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La inconstitucionalidad del art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada por el COVID-19

 

The unconstitutionality of the article 19 of the Organic Law for Humanitarian Support against the crisis caused by COVID-19

 

�A inconstitucionalidade do artigo 19 da Lei Org�nica de Apoio Humanit�rio para o combate � crise provocada pela COVID-19

 

Luis Felipe Jaramillo-Macancela ^I

lfjaramillo74@est.ucacue.edu.ec

https://orcid.org/0000-0003-4577-9903

 

David Sebasti�n V�zquez-Mart�nez ^II

david.vazquezc@ucacue.edu.ec

https://orcid.org/0000-0002-7430-0351

 

Correspondencia: lfjaramillo74@est.ucacue.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

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*Recibido: 15 de diciembre de 2020 *Aceptado: 30 de diciembre de 2020 * Publicado: 04 de enero de 2021

 

 

        I.            Abogado de los Tribunales de Justicia de la Republica, estudiante de la Maestr�a en Derecho Constitucional con Menci�n en Derecho Procesal Constitucional, Jefatura de Posgrados, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

     II.            Docente de la Maestr�a en Derecho Constitucional con Menci�n en Derecho Procesal Constitucional, Jefatura de Posgrados, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

Resumen

En la actualidad producto de la grave crisis econ�mica ocasionada por la pandemia denominada COVID -19 el Estado Ecuatoriano ha implementado en su ordenamiento Jur�dico la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario, misma que en su art�culo n�mero 19 establece una modalidad contractual que pudiese generar regresi�n de derechos laborales vulnerando de esta manera principios consagrados en la Constituci�n. El objetivo es analizar si el mencionado art�culo vulnera el Derecho al Trabajo espec�ficamente en lo referente a la estabilidad laboral. La investigaci�n fue de tipo mixta con �nfasis en lo cualitativo, en virtud de que se aplicaron m�todos como el inductivo-deductivo e hist�rico l�gico. Se estableci� como resultado que la incorporaci�n de estas nuevas modalidades contractuales genera precarizaci�n laboral, vulnerando de esta manera el principio constitucional de la estabilidad laboral de los trabajadores. Como aporte se estableci� la reforma del art�culo remplaz�ndolo por uno que garantice los derechos Constitucionales del Trabajador.

Palabras clave: Derecho Constitucional; derecho laboral; derecho a la estabilidad laboral; derecho a la no precarizaci�n laboral; derecho social.

 

Abstract

Currently, product of the serious economic crisis caused by the pandemic COVID-19, the Ecuadorian State has implemented the Organic Law of Humanitarian Support in its legal system, which in the article number 19 establishes a contractual modality that could generate regression of labor rights thus violating principles enshrined in the Constitution. The objective is to analyze whether the aforementioned article violates the Right to Work specifically in relation to job stability. The research was of a mixed type with emphasis on the qualitative, by virtue of the fact that methods such as inductive-deductive and logical historical were applied. It was established as a result that the incorporation of these new contractual modalitiy generates job insecurity, thus violating the constitutional principle of labor stability for workers. As a contribution, the reform of the article was established, replacing it with one that guarantees the Constitutional rights of the Workers.

Keywords: Constitutional Law; Work Law; Job Stability Right; Non precarization of work right; Social Right.

 

Resumo

Atualmente, produto da grave crise econ�mica provocada pela pandemia denominada COVID -19, o Estado equatoriano implementou em seu ordenamento jur�dico a Lei Org�nica de Apoio Humanit�rio, que em seu artigo n� 19 estabelece uma modalidade contratual que poderia gerar retrocesso de direitos trabalhista, violando princ�pios consagrados na Constitui��o. O objetivo � analisar se o referido artigo viola o Direito ao Trabalho especificamente no que se refere � estabilidade no emprego. A pesquisa foi de tipo misto com �nfase na qualitativa, em virtude da aplica��o de m�todos como o indutivo-dedutivo e o hist�rico l�gico. Constatou-se como resultado que a incorpora��o dessas novas modalidades contratuais gera inseguran�a no emprego, violando o princ�pio constitucional da estabilidade laboral dos trabalhadores. Como contribui��o, foi institu�da a reforma do artigo, substituindo-o por outro que garanta os direitos constitucionais do trabalhador.

Palavras-chave: Direito Constitucional; lei trabalhista; direito � estabilidade no emprego; o direito ao trabalho n�o prec�rio; direito social.

 

Introducci�n

A finales del a�o 2019 se genera el brote de la enfermedad viral denominada como COVID - 19, como ha sido mundialmente conocido en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China, y tras el conocimiento de casos importados a pa�ses vecinos de China, la Organizaci�n Mundial de la Salud mediante una rueda de prensa de fecha 22 de enero del 2020 (OMS, 2020), pone en conocimiento la existencia de este nuevo virus a la poblaci�n mundial. D�as posteriores a esto, el Director General de la Organizaci�n Mundial de la Salud, declara estado de emergencia a nivel mundial, calificando al COVID-19 como pandemia mundial por su gran expansi�n de contagio.

En Ecuador, el 29 de febrero del 2020 se da lugar una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil, la entonces Ministra de Salud P�blica acompa�ada de otros miembros de gabinete gubernamental, informa al pa�s el primer caso importado del virus COVID 19 en el Ecuador (Diario El Universo, 2020), para posteriormente informar que la paciente denominada cero, hab�a fallecido por complicaciones presentadas por efectos del virus, y que se hab�a confirmado que miembros de la familia de la paciente hab�an salido positivos en las pruebas de detecci�n del COVID-19, ampli�ndose as� el cerco epidemiol�gico en el pa�s.

Frente a esta situaci�n, el 17 de marzo del 2020, se emite el Decreto Ejecutivo No. 1017 suscrito por el Presidente de la Rep�blica, Lic. Lenin Moreno Garc�s (Registro Oficial No 163, 2020), se da la declaratoria de Estado de Excepci�n y emergencia sanitaria nacional por efectos de prevenir el contagio masivo del COVID-19 en el pa�s, mediante el cual, en su art�culo 6 decreta la suspensi�n de la jornada laboral a nivel nacional, exceptu�ndose a los establecimientos tanto p�blicos como privados de salud, alimentaci�n y ciertos sectores estrat�gicos adicionales; situaci�n que se mantuvo desde el d�a 16 de marzo hasta mediados del mes de septiembre del 2020, en el que la Ministra de Gobierno� informa que se da por levantado el estado de excepci�n, pero que se mantienen las medidas de semaforizaci�n de acuerdo a las potestades que se les fueron atribuidas a cada uno de los Comit�s de Operaciones Cantonales (Ministerio de Gobierno, 2020). En la ciudad de Cuenca, este per�odo de aislamiento se mantuvo hasta el 25 de mayo del 2020, en la que el COE Cantonal, resolvi� que la ciudad pase de sem�foro rojo a amarillo (Diario El Mercurio, 2020)

La que se denomin� �nueva normalidad� involucraba una progresiva activaci�n de la econom�a del pa�s, la que tuvo una fuerte recesi�n en el tiempo del aislamiento, situaci�n que fue analizada a profundidad por los entendidos de la materia (Diario Primicias, 2020), recesi�n que ha causado un impacto fuerte en la econom�a del pa�s y, por lo tanto, en la econom�a de todos los ecuatorianos.

