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La instigaci�n al suicidio y la violencia de g�nero, derecho comparado entre Ecuador y Panam�

 

Instigation to suicide and gender violence, comparative law between Ecuador and Panama

 

Instiga��o ao suic�dio e viol�ncia de g�nero, direito comparado entre Equador e Panam�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: Mgaibor10@indoamerica.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 25 agosto de 2025 *Aceptado: 01 de septiembre de 2025 * Publicado: �07 de octubre de 2025

 

        I.            Estudiante de Octavo Semestre de la carrera de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Pol�ticas y Econ�micas, Ecuador.

      II.            Licenciado en Ciencias pol�ticas, abogado de los Juzgados y Tribunales del Ecuador, Doctor en Jurisprudencia, Magister en Derecho Penal y Procesal Penal y Magister en Administraci�n y Docencia Universitaria, Docente a tiempo completo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Pol�ticas carrera de Derecho de la Universidad Tecnol�gica Indoam�rica, Ecuador.

Resumen

El presente art�culo analiza la figura jur�dica de la instigaci�n al suicidio en relaci�n con la violencia de g�nero, mediante un estudio comparado entre la legislaci�n penal de Ecuador y Panam�. El objetivo principal es evidenciar la necesidad de incorporar una agravante espec�fica por violencia de g�nero en el art�culo 154.1 del C�digo Org�nico Integral Penal ecuatoriano. Para ello, se utiliz� una metodolog�a cualitativa de tipo jur�dico-doctrinal, basada en la revisi�n normativa, jurisprudencial y doctrinal, as� como en el an�lisis de casos paradigm�ticos. Entre los principales hallazgos se identifica que el marco normativo ecuatoriano resulta insuficiente para proteger a las mujeres que, tras sufrir violencia sistem�tica, son llevadas al suicidio. En contraste, la legislaci�n paname�a contempla una pena agravada para estos casos, reconociendo el v�nculo entre violencia de g�nero y conducta suicida. Se concluye que la ausencia de una agravante en Ecuador genera impunidad y vulnera principios como la proporcionalidad y la igualdad. Por tanto, se propone una reforma legal que incorpore un enfoque de g�nero en la sanci�n del suicidio inducido, como medida urgente para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Palabras clave: derecho penal; instigaci�n al suicidio; suicidio feminicida; violencia de genero.

 

Abstract
This article analyzes the legal concept of instigation to suicide in relation to gender-based violence through a comparative study of the criminal legislation of Ecuador and Panama. The main objective is to demonstrate the need to incorporate a specific aggravating factor for gender-based violence in Article 154.1 of the Ecuadorian Comprehensive Organic Criminal Code. To this end, a qualitative legal-doctrinal methodology was used, based on a review of normative, jurisprudential, and doctrinal sources, as well as the analysis of paradigmatic cases. Among the main findings, it is identified that the Ecuadorian regulatory framework is insufficient to protect women who, after suffering systematic violence, are driven to suicide. In contrast, Panamanian legislation provides an aggravated penalty for these cases, recognizing the link between gender-based violence and suicidal behavior. It is concluded that the absence of an aggravating factor in Ecuador generates impunity and violates principles such as proportionality and equality. Therefore, a legal reform is proposed that incorporates a gender perspective in the punishment of induced suicide, as an urgent measure to guarantee women's right to a life free from violence.

Keywords: criminal law; instigation to suicide; femicide suicide; gender-based violence.

 

Resumo

Este artigo analisa o conceito jur�dico de instiga��o ao suic�dio em rela��o � viol�ncia de g�nero por meio de um estudo comparado da legisla��o penal do Equador e do Panam�. O objetivo principal � demonstrar a necessidade de incorporar um fator agravante espec�fico para a viol�ncia de g�nero no artigo 154.1 do C�digo Penal Org�nico Integral equatoriano. Para tanto, utilizou-se uma metodologia jur�dico-doutrin�ria qualitativa, baseada na revis�o de fontes normativas, jurisprudenciais e doutrin�rias, bem como na an�lise de casos paradigm�ticos. Entre as principais conclus�es, identifica-se que o marco regulat�rio equatoriano � insuficiente para proteger as mulheres que, ap�s sofrerem viol�ncia sistem�tica, s�o levadas ao suic�dio. Em contrapartida, a legisla��o panamenha prev� uma pena agravada para esses casos, reconhecendo o v�nculo entre a viol�ncia de g�nero e o comportamento suicida. Conclui-se que a aus�ncia de um fator agravante no Equador gera impunidade e viola princ�pios como proporcionalidade e igualdade. Prop�e-se, portanto, uma reforma jur�dica que incorpore uma perspectiva de g�nero na puni��o do suic�dio induzido, como medida urgente para garantir o direito das mulheres a uma vida livre de viol�ncia.

