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El suicidio asistido y la muerte piadosa a partir del concepto de vida digna: Propuesta de un protocolo de atenci�n en salud p�blica

 

Assisted suicide and pious death from the concept of a dignified life: Proposal for a protocol for public health care

 

Suic�dio assistido e morte piedosa a partir do conceito de uma vida digna: Proposta de protocolo de aten��o � sa�de p�blica

 

 

Erika Virginia Mieles-Mieles ^I

mieleserika@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8437-2383

 

Daniel Castro-Aniyar ^II

danielcastroaniyar@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0439-7773

 

Sonia Margarita Barcia-Rodr�guez ^III

sonia.barcia@uleam.edu.ec

https://orcid.org/0000-0002-0848-6178

 

Correspondencia: mieleserika@gmail.com

Ciencias Sociales y politicas ���

Art�culo de revisi�n

 

*Recibido: 10 de abril de 2021 *Aceptado: 30 de mayo de 2021 * Publicado: 09 de junio de 2021

            I.            Estudiante de la Facultad de Derecho, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manab�, Manta, Ecuador.

         II.            Doctor en Pacificaci�n y Conflicto, Soci�logo, Profesor de la Facultad de Derecho, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manab�, Manta, Ecuador.

      III.            Magister en Gesti�n Ambiental, Especialista Superior en Derecho Procesal, Especialista en Derecho Penal y Justicia Ind�gena, Magister en Derecho Penal y Criminolog�a, Doctora en Jurisprudencia, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Republica, Licenciado en Ciencias Pol�ticas y Sociales, Ex Fiscal de la Rep�blica del Ecuador, Profesora de la Facultad de Derecho, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manab�, Manta, Ecuador. ��

Resumen

Se plantea que la eutanasia es una forma de suicidio asistido. Se reflexiona acerca de la juridicidad de la asistencia, en relaci�n a una lectura centrada en derechos y el papel del Estado. Se concluye que ella debe ser extendida a criterios basados en la cosmogon�a del paciente y no en la autorizaci�n de familiares e informas m�dicos. Se requiere reconocer la complejidad del fen�meno del suicidio desde la individuaci�n de los derechos, por lo que se requieren estudios situacionalizados de atenci�n ponderativa, como los que se realizan a casos de violencia de g�nero, violencia psicol�gica, intencionalidad homicida, abusos infantiles, etc.� Se propone un protocolo de atenci�n a partir de autores convenidos como de referencia y herramientas de predicci�n social.

Palabras clave: Suicidio asistido; eutanasia; salud p�blica; protocolo de atenci�n; centralidad de la cosmogon�a.

 

Abstract

Euthanasia is argued to be a form of assisted suicide. It reflects on the legality of the assistance, in relation to a reading focused on rights and the role of the State. It is concluded that it should be extended to criteria based on the cosmogony of the patient and not on the authorization of relatives and medical reports. It is necessary to recognize the complexity of the phenomenon of suicide from the individualization of rights, which is why situationalized studies of ponderative attention are required, such as those carried out in cases of gender violence, psychological violence, homicidal intent, child abuse, etc. A care protocol is proposed based on agreed reference authors and social prediction tools.

Keywords: Assisted suicide; eutanasia;� public health;� care protocol;� centrality of cosmogony.

 

Resumo

A eutan�sia � considerada uma forma de suic�dio assistido. Reflete sobre a legalidade da assist�ncia, em rela��o a uma leitura voltada para os direitos e o papel do Estado. Conclui-se que deve ser estendido a crit�rios baseados na cosmogonia do paciente e n�o na autoriza��o de familiares e laudos m�dicos. � necess�rio reconhecer a complexidade do fen�meno do suic�dio a partir da individua��o de direitos, por isso s�o necess�rios estudos situacionalizados de aten��o ponderativa, como os realizados em casos de viol�ncia de g�nero, viol�ncia psicol�gica, inten��o homicida, abuso infantil, etc. . Um protocolo de atendimento � proposto com base em autores de refer�ncia acordados e ferramentas de predi��o social.

Palavras-chave: Suic�dio assistido; eutan�sia; sa�de p�blica; protocolo de atendimento; centralidade da cosmogonia.

