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Estudio cr�tico de la constitucionalizaci�n del derecho al Medio Ambiente

 

Critical study of the constitutionalization of the right to the environment

 

Estudo cr�tico da constitucionaliza��o do direito ao meio ambiente

 

M�nica Elo�za Ram�n-Merch�n ^I

mramon@utmachala.edu.ec

https://orcid.org/0000-0002-1191-863X

 

Mariuxi Del Cisne Bonilla-Vega ^II

mariuxibonila@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-1293-2721

 

 

 

Correspondencia: mramon@utmachala.edu.ec

 

 

Ciencias sociales y pol�ticas ��

��������������������������������������������������������� Art�culo de investigaci�n ���������������

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*Recibido: 30 de noviembre de 2020 *Aceptado: 20 de diciembre de 2020 * Publicado: 09 de enero de 2021

 

 

       I.            Magister en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los Tribunales de Justicia de la Republica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador.

    II.            Abogada de los Juzgados y Tribunales de la Rep�blica del Ecuador, Investigadora Privada, Machala, Ecuador.

 

 

 

 

 

Resumen

El presente trabajo de investigaci�n, tuvo como objetivo el estudio de los avances significativos en las constituciones del Ecuador con relaci�n a los derechos del medio ambiente, para ello se emple� el tipo de investigaci�n descriptiva, cualitativa, y documental complementado con fuentes bibliogr�ficas, normativas, tratados y convenios internacionales y libros. En la medida que pasa el tiempo ha cobrado especial importancia tambi�n para los juristas la protecci�n del Medio Ambiente, como derecho del ciudadano, deber constitucional y pol�tico estatal. La compleja configuraci�n legal de la protecci�n al Medio Ambiente ha traspasado los umbrales del Derecho Administrativo para convertirse en objeto primario del Derecho Constitucional, en las m�ltiples dimensiones, derechos e instituciones jur�dicas que vinculan al ser humano y su entorno. La Asamblea Constituyente de Montecristi permite crear un nuevo hilo de percepciones a favor de los derechos a la naturaleza, tanto as�, que paso de objeto de derecho a sujeto de derechos; adem�s de incorporar en la misma Constituci�n del 2008, varios principios rectores que dieron paso a una estructura dirigida al Sumak Kawsay o tambi�n llamado buen vivir.

Palabras claves: Medio Ambiente sano; Constituci�n; Solidaridad constitucional; Derechos.

 

Abstract

The present research work aimed to study the significant advances in the constitutions of Ecuador in relation to the rights of the environment, for this the type of descriptive, qualitative, and documentary research was used complemented with bibliographic, normative sources, international treaties and conventions and books. As time goes by, the protection of the Environment has also gained special importance for jurists, as a citizen's right, constitutional and political state duty. The complex legal configuration of the protection of the Environment has crossed the thresholds of Administrative Law to become the primary object of Constitutional Law, in the multiple dimensions, rights and legal institutions that link the human being and his environment. The Montecristi Constituent Assembly allows for the creation of a new thread of perceptions in favor of the rights to nature, so much so that it went from object of right to subject of rights; In addition to incorporating in the same Constitution of 2008, several guiding principles that gave way to a structure directed to Sumak Kawsay or also called good living.

Keywords: Healthy environment; Constitution; Constitutional solidarity; Rights.

 

Resumo

O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo estudar os avan�os significativos nas constitui��es do Equador em rela��o aos direitos do meio ambiente, para isso utilizou-se o tipo de pesquisa descritiva, qualitativa e documental complementada com fontes bibliogr�ficas, normativas, tratados, conven��es e livros internacionais. Com o passar do tempo, a prote��o ao Meio Ambiente tamb�m ganhou especial import�ncia para os juristas, como direito do cidad�o, dever constitucional e pol�tico do Estado. A complexa configura��o jur�dica da protec��o do Ambiente ultrapassou os limiares do Direito Administrativo para se tornar o objecto principal do Direito Constitucional, nas m�ltiplas dimens�es, direitos e institui��es jur�dicas que ligam o ser humano ao seu meio. A Assembleia Constituinte Montecristi permite a cria��o de um novo fio de percep��o a favor dos direitos � natureza, tanto que passou de objeto de direito a sujeito de direito; Al�m de incorporar na mesma Constitui��o de 2008, diversos princ�pios norteadores que deram lugar a uma estrutura direcionada a Sumak Kawsay ou tamb�m chamada de bom viver.

