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Erradicar el narcotr�fico: dial�ctica del poder y la sociedad de consumo

 

Eradicing drug trafficking: dialectics of power and the consumer society

 

Erradicar o narcotr�fico: dial�tica do poder e da sociedade de consumo

 

 

 

 

Luis Fernando Cede�o-Astudillo ^I

cluis@umet.edu.ec�

https://orcid.org/0000-0002-3513-2746

 

 

 

 

Correspondencia: cluis@umet.edu.ec�

 

 

Ciencias t�cnicas aplicadas ���

Art�culo de investigaci�n������

 

 

*Recibido: 05 de julio de 2020 *Aceptado: 20 de agosto 2020 * Publicado: 20 de septiembre de 2020

 

 

 

       I.            M�ster en Pol�tica candidato a Doctor (PhD) en Ciencias Jur�dicas Universidad de M�laga, M�ster Universitario en Derecho Penal y Pol�tica Criminal, Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Rep�blica del Ecuador, Docente Investigador en la Universidad Metropolitana del Ecuador. Guayaquil, Ecuador

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Resumen

En este art�culo se disertar� la correlaci�n filos�fica entre el gobierno y el narco, donde la intervenci�n pol�tica proporciona inmunidad a los capos de la droga que se ven como cuestionadores del poder y no como rivales. A trav�s de una investigaci�n hermen�utica y documental, se detecta que la capacidad del narcotr�fico para regular la sociedad es la respuesta al monopolio coercitivo que originalmente se reservaba para el gobierno. Sin embargo, las conclusiones nos revelan la existencia de un grupo no tomado en cuenta en la pol�tica p�blica: los desplazados o "parias" de la guerra contra las drogas.

Palabras clave: Narcotr�fico; cultura; sociedad; Foucault; parias

 

Abstract

This article will discuss the philosophical correlation between the government and the drug trafficker, where political intervention provides immunity to drug lords who see themselves as questioners of power and not as rivals. Through a hermeneutical a documentary investigation, it is detected that the capacity of drug trafficking to regulate society is the response to the coercive monopoly that was originally reserved for the government. However, the conclusions reveal to us the existence of a group not taken into account in public policy: the displaced or "pariahs" of the war on drugs.

Keywords: Drugs; culture; society; Foucault; outcasts

 

Resumo

Este artigo discutir� a correla��o filos�fica entre o governo e o narcotr�fico, onde a interven��o pol�tica fornece imunidade aos traficantes que se veem como questionadores do poder e n�o como rivais. Por meio de uma investiga��o hermen�utica e documental, detecta-se que a capacidade do narcotr�fico de regular a sociedade � a resposta ao monop�lio coercitivo originalmente reservado ao governo. No entanto, as conclus�es revelam a exist�ncia de um grupo n�o levado em considera��o nas pol�ticas p�blicas: os deslocados ou "p�rias" da guerra �s drogas.

Palavras chave: Tr�fico de drogas; cultura; sociedade; Foucault; p�rias

 

Introducci�n

El narcotr�fico es la manifestaci�n ilimitada de un capitalismo agresivo. La fuerza de trabajo que compone toda la cadena de producci�n y exportaci�n de drogas, es una relaci�n donde el campesino que cultiva la hoja de la coca, vende su fuerza de trabajo al se�or capitalista (gran capo) porque no cuenta con los medios de producci�n para instalar su propio laboratorio, ni con las oportunidades sociales suficientes para dedicarse a tareas menos peligrosas. Considerando entonces que el capitalista compra la fuerza de trabajo, �l es el nuevo due�o. A partir de ah�, el capo controla el capital variable (costo de producci�n por kilo, sobornos en la frontera, transportaci�n, etc.,) y c�mo se dirige la fuerza de trabajo en la medida que el agricultor no diferencia lo l�cito de lo ilegal en su jornada diaria. El capitalismo como sistema econ�mico prescribe que el �nico prop�sito de la fuerza de trabajo es generar ganancias para el due�o de los medios de producci�n, y que el valor generado por el obrero no se ve reflejado ni en su salario, ni en su pr�ximo nivel de vida.� En el narcotr�fico la relaci�n trabajador-patrono es exactamente igual. Las condiciones insalubres en los plant�os de coca, marihuana y amapola, m�s el riesgo permanente de ataques por parte de la fuerza p�blica, no compensa en absoluto las irrisorias cantidades que cobran los jornaleros por cada kilo de alcaloide producido. Aunque el campesino acepta forzosamente las condiciones de trabajo impuestas por el poder local, prefiere estar esclavizado y arraigado en familia antes que perecer por la falta de alimentos. De hecho, el narcotr�fico se vuelve para �l una evasi�n a la miseria extrema y le otorga un ut�pico sentido de autonom�a, porque al menos conoce la utilidad que tiene su fuerza de trabajo para los barones de la droga. Incluso, apeg�ndonos a paradigmas rom�ntico sobre la cuestionada nobleza de ciertos narcotraficantes, la lealtad (que se vuelve un agregado a su fuerza de trabajo) podr�a permitirle convivir en un aparente estado de bienestar, pues personajes como el Chapo, no solo compran la fuerza de trabajo, sino la simpat�a de los m�s desprotegidos, dot�ndolos de escuelas rurales medicinas y servicios b�sicos.

Para el campesino que trabaja en los cultivos del gran capo, la incapacidad de verse a s� mismo como due�o de objetivos y metas en su vida, otorga diferentes perspectivas de acuerdo a las din�micas socioecon�micas y laborales que hallan justificaci�n en la respuesta social. La condici�n enajenada del capitalismo referente al tr�fico de drogas, determina que el campesino encuentra una identidad incompleta, o peor a�n, abandona la suya para adquirir una identidad superflua; deja de verse como un agricultor para identificarse como trabajador de un c�rtel de drogas, aunque realmente no lo sea. La pobreza atrae cada vez m�s campesinos en la producci�n de marihuana, hoja de coca�na y amapola. Poco despu�s, no es de extra�arse que permanezcan atrapados en toda la cadena producci�n y el tr�fico de drogas, ejecutado por las mafias nacionales e internacionales con la complicidad del estado. El dinero, el poder y la violencia han permitido a estas organizaciones convertirse en poderosos actores sociales y pol�ticos, y tomar el control total de vida de los individuos afectados por este fen�meno, pues, la capacidad de ejercer el poder social, econ�mico y coercitivo con impunidad es inexplicable, a no ser que se acepte la complicidad directa o indirecta del alto gobierno, tanto a nivel municipal como local. (Zabaleta, 2018)

Las conexiones tem�ticas entre la delincuencia, la violencia y la gobernabilidad tratan de contextualizar un enfoque hist�rico que se refiere a la simultaneidad de un estado fallido y un narcoestado. M�xico, por ejemplo, mantiene una econom�a derivada de uno de los m�s prominentes tratados de libre comercio del mundo; tiene una industria tur�stica mundialmente conocida, y un modernizado sistema electoral que ha ganado reconocimiento.� Las drogas il�citas y las actividades delictivas parecen profundamente arraigadas en la sociedad.� Las relaciones sociales y las econom�as locales y regionales, juegan un papel fundamental en las decisiones de gobierno, dado que el nexo del narco-gobierno se convierte en un orden formal respaldado por la norma.� Esto permite el avance de las actividades criminales dentro de las jerarqu�as pol�ticas, las relaciones de poder generadas por el narcotr�fico se vuelven cada vez m�s amplias.� (Solis Gonz�lez, 2013)

