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Anlisis forense digital: La eficacia de la legislacin ecuatoriana ante el cibercrimen
Digital forensics: The effectiveness of Ecuadorian legislation against cybercrime
Percia digital: a eficcia da legislao equatoriana contra o cibercrime
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Correspondencia: ramirocoroneldaan@gmail.com
Ciencias Tcnicas y Aplicadas
Artculo de Investigacin
* Recibido: 18 de septiembre de 2025 *Aceptado: 24 de octubre de 2025 * Publicado: 20 de noviembre de 2025
I. Maestrante de Criminalstica y Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Chimborazo, Abogado de los Tribunales y Juzagados de la Repblica; Riobamba Ecuador.
II. Magster en Criminalstica y Ciencias Forenses Docente de la Maestra en Criminalstica y Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Chimborazo; Riobamba Ecuador.
Resumen
La investigacin analiza la eficacia de la evidencia digital dentro del sistema de justicia penal ecuatoriano, considerando la articulacin entre el Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP), la Ley Orgnica de Proteccin de Datos Personales (LOPDP) y su Reglamento General, el Manual de Actuacin para la Recoleccin, Preservacin, Tratamiento y Anlisis del Contenido Digital, y los principios establecidos en el Convenio de Budapest. A partir de la percepcin de 35 operadores judiciales peritos informticos, fiscales, defensores y jueces, el estudio revela que, aunque el marco normativo es sustancialmente slido, su aplicacin presenta debilidades estructurales derivadas de la escasez de recursos tcnicos, la falta de capacitacin especializada y la limitada adaptacin a nuevas modalidades del cibercrimen. Se concluye que la eficacia de la evidencia digital en Ecuador depende no solo de la normativa, sino tambin del fortalecimiento institucional y tcnico de los actores encargados de su gestin, conforme a los estndares internacionales de investigacin y de proteccin de datos personales.
Palabras Clave: evidencia digital; cibercrimen; cadena de custodia; COIP; LOPDP.
Abstract
This research analyzes the effectiveness of digital evidence within the Ecuadorian criminal justice system, considering the interplay between the Comprehensive Organic Criminal Code (COIP), the Organic Law on the Protection of Personal Data (LOPDP) and its General Regulations, the Manual of Procedures for the Collection, Preservation, Processing, and Analysis of Digital Content, and the principles established in the Budapest Convention. Based on the perceptions of 35 judicial officers, including computer forensics experts, prosecutors, defense attorneys, and judges, the study reveals that, although the legal framework is substantially robust, its application presents structural weaknesses stemming from a scarcity of technical resources, a lack of specialized training, and limited adaptation to new forms of cybercrime. The study concludes that the effectiveness of digital evidence in Ecuador depends not only on the regulations themselves but also on strengthening the institutional and technical capacity of the actors responsible for its management, in accordance with international standards for investigation and personal data protection.
Keywords: digital evidence; cybercrime; chain of custody; COIP; LOPDP.
Resumo
Esta pesquisa analisa a eficcia das provas digitais no sistema de justia criminal equatoriano, considerando a interao entre o Cdigo Orgnico Integral do Crime (COIP), a Lei Orgnica de Proteo de Dados Pessoais (LOPDP) e o seu Regulamento Geral, o Manual de Procedimentos para a Recolha, Preservao, Processamento e Anlise de Contedos Digitais e os princpios estabelecidos na Conveno de Budapeste. Com base na perceo de 35 magistrados, incluindo peritos forenses digitais, procuradores, advogados de defesa e juzes, o estudo revela que, embora o quadro legal seja substancialmente robusto, a sua aplicao apresenta fragilidades estruturais decorrentes da escassez de recursos tcnicos, da falta de formao especializada e da limitada adaptao s novas formas de cibercrime. O estudo conclui que a eficcia das provas digitais no Equador depende no s da prpria legislao, mas tambm do reforo da capacidade institucional e tcnica dos atores responsveis pela sua gesto, em conformidade com as normas internacionais de investigao e proteo de dados pessoais.
Palavras-chave: provas digitais; cibercrime; cadeia de custdia; COIP; LOPDP.
Introduccin
El aumento del cibercrimen en Amrica Latina y el Caribe (LAC) ha evidenciado la necesidad de contar con marcos regulatorios, tanto legales como tcnicos, que garanticen la persecucin penal efectiva, as como la admisibilidad de la evidencia digital en juicio (Casino et al., 2022).
El Reporte de Ciberseguridad 2020 de la OEA y el BID evala la madurez de los pases de LAC mediante cinco dimensiones, revelando avances respecto de 2016, como la adopcin de estrategias nacionales de ciberseguridad por parte de varios pases; sin embargo, persisten brechas significativas, entre ellas la consolidacin de marcos legales robustos frente a los desafos convergentes de la ciberseguridad y el cibercrimen.
En el mismo orden de ideas, el informe del Banco Mundial, Economics of Cybersecurity for Latin America and the Caribbean, indica que la regin registr la mayor tasa de crecimiento de incidentes divulgados entre 2014 y 2023 (25%), lo que refuerza la necesidad de consolidar capacidades tcnico-legales y de cooperacin internacional (Diao et al., 2024).
En el mbito ecuatoriano, la respuesta normativa frente al cibercrimen se articula principalmente con el Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP), que constituye la base para la tipificacin de conductas como el acceso ilcito, la interceptacin de datos, el fraude informtico, entre otras. Complementariamente, la Ley Orgnica de Proteccin de Datos Personales (LOPDP) y su Reglamento General introducen principios de licitud, consentimiento y proporcionalidad en el tratamiento de la informacin sensible, que condicionan la forma de obtener y utilizar la evidencia digital (Rosas-Lanas & Pila-Crdenas, 2023).