Palavras-chave: Ambiente saud�vel; Constitui��o; Solidariedade constitucional; Direitos.

 

Introducci�n

Los derechos del medio ambiente, ha sido objeto de estudio en las �ltimas d�cadas con mayor influencia, cada vez son m�s las personas interesadas en investigar y producir informaci�n relevante pro a la naturaleza, por ende, este trabajo investigativo ahondara los avances de los derechos ambientales en los tratados y convenios internacionales y constituciones.� Varios doctrinarios internacionales como el profesor Le�n (2016) mencionan que el concepto constitucional de calidad de vida y sus dimensiones jur�dicas, tiene especial referencia al medio ambiente y por consiguiente su protecci�n en la Ley fundamental de los Estados, lo cual requiere un estudio que se torna polis�mico en el �mbito jur�dico conceptual, legislativo y doctrinal que debe resultar a su vez l�gico y coherente en el orden dogm�tico y con la Declaraci�n de Estocolmo sobre Medio Ambiente de 1972, las Constituciones promulgadas con posterioridad, pautaron un prop�sito al preceptuar un derecho a un Medio Ambiente sano, equilibrado.

Se constata, sin profundizar en tipicidades, categor�as que signan al Ambiente dentro de los textos constitucionales. Los investigadores han se�alado que la protecci�n del Medio Ambiente se ha elaborado constitucionalmente como: derecho social, mandato de protecci�n, deber constitucional, l�mites circunstanciales a derechos. Por ello, para comprender el objeto, los sujetos de derechos, los l�mites, los procedimientos y procesos que convergen dentro de la constitucionalidad ambiental, se empieza estableciendo los fundamentos de un derecho al medio ambiente en la Constituci�n. Los problemas interpretativos, que requieren de una correcta ponderaci�n entre los derechos fundamentales, donde el derecho al medio ambiente, no puede convertirse en un derecho m�s, ya que persigue la defensa de la vida, la naturaleza, los valores paisaj�sticos, recursos naturales y el desarrollo humano como un todo ambiental.

Los tratados internacionales sobre el Medio Ambiente y su sistema de incorporaci�n a la legislaci�n interna, as� como la pol�tica comunitaria de regiones como la Uni�n Europea y Am�rica Latina, �ha conducido a la introducci�n en los cuerpos constitucionales nacionales a la protecci�n al Medio Ambiente� (Escribano & L�pez 2014). Desde la Declaraci�n de Estocolmo de 1972 a la cual hac�amos referencia, pasando por Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en 1992, permiti� la aprobaci�n de documentos jur�dicos regionales para la protecci�n del Medio Ambiente, como el Protocolo de San Salvador de 1988 y el Convenio sobre el acceso a la informaci�n, la participaci�n del p�blico en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente, aprobado en Aahrus, Dinamarca, el 25 de junio de 1997 y ratificado el 29 de diciembre de 1998. Estos instrumentos internacionales, unidos el Protocolo de Kyoto en 1997, la Declaraci�n de Rio de Medio Ambiente y Desarrollo 1992, la Declaraci�n de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible de 2002 y recientemente el Acuerdo de Paris en 2015 sobre cambio clim�tico, son los que han tenido mayor influencia en la constitucionalizaci�n del derecho al medio ambiente, sin obviar los compromisos contra�dos por los Estados, en las otras convenciones, acuerdos y protocolos en materia ambiental.�

La propia dial�ctica jur�dica ha permitido el surgimiento del �ecologismo constitucional� (Mac�as, 2011).� Y tambi�n de la llamada �democracia ambiental�; teniendo su fundamento primigenio en la existencia del derecho a un medio ambiente sano. Al revisar las constituciones europeas y latinoamericanas, observaremos luego de 1972, las particularidades del constitucionalismo ambiental, que trascienden lo constitucional hacia el ordenamiento jur�dico, como normas de aplicaci�n directa, lo cual genera a partir de las tipicidades del derecho, a un medio ambiente sano efectivas garant�as.