Frente a esto, se env�a por parte del Presidente de la Rep�blica un proyecto de ley para ser aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia en el pa�s, a la que se le denomino como �Ley Humanitaria�, dicha ley fue debatida y analizada por la Asamblea Nacional, siendo expedida y finalmente publicada en el Registro Oficial No. 229, de fecha 22 de junio del 2020, d�ndola el nombre de Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19 (Registro Oficial, 2020), ante esto se presenta la pregunta: �Vulnera el Derecho al trabajo referente a la estabilidad laboral lo establecido en el art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19?

Dentro de esta ley se encuentra el art�culo 19 en donde se establece la figura de un nuevo modelo de Contrato Individual del Trabajo, d�ndole el nombre de contrato especial emergente, contrato que mantiene sus propias particularidades y requisitos; y, dentro del mismo se detallan los par�metros para que dicho contrato sea aplicable; siendo esta la norma jur�dica la que ser� analizada en este trabajo y del que se podr� exponer con plena certeza que lo establecido dentro del mencionado art�culo es inconstitucional, ya que como se explicar� se afectan principios de la estabilidad laboral y la no precarizaci�n laboral,� siendo esto el objetivo general, esto es, analizar el art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y determinar si el mismo vulnera el Derecho al Trabajo em lo referente a la estabilidad laboral.

Por otro lado, como parte de los objetivos de este trabajo se debe considerar que los derechos laborales, esto es los derechos que regulan las relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores, se han venido creando y fortaleciendo de forma hist�rica; llegando a considerarse que cada principio y cada derecho o garant�a, es un logro a favor de la parte trabajadora u obrera, frente a la inminente desproporci�n en esta relaci�n jur�dica (empleador/patrono- trabajador/obrero).

Estos derechos se han ido adquiriendo por los trabajadores mediante innumerables luchas sociales a lo largo de la historia de la humanidad, as� tenemos que tras la ca�da del Imperio Romano, aparece el Feudalismo el que b�sicamente consist�a en que todos trabajaban pero �nicamente el Se�or Feudal (due�o de las tierras)� era el que ten�a el poder econ�mico adquisitivo; frente a esto aproximadamente en los a�os 1700 se da lugar la Revoluci�n Francesa, en la que se marca el hito hist�rico de reconocer derechos a los trabajadores, siendo el m�s importante el derecho que tienen los obreros/trabajadores de asociarse. Como un siguiente acontecimiento hist�rico primordial tenemos el Manifiesto Comunista, en el a�o 1940 aproximadamente, en la que se comienza a hablar de la fuerza de trabajo de los trabajadores, no solamente como m�quinas de trabajo sino como personas, incorpor�ndose entonces el principio de �A igual trabajo, igual remuneraci�n�. El hito m�s importante de los derechos de los trabajadores se da con la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos de 1948 (ONU, 1948), en donde se reconoce al derecho al trabajo como un derecho humano y social, en este se reconocen varios principios dentro del �mbito laboral, tales como: el derecho que tienen las personas a elegir libremente su trabajo, a trabajar en condiciones equitativas, satisfactorias y gozar de una estabilidad laboral, protecci�n en casos de desempleo y la no precarizaci�n laboral, entre otros.

Con la Conferencia Internacional del Trabajo, de junio de 1998, en la que elabora la Declaraci�n relativa a los principios fundamentales en el trabajo y su seguimiento, documento redactado y ratificado por los Estados miembros de la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT, 1998), en la que se ordena a cada uno de los estados a que se respete y garantice el real desempe�o de cada uno de los derechos fundamentales relativos al trabajo.

Por lo que se puede asegurar que el derecho al trabajo en general, es un derecho humano fundamental, situaci�n que ha sido evidentemente considerada por el ordenamiento jur�dico ecuatoriano.� La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador del a�o 2008, establece al derecho al trabajo en su art�culo 33 como un derecho y un deber social, fuente de realizaci�n personal y base de la econom�a, (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008).

El derecho al trabajo involucra ciertas garant�as que han sido reconocidas en la Constituci�n, mismos que se han visto afectados por el texto del Articulo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID 19, como son la garant�a de estabilidad laboral y la no precarizaci�n del trabajo, situaci�n que vuelve a esta norma inconstitucional, ya que la misma constituye una inminente regresi�n de derechos adquiridos.

 

Marco referencial

Derechos a los trabajadores garantizados en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador del 2008

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador que se encuentra en vigencia en el pa�s desde el a�o 2008, es considerada por tratadistas tanto nacionales como internacionales como una Carta Fundamental garantista de derechos, siendo esta parte de lo que se ha conocido como neoconstitucionalismo, defini�ndose como una operaci�n en desarrollo en la que se busca mediante la construcci�n de normas el que los derechos fundamentales sean plenamente reconocidos y tambi�n que las instituciones p�blicas trabajen a favor efectivamente de la sociedad (Echeverr�a, 2018), el neoconstitucionalismo entonces cuenta con un enfoque meramente social, dejando de lado formalismos y esa f�rrea tendencia anterior al positivismo jur�dico, reconoci�ndose en estos derechos sociales, derechos a la Pachamama y derechos a los pueblos ind�genas; esto frente a una gran desigualdad existente entre los ecuatorianos y sus diferentes realidades, las que con la Carta Magna anterior no hab�an sido atendidas, y hasta cierto punto inclusive discriminadas. En la Constituci�n del 2008 se llega a establecer que los derechos que se establecen en la misma son inalienables, intangibles e irrenunciables� respecto a los derechos humanos y sociales los que doctrinariamente han adquirido el nombre de derechos fundamentales, donde como bien se conoce se incluye al derecho al trabajo el que es plenamente reconocido como derecho social; los derechos sociales a criterio del jurista Al� Lozada Prado (2018) en su art�culo Activismo Judicial y Derechos Sociales: Un enfoque post positivista, son aquellos que �establecen v�nculos a los poderes p�blicos�, instaurando l�mites para el accionar del Estado, frente a la actuaci�n positiva o negativa de la implementaci�n de este tipo de derechos; lo que en este caso se aplicar�a a que al ser el derecho laboral un derecho social, el Estado se encuentra en la obligaci�n de controlar que las normas que engloban la aplicaci�n de estos derechos se apegue a los enunciados constitucionales, ya sea limitando el ejercicio de acciones externas y que atenten en el respeto y aplicaci�n de las garant�as, o determinando los lineamientos (accionar positivo) para que las garant�as sean respetadas;� pese a lo se�alado se presenta la pregunta �en qu� esfera del derecho se incluye al derecho social? �el derecho social pertenece a la esfera p�blica o privada de aplicaci�n de derechos?; el tratadista mexicano H�ctor Santos Azuela (1994) en su obra Elementos del Derecho del Trabajo, indica que el Derecho Social es un derecho que no podr�a enmarcarse de forma �nica a una clase o esfera del derecho, hablando de que no podr�a encasillarse en la esfera �nicamente del derecho privado en el que la voluntad de las partes es lo que prima, en donde se da libertades de pactos entre los sujetos que ejercen el derecho; pero tampoco podr�a encasillarse en el derecho p�blico, ya que en el mismo se regulan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos en general, este mantiene una base de subordinaci�n que no refleja la naturaleza del derecho social y por ende del derecho laboral.�

