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L�mites en la aplicaci�n de los derechos humanos en el proceso penal

ecuatoriano.

 

Limits on the application of human rights in the ecuadorian criminal process.

 

Limites da aplica��o dos direitos humanos no processo penal equatoriano.

 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: mariam_3097@hotmail.com

Ciencias sociales y pol�ticas

Art�culos de investigaci�n.

 

 

*Recibido: 10 de agosto de 2021 *Aceptado: 30 de agosto de 2021 * Publicado: 06 de septiembre de 2021

 

I.�������� Estudiante en la Universidad� Laica Eloy Alfaro de Manab�, Manta, Ecuador.

 

II.������� Magister en Derecho Penal y Criminolog�a, Diplomado Superior en Derecho Procesal Penal,� Diplomado Superior en Derechos Fundamentales, Especialista Superior en Derecho Procesal, Especialista en Sistemas Juridicos����� de Protecci�n a los Derechos Humanos, Especialista en Derecho Penal y Justicia Indigena�� , Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Rep�blica , Docente en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manab�, Manta, Ecuador.

Resumen

El presente art�culo nace de la necesidad de investigar sobre los l�mites de los derechos humanos y de c�mo su aplicaci�n influye en el proceso penal ecuatoriano. Como investigaci�n previa se realiz� un recorrido bibliogr�fico y doctrinario sobre los derechos humanos, su evoluci�n y sus principios. As� mismo, se estudi� lo concerniente al proceso penal, las garant�as del debido proceso y los derechos de las v�ctimas. En el desarrollo de esta investigaci�n se analizan los trabajos de varios autores, visualizando que existen dos posturas contrarias: unos que consideran a los derechos humanos como absolutos y que no deben tener restricciones, y otros que si consideran que los derechos humanos tienen l�mites y que es imperioso no traspasarlos. Tambi�n, se analiza lo estipulado en la normativa ecuatoriana sobre el proceso penal, en particular del C�digo Org�nico Integral Penal en lo relacionado al tema central. De la misma manera, se comparten los resultados encontrados, tanto cualitativos como cuantitativos, a partir de las entrevistas realizadas a personas naturales y a profesionales del Derecho. Se establece que el problema de la aplicaci�n de los derechos humanos tambi�n es producto de la eis�gesis de los abogados por lo que se debe fortalecer la �tica profesional de los mismos.

Palabras claves: L�mites; aplicaci�n; derechos humanos; proceso penal.

Abstract

This article arises from the need to investigate the limits of human rights and how their application influences the Ecuadorian criminal process. As a preliminary investigation, a bibliographic and doctrinal tour was carried out on human rights, its evolution and its principles. Likewise, matters concerning the criminal process, the guarantees of due process and the rights of the victims were studied. In the development of this research, the works of several authors are analyzed, visualizing that there are two contrary positions: some that consider human rights as absolute and that they should not have restrictions, and others that consider that human rights have limits and that it is imperative not to cross them. Also, what is stipulated in the Ecuadorian regulations on criminal proceedings is analyzed, in particular the Comprehensive Organic Criminal Code in relation to the central issue. In the same way, the results found, both qualitative and quantitative, are shared from the interviews carried out with natural persons and legal professionals. It is established that the problem of the application of human rights is also a product of the eisegesis of lawyers, so their professional ethics must be strengthened.

Key words: Limits; application; human rights; criminal process.

Resumo

Este artigo surge da necessidade de investigar os limites dos direitos humanos e como sua aplica��o influencia o processo penal equatoriano. Como uma investiga��o preliminar, foi realizado um tour bibliogr�fico e doutrin�rio sobre os direitos humanos, sua evolu��o e seus princ�pios. Da mesma forma, foram estudados assuntos relativos ao processo penal, as garantias do devido processo e os direitos das v�timas. No desenvolvimento desta pesquisa, s�o analisados os trabalhos de diversos autores, visualizando que existem duas posi��es contr�rias: algumas que consideram os direitos humanos como absolutos e que n�o devem ter restri��es, e outras que consideram que os direitos humanos t�m limites e que os � imperativo n�o cruz�-los. Al�m disso, analisa-se o que est� estipulado na norma equatoriana sobre processos penais, em particular o C�digo Penal Org�nico Integral em rela��o ao tema central. Da mesma forma, os resultados encontrados, tanto qualitativos quanto quantitativos, s�o compartilhados a partir de entrevistas realizadas com pessoas f�sicas e jur�dicas. Est� estabelecido que o problema da aplica��o dos direitos humanos tamb�m � produto da eisegese dos advogados, portanto sua �tica profissional deve ser fortalecida.

