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Los beneficios de la seguridad social y la protecci�n integral de los adultos mayores

 

The benefits of social security and comprehensive protection for older adults

 

Os benef�cios da seguran�a social e da prote��o integral dos idosos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: alfonso.illicachi@unach.edu.ec

 

Ciencias de la Salud

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 25 septiembre de 2025 *Aceptado: 13 de octubre de 2025 * Publicado: �15 de octubre de 2025

 

        I.            Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

      II.            Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

 

Resumen

El estudio analiz� las restricciones normativas y las barreras administrativas que enfrentaron las personas adultas mayores en el acceso a los beneficios de la seguridad social en el Ecuador, en el marco del derecho constitucional a una vida digna. Se plante� como objetivo general examinar la efectividad del sistema previsional ecuatoriano y su coherencia con los principios de universalidad, igualdad y trato preferente. La investigaci�n se desarroll� bajo un enfoque cualitativo con orientaci�n jur�dico-socio anal�tica, mediante el estudio de normas constitucionales, leyes, reglamentos, jurisprudencia y entrevistas a adultos mayores, funcionarios del IESS y abogados. Los resultados evidenciaron que, pese a la existencia de un marco normativo garantista, la rigidez contributiva de la Ley de Seguridad Social, ya que los tr�mites digitales poco accesibles y la falta de acompa�amiento institucional constituyeron obst�culos sustantivos que limitaron el goce efectivo del derecho a la jubilaci�n. Estas barreras afectaron directamente la vida digna de los adultos mayores, generando exclusi�n previsional y desigualdad material. Se concluy� que la efectividad del derecho a la seguridad social requiere reformas legales que flexibilicen los requisitos de jubilaci�n, simplificando los procedimientos y ampliando las pensiones no contributivas, junto con pol�ticas enfocadas a una inclusividad permitan un cuidado preferente y accesible para este grupo prioritario.

Palabras clave: Seguridad social; Derecho constitucional; Administraci�n p�blica; Jubilaci�n; Justicia social.

 

Abstract

The study analyzed the regulatory restrictions and administrative barriers faced by older adults in accessing social security benefits in Ecuador, within the framework of the constitutional right to a dignified life. The general objective was to examine the effectiveness of the Ecuadorian pension system and its consistency with the principles of universality, equality, and preferential treatment. The research was conducted using a qualitative approach with a legal and socio-analytical orientation, through the study of constitutional norms, laws, regulations, jurisprudence, and interviews with older adults, IESS officials, and lawyers. The results showed that, despite the existence of a regulatory framework with guarantees, the rigidity of contributions in the Social Security Law, the inaccessible digital procedures, and the lack of institutional support constituted substantive obstacles that limited the effective enjoyment of the right to retirement. These barriers directly affected the dignified life of older adults, generating pension exclusion and material inequality. It was concluded that the effectiveness of the right to social security requires legal reforms that make retirement requirements more flexible, simplifying procedures, and expanding non-contributory pensions, along with policies focused on inclusiveness that allow for preferential and accessible care for this priority group.

Keywords: Social security; Constitutional law; Public administration; Retirement; Social justice.

 

Resumo

O estudo analisou as restri��es regulamentares e as barreiras administrativas enfrentadas pelos idosos no acesso aos benef�cios da seguran�a social no Equador, no �mbito do direito constitucional a uma vida digna. O objetivo geral foi examinar a efic�cia do sistema de seguran�a social equatoriano e a sua coer�ncia com os princ�pios da universalidade, igualdade e tratamento preferencial. A pesquisa foi realizada com recurso a uma abordagem qualitativa com orienta��o jur�dica e socioanal�tica, atrav�s do estudo de normas constitucionais, leis, regulamentos, jurisprud�ncia e entrevistas a idosos, funcion�rios do IESS e advogados. Os resultados mostraram que, apesar da exist�ncia de um quadro regulamentar com garantias, a rigidez das contribui��es na Lei da Seguran�a Social, os procedimentos digitais inacess�veis e a falta de apoio institucional constitu�ram obst�culos substantivos que limitaram o gozo efectivo do direito � reforma. Estas barreiras afetaram diretamente a vida digna dos idosos, gerando exclus�o previdenci�ria e desigualdade material. Concluiu-se que a concretiza��o do direito � seguran�a social exige reformas legais que flexibilizem os requisitos para a reforma, simplifiquem procedimentos e alarguem as pens�es n�o contributivas, para al�m de pol�ticas orientadas para a inclus�o que permitam um atendimento preferencial e acess�vel a este grupo priorit�rio.

Palavras-chave: Seguran�a social; Direito constitucional; Administra��o p�blica; Reforma; Justi�a social.

 

Introducci�n

El acceso efectivo a la seguridad social se erige como uno de los pilares estructurantes del Estado constitucional de derechos y justicia, reconocido en el art�culo 34 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador ( Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) como un derecho irrenunciable, universal y obligatorio, cuya finalidad esencial es garantizar una vida digna a todas las personas, especialmente a los grupos de prioridad constitucional, entre los cuales se encuentran las personas adultas mayores.

Este mandato, de naturaleza jur�dica y axiol�gica, impone al Estado el deber de articular pol�ticas, normas y procedimientos que materialicen la protecci�n integral, la inclusi�n social y la igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos sociales. No obstante, el distanciamiento entre el mandato constitucional y su efectividad pr�ctica revela un campo de tensiones estructurales en el que las restricciones normativas y las barreras administrativas se constituyen en obst�culos reales para el goce pleno de este derecho fundamental.

Por lo que, desde una perspectiva normativa en el Ecuador se ha consolidado un andamiaje jur�dico orientado a la tutela de los derechos de las personas adultas mayores, sustentado principalmente en la Ley de Seguridad Social y la Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores (IESS, 2001; Asamblea Nacional del Ecuador, 2019).� La primera establece un r�gimen de pensiones fundado en criterios de edad y aportaciones, por ejemplo, 60 a�os y 360 aportaciones, o 65 a�os y 180 aportaciones, conforme a sus art�culos 183 y siguientes, mientras que la segunda reconoce expresamente el derecho a la seguridad social, a la vida digna y al trato preferente en la atenci�n p�blica. Sin embargo, la operativizaci�n de estos mandatos enfrenta limitaciones estructurales derivadas de la rigidez normativa y de procedimientos excesivamente formalistas que, lejos de facilitar el acceso, generan exclusi�n funcional. Tales como restricciones que se manifiestan en requisitos estrictos de edad y tiempo de aportaciones, procesos digitales poco accesibles, demandas documentales complejas y falta de acompa�amiento institucional, afectando especialmente a quienes han desarrollado trayectorias laborales informales o discontinuas.