A m�s de lo expuesto y primando que dentro de la Constituci�n de Montecristi, el mayor inter�s que se buscar�a es el Sumak kawsay o buen vivir , entendiendo que dicha expresi�n viene del quechua y que se traduce tal cual como se la ha hecho constar en� espa�ol, la cual tiene su mayor significado en legados conceptuales ancestrales de los andinos originarios o de los que se denominan pueblos ind�genas, y que se puede definir como una forma arm�nica de conducci�n de vida entre los seres humanos y la naturaleza (Cortez,� 2011), por lo que se le puede entender al buen vivir como el que busca proporcionar a los ecuatorianos derechos o garant�as para que estos gocen de una vida digna, en la que se cubran con todas las necesidades para llevar una vida satisfactoria, raz�n por la cual,� existe de igual forma un gran fortalecimiento de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, siendo estos incorporados como derechos y garant�as constitucionales. En el Art�culo 33 de la Constituci�n (2008), se establece:

El trabajo en un derecho y un deber social, y un derecho econ�mico, fuente de realizaci�n personal y base de la econom�a. El Estado garantizar� a las personas trabajadoras el pleno respeto a la dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempe�o de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.�

Siendo el derecho al trabajo como bien lo establece un derecho para todos los ecuatorianos dentro del rango econ�micamente activo de la sociedad y de igual forma, siendo este considerado como fuente de realizaci�n personal, aspecto �ntimamente ligado al ejercicio del derecho a la dignidad humana, no solamente como un derecho constitucional sino tambi�n un derecho humano y social, y base de la econom�a de las familias de cada uno de los trabajadores, siendo la familia el n�cleo del desarrollo de la sociedad ecuatoriana;� as� como, un deber y obligaci�n tanto para los ecuatorianos como para el Estado, quien garantiza el cumplimiento del ordenamiento jur�dico, ya sea, mediante el otorgamiento de leyes, decretos, reglamentos, entre otros, as� como mediante pol�ticas p�blicas emitidas por los organismos p�blicos pertinentes las que deben apegarse obligatoriamente a las normas constitucionales, sin afectar de ninguna manera el esp�ritu de las garant�as consagradas en la Carta Magna, con especial atenci�n a lo establecido en el art�culo 325 en el que se establece:

El Estado garantizar� el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relaci�n de dependencia o aut�nomas, con inclusi�n de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores (Constituci�n, 2008).

A m�s de esto, tenemos el art�culo 326 ib�dem, en el que se enumeran los principios en materia laboral, los que adquieren la calidad de principios constitucionales, a m�s� que estos tambi�n han sido plenamente reconocidos a nivel internacional, entre los que podemos mencionar la garant�a que todos los ecuatorianos tienen derecho a un empleo pleno, esto es, el desarrollo de actividades laborales dignas, la eliminaci�n del subempleo y la creaci�n de medidas para evitar el desempleo; el reconocimiento de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles; el principio de derecho laboral reconocido internacionalmente de �in dubio pro operario�, que se manifiesta en favorecer a los trabajadores en caso de dudas respecto a la aplicaci�n de normas jur�dicas, el que tiene su fundamento en la evidente desigualdad de la relaci�n laboral; la obligaci�n que tienen los empleadores de brindar a sus trabajadores un ambiente de trabajo digno, en el que se cumplan con todas las garant�as de salud, seguridad y bienestar, apegados al buen vivir; la premisa fundamental de �a igual trabajo, igual remuneraci�n�; como otra garant�a se tiene el reconocimiento a los trabajadores de asociarse, conformar sindicatos, gremios, comit�s, el de celebrar contratos colectivos de trabajo que favorezcan a los empleados que se acojan a estos; el derecho a la huelga, entre otros. (Constituci�n, 2008).��

Adicionalmente y como punto fundamental en este estudio, esta lo detallado en el art�culo 327 de la Constituci�n, en el que se trata los principios de Estabilidad Laboral que y la No Precarizaci�n del Trabajo, de forma expl�cita y expresa; el que dispone:

La relaci�n laboral entre personas trabajadoras y empleadores ser� bilateral y directa.

Se proh�be toda forma de precarizaci�n, como la intermediaci�n laboral y la tercerizaci�n en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contrataci�n laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulaci�n y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizar�n y sancionar�n de acuerdo con la ley. (Constituci�n, 2008).�

Como definici�n de Estabilidad Laboral se tomar� lo expresado en la Gaceta Laboral de Per�, por los autores peruanos Jorge Toyama y Luis Vinatea (2016), los que doctrinariamente establecen:

La estabilidad laboral es la protecci�n legal contra las posibilidades de terminar la relaci�n laboral, busca la permanencia del contrato de trabajo y a que el mismo no se extinga por una causa no prevista en la Ley. La causa de la estabilidad laboral se sustenta en el principio de continuidad que se deriva del principio protector, es decir, se pretende que el Contrato de trabajo tenga la mayor duraci�n posible a favor del trabajador.

Continuando, dentro de los art�culos que se han detallado tenemos los principios constitucionales sobre los cuales el derecho al trabajo es ejercido en el Ecuador. Principios que constituyen conquistas hist�ricas a nivel mundial como en el pa�s, como ya se ha mencionado de forma reiterativa. Se conoce que existen eventos hist�ricos que marcaron cambios en la sociedad mundial a lo largo de la historia, y que mediante la Constituci�n del 2008 fueron reconocidas en el Ecuador y los que son obligatorios en el pa�s, en virtud de que es un Estado constitucional de derechos como bien se indica en su art�culo primero; al mantener el pa�s esta estructura constitucionalista para el ejercicio de los derechos y obligaciones, se entiende claramente que la Carta Magna es el conjunto de normas que tienen supremac�a normativa, esta superioridad de la Constituci�n se ha encontrado respaldada y conceptualizada desde premisas jur�dicas b�sicas como la pir�mide de Hans Kelsen, jurista que ya reconoce plenamente esta supremac�a de la Carta Fundamental, coloc�ndola como se conoce en la c�spide de la misma, Kelsen (1982) manifiesta en su Libro Teor�a Pura del Derecho� que �el ordenamiento jur�dico tiene una estructura de escalones de normas supra y subordinadas, donde la norma suprema que emana de la Constituci�n es el fundamento para la elaboraci�n del nivel inferior�, as� tambi�n, el jurista y miembro de la Corte Constitucional del Ecuador, Ramiro �vila Santamar�a (2012) expone en su ensayo �Los principios de aplicaci�n de los derechos�, que al hablar de una supremac�a constitucional esto equivale a que las normas infra constitucionales pueden darse para para ampliar, desarrollar y garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales, pero bajo ning�n concepto pueden disminuir, restringir o imponer condiciones para la aplicaci�n o desempe�o de las garant�as constitucionales, esto respaldado en el respeto irrestricto que deben tener las normas jer�rquicamente inferiores frente a la Constituci�n; bajo los preceptos expuestos se puede colegir que el ordenamiento jur�dico en general debe estar apegado en su totalidad a las normas constitucionales, situaci�n que se lo encuentra establecido en el art�culo 84 y esto con relaci�n al art�culo 425, en donde se encuentra una clara r�plica de la pir�mide de Kelsen, en el que se determina:

El orden jer�rquico de aplicaci�n de las normas ser� el siguiente: La Constituci�n, los Tratados y Convenios Internacionales, las leyes org�nicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los dem�s actos y decisiones de los poderes p�blicos (...) (Constituci�n, 2008).

