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La responsabilidad penal por da�o ambiental a causa de la miner�a ilegal en el cant�n Santa Rosa

 

Criminal liability for environmental damage caused by illegal mining in the Santa Rosa canton

 

La responsabilidad penal por da�o ambiental uma causa de la miner�a ilegal no cant�n Santa Rosa

 

Lizbeth Esperanza Ordo�ez-Velez ^I

lordonez6@utmachala.edu.ec

https://orcid.org/0000-0002-9940-1896

 

Bayardo Andr�s Burbano-Gonz�lez ^II

bburbano1@utmachala.edu.ec

https://orcid.org/0000-0002-0762-3062

 

Exson Wilson Vilela-Pincay ^III

vwvilela@utmachala.edu.ec

https://orcid.org/0000-0002-0786-7622

 

Correspondencia: lordonez6@utmachala.edu.ec

Ciencias sociales y politicas ���

Art�culos de investigaci�n

 

*Recibido: 18 de junio de 2021 *Aceptado: 15 de julio de 2021 * Publicado: 10 de agosto de 2021

                                I.            Universidad T�cnica de Machala, Facultad de Ciencias Sociales, Jurisprudencia, Machala, Ecuador.

                             II.            Universidad T�cnica de Machala, Facultad de Ciencias Sociales, Jurisprudencia, Machala, Ecuador.

                           III.            Magister en Derecho Penal y Criminologia, Especialista en Derecho Penal y Justicia Indigena, Doctor en Jurisprudencia, Abogado de Los Tribunales de Justicia de la Republica, Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad T�cnica de Machala, Facultad de Ciencias Sociales, Jurisprudencia, Machala, Ecuador.

Resumen

Toda investigaci�n relacionada con tem�ticas sobre los derechos ambientales, siempre est�n inclinados a ser de gran inter�s social, puesto que las acciones que atentan a los derechos, cada vez est� expuesto a ocasionar un da�o irreversible al medio ambiente. De manera particular, este art�culo cient�fico se enfocar� en analizar la responsabilidad penal en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano en contra de aquellas personas que perjudiquen al medio ambiente a trav�s de la miner�a ilegal, con principal enfoque en el cant�n Santa Rosa, Provincia de El Oro.

Por ello, es importante investigar en base a la doctrina y la ley como la miner�a ilegal atenta a los derechos de la naturaleza en el Ecuador, si bien los derechos de la naturaleza han aparecido hace varias d�cadas atr�s, a partir del a�o 2008 se la concibe como sujeto de derechos y reci�n se est� repercutiendo la importancia que amerita a este tema central; este trabajo fue desarrollado mediante una metodolog�a cualitativa, no experimental, descriptivo, analitico, hermeneutico y con las t�cnicas de investigaci�n de la observaci�n y de lectura.

Concluyendo, que los derechos de la naturaleza si se han visto vulnerados a trav�s de la miner�a ilegal, ya que en el Ecuador y en especial en el cant�n Santa Rosa, no es una miner�a regulada constantemente y supervisada en base a la normativa vigente, por ello, se ven afectados los pueblos cercanos que viven por las zonas donde la actividad se desarrolla sin ning�n tipo de control.

Palabras claves: Responsabilidad penal; da�o ambiental; miner�a ilegal; derechos de la naturaleza.

 

Abstract

All research related to environmental rights issues are always included in a great social interest, since actions that violate rights are increasingly exposed to causing irreversible damage to the environment. In particular, this scientific article will focus on analyzing criminal liability in the Ecuadorian legal system against those who harm the environment through illegal mining, with a main focus on the Santa Rosa canton, El Oro Province.

For this reason, it is important to investigate based on the doctrine and the law as illegal mining attentive to the rights of nature in Ecuador, although the rights of nature have appeared several decades ago, as of 2008 it was it is conceived as a subject of rights and the importance it deserves to this central issue is just being passed on; This work was developed through a qualitative, non-experimental, descriptive, analytical, hermeneutic methodology and with observation and reading research techniques.