Durante d�cadas los acuerdos entre el tr�fico de drogas y los agentes estatales fueron incorporados en las redes y familiares y los propios sistemas de gobierno. Sin embargo, la reproducci�n de estos acuerdos fue condicionado por fuerzas fuera de su alcance. La represi�n de las organizaciones de la droga y su eventual fragmentaci�n abren oportunidades para los nuevos c�rteles de droga que buscan penetrar poco a poco en el negocio y tomar el control del tr�fico de drogas procesadas y sint�ticas. Por ejemplo, aunque el narcotr�fico mantiene un combate frontal de los a�os 70, en la d�cada de 1980 el mercado de coca�na en Estados Unidos explot� sin l�mites. Se ha estimado que la cantidad de coca�na que se consume en los EE. UU (y que ingresa a trav�s de M�xico) aument� de un 20% en 1984 a un 80% en el siglo XX. La coca�na eleva masivamente los intereses econ�micos de los estados exportadores, ya que vierte incontables cantidades de dinero en el sector bancario. Pero el comercio de la coca�na tambi�n abastece la industria del medicamento, la cosecha de otros productos (que requieren organizaci�n diferente) y, por consiguiente, la adquisici�n de tierras y nuevas maquinarias tambi�n mueven la econom�a local. En otras palabras, el tr�fico de drogas colabora en el crecimiento de la renta nacional como si fuera cualquier mercanc�a legalizada. (Vald�s, 2013)

 

Desarrollo

�Narcotr�fico: una dial�ctica de poder y resistencia

�Un d�a decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los d�as vamos sabiendo que nada cambi�. El problema del narco envuelve a millones. �C�mo dominarlos? En cuanto a los capos encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ah� El narco est� en la sociedad, arraigado como la corrupci�n.�

(Ismael �el mayo� Zambada, hist�rico narcotraficante mexicano, durante una entrevista con Julio Scherer para el semanario Proceso. 3 de abril del 2010)

Ante el vac�o que dejaron los c�rteles colombianos en los a�os 90, M�xico se hab�a convertido en un elemento clave para la econom�a internacional que genera el tr�fico de drogas, lo que aument� enormemente la agitaci�n pol�tica y financiero del propio gobierno. Mientras que el gobierno municipal buscaba subvenciones a trav�s de los cultivos y las bodegas almacenadoras de coca�na Colombia, las fuerzas federales buscaban nuevos socios de poder. Esto ocurri� precisamente en medio de los cambios propiciados por las reformas neoliberales, la privatizaci�n y liberalizaci�n del comercio, que profundiz� la vulnerabilidad de muchos mexicanos que, si bien ya estaban en una situaci�n de riesgo, pasaron a ubicarse en los grupos de extrema condici�n social.� Este fue el escenario aprovechado por el narcotr�fico:� una nueva generaci�n de l�deres criminales, ejercieron su creciente influencia en las sociedades locales y regionales para envestirse de legitimidad ayudando con dinero y trabajo a los sectores desfavorecidos. A partir aqu�, los narcotraficantes ya no son vistos como agentes criminales, sino como salvadores del pueblo (Hern�ndez, 2010).

Un factor clave corresponde a la necesidad de los narcotraficantes por tejer nuevos sistemas de gobierno a trav�s de pol�ticas sociales (lo cual les permite disfrutar de legitimidad) el poder gubernamental est� m�s convencido que la legalizaci�n de las drogas es la soluci�n ante tanta violencia. Sin embargo, los poderes reguladores y superpuestos a la soberan�a, mantienen su conveniencia en la ilegalidad del consumo. El poder requiere un enemigo a quien atacar, y ese es precisamente el narcotr�fico. En zonas donde las superpotencias no han encontrado excusa para iniciar una guerra en pro de la libertad, han visto a los grupos criminales como los nuevos enemigos. Cual pretexto validado por las coaliciones internacionales, los c�rteles son blancos perfectos para justificar intervenciones militares que pongan en riesgo las pretensiones soberanas.

A medida que el tr�fico de drogas gana m�s impulso por su propia guerra, la competencia entre ellos se ha intensificado. A la par del crecimiento de la nueva empresa de las drogas, el coyoterismo, la corrupci�n, terrorismo, el tr�fico de armas y la trata de personas, son otros productos ofrecidos por el sistema criminal.� En otras palabras, se dio lugar a la interrupci�n de las econom�as il�citas gestionadas localmente, para incrustarse en una vasta red de negocios internacionales. (Hern�ndez, 2010)

Pero, aunque esto representa solo una muestra de las varias d�cadas que el narcotr�fico ha irrumpido en la sociedad civil, sus estrategias discursivas para transmitir mensajes cumplen funciones semi�ticas para explicar la llamada �cultura de la violencia�. El narcotr�fico, aunque naci� dentro de un contexto neoliberal y muchas veces recae su importancia sobre los flujos econ�micos, no debemos obviar los paralelismos entre los m�todos punitivos analizados por Foucault en Vigilar y Castigar, y las violentas actuaciones que los c�rteles de droga publicitan a manera de prevenci�n general. Por ejemplo, Foucault describe c�mo la participaci�n p�blica en la tortura y la ejecuci�n una vez giraba en torno a la literatura criminal, centrada en las �ltimas palabras del convicto. Los c�rteles de drogas utilizan estos mismos argumentos para exhibir p�blicamente los actos de tortura y sometimiento de sus enemigos. El uso performativo del dolor, la intimidaci�n y la brutalidad para asustar al p�blico y paralizar su voluntad de actuar contra el delito en la vida cotidiana, no hace otra que reconocer a las organizaciones criminales como figuras autorizadas m�s leg�timas que las fuerzas estatales. A medida que los c�rteles buscan reemplazar la soberan�a del estado con sus propios medios coercitivos, transmiten su mensaje de control social al p�blico a trav�s de diversos medios, incluyendo la viralizaci�n de videos, colgamiento de cad�veres o la exhibici�n de cabezas en lugares p�blicos. Incluso, aprovechan su capital econ�mico para dise�ar insignias, esl�ganes, producciones musicales y cualquier otro medio para visibilizarse. Este representa el discurso como instrumento y efecto de poder referido por Foucault, dado que esta clase de mensajes son elementos t�cticos que generan una relaci�n de fuerza.� Como en cada sociedad, la narco cultura produce un discurso que al mismo tiempo es controlado, organizado y distribuido.

Dentro del crimen organizado, la relaci�n poder/conocimiento y su hegemon�a como una categor�a supra estructural, se explican a partir de la teor�a social que contribuye al importante cuestionamiento sobre si el hombre combate o genera delito. Sin duda, esto causa fascinaci�n en los defensores del pensamiento foucaultiano, porque el narcotr�fico propone de forma convincente que ninguno de nosotros puede salir de sus relaciones de poder, y nadie est� completamente exento de sus lazos; nadie sabe, si al visitar casinos, cadenas hoteleras, u otros centros de diversi�n nocturna, estamos coadyuvando a la econom�a de un imperio que simula ser la r�plica del sistema burocr�tico. Sumado a esto, la seducci�n del impacto cultural, act�a una oscura pantomima de c�mo el narcotr�fico nos hace c�mplices de sus placeres. Si al principio, la primera opci�n del narcotr�fico era seducir �nicamente a los consumidores de droga, ahora su mercado abarca la compra de simpat�as a trav�s de una cultura de entretenimiento. La exageraci�n de haza�as y la enervaci�n de cr�menes como si fueran proezas, provocan que la gente se sienta m�s tranquila conviviendo con un narcotraficante que con un femicida.