Atribuyendo en esta ley que en caso de conflicto entre normas de distinta jerarqu�a ser� la Corte Constitucional del Ecuador el �rgano jurisdiccional encargado de hacer respetar los preceptos constitucionales, con una visi�n obviamente constitucionalista, basada en la supremac�a de la Constituci�n. De lo expuesto, claramente se desprende que las garant�as constitucionales consagradas tienen supremac�a sobre el resto del ordenamiento jur�dico, dejando sin posibilidad alguna a que cualquier norma pueda ser opuesta o pueda afectar de alguna manera dichos derechos.

Como bien se ha detallado, la Carta Fundamental del Ecuador, consagra varios principios en materia laboral; dentro de los cuales se tiene el derecho a que el trabajador en general goce de una garant�a b�sica de estabilidad laboral y no precarizaci�n de su trabajo, siendo estos principios fundamentales en el ejercicio y desarrollo de la relaci�n laboral, los que en caso de verse transgredidos conllevan una afectaci�n a los derechos del trabajador, ya sea individualmente o de forma colectiva.

En la problem�tica que se plantea se tiene que el art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, claramente afecta estos principios, situaci�n que ser� analizada a profundidad en apartados posteriores. En este se har� menci�n a que la misma ley no cumple con los preceptos constitucionales, estableci�ndose como premisa que como ya se ha detallado ninguna ley o norma inferior jer�rquicamente a la Constituci�n puede ir en contra de las garant�as establecidas en la misma.

La Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, a lo largo de sus art�culos regula una serie de �reas, que son muy dispersas y distintas unos de la otros; si bien se detalla en su primer art�culo que el objeto de la misma es el establecer medidas de apoyo humanitario necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, as� como mitigar los efectos negativos de la recesi�n econ�mica que se vive en el Ecuador debiendo tener claro, como es de p�blico conocimiento, que el pa�s ven�a acarreando una situaci�n econ�mica complicada por los malos manejos que los gobernantes han realizado a lo largo de los a�os, los m�ltiples casos de corrupci�n y el favoritismo de ciertos sectores pol�ticos, situaci�n que ha venido afectando a todos los ecuatorianos en general; al detallarse estas medidas se hace referencia a sectores como educaci�n, bienestar social, reactivaci�n productiva, en donde entre otros temas se menciona la sostenibilidad del empleo, lo que si bien corresponde a los sectores que se vieron afectados por la crisis sanitaria y econ�mica, debieron ser regulados por los Ministerios correspondientes al ser estos las entidades encargadas de velar el cumplimiento de los derechos, obligaciones y pol�ticas p�blicas que se emitan en cada una de las �reas de cada Ministerio, m�s no mediante una ley org�nica, esto como una premisa inicial; la estructura gubernamental del Ecuador, estima que para cada sector estrat�gico corresponde una entidad p�blica que regular� el desempe�o de las pol�ticas, las que deben ser apegadas a los principios constitucionales, as� tenemos que en caso de educaci�n, la entidad encargada de regular las pol�ticas o normas pertinentes es el Ministerio de Educaci�n; en caso de bienestar social se puede mencionar al Ministerio de Inclusi�n� Econ�mica y Social, en cuestiones de �ndole econ�mica se tiene al Ministerio de Finanzas, y como corresponde mencionar en caso de pol�ticas necesarias para regular asuntos laborales, se tiene al Ministerio del Trabajo y cada una de sus Direcciones Distritales. .

Tanto el poder legislativo como ejecutivo apoyan esta ley indicando que la misma se realiz� en miras de establecer mecanismos para solventar la crisis, pero se considera que existi� una extralimitaci�n y transgresi�n de garant�as constitucionales.

 

�El art�culo 19 de la Ley Org�nica de apoyo humanitaria para combatir la crisis sanitaria derivada por el COVID-19 y su inconstitucionalidad

El texto del art�culo 19 regula una nueva modalidad contractual extraordinaria, que se justifica por haberse expedido en miras de sostener los empleos en el Ecuador frente a la crisis sanitaria y econ�mica, denomin�ndolo Contrato Especial Emergente.�

En virtud de la afectaci�n econ�mica que sufrieron muchas empresas privadas y p�blicas, personas naturales empleadoras a nivel nacional, que por la crisis sanitaria y econ�mica se vieron en la situaci�n de prescindir de la prestaci�n de los servicios de muchos de sus trabajadores,� o que por efectos de las medidas progresivas de apertura del tr�nsito y comercio posterior al tiempo de aislamiento obligatorio que vivi� el pa�s; situaci�n que desde el d�a 16 de marzo del 2020 hasta la declaratoria en el mes de septiembre del 2020, con lo que se contin�a con la denominada nueva normalidad, en la que persisten medidas restrictivas en miras de evitar contagios masivos del COVID-19; medidas que indicaban temas relativos a que la jornada laboral no podr�a ser completa, esto es de 8 horas diarias y 40 horas semanales, estableci�ndose que la misma deb�a ser m�ximo de 6 horas diarias y 30 semanales, tambi�n se tiene lo determinado al espacio f�sico en el cual las personas desempe�ar�an sus labores, en donde los trabajadores para evitar posibles contagios deben cumplir con medidas de bioseguridad estrictas, tanto al distanciamiento como el uso obligatorio de mascarilla todo el tiempo, entre otras.

Se entiende que al darse una reducci�n de la jornada laboral existir�a una productividad del trabajo inferior a la acostumbrada, lo que conllevar�a una afectaci�n econ�mica al ingreso de cada empresa p�blica o privada, as� como personas naturales en su calidad de empleadores.

Pero a pesar de esto, se considera que el art�culo 19 es inconstitucional, y pretende una disminuci�n y menoscabo de los derechos de los trabajadores, quienes tambi�n se han visto muy afectados por la crisis sanitaria y econ�mica, ya que al darse esta reducci�n en la jornada laboral equivale a una evidente disminuci�n en el pago de su remuneraci�n, afect�ndose de esta manera a los trabajadores al igual que los empleadores.

El art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada por el COVID19 (2020), el que transcribimos textualmente, al ser el tema a tratarse de forma principal, el que establece:

Contrato especial emergente.- Es aquel contrato individual del trabajo por tiempo definido que se celebra para la sostenibilidad de la producci�n y fuentes de ingreso en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o l�neas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificaci�n del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales o jur�dicas, nuevas o existentes o en el caso de necesidades de mayor demanda de producci�n o servicios en las actividades del empleador.