De manera complementaria, la ratificacin del Convenio de Budapest en 2024 fortalece la cooperacin internacional y establece directrices tcnicas para la preservacin de datos. As, esta triple dimensin represiva en el mbito penal, garantista en la proteccin de datos y cooperativa en el plano internacional revela la existencia de un marco formal robusto, aunque con limitaciones prcticas en su implementacin (Ponce Tubay, 2024).
En este sentido, el debate no se reduce a la mera existencia de normas penales y de proteccin de datos, sino a su eficacia prctica en la investigacin y la judicializacin del cibercrimen. Como advierte Reedy (2023), la validez de la evidencia digital depende tanto de la rigurosidad tcnica en su recoleccin y preservacin como de la capacidad de los marcos legales para garantizar su admisibilidad.
El desarrollo acelerado de las tecnologas de la informacin y la comunicacin ha transformado vertiginosamente las dinmicas en todos los campos, incluido el delictivo, al potenciarlas y generar nuevas formas de criminalidad que desbordan la categorizacin jurdica tradicional. En este contexto, el anlisis forense digital adquiere un papel central, dado que el ecosistema digital plantea desafos inditos para la obtencin, preservacin y valoracin de la evidencia en el proceso penal (Malik et al., 2024).
Por lo tanto, comprender la eficacia del marco normativo nacional e internacional frente al cibercrimen requiere examinar los fundamentos conceptuales, jurdicos y tcnicos que sustentan la gestin de la evidencia digital y su validez procesal.
Definicin y alcance del cibercrimen
Si bien no existe una aceptacin universal sobre la definicin de cibercrimen, para fines de este articulo mencionaremos que es una categora que engloba los delitos cometidos a travs del uso de una computadora, sistema informtico o redes electrnicas (Lee, Kang & Kim, 2023), mientras que ciberdelito suele utilizarse para referirse a la tipificacin penal especifica de determinadas conductas dentro de cada legislacin nacional.
Esta distincin, con una semntica relativamente sutil, es clave desde la perspectiva jurdica, pues permite comprender la delimitacin de los marcos normativos y de las polticas de persecucin penal, as como la especializacin pericial que estas conductas requieren (Zhang & Gong, 2024). As, el cibercrimen se concibe como un fenmeno global y transnacional, mientras que el ciberdelito representa su concrecin normativa local, como ocurre en el COIP.
La evidencia digital como elemento probatorio
Frente a esta realidad, la evidencia digital se configura como el elemento con carcter probatorio que permitir establecer el nexo causal entre la accin y su autor (Daz-Prez et al., 2022; Abdullah et al., 2025). Su naturaleza voltil, reproducible y sensible a la manipulacin exige procedimientos tcnicos estandarizados para garantizar su autenticidad e integridad.
En este sentido, la norma ISO/IEC 27037:2012 constituye un referente internacional que orienta la identificacin, recoleccin y preservacin de la evidencia digital, mientras que las normas ISO/IEC 27041 y 27042 establecen lineamientos para el anlisis y la presentacin (International Organization for Standardization [ISO], 2012, 2015, 2015).
La cadena de custodia digital y su legitimidad jurdica
La cadena de custodia digital constituye un principio sine qua non de la legitimacin jurdica en un proceso penal, pues asegura que el elemento considerado como evidencia digital potencial no haya sufrido alteracin desde su adquisicin hasta su presentacin en la etapa de juicio (DAnna et al., 2023; Ludea et al., 2025).
Su cumplimiento se ajusta a los criterios de validez cientfica establecidos en el estndar Daubert, al exigir la reproducibilidad, la transparencia metodolgica y la trazabilidad tcnica en los informes periciales (Alcoceba Gil, 2018).
Este principio guarda estrecha relacin con el artculo 457 del COIP, que dispone que la valoracin de la prueba se base en su legalidad, autenticidad, cadena de custodia y aceptacin cientfica y tcnica. Dicho precepto coincide con los criterios del estndar Daubert, que exige que las pericias sean reproducibles, verificables y sustentadas en mtodos cientficamente aceptados. En conjunto, ambos marcos consolidan la exigencia de rigor tcnico y de transparencia metodolgica como condiciones indispensables para la admisibilidad judicial de la evidencia digital (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014; Brunty, 2023).
Etapas del proceso forense digital
Diversos estudios recientes coinciden en que el proceso asociado a la obtencin del contenido digital se desarrolla en varias etapas sucesivas que otorgan fiabilidad a lo actuado por parte del experto, debido a que aseguran la integridad y trazabilidad de la potencial evidencia digital: identificacin, adquisicin, preservacin, anlisis y presentacin del informe (Thakar et al., 2021; Malik et al., 2024).
En ese sentido, autores como AlKhanafseh & Surakhi (2024) y Lim et al. (2025) destacan que la adecuada aplicacin de estas etapas constituye la base metodolgica de toda investigacin forense digital.
Comprendidos los fundamentos conceptuales y tcnicos del anlisis forense digital, resulta indispensable examinar el entramado jurdico que regula su aplicacin en los niveles internacional y nacional.
Marco normativo internacional y nacional
El Convenio de Budapest y la cooperacin internacional
El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, tambin conocido como Convenio de Budapest, fue abierto a la firma en 2001; sin embargo, entr en vigor en 2004. Este instrumento constituye el principal referente jurdico internacional en materia de cibercrimen. Su objetivo es armonizar la tipificacin de los delitos informticos, establecer medidas procesales e investigativas homogneas, as como fortalecer la cooperacin judicial y tcnica entre Estados (Consejo de Europa, 2001).