 

 

Metodolog�a

La investigaci�n fue realizada mediante un enfoque descriptivo y cualitativo, utilizando el tipo de investigaci�n documental; el desarrollo del presente estudio fue complementado con fuentes bibliogr�ficas, normativas, tratados y convenios internacionales y libros para tener una visi�n m�s generalizada sobre los derechos del medio ambiente en la legislaci�n ecuatoriana, para analizar y saber diferenciar los cambios visibles de los derechos de la naturaleza en el Ecuador.

 

El derecho a un medio ambiente sano, un derecho de solidaridad constitucional

El derecho al medio ambiente como derecho de tercera generaci�n, contribuye a redimensionar la imagen del hombre como sujeto de derecho. El Medio Ambiente no debe entenderse como una categor�a abstracta. Es por esto que el investigador Aguado (2001) refiere que un pa�s que tenga la perspectiva en la protecci�n del mismo, es directamente proporcional al desarrollo del hombre en cada uno de los niveles. No obstante, con la Convenci�n de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972, se abre un reconocimiento expl�cito a la admisibilidad de un derecho al medio ambiente sano, implicando no pocos problemas en la dogm�tica constitucional. La Constituci�n como c�spide del ordenamiento jur�dico, c�liz de los valores y principios que consagra la sociedad, incorpora los preceptos por los que se interpretan derechos relacionados con el ambiente. Y la primac�a constitucional Garc�a De Enterr�a (1985) presenta una compleja funcionalidad en correspondencia con el derecho a un Medio Ambiente sano y el dinamismo que implica el ecologismo constitucional.�

La conceptualizaci�n del derecho al ambiente es un desaf�o que corresponde asumir con valent�a a la doctrina y a la jurisprudencia. Este derecho no debe ser entendido como el derecho a disfrutar de un ambiente ideal, sino como el derecho a que �ste sea preservado, protegido del deterioro y, en su caso, mejorado en el momento y lugar concreto en que se manifieste una situaci�n de degradaci�n efectiva o potencial. (Delgado, 1993).

El derecho a un medio ambiente sano ha sido consagrado en la Constituci�n espa�ola de 1978 en su art�culo 45; y en la Constituci�n ecuatoriana de 2008 desde una concepci�n bioc�ntrica y antropoc�ntrica del Ambiente, con distintas formulaciones jur�dicas. Las cl�usulas constitucionales al reconocer este derecho al medio ambiente sano, ecol�gicamente equilibrado y sostenible necesitan para su concreci�n un sistema de garant�as conducente, al disfrute, la conservaci�n y gesti�n responsable del ambiente.

En los actuales procesos de reforma constitucionales se debe introducir una nomenclatura universalista, garantista y principista para los derechos constitucionales, que tengan en cuenta la puesta en vigor del Convenio de Aahrus de 1998 y la Carta del Medio Ambiente de Francia del 2005, �Charte de l'environnement� de 2004, �Loi constitutionnelle No 2005-205 du 1er mars 2005�, donde se reconocen los derechos constitucionales a la participaci�n en la gesti�n ambiental, a la informaci�n ambiental, al control ambiental ambientales, resaltando el car�cter fundamental del derecho a un medio ambiente sano. Ecuador, sin embargo, lo estructura con una tipicidad amplia e integral. Este derecho y su estructura fundamental por la propia l�gica jur�dica, se convierte en el eje del plexo jur�dico constitucional ambiental en el Ecuador y se convierte en referente universal.