Esta atm�sfera configura una infracci�n indirecta de los derechos fundamentales, al contradecir los principios de razonabilidad, proporcionalidad y trato preferente previstos en los art�culos 35 y 37 de la Constituci�n (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). La consecuencia es una brecha estructural entre el reconocimiento formal del derecho y su efectividad material, expresada en la exclusi�n de un sector significativo de personas adultas mayores del r�gimen contributivo, en demoras excesivas en la obtenci�n de pensiones y en la precarizaci�n de las condiciones de vida durante la vejez.

En el contexto regional, la Comisi�n Econ�mica para Am�rica Latina y el Caribe (CEPAL, 2022) advierte que los sistemas de seguridad social latinoamericanos contin�an afrontando d�ficits estructurales de cobertura, equidad y accesibilidad, afectando con especial severidad a los adultos mayores que provienen del sector informal o con historiales contributivos fragmentados.�

Investigaciones recientes como la de Paredes y Vargas (2023), advierten que los procedimientos administrativos implementados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) persisten en pr�cticas burocr�ticas r�gidas, carentes de criterios de accesibilidad y simplificaci�n, lo que constituye una barrera de facto al ejercicio del derecho, este vac�o te�rico y emp�rico limita la comprensi�n integral del fen�meno, impidiendo visibilizar c�mo las reglas formales y las pr�cticas institucionales pueden operar como mecanismos de exclusi�n social, vulnerando los principios de igualdad y vida digna.

En este escenario, se justifica una investigaci�n jur�dico-socio anal�tica orientada a identificar, analizar y valorar las restricciones normativas y barreras administrativas que enfrentan las personas adultas mayores en el acceso a los beneficios de la seguridad social, particularmente a la jubilaci�n por vejez, y su incidencia en la efectividad de la protecci�n integral. Este estudio responde a la necesidad de fortalecer la efectividad de los derechos sociales, de acuerdo con los principios del Estado social y democr�tico de derecho, y de aportar insumos para la formulaci�n de pol�ticas p�blicas y reformas institucionales que aseguren el goce pleno, oportuno y equitativo de los beneficios.

En correspondencia con ello, el objetivo general que sirvi� de gu�a a la presente investigaci�n consisti� en analizar, a trav�s de un estudio de caso, las restricciones normativas y barreras administrativas que enfrentan las personas adultas mayores para acceder de manera efectiva a los beneficios de la seguridad social, a fin de determinar su impacto en la protecci�n integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Este prop�sito se desarroll� mediante tres ejes espec�ficos como el examinar cr�ticamente el marco normativo y las pol�ticas p�blicas vigentes, identificando y evaluando los obst�culos normativos y administrativos que afectan el acceso efectivo, y proponiendo estrategias jur�dicas e institucionales que promuevan un sistema de seguridad social m�s inclusivo, accesible y coherente con los mandatos constitucionales de igualdad, dignidad y justicia social.

 

Metodolog�a

La investigaci�n se desarroll� bajo un enfoque cualitativo con orientaci�n jur�dico-socio anal�tica, concebido para examinar la relaci�n entre el marco normativo y las pr�cticas administrativas en la materializaci�n del derecho a la seguridad social de las personas adultas mayores. Este enfoque permiti� articular el an�lisis dogm�tico-interpretativo de las normas constitucionales y legales con la observaci�n emp�rica de las pr�cticas institucionales y las experiencias de los sujetos involucrados. La perspectiva cualitativa facilit� la comprensi�n de las restricciones normativas y barreras procedimentales como fen�menos complejos y contextuales, m�s all� de su medici�n cuantitativa, buscando construir un conocimiento explicativo y cr�tico, orientado a la transformaci�n institucional y normativa.

La investigaci�n fue de tipo jur�dico dogm�tica y sociojur�dico, ya que se realiz� un estudio met�dico de normas constitucionales, leyes, reglamentos, resoluciones y jurisprudencia relacionadas con la seguridad social y la protecci�n de las personas adultas mayores; desde el componente socio jur�dico se examinaron las pr�cticas administrativas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), identificando los procedimientos que obstaculizan el acceso a los beneficios de jubilaci�n por vejez, con el fin de alcanzar niveles descriptivo, anal�tico, explicativo y propositivo, pues describi� las restricciones normativas existentes, analiz� sus causas, explic� su incidencia en la vulneraci�n de derechos y propuso estrategias jur�dicas e institucionales de mejora. Se aplic� un dise�o no experimental, transversal y de estudio de caso, sin manipular variables, sino que se observaron los fen�menos en su contexto natural, El car�cter transversal permiti� recolectar informaci�n en un periodo determinado, comprendido entre agosto y septiembre de 2025.

El proceso metodol�gico se ejecut� en cuatro fases secuenciales, en la primera fase, se efectu� una revisi�n exhaustiva de las fuentes normativas primarias, entre ellas la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), la Ley de Seguridad Social (2001), la Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores (2019), reglamentos y resoluciones del IESS, as� como sentencias de la Corte Constitucional. Paralelamente, se analizaron fuentes secundarias como doctrina jur�dica, informes de organismos internacionales y literatura cient�fica sobre protecci�n social y envejecimiento. Toda esta informaci�n se sistematiz� en fichas normativas y matrices de an�lisis que permitieron identificar principios, vac�os legales y rigideces procedimentales.

En la segunda fase, se dise�aron y validaron los instrumentos de recolecci�n de informaci�n, elaborando una gu�a de entrevista semiestructurada, estructurada en ejes tem�ticos que abordaron accesibilidad al sistema, requisitos normativos, acompa�amiento institucional, barreras digitales y un trato preferente, estos instrumentos fueron sometidos a validaci�n por funcionarios con experiencia del IEES, quienes evaluaron la pertinencia, claridad y coherencia.