Concluding, that the rights of nature have been violated through illegal mining, since in Ecuador and especially in the Santa Rosa canton, mining is not constantly regulated and supervised based on current regulations, for This affects the nearby towns that live in the areas where the activity takes place without any type of control.

Keywords: Criminal liability; environmental damage; illegal mining; rights of nature.

 

Resumo

Toda investiga��o relacionada con tem�ticas sobre los derechos ambientais, siempre est�n inclinados a ser de gran inter�s social, puesto that las acciones that atentan a los derechos, cada vez est� expuesto a ocasionar un da�o irreversible al medio ambiente. De manera particular, este art�culo cient�fico se enfocar� en analizar la responsabilidad penal en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano en contra de aquellas personas que perjudiquen al medio ambiente a trav�s de la miner�a ilegal, con principal enfoque en el cant�n Santa Rosa, Provincia de El Oro.

Por ello, � importante investigar na base da doutrina e do ley como a miner�a ilegal atenta aos derechos da naturaleza no Equador, se bem os derechos da naturaleza han aparecido hace v�rias d�cadas atr�s, a partir do ano de 2008 se la concibe como sujeto de derechos y reci�n se est� repercutindo la importancia que amerita a este tema central; este trabajo fue desarrollado por meio de uma metodologia cualitativa, n�o experimental, descriptivo, analitico, hermen�utico y con las t�cnicas de investigaci�n de la observaci�n y de lectura.

Concluyendo, que los derechos de la naturaleza si se han visto vulnerados a trav�s de la miner�a ilegal, ya que no Equador y en especial no cant�n Santa Rosa, no es una miner�a regulada constantemente y supervisionada en base a la normativa vigente, por ello, se ven afectados los pueblos cercanos que viven por las zonas donde la actividad se desarrolla sin ning�n tipo de control.

Palabras claves: Responsabilidad penal; da�o ambiental; miner�a ilegal; derechos de la naturaleza..

 

 

Introducci�n

La responsabilidad penal como consecuencia de la miner�a ilegal, posee una gran importancia en el �mbito jur�dico y social, puesto que este suceso desencadena trasgresiones a las normas vigentes que lo regulan; en raz�n, de que la miner�a ilegal es una realidad en el Ecuador, y que en los �ltimos a�os se ha ido incrementando y dejando grandes precedentes tanto en la naturaleza como en la convivencia de los seres humanos con la Pachamama.

Si bien es cierto, que la miner�a y los derechos de la naturaleza son temas que acarrean vital importancia en el pa�s, no son tratados con la seriedad del caso, ya que no se aplica ni la norma ni la ley para regular las actividades de la miner�a, con el principal objetivo de precautelar los derechos, tanto de los seres humanos como la naturaleza como sujeto de derecho consagr�ndose en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador.

Trayendo como resultado, el estudio cr�tico y reflexivo sobre los derechos de la naturaleza en nuestra Constituci�n, la ley de miner�a, tratados y convenios internacionales pero sobre todo, concientizando a la sociedad y al estado mediante la creaci�n de pol�ticas p�blicas que incrementen la protecci�n de los derechos del medio ambiente, y en el caso de no cumplirlo, proceder con lo que establece el C�digo Org�nico Integral penal, ley penal vigente en el Ecuador, para sancionar a los irresponsables que se benefician de la naturaleza violentando los derechos de los moradores del cant�n Santa Rosa, Provincia de El Oro, como en todo el Ecuador.

 

Desarrollo

Antecedentes del Derecho Minero en el Ecuador.

