, presentaci�n de pruebas, asistencia profesional, tiempo suficiente para la preparaci�n de una defensa t�cnica de calidad, el doble conforme, entre otros. El derecho a la defensa deber� estar presente en toda especialidad, grado y procedimiento judicial. (Oyarte, 2016, p�g. 361)

Es prudente manifestar que dentro del debido proceso, tal vez una las garant�as medulares es el derecho a la defensa, pues la multiplicidad de principios, derechos, reglas y garant�as que lo integran son consustanciales en todo proceso y no solo se encuentran integrados por los ya enunciados en el p�rrafo anterior, sino que tambi�n guarda relaci�n indirecta con otro como la prohibici�n de incriminaci�n, el non reformatio in pejus, Juez natural� y la prohibici�n del juzgamiento en ausencia reservado para ciertos delitos.

De igual manera, en la generalidad de casos cuando lo que se alude es la vulneraci�n de derecho a la defensa por no haber recibido notificaci�n en procesos sancionatorios o disciplinarios, en su mayor�a no se enteran sino despu�s de muchos a�os; esto impide que puedan recurrir por las v�as ordinarias, y tengan que emplear la justicia constitucional para salvaguardar sus derechos y leg�timos intereses, por lo que, exigirle al administrado un t�rmino cuando en la mayor�a de vulneraciones a derechos constitucionales lo que se alude es la falta de notificaci�n no imputable al ciudadano sino a la Administraci�n, lo cual constituir�a un obst�culo para velar por la justicia y tutelar sus derechos en forma adecuada.

 

Metodolog�a

Los m�todos empleados en el presente trabajo investigativo son el m�todo anal�tico, hist�rico, los recursos empleados acorde a la tem�tica del presente trabajo son doctrina, legislaci�n nacional y comparada, jurisprudencia constitucional y comparada, los cuales permiten profundizar en el estudio del requisito de temporalidad en las acciones de protecci�n desde la perspectiva dogm�tica y legal, nacional, internacional y comparada con pa�ses latinoamericanos.

 

Resultados y Discusi�n

Como resultado del presente art�culo se ha logrado obtener certeza del panorama jur�dico nacional sobre la garant�a de acci�n de protecci�n, el cual al no prever expresamente en la ley un requisito de temporalidad busca restablecer el derecho constitucional vulnerado e indemnizar a la v�ctima con una reparaci�n integral id�nea frente a actos lesivos como garant�a de no impunidad, y ejercicio leg�timo de la justicia constitucional.

A manera de discusi�n se puede ratificar la importancia de la acci�n investigada, en el Ecuador, y en todos los pa�ses de Sudam�rica. Es as� que, a pesar de la diferencia de legislaciones, la jurista y docente de la Universidad de Antioquia- Colombia, la Sra. Luisa Fernanda Cano Blandon en su obra manifiesta que la figura de la inmediatez en la interposici�n de la acci�n de protecci�n, sin la especificaci�n de un t�rmino que defina a la misma, deber�a ampliar derechos en vez de restringirlos; sin embargo al no establecerse un t�rmino en la fuente formal de la ley, muchos administradores de justicia han optado por excusarse con este argumento, generando un pronunciado obst�culo para la reclamaci�n de derechos fundamentales. (Cano-Bland�n, 2017)

De igual forma, en el presente trabajo se ha estipulado que la figura de inmediatez, es aplicable respecto �nicamente de las medidas cautelares, tal cual lo establece el art�culo 29 de la LOGJCC; sin embargo, el administrador de justicia, durante muchos a�os ha interpretado de manera err�nea el esp�ritu del legislador, asemejando esta inmediatez expresa de la aplicaci�n de las medidas cautelares con una inmediatez inexistente para la presentaci�n de la figura de acci�n de protecci�n.