El contrato se celebrar� por el plazo m�ximo de un (1) a�o y podr� ser renovado por una sola vez por el mismo plazo.

La jornada laboral ordinaria objeto de este contrato podr� ser parcial o completa, con un m�nimo de veinte (20) y un m�ximo de cuarenta (40) horas semanales, distribuidas en un m�ximo de seis (6) d�as a la semana sin sobrepasar las ocho (8) horas diarias, y su remuneraci�n y beneficios de ley ser�n proporcionales, de acuerdo con la jornada pactada.

El descanso semanal ser� al menos de veinticuatro horas consecutivas. Las horas que excedan de la jornada pactada se pagaran con sujeci�n a lo determinado en el art�culo 55 del C�digo del Trabajo.

Al terminar el plazo del contrato o si la terminaci�n se da por decisi�n unilateral del empleador o trabajador antes del plazo indicado, el trabajador tendr� derecho al pago de remuneraci�n pendientes, bonificaci�n por desahucio y dem�s beneficios de ley calculados de conformidad al C�digo de Trabajo.

Si finalizado el plazo acordado se contin�a con la relaci�n laboral, el contrato se considerar� como indefinido, con los efectos legales del mismo.

Del texto del art�culo se puede colegir que esta ser�a una nueva modalidad de Contrato Individual del Trabajo, en la que para que se constituya debe estar dentro de los par�metros establecidos en el primer inciso del art�culo, los que no solamente involucran la posibilidad de la parte empleadora a acudir a este tipo de contrato solamente en casos de disminuci�n de la productividad o ingresos del negocio, sino en el mismo texto del art�culo se hace �nfasis en el caso de que la parte empleadora incurra en casos de nuevas l�neas e incrementos en la producci�n o prestaci�n de los servicios en relaci�n de dependencia, lo que claramente tiene un aspecto favorable para el empleador.

Se tiene tambi�n que debe existir un l�mite en las horas semanales laboradas, los que pueden llegar a ser hasta 8 horas diarias, de ser el caso; as� como disminuy�ndose el tiempo de descanso obligatorio a �nicamente 24 horas consecutivas. Respecto a la disminuci�n de la remuneraci�n para los trabajadores al laborar �nicamente 30 horas semanales, esta situaci�n que afecta inminentemente la econom�a de los trabajadores y por ende vulnera derechos.

En la pr�ctica se han presentado dos escenarios en los que se considera que la afectaci�n se da netamente a la parte trabajadora. Por un lado, tenemos aquellos trabajadores que se vieron en la situaci�n de firmar nuevos contratos bajo esta modalidad de contrato especial emergente, situaci�n que si bien ha sido establecida en la ley, debe existir un acuerdo entre las partes, otorgando toda la informaci�n pertinente por el empleador a su trabajador, situaci�n que en el d�a a d�a no es algo que realmente suceda; lo que se ha logrado divisar es que trabajadores fueron �informados� no consultados de que la modalidad de su contrato de trabajo hab�a cambiado de naturaleza, teniendo que cambiarse el horario de trabajo como la remuneraci�n a percibir por la parte trabajadora, quienes frente a la necesidad de mantener sus fuentes de trabajo y consecuente ingreso econ�mico no tuvieron m�s opci�n que aceptar las condiciones interpuestas por la parte empleadora; siendo evidente la afectaci�n de los derechos de los trabajadores en este caso.

En el otro escenario, tenemos a aquellos trabajadores que ingresan por primera vez en un empleo bajo las condiciones del contrato especial emergente, quienes en algunas ocasiones son aquellas personas de quienes otro empleador prescindi� de sus servicios y acceden a esta nueva oportunidad de trabajo para obtener una fuente de ingreso, en estos casos se podr�a ver como una ventaja, pero en el fondo se encuentra afectaci�n por efectos de que existe una disminuci�n de la jornada laboral lo que conlleva que el nuevo trabajador va a tener una remuneraci�n inferior a la que en otro momento hubiera percibido, siendo nuevamente algo favorable para la parte empleadora.

Como bien se detalla, en ambos casos, existe un desequilibrio grande entre la parte trabajadora y empleadora, por lo que se atenta contra los principios constitucionales del derecho de trabajo consagrados en la Constituci�n de la Rep�blica, situaci�n que demuestra la inconstitucionalidad del art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

En estos casos, la Constituci�n prev� que de existir controversias entre normas de diferente jerarqu�a, ser� la Corte Constitucional la que resuelva mediante un proceso judicial de acci�n p�blica de inconstitucionalidad, conforme a lo detallado en los art�culos 429 y 436, ente regulador del control de constitucionalidad de las normas, estos controles pueden ser abstractos o difusos y concretos, para lo cual nos referimos al control concreto por un lado,� como aquel que recae sobre un caso en espec�fico, que en todos los casos se da posterior a la promulgaci�n de la ley; y, por otro lado, el control abstracto o difuso de la norma, que� es aquel el control dado por la Corte Constitucional recae sobre una norma, control que puede darse previo o despu�s de la promulgaci�n de la misma (Masapanta, 2008); ahondando en el tema dado la importancia de la justificaci�n de que evidentemente sea la Corte Constitucional la que emita un dictamen respecto a la inconstitucionalidad de esta norma, el jurista Rafael Oyarte (2019) en su libro Derecho Constitucional, en donde al hablar del control abstracto, caso en el que se encasilla la acci�n de inconstitucionalidad que se encuentra en tr�mite respecto a la Ley Humanitaria, establece que este control se lo aplica directamente en contra de una norma, en la que la finalidad del an�lisis que se efect�e ser� el determinar si dicha ley debe ser expulsada o no del ordenamiento jur�dico, y adicionalmente indica que mediante esta modalidad de control lo que se hace es un estricto cotejamiento de la norma frente a la Constituci�n, acci�n de control de constitucionalidad propuesta por varios grupos de trabajadores y juristas reconocidos, estas acciones de inconstitucionalidad� han sido conocidas y se encuentran en debate en la Corte Constitucional dentro de varios procesos, tr�mites que a la presente fecha se encuentra en an�lisis, el proceso que llama m�s la atenci�n es el caso No. 49-20-IN (Corte Constitucional, 2020), en el que se debate justamente la constitucional de los art�culos del 16 al 24, disposici�n reformatoria primera y disposici�n reformatoria segunda, disposici�n interpretativa primera de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, en el que en Audiencia P�blica se trataron temas de mucho inter�s para este estudio (Corte Constitucional del Ecuador, 2020). El tema que se trata en esta Audiencia mantiene el criterio que se ha venido desarrollando en este trabajo, esto es que el art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del COVID-19 afecta garant�as constitucionales reconocidas en la Carta Fundamental, por lo que se deber�a declarar la inconstitucionalidad del mismo.