La actividad minera en Ecuador data del siglo XIV con sus reglamentos y leyes, mismas que han sido modificadas de acuerdo a la toma de decisiones de cada gobierno. (Massa et al., 2018). Con la Ley de Miner�a de 1985, las actividades de exploraci�n y explotaci�n minera no ten�an una legalizaci�n clara, debido a que no se realizaban bajo procedimiento t�cnico ni especializado. Posteriormente, la Ley de Miner�a de 1991, hizo �nfasis en la actividad minera artesanal, cuya actividad legalizada s�lo puede llevarse a cabo en lechos, playas de los r�os o en cualquier otro terreno donde no existan derechos mineros asegurados por un t�tulo; tambi�n establec�a que el Estado deber�a legalizar aquellas actividades mineras cuya ejecuci�n no generara perjuicios ambientales, explotaci�n irracional y el desperdicio del recurso minero. (Carrasco y Fern�ndez, 2009).

En el 2001, el Ecuador define a la peque�a miner�a como aquella actividad desarrollada por personas cuya cantidad de explotaci�n mensual no pase de 1.500 toneladas mensuales de mineral o 50 toneladas diarias de material mineralizado", mientras que en el posterior a�o se expidi� la Nueva Ley de Miner�a. (Carrasco y Fern�ndez, 2009).

La �ltima vigente es la Ley de Miner�a promulgada de 2011, a�o en el cual ya exist�an 2.099 sociedades mineras; para el 2016 la cifra aument� a 4.393 sociedades mineras, de las cuales 983 son concesiones mineras, lo que representa 772.728 hect�reas de terreno que est�n siendo ocupadas por las transnacionales, cuyo objetivo principal de todas es la explotaci�n de metales y minerales para la satisfacci�n de intereses econ�micos, sociales y pol�ticos, lo que ha causado problemas a los comuneros afectados, por la falta de atenci�n, desinter�s del gobierno central y el no respeto de las empresas mineras que se han apropiado mediante diversas formas como la compra y venta entre las personas nativas del lugar y la empresa minera de lo cual se han beneficiado s�lo 30% de la poblaci�n, y un 70% se ha apropiado ilegalmente de las tierras. (Massa et al., 2018)

Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aprob� 17 objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, mismos que son considerados de gran importancia para erradicar la pobreza y luchar contra la injusticia social. En este contexto, las sociedades deber�n crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, sin da�ar el medio ambiente. (Carrasco y Fern�ndez, 2009).

Seg�n Osores et al., (2012), el descubrimiento, explotaci�n de metales y el desarrollo de la metalurgia est� asociado al desarrollo hist�rico de las naciones. De este modo, la actividad minera formal puede generar muchos beneficios a la poblaci�n cuando �sta es llevada con responsabilidad socio ambiental y de acuerdo a ley, con una visi�n relevante sobre la salud de todo un ecosistema, incluido el humano como individuo y como comunidad.

 

Marco legal

El Convenio 169 de la OIT se refiere totalmente a los pueblos ind�genas, as� como tribales, y se celebr� en Ginebra, Suiza, en 1989. En su art�culo 7 establece la participaci�n de los ciudadanos en la formulaci�n, aplicaci�n y evaluaci�n de proyectos. Igualmente, el gobierno debe llamar a consulta a los pueblos que son afectados directamente, a trav�s de procedimientos apropiados, mediante instituciones representativas. (Massa et al., 2018)

Seg�n Massa et al., (2018) es importante considerar que el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, estipula entre sus objetivos garantizar la conservaci�n de las tierras ancestrales, as� como tambi�n la participaci�n ciudadana, tal como consta en la Constituci�n de 2008 y la Ley de Miner�a. La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), define al Sumak Kawsay como la generaci�n de una convivencia ciudadana en armon�a con la naturaleza, una nueva forma de sociedad. Adem�s, indica en el art�culo 71 que a la naturaleza o Pacha Mama se la debe respetar �ntegramente porque es la existencia, el mantenimiento y la regeneraci�n de los ciclos vitales; mientras que en el art�culo 408 se determina que la naturaleza es:

Propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, estos bienes s�lo podr�n ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constituci�n (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008, p. 35).