El espect�culo en su generalidad es una inversi�n concreta de la vida y, lo cual vuelve a la realidad algo en lo que no participamos directamente (Debord, 1967). La narcocultura, es un espect�culo de poder formado por im�genes inacabadas a trav�s de lo mainstream, donde dejamos ser meros observadores de la escena y nos volvemos participantes indirectos. Esa nueva realidad social que representa el narcotr�fico, son el surgimiento de una vida paralela que el poder pretende activarnos, pues, mientras existan m�s personas seducidas por el espect�culo glorificado de la narcocultura, dentro las sociedades existen m�s delincuentes potenciales que tarde o temprano ser�n el blanco perfecto para el entrenamiento sanguinario de la fuerza p�blica. Pero, no debemos ignorar que la filosof�a plat�nica sostiene que no siempre las im�genes pueden ser reales, porque siempre contienen una mentira en la medida en que nunca muestran completamente la realidad que representan.�

Si bien uno podr�a asociar correctamente a los carteles de la droga como una demostraci�n del mal radical, lo que est� en juego no es un esfuerzo por caracterizar sus m�todos de castigo, sino las relaciones de poder que tejen para perpetuarse en la sociedad y simb�licamente desafiar al Estado. En este sentido, en lugar de ser meras exhibiciones de monstruosidad, estas pr�cticas tienen un prop�sito regulatorio como parte de un sistema m�s amplio de control social. Realizar estas funciones permite a los c�rteles de droga comunicar m�s f�cilmente su mensaje, pero ninguna estrategia discursiva tiene m�s acci�n la propia exhibici�n p�blica de su poder. Antes, las ejecuciones o muertes ligadas con el narcotr�fico sol�an mantenerse fuera de los centros de atenci�n; ahora, el anuncio de las muertes y las famosas narcomantas invaden el espacio p�blico. Los cad�veres de los torturados representan la m�xima expresi�n de la soberan�a biopol�tica en el mundo del narcotr�fico: el poder y la capacidad para decidir qui�n puede vivir y qui�n debe morir. Adem�s, el aspecto performativo de estas ejecuciones asegura que su atrocidad siga siendo un recuerdo palpable en la conciencia ciudadana. Pero, aunque los c�rteles de droga son m�s conocidos por su violencia, sus m�todos de control social son psicol�gicamente m�s efectivos, porque el poder f�sico en s� es inoficioso.� Sin la subordinaci�n moral del individuo, lo �nico que quedar�a es el poder de coaccionar a trav�s de la muerte, y el narcotr�fico necesita ciudadanos vivos de quienes servirse y a quienes servir. De acuerdo con esta f�rmula, los c�rteles de droga construyen su propia soberan�a dentro de las escuelas, negocios locales (aun sin el prop�sito de lavar dinero), proporcionando programas de salud y bienestar social para encontrar el sustento que legitime su poder. Esta reverencia, es innegablemente soportada por la romantizaci�n de la cultura narco, dada la relaci�n que los c�rteles establecen con el p�blico, la cual representa un espacio mucho m�s extenso que la mera expresi�n cultural. Entonces, la identidad del narco penetra gradualmente el �mbito de la soberan�a que antes era reservada solo para los actores estatales. As� como la existencia de cualquier estado mantiene su base en la monopolizaci�n de la violencia y la capacidad para forzar su aprobaci�n ciudadana, el narco tambi�n utiliza la violencia como un mecanismo para mantener soberan�a. Pero la violencia es para ellos un instrumento reutilizable, porque, as� como la usan para generar coacci�n entre sus posibles delatores y atemorizar a sus habitantes, tambi�n la emplean para proteger a la ciudadan�a de infracciones comunes como violaciones y robos.� (Ovalle, 2010)

Otro paralelismo entre las pr�cticas de los c�rteles de drogas y las ideas foucaultianas, va ligado con obligaci�n que tienen los secuestrados (o levantados, para respetar el argot narco) a revelar confesiones pol�ticas y de autocondena. En Vigilar y Castigar, se narra c�mo criminales acusados, en la Francia del siglo XVII, fueron obligados a consagrar su propio castigo como una prueba de arrepentimiento forzado hacia la corona. Esto daba lugar a la morbosa escena de las '�ltimas palabras del condenado', cuya fama depend�a de la circulaci�n panfletos con declaraciones ap�crifas. En pleno siglo XXI, esas s�plicas y delaciones se expanden en las redes sociales como un cuadro sintom�tico de las tendencias mainstream. En p�ginas como �El blog del narco� la cultura expansiva del delito se muestra a trav�s de videos, donde, previa a la ejecuci�n del condenado, �ste revela el nombre de los funcionarios coludidos con la delincuencia organizada y pide disculpas por la intromisi�n en plazas ajenas. De igual forma, el hermetismo de los procedimientos judiciales en a�os 1700, negaba cualquier oportunidad para revertir la acusaci�n, o por lo menos implorar clemente en instancias judiciales. Tal cual ocurre con los levantados, estos no tienen otra alternativa para defenderse del poder, m�s que la espera de una muerte r�pida y menos violenta. Por eso, en la naturaleza performativa de las ejecuciones para enviar sus mensajes de manera m�s efectiva y m�s f�ciles de leer, se convierten los cad�veres en un medio para cumplir un fin espec�fico.

Estas t�cticas basadas en el terror permiten a los c�rteles establecer lo que Foucault denomina �mini-totalitarismos' que se agrupan dentro de las subculturas asentada en Am�rica Latina.�� Examinar las condiciones de la modernidad delictiva permite que la brutalidad se reconcilie con las olas de violencia que por lo general son productos de la postguerra. El m�todo de control social m�s visible y psicol�gicamente discordante, podr�a considerarse incluso peor que la violencia f�sica, porque el rol de las posibles v�ctimas ya no abarca solo a los integrantes de un cartel, sino a sus familias. El alcance global-militar de la delincuencia organizada, permite que los c�rteles mantengan un desaf�o directo contra la soberan�a del estado y su monopolizaci�n de la violencia. Pero ese desaf�o depende de la visibilidad del propio c�rtel, y su capacidad de circular por los diferentes niveles sociales, ya que su respeto y legitimaci�n dependen de una viralizaci�n del discurso performativo, es decir, mientras m�s espacio social consiguen, tendr�s m�s visibilizaci�n que el propio gobierno, y, por ende, ser� bautizada como una primera fuerza de poder. Aunque la teor�a pol�tica presume que las sociedades necesitan reglas y que �stas necesitan de su incumplimiento (de lo contrario, no habr� ninguna l�nea entre el orden y el desorden), los te�ricos pol�ticos no se aventuran a especificar reglas detalladas en la criminolog�a, donde los infractores son teorizados e investigados como una categor�a foucaultiana.� Sin embargo, como hemos podido notar, Foucault est� ciertamente familiarizado con la teor�a pol�tica del delito y sus discusiones perceptivas. (Foucault, 1999).

La resocializaci�n de narcotraficantes: un sue�o guajiro

Goffman defini� la resocializaci�n como un proceso de derribar y reconstruir el papel de un individuo y el sentido social de s� mismo. A menudo es un proceso social deliberado e intenso y gira en torno a la idea de que, si algo se puede aprender, se puede desaprender (Bravo, 2017). La resocializaci�n tambi�n se puede definir como un proceso que somete a un individuo a nuevos valores, actitudes y habilidades definidas como correctas de acuerdo con las normas de una instituci�n en particular, y la persona debe cambiar para funcionar adecuadamente con esas normas. Una pena privativa de libertad es un buen ejemplo, dado que el individuo no solo tiene que cambiar y rehabilitar su comportamiento para regresar a la sociedad, sino que tambi�n debe adaptarse a las nuevas normas requeridas para vivir en una prisi�n. Si bien la ley ata directamente al cuerpo humano, el sistema penal moderno y la forma en que se castiga mantiene perspectivas pr�cticas distintas. El objetivo de la prisi�n como instituci�n reformadora es fabricar ciudadanos respetuosos de la ley, aumentar su mundo intelectual y cambiar su enfoque cotidiano. Foucault incorpora este desarrollo en un an�lisis profundo del castigo como un fen�meno social y pol�tico complejo, que se caracteriza por diversas din�micas, como el poder, el conocimiento y la disciplina. Este prop�sito, que hoy en d�a se llama resocializaci�n, resulta no ser realista.