 

Introducci�n

A lo largo de la larga literatura sobre el tema, es posible resumir r�os de palabras sobre debate sobre eutanasia y suicidio asistido para casos de pacientes terminales en dos posiciones. Por un lado, el grupo representado en el principio donde se considera que la vida es un derecho fundamental e inalienable, como se estipula en el art�culo XX de la Declaraci�n Universal de los DDHH. Esta posici�n suele hacerse eco de visiones teol�gicas donde la primac�a de la vida es la consecuencia de algo m�s trascendente y que, por tanto, no es posible para los humanos en el nivel de la academia, la ciencia o el Derecho, tomar una decisi�n que acelere el fallecimiento de una persona, por los fines que fuesen. El c�digo deontol�gico m�dico uruguayo representa esta posici�n en la Ley N� 19.286 de 25 de septiembre de 2014: �La eutanasia activa entendida como la acci�n u omisi�n que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la �tica de la profesi�n� (Rodr�guez Almada, Gonz�lez Gonz�lez, 2019)[1].

La otra posici�n supone que tanto la eutanasia como el suicidio asistido tienen una motivaci�n piadosa: acabar con el sufrimiento del paciente y, de ello se presume que se adec�a el fallecimiento asistido del paciente a su cosmogon�a. Desde esta perspectiva, el derecho a la vida se presenta con limitaciones en la condici�n sustantiva �derecho�, el C�digo de �tica M�dica se refiere a la eutanasia, en su T�tulo XII� que dedica los siguientes art�culos:

�Art. 90.- El m�dico no est� autorizado para abreviar la vida del enfermo. Su misi�n fundamental frente a una enfermedad incurable ser� aliviada mediante los recursos terap�uticos del caso.

Art. 91.- Establecida la muerte cerebral, de acuerdo con las normas internacionales vigentes, no se justifican las acciones excepcionales para prolongar las manifestaciones vitales de las estructuras biol�gicas residuales.

Art. 92.- En aquellos casos en que los indicadores cl�nicos e instrumentales revelen situaciones insalvables o incompatibles con la dignidad de la persona humana, queda al criterio del m�dico y de los familiares suspender los procedimientos extraordinarios. En caso de controversia se recurrir� al criterio de una Junta M�dica constituida por tres especialistas afines al caso.� (Ministerio de Salud P�blica, 1992)[2]

En esta formulaci�n jur�dica, figuras como la eutanasia y el suicidio asistido dependen de una autorizaci�n y, por tanto, suponen que, cumplidas las condiciones m�dicas, el profesional puede recibir la autorizaci�n para acelerar el fallecimiento del paciente.

Este art�culo se va a enfocar en esta �ltima posici�n y desarrollar� los aspectos de juridicidad que integran los derechos de la persona cuyo fallecimiento se considera o se planifica.

El �ngulo de abordaje consiste en identificar que toda eutanasia es, antes que todo,

a.       un suicidio asistido, por cuanto es costumbre considerar la presunci�n de la voluntad de un paciente con incapacidades para tomar decisiones sobre su vida. De hecho, si no fuese as�, esto es, si se presumiese que la intenci�n del paciente es no morir a pesar de su situaci�n, no cabr�a conceptualmente la idea de eutanasia o muerte piadosa. Puntualmente, el art�culo 92 revela que la acci�n del m�dico es, de facto, un suicidio asistido puesto que: �queda al criterio del m�dico y de los familiares suspender los procedimientos extraordinarios�. Lo que hace indistinto, en los t�rminos jur�dicos de un homicidio intencional, si se suspenden los procedimientos extraordianarios o se implementa una medida extraordinaria para interrumpir la vida.

b.      Una vez establecida esta noci�n, surge el problema de la noci�n de asistencia. Si la muerte que se va a impartir surge de la presunci�n de aceptaci�n por parte de la v�ctima, la decisi�n no puede reposar exclusivamente en el diagn�stico m�dico, sino tambi�n en confirmar la presunci�n en la historia de vida del paciente, sobre todo si, de preferencia, ha dejado clara su intenci�n. Las normas citadas muestran que, incluso habiendo dejado clara la intenci�n del paciente durante el pleno uso de sus facultades, la decisi�n reposa solo en los familiares y personal m�dico.� Esto podr�a implicar la enajenaci�n de un derecho o, una manipulaci�n interesada de la vida del paciente o, simplemente, una decisi�n contraria al esp�ritu y evoluci�n de la persona en su percepci�n del cosmos, mediante la �asistencia�.