Por su parte, la Ley de Miner�a 2011 pretende regular los temas relacionados con la participaci�n ciudadana y la tenencia de la tierra, estableciendo l�mites y definiendo los tipos de contratos mineros posibles en el Ecuador. Espec�ficamente en los art�culos 87, 89 y 90 se establece que el Estado es el responsable de ejecutar los procesos de participaci�n y consulta social, partiendo del principio de legitimidad y representatividad con la finalidad de incorporar los criterios de la comunidad a trav�s de las instituciones p�blicas, estos procesos tendr�n por objeto promover el desarrollo sustentable de la actividad minera, el respeto al medio ambiente, la participaci�n social en materia ambiental y el desarrollo de las localidades ubicadas en las �reas de influencia de un proyecto minero. (Massa et al., 2018)

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) afirma que el Buen Vivir, tiene como prioridad fortalecer el rol que desempe�a el Estado al impedir la privatizaci�n de bienes p�blicos, mismos que ser�an empleados por la sociedad al momento de enfrentar problemas de injusticias sociales y pobreza, situaciones que pueden ser generadas por actividades relacionadas a la explotaci�n de recursos no renovables.

�Ning�n art�culo de la Constituci�n propone la idea de renunciar a la actividad extractivista, a excepci�n del 407 que establece la prohibici�n de la actividad extractiva de recursos no renovables en las �reas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotaci�n forestal, a excepci�n de una petici�n fundamentada de la Presidencia de la Rep�blica y previa declaratoria de inter�s nacional por parte de la Asamblea Nacional. (Massa et al., 2018)

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), con el objetivo de respaldar los intereses individuales y colectivos de la poblaci�n en relaci�n con sus propiedades, ha establecido los art�culos 57 y 60, referentes a la tenencia de la tierra. El art�culo 57 reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas, mantener la posesi�n de sus tierras ancestrales y obtener su adjudicaci�n gratuita, al igual que no ser desplazados de sus tierras. En tanto el art�culo 60 identifica aquellas comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organizaci�n territorial.

 

Conceptualizaciones referentes al da�o ambiental

Ambiente

Seg�n Guiza (2018), el ambiente es un concepto que por su propia definici�n desborda cualquier pretensi�n simplificadora. Los distintos modos de aproximaci�n, sean el estrictamente biol�gico, jur�dico, econ�mico, padecen grandes limitaciones. Siguiendo a Bo� y Villar, podemos mencionar que la composici�n del ambiente puede convencionalmente subdividirse en: ambiente natural, ambiente cultivado y ambiente creado o fabricado por el hombre.

�El ambiente es aquello que nos rodea. Pero no s�lo aquello que rodea a la especie humana, sino tambi�n a los dem�s seres vivos y, adem�s, las relaciones existentes entre todas las especies que habitan la Tierra.� (De la Puente, 2011)

Los componentes del ambiente pueden ser clasificados en tres grupos:

�         El ambiente natural, que incluye el aire, el agua, el suelo, la flora y fauna, y las interrelaciones entre �stos;

�         El ambiente construido por el hombre, que comprende las ciudades y obras de infraestructura; y,

�         El ambiente social, que comprende a los sistemas sociales, pol�ticos y culturales. (De la Puente, 2011)

Da�o

Seg�n Tisn� (2014), el da�o supone la destrucci�n o disminuci�n, por insignificante que sea, de las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo. Por lo tanto, es importante distinguir que, en la materia en estudio, no todo da�o ser� objeto de indemnizaci�n o reparaci�n, sino solo el que ostente la calidad de significativo.