Por otra parte, el derecho humano fundamental a un medio ambiente sano es un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensi�n colectiva, constituye un inter�s universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras; mientras que su vulneraci�n puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas, en virtud de su dimensi�n individual y su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradaci�n del medio ambiente puede causar da�os irreparables en los seres humanos, por lo cual �un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad� (L�pez, 1997). Ahora bien, el derecho a un medio ambiente sano como derecho aut�nomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protecci�n de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.

Algunos derechos humanos son m�s susceptibles que otros a la degradaci�n ambiental. Los derechos especialmente vinculados al medio ambiente se han clasificado en dos grupos: 1) los derechos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradaci�n del medio ambiente, tambi�n identificados como derechos sustantivos (por ejemplo, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud o a la propiedad); y 2) los derechos cuyo ejercicio respalda una mejor formulaci�n de pol�ticas ambientales, tambi�n identificados como derechos de procedimiento (tales como derechos a la libertad de expresi�n y asociaci�n, a la informaci�n, a la participaci�n en la toma de decisiones y a un recurso efectivo). Encontrar acepciones que especifiquen los derechos, las garant�as y las herramientas jur�dicas para la defensa del ambiente, tiene su g�nesis en el derecho a un Medio Ambiente sano.

Por el momento, partimos de su reconocimiento como un derecho fundamental y, por ende, asociado a la vida y a la dignidad del ser humano; de su car�cter subjetivo, p�blico, prestacional e incluso reaccional, as� como de su estructura abierta que sit�a al legislador en la posibilidad de configurar su alcance a trav�s de las normas legales que desarrollan el mandato constitucional, sin afectar su contenido esencial. Uno de los aspectos que consideramos tambi�n fundamental para entender su alcance es su objeto jur�dico vinculado al inter�s p�blico y transgeneracional, que como plantea (Alegre, 2009) trasciende el �mbito de lo individual y lo colectivo, de lo local e incluso, de lo generacional. El deber del legislador no consiste en redundar una proclamaci�n general que ya sanciona la Constituci�n ni tampoco en establecer una definici�n universalmente v�lida del derecho, empe�o seguramente inalcanzable, sino en extender y hacer realidad su verificaci�n en los distintos sectores del ordenamiento que le afectan. Esta es la tarea que el constituyente debe confiar y encomendar al legislador, decidir progresivamente en los distintos �mbitos y realidades de conflicto ambiental, cu�l debe ser el alcance de este derecho, conjug�ndolo y armoniz�ndolo. (Delgado, 1993)

Se debe afirmar que el derecho al Medio Ambiente es un derecho subjetivo de naturaleza constitucional, de configuraci�n legal y protecci�n judicial ordinaria. En este sentido es algo m�s que un mero derecho prestacional, que tambi�n obliga a la Administraci�n a velar por la conservaci�n del Ambiente.

Al instituir el derecho constitucional al medio ambiente, en las tendencias actuales fundamentalmente luego de la Conferencia de Johannesburgo en 2002, es imprescindible hacer �nfasis en las dimensiones que conforman su contenido: la �calidad de vida y el desarrollo sostenible�. Es radicalmente original la vinculaci�n constitucional de la calidad de vida a la calidad del medio ambiente. Se admite, en suma, que el concepto no puede alcanzar vigencia social sin el cuidado del medio natural. Se acepta as� la importancia de una variable no estrictamente humana: el nivel de vida trae origen de una actividad eminentemente humana (la econom�a), y la cultura es un concepto antropol�gico.

Esta referencia nueva, vincula al hombre, al medio y lo hace depender de �l en su b�squeda del bienestar. O lo que es lo mismo: se hace depender la calidad de vida humana de la calidad de vida del medio, de manera que no hay calidad de vida sin cuidado del entorno natural. En este sentido, con la Cumbre y Declaraci�n de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible celebrada en 2002, se colige una concepci�n integral que establece como plataforma tres ejes para el logro del desarrollo: el econ�mico, el social y la protecci�n ambiental. La funcionalidad del derecho a un medio ambiente sano dentro de los ordenamientos jur�dicos, se engrana con las perspectivas de desarrollo industrial, la gobernanza efectiva y el disfrute pleno de los derechos. Siendo el constituyente el encargado de materializar este derecho en lo colectivo y en lo individual en el texto magno de la naci�n, para que no quede a la lib�rrima decisi�n del legislador ordinario, de pol�ticos o administrativos solamente, la defensa del medio ambiente.