La gran pregunta es: Si los narcotraficantes ya viven en un estado de bienestar y reconocen al estado no como una figura por encima de la suya, sino aliada �Es posible lograr su resocializaci�n con el mismo tratamiento que al delincuente com�n?

Hannah Arendt afirmaba que los delincuentes idealistas representan una criminalidad radical y compleja por el hecho de que, si bien los actos delictivos pueden convertirse en tragedias monumentales, los perpetradores de esos actos a menudo est�n marcados no con la grandiosidad de lo demon�aco, sino con la naturalidad absoluta dado que sus actos no responden a la maldad individual, sino al poder que los ampara. (Cano, 2004).� Ella encontr� a Eichmann como un bur�crata ordinario, ni malo, ni pervertido, ni s�dico, sino "terriblemente normal", que actu� sin otro motivo que el de avanzar diligentemente en su carrera gubernamental de la Alemania nazi. No lo vio como un monstruo amoral, sin embargo, reconoce que realiz� actos malvados, aunque nunca se percat� de lo que estaba haciendo debido a la incapacidad para pensar por su devoci�n ciega hacia el poder que en ese momento representaba el nazismo.

Luego de su tercera captura el 8 de enero del 2016, Joaqu�n Guzm�n Loera, mejor conocido como el Chapo, y quien fuera reconocido como el narcotraficante m�s notorio de finales de los 90 hasta la segunda d�cada del 2000, fue sometido a un test psicol�gico de rutina que arroj� los siguientes resultados:

"Es una persona respetuosa, cuida mucho las formas, cordial, amable, muy reservada, pero cuando entablas confianza puedes platicar con �l de manera extraordinaria, lo que te permite saber c�mo opera su mente (...) Lo que tiene es una capacidad estrat�gica muy importante. Sabe a qui�n poner en el lugar preciso, a qui�n quitar y c�mo mover sus piezas, como en un juego de ajedrez (...) A pesar de los c�rculos en los que se mov�a, el se�or Guzm�n Loera no es un psic�pata, pero tiene rasgos psicop�ticos y rasgos narcisistas que se reflejan en una necesidad de admiraci�n, de sentirse �nico y especial. Actualmente es el patriarca, es tranquilo, reservado al principio, est� acostumbrado a que se le escuche, a negociar y siempre por el bien de las partes y para el bien de la organizaci�n y no para �l mismo (...) Segu�a las normas y las reglas. 'El Chapo' de hoy es un hombre dedicado a la familia, entre los que figuran principalmente su madre, su esposa y sus hijas gemelas (...) Cuando �l tuvo una aproximaci�n a lo que era la extradici�n, consider� que no era tan malo y que pod�a hacer un acuerdo.� (F�rmula, 2019)

El perfil responde al pensamiento arendtiano sobre la figura de los individuos normales que ejecutan actos perversos por amores ideol�gicos, y las categor�as de poder que diserta Foucault.� En el caso del narcotr�fico, las pol�ticas generales y los llamados "reg�menes de verdad" son el resultado del discurso cient�fico que las instituciones refuerzan (y redefinen) constantemente a trav�s del sistema de coerci�n, los medios de comunicaci�n y el flujo de ideolog�as pol�ticas y econ�micas. No hay una verdad absoluta que pueda ser descubierta y aceptada, sino que es una batalla entre lo verdadero separado lo falso y los efectos espec�ficos del poder que siempre est�n ligados a un discurso verdadero, pues, Guzm�n Loera, en su rol como narcotraficante, pas� desapercibido hasta el a�o 1993 en que el gobierno mexicano construy� sobre �l la figura de gran capo (sin serlo) para culparlo de la muerte del cardenal Posadas Ocampo. Similar bosquejo de poder condujo al gobierno de los EE. UU para fabricar el mito del Chapo Guzm�n. La necesidad de un personaje famoso, con proezas legendarias (sus dos escapes de prisiones de m�xima seguridad) y presencia en el sistema financiero como uno de los hombres m�s ricos del planeta, permiti� el hallazgo de un chivo expiatorio contra quien imponer su rol de autoridad.

Los estados saben que no pueden (ni podr�n) erradicar al narcotr�fico, por eso no les conviene batallar contra ellos, sino controlarlos. El gran problema, es que los c�rteles de drogas no quieren ser figuras subordinadas hacia un poder que se alimenta de ellos, sino mantener un papel de autoridad que pueda significar una ganancia bilateral en el plano pol�tico y econ�mico. Es decir, al tener dos estructuras similares (estado/narco) pretendiendo imponerse, el sue�o guajiro de la mancomunidad del poder traslada sus diferencias al campo de las armas.

El gobierno entiende que la �nica forma de resocializar a un narcotraficante es creando auto-resistencia. La sumisi�n que se plantea encontrar en sujetos igual o m�s poderos que la propia estructura, debe ser vista como una conjetura y no como un hecho probado.� Por eso, en el a�o de 1996, Estados Unidos cre� un programa secreto denominado �Programa de Resocializaci�n de Narcotraficantes�, donde figuras prominentes del narcotr�fico colombiano se compromet�an a no seguir en el negocio de las drogas y entregar buena parte de su patrimonio, a cambio de cumplir penas irrisorias y la promesa de no ser extraditados. Si el propio gobierno que abandera la lucha contra el narcotr�fico traza caminos de impunidad, podemos decir que la guerra contra las drogas corresponde m�s a un platonismo de pantalla que a una pol�tica criminal universal.

Pero hagamos un poco de historia sobre este programa:

Las negociaciones secretas se llevaron a cabo en la denominada Segunda Cumbre de Panam� en el a�o 1996. Baruch Vega, la persona clave en todo el proceso, fue un fot�grafo colombiano a quien la CIA reclut� en la Universidad de Santander para infiltrarse en la guerrilla. En 1980, Baruch logr� reunirse con Rodr�guez Gacha para limpiar su registro en el FBI a trav�s de un contacto extranjero.� Vega se hizo muy popular entre los se�ores de la droga de Colombia y mantuvo conversaciones con los l�deres de los carteles de Medell�n y Cali y, posteriormente, con la segunda generaci�n narcotraficantes, incluyendo a l�deres paramilitares, el Cartel de Norte del Valle y la Oficina de Envigado. A finales de 1999, una treintena de narcotraficantes que dec�an ser responsables del mayor porcentaje de las exportaciones de coca�na hacia los Estados Unidos, se reunieron con Baruch y funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense, la DEA Y Fiscal�a, para coordinar la iniciativa, dise�ar estrategias y para guiar las negociaciones. Para el a�o 2006 cerca de 300 narcotraficantes colombianos hab�an negociado con el sistema de justicia de Estados Unidos. Uno de los primeros narcotraficantes que se presentaron fue Nicol�s Bergonzoli, un lugarteniente de Pablo Escobar que habr�a ganado mucha importancia en el mundo del crimen. Bergonzoli hab�a conocido a los hermanos Casta�o Gil a inicio de carrera paramilitar, as� como a otros l�deres de las Autofedensas Unidas de Colombia (AUC). A trav�s de �l, Carlos Casta�o se hab�a propuesto convencer a los nuevos capos Luego del desmantelamiento de los c�rteles de Medell�n y Cali) a iniciar conversaciones similares para pactar su entrega. Hernando G�mez, alias Rasgu�o, asisti� a una segunda cumbre en Panam� y expres� su inter�s en iniciar negociaciones directas con funcionarios de Estados Unidos, lo que posteriormente se tradujo en el malogrado Pacto de Ralito. Pero no todos los capos quer�an renunciar a parte de sus fortunas y declararse culpable ante un juez de Estados Unidos. Otros prefer�an consolidar su posici�n, aumentar su influencia pol�tica el congreso y mantener sus contratos con el gobierno. Por supuesto, la iniciativa fracas�. (Tellez & Lesme, 2016)