En la tercera fase, se realiz� la recolecci�n de datos emp�ricos mediante entrevistas semiestructuradas a tres grupos de participantes: (a) diez personas adultas mayores (cinco hombres y cinco mujeres) que hab�an gestionado su jubilaci�n por vejez, (b) cinco funcionarios del �rea de Jubilaciones- Pensiones de IESS de Chimborazo, � por estar involucrados en los procesos de atenci�n y gesti�n de pensiones, y (c) dos abogados que han manejado casos sobre jubilaciones. La muestra fue de car�cter intencional y no probabil�stica, se integr� con base en criterios de pertinencia, diversidad geogr�fica y experiencia directa con el fen�meno de estudio.

En la cuarta fase, se procedi� a la sistematizaci�n y an�lisis de la informaci�n recolectada, para lo cual se utiliz� un an�lisis de contenido cualitativo mediante categorizaci�n tem�tica, para identificar patrones discursivos y convergencias entre los testimonios y las fuentes normativas, con el fin de garantizar la validez y consistencia de los hallazgos, para finalmente, elaborar propuestas jur�dicas e institucionales encaminadas a optimizar los procedimientos administrativos y fortalecer la accesibilidad de los derechos.

Esta metodolog�a permiti� reconstruir de manera rigurosa las din�micas normativas y procedimentales que condicionaron el acceso a los beneficios de la seguridad, evidenciando las brechas entre la norma y su aplicaci�n pr�ctica, y ofreciendo fundamentos s�lidos para la formulaci�n de propuestas jur�dicas e institucionales orientadas a fortalecer el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas mayores.

 

Resultados

1.                 Marco normativo primario, constituci�n, leyes y regulaciones

La Constituci�n de la Rep�blica ecuatoriana de 2008,

La norma m�xima del estado establece de forma expl�cita el derecho a la seguridad social y la protecci�n especial a las personas adultas mayores en su art�culo 34 el cual proclama que �el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y ser� deber y responsabilidad primordial del Estado�, (Asamblea Nacional, 2018). Disponiendo que el sistema se rija por principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participaci�n, en el mismo sentido el cap�tulo de derechos de atenci�n prioritaria, reconoce a los adultos mayores como grupo vulnerable: �Las personas adultas mayores recibir�n atenci�n prioritaria y especializada en los �mbitos p�blico y privado, en especial en inclusi�n social y econ�mica, y protecci�n contra la violencia�, defini�ndolos como aquellos de 65 a�os o m�s (Asamblea Nacional, 2018).

En ese sentido la Constituci�n garantiza una amplia gama de derechos espec�ficos para las personas adultas mayores como:

• Atenci�n integral de salud gratuita, con acceso tambi�n gratuito a medicinas.
• Trabajo remunerado acorde a sus capacidades, con ajustes seg�n sus limitaciones.
• Jubilaci�n universal (derecho a una pensi�n de vejez para todos).
• Descuentos especiales en servicios p�blicos y privados (transporte, espect�culos).
• Exenciones tributarias (liberaci�n de ciertos impuestos).
• Exoneraci�n de costos notariales y registrales, seg�n la ley.
• Vivienda digna y adecuada, con respeto a su opini�n y consentimiento en decisiones de residencia.

Adem�s, el art�culo 38, ordena al Estado implementar pol�ticas p�blicas de atenci�n al adulto mayor, promoviendo su autonom�a, participaci�n y protecci�n frente a maltrato, explotaci�n y abandono. (Asamblea Nacional, 2018). En suma, la Constituci�n ecuatoriana otorga un amplio marco de derechos y mandatos de pol�tica social a favor de las personas de la tercera edad, articulados bajo el principio de solidaridad intergeneracional.

Ley de Seguridad Social (2001).

La Ley de Seguridad Social, expedida mediante Ley N.� 2001-55 publicada en el Registro Oficial Suplemento 465 de 30 de noviembre de 2001, constituye la norma central que rige el sistema administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (Asamblea Nacional del Ecuador, 2001, 30 de noviembre). Dicha ley, anterior a la Constituci�n de 2008, fue promulgada en un contexto de reforma que introdujo un esquema de financiamiento mixto del sistema previsional, incluyendo elementos de ahorro individual obligatorio y elevando la edad m�nima de jubilaci�n a 60 a�os y ampli� la cobertura de salud a nuevos beneficiarios como son los hijos menores de 6 a�os de los afiliados como lo refiere. Sin embargo, cientos de art�culos de esta ley fueron objeto de impugnaci�n, en febrero de 2004, el entonces Tribunal Constitucional declar� la inconstitucionalidad de varias disposiciones como fueron los Arts. 172, 176-179, 181, 206, 227, 228, y otros, al considerar que contrariaban los principios de solidaridad, universalidad y subsidiariedad consagrados en la Constituci�n de 1998. (Carranza Barona, C., & Villavicencio Salazar, N. s. f.). Pese a ello, la Ley de Seguridad Social de 2001 permaneci� vigente, con posteriores reformas para adecuarla al nuevo marco constitucional, de hecho, entre 2001 y 2021 la ley ha sido reformada al menos 28 veces, reflejando ajustes constantes en el sistema (Oficina de la OIT para los Pa�ses Andinos; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 2022).

Esta ley vigente con sus respectivas modificaciones y reformas, define al Seguro General Obligatorio y sus reg�menes especiales, incorporando como sujetos de protecci�n a diversos grupos, ya que en base al precepto del principio de universalidad, la normativa busca garantizar iguales oportunidades de acceso a las prestaciones para toda la poblaci�n asegurable, de tal manera que se incluye a trabajadores bajo relaci�n de dependencia, trabajadores aut�nomos, amas de casa que realicen trabajo no remunerado del hogar, campesinos afiliados al Seguro Social Campesino, entre otros colectivos tradicionalmente excluidos. (Oficina de la OIT para los Pa�ses Andinos; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 2022).

�La ley incluso prev� cobertura para personas de la tercera edad sin recursos: considera sujetos protegidos �las personas de setenta a�os o m�s, o aquellas que, sin importar la edad, se encuentren incapacitados de forma absoluta� lo que ha dado base a programas de pensiones no contributivas para adultos mayores sin pensi�n (Oficina de la OIT para los Pa�ses Andinos; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 2022). Adicionalmente, la ley organiza las prestaciones frente a contingencias de vejez, invalidez, enfermedad, maternidad, riesgos laborales y muerte, estableciendo tanto un nivel contributivo como un nivel no contributivo de protecci�n social. Por lo que en s�ntesis, la Ley de Seguridad Social estructura un sistema mixto, entre obligatorio para empleados formales, voluntario para ciertos grupos como trabajadores independientes y con componentes especiales para sectores rurales e individuos sin capacidad contributiva, buscando materializar el mandato constitucional de cobertura universal.

Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores (2019).

En julio de 2019 entr� en vigor esta ley especializada, que desarrolla los derechos de las personas adultas mayores y establece el Sistema Nacional Especializado de Protecci�n Integral para este grupo por lo que se reafirma principios rectores como la responsabilidad social colectiva u obligaci�n solidaria del Estado, la sociedad y la familia en el respeto y cuidado al adulto mayor, la protecci�n especial, la universalidad de derechos sin discriminaci�n, la integralidad de las atenciones y el enfoque de doble vulnerabilidad y prioriza a adultos mayores que adem�s enfrenten discapacidad, pobreza extrema u otras condiciones que agraven su situaci�n. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019, 9 de mayo). Es importante adem�s se�alar que la ley define a la persona adulta mayor como aquella de 65 a�os o m�s, armonizando con la definici�n constitucional contemplada en el art. 36.

Otro aporte clave de la Ley Org�nica de Adultos Mayores es que institucionaliza las pensiones no contributivas para la vejez en situaci�n de pobreza, el art�culo 59 literal i) dispone que:

�En el marco del cumplimiento progresivo del principio de universalidad del derecho a la seguridad social, el Estado garantizar� una pensi�n no contributiva como piso m�nimo de protecci�n social a las personas adultas mayores que se encuentren en condici�n de pobreza y extrema pobreza�. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019, 9 de mayo).

Esto eleva a obligaci�n legal la existencia de programas asistenciales como la Pensi�n para Adultos Mayores, ejemplo de ello es el programa �Mis Mejores A�os�, implementado en el 2017, y que en la actualidad se orienta a quienes no reciben jubilaci�n contributiva.

La ley tambi�n integra al IESS y dem�s institutos de seguridad social como Fuerzas Armadas, Polic�a Nacional, en el Sistema de Protecci�n al Adulto Mayor, asignando a la autoridad nacional de seguridad social (IESS) competencias como la de garantizar que los procesos de jubilaci�n de personas adultas mayores sean tramitados de manera preferente� (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019, 9 de mayo). En anexi�n, esta normativa complementa el r�gimen general, asegurando que los derechos espec�ficos de los mayores como es la pensi�n, salud, recreaci�n, participaci�n, protecci�n contra el maltrato, etc. tengan fuerza legal y pol�ticas concretas.

Reglamentos y resoluciones del IESS

Para operar las disposiciones de la ley, el Consejo Directivo del IESS ha expido reglamentos y resoluciones t�cnicas, entre las m�s relevantes figuran el Reglamento del Seguro General de Pensiones la cual trata aspectos de vejez, invalidez y muerte. Estos instrumentos desarrollan detalles como requisitos de jubilaci�n, c�lculo de pensiones, financiamiento y procedimientos. (Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 2006, 9 de marzo).� Por ejemplo, las resoluciones del IESS como C.D. 492; 496 y han permitido en la �ltima d�cada la extensi�n de cobertura a nuevos grupos, a ra�z del mandato constitucional de incluir a quienes realizan trabajo no remunerado en el hogar, se habilit� la afiliaci�n voluntaria de amas de casa con porte estatal parcial mediante reforma a la ley en 2015. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015, 2016).

De igual forma, la cobertura de salud del seguro general se ampli� por reglamento a c�nyuges e hijos hasta 18 a�os de edad de los asegurados, fortaleciendo la protecci�n familiar del adulto mayor. (Asamblea Nacional del Ecuador. s. f.). Es de destacar que los reglamentos del IESS deben guardar coherencia con los principios constitucionales, en caso de contradicci�n, la Corte Constitucional ha llegado a intervenir, como fue el caso de la Sentencia No. 380-17-SEP-CC (2017), que orden� interpretar el alcance del art�culo 102 de la Ley de Seguridad Social para incluir como dependientes con derecho a salud a menores bajo custodia o tutela legal, corrigiendo una omisi�n normativa que exclu�a a nietos u otros menores a cargo de adultos mayores. (Corte Constitucional del Ecuador, 2017, 22 de noviembre).

Sentencias de la Corte Constitucional

La jurisprudencia constitucional en Ecuador ha sido un pilar en la defensa del derecho a la seguridad social de los adultos mayores, corrigiendo normas y omisiones contrarias a la Carta Magna, entre los fallos m�s trascendentes destaca la Sentencia No. 018-18-SIN-CC (1 de agosto de 2018), que invalid� reformas constitucionales de 2015 relacionadas con pensiones de militares y polic�as, restituyendo el texto original de la Constituci�n y reafirmando la obligaci�n estatal en esos reg�menes especiales. (Corte Constitucional del Ecuador, 2018)

En materia legal, la Sentencia No. 002-18-SIN-CC (21 de marzo de 2018) declar� la inconstitucionalidad de la eliminaci�n del aporte estatal fijo del 40% para el fondo de pensiones del IESS que hab�a establecido la Ley de Justicia Laboral de 2015. (Corte Constitucional del Ecuador, 2018). Dicho fallo restableci� expresamente la contribuci�n estatal del 40%, al considerar que sustituirla por una garant�a condicionada pon�a en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema, vulnerando principios de progresividad y suficiencia. Como efecto, desde 2019 el Estado retom� su aporte regular a las pensiones, lo que el propio IESS y la OIT se�alaron como fundamental para la solvencia del seguro de vejez.

An�lisis doctrinal de las pol�ticas p�blicas del IESS

La doctrina especializada coincide en que, pese al robusto andamiaje legal, persisten desaf�os estructurales para materializar plenamente el derecho a la seguridad social de las personas mayores en Ecuador, la Organizaci�n Internacional del Trabajo & Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2022) destaca que el sistema de pensiones ha logrado importantes avances en cobertura durante la �ltima d�cada, pero a�n enfrenta cuellos de botella que requieren una reforma integral con visi�n universal. Propone criterios m�nimos para esa reforma, entre ellos: acciones urgentes de car�cter estructural, concentrar los subsidios p�blicos en la poblaci�n de menores recursos excluida del sistema contributivo, complementar las pol�ticas previsionales con pol�ticas de salud que promuevan un envejecimiento saludable y encarar las disfunciones del mercado laboral que generan informalidad y precariedad. (S�nchez, J. 2015)

El r�gimen a la seguridad social en el Ecuador, ha encontrado hist�ricamente problemas de cobertura insuficiente y falta de equidad, con rasgos regresivos que favorecen a la poblaci�n afiliada formal, mientras los trabajadores informales, aut�nomos y rurales reciben escasa protecci�n. Los mayores beneficios estatales, como pensiones contributivas y acceso integral a servicios de salud, se concentran en quienes logran afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dejando a amplios sectores fuera del sistema contributivo (Primicias, 2024; Instituto Nacional de Estad�stica y Censos [INEC], 2025).