c.       Como se ve, la decisi�n recae sobre una interpretaci�n de los hechos que son conducentes a un litis, del mismo modo que trabajadores p�blicos, abogados y fiscales pueden establecer mediante evidencia, por ejemplo, la existencia de violencia psicol�gica, de femicidio (por raz�n de g�nero) o de intencionalidad homicida.� Es necesario reconstruir la situaci�n que dio sentido e interpretaci�n al acto para establecer su juridicidad sustancial. No es posible ni deseable presumir el deseo de un paciente en relaci�n a su vida, por cuanto el derecho positivo, y de manera m�s clara, el neoconstitucionalismo, proh�ben la presunci�n de la intenci�n de una persona. La presunci�n de la intenci�n del actor, sin las evidencia de rigor, da m�s cuenta de las percepciones subjetivas que tiene el juzgador (o los m�dicos y los familiares) sobre la naturaleza actor, que de la naturaleza objetiva, emp�rica y ponderable del acto juzgado, en consideraci�n o que se planifica. Solo que, en este caso, es la historia de vida del paciente y no el acto mismo de su muerte, la que es objeto y sustantivo mismo de la norma, por cuanto es solo esta historia la que puede demostrar la sustancialidad de que la muerte ser� piadosa. En otras palabras, no puede haber muerte piadosa, si no es expresable de manera ponderable la intenci�n del paciente de recibirla. Ello es lo que precisamente diferencia el suicidio del homicidio: la decisi�n suicida, esto es, sin asistencia, es una decisi�n personal�sima, y esta condici�n debe preservarse durante el suicidio asistido.

d.      Esta muerte es impartida como una prolongaci�n del derecho a la vida digna y, por tanto, es objeto de protecci�n constitucional por parte del Estado. Ello implica que, para autorizar a un tercero en dar muerte a otra persona, es requerido reconocer, mediante prueba emp�rica, que dicho fallecimiento es un asunto relativo al bienestar com�n y, por tanto, de las competencias republicanas.

 

La eutanasia entendida como suicidio asistido: un enfoque postmoderno

El art�culo 92 del C�digo �tico Medico ecuatoriano solo permite la decisi�n de acelerar un fallecimiento �en la presencia de situaciones insalvables o incompatibles con la dignidad de la persona humana�. Sin embargo, tanto un criterio como el otro son ponderaciones extremadamente subjetivas. Si bien la literatura m�dica puede mostrar que una condici�n m�dica es insalvable, ya ha sido conocida por la pr�ctica m�dica com�n, que los pron�sticos m�dicos no siempre son estables. Muchos casos, respondiendo a contextos dif�ciles de considerar en este art�culo han demostrado que los plazos del fallecimiento son diferentes a lo pronosticados. En el caso de las ciencias exactas, la diversidad biol�gica humana, una constante incontrovertible de todo individuo biol�gico, suele ser dif�cil de ponderar en la decisi�n m�dica, normalmente basada en experimentos con grupos humanos de diferentes diversidades condicionadas. La crisis de la filosof�a postmoderna da constancia de la inconmensurabilidad de la realidad toda, y particularmente, biol�gica y social (Ginnobilli, 2014; Castro Aniyar, 1999; Rengifo Cata�eda et al., 2015; Kuhn, 1971)[3][4][5][6]. Este debate ha ense�ado que las decisiones absolutas, autocentradas en la raz�n, son insuficientes para comprender la complejidad de la condici�n f�sica, qu�mica, biol�gica y social del entorno conocido. Por tanto, si la decisi�n que implica dar muerte a otra persona es un acto irreversible, no es deseable que un modelo de ponderaci�n basado en informes m�dicos y la subjetividad de la familia en relaci�n a conceptos tan ambiguos como �situaciones insalvables� sean determinantes.

En lo relativo a la dignidad de la persona humana, tambi�n se identifica una enorme carga subjetiva para su ponderaci�n, quiz�s a�n mayor. Sin embargo, dado que la decisi�n de suicidio asistido presenta una lectura mandatoria en relaci�n a la protecci�n de la integridad y dignidad de la persona objeto de la ley, y se extiende del principio de vida digna, el criterio de la dignidad no puede ser excluido por parte del jurista.