Cuando se establece constitucionalmente el derecho a un medio ambiente sano, se conjuga con coherencia y buena t�cnica jur�dica tambi�n a los derechos conexos que deben tener un asidero constitucional, que a la misma vez, permitan hacerlos valer de forma directa.

Es por eso que se fundamenta la importancia del derecho al medio ambiente para la vigencia de otros derechos fundamentales, como la vida o la salud, que tambi�n gozan de reconocimiento constitucional e internacional. Ello le da un car�cter relacional, lo que origina que sus fundamentos sean los mismos de aquellos derechos con los cuales se vincula. As� por ejemplo, el doctor Huerta (2013) es conciliador en este sentido, pues es del criterio que cuando se relaciona el derecho al medio ambiente con la salud, se aprecia la relaci�n con los fundamentos que sustentan los derechos sociales, a la vez que con los problemas que ha tenido el reconocimiento y protecci�n de estos derechos.

Este criterio coincide con el sostenido por el investigador Aguado (2001) cuando en su texto �la dif�cil concepci�n del medio ambiente como derecho constitucional en el ordenamiento espa�ol�, sostiene que la disquisici�n te�rico doctrinal sobre la constitucionalidad del derecho al medio ambiente se encuentra m�s que superada.� Con todo rigor los principios de solidaridad, responsabilidad com�n y sobre todo, la evoluci�n hacia los propios derechos de la naturaleza, nos convoca a escrutar el pliego de derechos fundamentales, que tienen al ser humano y la existencia de la vida y al planeta como centro. En pa�ses latinoamericanos como M�jico, seg�n el investigador Alfie (2016) �las pol�ticas ambientales� fueron implementadas con la finalidad de mejorar la protecci�n del entorno natural, cuyo objetivo es cumplir con las leyes o reglamentos, normas establecidos por la gobernaci�n, que es la m�xima autoridad mexicana, de manera que perciben el control y organizaci�n de que las empresas industriales traten de no destruir el ecosistema y se concienticen en el cuidado del medio ambiente, de tal forma que los ciudadanos ayuden en la sostenibilidad de los recursos naturales que les rodea.

En este mismo contexto internacional, los investigadores Bosque, et al., (2016), plantean que �el t�rmino de desarrollo sostenible en la actualidad, es muy debatido entre diversos actores y contextos para minimizar la contaminaci�n de las actividades antropog�nicas en cada �rea del planeta tales como: Europa, Norte Am�rica especialmente en esta regi�n debido a las grandes emisiones de gases contaminantes atmosf�ricos provocando la lluvia �cida entre otros impactos ambientales, y finalmente �frica� debido a las grandes extensiones de las tierras que se encuentran habitadas es por ello que el presente termino se lo puede contextualizar en cualquier �mbito haciendo an�lisis justos en cada una de las actividades que se realizan para el sustento diario de los habitantes� (Bosque, et al., 2016). Por nuestra parte, hemos encontrado una persistencia en las investigaciones actuales (Alonzo & Paz, 2014) hacia las normas y prohibici�n de residuos s�lidos que aquejan al medio ambiente alrededor del mundo. (P�rez, 2017), insiste en la necesidad de hacer conciencia sobre las relaciones que debe tener la persona y el medio ambiente dentro del contexto econ�mico y social para fomentar de esa manera el desarrollo sostenible.� A favor de las pol�ticas p�blicas de concientizaci�n para el cuidado del medio ambiente, el investigador ecuatoriano Mera (2017) plantea mediante la aplicaci�n de tributos, se pueda lograr una conducta ecol�gica y concientizaci�n de los ecuatorianos y ecuatorianas frente a la problem�tica actual que atraviesa el pa�s en relaci�n a la contaminaci�n ambiental.