Por lo tanto, imprescindible resulta considerar que el inter�s ambiental que se manifieste ante un da�o, no es ni debe ser objeto exclusivo del ejercicio particular de un �nico cuerpo social. Las caracter�sticas propias de su naturaleza colectiva, permite la existencia de diversos organismos o agentes colectivos, tendientes a la obtenci�n de un fin �nico, esto es, la tutela ambiental. La pol�tica legislativa de cada pa�s ponderar� la estructura y cantidad de entes con capacidad para representar y tender a la protecci�n jurisdiccional de los intereses. (Tisn�, 2014)

La concepci�n de da�o es �nica sin importar su grado de afectaci�n. La necesidad de determinar el grado o intensidad del da�o se aplica para la identificaci�n de las herramientas jur�dicas a utilizar para mitigarlo y repararlo, como son las sanciones administrativas y penales, las tasas ambientales, las acciones populares indemnizatorias y las obligaciones reparatorias contempladas en las licencias ambientales. Sin embargo, pueden existir da�os ambientales que no tienen relevancia jur�dica, pues han sido establecidos por la normatividad como tales, o porque son tan �nfimos que son soslayados por el ordenamiento jur�dico. (Guiza, 2008)

Para De la Puente (2011), el da�o al ambiente tiene algunas particularidades que lo diferencian de la aproximaci�n que hace la responsabilidad civil extracontractual. A este da�o tambi�n se le conoce como da�o ambiental puro, da�o ecol�gico, da�o p�blico ambiental o da�o ambiental aut�nomo; siempre haciendo el deslinde con aquellos da�os que afecten intereses particulares.

En segundo lugar, el da�o es equiparado a un menoscabo material del ambiente o de sus componentes que trae como resultado la disminuci�n de su valor o importancia. Dicha reducci�n debe derivarse, conforme lo indica la definici�n, de una alteraci�n material. Esta, sin embargo, debe leerse desde una visi�n din�mica de los procesos ambientales. Podr�a ocurrir que la alteraci�n consista en el mantenimiento de la situaci�n f�sica de un componente del ambiente. (Lanegra, 2013)

Seg�n Garc�a & Carvalho (2018), para imputar un da�o, el sujeto es responsable cuando no cumple un deber o una obligaci�n o causa un da�o a otro, siempre que el incumplimiento o el da�o le sea imputable, contractual o extracontractual. Aqu� nos interesa apenas los da�os generados por obligaciones extracontractuales. En este tema de imputaci�n del da�o a una persona son varios los problemas l�gicos y conceptuales presentados. Es decir, determinar que una causa fue productora de determinado efecto, y que �ste se puede atribuir a determinada persona, siempre ha sido de las tareas m�s dif�ciles en el �mbito de la responsabilidad y que diversas teor�as de la causalidad ya se planificaron con esa finalidad sin que hayan alcanzado establecer par�metros adecuados para cumplirla. La imputaci�n ser�a la atribuci�n jur�dica de un da�o causado por uno o varios hechos da�inos, atribuido o aplicable a una o varias personas que, por lo tanto, deben en principio repararlo.

Da�o ambiental

El da�o ambiental suele confundirse con el perjuicio por el da�o ambiental. El primero se refiere al efecto negativo de una acci�n antr�pica sobre el ambiente; el segundo, al conjunto de elementos que aparecen como las diversas consecuencias que se derivan del da�o para la v�ctima del mismo. Cabe precisar entonces que para efectos de este trabajo se habla de da�o ambiental conforme a la definici�n anterior. El da�o ambiental, desde el punto de vista biol�gico, es el efecto de una acci�n antr�pica que repercute en el equilibrio homeost�tico, fisiol�gico y/o gen�tico de un organismo vivo, incluido el mismo hombre. (Guiza, 2008)

Para Guiza (2008) es importante identificar los criterios que permiten considerar que una conducta merece un castigo penal y no simplemente una sanci�n administrativa. Al respecto, en la doctrina existen dos posturas:

La primera consiste en equiparar la conducta que constituye una infracci�n administrativa a la conducta que constituye un delito penal. De esta manera toda infracci�n se convierte en un potencial delito. Esto se justifica en la consideraci�n de los tipos de delitos ambientales como delitos de peligro abstracto y no como de peligro concreto o de lesi�n. De ah� que, si la conducta es calificada como de probable peligro, aunque no se concrete, ser� motivo de un reproche social a cargo del Estado, porque este tipo de delito sanciona una conducta que se fundamenta m�s en el desvalor de la acci�n que en el resultado.