El caso de M�xico no es tan distinto. Despu�s que la Operaci�n C�ndor (no confundir con el plan desestabilizador pol�tico en Latinoam�rica) destruyera la producci�n de opio y marihuana en M�xico y, luego de la muerte de Pedro Avil�s P�rez 1978, su heredero criminal Miguel F�lix Gallardo, con dos lugartenientes (Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo) cre� y administr� la primera gran corporaci�n de narcotr�fico en M�xico, que se ocup� de la distribuci�n de coca�na colombiana en EE.UU. Esta organizaci�n fue denominada Cartel de Guadalajara, y era visto como el c�rtel m�s poderoso del mundo, solo por debajo del Cartel de Medell�n.� Gallardo y sus lugartenientes modernizaron, comercializaron e internacionalizaron el narcotr�fico, establecieron rutas de coca�na desde Am�rica del Sur, a trav�s de M�xico, hasta los Estados Unidos y Europa, cuyas rutas permanecen activas hasta los tiempos actuales. El "flaco" F�lix Gallardo entendi� los mercados internacionales en cuanto a la oferta, demanda y especulaci�n (tipo Wall Street de las drogas) y hablaba ingl�s. Gallardo sent� las bases para un sistema de corrupci�n y convivencia criminal con el estado mexicano para proteger los mutuos intereses que manten�an. Comenz� a racionalizar un modelo de lavado de dinero en la econom�a supuestamente "legal" al norte y al sur de la frontera, que tiempo despu�s ser�a perfeccionado por sus sucesores. (Hern�ndez, 2010)

Luego de su captura, el llamado Padrino o Jefe de Jefe realiz� cambios estructurales en la organizaci�n. El Cartel de Guadalajara se dividi� en diferentes clicas: Los hermanos Arellano F�lix forjaron su propia organizaci�n llamada "Cartel de Tijuana" o "Cartel Arellano F�lix - CAF",� los hermanos Carrillo Fuentes fundaron el "Cartel de Ju�rez" con el comandante de la Direcci�n Federal de Seguridad - DFS (equivalente a la CIA en M�xico) Rafael Aguilar Guajardo; los hermanos Beltr�n Leyva cooperaron con el "Cartel de Sinaloa" comandado por H�ctor Palma Salazar, Jos� Esparragoza Moreno (Ex agente de la DFS) y un novel Joaqu�n Guzm�n Loera (que inici� como recolector de opio para Pedro Avil�s) e Ismael Zambada Garc�a que trabajaba de forma independiente antes de aliarse con la gente Sinaloa. Por el norte, Juan Nepomuceno Guerra mantuvo la estructura del "Cartel del Golfo" con su sobrino Juan Garc�a �brego. A la captura de este �ltimo, sucedi� al mando Salvador "chava" G�mez, quien fue asesinado por Osiel C�rdenas Guill�n para obtener el control total de la organizaci�n. Al inicio, todos trabajaban de manera organizada y solidaria. Pero, como indica Foucault, el poder resulta ser a�n astuto porque sus formas b�sicas de operaci�n pueden cambiar de respuesta constante para liberarse del control. Obtener las mejores rutas, mejor posicionamiento pol�tico y, por ende, una mayor bonanza econ�mico, desat� una guerra cuya estad�stica de muertes es mucho mayor que cualquier pa�s con guerra declarada. Al fin de cuentas, cada c�rtel quiso mantener el control de todos los estados, como si se trata del panoptismo dise�ado por Bentham y argumentado por Foucault: el estado es la c�rcel, las plazas son las c�lulas, los halcones (cuidadores) son los celadores ocultos, los enemigos son los sujetos inmersos en un sistema de normalizaci�n, la tortura es la norma, la muerte es el castigo, y todos responde al ojo central donde recae el verdadero poder: el capo. (Hern�ndez, 2010)

Las redes de poder producen y necesitan estrategias de resistencia, que a su vez produzcan y requieran transformaciones en estrategias de poder, y as� sucesivamente. Por lo tanto, el poder da forma y est� conformado por lo que busca controlar, y la resistencia engendrada est� conformada por lo que busca superar.� Como tal, podemos conceptualizar la relaci�n narco-estado en t�rminos foucaultianos de poder-resistencia, donde el poder y la resistencia se conceptualizan como dos polos de la misma relaci�n: uno en el que la fuerza siempre se enfrenta a la fuerza, y la acci�n restrictiva contra la acci�n que est� intentando restringir. Al hacerlo, encontramos que el problema de las drogas no es algo externo al juego entre el poder y la resistencia, sino que es producto de la resistencia al poder. Por esta raz�n, prominentes capos del narcotr�fico han desistido de continuar su resistencia y aceptar el sometimiento a cambio de perd�n. Por ejemplo:

Francisco Javier Arellano F�lix, inicialmente condenado de por vida, lleg� a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno estadounidense, acept� colaborar con las autoridades y ceder 50 millones de d�lares, a cambio de una nueva sentencia de 20 a�os de prisi�n; su hermano Benjam�n se comprometi� a entregar 100 millones de d�lares al gobierno de los Estados Unidos y se conmut� su cadena perpetua por una condena de 25 a�os; el otro integrante del Cartel de Tijuana, Eduardo Arellano F�lix, fue sentenciado a 15 a�os de prisi�n previo pago de 50 millones de d�lares; Ismael y Gilberto Higuera (operadores del Cartel Arellano F�lix) cedieron uno y cinco millones de d�lares respectivamente a cambio 20 y 30 a�os en prisi�n con posibilidad de libertad bajo palabra; Juan Quintero Pay�n se declar� culpable ante la Corte Federal de San Antonio, Texas, y recibi� una condena de 18 a�os y seis meses de prisi�n; en el caso m�s conocido, Osiel C�rdenas Guill�n, ex l�der del Cartel del Golfo, el gobierno norteamericano lo sentenci� a cadena perpetua, pero a�os m�s tarde su sentencia fue conmutada a una pena de 25 a�os de prisi�n previo pago de USD 50 millones. Lo curioso de este acuerdo, es que sus negociaciones fueron selladas a perpetuidad por el sistema de justicia, sin que se conozcan los t�rminos de la negociaci�n. Los miembros del c�rtel de Sinaloa han podido alcanzar tratos similares: Vicente Zambada Niebla se acogi� a un acuerdo de cooperaci�n (el m�s importante hasta la fecha) con el gobierno de los Estados Unidos y recibi� una pena de 10 a�os a cambio de desembolsar 4 millones; los hermanos Margarito y Pedro Flores, de ser miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa, se convirtieron en testigos protegidos y recibieron penas de 14 a�os. En el caso de Ecuador, Pedro Washington Prado �lava, alias "Gerald" fue sentenciado en Estados Unidos a 19 a�os y medio de prisi�n previa aceptaci�n de culpabilidad y el pago de una multa no revelada. (Neira, 2019)

Entonces, la comprensi�n general sobre la resocializaci�n de un narcotraficante es que existe un problema dentro del propio fen�meno, y, por tanto, las soluciones propuestas para terminar con el narcotr�fico son meras utop�as pol�ticas. Desde esta perspectiva, las estrategias, como la oferta y la demanda de drogas, y la reducci�n da�os colaterales por parte del gobierno, no est�n asociadas al verdadero problema del tr�fico de drogas. Una forma m�s productiva de entender la relaci�n del narcotraficante y el estado es en t�rminos de dial�ctica y codeterminaci�n porque, en esta relaci�n, el problema y la soluci�n no se ven como entidades separadas, sino interrelacionadas, superpuestas e interactivas.

