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La Suplantaci�n de Identidad Digital en el COIP: An�lisis Jur�dico de las Dificultades de Aplicaci�n y su Impacto en el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva de las V�ctimas en Ecuador

 

Digital Identity Theft in the COIP: Legal Analysis of the Difficulties of Enforcement and its Impact on the Right to Effective Judicial Protection of Victims in Ecuador

 

Roubo de identidade digital no COIP: an�lise jur�dica das dificuldades de execu��o e o seu impacto no direito � prote��o judicial efetiva das v�timas no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: cjumbo6@indoamerica.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas �����

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de agosto de 2025 *Aceptado: 22 de septiembre de 2025 * Publicado: �07 de octubre de 2025

 

       I.          Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Pol�ticas, Universidad Indoam�rica, Quito-Ecuador.

 

Resumen

La suplantaci�n de identidad digital emerge como uno de los desaf�os m�s intrincados y apremiantes para el sistema judicial ecuatoriano en la era digital. Este art�culo profundiza en las complejidades y obst�culos que surgen en la aplicaci�n del art�culo 212 del C�digo Org�nico Integral Penal en los casos de suplantaci�n de identidad en el entorno digital. Se emplea para ello una metodolog�a de car�cter cualitativo, sustentada en un enfoque doctrinal, un riguroso an�lisis normativo-jur�dico y una revisi�n exhaustiva de la jurisprudencia relevante. Los hallazgos de esta investigaci�n desvelan que la inadecuaci�n intr�nseca de la tipificaci�n penal actual, dise�ada bajo paradigmas tradicionales, genera dificultades interpretativas sustanciales cuando se intenta aplicar a la fluida y compleja realidad del ciberespacio. Espec�ficamente, la ambig�edad en la definici�n de los elementos t�picos, y de manera crucial, la exigencia del "beneficio" como requisito constitutivo del delito, conduce a una exclusi�n problem�tica de conductas que, si bien son claramente lesivas para las v�ctimas, no persiguen un �nimo de lucro directo. En consecuencia, se postula la urgencia de una reforma integral del marco legal y judicial ecuatoriano. Esta reforma debe contemplar, en primer lugar, una actualizaci�n de la tipificaci�n penal que incorpore de manera expl�cita y precisa las particularidades y modalidades de la suplantaci�n de identidad en el ciberespacio. En segundo lugar, se propone la implementaci�n de unidades especializadas descentralizadas, dotadas de los recursos t�cnicos y humanos necesarios para abordar la complejidad de los ciberdelitos.

Palabras Clave: suplantaci�n digital; COIP; tutela judicial efectiva; ciberdelitos; derechos digitales.

 

Abstract

Digital identity theft is emerging as one of the most intricate and pressing challenges for the Ecuadorian judicial system in the digital age. This article delves into the complexities and obstacles that arise in the application of Article 212 of the Comprehensive Organic Criminal Code in cases of digital identity theft. A qualitative methodology is used, based on a doctrinal approach, a rigorous normative-legal analysis, and an exhaustive review of relevant jurisprudence. The findings of this research reveal that the intrinsic inadequacy of the current criminal classification, designed under traditional paradigms, generates substantial interpretative difficulties when applied to the fluid and complex reality of cyberspace. Specifically, the ambiguity in the definition of the typical elements, and crucially, the requirement of "benefit" as a constitutive requirement of the crime, leads to a problematic exclusion of conduct that, while clearly harmful to the victims, does not pursue a direct profit motive. Consequently, a comprehensive reform of the Ecuadorian legal and judicial framework is urgently needed. This reform must contemplate, first, an update of the criminal classification that explicitly and precisely incorporates the specificities and modalities of identity theft in cyberspace. Second, the implementation of decentralized specialized units, equipped with the necessary technical and human resources to address the complexity of cybercrimes, is proposed.

Keywords: Digital impersonation; COIP; effective judicial protection; cybercrimes; digital rights.

 

Resumo

O roubo de identidade digital surge como um dos desafios mais complexos e urgentes para o sistema judicial equatoriano na era digital. Este artigo investiga as complexidades e os obst�culos que surgem na aplica��o do artigo 212.� do C�digo Penal Org�nico Integral em casos de roubo de identidade digital. � utilizada uma metodologia qualitativa, baseada numa abordagem doutrinal, numa an�lise normativo-legal rigorosa e numa revis�o exaustiva da jurisprud�ncia relevante. Os resultados desta pesquisa revelam que a inadequa��o intr�nseca da atual tipifica��o penal, elaborada sob paradigmas tradicionais, gera dificuldades interpretativas substanciais quando aplicada � realidade fluida e complexa do ciberespa�o. Especificamente, a ambiguidade na defini��o dos elementos t�picos e, crucialmente, o requisito do "benef�cio" como requisito constitutivo do crime, conduz a uma exclus�o problem�tica de condutas que, embora claramente prejudiciais para as v�timas, n�o visam o lucro direto. Consequentemente, � urgentemente necess�ria uma reforma abrangente do quadro jur�dico e judicial equatoriano. Esta reforma deve contemplar, em primeiro lugar, uma atualiza��o da tipifica��o criminal que incorpore de forma expl�cita e precisa as especificidades e modalidades do furto de identidade no ciberespa�o. Em segundo lugar, prop�e-se a implementa��o de unidades especializadas descentralizadas, dotadas dos recursos t�cnicos e humanos necess�rios para lidar com a complexidade dos cibercrimes.

Palavras-chave: Personifica��o digital; COIP; prote��o judicial eficaz; crimes cibern�ticos; direitos digitais.