La segunda postura consiste en castigar penalmente s�lo las conductas que de manera grave afectan los recursos naturales, apreciando un factor eminentemente cuantitativo, en cuanto a la proporci�n de la gravedad del da�o sobre el recurso natural. Esta postura se acoge a la consideraci�n de los delitos ecol�gicos como los delitos de peligro concreto, en los cuales no basta con la realizaci�n de una conducta prohibida por el ordenamiento, sino que se requiere fundamentalmente la presencia de un elemento adicional: que en el caso concreto el juez determine si esa situaci�n peligrosa prohibida por el tipo penal, efectiva y realmente ha generado un peligro pr�ximo para el bien jur�dico, es decir, que realmente haya afectado de manera grave el recurso natural o el ambiente.

El r�gimen de responsabilidad tiene como punto central la obligaci�n de indemnizar el da�o, por tanto, se debe entender el da�o como el elemento que constituye la columna vertebral de todo r�gimen de responsabilidad. Es por ello que para aplicar cualquier sistema de responsabilidad (civil, administrativo, penal o ambiental), es necesario en primer lugar probar la existencia de una lesi�n. Esta concepci�n del da�o ha ido evolucionando y hoy s� cabe la posibilidad de que exista un da�o, aunque no recaiga necesariamente sobre derechos personales o reales, como es el caso del da�o ecol�gico puro. (Leyva, 2016)

�La indemnizaci�n, no tiene sentido alguno en la reparaci�n del da�o al ambiente, porque con ella no se repara el objeto da�ado, sino que se otorga un subrogado pecuniario que no puede restituir en su totalidad el bien ambiental�. (De la Puente, 2011). Para lo cual, el autor Dussaubat (2016), siempre hay que buscar herramientas efectivas para la valoraci�n del da�o y su reparaci�n.

En efecto, sin perjuicio de los mandatos que imponen los principios de Derecho ambiental, especialmente los principios preventivos, precautorio y quien contamina paga, nos parece que imputar responsabilidad a un sujeto en aquellas situaciones en que resultaba imposible prever el da�o, implicar�a generar una situaci�n de incertidumbre jur�dica contraria a derecho que atentar�a contra otro de los principios que informan el Derecho ambiental, esto es, el del desarrollo sustentable. (Femen�as, 2017)

 

Metodologia

Este estudio es de car�cter cualitativo- descriptivo. Primero se realiz� una b�squeda bibliogr�fica en torno a los antecedentes de la miner�a en el Ecuador. Posteriormente se analizaron conceptualizaciones doctrinales referentes a ambiente, da�o y da�o ambiental. Y para la obtenci�n de resultados fue en base a una diferenciaci�n en la informaci�n obtenida por fuentes bibliogr�ficas y la observaci�n de los investigadores de la miner�a ilegal en el cant�n Santa Rosa, Provincia de El Oro, a trav�s de los m�todos no experimental, anal�tico y hermen�utico.

 

Resultados

Para los autores Carrasco & Fern�ndez (2009), es necesario reconocer que las instituciones juegan un papel esencial en el desempe�o econ�mico de las naciones y, en especial, en la funci�n distributiva de los factores de riqueza, ya que establecen las reglas que orientan la actividad humana en una sociedad. Los individuos y las empresas s�lo invierten si est�n seguros de obtener ganancias, sin importarles las repercusiones a nivel social y ambiental, por lo que la capacidad del Estado para imponer su autoridad en el territorio es fundamental.