De este modo, tanto el criterio de situaci�n m�dica insalvable, como el de dignidad humana se refieren a una interpretaci�n que los familiares y el personal m�dico hacen de la voluntad, que la ley presume no expresada, por el paciente. Todo el sistema que define la autorizaci�n de eutanasia, como suicidio asistido, por tanto, es una interpretaci�n de la voluntad de la persona objeto en quitarse la vida o no. El criterio del m�dico y de los familiares de �suspender los procedimientos extraordinarios� parten del principio de que el paciente hubiera preferido una opci�n o la otra. Por lo cual, si todo este contexto se produjese alrededor de un paciente con pleno uso de sus facultades mentales y expresivas, no tendr�a sentido. Se ha visto que toda eutanasia es, de por s�, un suicidio asistido, solo que es interpretado ante el hecho de la discapacidad del paciente.

 

La pertinencia del Estado en la asistencia

Dado que toda eutanasia es una forma dentro del concepto de suicidio asistido, la asistencia debe responder a la mejor interpretaci�n de dignidad y consecuencia.� El estado representa� y se define a partir del poder jur�dico con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos. A pesar de ciertas diferencias epistemol�gicas, tanto la estructura b�sica del Derecho Penal de Zaffaroni (2011)[7], la Teor�a General del Derecho de Meza (2018)[8] y la Teor�a General del Derecho de Bobbio (2009)[9], la juridicidad se legitima a partir de la eficiencia social de la norma en el cumplimiento de un horizonte axiol�gico en movimiento. La individuaci�n de la norma hace eco de la legitimidad social de los principios con los que la sociedad, reflejo de sus propias estructuras de poder, y entiende cosmog�nicamente la norma, la desviaci�n, la violencia y los derechos. Bobbio, por ejemplo, analiza la idea de ordenamiento jur�dico como unidad sistem�tica en la base del derecho positivo.

El expresa que el principio positivista en la teor�a pura del derecho est� inspirado en la m�xima de que es el sistema mismo la fuente del derecho, puesto que es el rey el que hace la ley, por lo que no lo ser�a el sentido puro de justicia, �tica o virtud, caracter�stica de los iusnaturalistas, sino la inmanencia del poder pol�tica la que define la validez de la norma. A decir de Hobbes, non sapientia sed auctoritas facit legem.� Pero Bobbio entiende que no es el jurista ni el legislador, ni la burgues�a, ni la autoridad pol�tica las que tienen la �ltima palabra, por cuanto ellos mismos son el resultado de leyes y equilibrios de legitimidad. Por ello, contrapone la idea de legitimidad en Weber para indicar que la fuente de realidad de la ley debe provenir de la eficacia.

�Frente a la pregunta de por qu� la organizaci�n il�cita no reposa sobre una norma fundamental (�) el verdadero t�rmino de comparaci�n que permite establecer cu�l de las dos organizaciones es un ordenamiento jur�dico acaba siendo la eficacia, mejor dicho, la eficacia continua o m�s exactamente cu�l de las dos sea m�s continua (�) el ordenamiento il�cito no resulta considerado por el mismo rasero que el ordenamiento normativo del Estado porque ��ste es m�s eficaz que el ordenamiento coercitivo sobre el que se basa la banda de ladrones�� (Bobbio, 2009, p. 269)[10].

El derecho es una ciencia social, y evoluciona en la medida en que la sociedad evoluciona creando nuevos mecanismos de comportamiento. Las sociedades necesitan avanzar de manera m�s espec�fica hacia aquello que es leg�timo en la cosmogon�a del posible suicida, las formas de las legitimidades se transforman, y definen de manera diferente la eficacia de una norma en el tiempo. A pesar de ello, estas formas de legitimaci�n son la fuente real del derecho.