 

 

Introducci�n

La revoluci�n tecnol�gica ha transformado radicalmente las din�micas sociales y jur�dicas contempor�neas, generando nuevas modalidades delictivas que desaf�an los paradigmas tradicionales del derecho penal. Los ciberdelitos han evolucionado desde simples infracciones inform�ticas hacia complejas estructuras criminales transnacionales que operan en el ciberespacio, entre varios delitos que puede consumar existe la suplantaci�n de identidad. En este entorno de convivencia, los cr�menes son una de esas caracter�sticas negativas que se transforman al mismo tiempo que avanza la sociedad. As�, hace cincuenta a�os era imposible pensar que surgir�an delitos inform�ticos como la suplantaci�n de identidad, lo que hoy trae consigo graves problemas en el actuar legal y social, tanto en Ecuador como a nivel internacional.

La suplantaci�n de identidad digital se ha consolidado como uno de los fen�menos criminales m�s lesivos en el contexto de la transformaci�n tecnol�gica contempor�nea. Mendoza Enr�quez y Enr�quez Rodr�guez (2024) se�alan que "la r�pida transformaci�n tecnol�gica impone la imperiosa necesidad de actualizar el marco legal para preservar los derechos fundamentales en el entorno digital" (p.31)., especialmente cuando la digitalizaci�n de la administraci�n p�blica y el tratamiento masivo de datos personales exponen a los ciudadanos a nuevas formas de vulnerabilidad. En este escenario, la ciberdelincuencia, que comprende diversas actividades delictivas que atacan tecnolog�as de la informaci�n o que utilizan dichas tecnolog�as como medio para cometer il�citos (UNODC, 2022), encuentra en la suplantaci�n de identidad una de sus manifestaciones m�s perjudiciales. Esta problem�tica adquiere particular relevancia en Ecuador, donde el crecimiento exponencial del uso de plataformas digitales, combinado con marcos normativos que a�n requieren actualizaci�n, ha intensificado la exposici�n de los ciudadanos ante estos delitos, evidenciando la urgente necesidad de que el Derecho evolucione de su rol tradicionalmente reactivo hacia un enfoque anticipatorio que mitigue los riesgos emergentes en el ciberespacio.

El C�digo Org�nico Integral Penal ecuatoriano (COIP, 2014), promulgado en 2014, tipifica la suplantaci�n de identidad en su art�culo 212, estableciendo que "la persona que suplante la identidad de otra para obtener un beneficio para s� o para un tercero ser� sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres a�os". No obstante, la aplicaci�n de este tipo penal a conductas realizadas en el ciberespacio presenta dificultades interpretativas significativas que comprometen la efectividad del sistema de justicia penal. Como se�al� Grabosky (2001), las primeras manifestaciones de la criminalidad inform�tica representaban 'old wine in new bottles' (p. 243), sugiriendo que estos delitos eran esencialmente cr�menes tradicionales cometidos a trav�s de nuevos medios tecnol�gicos.

Este problema va m�s all� de lo t�cnico y normativo, ya que las caracter�sticas espec�ficas de la suplantaci�n digital generan obst�culos sistem�ticos que vulneran cada una de estas dimensiones. En este contexto de creciente digitalizaci�n y simult�nea vulnerabilidad, la presente investigaci�n se propone analizar las dificultades espec�ficas que enfrenta la aplicaci�n del delito de suplantaci�n de identidad digital en el marco del C�digo Org�nico Integral Penal ecuatoriano.

La hip�tesis central que gu�a este estudio sostiene que las caracter�sticas t�cnicas del ciberespacio, combinadas con la inadecuaci�n del marco normativo vigente y las limitaciones institucionales del sistema de justicia, generan una vulneraci�n sistem�tica del derecho a la tutela judicial efectiva de las v�ctimas de suplantaci�n digital. Esta hip�tesis se fundamenta en la premisa de que un sistema legal dise�ado para una realidad predigital se torna ineficaz ante la complejidad de la criminalidad cibern�tica, perpetuando la impunidad y desincentivando la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. La investigaci�n espera responder a la pregunta de investigaci�n subsidiaria planteada sobre qu� elementos t�picos espec�ficos requiere el art�culo 212 del COIP para tipificar adecuadamente la suplantaci�n de identidad digital en redes sociales y c�mo pueden incorporarse estos elementos respetando los principios de legalidad penal y las particularidades t�cnicas del medio digital.

La investigaci�n se enmarca en un enfoque cualitativo de car�cter jur�dico-anal�tico, orientado a comprender la interacci�n entre el derecho penal ecuatoriano y la suplantaci�n de identidad digital. Se estructur� en cuatro fases: an�lisis normativo del art�culo 212 del COIP y normas conexas sobre tutela judicial efectiva y ciberseguridad; revisi�n jurisprudencial de fallos emitidos entre 2014 y 2024; estudio doctrinal especializado en ciberdelincuencia y derechos digitales; y an�lisis comparado de legislaciones extranjeras relevantes. Se emplearon t�cnicas de an�lisis documental y an�lisis de contenido tem�tico, permitiendo identificar problem�ticas como ambig�edad normativa, obst�culos probatorios y limitaciones procesales. La investigaci�n no busca generalizaci�n estad�stica, sino una comprensi�n profunda y contextual del fen�meno jur�dico abordado.