La gubernamentalidad del narco y sus desplazados

El neoliberalismo complica la aceptaci�n del problema de las drogas como una enfermedad fuera del control del individuo, y perpet�a su posicionamiento como un delito. De igual forma, quienes trabajan para el narcotr�fico, particularmente en Am�rica Latina, se construyen a s� mismo como una sociedad donde no funciona el individualismo, el autocontrol y la responsabilidad, porque hist�ricamente su capacidad de elegir a qu� bando pertenecer (narco o gobierno) sobrepasa las fronteras de su comportamiento moral.

Un buen ciudadano se forja a trav�s de logros individuales por medio del trabajo l�cito. Pero, cuando su porvenir se ajusta a las bondades negligentes del gobierno (donde el pobre, m�s que apoyo recibe caridad) su independencia est� directamente amenazada por el poder de facto que representan los c�rteles de drogas. El narcotr�fico deviene de pr�cticas capitalistas donde las clases social tienen una fuerte marcaci�n econ�mica, pues, aquellas organizaciones con gran capacidad operativa para lavar dinero, dentro de las polis aristot�licas figurar�a como una clase ecl�ctica entre la Aristocracia y la Tiran�a; en cambio, las comunidades empobrecidas se ubicar�an en la categor�a de los sujetos necesarios para el comercio, pero desechables para el poder.

En su contexto, la poblaci�n no se refiere no solo a personas dispuestas a ser sometidas, sino a fen�menos y variables que construyen realidades paralelas a la voluntad del poder, como la natalidad, enfermos terminales, desviaciones, etc. La sociedad funciona como un territorio donde las relaciones sociales son gobernadas por el poder pol�tico, pues la voluntad se ve inconscientemente condicionada al biopoder. De una u otra forma, aunque las intenciones gubernamentales no conduzcan a orientaciones f�cticas surgidas de la norma, la normalizaci�n se constituye como la forma m�s sencilla del poder para delimitar los estratos. (Botticelli, 2016)

Foucault sostiene que la gran interrogante social parte de la idea de c�mo gobernarse a uno mismo, c�mo ser gobernado, a qui�n aceptamos que nos gobierno, y c�mo se llega a ser mejor gobernante.� El gobierno no se refiere� solo a la estructura pol�tica o al manejo de los bienes p�blicos, sino que design� la forma como debe dirigirse la conducta de los ciudadanos en peque�os gobiernos dirigidos por los distintos sistemas de control social porque (tal cual ocurre desde el siglo XVI) tenemos figurativamente un gobierno de los ni�os, de los religiosos,� de los enfermos terminales, entre otros, porque gobernar no significa dirigir, sino� controlar en lo posible todo el campo de acci�n de los dem�s. Con esa misma ecuaci�n social, el narcotr�fico se vuelve un control formalizado al servicio de s� mismo, porque, si bien su funcionalidad corresponde con la fuerza pol�tica que el gobierno le otorga, su cercan�a con la comunidad le permite un mayor control sobre las voluntades que las propias autoridades estatales. La legitimidad de los c�rteles en funci�n de procesos de socializaci�n aceptados, genera una sensaci�n colectiva muy parecida al sistema democr�tico: cada comunidad elige al c�rtel que lo pretende gobernar, y al capo que situar� en la misma dimensi�n del mandatario de turno. (Foucault, Defender la sociedad, 2000)

Entonces, la 'gubernamentalidad' para explicar la inclusi�n del narcotr�fico en las relaciones sociales, se integran con el sistema de procedimientos, an�lisis, reflexiones y t�cticas que permiten ejercer el poder de formas no violentas (o al menos, no armadas) que tienen por objetivo establecerse no como un poder alternativo, sino no m�s eficiente. Esta tendencia concede al narcotr�fico una notable ventaja sobre las dem�s formas de poder (soberano, policial y cl�rigo) porque ya es el resultado del proceso por el cual gradualmente se "gubernamentaliza�, refiri�ndonos, al arte de gobierno dentro de la idea foucaultiana, donde a todos los individuos se les ense�a c�mo dejarse gobernar. Aqu�, el Estado mira al narcotr�fico no s�lo como una instituci�n que participa en el gobierno, sino con un nuevo poder coadyuvante del control formal, constituyendo un nuevo tr�pode de poder: gobierno-soberan�a-narcotr�fico, porque llega un punto donde el Estado requiere la participaci�n de los c�rteles de droga para legitimar su poder soberano. (Fen�ndez, 2014)

Una macrof�sica del poder (que apunta al sujeto en sociedad o poblaci�n, distinto a la microf�sica, que busca normalizar un cuerpo singular) supondr�a que, quienes no acaten la disyuntiva del nuevo orden, optar�n por el exilio. Factores superpuestos como la guerra contra las drogas y el colapso econ�mico para ciertas zonas de convivencia, son la continuaci�n de los procesos de movilidad social para quienes no buscan inmiscuirse en problemas anal�ticos, delictivos y �ticos. (Foucault, Microf�sica del Poder, 1979) Los habitantes de zonas marginadas no tienen muchas opciones para escapar del poder colateral del narcotr�fico: o trabajar para ellos, o morir por ellos. En el caso de M�xico, el exilio que refiero en l�neas anterior no se presenta como una alternativa de f�cil decisi�n, pues, estar entre Guatemala y Estados Unidos sin m�s patrimonio que el af�n de supervivencia y sin m�s identidad que su propia miseria, es elegir entre ser sometido por las maras, o ser neutralizado por la migra.

Pero estos desplazados no surgen de la nada, al contrario, son parias fabricados por el gobierno para retratar su desaf�o. Como el Estado (matem�ticamente) no puede hacerse cargo de todos, debe buscar una forma de aislamiento voluntario que implique no vulnerar flagrantemente su derecho individual. El hecho de identificar como migrante o ilegal a un individuo pol�ticamente construido, engloba los contextos hist�ricos, socioculturales y econ�micos generadores de fen�menos migratorios. Los refugiados v�ctimas del narcotr�fico, junto con la realidad de sus experiencias, afrontan la imaginaci�n sociol�gica y antropol�gica de los estados soberanos y retratan la negligencia del poder frente a la protecci�n colectiva. As�, los desplazados se vuelven un condicionamiento dual entre Estados fronterizos, pues, mientras uno justifica su poder militar ante una guerra de dimensiones dist�picas, el otro refuerza su vigilancia migratoria, obligando a que los desplazados adquieran el apelativo de intrusos o indeseables.

Las dificultades de la migraci�n forzada resaltan la paradoja del estado moderno, porque �ste necesita un caos para seguir creando orden (Constante-L�pez, 2017). Los parias y el poder marcan una intersecci�n peligrosa entre los derechos humanos y la soberan�a nacional, porque son los desplazados quienes soportan las violentas consecuencias de ser etiquetados como extranjeros ilegales, alimentando el pensamiento colectivo de que su sola presencia incorpora un peligro inminente para el orden ciudadano, usurpando el espacio de bienestar que, seg�n los nacional, por derecho les corresponde. Pero los cuerpos de los desplazados tambi�n pueden transformarse en mercanc�as dentro de la industria de la extorsi�n y la trata de personas. Este proceso de transformaci�n muestra c�mo las econom�as nacionales y mundiales que se benefician de la movilidad humana, pueden articular redes de violencia y producir nuevas tensiones, provocando un ambiente de inseguridad incluso en quienes no se han visto afectado por la presencia de inmigrantes.