Palavras-chave: direito penal; instiga��o ao suic�dio; feminic�dio; suic�dio; viol�ncia de g�nero.

 

Introducci�n

La violencia de g�nero constituye una de las principales violaciones a los derechos humanos en el mundo, afectando de manera desproporcionada a mujeres y ni�as. Esta forma de violencia, ejercida por razones de g�nero, se manifiesta en diversas expresiones: f�sicas, psicol�gicas, sexuales, econ�micas y simb�licas, y suele estar sustentada en relaciones desiguales de poder profundamente arraigadas en estructuras sociales, culturales y legales. En Am�rica Latina, y particularmente en Ecuador, los altos �ndices de violencia contra las mujeres revelan una problem�tica sistem�tica que va m�s all� de los casos visibles de agresi�n, alcanzando formas menos reconocidas, pero igualmente letales. Seg�n la Fundaci�n Aldea (2025), hasta el 15 de marzo del presente a�o, en Ecuador, cada 21 horas una mujer o ni�a ha sido asesinada por causas asociadas a la violencia machista, una estad�stica alarmante que evidencia la urgencia de adoptar medidas integrales y efectivas para enfrentar esta realidad.

En este marco, una de las manifestaciones extremas de la violencia de g�nero es el suicidio inducido o instigado. Este fen�meno ocurre cuando una mujer, tras sufrir violencia sistem�tica por parte de su pareja o personas de su entorno cercano, termina con su vida como resultado directo de dicha violencia. Estas muertes, lejos de ser una elecci�n independiente, provienen de un conjunto de relaciones de poder, dominaci�n y control violentas que erosionan sistem�ticamente el bienestar mental, emocional y social de la v�ctima. En este contexto, la figura jur�dica de la instigaci�n al suicidio adquiere una relevancia fundamental como mecanismo de protecci�n de los derechos fundamentales de las mujeres y como herramienta jur�dica para sancionar a los responsables de esta forma extrema de violencia de g�nero.

Aunque ha habido una creciente atenci�n internacional sobre el suicidio femicida y la necesidad de reconocer la violencia de g�nero como un factor determinante en la inducci�n al suicidio, el ordenamiento jur�dico ecuatoriano no aborda espec�ficamente esta problem�tica desde una perspectiva de g�nero. El C�digo Org�nico Integral Penal (COIP, 2014), en su art�culo 154.1, establece que la pena por inducir o llevar a otra persona al suicidio ser� de uno a tres a�os de prisi�n, siempre que exista influencia directa de un agresor. Sin embargo, esta disposici�n carece de un enfoque de g�nero que impide el reconocimiento de la violencia estructural y sistem�tica que enfrentan muchas mujeres y limita el alcance protector del derecho penal como garant�a de sus derechos subjetivos a la vida, la integridad y la dignidad.

En contraste, algunos pa�ses han dado pasos importantes para incorporar esta perspectiva de g�nero en la regulaci�n de la instigaci�n al suicidio. El C�digo Penal de Panam�, por ejemplo, tipifica de forma diferenciada el suicidio inducido por violencia de g�nero: su art�culo 135 establece una pena agravada de doce a quince a�os de prisi�n para quien induzca al suicidio de una mujer mediante maltrato. Esta medida reconoce expl�citamente el impacto de la violencia sistem�tica en la voluntad y la autonom�a de la v�ctima, y refleja una comprensi�n m�s amplia del derecho subjetivo a la protecci�n frente a todas las formas de violencia.

La ausencia de un factor agravante de violencia contra la mujer dentro del delito de instigaci�n al suicidio en Ecuador crea una brecha considerable en la ley penal, dejando sin protecci�n adecuada a las mujeres que, tras sufrir violencia de g�nero, terminan quit�ndose la vida como resultado de esa violencia. Esta omisi�n no solo limita la posibilidad de que la sanci�n penal sea proporcional al da�o infligido, sino que tambi�n implica un desconocimiento del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en todas sus formas. En numerosos casos, las v�ctimas son sometidas a formas extremas de violencia psicol�gica, incluyendo amenazas, aislamiento social y presi�n emocional, que erosionan sistem�ticamente su voluntad y autonom�a. Sin un marco penal que capture esta dimensi�n de la violencia de g�nero, existe el riesgo de que estos actos sean ignorados o tratados como decisiones personales tomadas al margen del contexto violento que los rodea.