 

 

 

Desarrollo

La Suplantaci�n de Identidad Digital

La suplantaci�n de identidad digital no puede entenderse simplemente como una variante tecnol�gica de un delito tradicional, sino que constituye una manifestaci�n cualitativamente distinta de la ciberdelincuencia, que exige una conceptualizaci�n aut�noma. La irrupci�n masiva de internet y las tecnolog�as de la informaci�n y comunicaci�n ha dado lugar a un nuevo entorno: el ciberespacio, el cual posee caracter�sticas �nicas que transforman la manera en que se configuran las conductas delictivas. En este contexto, surgen nuevas modalidades delictivas que afectan bienes jur�dicos fundamentales adaptados a las din�micas de la era digital.

Mendoza et al. (2025) ofrece una conceptualizaci�n fundamental al describir los ciberdelitos como aquellas conductas il�citas que se caracterizan por utilizar la tecnolog�a, ya sea como el medio para cometer el delito, como el objetivo de la agresi�n criminal, o, en muchas ocasiones, como ambos. En el caso de la suplantaci�n de identidad digital, la tecnolog�a es intr�nseca tanto al acto de suplantar (el medio, por ejemplo, una red social o un correo electr�nico) como al bien jur�dico agredido (la identidad digital en el ciberespacio). Espec�ficamente, la suplantaci�n digital implica la apropiaci�n de elementos identificativos de otra persona en el ciberespacio con el prop�sito de hacerse pasar por ella, generalmente para obtener alg�n tipo de ventaja o causar un perjuicio. Esta conceptualizaci�n encuentra un s�lido respaldo en la doctrina penal especializada. Romeo Casabona y Chocl�n (2006) define los delitos inform�ticos como aquellos que "tienen por objeto la agresi�n a bienes o intereses relacionados con los sistemas inform�ticos". En el caso particular de la suplantaci�n digital, el bien jur�dico protegido trasciende la mera integridad o seguridad de los sistemas inform�ticos para centrarse en un aspecto m�s profundo y personal: la identidad personal proyectada y construida en el ciberespacio.

La suplantaci�n de identidad en el entorno digital no solo replica formas tradicionales de enga�o, sino que adquiere una dimensi�n cualitativamente distinta debido a las propiedades inherentes del ciberespacio. Como ha se�alado Mir� (2012), la naturaleza transfronteriza, descentralizada y propicia al anonimato del entorno digital permite que este tipo de delitos se cometan desde cualquier ubicaci�n del mundo, afectando simult�neamente a m�ltiples v�ctimas en distintas jurisdicciones, sin las barreras f�sicas que limitan los delitos convencionales. Esta capacidad de escalamiento inmediato y global configura un nuevo paradigma delictivo, en el que una sola acci�n puede tener efectos masivos y casi instant�neos. Adem�s, estas caracter�sticas hacen que la suplantaci�n digital sea especialmente atractiva para estructuras de crimen organizado transnacional, que aprovechan el anonimato y la dispersi�n geogr�fica para cometer fraudes, lavado de activos o trata de personas, utilizando identidades suplantadas como herramientas operativas clave.

Otro elemento diferenciador es la complejidad t�cnica y probatoria que conlleva su investigaci�n. La persecuci�n de estos delitos requiere conocimientos avanzados en inform�tica forense, redes y ciberseguridad. Factores como la volatilidad de la evidencia digital, el uso de herramientas de anonimato (como VPNs o la red Tor), y la necesidad de cooperaci�n internacional con proveedores de servicios digitales, dificultan la recolecci�n de pruebas y la atribuci�n de responsabilidades. A esto se suma la transnacionalidad inherente al delito, ya que los ofensores pueden operar desde un pa�s, afectar a una v�ctima en otro, y usar servidores en territorios adicionales, lo que complica la determinaci�n de competencia judicial y los mecanismos de asistencia internacional.

Un eje fundamental para abordar jur�dicamente este fen�meno es la identificaci�n del bien jur�dico protegido. En el contexto digital, la identidad personal adopta una nueva dimensi�n: la identidad digital, la cual ha emergido como un bien jur�dico aut�nomo que merece protecci�n espec�fica. Como se�ala Fern�ndez Burgue�o (2012), en la era de la informaci�n existe un nuevo derecho a la identidad digital que no se limita a los datos f�sicos o registrales de una persona, sino que abarca tambi�n su presencia, reputaci�n e interacci�n dentro del ciberespacio. El entorno digital permite a las personas desarrollar relaciones sociales, laborales, acad�micas y comerciales que pueden verse severamente afectadas por actos de suplantaci�n, produciendo da�os no solo a su imagen, sino tambi�n a su credibilidad, acceso a servicios, relaciones y oportunidades profesionales.

En este sentido, De Miguel Asensio (2022) destaca tres propiedades clave de la identidad digital que refuerzan la necesidad de su protecci�n penal diferenciada: la persistencia, ya que la informaci�n digital tiende a mantenerse en l�nea de forma indefinida, incluso tras intentar eliminarla; la replicabilidad, pues los datos pueden ser copiados y difundidos casi instant�neamente sin l�mites; y la desterritorializaci�n, dado que la identidad digital no se encuentra sujeta a fronteras geogr�ficas, dificultando la persecuci�n de delitos y la determinaci�n de la jurisdicci�n aplicable.

Frente a este panorama, reconocer jur�dicamente la identidad digital como un bien jur�dico aut�nomo se vuelve indispensable para una respuesta penal efectiva. En Ecuador, la ineficacia del marco normativo actual se explica, en buena parte, por no haber incorporado estas particularidades del entorno digital. Por tanto, es urgente que el derecho penal evolucione hacia una concepci�n que comprenda y proteja adecuadamente la identidad en el ciberespacio, no solo para garantizar los derechos fundamentales de las personas, sino tambi�n para consolidar un entorno digital seguro y confiable.