Durante el periodo 2007-2017, se observ� una expansi�n significativa en la afiliaci�n a la seguridad social. La poblaci�n econ�micamente activa cotizante pas� de cubrir apenas el 38 % en 2006 a cerca del 44 % en 2014. Sin embargo, incluso en los mejores a�os, menos de la mitad de los trabajadores estaban afiliados, lo que evidencia que la mayor�a de la fuerza laboral continu� sin protecci�n contributiva. Los datos m�s recientes muestran que, en enero de 2025, el empleo registrado en el IESS alcanz� los 3,3 millones de afiliados, lo que representa solo el 39 % de la poblaci�n econ�micamente activa del pa�s, manteni�ndose la tendencia de cobertura limitada (INEC, 2025).

Esta situaci�n afecta especialmente a los trabajadores informales, aut�nomos, mujeres, y trabajadores dom�sticos, quienes enfrentan barreras estructurales para acceder al sistema, en consecuencia, solo cerca de un 25 % de la poblaci�n adulta mayor accede a una pensi�n contributiva de vejez, mientras que el restante 75 % depende de la asistencia familiar, el trabajo a avanzada edad o las pensiones no contributivas del Estado (Primicias, 2024). Ante esta realidad, el gobierno ha implementado mecanismos compensatorios como el Bono/Pensi�n Desarrollo Humano para adultos mayores desde 2003, la Pensi�n para Adultos Mayores desde 2009 y, actualmente, el programa �Mis Mejores A�os�, concebidos como pensiones jubilares no contributivas para compensar la brecha de cobertura del sistema contributivo. (Primicias, 2024). Sin embargo, la literatura especializada reconoce estos programas asistenciales como avances hacia la universalizaci�n de la protecci�n social, pero advierte que su alcance sigue siendo insuficiente y que es necesario fortalecer la articulaci�n con el r�gimen general de seguridad social para garantizar una cobertura m�s equitativa y efectiva (Primicias, 2024; INEC, 2025).

En respuesta a estos desaf�os, la Asamblea Nacional aprob� en septiembre de 2025 la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, publicada en el Registro Oficial el 1 de octubre de 2025. Esta ley introduce reformas estructurales al IESS y al BIESS, orientadas a mejorar la gesti�n de los fondos previsionales, optimizar la administraci�n de fideicomisos y dotar al BIESS de herramientas legales para acceder a nuevas fuentes de financiamiento y fortalecer su portafolio de inversiones (Lexis Ecuador, 2025; El Universo, 2025; Primera Plana, 2025; Ecuador en Vivo, 2025).

Entre los puntos clave de la nueva normativa destacan la devoluci�n de los fondos complementarios previsionales cerrados a la administraci�n directa de sus part�cipes como la creaci�n de componentes democr�ticos de elecci�n de representantes y la regulaci�n t�cnica de fideicomisos para asegurar transparencia y sostenibilidad financiera, adem�s se han modificado los sistemas de designaci�n y remoci�n de autoridades del IESS, buscando reforzar la gobernanza interna y garantizar mayor transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones (Lexis Ecuador, 2025; Primera Plana, 2025; Ecuador en Vivo, 2025).

La doctrina y los expertos insisten en la necesidad de planificaci�n de largo plazo y reformas param�tricas responsables, como la revisi�n gradual de la edad de jubilaci�n, el fomento de pensiones complementarias voluntarias y la protecci�n de los derechos adquiridos de los jubilados. Estas medidas son consideradas esenciales para enfrentar el reto de la sostenibilidad financiera y asegurar la protecci�n social de las futuras generaciones, en un contexto de envejecimiento poblacional y presi�n creciente sobre los fondos de pensiones (Lexis Ecuador, 2025; Ecuador en Vivo, 2025).

2.                 La accesibilidad, barreras y experiencias de los adultos mayores en el proceso de jubilaci�n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Requisitos de aportaci�n elevados y exclusi�n de trabajadores informales

La Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT) revel� que 44 % de las personas mayores en Ecuador no perciben ingresos por trabajo ni una pensi�n de vejez, una cifra muy alta en comparaci�n regional (OIT, 2024; Primicias, 2024). Este segmento sufre una �inseguridad econ�mica� severa, vi�ndose forzado a continuar laborando en la vejez o a depender de familiares y ayudas estatales. La situaci�n afecta desproporcionadamente a las mujeres, dado que 58,1 % de las ecuatorianas mayores carecen de ingresos laborales o pensi�n, frente al 27,5 % de los hombres reflejo de trayectorias laborales marcadas por el trabajo no remunerado del hogar o la informalidad (Primicias, 2024).

La causa principal de esta exclusi�n es que muchos nunca lograron completar el n�mero m�nimo de aportes requerido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para jubilarse. Sectores como el trabajo agr�cola, el comercio ambulante, el servicio dom�stico y otros empleos informales representaron el sustento de por vida de miles de ecuatorianos, pero fuera del sistema contributivo.
Por ejemplo, se estima que en 2022 el 82 % de las personas entre 65 y 75 a�os que segu�an trabajando lo hac�an en el sector informal, sin cotizar a la seguridad social (Primicias, 2024). Como resultado, llegan a la tercera edad sin los �40, 30, 15 o incluso 10 a�os� de aportes exigidos seg�n la ley, quedan excluidos del sistema de pensiones a pesar de haber trabajado toda su vida.