Adem�s, la falta de reconocimiento del suicidio inducido por violencia de g�nero en el COIP ecuatoriano difiere con los est�ndares internacionales en materia de derechos humanos. Organismos como la Organizaci�n de Naciones Unidas (ONU), la Organizaci�n Mundial de la Salud (OMS) y la Organizaci�n de Estados Americanos (OEA) han se�alado la urgencia de legislar de forma diferenciada esta problem�tica, instando a los Estados a adoptar marcos normativos que incluyan un enfoque de g�nero y brinden mayor protecci�n a las mujeres v�ctimas de violencia.

Por ello, el objetivo principal de este art�culo es analizar la figura jur�dica de la instigaci�n al suicidio y su relaci�n con la violencia de g�nero como expresi�n de la protecci�n de los derechos subjetivos de las mujeres, a partir de un estudio comparado entre el art�culo 154.1 del COIP y el art�culo 135 del C�digo Penal de Panam�. Se busca, as�, proponer una posible reforma legal que garantice una mayor protecci�n a las v�ctimas de violencia de g�nero en Ecuador, incorporando una perspectiva que reconozca el impacto estructural y sistem�tico de esta violencia en los casos de suicidio inducido.

Este estudio es importante porque permitir� evidenciar c�mo la falta de una agravante por violencia de g�nero puede influir en la impunidad de los agresores y en la invisibilizaci�n del suicidio inducido por maltrato dentro del sistema penal ecuatoriano. A trav�s de un an�lisis comparado con el C�digo Penal de Panam�, que s� prev� una sanci�n agravada cuando la instigaci�n al suicidio ocurre en un contexto de maltrato, esta investigaci�n busca generar insumos jur�dicos que respalden la necesidad de una reforma en la legislaci�n ecuatoriana. Se trata, en definitiva, de visibilizar c�mo el derecho penal, en su funci�n protectora y garantista, debe adaptarse para reconocer el suicidio inducido como una manifestaci�n extrema de la violencia de g�nero y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres.

 

Desarrollo

El delito de instigaci�n al suicidio en el derecho penal ecuatoriano

La figura penal de la instigaci�n al suicidio constituye una expresi�n del derecho penal contempor�neo orientada a proteger la vida humana, incluso frente a decisiones autodestructivas influenciadas por terceros. En el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, este delito se encuentra tipificado en el COIP (2014), el cual establece:

Ser� sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres a�os, la persona que induzca o dirija, mediante amenazas, consejos, �rdenes concretas, retos, por medio de cualquier tipo de comunicaci�n verbal, f�sica, digital o electr�nica existente, a una persona a que se provoque da�o as� misma o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado da�oso. (art. 154.1).

La norma configura un delito aut�nomo que tutela como bien jur�dico principal la vida humana individual, en su dimensi�n negativa, es decir, el derecho a no ser inducido a privarse de la vida. A diferencia del homicidio, donde la conducta activa del autor produce directamente la muerte de la v�ctima, en la instigaci�n al suicidio se sanciona la influencia significativa que un tercero ejerce sobre la voluntad de la v�ctima para que esta decida acabar con su vida. Seg�n Silva S�nchez (2001), este tipo de delitos �se hallan en la frontera entre los delitos de resultado y los de mera actividad, ya que no implican una acci�n letal directa, pero s� una contribuci�n determinante al resultado final�.

Los sujetos del delito se configuran de manera amplia. El sujeto activo puede ser cualquier persona que ejerza la instigaci�n mediante los medios descritos por la norma: amenazas, consejos, �rdenes concretas o retos, sin importar el canal utilizado. El sujeto pasivo es la persona inducida o dirigida a hacerse da�o o a suicidarse. No se exige una relaci�n especial entre ambos sujetos, lo que permite una aplicaci�n extensiva en el contexto digital y redes sociales, donde estas formas de comunicaci�n suelen ser impersonales pero potencialmente influyentes.