1.     An�lisis Dogm�tico del Art�culo 212 del COIP en el Contexto Digital

El art�culo 212 del C�digo Org�nico Integral Penal de Ecuador tipifica el delito de suplantaci�n de identidad en los siguientes t�rminos: �La persona que, para obtener un beneficio para s� o para un tercero, suplante la identidad de otra, ser� sancionada...�. Aunque esta disposici�n representa un avance en el reconocimiento de conductas lesivas vinculadas a la identidad, su redacci�n evidencia limitaciones estructurales que dificultan su aplicaci�n efectiva en el entorno digital. Desde una perspectiva dogm�tica penal, tanto el tipo objetivo como el tipo subjetivo presentan ambig�edades conceptuales que comprometen la eficacia del tipo penal ante la creciente sofisticaci�n de las modalidades delictivas en el ciberespacio.

Desde el punto de vista del tipo objetivo, el sujeto activo del delito se define de manera amplia como �la persona que�, lo cual configura un delito com�n, susceptible de ser cometido por cualquier individuo. No obstante, en el contexto de los ciberdelitos, como es el caso de la suplantaci�n digital, se evidencia una realidad mucho m�s compleja, donde la conducta delictiva puede involucrar una cadena de actores con roles diferenciados como programadores que desarrollan bots, intermediarios que comercializan identidades y operadores que ejecutan la suplantaci�n efectiva. Esta fragmentaci�n operativa desaf�a los principios cl�sicos de autor�a y participaci�n del derecho penal, pues dificulta la individualizaci�n de la responsabilidad penal conforme a los esquemas tradicionales de imputaci�n subjetiva. A ello se suma la problem�tica sem�ntica de la conducta t�pica �suplantar la identidad de otra�, cuya vaguedad impide una interpretaci�n precisa en el �mbito digital, donde la identidad no es un�voca ni est�tica, sino un constructo multifac�tico que abarca desde credenciales de acceso y nombres de usuario, hasta im�genes, voces, datos biom�tricos y reputaci�n digital.

As�, la aplicaci�n del tipo penal es deficiente por no distinguir entre las m�ltiples formas en que se puede materializar la suplantaci�n en el ciberespacio. Las conductas van desde la creaci�n de perfiles falsos con datos de terceros en redes sociales, el acceso no autorizado a cuentas electr�nicas mediante la apropiaci�n de contrase�as, hasta la generaci�n de contenido audiovisual manipulado mediante tecnolog�as como los deepfakes. Todas estas modalidades comparten el mismo n�cleo lesivo: la apropiaci�n ileg�tima de una identidad digital, pero difieren en su grado de afectaci�n, modalidad de ejecuci�n y potencial lesivo. La norma, al no contemplar esta diversidad, traslada al operador de justicia la carga de decidir si tales conductas se subsumen o no en el tipo penal, lo que ha generado disparidades jurisprudenciales y una aplicaci�n err�tica e insegura de la norma.

Por otro lado, el tipo subjetivo presenta una deficiencia a�n m�s cr�tica. La exigencia de que el sujeto activo act�e �para obtener un beneficio para s� o para un tercero� limita de manera injustificada el �mbito de protecci�n penal frente a las m�ltiples finalidades que pueden motivar la suplantaci�n digital. Esta visi�n restringida contrasta con la realidad criminol�gica del ciberespacio, en la cual el objetivo del agresor puede no ser econ�mico, sino psicol�gico, social o pol�tico. En la pr�ctica judicial se observan casos de suplantaci�n con fines de acoso, da�o reputacional, venganza, hostigamiento o manipulaci�n social, cuya gravedad es innegable, pero que no encajan dentro del concepto de "beneficio" tradicionalmente entendido como ganancia patrimonial. Esta exigencia deja fuera del alcance del derecho penal una vasta gama de conductas lesivas, contrariando el principio de lesividad, que exige proteger bienes jur�dicos relevantes m�s all� del inter�s econ�mico. Adem�s, esta limitaci�n fomenta la impunidad y la desprotecci�n de v�ctimas que, aunque afectadas en su honra, privacidad o integridad psicoemocional, no ven satisfecho su derecho a la tutela judicial efectiva por la inadecuada configuraci�n normativa del delito.

La dogm�tica penal contempor�nea ha insistido en que el an�lisis del tipo penal debe ser funcional a la realidad social y al bien jur�dico protegido. En este caso, la identidad digital, entendida como una manifestaci�n de la personalidad en el entorno virtual, es un bien jur�dico aut�nomo cuya protecci�n exige una normativa adecuada. La concepci�n actual del art�culo 212 del COIP evidencia un rezago normativo que no alcanza a cubrir la complejidad y diversidad de las conductas t�picas en el entorno digital. La jurisprudencia nacional refleja esta inadecuaci�n, al presentar criterios contradictorios sobre la configuraci�n del delito, el momento consumativo y la exigencia del beneficio. Mientras algunos tribunales han considerado que la sola creaci�n de un perfil falso constituye suplantaci�n consumada, otros han exigido actos adicionales para configurar el tipo penal, como el uso efectivo de la identidad suplantada. Estas discrepancias, lejos de enriquecer el debate judicial, generan inseguridad jur�dica, desigualdad de trato y obstaculizan la respuesta penal frente a este fen�meno creciente.