El Estado, por tanto, no debe rehuir de la individuaci�n de la norma, porque la legitimidad reside en el conjunto de cosmogon�as sumadas, con toda su diversidad. Los derechos fundamentales pol�ticos y civiles se contienen, de hecho, en la idea de individuo y persona.� Es cierto que cuando la ley define a favor de las mayor�as estad�sticas, define un criterio de bienestar general ante el que las minor�as deben ceder, por el bien mismo de la generalidad. Pero la Ley tambi�n defiende la individuaci�n, cuando reconoce el derecho de las minor�as y sobre todo, cuando este derecho no afecta el principio liberal de bienestar general. Este es el caso del suicida. La persona suicida establece su derecho de matar sin que ello afecte la vida de los otros, por lo cual, escapa de la pena, su cad�ver tambi�n lo hace, as� como su familia tambi�n escapa de ella. Pues la norma solo tiene sentido cuando es disuasiva, eficiente y leg�tima (Beccaria, 2015)[11]

Todo por lo cual, el suicida tiene derecho a suicidarse, aunque esto no est� claro en la norma. Ahora, las personas cometen errores. En ello consiste el sentido mismo del derecho penal. �Cometer� un error un suicida al suicidarse? �El asistente al suicidio cometer� un error al ejecutar la autorizaci�n de muerte? La medida republicana obliga a que estas respuestas sean de inter�s p�blico, porque responden a la individuaci�n de los derechos fundamentales. No son solo asuntos dom�sticos o subjetivos, ausentes del �mbito p�blico. El Estado, por tanto, debe intervenir en la decisi�n del asistente al suicidio.

 

 

La autonom�a cosmog�nica en el centro de la decisi�n m�dica

La medicina es el reflejo de importantes evoluciones paradigm�ticas sobre el cuerpo humano y su relaci�n con el universo. Demostraci�n de ello son los m�ltiples cambios que ha sufrido uno de los textos m�s conocidos alrededor del mundo, como es el aporte de� Hip�crates, con su �Juramento Hipocr�tico�.

La Asociaci�n M�dica Mundial (AMM), creada en 1947 �para asegurar la independencia de los m�dicos y para servir los niveles m�s altos posibles en conducta �tica y atenci�n m�dica en todo momento�, adopt� en 1948 la �Declaraci�n de Ginebra� de la cual Ecuador es parte, para asegurar la independencia de los m�dicos y garantizar los niveles m�s altos de su conducta �tica y atenci�n. Se han ya realizado seis revisiones del juramento hipocr�tico -1948, 1983, 1986, 1994, 2005 y 2017- para mantenerlo actualizado de acuerdo a los modelos de pr�ctica m�dica y asistencia sanitaria. (Pacheco, 2007; S�nchez-Salvatierra y Taype-Rond�n, 2018)[12][13].

En la �ltima actualizaci�n hace referencia justamente por primera vez a la relaci�n entre m�dico y paciente, d�ndole una autonom�a al paciente, a partir de ello rezan dos objetivos que permiten reconocer la importancia de la eutanasia e, incluso, del suicidio asistido cunado la enfermedad no es insalvable, e incluso, inexistente:

�(�) RESPETAR la autonom�a y la dignidad de mis pacientes;

VELAR con el m�ximo respeto por la vida humana (�)� (Asociaci�n M�dica Mundial, 2021)[14]

Al subrayar las ideas centrales de respeto, autonom�a, dignidad y no, centralmente, vida humana, se busca proteger mediante la muerte asistida a pacientes que sufren enfermedades que causan complicaciones y estragos para el correcto desempe�o de sus actividades, provocando en ellos dolores y sufrimientos intolerables tanto f�sico como psicol�gicos, en niveles desmesurados. Pero tambi�n es posible interpretar extensiblemente, de esta redacci�n, que el juramento compromete el m�dico en identificar una noci�n subjetiva de autonom�a y dignidad, �ntimamente relacionada con la cosmogon�a y la identidad del paciente, incluso cuando la enfermedad sea apreciada como de baja relevancia o inexistente.

La primera definici�n de paciente, corresponde a aquellos que sufren un tipo considerado intolerable de sufrimientos, en algunos casos padecen de varias enfermedades que intensifican su dolor. La realidad es que no �nicamente se enfrentan a dolores que no pueden ser calmados en su totalidad por los medicamentos ya existentes, sino que se enfrentan a s�ntomas o efectos secundarios de dichos medicamentos que causan, como cefaleas, v�mitos, p�rdida de apetito, mareos, alucinaciones e incluso convulsiones, que se fusionan intensificando el nivel de suplicio que viven a cada segundo. Pero estos niveles de sufrimiento pueden encontrarse tambi�n, por ejemplo, en depresiones agudas o en tr�nsitos de vida culturalmente inaceptables.