Lo cierto es que la previsi�n de cualquier constituyente, independiente del pa�s, lugar y la cultura en que se encuentre inmerso, tiene que abarcar los fines de preservaci�n del Ambiente, de la naturaleza, que no se agotan al ce�irse a temas medioambientales. En este mismo sentido, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030, nos demuestran como la implementaci�n de los compromisos contra�dos a nivel global, el respeto a las minor�as, el reconocimiento al derecho a la paz, la alimentaci�n como derechos fundamentales son condici�n sine qua non para la realizaci�n positiva del derecho a un medio ambiente sano. No obstante, resulta menester analizar la connotaci�n contempor�nea del Medio Ambiente y la naturaleza, como objeto y sujeto de derechos.

 

 

El derecho a un medio ambiente sano en la Constituci�n del Ecuador 2008

En la Constituci�n de Montecristi de 2008 resulta amplia la nomenclatura en pos de una consagraci�n, regulaci�n y conservaci�n del Ambiente, la Naturaleza y los recursos naturales. Desde el Titulo II sobre los Derechos, cap�tulo II, dedicado a los derechos del buen vivir, donde se estructura con congruencia las dimensiones primarias del ambiente en relaci�n con la progresividad de los derechos, vinculados a la elaboraci�n primigenia del derecho a vivir y al disfrute del Ambiente. El derecho al agua, jerarquizado como derecho humano, y el derecho de la poblaci�n a vivir en un ambiente sano y ecol�gicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, reconocido as� en los art�culos 13 y 14, respectivamente del texto constitucional ecuatoriano. Se debe ponderar la profundidad con la cual, el constituyente sign� estos derechos al Buen Vivir, cuya titularidad colectiva, derechos irrenunciables e irreductibles, garantizan su defensa ante la Corte Constitucional, al amparo de las acciones de protecci�n y los propios recursos constitucionales al efecto.

Su contenido tambi�n, sostiene las dimensiones de calidad de vida y el equilibrio ecol�gico, previniendo el da�o y las afectaciones ambientales. Un caso singular, que ha sido estudiado y denunciado por varios estudiosos constitucionalistas como el doctor Serrano (2013), muestra estas acciones de protecci�n; nos referimos a la demanda del gobierno ecuatoriano por los vertimientos petrol�feros en la Amazonia ecuatoriana. El titular de la soberan�a nacional, y responsable de los bienes p�blicos como el agua y el ambiente, decidi� interponer una acci�n por los da�os provocados por la empresa Chevron, en pos de la restituci�n e indemnizaci�n por los da�os causados al ecosistema y a las comunidades ind�genas. Aunque el caso anterior rebasa la matriz constitucional hacia los procedimientos contenciosos ambientales y administrativos, y todav�a est� sujeto a litigios por las Cortes Internacionales, que en ocasiones se muestra a favor de los reclamos de las comunidades ind�genas ecuatorianas y otras a favor de las m�ltiples apelaciones, subterfugios y reclamaciones de la empresa Chevron, contra el Estado ecuatoriano y sus comunidades ind�genas, es indudable que tiene� una esencia constitucional, la cual permite la defensa y la persecuci�n ante el da�o doloso al Medio Ambiente ecuatoriano.

Aunque no siempre, ni de manera sistematizadora, la normativa administrativa ambiental, garantiza el car�cter fundamental de este derecho, positivar el derecho debe estar acompa�ado de un sistema de garant�as (materiales, jurisdiccionales, pol�ticas) que vinculen la matriz jur�dica que sustenta el derecho al medio ambiente. La protecci�n del entorno como mandato de protecci�n o derecho-deber constitucional, est� relacionado tambi�n, con la afirmaci�n de Rubio (2001) cuando plantea que los deberes constitucionales sirven finalidades o intereses muy diversos, que en el caso del deber de conservaci�n del medio ambiente, no resultan tan evidentes.