El art�culo 212 del COIP, si bien representa un intento legislativo por afrontar la problem�tica de la suplantaci�n de identidad, evidencia una estructura dogm�ticamente d�bil e inadecuada para el contexto digital. La redacci�n del tipo objetivo, por su ambig�edad, y la inclusi�n del elemento subjetivo del beneficio, por su car�cter restrictivo, impiden que el tipo penal cumpla eficazmente su funci�n preventiva y punitiva. Es imperativo avanzar hacia una reforma legislativa que redefina con mayor precisi�n la conducta t�pica, elimine la exigencia de beneficio como elemento constitutivo y reconozca expresamente la identidad digital como bien jur�dico tutelado, garantizando as� la adecuaci�n normativa, la coherencia dogm�tica y la tutela efectiva de los derechos fundamentales en el entorno digital.

La siguiente tabla sintetiza de manera cualitativa la profunda desconexi�n existente entre la formulaci�n actual del art�culo 212 del COIP y las realidades operativas y lesivas de la suplantaci�n de identidad en el entorno digital.

Tabla 1

Desconexi�n entre la Tipificaci�n del Art. 212 COIP y la Realidad Digital

Fuente: Elaboraci�n Propia

 

2.     El Principio de Legalidad en el Contexto de la Justicia Digital

En el Estado constitucional de derechos, el principio de legalidad constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jur�dico, estableciendo que toda actuaci�n del poder p�blico debe encontrarse previamente autorizada por la ley. El art�culo 226 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador consagra este principio al establecer que "las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores p�blicos y las personas que act�en en virtud de una potestad estatal ejercer�n solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constituci�n y la ley". Este principio adquiere nuevas complejidades en el contexto de la transformaci�n digital del sistema judicial.

Marco Jurisprudencial sobre Seguridad Jur�dica Digital

La Corte Constitucional del Ecuador ha desarrollado una comprensi�n robusta del principio de legalidad en su intersecci�n con la seguridad jur�dica digital. En la Sentencia No. 964-17-EP/22, la Corte recuerda que la seguridad jur�dica demanda �un ordenamiento jur�dico previsible, claro, determinado, estable y coherente que le permita al individuo tener una noci�n razonable de las reglas del juego que le ser�n aplicadas� (p�rr. 39). Adem�s, precis� que para que exista vulneraci�n del derecho a la seguridad jur�dica las transgresiones normativas deben tener trascendencia constitucional (p�rr. 41), y que las autoridades jurisdiccionales deben actuar dentro del marco de sus competencias para proteger los derechos, evitando desnaturalizar las garant�as (p�rr. 42).

El Debido Proceso como Principio Constitucional

La Sentencia No. 546-12-EP/20 (8 de julio de 2020) construye el marco para entender el debido proceso como principio y sus reglas de garant�a. La Corte se�al� que �el derecho al debido proceso es un principio constitucional que est� rodeado de una serie de reglas constitucionales de garant�a (art. 76 de la Constituci�n y sus numerales; por ejemplo, la garant�a de no ser juzgado ni sancionado por un acto u omisi�n que, al momento de cometerse, no est� tipificado en la ley como infracci�n penal; o la garant�a de, en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplique la menos rigurosa, aun cuando su promulgaci�n sea posterior a la infracci�n)� (p�rr. 23.1).

Agreg� que �si bien el derecho al debido proceso es el principio que fundamenta las mencionadas reglas de garant�a, la suma de estas no agota el alcance de aquel derecho. As�, los casos de violaci�n de las se�aladas garant�as no son los �nicos supuestos de vulneraci�n del derecho al debido proceso� (p�rr. 23.2); y que �la legislaci�n procesal est� llamada a configurar el ejercicio del derecho al debido proceso y de sus garant�as [�] a trav�s de un conjunto de reglas de tr�mite� (p�rr. 23.).

 

 

Criterios de Relevancia Constitucional

La Corte tambi�n precis� que no toda infracci�n de reglas de tr�mite tiene relevancia constitucional: se requiere que, adem�s de violarse la ley procesal, se socave el debido proceso como principio (p�rr. 23.4). Asimismo, reconoci� que �para que la vulneraci�n del derecho al debido proceso se produzca no es condici�n necesaria que se haya violado una regla de tr�mite de rango legal, pues bien puede haber situaciones de vulneraci�n at�picas� (p�rr. 23.5).

Test de Argumentaci�n Completa

En la misma 546-12-EP/20, la Corte recogi� un test de tres elementos para identificar vulneraciones constitucionales en acciones extraordinarias de protecci�n: (18.1) una tesis o conclusi�n que identifique el derecho fundamental presuntamente vulnerado; (18.2) la base f�ctica, se�alando la acci�n u omisi�n judicial imputada; y (18.3) una justificaci�n jur�dica que muestre por qu� esa acci�n u omisi�n vulnera directamente el derecho (arts. 62.1 LOGJCC [sic en el texto original]).

Prueba Digital y Motivaci�n Judicial

Sobre prueba tecnol�gica, la Sentencia No. 2385-17-EP/21 sostuvo que la valoraci�n probatoria corresponde a los jueces de instancia y que, por su naturaleza, no es materia propia de la acci�n extraordinaria de protecci�n (p�rrs. 26-27). En esa causa, al examinar una denuncia virtual y su autor�a, la Corte advirti� la falta de nexo causal y cuestion� la ausencia de firma electr�nica que permitiera atribuirla al accionado (p�rr. 33).