S�crates defin�a a la buena muerte y la calidad de vida en los siguientes t�rminos:

�No es el vivir (to zen) lo que por sobre todo debe ser valorado, sino el vivir bien (to eu zen). El vivir bien (to eu zen) es lo mismo que vivir bella (kalos) y justamente (dikaios)� (Aguayo Westwood, 2020, p.11)[15]

De lo cual se desprende que lo que es bueno no es el mero vivir, sino el vivir bien; en consecuencia, el que ha asumido plenamente su vida ha de vivir tanto como deba y no solo como pueda. Este es el principio de la calidad de su vida. La cuesti�n no estriba en morir antes o despu�s, sino en morir bien o mal. Y morir bien significa escapar del peligro de vivir mal.�

Desde dicha perspectiva, no se trata del tiempo en que suceda la muerte o el medio en el que llega, ya sea antes o despu�s, se trata del tiempo que dura una vida digna. (Juanatey, 2004)[16].

En Marx tambi�n se entiende que el que vive para el trabajo alienante es �un cad�ver�. As� se plantea este problema en autores de la ciencia de enfermer�a:

�El Capital es un libro que ha sido pensado, en algunos casos, como una obra �rida, destinada a los estudiosos del tema y, aparentemente, nada tiene que hacer ah� la muerte, sin embargo, en el cap�tulo �Capital constante y capital variable�, Marx se refiere a los medios de trabajo y Marx que, durante el proceso de trabajo, �stos se agotan y, en consecuencia, les llama �cad�veres� y esto tambi�n les ocurre a los hombres. Todo hombre muere 24 horas al cabo del d�a, sin embargo, el aspecto de una persona no nos dice nunca con exactitud cu�ntos d�as de vida le va restando ya la muerte� (Brena Ramos, 2020)[17]

De tal modo, que la deontolog�a m�dica ha venido aceptando, en una medida aun discutida, que la cosmogon�a de la persona priva, incluso, sobre su propia vida. La asistencia a su muerte deriva en una responsabilidad mayor que la puramente m�dica. Y, por lo mismo, presenta aspectos de inter�s de salud p�blica, pol�tica p�blica y acci�n integral del Estado.

 

Resultados

��Es preferible quitarse la vida, a una vida sin sentido y con sufrimiento�

S�neca

Entre las razones por las que se produce un suicidio existe la alternativa para otorgar una calidad de alivio y dignidad a un ser humano en situaci�n medicamente apremiante. Actualmente, de hecho, quitarse la vida es respaldado desde el punto de vista de muchos m�dicos. Pero el debate se remonta a varias �pocas. Desde el siglo XVII, Francisco Bacon, reconocido como el defensor de la muerte buena, en su libro Novum Organum, se pronuncia con las siguientes palabras: �Par�ceme que la funci�n de los m�dicos es dar la salud y mitigar las torturas del dolor. Y esto debe hacerse, no s�lo cuando el alivio del dolor produzca la curaci�n, sino tambi�n cuando pueda conducir a una tranquila y sosegada muerte�. (Jim�nez de Azua L, 1984).

Tomando en cuenta este principio, se ofrece la base para un protocolo de salud p�blica que defina a la persona que puede ser objeto de asistencia al suicidio, en t�rminos de enfermedades terminales o cuyo sufrimiento es insoportable. Tambi�n es posible considerarse para personas que no est�n en esta �ltima posici�n, pero argumentar su justificaci�n requerir� de otro debate no pertinente a los fines de este art�culo.

Dada la extensa literatura reciente sobre este tema, se han preferido dos autores de s�lida referencia: Durkheim (1928)[18], en los or�genes de la sociolog�a, y Jim�nez de As�a (1992)[19], en los or�genes de la criminolog�a. Tambi�n se utilizan herramientas de la predicci�n social, con el fin presumir retroactivamente la importancia de la decisi�n suicida. Seg�n sus fuentes se propone el siguiente protocolo de actuaci�n:

 

Figura 1: Proceso de determinaci�n del suicidio asistido

 

Como en los �rboles geneal�gicos, la l�nea descendiente implica la selecci�n de una persona que puede ser asistida a morir, aunque no haya expresado previamente su deseo e, incluso habi�ndolo expresado. La ausencia de l�nea descendiente, por tanto, impide la selecci�n de la persona.