A pesar de que Ecuador es considerado, al menos hacia el exterior, como un Estado vanguardista en cuanto a principios jur�dico-ambientales al reconocer en su Constituci�n los derechos de la naturaleza y ser un pa�s que reconoce la plurinacionalidad de sus habitantes, en los �ltimos a�os las pol�ticas econ�micas han promovido e impulsado la expansi�n de la industria extractivista, la cual atenta contra la integridad territorial y cultural de diversas nacionalidades, incluido el cant�n Santa Rosa, Provincia de El Oro. (Massa et al., 2018)

De igual forma, para hacer valer los derechos de la naturaleza, en la Constituci�n se determinan los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas en materia medioambiental, entre ellos:

�         La defensa de la integridad territorial del pa�s y sus recursos naturales.

�         El respeto a los derechos de la naturaleza.

�         La preservaci�n del medio ambiente.

�         El empleo racional, sustentable y sostenible de los recursos naturales.

�         La conservaci�n del patrimonio cultural y natural (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2016).

Como consecuencia, para los autores Pineda & Vilela (2020), la consagraci�n de estos derechos en la Carta Magna ha introducido cambios en las pol�ticas y programas de desarrollo, como el Plan del Buen Vivir, que entre sus fundamentos se destaca la convivencia arm�nica con la naturaleza, de lo que se infiere el respeto a sus derechos, como la integridad, el mantenimiento y regeneraci�n de sus ciclos vitales y procesos evolutivos; lo que incluye el cuidado de la flora y la fauna, los recursos naturales, en fin todo los elementos que integran el ecosistema de la naci�n. Reconociendo el derecho a la poblaci�n a vivir en un ambiente sano, ecol�gicamente equilibrado, sostenible; por otra parte, la mejora de las condiciones materiales de vida de las personas demanda recurrir a los recursos naturales, con las correspondientes consecuencias en el medio ambiente. (V�sconez & Torres, 2018)

Con relaci�n a la responsabilidad penal, el C�digo Org�nico Integral Penal (2014), en el art�culo 260, sanciona con pena privativa de libertad, de siete a diez a�os, cuando las actividades mineras ilegales realizadas en el pa�s ocasionan da�o al medioambiente, de esta forma existe una garant�a para la protecci�n de los recursos naturales. En pa�ses en v�as de desarrollo como Ecuador es m�s notorio evidenciar este tipo de situaciones, en las que el Estado ha aprovechado �nicamente los recursos naturales sin dar la debida protecci�n a la naturaleza. (Vilela et al., 2020)

Para S�nchez et al., (2016), las consecuencias de la actividad minera desembocan en problemas ambientales, y esos problemas ambientales pueden constituirse en factores desencadenantes de muchos de los conflictos sociales, pero en s� mismos no constituyen un conflicto. La irresponsabilidad con la que se manejan los desechos provenientes de las minas es un conflicto social que necesita ser solucionado. Seg�n S�nchez et al., (2017)� el sistema de propiedad colectiva de la tierra desempe�a tambi�n un papel importante en la forma que toma el conflicto a partir de la llegada de la empresa minera�; mientras que otros autores discrepan como Cueto (2016), manifestando que la producci�n industrial aument�, generando m�s ingresos econ�micos al pa�s, y esta misma explotaci�n minera a su vez promueve el turismo y el empleo.

El derecho a un medio ambiente sano es el derecho de toda persona, en igualdad de condiciones, a vivir en un ambiente sano que lo provea de los elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre, con el fin de hacer posible su existencia y desarrollo, as� como de los dem�s organismos vivos que interact�an en un espacio y tiempo determinados. (Silva, 2019)

Con fundamento en la Declaraci�n de R�o, principio 13 el cual establece los Estados deber�n desarrollar la legislaci�n nacional relativa a la responsabilidad y la indemnizaci�n respecto de las v�ctimas de la contaminaci�n y otros da�os ambientales. Los Estados deber�n cooperar asimismo de manera expedita y m�s decidida en la elaboraci�n de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnizaci�n por los efectos adversos de los da�os ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicci�n, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicci�n. Se considera que la actuaci�n de compromiso por parte de los Estados se realiza de forma interna e internacional, la primera con base a la creaci�n, modificaci�n, reformas, derogaci�n de las normas con las que se rige la naci�n a trav�s de su soberan�a y el segundo criterio est� basado en el principio de cooperaci�n por parte de los Estados de actuar en escenarios similares o simult�neos permitiendo procesos transformativos. (Silva, 2019)