Respecto del deber de motivar, la Sentencia No. 2698-19-EP/24 reiter� que, trat�ndose de garant�as jurisdiccionales, el est�ndar de suficiencia es elevado: las resoluciones deben (i) enunciar las normas o principios en que se fundan, (ii) explicar su pertinencia frente a los hechos, y (iii) analizar si hubo o no vulneraci�n de derechos (p�rr. 29). A su vez, la 2385-17-EP/21 sistematiz� dos escenarios t�picos de violaci�n de motivaci�n: insuficiencia (falta de enunciaci�n de normas o de explicaci�n de su pertinencia) e inexistencia de motivaci�n (ausencia total de argumentaci�n) (p�rr. 29).

Garant�as Jurisdiccionales y Justicia Digital

La jurisprudencia ha enfatizado la responsabilidad de los jueces constitucionales en el contexto digital. Como estableci� la Corte en la Sentencia No. 964-17-EP/22, "corresponde a los jueces constitucionales velar [por] que las garant�as jurisdiccionales no se desnaturalicen para que estas cumplan su prop�sito de proteger derechos, de otra manera, las autoridades judiciales no garantizar�an el respeto a la Constituci�n, violando la seguridad jur�dica" (p�rr. 53).

Sobre las violaciones de motivaci�n en contextos tecnol�gicos, la Corte precis� en la Sentencia No. 2385-17-EP/21 que estas se producen principalmente en dos escenarios: "La insuficiencia de motivaci�n, cuando se incumplen alguno de los criterios que nacen de la propia Constituci�n como son la enunciaci�n de las normas y la explicaci�n de la pertinencia de su aplicaci�n al caso concreto; y 2. La inexistencia de motivaci�n, siendo esta una ausencia completa de argumentaci�n de la decisi�n" (p�rr. 29).

Reserva Legal en Actuaciones Digitales

En cuanto a la reserva legal en actuaciones judiciales digitales, la Corte determin� en la Sentencia No. 964-17-EP/22 que cuando las autoridades judiciales act�an fuera del marco legal establecido, "se tramit� una apelaci�n por fuera de un marco legal previo, previsible y p�blico", lo que constituye una vulneraci�n del principio de legalidad que "dej� subsistentes las medidas cautelares constitucionales que previamente fueron revocadas" (p�rr. 52). Este criterio resulta especialmente relevante para las implementaciones tecnol�gicas que deben encontrar sustento normativo previo y respetar los marcos procedimentales establecidos.

La jurisprudencia constitucional ecuatoriana ha establecido un marco conceptual robusto para abordar los desaf�os del principio de legalidad en la era digital. Los criterios desarrollados por la Corte Constitucional, especialmente la distinci�n entre el debido proceso como "principio constitucional" y las "reglas constitucionales de garant�a", junto con el reconocimiento de "situaciones de vulneraci�n at�picas", proporcionan las herramientas necesarias para evaluar cu�ndo las implementaciones tecnol�gicas trascienden la irregularidad procesal para convertirse en vulneraciones constitucionales que requieren tutela judicial efectiva.

Este enfoque jurisprudencial permite articular la innovaci�n tecnol�gica con las garant�as fundamentales. La literatura especializada propone que 'la digitalizaci�n de la justicia debe seguir principios de optatividad, identidad y revocabilidad para garantizar que no se vulnere el acceso a la justicia de las personas carentes de alfabetizaci�n digital' (Morales-G�lvez, 2022, p. 190). Esta consideraci�n es fundamental para preservar el car�cter universal del derecho al acceso a la justicia, asegurando que la transformaci�n digital del sistema judicial fortalezca, en lugar de debilitar, los pilares del Estado constitucional de derechos.

Derecho Comparado

Espa�a: La reforma del C�digo Penal espa�ol en 2015 represent� un avance significativo al incluir tipos penales espec�ficos que contemplan diversas modalidades de suplantaci�n digital, diferenciando entre la suplantaci�n con fines econ�micos, la realizada para cometer otros delitos y la que busca causar perjuicio a la v�ctima sin beneficio para el autor. Crucialmente, esta reforma elimin� la exigencia del "beneficio" como elemento constitutivo en muchos de los casos de suplantaci�n, reconociendo que el da�o puede ser de naturaleza no patrimonial. Adem�s, se establecieron agravantes espec�ficas por el uso de tecnolog�as, lo que permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las nuevas formas de comisi�n del delito. Esta diferenciaci�n y precisi�n normativa ha facilitado la labor judicial y ha reducido las lagunas de impunidad.

Colombia: Un referente importante en Am�rica Latina es la Ley 1273 de 2009 de Colombia, que cre� un cap�tulo espec�fico para los delitos inform�ticos, incluyendo no solo la suplantaci�n de sitios web, sino tambi�n el uso no autorizado de datos personales y la violaci�n de datos personales. Esta legislaci�n integral ha sido complementada con la implementaci�n de unidades especializadas y el desarrollo de protocolos de investigaci�n adaptados a la naturaleza digital de los delitos, lo que ha mejorado las tasas de efectividad en la persecuci�n de estas conductas.

Chile: Chile ha avanzado en la especializaci�n de sus �rganos de persecuci�n penal. Ha implementado unidades especializadas de investigaci�n de delitos inform�ticos dentro del Ministerio P�blico, dotadas de fiscales y personal t�cnico capacitado espec�ficamente en la materia. Estas unidades cuentan con protocolos estandarizados de investigaci�n, herramientas tecnol�gicas adecuadas y, lo que es crucial, canales expeditos de cooperaci�n internacional. Los resultados cualitativos de estas unidades muestran una mejora significativa en la capacidad de respuesta del sistema de justicia, lo que subraya la importancia de la especializaci�n.