Las consecuencias humanas de este obst�culo se evidencian en casos concretos. Seg�n el Ministerio de Inclusi�n Econ�mica y Social (2023), 432.973 adultos mayores 44 % del total viven en pobreza o extrema pobreza, sin ingresos ni cobertura previsional. Muchos, como los vendedores octogenarios del Centro Hist�rico de Quito, dependen de lo que logran vender d�a a d�a para sobrevivir (El Comercio, 2023). Algunos obtienen apenas peque�as pensiones de reg�menes especiales, por ejemplo, el Seguro Social Campesino otorga montos de alrededor de 28 d�lares mensuales, cantidad claramente insuficiente para vivir. Otros ni siquiera acceden a los bonos asistenciales por falta de informaci�n o por criterios restrictivos de focalizaci�n. (Gerontolog�a.org. 2023)

Un caso emblem�tico que ilustra esta problem�tica es el de Luz Anicia Rugel Mora, de 91 a�os quien, a pesar de haber trabajado y cumplido la edad para jubilarse, no pod�a acceder a su pensi�n porque en su historial faltaban aportes patronales que el IESS no hab�a registrado correctamente. La omisi�n administrativa le negaba el derecho a jubilarse. La Defensor�a del Pueblo tuvo que intervenir y presentar una acci�n de protecci�n en favor de la adulta mayor para que finalmente, la justicia ordenara recalcular sus aportes y conceder la pensi�n, enfatizando que los errores del IESS no pod�an afectar su derecho jubilatorio (Corte Constitucional del Ecuador, 2020). Este precedente judicial ratifica que el Estado debe remover las trabas burocr�ticas que impiden a las personas mayores obtener su jubilaci�n cuando han cumplido con el trabajo requerido.

 

 

Tr�mites digitales y exigencias documentales como barrera

Otro obst�culo cr�tico de �ndole administrativa y tecnol�gica es la digitalizaci�n de los tr�mites previsionales, sumada a engorrosas exigencias documentales, dificulta el acceso de los adultos mayores a sus prestaciones. En la actualidad, el proceso de solicitud de jubilaci�n se realiza principalmente en l�nea el afiliado debe ingresar al portal web del IESS, crear su solicitud virtualmente y no se aceptan documentos f�sicos en las oficinas para este tr�mite (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS], s. f.).

Si bien la modernizaci�n digital agiliza procesos para muchos usuarios, representa una barrera de entrada para quienes tienen escasa alfabetizaci�n digital, no disponen de computadora o internet, o presentan dificultades visuales y cognitivas propias de la edad avanzada. La brecha digital entre generaciones mayores qued� evidenciada en casos recientes, en agosto de 2025, el IESS anunci� una campa�a masiva para que afiliados y pensionistas actualicen sus datos personales a trav�s de medios digitales. Esto gener� confusi�n y p�nico entre muchos jubilados: la dificultad para agendar turnos por Internet llev� a que cientos de adultos mayores acudieran presencialmente a las oficinas del IESS, temiendo perder sus pensiones (Ecuavisa, 2025a).

En la siguiente tabla, se describe los datos recogidos, a hombres y mujer adultos mayores que han generado su proceso de jubilaci�n:

 

Tabla1: Percepci�n de barreras en tr�mites digitales y exigencias documentales en el proceso de jubilaci�n

Fuente: Realizaci�n propia (Entrevistas; 2025)

 

Falta de informaci�n y acompa�amiento institucional

Un tercer eje identificado que se pudo identificar en las entrevistas fue la insuficiente orientaci�n y acompa�amiento que reciben las personas adultas mayores en su interacci�n con el sistema de seguridad social, ya que la complejidad de los procedimientos, sumada a la ausencia de una gu�a personalizada conlleva a que muchos adultos mayores desconozcan sus derechos o los pasos exactos para hacerlos valer.

Por ejemplo, de la entrevista realizada a los funcionarios de la Direcci�n del IESS de Chimborazo, se se�al� que existen plazos y condiciones como el estado de cesant�a del afiliado para ingresar la solicitud de jubilaci�n que, de no cumplirse correctamente, pueden retrasar o impedir el otorgamiento de la pensi�n. Sin embargo, no siempre se asegura que el afiliado de mayor edad comprenda estas condiciones: si no recibe asesor�a oportuna, podr�a perder beneficios por meros tecnicismos. (Entrevista funcionario IESS 1, 2025).

Tambi�n se ha se�alado que persiste un d�ficit de difusi�n proactiva sobre las prestaciones disponibles para las personas mayores ya que muchos desconocen, por ejemplo, la existencia de convenios del IESS para reconocer aportes atrasados, opciones de jubilaci�n proporcional jubilaci�n especial reducida o los bonos estatales a los que podr�an acceder. Replicando que, aunque la informaci�n suele estar en portales web o comunicados oficiales, son formatos poco amigables para un adulto mayor promedio, y considera que se deben emplear campa�as masivas de informaci�n inclusiva (en radios comunitarias, televisi�n, o a trav�s de municipios y parroquias) redunda en baja toma de conciencia de derechos. Por ende, quienes no cuentan con familiares o redes de apoyo informadas quedan en desventaja. (Entrevista funcionario IESS, 2, 2025).

Impacto en la vida digna de las personas mayores

Por otra parte, los profesionales del derecho, que contribuyeron en la presente investigaci�n han referido que, los obst�culos descritos como aportaciones exigidas fuera del alcance de muchos, tr�mites digitales poco accesibles y falta de acompa�amiento confluyen para vulnerar seriamente el derecho a una vida digna de las personas adultas mayores. (Entrevista personal, abogado 1, 2025).

En t�rminos de igualdad el r�gimen actual tiende a perpetuar brechas preexistentes quienes tuvieron empleos formales y educaci�n digital suficiente acceden a pensiones y servicios, mientras que los m�s pobres, con trayectorias informales o menor alfabetizaci�n, quedan relegados sin protecci�n en la vejez (Entrevista personal, abogado 2, 2025). Algo que contradice el principio de igualdad material y no discriminaci�n por la edad o condici�n socioecon�mica, consagrado en los art�culos 11, 35 y 66 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008).

Sobre la dignidad humana de los adultos mayores se ve comprometida cuando, tras d�cadas de trabajo, se encuentran obligados a subsistir de la caridad, el trabajo precario en la calle o la dependencia absoluta de terceros.� Citando el caso de don Efra�n, de 80 a�os, quien vende caf� con empanadas en las calles de Riobamba para mantener a su familia porque no tiene jubilaci�n del IESS ni recibe bono retratan la angustia y la p�rdida de autonom�a que sufren quienes deber�an estar disfrutando de una jubilaci�n tranquila. (Entrevista personal, abogado 1, 2025).