La conducta t�pica se describe como la instigaci�n o direcci�n hacia la autolesi�n o el suicidio, siempre que sea comprobable que esta influencia fue determinante en el resultado. En este sentido, el tipo penal requiere un nexo causal claro entre la conducta del instigador y el da�o autoinfligido por la v�ctima, lo que lo configura como un delito de resultado condicionado. Tal exigencia refuerza el principio de culpabilidad, pues no basta con una mera sugerencia o comentario gen�rico, sino que debe probarse una relaci�n directa de causa-efecto entre el influjo del autor y la conducta suicida del sujeto pasivo. Como afirma Roxin (2000), en los delitos de participaci�n en actos autolesivos debe demostrarse que la influencia del autor fue esencial para la decisi�n del sujeto de llevar a cabo el acto lesivo.

Desde el plano objetivo, los elementos estructurales del tipo penal comprenden: i) una conducta activa de instigaci�n o direcci�n hacia el suicidio o la autolesi�n, ii) el uso de medios comunicativos f�sicos o digitales, iii) un resultado da�oso en la esfera f�sica de la v�ctima, y iv) la acreditaci�n de que la influencia fue determinante. En cuanto al elemento subjetivo, se exige dolo directo, es decir, conocimiento y voluntad de inducir a otro a causarse da�o o a quitarse la vida. No se requiere un �nimo espec�fico m�s all� del dolo, aunque la jurisprudencia podr�a eventualmente analizar la motivaci�n del autor en casos concretos.

La pena prevista �de uno a tres a�os de privaci�n de libertad� refleja una valoraci�n penal intermedia entre delitos contra la integridad personal y delitos contra la vida. Sin embargo, diversos autores han cuestionado la efectividad y claridad del tipo penal. Algunos sostienen que su aplicaci�n podr�a entrar en tensi�n con el principio de legalidad y con la autonom�a individual de la persona que decide suicidarse. Seg�n Ferrajoli (2011), el derecho penal debe evitar castigar las decisiones libres, aunque autodestructivas, salvo que exista una manipulaci�n determinante que sustituya la voluntad del sujeto.

Entre las cr�ticas doctrinarias m�s relevantes se encuentra la dificultad probatoria inherente al tipo penal, especialmente en lo que respecta a demostrar que la influencia ejercida fue determinante. Esta exigencia puede resultar compleja en el plano f�ctico, particularmente en contextos donde confluyen m�ltiples factores psicosociales que conducen al suicidio. Asimismo, algunos autores denuncian el riesgo de sobrerreacci�n penal frente a conductas que, si bien �ticamente reprochables, no siempre pueden ser encuadradas jur�dicamente como determinantes del suicidio (Mu�oz Conde & Garc�a Ar�n, 2020). Adem�s, se plantea la necesidad de establecer criterios periciales interdisciplinarios, particularmente psicol�gicos y psiqui�tricos, para valorar adecuadamente el grado de influencia ejercida.

Cabe se�alar que el tipo penal actual no contempla con claridad el escenario de instigaci�n prolongada o repetitiva, lo cual representa una omisi�n sustancial si se considera que muchas conductas violentas ejercidas sobre las v�ctimas no se presentan como un �nico acto, sino como una cadena de abusos. Esta limitaci�n impide capturar jur�dicamente aquellos casos en los que el suicidio es resultado de una violencia sistem�tica y no de un �nico episodio. Adem�s, el marco actual no diferencia entre un v�nculo interpersonal superficial y relaciones de confianza, poder o dependencia emocional, lo que resta capacidad anal�tica al juez para valorar el entorno relacional en el que ocurre la instigaci�n.

Adem�s del enfoque legal, es indispensable abordar la dimensi�n psicol�gica de la instigaci�n al suicidio, ya que la influencia ejercida sobre la v�ctima puede generarse mediante din�micas de manipulaci�n emocional prolongada. Seg�n Calvete et al. (2016), las v�ctimas que presentan altos niveles de dependencia emocional o antecedentes de trauma infantil son m�s susceptibles a este tipo de influencias, lo que complica a�n m�s la prueba del nexo causal en el proceso penal. Esta perspectiva psicol�gica, al ser integrada en los an�lisis jur�dicos, permite una mejor comprensi�n del impacto de la conducta del agresor sobre la voluntad de la v�ctima.