Argentina: Este pa�s ha actualizado su marco normativo, contemplando tambi�n las particularidades del ciberespacio y adoptando un enfoque m�s flexible para la persecuci�n de los delitos inform�ticos, aunque con diferentes niveles de desarrollo en la implementaci�n de unidades especializadas.

Estados Unidos: Su experiencia en ciberseguridad destaca por contar con legislaci�n federal espec�fica como la Computer Fraud and Abuse Act, que establece penas severas para delitos inform�ticos, incluyendo la suplantaci�n de identidad digital. Su sistema se caracteriza por una robusta cooperaci�n entre agencias federales y estatales, lo que permite una respuesta coordinada en la lucha contra el cibercrimen. (Ord��ez C�rdova, 2024) destaca que los desaf�os futuros para Ecuador incluyen la necesidad de fortalecer las capacidades t�cnicas institucionales y mejorar la cooperaci�n internacional, se�alando que el pa�s ha participado en acuerdos y foros internacionales sobre ciberseguridad, pero a�n requiere mayor desarrollo en estos aspectos.

Uni�n Europea: A nivel regional, la Directiva 2013/40/UE establece est�ndares m�nimos para la tipificaci�n de delitos inform�ticos, obligando a los Estados miembros a adoptar medidas legislativas espec�ficas. Esta armonizaci�n normativa regional es fundamental, ya que facilita la cooperaci�n transfronteriza en la persecuci�n de estos delitos, un aspecto crucial dada la naturaleza transnacional de la suplantaci�n digital.

De este an�lisis comparado, se desprenden elementos fundamentales para mejorar la efectividad en la persecuci�n de la suplantaci�n digital en Ecuador: la necesidad de especializaci�n normativa, la capacitaci�n continua, la creaci�n de unidades especializadas con recursos adecuados, el desarrollo de protocolos de investigaci�n adaptados a la evidencia digital y el fortalecimiento de la cooperaci�n internacional.

Tabla 2

Propuestas de fortalecimiento institucional del sistema de justicia penal

Fuente: Elaboraci�n Propia

 

Discusi�n

La suplantaci�n de identidad digital constituye un desaf�o jur�dico profundo para el sistema penal ecuatoriano, tanto por su naturaleza t�cnica como por el desfase entre la realidad digital y el marco normativo vigente. Como se ha evidenciado a lo largo de esta investigaci�n, el art�culo 212 del COIP presenta limitaciones dogm�ticas que obstaculizan la persecuci�n eficaz de estas conductas. La exigencia del �beneficio� como elemento constitutivo del tipo penal excluye supuestos lesivos que no persiguen fines econ�micos, como el acoso, la venganza o el da�o reputacional, dejando a las v�ctimas sin posibilidad de una tutela judicial efectiva.

Este d�ficit normativo no es solo un problema t�cnico de redacci�n legal, sino que genera consecuencias directas en los derechos fundamentales de las personas. Al no reconocer de forma expl�cita a la identidad digital como un bien jur�dico aut�nomo, el ordenamiento penal ecuatoriano no logra proteger adecuadamente la dimensi�n digital de la personalidad, lo que implica una regresi�n en materia de garant�as frente a la evoluci�n de las formas de criminalidad contempor�nea. La r�pida transformaci�n tecnol�gica impone la imperiosa necesidad de actualizar el marco legal para preservar los derechos fundamentales en el entorno digital. En un escenario donde la digitalizaci�n de la administraci�n p�blica, la automatizaci�n de procesos y el tratamiento masivo de datos personales son protagonistas, el Derecho debe dejar de ser meramente reactivo para anticipar y mitigar los riesgos emergentes en el ciberespacio. Como se�ala Granero (2025), este camino hacia una coexistencia armoniosa entre la innovaci�n y la protecci�n de derechos exige un compromiso efectivo de legisladores y autoridades para reordenar y actualizar las normativas, garantizando as� la privacidad, la integridad de la identidad digital y la seguridad en el manejo de la informaci�n personal (p. 157).

Adem�s de las deficiencias sustantivas, el sistema judicial enfrenta obst�culos procesales y estructurales que profundizan la vulneraci�n del derecho a la tutela judicial efectiva. Seg�n el (Banco Mundial 2022), "la mayor�a de los jueces desconocen a profundidad los delitos inform�ticos y los temas t�cnicos, como el reconocimiento de la evidencia digital" (p. 80), y de los tres actores del sector de justicia criminal, "la funci�n judicial tiene capacidades m�s limitadas en el �mbito de los ciberdelitos" (p. 80). Las v�ctimas deben atravesar un proceso burocr�tico marcado por la desinformaci�n, la revictimizaci�n y la falta de personal capacitado. La Unidad de Delitos Cibern�ticos de la Polic�a Nacional opera con apenas 21 investigadores para todo el pa�s, manejando un promedio de 200 investigaciones por agente, lo que genera "una carga laboral muy alta" que "impide avanzar m�s r�pido en las investigaciones" (Banco Mundial, 2022, p. 79). Esta situaci�n se agrava considerablemente por la falta de conocimiento especializado: el Consejo de la Judicatura "desde hace tiempo no realiza capacitaciones sobre evidencia digital u otros temas relevantes para resolver casos de delitos inform�ticos" y "los jueces, en general, no comprenden los temas t�cnicos relacionados con los delitos inform�ticos" (Banco Mundial, 2022, p. 80). La inexistencia de protocolos claros y especializados, sumada a la ausencia hist�rica de una fiscal�a especializada en delitos inform�ticos hasta junio de 2022, incrementa significativamente el riesgo de impunidad.