Cada adulto mayor sin cobertura representa una trayectoria de vida aportada a la sociedad que no est� siendo recompensada de acuerdo con el pacto intergeneracional de la seguridad social. Las cifras actuales datan que un 44 % de adultos mayores sin pensi�n ni ingresos y cerca de 200.000 adultos mayores pobres sin ninguna cobertura en 2023 evidencian una deuda pendiente del Estado con este grupo vulnerable (Primicias, 2024).

3.                 Estrategias para un Sistema de Seguridad Social Inclusivo y Accesible

Frente a los desaf�os identificados, es imprescindible impulsar estrategias jur�dicas e institucionales que hagan del sistema de seguridad social ecuatoriano uno m�s inclusivo, accesible y coherente con los principios de igualdad, dignidad y justicia social. A continuaci�n, se proponen varias l�neas de acci�n:

• Reforma legal para flexibilizar requisitos de jubilaci�n: Revisar la Ley de Seguridad Social en lo referente a aportaciones m�nimas, creando modalidades de jubilaci�n proporcional. Esto implicar�a permitir que adultos mayores con, por ejemplo, la mitad o m�s del aporte requerido puedan acceder a una pensi�n reducida, financiada parcialmente por el Estado. Asimismo, podr�a establecerse una �jubilaci�n por amnist�a�: un mecanismo excepcional que otorgue pensiones b�sicas a personas de la tercera edad que, habiendo trabajado en la informalidad, no completaron aportes, reconociendo sus a�os de trabajo no registrado.
• Cumplir con el mandato de jubilaci�n universal constituye una prioridad impostergable del Estado ecuatoriano: En la pr�ctica, ello requiere ampliar la cobertura de pensiones no contributivas como los bonos para el adulto mayor de modo que ninguna persona adulta mayor en situaci�n de pobreza extrema quede sin al menos una pensi�n b�sica garantizada. De acuerdo con la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT), resulta fundamental extender la protecci�n social mediante un enfoque que combine reg�menes contributivos, semi-contributivos y no contributivos, y que explore opciones fiscales sostenibles para financiar esta expansi�n.� Este modelo mixto permitir�a incorporar a quienes no lograron completar los a�os de aportes exigidos, especialmente trabajadores del sector informal o con trayectorias laborales interrumpidas. Un enfoque integrado podr�a consistir en unificar el programa �Mis Mejores A�os� con nuevos esquemas semicontributivos; por ejemplo, permitir que trabajadores informales cercanos a la edad de retiro puedan cotizar voluntariamente al sistema con subsidio estatal parcial, generando as� una base contributiva m�nima para acceder a una pensi�n proporcional. La prioridad debe centrarse en cerrar la brecha de los aproximadamente 200.000 adultos mayores que actualmente carecen de cualquier tipo de pensi�n o cobertura previsional (Primicias, 2023), garantizando de este modo el derecho a la seguridad social conforme al principio constitucional de universalidad establecido en el art�culo 367 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008).
• Simplificaci�n de tr�mites y atenci�n preferencial efectiva: Instituir por norma reglamentaria la simplificaci�n administrativa para adultos mayores. Esto incluye dise�ar procedimientos especiales simplificados de jubilaci�n para personas de la tercera edad: formularios m�s sencillos, reducci�n de requisitos documentales (aprovechando convenios interinstitucionales para que el IESS obtenga directamente partidas o certificados sin hac�rselos requerir a los usuarios), y exenci�n de multas o recargos por tr�mites extempor�neos cuando se trate de mayores.

Los recientes problemas con la actualizaci�n de datos evidencian la necesidad de prever soluciones humanas, por ejemplo, si se requiere actualizar informaci�n de jubilados, enviar brigadas m�viles del IESS a los territorios o realizar llamadas personalizadas en lugar de exigir una gesti�n digital masiva.

• Cierre de la brecha digital y asistencia tecnol�gica: Desplegar un programa nacional de alfabetizaci�n digital para adultos mayores, aprovechando casas comunales, centros del MIES y convenios con universidades (estudiantes voluntarios en programas de vinculaci�n con la sociedad) para entrenar a las personas mayores en el uso b�sico de herramientas digitales orientadas a tr�mites. Al mismo tiempo, crear canales alternativos no digitales permanentes como una l�nea telef�nica gratuita exclusiva para tr�mites de jubilaci�n y consultas de adultos mayores que den la posibilidad de realizar gestiones a trav�s de las oficinas de los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados (municipios, juntas parroquiales) para acercar el servicio a zonas rurales; e incluso considerar mecanismos de representaci�n, donde un familiar o defensor comunitario pueda, con autorizaci�n, realizar tr�mites en nombre del adulto mayor.
• Orientaci�n, difusi�n y acompa�amiento personalizado: Institucionalizar servicios de asesor�a jur�dica y social gratuita para adultos mayores que tramitan su jubilaci�n u otras prestaciones, es una medida que podr�a materializarse mediante la creaci�n de una Defensor�a Especial del Asegurado de la Tercera Edad dentro del IESS, o fortaleciendo las unidades existentes en la Defensor�a del Pueblo y la Defensor�a P�blica o los consultorios gratuitos de las universidades con carreras en derecho. los asesores podr�an guiar al usuario paso a paso, ayud�ndole a reunir documentos, llenar formularios y dando seguimiento a su expediente hasta la resoluci�n.
• Adicionalmente, lanzar campa�as informativas inclusivas: utilizar radio, prensa escrita de alta circulaci�n y televisi�n con mensajes claros sobre los derechos de los adultos mayores (por ejemplo, explicando que a los 70 a�os con 10 a�os de aportes se puede jubilar, c�mo acceder al bono Mis Mejores A�os, qu� hacer si hay problemas con sus aportes, etc.). La informaci�n debe exponer en un lenguaje sencillo y en idiomas locales donde corresponda, para asegurar que llegue tambi�n a comunidades ind�genas y rurales. Un adulto mayor bien informado es menos propenso a perder plazos o a presentar solicitudes incompletas.