El sistema presenta tres niveles de filtrado. Los niveles vienen establecidos por la distancia entre la estructuralidad (poca capacidad de transformaci�n cultural) y la situacionalidad (mayor capacidad de transformaci�n cultural) se obtienen de la teor�a de los tres relojes, aplicada en la predicci�n social (Castro Aniyar, 2020)[20]. El primero se enfoca en los procesos de menor dinamismo transformativo, y corresponde al primer reloj. El segundo presenta aspectos interaccionales de enorme importancia en las definiciones identitarias de la conducta, pero de menor carga estructural. El tercer nivel presenta aspectos tanto personales como de la relaci�n del individuo con su naci�n moderna, la cual suele ser flexible en t�rminos transformativos y corresponde al tercer y �ltimo reloj.

Se estima que una persona con una carga psicopatol�gica no tratable, no puede tomar la decisi�n de suicidarse. Presenta una importante discapacidad en procesar la realidad tal cual es (entendida como un est�ndar colectivo) y por lo cual no puede identificar su relaci�n con la muerte con todos los factores necesarios, incluyendo nuestra propia comprensi�n de o factores que motivan su suicidio. A pesar de que se habla de psicopatolog�a, es importante ubicar aqu� formas de neurodiversidades incompatibles con las formas representadas de realidad que requiere el trabajo y la convivencia social b�sica.

Adicionalmente se incorpora en el segundo reloj el suicidio estoico, como incapacitante al suicidio asistido. �ste agrupa a las personas que desean su suicidio para hacer da�o a terceras personas (o al mismo asistente). Lo hacen como un acto clasificatorio de desviados contra normales, por el que el suicidio propende a compensar la considerado injusto, desequilibrado o inarm�nico. Por cuanto este suicidio no tiene por principio la liberaci�n de la propia identidad, presenta aspectos delictivos o que rozan en lo antijuridico, y no debe ser sujeto de asistencia autorizada por el Estado.

Los familiares, en esta perspectiva, deben formar parte del estudio de la historia de vida que define la situaci�n del posible suicida, por lo que su autorizaci�n debe carecer de autonom�a. Adicionalmente, es posible identificar motivaciones de inter�s particular (herencia, conflictos familiares, seguros de vida, por ejemplo) que pueden contaminar su ascendencia sobre la decisi�n.

 

Conclusiones

Este art�culo no solo concluye sobre la necesidad de pensar en la eutanasia como una forma suicidio asistido, en coincidencia con abundante literatura reciente, sino que indica que existe responsabilidad de las protecciones estatales en esta asistencia. Para tal fin propone las bases de un protocolo de atenci�n que defina la selecci�n de la persona con el inter�s, expl�cito o presumido, de esta asistencia, con el fin de impedir decisiones irreversibles en personas que no est�n preparadas, y adem�s, con el fin de diluir la decisi�n de los m�dicos y los familiares a favor de un �ngulo provisto por un estudio de vida de la persona.

 

Referencias

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3.        Pacheco, Manuel. (2007). La Declaraci�n de Ginebra: Hip�crates redivivo en la declaraci�n de fidelidad profesional de los m�dicos ecuatorianos. Parte II y final. C�tedra de Humanidades M�dicas, Facultad de Ciencias M�dicas, Universidad Central del Ecuador. file:///C:/Users/Pavilion/Downloads/1037-Texto%20del%20manuscrito-3929-1-10-20181011%20(1).pdf

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11.    Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana C- T-970 de 2014�

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15.    Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, 006-15-SCN-CC, 27 de Mayo de 2015.

16.    Ley de Derechos y Amparos al paciente, Ley 77, Registro Oficial Suplemento 626 de 03 de Febrero de 1995.

17.    Ley Org�nica de la Salud, Ley 67,� Registro Oficial Suplemento 42, en literal h, articulo 7,� 22 de Diciembre de 2006.

18.    C�digo Penal, Registro Oficial Suplemento 147, art�culo 454, 22 de Enero de 1971.

19.    C�digo Org�nico Integral Penal, Ley 0, Registro Oficial Suplemento 180, art�culo 146 10 de Febrero de 2014.

20.    S�neca, L. (2000). Cartas a Lucilio, Editorial Juventud.

 

 

 

 

 

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