Si se continua de esta manera ser� imposible mermar el impacto ambiental que la contaminaci�n y la extracci�n de recursos est� causando, que adem�s de ser perjudicial para la Pacha Mama, es vital para la existencia de todo ser humano. Para los autores Pineda & Vilela (2020), �esto no significa que hay que acabar con esta actividad industrial porque es vital para el desarrollo continuo del pa�s. Decir no a la miner�a irresponsable es un compromiso de todos�.

En base a todo lo mencionado, es importante crear una naci�n de concientizaci�n referente a la protecci�n del medio ambiente, en especial, en aquellas actuaciones ilegales como la miner�a descontrolada, que ya como lo mencionan diferentes autores como Estrada et al., (2016), �la contaminaci�n ambiental de todo tipo causa da�os nocivos a la salud humana�.

Actuar siempre con el objetivo de que las nuevas generaciones se interesen en ello, y poder unir sus criterios a los intereses de toda la sociedad en su conjunto. De esta manera, se habla del concepto desarrollo sustentable considerado no como un estado arm�nico e inalterable, sino como un proceso de cambio constante en el cual la sociedad establece c�mo utilizar los recursos naturales, el acomodo de los avances tecnol�gicos, la orientaci�n de las inversiones econ�micas y la modificaci�n de las pol�ticas p�blicas. (Moran & Gonzaga, 2017)

Por ello, es importante aplicar las recomendaciones de los autores Pineda & Vilela (2020) en el cant�n Santa Rosa, Provincia de El Oro. (2020):

�         Capacitaci�n de las personas naturales y jur�dicas en los mecanismos o m�todos alternativos de soluci�n de conflictos medioambientales.

�         Acceso adecuado a la informaci�n veraz sobre los asuntos relativos al medio ambiente.

�         Institucionalizaci�n ambiental que incluye la capacitaci�n administrativa, la coordinaci�n entre instituciones, la fiscalizaci�n y control, la existencia de instrumentos econ�micos y la gesti�n medioambiental con la participaci�n de voluntarios.

 

Conclusiones

En el Ecuador, las herramientas jur�dicas para sancionar y velar por la relaci�n de los da�os ambientales ocasionados, no son aplicados de manera inexorable y constante por parte de las autoridades ambientales; ocasionando de alguna manera no solo el incremento de los delincuentes ecol�gicos en la mala pr�ctica de la miner�a, sino tambi�n consumando consecuencias terribles para el medio ambiente.

De acuerdo con la investigaci�n bajo la observaci�n y doctrina, es claro que el principal problema es el poco control de las autoridades respecto a la miner�a en el cant�n Santa Rosa Provincia de El Oro, puesto que no solo atentan con la naturaleza, sino con la salud de los moradores, que poco a poco han ido perdiendo la libertad del uso de los r�os que se han ido contaminando en los �ltimos a�os. Concluyendo que el C�digo Org�nico Integral Penal y la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador como norma suprema protege los derechos de la naturaleza, solo falta aplicar con mayor rigurosidad los resultados de esta investigaci�n.�

 

Referencias

1.                Guiza, L. (2008). Efectividad de los instrumentos administrativos de sanci�n y exigencia de la reparaci�n del da�o ambiental en Colombia. Revista Estudios Socio-Jur�dicos, 10(1), 307-335.

2.                Tisn�, J. B. (2014). Los intereses comprometidos en el da�o ambiental: Comentario al nuevo procedimiento por da�o ambiental de la Ley N� 20.600. Revista de derecho (Coquimbo), 21(1), 323-351.

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� 2020 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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