Cabe mencionar entonces, que es deber primordial de la Corte Constitucional el velar por el control de constitucionalidad y la interpretaci�n de las normas jer�rquicamente inferiores, consiguiendo que estas no afecten las garant�as constitucionales, como ya se ha hecho constar, situaci�n que normativamente tambi�n se establece en el art�culo 436 de la Constituci�n, art�culo en el que se delimita las actuaciones de la Corte Constitucional y el deber supremo de hacer respetar la Constituci�n, garantiz�ndose el cumplimiento de la misma, en este tenemos lo que se detalla en el numeral tercero del mencionado art�culo 3 que manifiesta: � Declarar de oficio la inconstitucionalidad de leyes conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constituci�n�; sin ser este el �nico numeral en el cual se podr�a basar el ejercicio de estos procesos de acci�n p�blica de inconstitucionalidad.

Se debe considerar que estas acciones de inconstitucionalidad pueden ser dadas de oficio por la Corte Constitucional o a petici�n de parte, y que cualquier ecuatoriano tiene la facultad de presentar estas acciones de considerar que alguna ley se contrapone a la Constituci�n, ante esto, y dando la importancia que corresponde en el presente art�culo a la acci�n de inconstitucionalidad interpuesta por varios colectivos frente a la Corte Constitucional, tr�mite judicial en el que se busca que el art�culo 19 (siendo este solamente uno de los art�culos que se encuentran en an�lisis en la causa de acci�n de inconstitucionalidad) sea expulsado del ordenamiento jur�dico, al verse afectados con el mismo; la importancia del actuar de los magistrados de la Corte Constitucional en estos casos es primordial, ya que refleja el deber y esencia de la Corte Constitucional, como ente encargado de velar por la aplicaci�n y respeto de la Constituci�n, esto tiene su soporte doctrinario en lo que el jurista y magistrado Dr. Agust�n Grijalva (2007), menciona en su ensayo �La Corte Constitucional y el fortalecimiento de las garant�as� , el que al haberse presentado cr�ticas por parte de algunos tratadistas de que la Corte Constitucional en ese momento, quienes aduc�an que el incorporar una Corte Constitucional equivaldr�a a incorporar una nueva instancia judicial o un �superpoder judicial ( n�tese que el ensayo fue realizado en la �poca de elaboraci�n de la Constituci�n actual por la Asamblea Constituyente), el jurista establece que la Corte Constitucional y su accionar o atribuciones son vital importancia frente al esquema constitucionalista que se maneja, y que mediante el fortalecimiento de las acciones de orden constitucional (entre estas la acci�n de inconstitucionalidad son de vital importancia para el respeto y correcto funcionamiento del ordenamiento jur�dico; as� se�ala que la Corte Constitucional act�a en si como un contrapeso frente a los poderes ejecutivo y legislativo, limitando y velando que las normas elaboradas y promulgadas por estos sean acorde a las garant�as constitucionales y no se violen preceptos constitucionales, situaci�n que en caso que se analiza claramente se dio al haberse atentado contra garant�as a favor de los trabajadores.��

Como se ha venido manifestado, y fortaleciendo su an�lisis en lo detallado en este art�culo, la norma establecido en el art�culo 19 de la Ley Humanitario vulnera derechos y garant�as como ya se han explicado anteriormente, pero principalmente se considera que se afecta a los principios de estabilidad laboral y la no precarizaci�n del trabajo siendo estos derechos reconocidos internacionalmente y del cual se tiene norma constitucional expresa.

 

El principio de estabilidad laboral y la no precarizaci�n laboral frente al art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del COVID-19

Los principios o garant�as que se manejan en materia laboral, como ya se ha hecho menci�n son logros obtenidos a favor de la parte trabajadora a lo largo de los a�os; hitos, luchas sociales, etc.,� ya que se debe partir de la premisa que la relaci�n trabajador/empleador siempre va a tener en su generalidad� un desequilibrio entre los sujetos que la conforman; para entender mejor esto, solamente basta con definir a los sujetos que conforman la relaci�n jur�dica, esto es, el trabajador es la persona que presta sus servicios l�citos y personales (C�digo de Trabajo, 2012); y por otro lado, tenemos al empleador, quien es la persona o entidad, de la cual se ejecuta una obra o a quien se presta un servicio , concepto en el que se denota la desigualdad a la que se ha hecho menci�n, siendo el empleador el due�o de la fuente de trabajo, que establece el tiempo de la relaci�n laboral y el pago por la prestaci�n de los servicios al trabajador. Se habla en la doctrina de que esta desventaja del trabajador debe ser contrarrestada con la presencia de garant�as que puedan otorgar al trabajador esa seguridad de que efectivamente se le cancele la remuneraci�n, que el ambiente laboral sea el oportuno, propicio y principalmente el Derecho a la Estabilidad Laboral.

Este principio conlleva la garant�a de que el trabajador pueda tener la seguridad de que su puesto de trabajo sea efectivamente estable. Ante esto, se deber�a analizar que se entiende por Estabilidad, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa�ola (RAE, 2020), define a estabilidad como �cualidad de estable�, y el termino estable como �Que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer�. De esto se colige que, la estabilidad laboral es esta cualidad del empleo que brinda la seguridad al trabajador de que las condiciones de su trabajo no tienen peligro de cambiar o desaparecer. Esta garant�a ha sido considerada como primordial para aportar en beneficios al trabajador, como parte vulnerable de la relaci�n laboral.

En el Ecuador, con la Constituci�n del 2008 y dem�s reformas posteriores a normas inferiores como el C�digo del Trabajo, entre otros, as� como la ratificaci�n de varios Tratados Internacionales dentro de materia laboral, como el Reglamento de la Conferencia Internacional del trabajo de la Organizaci�n Internacional del Trabajo de la cual el Ecuador es pa�s miembro y de los que los convenios que son firmados y ratificados por el Ecuador, ha dado la caracter�stica de principio b�sico de la relaci�n laboral a la estabilidad del trabajo, la misma que al ser una garant�a constitucional no puede ser distorsionada o afectada de ninguna forma, ya que del mismo texto de la Constituci�n a lo largo de varios de sus art�culos, se establece que cualquier norma o ley inferior no puede ir en contra a lo establecido en la Carta Fundamental, debiendo ser declarada como inconstitucional conforme el ejercicio de la acci�n p�blica correspondiente ante la Corte Constitucional.

El art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 atenta el principio de estabilidad laboral, ya que dentro del texto establece que el Contrato Especial Emergente es un contrato con una duraci�n de un a�o y que se puede prolongar por un a�o m�s; si bien se considera la posibilidad� que el contrato pueda convertirse en Contrato Indefinido, da la potestad a la parte empleadora a dar por terminada la relaci�n laboral en el momento que este juzgue pertinente antes de que el contrato se vuelva indefinido, cre�ndose de esta forma incertidumbre al trabajador, el que se encontrar� a la merced de su empleador, situaci�n que en la actualidad conlleva un retroceso grande de los derechos adquiridos en la lucha hist�rica de los trabajadores.