En el caso de Ecuador, desde diciembre de 2024 se convirti oficialmente en el Estado Parte nmero 77 (Council of Europe, 2024). Esta adhesin consolida la armonizacin entre las normas internacionales de cooperacin penal y el marco jurdico nacional establecido en el COIP, ambos orientados a fortalecer la persecucin de los delitos informticos y la obtencin de evidencia digital (Jinad et al., 2024). Mientras el Convenio establece los lineamientos globales en materia de tipificacin y cooperacin, el COIP los incorpora y adecua a la estructura institucional y procesal ecuatoriana.
La proteccin de datos personales como eje transversal
En relacin con lo anterior, la Ley Orgnica de Proteccin de Datos Personales y su Reglamento General constituyen un eje transversal que condiciona la aplicacin de dichas normas. Ambos instrumentos introducen principios de licitud, consentimiento y proporcionalidad en el tratamiento de la informacin digital, estableciendo obligaciones para responsables y encargados del tratamiento de datos (Cabezas et al., 2024).
Este marco garantista delimita la forma en que la informacin con potencial valor probatorio puede obtenerse y utilizarse, equilibrando la eficacia investigativa con la proteccin de los derechos fundamentales de los titulares, conforme a los artculos 5 y 7 del Reglamento de la LOPDP (2023).
El Manual de Actuacin del SEIIMLCF y la eficacia operativa del sistema
A pesar de estos avances significativos en el abordaje investigativo y procesal penal, la eficacia del marco normativo ecuatoriano frente a los desafos del cibercrimen depende de la implementacin de mecanismos tcnicos, institucionales y de coordinacin interagencial que garanticen una respuesta oportuna (Paspuel Hernndez et al., 2024).
En este contexto, el Manual de Actuacin para la Recoleccin, Preservacin, Tratamiento y Anlisis del Contenido Digital del Sistema Especializado Integral de Investigacin, Medicina Legal y Ciencias Forenses (SEIIMLCF, 2025) representa un avance sustantivo en la estandarizacin de la prctica forense digital, al integrar principios de trazabilidad, integridad y debido proceso. No obstante, su implementacin prctica an enfrenta limitaciones relacionadas con la desigualdad de capacitacin del personal, la falta de interoperabilidad tecnolgica entre instituciones y la ausencia de mecanismos de supervisin homogneos que garanticen su cumplimiento efectivo.
En consecuencia, la efectividad normativa no se evala nicamente por la existencia de disposiciones legales o de manuales tcnicos, sino tambin por su capacidad para aplicarse de manera uniforme y verificable en todas las etapas de la investigacin penal. Lograr esa coherencia operativa entre el marco jurdico, la praxis forense y la cooperacin interinstitucional constituye el principal desafo del Ecuador frente al cibercrimen (Casino et al., 2021).
Metodologa
Enfoque y diseo de investigacin
El presente estudio se fundamenta en un diseo mixto de carcter descriptivo y exploratorio, que articula el anlisis documental con la recoleccin de percepciones operativas de los actores del sistema de justicia penal vinculados al abordaje del cibercrimen. Los enfoques mixtos permiten integrar la objetividad del anlisis cuantitativo con la profundidad interpretativa del cualitativo, lo cual resulta adecuado para abordar fenmenos complejos, como la aplicacin judicial de la normativa penal en entornos tecnolgicos (Forni & De Grande, 2020).
En cuanto a su estructura metodolgica, esta investigacin se desarrolla en dos fases complementarias. Primero se realiz un anlisis normativo de los instrumentos nacionales e internacionales que regulan la gestin de la evidencia digital Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP), Ley Orgnica de Proteccin de Datos Personales (LOPDP), su Reglamento General y el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, y posteriormente se recopil informacin emprica mediante una encuesta estructurada dirigida a jueces, fiscales, defensores y peritos informticos, con el fin de identificar percepciones sobre la validez probatoria, la cadena de custodia y la coordinacin interinstitucional.
Fuentes de informacin
El presente trabajo se sustenta en fuentes verificables y pertinentes al contexto ecuatoriano. En el caso de las fuentes normativas, se seleccionaron por su vigencia, aplicabilidad y alcance operativo, priorizando instrumentos legales y tratados internacionales directamente relacionados con la gestin de la evidencia digital y la persecucin penal del cibercrimen. En este sentido, la investigacin jurdica exige procedimientos sistemticos, rigurosos y verificables, pues genera nuevos constructos de conocimiento jurisprudencial (Obando-Peralta, 2024, p. 59), integrando la dimensin terica con su aplicacin prctica.
De manera complementaria, las fuentes empricas provinieron de los cuestionarios aplicados a operadores judiciales y peritos informticos, cuyas respuestas reflejan la prctica institucional en torno a la obtencin y valoracin de la evidencia digital.
Esta combinacin de insumos legales, tcnicos y testimoniales fortaleci la validez del estudio al permitir contrastar el marco jurdico con la realidad operativa de las instituciones encargadas de investigar y procesar delitos informticos.
Recoleccin de percepciones operativas
Con el objetivo de contrastar la normativa con su aplicacin prctica, se aplic una encuesta estructurada a un total de 41 profesionales que aceptaron participar; 35 completaron el cuestionario hasta el final (tasa de respuesta: 85.37%), distribuidos en cuatro grupos: 2 jueces (5.88%), 3 fiscales (8.82%), 10 defensores pblicos y privados (26.47%) y 20 peritos informticos (58.82%). La mayora de los participantes labora en las provincias de Pichincha (71.43%, n=25) y Guayas (17.14%, n=6), lo que refleja la concentracin de instituciones judiciales en estas regiones.