En este escenario, la experiencia comparada aporta insumos valiosos. Como se�ala Mart�nez Galindo (2024), el C�digo Penal espa�ol no sanciona el mero hecho de suplantar la identidad de alguien, sino los comportamientos que se llevan a cabo a posteriori, lo que evidencia la necesidad de una reforma que reconozca las afectaciones extrapatrimoniales de la suplantaci�n digital, m�s all� del tradicional requisito de beneficio econ�mico. Colombia, por su parte, ha impulsado reformas normativas e institucionales orientadas a la especializaci�n y la investigaci�n digital, permitiendo una mejor persecuci�n de estos delitos (Ley 1273 de 2009). La tendencia com�n en estos pa�ses es clara: actualizar los tipos penales, reconocer la identidad digital como bien jur�dico protegido y crear unidades t�cnicas especializadas que operen con autonom�a y recursos suficientes.

Frente a este panorama, el Ecuador requiere una reforma integral en tres niveles: normativo, procesal e institucional. En lo normativo, resulta imprescindible una modificaci�n del art�culo 212 del COIP que elimine la exigencia del beneficio y establezca con claridad las distintas formas de suplantaci�n digital, contemplando agravantes espec�ficas. En el �mbito procesal, deben implementarse protocolos para la conservaci�n urgente de evidencia digital, establecer plazos procesales adecuados a la complejidad de los ciberdelitos y permitir mecanismos de cooperaci�n directa con proveedores internacionales. Finalmente, a nivel institucional, urge la creaci�n de unidades especializadas en ciberdelitos con presencia territorial, as� como un laboratorio forense digital que permita la conservaci�n y an�lisis t�cnico de pruebas con est�ndares de cadena de custodia.

En t�rminos de pol�tica criminal, no se trata simplemente de castigar m�s o endurecer penas, sino de garantizar que el sistema judicial responda de forma eficaz y proporcional al fen�meno de la suplantaci�n digital. La inacci�n de los Estados frente al crecimiento exponencial de la ciberdelincuencia genera un vac�o de protecci�n que deja a las v�ctimas en una situaci�n de indefensi�n. Como se�alan varios autores, el fracaso de las autoridades en investigar y sancionar estos delitos no solo perpet�a la impunidad, sino que tambi�n crea una percepci�n de que el ciberespacio es una zona sin ley. Esto, a su vez, socava la confianza ciudadana en las instituciones judiciales y en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales en el entorno digital, lo que profundiza la brecha de desigualdad entre las v�ctimas de delitos tradicionales y las de cr�menes cibern�ticos (Estrada Salvador Ramirez, 2024).

La investigaci�n desarrollada no s�lo confirma la hip�tesis planteada, sino que evidencia la urgencia de una transformaci�n profunda que permita al derecho penal ecuatoriano insertarse de forma coherente en la sociedad digital. La adecuaci�n normativa, la especializaci�n t�cnica y la cooperaci�n internacional deben entenderse no como opciones, sino como obligaciones constitucionales del Estado ecuatoriano para garantizar el derecho de las v�ctimas a una justicia real, oportuna y efectiva.

 

Conclusiones

La presente investigaci�n ha demostrado que el marco normativo ecuatoriano vigente, en particular el art�culo 212 del C�digo Org�nico Integral Penal, resulta insuficiente para enfrentar adecuadamente la problem�tica de la suplantaci�n de identidad digital. La exigencia del �beneficio indebido� como elemento del tipo penal limita gravemente la protecci�n de la identidad digital como bien jur�dico aut�nomo, dejando desprotegidas a las v�ctimas de afectaciones no patrimoniales como el da�o moral, el acoso o la usurpaci�n de personalidad.

Las barreras de acceso a la justicia cognitivas, institucionales y econ�micas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art�culo 75 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador y desarrollado por la jurisprudencia nacional e interamericana. Estas barreras impiden que las v�ctimas puedan interponer denuncias con eficacia, acceder a una defensa t�cnica especializada, y obtener una reparaci�n integral oportuna, lo cual configura una forma de denegaci�n de justicia material.

El an�lisis comparado permiti� establecer que pa�ses como Espa�a y Colombia han avanzado en el reconocimiento de la identidad digital como objeto de protecci�n penal aut�noma, eliminado elementos restrictivos del tipo penal, e impulsando la creaci�n de unidades institucionales especializadas con competencias t�cnicas y territoriales. Estas experiencias constituyen referencias fundamentales para el desarrollo de una pol�tica criminal ecuatoriana acorde con la complejidad del entorno digital.

Por tanto, es imprescindible, una reforma integral en tres niveles: (i) reforma normativa, que redefina el delito de suplantaci�n de identidad digital con base en la protecci�n de la identidad como derecho personal�simo, sin requerir beneficio econ�mico; (ii) reforma procesal, que establezca mecanismos expeditos para la conservaci�n de evidencia digital, plazos adecuados a la naturaleza de los ciberdelitos, y protocolos de cooperaci�n internacional; y (iii) fortalecimiento institucional, mediante la creaci�n de unidades especializadas en ciberdelitos, laboratorios forenses digitales y mecanismos de atenci�n integral a v�ctimas.

El Estado ecuatoriano debe asumir como una obligaci�n constitucional y convencional la adecuaci�n de su sistema penal al entorno digital. Esto no solo implica sancionar con eficacia a los autores de estos delitos, sino garantizar a las v�ctimas una respuesta judicial real, oportuna y efectiva que respete su dignidad, restituya sus derechos y restaure su confianza en la justicia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias

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