Palavras-chave: Limites; aplicativo; direitos humanos; processo criminal.

 

Introducci�n

Los Derechos Humanos pueden definirse como las prerrogativas que, conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo frente a los �rganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y cuya funci�n es excluir la interferencia del Estado en �reas espec�ficas de la vida individual, o asegurar la prestaci�n de determinados servicios por parte del Estado, para satisfacer sus necesidades b�sicas, y que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de la que forma parte.

Los Derechos Humanos constituyen la categor�a normativa de mayor importancia. Sin embargo, en las �ltimas d�cadas el goce pleno de los de estos derechos se ha convertido en un privilegio para unos y en una utop�a para otros, lo que en la actualidad representa una err�nea aplicaci�n de los mismos. Esta inadecuada aplicaci�n emerge a partir de la mala interpretaci�n del Principio de Progresividad de los Derechos Humanos, que implica la gradualidad y el progreso de los mismos, por ende, se establece la obligaci�n positiva de promoverlos ilimitadamente, es decir, el disfrute de estos derechos siempre debe mejorar.

Esta situaci�n crea las circunstancias contraproducentes para que en ocasiones las personas sospechosas o procesadas por un delito queden sin ser juzgadas, porque se utiliza inadecuadamente en la garant�a de los derechos humanos, recogidos tambi�n en el debido proceso, de quienes han cometido un delito y no logra satisfacer los derechos humanos de la v�ctima o sus familiares.

En base a estas consideraciones, se realiz� la presente investigaci�n sobre los Derechos Humanos en el proceso penal, considerando las posturas jur�dicas y doctrinales a favor y en contra de los l�mites en su aplicaci�n. Analizar los l�mites de los Derechos Humanos representa abordar el problema de la fuerza vinculante de los enunciados constitucionales y del proceso penal ecuatoriano. Si no se limita la aplicaci�n sobreprotectora de los Derechos Humanos dentro del Proceso Penal se crear� una brecha entre los Derechos Humanos y la justica, dejando en desamparo jur�dico a las v�ctimas y a sus familiares.

La presente investigaci�n se considera de relevante inter�s para lograr reconocer un problema latente en el sistema penal ecuatoriano, que en muchas ocasiones es sesgado a favor de quien comete una infracci�n penal, y que ha dado un paso m�s all�, teniendo gran influencia sobre las decisiones judiciales. Finalmente, la investigaci�n, puede significar un aporte, desde el punto de vista de sus resultados, para los administradores de justicia, los estudiosos del derecho e incluso para los �rganos del Poder P�blico, en especial para los legisladores, quienes pueden encontrar en este estudio una valiosa informaci�n sobre la necesidad de encontrar un punto medio para evitar que en la sociedad se toleren injusticias y procurar que se combata la delincuencia para que se logre lo m�s cercano a la paz social.

 

M�todos de investigaci�n

En la investigaci�n que antecede al presente art�culo se utilizaron varios m�todos y t�cnicas para alcanzar la esencia del mismo, su contenido y su fundamentaci�n te�rica, lo que permite tener una idea clara del tema investigado, con de la recolecci�n de toda informaci�n necesaria para obtener conclusiones propias, mediante la aplicaci�n de los siguientes m�todos de investigaci�n:

El m�todo deductivo, que va de lo m�s general a lo particular, es decir, se utiliz� para llegar a conclusiones precisas sobre de los l�mites de los Derechos Humanos a partir de los criterios expuestos por los autores consultados, as� como su papel en el proceso penal ecuatoriano, para deducir las dimensiones y los indicadores de su aplicaci�n.