Respecto a los principios que intervienen en la acci�n de protecci�n, tambi�n se trajo a colaci�n el derecho a la defensa; es decir cuando una persona a quien se le ha vulnerado sus derechos fundamentales, presenta determinada acci�n judicial, a este no se le puede mantener en estado de indefensi�n. Es una vulneraci�n expresa a la CRE, el hecho de preferir la legalidad por sobre la ampliaci�n de derechos, recordando que seg�n el art�culo 169 de la carta magna ecuatoriana, donde se manifiesta que el hecho de omitir ciertas formalidades no sacrificar� de ninguna forma la aplicaci�n de la justicia. �(CRE, 2008)

La importancia del derecho a la defensa, tambi�n la plasma el Dr. Rafael Oyarte en su obra denominada �Debido Proceso� del a�o 2016, manifestando que el derecho a la defensa consta de varios subprincipios como ser escuchado en igualdad de condiciones y que la parte afectada pueda contar con el tiempo y medios para preparar la defensa, lo cual obviamente se contrasta con la temporalidad de la acci�n de protecci�n, y apoya fehacientemente los argumentos expresado en la presente investigaci�n. (Oyarte, 2016)

 

Conclusiones

Habiendo efectuando un an�lisis respecto a la temporalidad de la acci�n que fue lo que motiv� este art�culo desde el estudio de la legislaci�n, la jurisprudencia a lo largo de nuestra historia, as� como legislaci�n comparada, se han llegado a las siguientes conclusiones:

Limitar la acci�n de protecci�n a un t�rmino en el Ecuador no s�lo va en contra de la naturaleza de los derechos constitucionales, sino que tambi�n vulnera la seguridad jur�dica al exigir a la accionante un t�rmino no previsto en la normativa interna o en la jurisprudencia vigente, puesto que la naturaleza de la acci�n de protecci�n no permite extenderse a otros requisitos no previstos en la CRE o en la LOGJCC.

Exigir requisitos de inmediatez y plazo razonable entre la acci�n u omisi�n da�osa y la presentaci�n de la acci�n de protecci�n constituye una barrera que tiende a encubrir la violaci�n del derecho al impedir reclamar por la v�a constitucional so pretexto de un requisito no contemplado en la Constituci�n, la ley o la jurisprudencia vigente.

Disponer en sentencia que la a acci�n de protecci�n en el Ecuador caduca o prescribe es inconstitucional, las actuaciones llevadas a inadmitir o negar la procedencia de la acci�n por el transcurso del tiempo o la demora en la presentaci�n ante un requisito inexistente contrar�a los principios y derechos constitucionales legalmente establecidos.

El principio de inmediatez no es aplicable sino �nicamente para medidas cautelares, mas no para acciones de protecci�n al menos en el Ecuador, pues considerar una actuaci�n inmediata para acudir a la justicia constitucional a trav�s de la acci�n de protecci�n atenta contra la seguridad jur�dica, pues si la inmediatez en la presentaci�n de la acci�n de protecci�n se constituyera como requisito que no es el caso en el Ecuador, se deber�a establecer de igual manera circunstancias excepcionales que hayan impedido la presentaci�n oportuna de la acci�n tales como imposibilidad f�sica, fuerza mayor, caso fortuito, para la presentaci�n tard�a, factores no determinados en nuestra legislaci�n, pero si en la legislaci�n peruana� en forma expresa y vastamente en la jurisprudencia Colombiana.

Finalmente, cuando nos referimos a la acci�n de protecci�n, a d�a de hoy, seguimos cuestionando su eficacia y aplicaci�n, donde se hace dif�cil determinar si existe un abuso o no de la misma por parte de los accionantes, si bien se ha hablado mucho sobre el an�lisis te�rico y legal de la instituci�n, sin embargo, la pr�ctica conlleva a que los que estamos involucrados en el mundo del derecho, nos cuestionemos si la acci�n de protecci�n es el primer camino que debemos elegir con el fin de lograr una aut�ntica eficacia de nuestro ordenamiento jur�dico y consecuentemente una efectiva tutela de los derechos de las y los ciudadanos, en el �mbito constitucional

Las diferentes decisiones emitidas por parte de los administradores de justicia, as� como la constante recurrencia de los profesionales del derecho, ha llevado a que nos cuestionemos si la aplicaci�n de la acci�n de protecci�n es una garant�a no abusada en el Ecuador, o si recurrimos a ella cuando hay una evidente vulneraci�n de un derecho constitucional,� donde es necesario mencionar� que no s�lo se trata del papel o rol de la administraci�n de justicia, sino tambi�n de los profesionales del derecho.

 

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