Asimismo, desde una mirada criminol�gica, se ha argumentado que la instigaci�n al suicidio debe entenderse tambi�n como una manifestaci�n de violencia relacional que act�a en el marco de desigualdades afectivas. Al respecto, Varela y Arboleda (2017) sostienen que estos delitos suelen ocurrir en contextos marcados por relaciones asim�tricas donde el instigador posee un control emocional, econ�mico o simb�lico sobre la v�ctima, lo cual constituye un terreno f�rtil para la manipulaci�n sistem�tica que desemboca en la autolesi�n. Este enfoque sugiere que el derecho penal debe avanzar hacia una mayor sensibilidad respecto al contexto relacional de los delitos, sin limitarse a una lectura estrictamente individual del hecho.

Violencia de g�nero y suicidio feminicida

La violencia de g�nero constituye una de las formas m�s graves de vulneraci�n de derechos humanos que enfrentan las mujeres en Am�rica Latina y, en particular, en Ecuador. Esta violencia no solo se manifiesta a trav�s de agresiones f�sicas o sexuales, sino tambi�n mediante formas psicol�gicas, econ�micas, simb�licas y estructurales que, acumuladas en el tiempo, pueden quebrar el equilibrio emocional y ps�quico de las v�ctimas. En los casos m�s extremos, dicha violencia puede conducir al suicidio de mujeres que se encuentran atrapadas en contextos de abuso sistem�tico y sostenido. Esta relaci�n entre violencia de g�nero e inducci�n al suicidio ha dado lugar al concepto de suicidio feminicida, una categor�a jur�dica y sociol�gica que busca visibilizar los casos en que la muerte autoinfligida de una mujer es consecuencia directa de la violencia ejercida por un agresor.

El suicidio feminicida es definido como aquel suicidio cometido por una mujer como resultado de haber sido v�ctima de violencia de g�nero persistente, especialmente en el marco de relaciones de pareja o expareja, donde el autor ha ejercido un poder opresivo que ha minado progresivamente la voluntad y la capacidad de agencia de la v�ctima. Seg�n Lagarde y de los R�os (2005), esta forma de muerte se inscribe en una estructura de dominaci�n patriarcal, donde el suicidio no es una decisi�n libre, sino el desenlace tr�gico de una serie de violencias que han conducido a la v�ctima a una situaci�n de total desesperanza. En esta l�nea, organizaciones internacionales como la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2019) han advertido que muchas muertes de mujeres clasificadas como suicidios pueden ser, en realidad, homicidios encubiertos o suicidios inducidos por contextos de violencia de g�nero extrema.

En el contexto ecuatoriano, el fen�meno del suicidio feminicida ha comenzado a generar atenci�n tanto en el plano acad�mico como judicial, aunque todav�a se encuentra escasamente tipificado en la legislaci�n penal. Casos como el de Mar�a Bel�n Bernal, si bien no concluyeron en suicidio, evidencian c�mo el sistema institucional puede fallar en la protecci�n de mujeres en riesgo, mientras que otros casos menos medi�ticos, como el de Mishel Cevallos en Loja, han sido denunciados por organizaciones de mujeres como ejemplos de suicidios precedidos por violencia psicol�gica, control y manipulaci�n ejercida por sus parejas, en un entorno donde las instituciones fallaron en prevenir el desenlace fatal.

En la pr�ctica, este tipo de muertes suelen ser clasificadas como suicidios ordinarios, sin indagaci�n profunda sobre las condiciones previas de violencia. Esto impide una respuesta penal adecuada y perpet�a la invisibilidad del fen�meno. Algunos sectores proponen que estas muertes sean objeto de un tipo penal aut�nomo o, al menos, de una agravante espec�fica dentro del tipo de instigaci�n al suicidio, cuando la v�ctima sea una mujer previamente sometida a violencia de g�nero. Esta posici�n encuentra respaldo en la doctrina feminista penal, que ha insistido en la necesidad de que el derecho penal reconozca las formas estructurales de violencia que afectan a las mujeres. En palabras de Maier (2014), cuando el derecho penal ignora las relaciones de poder en las que se produce la conducta, reproduce la desigualdad que supuestamente pretende sancionar.