El anal�tico, es de suma importancia, est� asociado al trabajo con documentos y fuentes relacionadas con el tema, lo que hizo posible revelar los diversos factores que forman parte de los Derechos Humanos y del proceso penal. Se analiz� la normativa correspondiente, descomponi�ndolos en sus partes, cualidades y relaciones, atendiendo a su unidad, caracter�stica e interrelaci�n dial�ctica. Este m�todo se completa con el de s�ntesis, y en con conjunto, nos permite diagnosticar la situaci�n actual de la aplicaci�n de los Derechos Humanos en el proceso penal ecuatoriano.

El m�todo hist�rico-l�gico permiti� tener acceso a los antecedentes de la investigaci�n, del problema a estudiar, es decir, que nos permiti� conocer de una forma cronol�gica el desarrollo de los Derechos humanos y del proceso penal ecuatoriano, de sus condiciones en los diferentes periodos de la historia hasta la actualidad. De este modo se pudo arribar a una comprensi�n m�s profunda del objeto de estudio. El empleo de este m�todo no se limit� a la historicidad del objeto, sino que observa a �ste en su discurso para arribar a regularidades l�gicas del mismo que se vinculan con el problema.

El m�todo bibliogr�fico, con la b�squeda de libros, documentos y otros trabajos de investigaci�n correspondientes a las variables del estudio referentes al derecho penal. Este m�todo es esencial en el proceso de recolecci�n de informaci�n para la construcci�n de una investigaci�n, ya que garantiza la calidad de los fundamentos te�ricos de la investigaci�n.

Dentro de la metodolog�a cualitativa, tambi�n se utiliz� la herramienta de las entrevistas a ciudadanos, profesores de Derecho y abogados, lo que fue de suma importancia para formar un concepto m�s cercana de la percepci�n de los ciudadanos, y, de una visi�n m�s real de la din�mica de la abogac�a en la aplicaci�n de la norma para lograr ganar los casos.

Cabe recalcar, que el enfoque sobre el que se direccion� la investigaci�n fue mixto, pues se obtiene informaci�n de car�cter cualitativo sobre una base cuantitativa, teniendo en cuenta que el primer m�todo es el m�s aplicado y se refiere a un estudio espec�fico del tema, es decir, que su principal inter�s no es brindar informaci�n cuantificable del tema, sino que se direcciona a la comprensi�n de los efectos de la aplicaci�n eis�gica de los Derechos Humanos en el proceso penal ecuatoriano.

 

 

 

Resultados y discusi�n

Los Derechos Humanos han alterado las estructuras normativas, posicionando al individuo, a su dignidad y a sus derechos, en el lugar preferente de los ordenamientos estatales, siendo este elemento el factor determinante para decidir muchos de los conflictos. Particularmente, hoy en d�a en Latinoam�rica, el individuo ocupa un lugar privilegiado en la construcci�n y aplicaci�n del Derecho.� Toda esta normativa correspondiente al derecho internacional de los Derechos Humanos, ha penetrado con fuerza el orden interno de los Estados, permeando y empapando el derecho Constitucional, sus valores, principios y esp�ritu, para generar una unidad jur�dica protectora del individuo, de los pueblos y dem�s grupos sociales.

Durante mucho tiempo se ha sostenido que los derechos humanos o fundamentales estaban tan �ntimamente ligados a la naturaleza humana que entre sus caracter�sticas principales estaba la que eran derechos de car�cter absolutos.� Esta postura no es de extra�arse, pues por una parte, la fundamentaci�n iusnaturalista que inspir� aquellos primeros textos, abonaba la tesis de que cualquier restricci�n de los derechos humanos resultaba ser contra natura; por otro lado, aquel fue el momento en que la historia empez� a cerrar el periodo de los poderes absolutos, se iniciaban los reg�menes constitucionales, se abr�a el horizonte de la liberta y, una vez m�s, se hizo presente el �fervor del ne�fito� para enaltecer hasta la sublimidad unos derechos reci�n adquiridos.