El cuestionario estuvo conformado por 13 preguntas, estructuradas en tres bloques temticos:
a) Perfil profesional (4 preguntas): rol, provincia de trabajo, aos de experiencia y frecuencia de trabajo con evidencia digital,
b) Evaluacin del marco legal y procedimientos (8 preguntas): una pregunta de seleccin mltiple sobre tipos de casos que requieren evidencia digital, y siete preguntas bajo escala tipo Likert de cinco puntos (1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de acuerdo) que evaluaron dimensiones relacionadas con la adecuacin del COIP en la tipificacin del cibercrimen, la claridad de la Ley Orgnica de Proteccin de Datos Personales, los protocolos de cadena de custodia, la admisibilidad judicial, los recursos tcnicos disponibles, el conocimiento del Convenio de Budapest y la preparacin del marco legal para nuevas tipologas delictivas.
c) Obstculos percibidos (1 pregunta abierta): identificacin del principal obstculo para la eficacia de la evidencia digital en los procesos judiciales.
El tamao muestral, aunque reducido, se justifica por el carcter especializado de la poblacin y por las limitaciones de acceso propias de las funciones judiciales y periciales. En este tipo de investigaciones, la suficiencia muestral se evala por la pertinencia y la profundidad de la informacin obtenida, ms que por su volumen (Parra, 2019; Vasileiou et al., 2018; Boddy, 2016).
Anlisis de datos
Para el tratamiento de la informacin se emplearon tcnicas de estadstica descriptiva frecuencias absolutas y relativas, porcentajes, medidas aritmticas (M), desviacin estndar (DE) e intervalos de confianza al 95% (IC 95%) que permitieron identificar patrones de percepcin entre los grupos profesionales encuestados. Los datos fueron procesados en Microsoft Excel.
Dada la naturaleza ordinal de las escalas Likert y el tamao limitado de la muestra, se reportan medidas de tendencia central y de dispersin sin asumir normalidad de la distribucin de las respuestas. Para cada tem de evaluacin del marco legal, se calcul el porcentaje de respuestas agrupadas en tres categoras: desacuerdo (totalmente en desacuerdo + en desacuerdo), neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo) y acuerdo (de acuerdo + totalmente de acuerdo), lo cual facilita la interpretacin de las tendencias generales (Sosa Gonzlez et al., 2020).
Las respuestas a la pregunta abierta sobre obstculos se analizaron mediante el enfoque de anlisis temtico reflexivo propuesto por Braun & Clarke (2019). Este mtodo permiti identificar patrones temticos recurrentes mediante un proceso sistemtico de familiarizacin con los datos, generacin de cdigos iniciales, bsqueda y revisin de temas, definicin de categoras y su posterior presentacin.
Del total de 35 participantes, 33 proporcionaron respuestas sustantivas a la pregunta abierta, las cuales se codificaron inductivamente hasta alcanzar saturacin temtica, identificndose seis categoras principales: falta de capacitacin, desconocimiento de operadores judiciales, marco legal desactualizado, falta de recursos y de equipos, problemas en la cadena de custodia y corrupcin.
La integracin de los resultados cuantitativos y cualitativos fortaleci la validez interpretativa de los hallazgos, en consonancia con lo sealado por Wilkes et al. (2022), quienes sostienen que los mtodos mixtos incrementan la solidez analtica y explicativa al combinar evidencias de distinta naturaleza en una misma estrategia de investigacin.
Consideraciones ticas
El estudio se desarroll conforme a los principios ticos de la investigacin social y jurdica, resguardando la confidencialidad y el anonimato de los participantes (Santi, 2016). La encuesta fue autoaplicada y voluntaria, previa aceptacin de un consentimiento informado digital, con una tasa de aceptacin del 100% entre quienes iniciaron el cuestionario.
El tratamiento de la informacin se ajust a lo dispuesto en la Ley Orgnica de Proteccin de Datos Personales y su Reglamento General, garantizando la minimizacin de datos, el almacenamiento seguro y la eliminacin controlada tras el anlisis. No se utiliz informacin sensible ni se accedi a procesos judiciales activos, lo que asegura la validez tica y la replicabilidad del estudio.
Resultados
Perfil de los participantes
Del total de 41 profesionales que aceptaron participar en el estudio, 35 completaron el cuestionario completo, representando una tasa de respuesta del 85,37 %. La distribucin por rol profesional mostr una composicin heterognea, con predominio de peritos informticos (58.82%, n=20), seguidos por defensores pblicos y privados (26.47%, n=10), fiscales (8.82%, n=3) y jueces (5.88%, n=2). Esta configuracin refleja la naturaleza tcnico-probatoria de la evidencia digital y la necesidad de integrar criterios interdisciplinarios en la valoracin judicial, en consonancia con el artculo 456 del COIP, que establece la cadena de custodia como responsabilidad compartida entre peritos, fiscales y servidores judiciales.
Tabla 1
Caractersticas demogrficas de los participantes
|
Rol |
Frecuencia |
Porcentaje |
Porcentaje acumulado |
|
Juez |
2 |
5,88 |
5,88 |
|
Fiscal |
3 |
8,82 |
14,7 |
|
Defensor |
10 |
26,47 |
41,17 |
|
Perito Informtico |
20 |
58,82 |
100 |
|
Total |
35 |
100 |
|
Nota: Elaboracin propia de los autores a
partir de una encuesta aplicada a operadores judiciales.
En cuanto a la distribucin geogrfica, la mayora de los participantes laboran en la provincia de Pichincha (71.43%, n=25), seguida por Guayas (17.14%, n=6), Chimborazo (5.71%, n=2), El Oro (2.86%, n=1) y Manab (2.86%, n=1). La concentracin en las dos principales provincias coincide con la ubicacin de las instancias judiciales superiores y de los laboratorios forenses nacionales, lo cual es coherente con la estructura institucional descrita en el artculo 448 del COIP.