Por otro lado, tenemos el Principio de no Precarizaci�n Laboral que, si bien se engloba doctrinariamente dentro del principios analizados anteriormente, para efectos de desarrollo de este art�culo de investigaci�n se lo tratar� en este apartado. Para mayor entendimiento se deber� dar un concepto de lo que es precarizaci�n laboral; el termino precarizaci�n viene de Precario, t�rmino que se define por la Real Academia de la Lengua Espa�ola como �De poca estabilidad o duraci�n�. (RAE, 2020) Con este concepto se desprende claramente de que el hablar de precarizaci�n laboral involucra una falta de estabilidad de una fuente de trabajo, as� tenemos que doctrinariamente se habla de precarizaci�n laboral como aquel fen�meno, que dentro de un trabajo mal remunerado, inmiscuye a los trabajadores en una especie de sobrevivencia ante la amenaza de un posible despido, y a una inseguridad constante frente a la situaci�n del empleo o la misma mantenci�n de este, causando menoscabo en la dignidad y salud del empleado (Flacso, 2008). La Constituci�n del Ecuador establece de forma expresa en su art�culo 327 que:

La relaci�n laboral entre personas trabajadoras y empleadoras ser� bilateral y directa.

Se proh�be toda forma de precarizaci�n, como la intermediaci�n laboral y la tercerizaci�n en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contrataci�n laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulaci�n, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizar�n y sancionar�n de acuerdo con la ley.

�De esta forma que el principio de No Precarizaci�n Laboral conlleva una garant�a impl�cita de estabilidad laboral b�sica dentro de la relaci�n laboral a favor del trabajador la cual no puede ser vulnerada o menoscabada de ninguna forma.

Como se ha venido analizando, es obvia la vulneraci�n en la que ha incurrido el poder legislativo con el texto del art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, por lo que se deber�a declarar la inconstitucionalidad de este tipo de contrato individual del trabajo, como se ha analizado y efectivamente ha sido presentado ante la Corte Constitucional, ente encargado de velar por el mantenimiento del orden jur�dico constitucional del pa�s.

En s�ntesis se podr� establecer que una ley inferior jer�rquicamente a la Constituci�n de la Rep�blica, no podr�a de manera alguna afectar las garant�as reconocidas en la Carta Magna, ni vulnerar o transgredir derechos adquiridos a favor de los ecuatorianos, lo que tiene su soporte en todo lo manifestado a lo largo de este art�culo, ya sea respecto a la realidad social que vivimos todos los ecuatorianos en este tiempo de incertidumbre por la pandemia, como por lo que doctrinaria y normativamente se ha expuesto, siendo esto que una norma inferior no puede, bajo ning�n concepto, ir en contra de los preceptos constitucionales y en el caso de que se evidencie tal situaci�n, la Carta Magna prev� la acci�n correspondiente, la que debe ser resuelta por la Corte Constitucional, esta afectaci�n a las garant�as constitucionales se da con el texto del art�culo que se analiza en este trabajo, existe una clara vulneraci�n al principio de estabilidad laboral y la no precarizaci�n laboral, as� como una discrepancia entre los enunciados de garant�as constitucionales expresas frente a lo que establece� en esta ley org�nica, lo que debe ser resuelta por la Corte Constitucional de forma imperiosa en miras del respeto que se debe al orden constitucional y a todos los ecuatorianos trabajadores, quienes viven de forma latente la recesi�n econ�mica que se ha acentuado por la pandemia mundial.�

 

Metodolog�a

Para este art�culo se aplic� el tipo de investigaci�n mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, con mayor �nfasis en el m�todo cualitativo en base a que se recaba informaci�n de varias fuentes bibliogr�ficas, siendo preponderante el estilo descriptivo de estas fuentes, que han servido para determinar los par�metros sobre los cuales se ha abordado la problem�tica que se establece en este estudio. Los m�todos de investigaci�n que se han empleado son el inductivo deductivo, el anal�tico-sint�tico, as� como el hist�rico comparado;� por un lado, dentro del desarrollo se han utilizado estrategias de razonamiento l�gico, utilizando premisas para llegar a una conclusi�n final, y utilizando principios generales para llegar a una conclusi�n especifica; as� tambi�n se ha realizado un an�lisis de varios elementos del tema de estudio, descomponi�ndolos para finalmente llegar a una conclusi�n definitiva, y finalmente, se han recurrido a an�lisis de aspectos hist�ricos, comparando los mismos con situaciones de la actualidad, as� tambi�n como para la elaboraci�n de la conclusi�n final al� que se ha llegado al realizar este trabajo, respecto al tema desarrollado.�

 

Universo de estudio y tratamiento muestral

Se ha realizado un muestreo por conveniencia, esto es se ha seleccionado un grupo determinado de personas dentro del �rea legal/jur�dica en general, sean estos Abogados en libre ejercicio, estudiantes y auxiliares del sistema de justicia, quienes fueron seleccionados al azar para contestar una encuesta realizada por el autor respecto al tema de an�lisis, siendo un total de 33 personas.

 

Tratamiento estad�stico de la informaci�n

La encuesta fue elaborada en la plataforma Google forms (https://docs.google.com/forms/d/1hrjID1o_3jao55bLkjk4ZOOfrRXFuIwdBYHbw1QcyPY/edit), en la que constaba el cuestionario de preguntas que fueron contestadas por las personas seleccionadas, de acuerdo a la t�cnica establecida en el apartado anterior; y para su tabulaci�n y obtenci�n de resultados gr�ficos, se ha utilizado la herramienta que facilita la plataforma de Google por medio de gr�ficas, y tambi�n Microsoft Excel versi�n 2019.

 

Resultados

A continuaci�n, se adjunta la Tabla 1 y la Figura 1 de la muestra de resultados obtenidos, estableci�ndose en primer lugar el rango de edad de las 33 personas que contestaron la encuesta, la que se ubica entre los rangos de los 25 a los 50 a�os de edad. La totalidad de los encuestados se desempe�a en el �rea del Derecho y por lo tanto se sobreentiende que los mismos conocen el ordenamiento jur�dico y el tema del cual fueron consultados en cada una de las preguntas.

 

Tabla 1: Resultados de la encuesta realizada.

VARIABLE	RESPUESTA	RESULTADO
�Conoce Usted el contenido de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del Covid-19?	SI   NO	97%   3%
�Sabe a qu� se refiere el Principio Constitucional de Estabilidad Laboral y de la No Precarizaci�n Laboral? �	SI   NO	100%   0%
�Considera Ud. que el contenido del art�culo 19 de Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del Covid-19 ampara o beneficia al empleador, en virtud de que su contenido lo exime de garantizar estabilidad laboral al trabajador?	SI     NO	75.8%     24.2%
�Considera Ud. que el Articulo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19 va en detrimento de los Derechos Constitucionales del Trabajador?	SI     NO	87.9%     12.1%
Bajo la premisa de que, si una ley infra constitucional contradice derechos y principios constitucionales, esta deber�a ser declarada como inconstitucional �Considera que la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19, va en contra de los derechos constitucionales de los trabajadores? Y por ende deber�a ser derogada.	SI       NO	90.9%       9.1%
�Considera Usted que el Articulo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19 debe ser expulsada del ordenamiento jur�dico por contravenir derechos constitucionales?	SI     NO	90.9%     9.1%

Fuente: Elaboraci�n propia

 

Gr�fico 1: Representaci�n gr�fica de los resultados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraci�n propia

 

De los resultados obtenidos se puede determinar que existe una alta tendencia por parte de los encuestados respecto a la hip�tesis que se maneja respecto de la vulneraci�n de derechos respecto al tema de estudio.