Actualmente, la noci�n de los derechos fundamentales como dotados de car�cter absoluto est� ampliamente superada, y como Fern�ndez Segado se�ala que �el car�cter limitado de los derechos es hoy una evidencia que no admite contestaci�n alguna� , al menos como regla. Pero conviene se�alar que el pretendido car�cter absoluto de los derechos fundamentales resulta una falacia no s�lo para la �poca contempor�nea, en una sociedad tan compleja que nos ha tocado vivir, sino que lo ha sido siempre, s�lo que en la realidad actual lo pone en m�s relieve. Adem�s, se considera que

nunca existieron dudas sobre que la posici�n postulada para la persona individual se ten�a que limitar, sobre todo en atenci�n a las necesidades de convivencia social.

Entonces, la idea de que no existen derechos ilimitados es una verdad aceptada por todos los ciudadanos. Esa misma afirmaci�n tambi�n se aplica para los derechos humanos, tanto en la jurisprudencia constitucional como en la ordinaria. ������ Incluso, en el art�culo 4 de la Declaraci�n de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789 se se�ala que ��El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan s�lo tiene como l�mites los que garantizan a los dem�s miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos, y estos l�mites s�lo pueden ser determinados por la ley�.� Pero entre los autores partidarios de admitir la posibilidad de limitar los Derechos Humanos, afirman que s�lo es posible la introducci�n de l�mites mediante ley o norma de igual rango y en el marco de una habilitaci�n constitucional ya expl�cita.

En el Ecuador, la Constituci�n de la Rep�blica no contiene un precepto en el que de modo expl�cito se ocupe con car�cter general de los l�mites de los derechos fundamentales, pero, sin embargo, lo que en ning�n caso queda cerrada en el ordenamiento ecuatoriano es la posibilidad de que el legislador pueda entrar a regular tales derechos. Por otro lado, la posibilidad de que la propia norma constitucional que consagra los derechos humanos pueda establecer en determinadas ocasiones los l�mites de manera general o a un derecho en particular, parece no ser aceptado. Puesto que no es usual que la normativa constitucional manifieste directamente el tema de los l�mites de los derechos humanos.

Aunque estas consideraciones no impiden que estos posibles l�mites se extraigan mediante la v�a interpretativa. Principalmente cuando se tiene en cuenta la propia unidad interpretativa de la Constituci�n, que en nuestro pa�s corresponde: al tenor literal; en el sentido que m�s favorezca la plena vigencia de derechos; a los principios generales de la interpretaci�n constitucional; y, a la Corte Constitucional como m�ximo �rgano de interpretaci�n constitucional.� Como otro ejemplo an�logo al ecuatoriano tenemos al constitucionalismo italiano contempor�neo, en el que la falta de menciones expl�citas en el texto constitucional no ha impedido el empleo de la noci�n de l�mites

por la doctrina y la jurisprudencia constitucional, que en una de sus sentencias afirma que el concepto de l�mites es inherente al concepto de derecho y que en el conjunto del sistema jur�dico de las diferentes situaciones de derecho deben limitarse rec�procamente, a fin de que puedan coexistir en una comunidad civil ordenada.

Por otra parte, es necesario recordar que los principales textos supranacionales que contienen declaraciones de derechos y respecto a los que no parece que se pueda dudar acerca de su vocaci�n garantista, tambi�n contemplan la posibilidad de que los derechos humanos puedan hallarse sometidos a l�mites. As�, el art�culo 29 #2 de la Declaraci�n de la ONU se�ala que �en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona estar� solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el �nico fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los dem�s, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden p�blico y del bienestar general en una sociedad democr�tica� . En similares t�rminos, el Convenio de Roma recoge la idea de que los derechos fundamentales son susceptibles de limitaci�n, primero sometiendo a limitaciones algunos derechos, m�s tarde fijando criterios generales, art�culo 18: �Las restricciones que se impongan a los citados derechos y libertades no podr�n ser aplicadas m�s que con la finalidad para la cual han sido previstas�.