Respecto a la experiencia profesional en el rea, el 40% (n=14) de los participantes report tener entre 3 y 5 aos de trayectoria, el 25.71% (n=9) ms de 11 aos, el 20% (n=7) menos de 2 aos, y el 14.29% (n=5) entre 6 y 10 aos (M=2.46, DE=1.094). Esta distribucin indica que, si bien existe un segmento considerable con amplia experiencia, la mayora se encuentra en etapas intermedias del desarrollo profesional, lo que podra influir en la percepcin de las capacidades institucionales y de la aplicacin de la normativa.
La frecuencia de trabajo con evidencia digital mostr niveles elevados de exposicin prctica a la problemtica investigada. El 45.71% (n=16) de los participantes indic trabajar con evidencia digital muy frecuentemente, el 22.86% (n=8) frecuentemente, el 22.86% (n=8) ocasionalmente y solo el 8.57% (n=3) declar no haber trabajado nunca con este tipo de evidencia (M=3.06, DE=1.027). Estos datos evidencian que la muestra cuenta con experiencia directa y sistemtica en los desafos operativos asociados a la recoleccin, preservacin y valoracin de la evidencia digital en procesos judiciales.
Tipos de casos que requieren evidencia digital
La pregunta sobre los tipos de casos que, en la experiencia de los participantes, requieren el uso de evidencia digital gener mltiples respuestas, totalizando 118 menciones entre los 35 encuestados. Los resultados revelaron siete categoras principales, con frecuencias y distribuciones que reflejan las modalidades delictivas ms prevalentes en el contexto ecuatoriano.
El tipo de caso ms frecuentemente identificado fue el material de abuso sexual infantil (68.57%, n=24), seguido por la extorsin digital y ransomware (57.14%, n=20) y el fraude electrnico o phishing (51.43%, n=18). Estas tres categoras concentran las menciones ms elevadas y reflejan delitos de alto impacto social que requieren capacidades tcnicas especializadas tanto para la investigacin como para la preservacin de la evidencia.
Tabla 2
Tipos de casos que requieren evidencia digital
|
Tipo de caso |
n |
% |
|
Material de abuso sexual infantil |
24 |
68,57 |
|
Extorsin digital y ransomware |
20 |
57,14 |
|
Fraude electrnico o phishing |
18 |
51,43 |
|
Acceso ilcito a sistemas |
16 |
45,71 |
|
Violacin de datos personales o doxing |
16 |
45,71 |
|
Otros |
13 |
37,14 |
|
Interceptacin ilcita o espionaje |
11 |
31,43 |
Nota. Pregunta de respuestas mltiples. Total de menciones = 118. Base: N = 35.
En un nivel intermedio de prevalencia se identificaron el acceso ilcito a sistemas (45.71%, n=16) y la violacin de datos personales o doxing (45.71%, n=16), ambos con igual proporcin de menciones, delitos directamente vinculados con la Ley Orgnica de Proteccin de Datos Personales y su Reglamento General, los cuales exigen la obtencin de consentimiento expreso y medidas de seguridad adecuadas en el tratamiento de informacin (arts. 57 del Reglamento General).
Finalmente, la categora "Otros" fue sealada por el 37,14 % (n = 13) de los participantes, lo que sugiere la existencia de modalidades delictivas emergentes o de casos mixtos que no se ajustan plenamente a las tipificaciones tradicionales. La interceptacin ilcita o espionaje fue la categora menos mencionada (31,43%, n=11), aunque su presencia evidencia la persistencia de delitos vinculados a la vulneracin de comunicaciones privadas.
La diversidad de respuestas y el hecho de que varios participantes sealaran mltiples tipos de casos indican que la evidencia digital es transversal a un amplio espectro de conductas delictivas, lo que plantea exigencias diferenciadas en trminos de formacin tcnica, coordinacin institucional y actualizacin normativa.
Evaluacin del marco legal y procedimientos institucionales
La evaluacin del marco legal ecuatoriano en materia de cibercrimen y de la gestin de la evidencia digital arroj resultados heterogneos, con reas de relativa solidez normativa y procedimientos claramente deficitarios. Los participantes valoraron seis dimensiones clave mediante escalas tipo Likert de cinco puntos, cuyos resultados se presentan a continuacin en orden descendente segn su media aritmtica.
Tabla 3
Evaluacin del marco legal y procedimientos institucionales
|
Dimensin evaluada |
M |
DE |
IC 95% |
|
Protocolos de cadena de custodia |
3,31 |
1,16 |
[2.93, 3.70] |
|
Ley Orgnica de Proteccin de Datos Personales |
3,21 |
1,01 |
[2.87, 3.55] |
|
Admisibilidad y valoracin judicial |
2,94 |
1,21 |
[2.54, 3.34] |
|
Tipificacin del cibercrimen en el COIP |
2,82 |
0,97 |
[2.50, 3.15] |
|
Preparacin para nuevas tipologas delictivas |
2,71 |
1,19 |
[2.30, 3.11] |
|
Recursos tcnicos y talento humano especializado |
2,37 |
1 |
[2.04, 2.70] |
Nota. Escala Likert de 5 puntos (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo).
M = media; DE = desviacin estndar; IC = intervalo de confianza. N = 35.
Protocolos de cadena de custodia
Los protocolos institucionales sobre la cadena de custodia de la evidencia digital obtuvieron la valoracin ms alta entre todas las dimensiones evaluadas (M=3.31, DE=1.157, IC 95% [2.931-3.698]). El 48.57% (n=17) de los participantes manifest estar de acuerdo con que los protocolos son claros, actualizados y aplicables en la prctica, mientras que el 8.57% (n=3) expres estar totalmente de acuerdo, lo que suma un 57.14% de respuestas favorables. Por otra parte, el 20% (n=7) adopt una posicin neutral y el 22.86% manifest desacuerdo (11.43% en desacuerdo, n=4; 11.43% totalmente en desacuerdo, n=4).