En el plano normativo, Ecuador ha avanzado en materia de g�nero con leyes como la Ley Org�nica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOPEVM, 2018); sin embargo, a�n falta una tipificaci�n clara del suicidio feminicida o su reconocimiento como una forma agravada de instigaci�n al suicidio. Esta omisi�n resulta preocupante si se considera que, seg�n datos del Instituto Nacional de Estad�stica y Censos (INEC, 2022), al menos el 30% de las mujeres que se suicidan en el pa�s hab�an denunciado previamente situaciones de violencia dom�stica o de pareja. Estas cifras evidencian la urgencia de una respuesta penal y judicial diferenciada, con perspectiva de g�nero, que permita sancionar adecuadamente a quienes, mediante violencia sistem�tica, inducen directa o indirectamente a una mujer al suicidio.

La categor�a del suicidio feminicida tambi�n demanda que el derecho penal considere nuevas fuentes de prueba y nuevas formas de comprensi�n del consentimiento y la voluntad. Es necesario que los operadores jur�dicos comprendan que una persona que se encuentra sometida durante a�os a manipulaci�n emocional, violencia psicol�gica o coacci�n econ�mica puede presentar una voluntad alterada o limitada, lo que deslegitima la idea de un consentimiento suicida. Esta comprensi�n m�s compleja y situada de la autonom�a requiere de formaci�n t�cnica especializada para fiscales, defensores y jueces, as� como protocolos de actuaci�n diferenciados ante muertes sospechosas clasificadas inicialmente como suicidios.

El concepto de suicidio feminicida ha sido respaldado por organismos internacionales como el Comit� CEDAW, que en sus recomendaciones generales ha instado a los Estados a reconocer las m�ltiples formas de violencia que conducen a la muerte de mujeres, incluso cuando estas se presentan como suicidios (CEDAW, 2020). En su Recomendaci�n General N.� 35, se enfatiza que la violencia de g�nero no siempre adopta formas visibles o f�sicas, sino que puede actuar de manera insidiosa, mediante amenazas, aislamiento social o control econ�mico, socavando progresivamente la voluntad de la v�ctima.

Por otro lado, estudios en el �mbito latinoamericano han mostrado que en muchos casos de suicidio de mujeres existe un historial documentado de violencia, pero las autoridades no investigan m�s all� del acto final. L�pez y Barreiro (2021) se�alan que esta omisi�n institucional refleja una falta de perspectiva de g�nero en la administraci�n de justicia, la cual contribuye a la impunidad estructural. En consecuencia, proponen la creaci�n de fiscal�as especializadas en muertes sospechosas de mujeres, que act�en bajo protocolos forenses con enfoque de g�nero y permitan distinguir con claridad entre suicidios voluntarios y aquellos provocados por violencia previa.

An�lisis comparado: tratamiento penal en Ecuador y Panam�

El fen�meno del suicidio feminicida se ha visibilizado como una problem�tica jur�dico-social que responde a las formas extremas de violencia estructural de g�nero. Esta figura, aunque a�n en proceso de consolidaci�n doctrinal y legislativa, ha sido incorporada en algunos ordenamientos jur�dicos latinoamericanos, mientras que, en otros, como el ecuatoriano, sigue siendo una deuda pendiente. El an�lisis comparado entre Ecuador y Panam� muestra un contraste significativo en el abordaje penal de esta conducta, lo cual permite reflexionar sobre los principios jur�dicos comprometidos, las posibles reformas normativas y los retos de su aplicaci�n pr�ctica.

En Ecuador, el suicidio feminicida no se encuentra tipificado como delito aut�nomo en el COIP. El art�culo 171 del COIP (2014) sanciona el delito de violaci�n y establece agravantes cuando del hecho resulta la muerte, pero no contempla expresamente el suicidio como consecuencia de una agresi�n sexual o de violencia de g�nero previa. Esta omisi�n normativa ha generado vac�os legales que comprometen el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad y la seguridad jur�dica.

El caso de Gabriela D�az Ca�izares es emblem�tico. Fue v�ctima de violaci�n en 2013 y se suicid� meses despu�s producto del trauma. Sin embargo, ante la ausencia de una norma espec�fica, la Fiscal�a ecuatoriana imput� a los agresores por violaci�n con resultado de muerte, lo que plante� serios cuestionamientos sobre la correspondencia entre el tipo penal aplicado y los hechos. Como se�ala Pino (2023), esta pr�ctica distorsiona la relaci�n entre el hecho punible y la consecuencia jur�dica, afectando los derechos del procesado y la legitimidad del sistema de justicia.