Investigar y analizar los l�mites de los derechos humanos representa abordar el problema de la fuerza vinculante de los enunciados constitucionales, toda vez que, consagrados por el texto constitucional, cabe preguntarse en qu� medida es admisible introducir limitaciones en posiciones subjetivas que han sido proclamadas al m�ximo nivel normativo, m�s a�n si, como ha quedado antes indicado en frase ya t�pica, tales derechos condensan los valores supremos de la comunidad.

En base a lo investigado, se visualiza que la colisi�n entre las leyes penales y los derechos humanos es com�n, el n�mero de casos que llegan a las cortes sobre conflictos entre el cumplimiento del proceso penal y la aplicaci�n de los derechos humanos es cada vez mayor. Es necesario realizar una conciliaci�n entre el ejercicio de las libertades reconocidas constitucionalmente y las exigencias en la investigaci�n a los autores de delitos, y la prevenci�n al orden p�blico.

esencialmente en cuanto a la seguridad de personas y bienes, necesarias la una y la otra para la salvaguarda de los derechos de valor constitucional.

En el mismo C�digo Org�nico Integral Penal (en adelante COIP) dentro de la exposici�n de motivos se encuentra el imperativo constitucional, donde se establece:

�La Constituci�n al declarar al Estado como constitucional de derechos y justicia, define un nuevo orden de funcionamiento jur�dico, pol�tico y administrativo. La fuerza normativa directa, los principios y normas incluidos en su texto y en el Bloque de Constitucionalidad confieren mayor legitimidad al C�digo Org�nico Integral Penal, porque las disposiciones constitucionales no requieren la intermediaci�n de la ley para que sean aplicables directamente por los jueces.�

En consecuencia, establece que es indispensable determinar la correspondencia constitucional de los bienes jur�dicos protegidos y las garant�as de quienes se encuentran dentro de un proceso penal ya sean los procesados o las v�ctimas, para que est�n debidamente protegidos y regulados. As� mismo, se menciona la problem�tica planteada en esa investigaci�n, sobre el balance entre las garant�as y eficiencia de la justicia penal, donde se establece que todo sistema se encuentra en el dilema entre combatir la impunidad y garantizar los derechos de las personas sospechosas de cometer una transgresi�n penal. Puesto que, si las garant�as se exageran o con ellas se sobreprotege, se crear� un sistema que deja en impune las infracciones penales. Pero si se llegan a reducir mucho el amparo de las garant�as, se acabar� condenando a personas inocentes.

En resumen se puede decir que el debido proceso no s�lo se trata de una garant�a constitucional, que tiene por finalidad evitar el error judicial, sino fundamentalmente evitar que se condene a un inocente, ya que no se puede indagar la verdad hist�rica de los hechos a cualquier precio, lo que fue propio del sistema inquisitivo; tal investigaci�n debe llevarse respetando la normatividad constitucional y procesal, no en vano al juez le est� vedado interpretar en forma extensiva la ley penal y su analog�a. Entonces, encontramos que el sistema penal tiene que llegar un punto medio para evitar que en la sociedad se toleren injusticias y procurar que se combata la delincuencia para que se logre lo m�s cercano a la paz social.

Refiri�ndose ya de modo concreto a los l�mites de los derechos fundamentales en sentido estricto, hay que comenzar advirtiendo que en determinadas ocasiones son los propios preceptos constitucionales los que establecen por s� mismos l�mites a los derechos, sea en el mismo precepto que consagra el derecho, sea en otro lugar de la Constituci�n. No son, sin embargo, los l�mites expl�citos que la Constituci�n impone los que plantean problemas de interpretaci�n, sino los denominados l�mites intr�nsecos, esto es, aquellos que derivan de su mera incorporaci�n y conformaci�n constitucional como tales derechos.

El problema deriva de que esta concepci�n, bajo la expresi�n de l�mites dados �por su propia naturaleza�, se transforma poco despu�s en el punto de partida para declarar una limitabilidad general de los derechos por el legislador. Es �ste un tema que nos desplaza hacia otra faceta de la cuesti�n que merece un examen m�s pormenorizado, esto es, �son posibles otros l�mites de los derechos fundamentales m�s all� de los establecidos por el constituyente? Por lo que el tratamiento del tema ha de conectarse con la competencia general del legislador para regular los derechos fundamentales.