Estos resultados sugieren que, en trminos generales, los procedimientos de preservacin y trazabilidad de la evidencia digital cuentan con una aceptacin mayoritaria entre los operadores, aunque persisten desafos en su aplicacin uniforme, particularmente entre quienes expresaron desacuerdo o neutralidad.
Ley Orgnica de Proteccin de Datos Personales
La claridad y utilidad de la LOPDP y de su Reglamento General para el tratamiento de la evidencia que involucra datos personales obtuvieron una valoracin favorable (M=3.21, DE=1.008, IC 95% [2.867-3.545]). El 44.12% (n=15) estuvo de acuerdo con su claridad y utilidad, y el 2.94% (n=2) totalmente de acuerdo, sumando un 47.06% de percepciones positivas. Un tercio de los participantes (32.35%, n=11) se mantuvo en una posicin neutral, mientras que el 20.58% expres desacuerdo (11.76% en desacuerdo, n=4; 8.82% totalmente en desacuerdo, n=3).
Estos datos indican que, aunque la normativa sobre proteccin de datos personales es valorada positivamente por cerca de la mitad de los encuestados, existe una proporcin considerable que an no percibe su aplicabilidad prctica o considera que su implementacin requiere mayor claridad operativa.
Admisibilidad y valoracin judicial de la evidencia digital
La consistencia y uniformidad en la admisibilidad y valoracin judicial de la evidencia digital entre los distintos tribunales ecuatorianos obtuvieron una valoracin intermedia-baja (M=2.94, DE=1.211, IC 95% [2.542-3.344]). El 37.14% (n=13) estuvo de acuerdo en que existe consistencia y el 5.71% (n=2) estuvo totalmente de acuerdo, lo que suma un 42.85% de respuestas favorables. Sin embargo, el 40% de los participantes manifest desacuerdo (25.71% en desacuerdo, n=9; 14.29% totalmente en desacuerdo, n=5), y el 17.14% (n=6) adopt una posicin neutral.
Esta polarizacin en las respuestas evidencia percepciones divididas sobre la aplicacin judicial de los estndares probatorios relativos a la evidencia digital, lo que sugiere disparidades en los criterios interpretativos entre los tribunales o insuficiencias en la formacin judicial en estos temas.
Tipificacin del cibercrimen en el COIP
La suficiencia de la tipificacin de los ciberdelitos ms comunes en el Cdigo Orgnico Integral Penal incluyendo fraude electrnico, acceso ilcito, sabotaje y material de abuso sexual infantil recibi una valoracin ambivalente (M=2.82, DE=0.968, IC 95% [2.498-3.149]). Solo el 26.47% expres acuerdo (23.53% de acuerdo, n=8; 2.94% totalmente de acuerdo, n=2), mientras que el 41.17% manifest desacuerdo (35.29% en desacuerdo, n=12; 5.88% totalmente en desacuerdo, n=2). Un tercio de los participantes (32.35%, n=11) se mantuvo neutral.
Estos resultados revelan que una proporcin significativa de los operadores del sistema de justicia considera que la tipificacin actual del COIP no abarca de manera suficiente las modalidades y caractersticas del cibercrimen contemporneo, lo que podra generar vacos de punibilidad o dificultades para la subsuncin de conductas delictivas emergentes.
Preparacin del marco legal para nuevas tipologas delictivas
La preparacin del marco legal ecuatoriano para enfrentar nuevas tipologas de ciberdelito como phishing, doxing y delitos asistidos por inteligencia artificial obtuvo una de las valoraciones ms bajas (M=2.71, DE=1.194, IC 95% [2.304-3.107]). El 50% de los participantes expres desacuerdo (35.29% en desacuerdo, n=13; 14.71% totalmente en desacuerdo, n=5), mientras que solo el 26.47% manifest acuerdo (17.65% de acuerdo, n=6; 8.82% totalmente de acuerdo, n=3). El 23.53% (n=8) adopt una posicin neutral.
Estos datos evidencian una percepcin mayoritaria de desactualizacin normativa ante la evolucin tecnolgica y las nuevas formas de criminalidad digital, lo que plantea desafos tanto legislativos como operativos para la persecucin efectiva de estos delitos.
Recursos tcnicos y talento humano especializado
La disponibilidad de recursos tcnicos y de talento humano especializado suficientes para atender la demanda de pericias que involucran evidencia digital recibi la valoracin ms crtica en todas las dimensiones evaluadas (M=2.37, DE=1.003, IC 95% [2.039-2.704]). El 60% de los participantes expres desacuerdo (40% en desacuerdo, n=14; 20% totalmente en desacuerdo, n=7), lo que constituye el dficit ms pronunciado identificado en el estudio. Solo el 17.14% (n=6) manifest estar de acuerdo; ninguno expres total acuerdo y el 22.86% (n=8) se mantuvo neutral.
Esta percepcin de insuficiencia estructural de recursos tcnicos y humanos constituye un obstculo fundamental para la eficacia del sistema de justicia penal en el procesamiento de casos de cibercrimen, independientemente de las fortalezas normativas o procedimentales que puedan existir en otros mbitos.
Conocimiento y uso del Convenio de Budapest
La mayora de los participantes (57.14%, n=20) declar no conocer los mecanismos del Convenio de Budapest. El 40% (n=14) indic conocerlos, pero no haberlos utilizado en su prctica profesional. Solo un participante (2.86%) manifest conocer y haber utilizado efectivamente estos mecanismos de cooperacin internacional.