Las sentencias del Tribunal Constitucional Espa�ol, que han establecido el alcance de los presupuestos con los cuales tanto el legislador ordinario como el ciudadano, est�n obligados a la protecci�n del ambiente; ha permitido un franco equilibrio entre la interpositio legislatoris, las decisiones gubernamentales e incluso, afectaciones administrativas a derechos como la propiedad, y la abstenci�n de actividades de los particulares, ante la posible responsabilidad ambiental.

En este sentido, cobra toda su actualidad el debate en torno al deber gen�rico de protecci�n ambiental y, si a partir de aqu�l, cabe hablar de la generaci�n de una obligaci�n jur�dica, esto es, si jur�dicamente es exigible, accionable de manera sistem�tica ese deber, con suficiente fundamentaci�n constitucional. Entendemos que estamos ante un deber gen�rico; porque �s�lo deriva en una obligaci�n jur�dica en la medida en que el legislador ha precisado su contenido, por lo que el an�lisis del desarrollo legislativo es crucial para alcanzar un mayor nivel de concreci�n� (P�rez, 2017).�

Lo cierto es que el reforzamiento de la democracia ambiental, se contempla a trav�s del ejercicio directo de la voluntad popular, mediante el ejercicio de la participaci�n de la ciudadan�a en los asuntos del Estado. Es por eso que el art�culo 103 de la Constituci�n de Monte Cristi 2008, prev� la solicitud para la convocatoria a consultas populares sobre cualquier asunto, cuya iniciativa puede emerger del Presidente de la Republica o los propios ciudadanos, incluyendo a las comunidades ind�genas, en su jurisdicci�n especial. Este derecho de participaci�n es posible, al sostener el constituyente ecuatoriano un mandato de protecci�n, con jerarqu�a� jur�dica exigida.

Aunque la protecci�n ambiental, se ha pretendido tambi�n desde el Derecho Administrativo, es palpable en nuestra Constituci�n, la convergencia imprescindible en pos del control y el ejercicio de los derechos constitucionales al ambiente, observando las m�ltiples categor�as jur�dicas ante un panorama actual difuso, ya que recientemente la Corte Internacional, fall� a favor de la empresa Chevr�n y en contra de las comunidades ind�genas y el Estado ecuatoriano. Seguir trazando las pautas para la conservaci�n del Medio Ambiente y su defensa en sus m�ltiples dimensiones, amparado en la propia Constituci�n de Monte Cristi de 2008, como un derecho fundamental y mandato de protecci�n, se convierte en un eslab�n b�sico, para la defensa de un entorno sano y ecol�gicamente equilibrado.

 

Conclusiones�

La Constituci�n Ecuatoriana contempla un sistema de protecci�n y defensa jur�dica del ambiente, que asume, desde la elaboraci�n antropoc�ntrica del Ambiente y su v�nculo estrecho con el biocentrismo jur�dico ambiental hasta la calidad de vida, y la ecolog�a como categor�as marco, para la interpretaci�n constitucional por el ciudadano, los funcionarios, y los magistrados de la naci�n.�

La configuraci�n constitucional de este derecho fundamental, de configuraci�n legal, hasta cierto punto subjetivo, tiene implicaciones para el conjunto del ordenamiento jur�dico. Definir su contenido y alcance, as� como su exigibilidad en pos de eficacia real de su reconocimiento constitucional, requiere continuar una afanosa investigaci�n m�s detallada. La evoluci�n jur�dico doctrinal del derecho a un Medio Ambiente sano desde los pilares del Derecho Constitucional, exige discernir el plexo jur�dico que sostiene, observable en el actual texto fundamental del Estado ecuatoriano. Las leyes org�nicas de protecci�n del ambiente y de descentralizaci�n en el Ecuador, son resortes para el reconocimiento efectivo del derecho al ambiente sano y ecol�gicamente equilibrado.

En ning�n momento ni por ninguna causa, se agota en la Constituci�n, la regulaci�n del Medio Ambiente, su defensa y conservaci�n, as� como los derechos vinculados a este. Todo depende entonces, del legislador ordinario y la iniciativa legislativa formulada por los sujetos pol�ticos.

 

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�2020 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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