En cuesti�n de resultados se tiene en la primera pregunta que solamente una persona de las 33 encuestadas no conoc�an de la expedici�n de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID 19,� esto equivale a un porcentaje de 3%; pero, en contraposici�n a esto en la segunda pregunta tenemos que el 100% conoce a que se refieren los conceptos del Principio de Estabilidad Laboral y la No precarizaci�n del Trabajo; en la tercera pregunta, en la que se consult� s� se consideraba que el art�culo 19 ibidem favorec�a al empleador, se marca la tendencia de que si existir�a este favoritismo; en la cuarta pregunta en la que se solicit� a los encuestados considerar si el contrato especial emergente va en detrimento de preceptos constitucionales, de igual forma se marca una tendencia positiva, determin�ndose que un 87,9% de los encuestados considera que s�; continuando en la quinta pregunta, manteni�ndose la misma tendencia de que el predicho art�culo va en contra de preceptos constitucionales y que por lo tanto deber�a ser derogada, se marca nuevamente esta tendencia positiva; y, finalmente, en la �ltima pregunta, en la que se pregunt� si se considera que la ley deber�a ser expulsada del ordenamiento jur�dico, se tiene como respuesta que un porcentaje del 90,9%� de los encuestados consideran que efectivamente dicha ley deber�a ser derogada.

Ante el an�lisis pormenorizado que se ha hecho, se tiene una tendencia clara respecto a la inconstitucionalidad del art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID- 19.

 

Discusi�n

En el transcurso de la investigaci�n se ha marcado con claridad la imperiosa necesidad de que el art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 sea declarado inconstitucional, mediante el tr�mite respectivo en la Corte Constitucional, situaci�n que como se ha demostrado se encuentra en la actualidad efectivamente en tr�mite, en donde no solamente se incluye el art�culo al que se ha hecho menci�n en este trabajo sino dem�s art�culos que tienen que ver con el �mbito laboral. En el caso de que efectivamente se declare la inconstitucionalidad del mismo, pues este por resoluci�n de la Corte Constitucional dejar�a de formar parte del ordenamiento jur�dico ecuatoriano, por lo que se tendr�a que dar lugar a la sustituci�n de este con otra norma, la que no afecte de manera alguna los principios constitucionales y garant�as de la Constituci�n.

Como propuesta se ha realizado un cuadro comparativo en el que de un lado se tiene al art�culo tal cual como se encuentra en la ley, y del otro lado un modelo de articulo que podr�a servir como sustituto una vez que el que se encuentra en vigencia sea derogado por Ministerio de la ley; en esta propuesta se ha tomado en cuenta los principios y garant�as constitucionales, utiliz�ndose para el efecto normativa ya existente en el C�digo de Trabajo, norma que regula la materia a la que se ha hecho referencia en este trabajo.

 

Gr�fico 2: Representaci�n gr�fica de la propuesta

Fuente: Elaboraci�n propia.

 

Conclusiones

El tema que se ha abarcado en este art�culo, as� como la propuesta presentada es de importancia para los ecuatorianos, por cuanto refleja una realidad latente en la sociedad, frente a la crisis no solamente sanitaria que se ha dado por el virus COVID-19 y su alta gama de contagio a nivel mundial y en el Ecuador, sino la crisis econ�mica, que de por s� se ven�a acarreando en el pa�s por malos manejos gubernamentales, situaci�n que se ha reflejado claramente en las econom�as de cada uno de los ecuatorianos. Particular que ha sido puesta en conocimiento de la Corte Constitucional, ya que varios colectivos de trabajadores se han visto afectados por el texto del art�culo 19 de la Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, como bien se ha expresado, estos colectivos no solamente han apuntado la evidente inconstitucionalidad en el art�culo mencionado, sino en todos los relativos al �mbito laboral, el que se vio afectado al transgredirse las garant�as constitucionales que se mantienen y se reflejan en la Carta Magna.

Ahora de todas formas, persiste la inc�gnita sobre: �Se considerar�a que este art�culo en espec�fico debe ser declarado inconstitucional? �Evidentemente, estamos frente a un caso de contradicci�n entre normativa de diferente nivel jer�rquico?, pues se considera que si, que, al haberse emitido esta norma, en los t�rminos que ya se han detallado, se han afectado principios y derechos constitucionales plenamente reconocidos en la Constituci�n de la Rep�blica, y esta situaci�n no deber�a subsistir por mayor tiempo.

Si bien, se podr�a llegar a entender la intenci�n del poder legislativo de mantener fuentes de empleo, bajo el concepto mismo de sostenibilidad, incurrieron en una falta al haberlo realizado en los t�rminos que lo efectuaron.

La Constituci�n de Montecristi, es una carta fundamental en la que se garantiza derechos y que estos son intangibles e inherentes a todos los ecuatorianos, y al ser el Ecuador un estado constitucional de derechos, ninguna norma podr�a o deber�a irse en contra de las garant�as que esta Constituci�n declara, en el caso en concreto, de forma inclusive textual, al inobservar lo detallado en el art�culo 327 de la Carta Fundamental., respecto a la estabilidad laboral y la no precarizaci�n del trabajo Se queda a la expectativa de que la Corte Constitucional cumpla con su obligaci�n de velar por la obediencia jer�rquica del ordenamiento jur�dico.

 

 

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16.         Organizaci�n Mundial de la Salud, (2020). Declaraci�n sobre la reuni�n del Comit� de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional acerca del brote de nuevo Coronavirus (2019-nCoV), obtenido en:� https://www.who.int/es/news/item/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).

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20.         Registro Oficial del Ecuador (2020): Asamblea Nacional del Ecuador: Ley Org�nica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del COVID-19, Suplemento 293, obtenido en: https://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas

21.         Registro Oficial del Ecuador, (2008). Asamblea Constituyente del Ecuador. Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, obtenido en: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf.�

22.         Registro Oficial del Ecuador, (2012). Asamblea Nacional del Ecuador. C�digo del Trabajo, Suplemento No. 167, obtenido en: http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf.

23.         Romo, Mar�a Paula. Ministerio de Gobierno del Ecuador, (2020), Obtenido en: https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/se-termina-el-estado-de-excepcion-pero-el-presidente-tiene-la-potestad-de-restringir-el-libre-transito-maria-paula-romo/

24.         Santos Azuela, H�ctor (1998): Elementos del Derecho Laboral, Editorial Porr�a, Ciudad de M�xico-M�xico.

25.         Toyama, Jorge y Vinatea Luis (2016), �En qu� consiste la estabilidad?� laboral? Gaceta Laboral Per�, obtenido en: http://gacetalaboral.com/en-que-consiste-la-estabilidad-laboral/.

 

 

 

 

 

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