Al respecto C�sar BECCARIA en su obra �De los Delitos y Las Penas�, refiri�ndose a la interpretaci�n de las leyes manifiesta: �Careciendo los jueces criminales de la cualidad de legisladores, no tienen derecho alguno para interpretarlas leyes penales� , la facultad interpretativa de la ley, seg�n nuestro ordenamiento constitucional le corresponde a la Asamblea Nacional, la que tiene la facultad adem�s para establecer las formas de restringir las garant�as.

Con respecto a las entrevistas puntuales que se realizaron a 100 personas no vinculadas al �rea del Derecho, 83 de ellas manifestaron que: (recogiendo textualmente lo expresado) �sienten que m�s se les garantizan los derechos a los sospechosos o criminales que a las v�ctimas�; �que las autoridades no act�an eficientemente�; �que s�lo hay garant�as para quienes tienen dinero para un buen abogado particular�; incluso, muchos expresaron entre risas que �mejor les resultar�a hacer <<justicia>> por ellos mismos�; entre otros argumentos en esa misma l�nea de un sabor amargo hacia el sistema procesal ecuatoriano. Por otro lado, s�lo 17 consideraron diferentes aspectos tales como la falta de pruebas de parte de las v�ctimas; tambi�n comentaron que eran conscientes que esas situaciones se daban por falta de denuncia o de inter�s a seguir el proceso ya iniciado, ya sea por factores econ�micos o de tiempo. Adem�s, las entrevistas realizadas a docentes de Derecho y abogados en el libre ejercicio se encontraron que todos hab�an tenido al menos un caso en donde gracias a la aplicaci�n de las garant�as hab�an logrado liberar al autor de alg�n delito.

Aunque vemos que estas expresiones se ata�en tambi�n a otros aspectos diferentes al del centro de esta investigaci�n, pues refieren otros aspectos que son tratables o merecedores de otras investigaciones, se puede sustraer/analizar que sienten que el proceso penal sobre protege a quienes infringen las normas penales. Si bien, la percepci�n no es certeza absoluta de que sea as�, es un gran indicativo que estas situaciones en las que se deja impune alg�n delito debido a las garant�as de los derechos humanos, son muy comunes.

Sin embargo, para quienes estamos en el �rea del Derecho, entendemos el por qu� en el sistema procesal ecuatoriano se procura aplicar los principios procesales, tutela judicial efectiva, el debido proceso, y dem�s derechos y garant�as constitucionales que protegen qui�n se le acusa del cometimiento de un delito, o al menos ese es el esp�ritu de la norma escrita.

A manera de conclusi�n, se puede determinar que en todos los ordenamientos jur�dicos se presentan ciertos vac�os, laguna e incongruencias legales, para las cuales los operadores del sistema de administraci�n de justicia, los profesionales del Derecho y a�n m�s los propios ciudadanos no encuentran una salida un�voca para afrontar la aplicaci�n normativa, la defensa de los derechos, el ejercicio y la garant�a efectiva de los mismos.

Pero el mayor problema surge con la eis�gesis de los abogados y/o dem�s operadores de justicia. Cuando esta aplicaci�n es err�nea, ya sea intencionalmente a causa de la corrupci�n originada por intereses pol�ticos, econ�micos o de presi�n social, o, porque simplemente los administradores est�n atados de manos a causa de abogados suspicaces que saben c�mo usar la ley y estas garant�as a su favor, aun sabiendo que se comete una injusticia. Pero que tampoco se pueden satanizar (�o s�?), porque al final de cuentas es parte de su trabajo, qui�n m�s resuelve m�s trabajo y reconocimiento tendr�. Lo que se debe es trabajar m�s hacia la educaci�n de los actuales y futuros profesionales, hacer m�s hincapi� en la �tica profesional, y recordar que todos los derechos tienen sus l�mites� incluso hasta los universales.���

 

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� 2021 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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