Tabla 4
Conocimiento y uso del Convenio de Budapest
|
Nivel de conocimiento y uso |
n |
% |
|
No conoce los mecanismos |
20 |
57,14 |
|
Conoce, pero no ha utilizado |
14 |
40 |
|
Conoce y ha utilizado |
1 |
2,86 |
|
Total |
35 |
100 |
Nota. Solo 1 participante (2.86%) ha utilizado efectivamente los mecanismos de cooperacin internacional del Convenio de Budapest. N = 35.
Estos datos evidencian una desconexin significativa entre los instrumentos internacionales disponibles y su aplicacin prctica en el contexto ecuatoriano, lo que limita la capacidad del sistema de justicia para investigar ciberdelitos con componentes transnacionales o que requieren asistencia internacional para obtener evidencia almacenada en servidores extranjeros.
Obstculos para la eficacia de la evidencia digital: anlisis cualitativo
La pregunta abierta sobre el principal obstculo para la eficacia de la evidencia digital en los procesos judiciales ecuatorianos gener 33 respuestas sustantivas, cuyo anlisis temtico y reflexivo permiti identificar seis categoras principales. La Tabla 5 presenta la frecuencia y la distribucin porcentual de estas categoras, junto con ejemplos representativos extrados de las respuestas textuales.
Tabla 5
Principal obstculo para la eficacia de la evidencia digital
|
Categora |
n |
% |
|
Falta de capacitacin |
12 |
36,4 |
|
Desconocimiento de los operadores de justicia |
10 |
30,3 |
|
Marco legal desactualizado o ambiguo |
6 |
18,2 |
|
Falta de recursos tcnicos y equipamiento |
5 |
15,2 |
|
Problemas en la cadena de custodia |
4 |
12,1 |
|
Corrupcin |
1 |
3 |
Nota. Anlisis temtico reflexivo de respuestas abiertas.
Base: n = 33 respuestas sustantivas de 35 participantes.
Falta de capacitacin
La categora ms prevalente, mencionada por el 36.4% (n=12) de los participantes, fue la falta de capacitacin de los operadores del sistema de justicia. Las respuestas enfatizaron deficiencias formativas tanto en aspectos tcnicos de la informtica forense como en el manejo procedimental de la evidencia digital. Un participante seal:
"La falta de capacitacin tcnica en operadores judiciales ya que muchos jueces, fiscales y defensores pblicos no tienen formacin especializada en informtica forense o manejo de evidencia digital, lo que puede generar dudas sobre su validez o interpretacin."
Desconocimiento de los operadores de justicia
Estrechamente relacionada con la anterior, esta categora fue identificada por el 30.3% (n=10) de los participantes y enfatiza no solo la falta de formacin estructurada, sino tambin el desconocimiento generalizado de la evidencia digital entre jueces, fiscales y defensores. Las menciones incluyeron: "Desconocimiento por parte de fiscales y jueces"; "El desconocimiento del marco legal respectivo"; "Conocimiento tcnico por parte de los entes de justicia, abogados defensores."
Un participante precis: "La falta de conocimiento al respecto en los mbitos investigativos, judiciales, etc.", subrayando que el problema trasciende el mbito judicial y tambin alcanza a las instituciones de investigacin criminal.
Marco legal desactualizado o ambiguo
El 18.2% (n=6) de los participantes identific limitaciones en la normativa vigente, sealando que esta no se adapta a la velocidad de evolucin de las modalidades delictivas en el ciberespacio. Un participante expres:
"La redaccin genrica de la normativa legal, pues no se adapta a la velocidad con la que evolucionan las modalidades delictivas en el ciberespacio. Se requiere una actualizacin normativa para tipificar de forma clara extorsin digital, ransomware, ataques a infraestructuras crticas, ciberacoso, grooming online y nuevas modalidades de fraude electrnico."
Falta de recursos tcnicos y equipamiento
El 15.2% (n=5) de los participantes seal la insuficiencia de recursos materiales y tecnolgicos omo el principal obstculo. Las menciones incluyeron: "Falta de equipos forenses para la alta demanda que existe"; "Falta de equipamiento para la extraccin de la informacin".
Un participante especific: "Falta mayor infraestructura, especialistas en la materia, leyes ms especficas y procedimientos legales ms eficientes y avanzados", integrando el dficit de recursos con otras dimensiones del problema.
Problemas en la cadena de custodia
El 12.1% (n=4) de los participantes identific vulnerabilidades en la preservacin, el manejo y la trazabilidad de la evidencia digital. Las respuestas incluyeron: "Vulnerabilidad en la cadena de custodia"; "Tratamiento de la evidencia"; "El mal manejo de la evidencia digital por parte del personal del eje investigativo".
Un participante seal: "Debe tener un tratamiento digital adecuado desde el primer interviniente", subrayando la importancia de la actuacin inicial en el lugar de los hechos para garantizar la integridad posterior de la evidencia.
Corrupcin
Un nico participante (3.0%) mencion "La corrupcin y el soborno" como el principal obstculo, lo que, si bien constituye una frecuencia marginal, introduce una dimensin tica y de integridad institucional que no puede ser desestimada en el anlisis global de la eficacia del sistema de justicia penal.
El anlisis cualitativo evidencia que los principales obstculos son multidimensionales y se articulan entre s. La falta de capacitacin y el limitado conocimiento tcnico-jurdico de los operadores identificados por el 66,7% de los participantes conforman el eje central del problema, amplificado por carencias estructurales de recursos, vacos normativos y debilidades procedimentales.