En M�xico, el narcotr�fico provoc� un masivo desplazamiento de personas hacia los Estados Unidos durante el a�o 2019. Se registraron las tasas de homicidios m�s altas hasta entonces, con un total de 34,582 v�ctimas mortales. Los estados de Guanajuato, M�xico, Michoac�n, Jalisco, Baja California, Chihuahua y Guerrero fueron los m�s afectados, sumando entre ellos m�s del 50% de casos a nivel nacional, siendo sus principales causas los feminicidios, secuestros, extorsiones y trata de personas. La principal causa del desplazamiento fue la violencia perpetrada por los c�rteles de drogas y nuevas c�lulas criminales, as� como los grupos de autodefensas, que de una u otra forma siempre terminan trabajando para el narcotr�fico. Los desplazamientos en 2018 se detectaron en 52 localidades de 20 municipios en cinco estados, con Guerrero y Chiapas figurando como las poblaciones m�s afectadas. Asimismo, durante el a�o 2019, se documentaron desplazamientos en 6 estados y 10 municipios m�s, sum�ndose Michoac�n por el crecimiento mundial del Cartel de Jalisco Nueva Generaci�n. (Grid, 2020)

En el caso de Colombia, los desplazamientos hacia Ecuador est�n asociados a la violencia vivida desde hace cinco d�cadas por la presencia de c�rteles de drogas, grupos subversivos y el paramilitarismo. Si bien el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un Acuerdo de Paz en el a�o 2016 (terminando a un conflicto que dur� m�s de 50 a�os) a�n persisten obst�culos como la reparaci�n integral a v�ctimas, restituciones de tierras y otros puntos acordados en el Acuerdo de Paz, que han provocado una nueva movilizaci�n por parte de los grupos armados. Varias organizaciones criminales que trabajan con ellos permanecen activas, y su accionar gener� alrededor de 139,000 nuevos desplazamientos en el a�o 2019. Los departamentos de Nari�o y Choc� son los m�s afectados con un desplazamiento masivo de m�s de 23,000 personas. El departamento de Santander ha sufrido las consecuencias de la alianza f�ctica entre los grupos disidentes y los c�rteles de droga, al tratar de frenar la afluencia masiva de ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera, mismos que se convierten en un blanco f�cil para la delincuencia organizada. (Grid, 2019)

En materia de seguridad, en Ecuador la situaci�n no es muy distinta, aunque recrudeci� a inicios del a�o 2018, cuando la explosi�n de un coche bomba frente a la sede de la polic�a de San Lorenzo (Esmeraldas) dej� un saldo de 28 personas heridas. El ataque se atribuy� el Frente Oliver Sinisterra (FOS), que representa el pacto de colaboraci�n entre la desmovilizada columna de las FARC Daniel Aldana y los c�rteles mexicanos. Asimismo, en la provincia de Sucumb�os (fronteriza con Colombia) un grupo de polic�as antinarc�ticos fueron emboscados por una c�lula internacional de narcotr�fico. Este hecho violento se extendi� hasta las riberas del r�o Putumayo, que se extiende en ambos lados de la zona oriental de la frontera. Las comunidades aleda�as quedaron atrapadas en el combate, y muchos de sus habitantes fueron asesinados, desplazados y reclutados por el narcotr�fico.

Pero la presencia del narcotr�fico en Ecuador no es nueva: se tiene constancia que Pablo Escobar y Gonzalo Rodr�guez Gacha iniciaron actividades delictivas en el Tena; Miguel Angel F�lix Gallardo fue compadre de bautizo de Jorge Hugo Reyes Torres (operativo �Cicl�n�) de quien se tiene constancia lo visit� en el Reclusorio Sur en 1990 (Bonilla, 1992); Ernesto Fonseca Carrillo operaba en Quito en los a�os 80; capos internacionales como Jes�s L�pez Londo�o, Daniel Barrera y Jorge Cifuentes Villa (testigo en el juicio USA vs Guzm�n Loera) ten�an pasaportes y c�dulas como ecuatorianos e intentaron ingresar al pa�s como inversionistas (Semana, 2012). Asimismo, capos locales como Washington Prado �lava "Gerald", C�sar Vernaza Qui�onez y Telmo Castro Donoso (asesinado en el a�o 2019) ha tenido conexiones directas con el Cartel de Sinaloa, sobre todo este �ltimo.

Pero el problema en Ecuador es el desplazamiento interno generado por narcotr�fico en Colombia y la notable presencia de c�rteles mexicanos en la zona de Esmeraldas.� Seg�n el informe del Observatorio para el Desplazamiento Interno (GRID) del a�o 2019, se han detectado 420 casos de desplazamiento interno forzado por la toma en armas de la disidencia de las FARC y grupos de narcotr�fico, principalmente el Cartel de Sinaloa. Esmeraldas es visto como un territorio estrat�gico para la reorganizaci�n log�stica de los c�rteles, y un importante corredor para el trasiego de coca�na, al compartir frontera mar�tima y terrestre con la zona de Tumaco.

De una u otra forma, los desplazados por el narcotr�fico son hu�spedes indeseables que generan miedo entre la poblaci�n local no solo por ser desconocidos, sino porque se sabe cu�l es la raz�n de su �xodo forzado. Obtener una percepci�n general de la crisis migratoria, le permite a la opini�n p�blica mostrar las ra�ces del odio y la desconfianza sobre los llamados parias, aunque sugerir soluciones para una cooperaci�n y un di�logo saludables que conduzca al dise�o de una sociedad pr�spera entre locales y extranjeros, parece complicado. Bauman reproduce una descripci�n de c�mo la sociedad, desde el principio de los tiempos actuales, la gente escap� de la barbaridad de la guerra y pidiendo refugio en pa�ses que ellos mismos consideran seguros. Para esta gente, los extranjeros causan temores en las sociedades donde ingresan porque son impredecibles y genera temor el hecho de ellos podr�an cambiar nuestros h�bitos de vida. (Bauman, 2005)

Los desplazados por el narcotr�fico sufren un tipo de violencia estructural similar a los refugiados en tiempos de guerra civil. Al ser vistos como una mano de obra barata en sectores como la agricultura, la construcci�n y la servidumbre, se crean otros tipos de problemas que empeoran sus condiciones econ�micas, pues, sus v�nculos directos con tales plazas de trabajo son grupos organizado legalmente constituidos que se aprovechan de su vulnerabilidad para contratarlos por salarios muy por debajo de las prestaciones b�sicas. Fuera de ello, las extorsiones por parte de pandillas juegan un papel importante en la reducci�n de sus ingresos, pues los desplazados deben pagar derecho de piso para evitar una posible delaci�n con las autoridades migratorias.

Cuando los parias aparecen, nuevas situaciones y nuevos problemas surgen en los medios. Cada nueva ola de inmigrantes har� un llamado a descomposici�n del sistema, porque la relaci�n entre las causas y las consecuencias de la migraci�n podr�a permanecer estable, pero estamos frente a una sociedad que no tolera la presencia de extra�os, salvo que representen bonanza y bienestar. Los narcotraficantes como tal tienen acceso a todo lo que los parias se ven impedidos: diversi�n, vivienda, salud, alimentos, esparcimiento, etc. Incluso ambos pueden ser de una misma nacionalidad, pero no tienen el mismo dinero; ambos portan una misma bandera, pero, mientras el primero representa consumo, el otro genera gastos sociales que los ciudadanos no est�n dispuestos a asumir.