Adem�s, la Corte IDH (2020), en el caso Paola Guzm�n Albarrac�n vs. Ecuador, determin� que el Estado ecuatoriano es responsable por no prevenir actos de violencia sexual dentro del sistema educativo, lo cual deriv� en el suicidio de la v�ctima. Este fallo internacional pone en evidencia la necesidad de un marco normativo que reconozca las formas indirectas de feminicidio, como el suicidio inducido por violencia estructural. Desde una perspectiva dogm�tica, Silva S�nchez (2012) advierte que el uso de tipos penales inadecuados genera un derecho penal simb�lico que simula una respuesta eficaz, sin lograr resolver el problema real. Este simbolismo legislativo, adem�s, debilita la coherencia del sistema penal y puede agravar la revictimizaci�n.

Panam�, a diferencia de Ecuador, ha dado un paso legislativo relevante al tipificar el suicidio feminicida como delito aut�nomo. El art�culo 149-A del C�digo Penal paname�o (2013), reformado por la Ley 82 de 2013, establece que quien induzca al suicidio a una mujer v�ctima de violencia de g�nero ser� sancionado con pena de diez a quince a�os de prisi�n. Este tipo penal responde a una visi�n m�s amplia del da�o y reconoce la relaci�n causal entre el maltrato sistem�tico y la decisi�n de la v�ctima de quitarse la vida. Desde el enfoque de Sampedro Arrubla (2018), este modelo penal incorpora una justicia con perspectiva de g�nero que busca corregir desigualdades hist�ricas y estructurales en la aplicaci�n de la ley.

La tipificaci�n en Panam� se configura como un tipo penal cualificado y conexo al delito base de inducci�n o ayuda al suicidio, exigiendo la concurrencia de circunstancias agravantes como relaciones de poder o dependencia entre v�ctima y victimario. Seg�n Mart�nez Osorio (2013), esta estructura normativa intensifica el reproche penal, reforzando la protecci�n del bien jur�dico de la vida y el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. No obstante, tambi�n existen cr�ticas. Arango Durling (2016) se�ala que esta norma podr�a incurrir en una desigualdad punitiva, al hiperproteger a las mujeres frente a otros sujetos vulnerables, lo cual plantea tensiones con los principios de igualdad y universalidad del derecho penal. Adem�s, la baja aplicaci�n judicial del art�culo 149-A ha sido muy cuestionada y advierten que, a pesar de la tipificaci�n, no se ha logrado una respuesta penal contundente: ocho a�os despu�s de la aprobaci�n de la norma, solo se ha logrado una sentencia condenatoria.

El contraste entre Ecuador y Panam� pone en evidencia las diferentes aproximaciones frente a un mismo fen�meno. Mientras Ecuador enfrenta graves limitaciones por la ausencia de una norma expresa, lo que genera confusi�n en la imputaci�n penal, Panam� ofrece un marco m�s adecuado, aunque a�n limitado en su eficacia pr�ctica. Desde una lectura constitucional y garantista, P�rez Lu�o (1991) sostiene que el principio de seguridad jur�dica exige una clara previsibilidad de las consecuencias jur�dicas de una conducta, lo que no ocurre cuando los jueces ecuatorianos deben adaptar tipos penales no dise�ados para estos casos. Por su parte, Carbonell (2008) a�ade que la proporcionalidad penal debe mantenerse tanto en la sanci�n como en la adecuaci�n del tipo, lo cual tambi�n se ve afectado en el caso ecuatoriano. En el �mbito internacional, instrumentos como la Convenci�n de Bel�m do Par� (1994) y la CEDAW han establecido la obligaci�n de los Estados de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. En este sentido, la falta de tipificaci�n del suicidio feminicida en Ecuador puede interpretarse como una omisi�n contraria a estas obligaciones internacionales.

Un aspecto poco abordado en la comparaci�n entre Ecuador y Panam� es la posibilidad de que la legislaci�n paname�a pueda servir como gu�a, pero con mejoras. Por ejemplo, la norma paname�a no delimita con suficiente precisi�n qu� se entiende por violencia de g�nero, lo que ha generado interpretaciones restrictivas en sede judicial. En el caso ecuatoriano, una eventual reforma deber�a incluir una definici�n normativa amplia, basada en est�ndares internacionales, para evitar que el alcance de la agravante dependa de la interpretaci�n discrecional del juzgador.