Uno de los participantes resumi esta situacin al afirmar: El obstculo no es la falta de evidencia, sino la ausencia de estandarizacin de la evidencia digital entre fiscales, jueces y peritos. Esta percepcin refleja que el desafo no radica nicamente en las capacidades individuales, sino en la inexistencia de criterios y protocolos unificados que garanticen coherencia en el manejo de la evidencia digital a lo largo del proceso judicial.
En sntesis, la falta de capacitacin especializada (36,4%) y el desconocimiento tcnico-jurdico (30,3%) se perfilan como los obstculos ms recurrentes, en correspondencia con la escasez de personal experto y la limitada apropiacin de marcos internacionales como el Convenio de Budapest.
Discusin
Los resultados evidencian una paradoja estructural en la respuesta ecuatoriana frente al cibercrimen: aunque el pas cuenta con un marco normativo slido Manual de Actuacin para la Recoleccin, Preservacin, Tratamiento y Anlisis del Contenido Digital (SEIIMLCF, 2025) y Convenio de Budapest, su aplicacin se ve limitada por la falta de recursos tcnicos, infraestructura forense y capacitacin especializada (Klasn, Fock & Forchheimer, 2024). Las mayores valoraciones en cadena de custodia (M=3.31) y proteccin de datos (M=3.21) contrastan con las bajas en equipamiento y personal capacitado (M=2.37), confirmando que la eficacia normativa depende de la capacidad institucional para aplicarla (Reedy, 2023; Lim et al., 2025).
El 66,7 % de los participantes seal la falta de formacin especializada como el principal obstculo, afectando tanto la aplicacin de protocolos como la valoracin judicial de la evidencia. Aunque el Manual de Actuacin proporciona directrices tcnicas claras para la gestin de evidencia digital, su implementacin sigue siendo desigual por la limitada formacin en informtica forense entre jueces y fiscales. Esta carencia restringe la aplicacin de los criterios de autenticidad y validez establecidos en el COIP y en el estndar Daubert (Brunty, 2023), generando riesgos de inadmisin o valoracin inconsistente de la prueba digital (Ismail & Ariffin, 2025). Adems, el 57,1 % reconoci desconocer los mecanismos operativos del Convenio de Budapest, lo que evidencia la brecha entre la adhesin formal y la cooperacin judicial efectiva (Jinad et al., 2024; Diao et al., 2024).
Estos hallazgos demandan polticas pblicas orientadas a fortalecer las capacidades institucionales. Es prioritario establecer programas permanentes de formacin en informtica forense para jueces, fiscales y defensores; invertir sostenidamente en infraestructura tecnolgica y talento humano; y actualizar el COIP para incorporar nuevas tipologas delictivas ransomware, doxing, grooming online y delitos asistidos por IA en armona con el Convenio de Budapest. En suma, el caso ecuatoriano refleja un desafo regional: cerrar la brecha entre el diseo normativo y su aplicacin prctica mediante cooperacin internacional y justicia digital tcnicamente competente (Casino et al., 2022).
Conclusiones
- La investigacin evidencia una dualidad en la respuesta ecuatoriana frente al cibercrimen: un marco normativo robusto COIP, LOPDP, el Manual de Actuacin para la Recoleccin, Preservacin, Tratamiento y Anlisis del Contenido Digital (SEIIMLCF, 2025) y Convenio de Budapest convive con limitaciones estructurales que reducen su eficacia. El anlisis de 35 operadores judiciales revel fortalezas en la cadena de custodia (M=3.31) y la proteccin de datos personales (M=3.21), pero tambin deficiencias en recursos tcnicos (M=2.37), actualizacin normativa (M=2.71) y uniformidad en la admisibilidad judicial (M=2.94). Solo el 42,86% de los participantes conoce el Convenio de Budapest y apenas el 2,86% lo ha aplicado, lo que refleja una desconexin entre la adhesin formal y la prctica judicial.
- El problema, ms que normativo, es operativo y formativo. Dos tercios de los encuestados atribuyen las limitaciones a la falta de capacitacin y de conocimiento tcnico-jurdico, agravadas por la concentracin geogrfica de especialistas en Pichincha y Guayas y por la escasa experiencia en manejo de evidencia digital. La frecuencia de casos de abuso sexual infantil (68,57%), ransomware (57,14%) y fraude electrnico (51,43%) demuestra la transversalidad del cibercrimen y la necesidad de que todos los operadores comprendan los principios bsicos de recoleccin, preservacin y valoracin de evidencia digital.
- Si bien los procedimientos de cadena de custodia muestran consolidacin, el COIP an no tipifica con claridad conductas emergentes como doxing, ciberacoso o delitos asistidos por IA, lo que limita la capacidad del sistema penal para adaptarse al cambio tecnolgico. La falta de criterios judiciales uniformes en la valoracin probatoria genera disparidades entre tribunales y afecta la seguridad jurdica. Adems, el uso limitado de los mecanismos de cooperacin internacional restringe la capacidad del pas para investigar delitos transnacionales, especialmente cuando la evidencia reside en servidores extranjeros.
- El dficit de infraestructura forense y de talento especializado constituye el obstculo ms crtico: sin laboratorios equipados, herramientas verificadas ni programas de formacin continua, ningn marco legal puede garantizar la validez de la prueba digital. Superar estas limitaciones exige una estrategia integral que combine actualizacin legislativa, inversin tecnolgica, cooperacin internacional y profesionalizacin sostenida de todos los actores del sistema judicial.
En sntesis, aunque la legislacin ecuatoriana est alineada con los estndares internacionales, su efectividad depende de la capacidad institucional para aplicarla. Solo mediante la estandarizacin interinstitucional, la formacin especializada y el fortalecimiento tcnico ser posible traducir la solidez legal en resultados tangibles en la investigacin y persecucin penal del cibercrimen.
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