 

Conclusiones

La relaci�n poder-saber dentro del narcotr�fico no debe ser vista como entidades aut�nomas, sino como un sistema que funciona paralelamente con la violencia.� El conocimiento representa un ejercicio de poder, �ste siempre ser� reconocido como una categor�a indispensable del conocimiento. A trav�s del narcotr�fico explicado desde una perspectiva foucaultiana, surgi� la idea de que la corrupci�n se convierte en el n�cleo de todo sistema pol�tica, teniendo al tr�fico de drogas como su principal manifestaci�n para consolidar el poder policial, dado que el poder/conocimiento dentro de los llamados "narco estados" se constituye como un fen�meno productivo y limitante; es decir, por un lado genera la dependencia ciudadana por el control policial, y, por otro lado, sustituye la seguridad por un entorno de vigilancia permanente.

Esto es evidente en los intentos de frenar (o al menos controlar) el cultivo y la producci�n de drogas, as� como el uso y el tr�fico en las calles. Todas estas intenciones est�n formadas no solo por el problema inicial, sino tambi�n por la resistencia que produce el propio problema, pues, los intentos de erradicar la producci�n de drogas, han servido para dispersar, aumentar y concentrar el cultivo y la producci�n de drogas en otras �reas incluso m�s dif�ciles de penetrar. Esto, a su vez ha requerido nuevos dise�os de seguridad personales y tecnol�gicos que se han encontrado tambi�n con nuevas formas de resistencia, como los t�neles fronterizos del Chapo Guzm�n.

La narco-cultura, a m�s de un paradigma identitario, es un negocio que se beneficia del sufrimiento de alguno, y de la ignorante fe de muchos. La marcha de la sociedad y de los seres humanos sometidos ante el poder el narco/gobierno se convierte en un juego colectivo de meras im�genes, porque el mundo real es usurpado por un pseudo-mundo creado por grupos de poder.

A pesar de que estas pol�ticas han sido pol�ticamente convenientes, no han mostrado resultados alentadores para ganarle la guerra a narcotr�fico. La ciudadan�a ha desconfiado del gobierno y en su lugar opta por legitimar el narco-poder que, de una u otra forma, impone sus propias formas de combate contra la violencia y aumento de la econom�a, ya que las organizaciones criminales pueden desempe�ar funciones productivas, y, por lo tanto, constituyen tambi�n un modo de gobierno.

La gubernamentalidad foucaultiana, en un narco estado, ve el poder del narcotr�fico como algo productivo. En esta perspectiva, se considera que el poder de la delincuencia organizada ejerce una autoridad sobre los sujetos dentro de su propio territorio (a manera de poder disciplinario) como una fuerza paralela al papel que tiene el Estado sobre la conducta de sus habitantes. Con esto, los c�rteles de drogas son representados como un buen gobierno que, parad�jicamente, puede realizar progresivamente aquellas obligaciones que el poder soberano incumple frente a los grupos sociales menos favorecidos, como el fomento al trabajo, la salud y la alimentaci�n.

Miles de personas desplazadas por la guerra contra las drogas, son vistas como una amenaza para el orden soberano de cada pa�s, y la sensaci�n de inseguridad colectiva los considera como una seria amenaza las normas sociales, econ�micas, culturales previamente establecida. Bauman explica que problemas globales como el narcotr�fico pueden usarse como un enganche pol�tico para ganar votos y manipular opini�n p�blica fomentando el miedo en la base electoral. Estos movimientos migratorios generador por el tr�fico de drogas, tienen consecuencias que van m�s all� de las crisis de los recursos disponibles para los llamados "parias"

Para evitar la estigmatizaci�n de los desplazados, es necesario elaborar un discurso que promueva percepciones p�blicas favorables sobre los migrantes y refugiados, dejando en claro que son v�ctimas de la guerra contra el tr�fico de drogas y no participantes. Los movimientos progresistas deben promover una idea inclusiva respecto de los flujos migratorios, enfatizando que su condici�n se debe a una lucha permanente por contrarrestar la desconfianza social de las comunidades que los acoge. Pero tales ideas tambi�n deben informar las decisiones que el gobierno ha tomado en la pr�ctica sobre el acceso a derechos y garant�as b�sicas.

 

Referencias

1.      Bauman, Z. (2005). Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus panas. Buenos Aires: Paid�s.

2.      Bonilla, X. (1992). National security decision-making in ecuador. The case of the war on drugs. Quito, Ecuador: FLACSO.

3.      Botticelli, S. (2016). La gubernamentalidad del estado en Foucault: Un problema moderno. Praxis Filos�fica, 83 - 106.

4.      Bravo, O. A. (2017). La c�rcel como instituci�n social l�mite. Pensamiento Penal, 83-99.

5.      Cano, S. (2004). Sentido arendtiano de la �banalidad del mal�. Horizonte, 101-130.

6.      Constante-L�pez, A. (2017). De refugiados a parias, en la modernidad l�quida. Revista Mexicana de Ciencias Pol�ticas y Sociales, 383-392.

7.      Debord, G. (1967). La Sociedad del espect�culo. Par�s: Buchet-Chastel.

8.      Fen�ndez, M. (2014). Foucault y la gubernamentalidad en las sociedades de seguridad. Questi�n: Revista especializada en periodismo y comunicaci�n, 85-96.

9.      F�rmula, G. (09 de 01 de 2019). Criminalista revela detalles sobre el perfil psicol�gico de �El Chapo�; es una persona respetuosa y amable. Obtenido de https://www.periodicocentral.mx/2019/pagina-negra/crimen-y-castigo/item/369-criminalista-revela-detalles-sobre-el-perfil-psicologico-de-el-chapo-es-una-persona-respetuosa-y-amable

10.  Foucault, M. (1979). Microf�sica del Poder. Madrid: Edissa.

11.  Foucault, M. (1999). Estrategias de poder. Barcelona: Paidos.

12.  Foucault, M. (2000). Defender la sociedad. Buenos Aires: FCE.

13.  GRID. (2019). Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno. Noruega: ACNUR.

14.  Grid. (2019). Internal Displacement Monitoring Centre - IDMC. Obtenido de https://www.internal-displacement.org/countries/colombia

15.  Grid, S. (2020). M�xico: Displacement associated with Conflict and Violence. SUIZA: ACNUR.

16.  Hern�ndez, A. (2010). Los se�ores del narco. M�xico: Penguin Random.

17.  Homs, R. (2011). Esencia de la estrategia de marketing (Primera ed.). Mexico: Cengage Learnig Editores.

18.  Neira, M. (29 de 07 de 2019). La justicia de EE. UU ya no es la misma con los capos del narcotr�fico. Obtenido de https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/la-justicia-eeuu-ya-no-la-misma-con-capos-del-narcotrafico

19.  Ovalle, L. (2010). Narcotr�fico y poder. Campo de lucha por la legitimidad. Athenea Digital, 77-94.

20.  Semana. (2012). El 'cartel de Sinaloa' manda en Ecuador. Obtenido de https://www.semana.com/mundo/articulo/el-cartel-sinaloa-manda-ecuador/268932-3

21.  Solis Gonz�lez, J. L. (2013). Neoliberalismo y crimen organizado en M�xico: El surgimiento del Estado narco. Frontera norte, 7-34.

22.  Tellez, E., & Lesme, J. (2016). Pacto en la Sombra. Espa�a: Planeta.

23.  Vald�s, G. (2013). Historia del narcotr�fico en M�xico. M�xico: Aguilar.

24.  Zabaleta, M. S. (2018). Consideraciones cr�ticas sobre el abordaje del problema del narcotr�fico en Argentina. Revista IUS, 51-88.

 

�2020 por los autores.� Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).