 

Discusi�n

El an�lisis del marco normativo ha revelado una estructura jur�dica amplia y garantista, pero con limitaciones de implementaci�n, la Constituci�n de 2008 establece de manera expl�cita la seguridad social como un derecho irrenunciable, universal y obligatorio (Asamblea Nacional, 2008). Sin embargo, la materializaci�n de este mandato se enfrenta a tensiones entre la norma y la pr�ctica. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social de 2001, pese a m�ltiples reformas, mantiene un esquema contributivo r�gido que excluye a quienes no logran cumplir con los requisitos de aportaci�n, principalmente trabajadores informales y rurales.

Comparado con estudios previos de la OIT y CEPAL, que han se�alado que la informalidad constituye el principal obst�culo para la cobertura en la regi�n (OIT, 2024; CEPAL, 2022), este hallazgo confirma la persistencia de un patr�n estructural de exclusi�n. La Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores (2019) complementa el marco normativo al reconocer pensiones no contributivas como un piso m�nimo de protecci�n, pero los datos revisados muestran que este recurso a�n no cubre de forma integral a todos los mayores en condici�n de pobreza. La revisi�n de resoluciones del IESS y sentencias de la Corte Constitucional evidencia avances en correcci�n de vac�os normativos como la restituci�n del aporte estatal del 40%, pero estos mecanismos judiciales operan m�s como respuestas reactivas que como parte de una planificaci�n sist�mica.

Los resultados muestran que los requisitos de aportaci�n, los tr�mites digitales y la falta de acompa�amiento constituyen obst�culos que afectan directamente el acceso a la jubilaci�n. La OIT (2024) ha documentado que el 44 % de adultos mayores en Ecuador no perciben pensi�n ni ingresos laborales, cifra que coincide con las percepciones recogidas en esta investigaci�n. En comparaci�n con estudios anteriores, este trabajo aporta evidencia cualitativa a trav�s de entrevistas y casos emblem�ticos, como el de Luz Anicia Rugel Mora, que demuestran c�mo la deficiencia administrativa del IESS puede traducirse en vulneraci�n de derechos. La novedad radica en el enfoque sociojur�dico que permite evidenciar c�mo las pr�cticas institucionales no solo la norma se convierten en mecanismos de exclusi�n. Asimismo, los resultados muestran que la digitalizaci�n de tr�mites, aunque concebida para modernizar procesos, ha generado nuevas barreras de acceso. En este punto, la investigaci�n coincide con diagn�sticos de organismos internacionales sobre la brecha digital, pero agrega un an�lisis contextual sobre la dependencia de terceros y la percepci�n de trato no preferente. La falta de informaci�n y orientaci�n institucional, se�alada tanto por usuarios como por funcionarios del IESS, se revela como un factor cr�tico que agrava la exclusi�n y perpet�a desigualdades, en contradicci�n con los principios constitucionales de trato preferente e igualdad material.

La discusi�n sobre las estrategias propuestas se fundamenta en la identificaci�n de brechas estructurales entre el mandato constitucional y la efectividad del derecho. La literatura especializada ha resaltado la necesidad de reformas param�tricas y ampliaci�n de la cobertura no contributiva (S�nchez, 2015; OIT, 2024). Los resultados de esta investigaci�n confirman esa urgencia y proponen alternativas concretas, como la jubilaci�n proporcional y la simplificaci�n de tr�mites, que no han sido suficientemente exploradas en estudios previos. Estas estrategias buscan superar la rigidez del sistema contributivo, ampliando la protecci�n a quienes han trabajado en la informalidad. En relaci�n con la brecha digital, se propone cerrar las desigualdades tecnol�gicas mediante programas de alfabetizaci�n y canales alternativos de atenci�n, lo que introduce un enfoque innovador en el contexto ecuatoriano, el dise�o de campa�as informativas inclusivas y de servicios de acompa�amiento personalizado se presenta como un aporte novedoso, orientado a garantizar que la universalidad del derecho a la seguridad social no quede en la mera formalidad normativa.

 

Conclusiones

1. La investigaci�n logr� cumplir con el objetivo general propuesto, al analizar las restricciones normativas y las barreras administrativas que condicionan el acceso de las personas adultas mayores a los beneficios de la seguridad social en el Ecuador. Los hallazgos evidencian que, pese a un marco jur�dico garantista, subsisten mecanismos estructurales de exclusi�n que afectan la efectividad material de los derechos reconocidos constitucionalmente.
2. En relaci�n con los objetivos espec�ficos, el estudio permiti� realizar un examen cr�tico del marco normativo y de las pol�ticas p�blicas vigentes, identificando que la Ley de Seguridad Social mantiene un esquema contributivo r�gido que no responde adecuadamente a trayectorias laborales informales y discontinuas. Asimismo, se comprob� que las pr�cticas administrativas del IESS, en especial la digitalizaci�n de tr�mites sin alternativas accesibles y la ausencia de acompa�amiento institucional, constituyen barreras sustantivas que limitan el goce efectivo del derecho a la jubilaci�n.
3. El an�lisis del estudio de caso, complementado con entrevistas y evidencia emp�rica, demostr� que las restricciones normativas y los procedimientos burocr�ticos excesivos tienen un impacto directo en la vida digna de los adultos mayores, perpetuando desigualdades socioecon�micas y vulnerando el principio de trato preferente previsto en la Constituci�n.
4. Entre los principales aportes de la investigaci�n se destacan: (a) la identificaci�n de las pr�cticas administrativas como mecanismos de exclusi�n, lo que aporta una perspectiva socio jur�dica novedosa en el contexto ecuatoriano; (b) la propuesta de estrategias jur�dicas e institucionales concretas, como la jubilaci�n proporcional, la flexibilizaci�n de requisitos, la simplificaci�n de tr�mites y el cierre de la brecha digital, y (c) la articulaci�n de propuestas de pol�tica p�blica que integren reg�menes contributivos, semicontributivos y no contributivos en coherencia con los principios de universalidad, igualdad y dignidad humana.
5. La investigaci�n deja planteadas l�neas para futuros estudios, en primer lugar, un an�lisis comparado con experiencias latinoamericanas exitosas que permitan una valoraci�n a alternativas de reforma, en segundo lugar, investigaciones cuantitativas que midan el impacto socioecon�mico de las barreras administrativas en la exclusi�n previsional; y, finalmente, estudios interdisciplinarios que integren enfoques jur�dicos, tecnol�gicos y de pol�ticas p�blicas para dise�ar un modelo de seguridad social m�s inclusivo y sostenible frente al progresivo envejecimiento de la poblaci�n ecuatoriana.

 

Referencias

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