La diferencia entre Ecuador y Panam� no solo radica en la existencia o no de un tipo penal agravado, sino tambi�n en la manera en que se concibe el rol del Estado frente a las v�ctimas. En Panam�, la reforma de 2013 fue impulsada tras una intensa presi�n social que exig�a una respuesta penal espec�fica para los suicidios causados por maltrato. Seg�n Torres N��ez (2019), esta presi�n deriv� en un cambio de paradigma que oblig� al legislador a considerar la violencia de g�nero no solo como un antecedente, sino como un factor determinante en la conducta suicida, reconociendo el impacto de la violencia sistem�tica en la autodeterminaci�n de las mujeres.

El sistema penal ecuatoriano ha sido m�s reticente a incorporar modificaciones sustantivas que reflejen esta evoluci�n normativa. Estudios recientes muestran que los operadores judiciales carecen de herramientas conceptuales y normativas para encuadrar adecuadamente los casos de suicidio inducido por violencia de g�nero. En este sentido, Gonz�lez Paredes (2022) sostiene que la falta de una agravante espec�fica impide que se activen mecanismos procesales m�s rigurosos, lo que limita la eficacia de la tutela penal en contextos de violencia estructural. Esto refuerza la necesidad de avanzar hacia una legislaci�n penal que reconozca de manera expresa la relaci�n entre maltrato y suicidio, y no dependa �nicamente de la voluntad interpretativa del juzgador.

Propuesta de reforma legal: incorporaci�n de una agravante por violencia de g�nero

El delito de instigaci�n al suicidio debe ser replanteado en el contexto ecuatoriano para responder adecuadamente a los desaf�os que presenta la violencia estructural contra la mujer. En este marco, se propone incorporar una agravante espec�fica por violencia de g�nero dentro del art�culo 154.1 del C�digo Org�nico Integral Penal (COIP), que permita sancionar con mayor severidad aquellos casos en que la inducci�n al suicidio ocurre en un contexto de relaciones abusivas o dominaci�n patriarcal. Esta medida encuentra sustento en principios constitucionales, compromisos internacionales y en la doctrina penal latinoamericana que reconoce la necesidad de adaptar el derecho penal a las realidades sociales emergentes.

Desde el punto de vista constitucional, el art�culo 66 numeral 3 de la Constituci�n del Ecuador (2008) garantiza el derecho a una vida libre de violencia, y su art�culo 35 impone un deber reforzado de protecci�n a personas en situaci�n de vulnerabilidad, entre ellas las mujeres. A nivel internacional, el art�culo 7 de la Convenci�n de Bel�m do Par� (1994) y el art�culo 2 de la Convenci�n CEDAW (1979) obligan al Estado ecuatoriano a adoptar medidas legislativas eficaces para prevenir y sancionar actos de violencia contra las mujeres, incluidos aquellos que terminan en suicidio por causa de violencia sistem�tica. Esta obligaci�n ha sido reafirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009), que ha se�alado que el Estado debe asegurar una respuesta penal diferenciada en casos de violencia basada en g�nero. (Caso Campo Algodonero vs. M�xico, CIDH, 2009).

En el plano doctrinal, autores como Mart�nez Osorio (2013) sostienen que el suicidio inducido en contextos de violencia no debe interpretarse como una decisi�n plenamente libre, sino como el resultado de una manipulaci�n emocional que anula la autonom�a de la v�ctima. Por ello, considera necesaria la agravaci�n punitiva cuando se acredite que el suicidio fue precedido de violencia de tipo psicol�gico, sexual o econ�mico. De forma similar, S�nchez Escobar (2014) advierte que en estos supuestos el desvalor de la acci�n no radica solo en la incitaci�n, sino en el contexto estructural que permite la subordinaci�n de la voluntad femenina

La jurisprudencia comparada tambi�n refuerza esta necesidad. El Salvador ha tipificado el suicidio feminicida por inducci�n o ayuda mediante la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), reconociendo la agravaci�n cuando el hecho se produce en un contexto de violencia previa, aprovechamiento de vulnerabilidad o relaciones de poder. Cortez de Alvarenga (2015) se�ala que este tipo penal incorpora un plus de protecci�n al bien jur�dico de la vida, al considerar no solo la muerte como tal, sino tambi�n las condiciones de dominaci�n que la propician.

En ese sentido, se propone la siguiente modificaci�n al art�culo 154.1 del COIP: �La pena ser� de tres a cinco a�os si la v�ctima fuere mujer y la conducta se hubiere ejecutado en un contexto de violencia de g�nero, sea esta f�sica, psicol�gica, sexual, econ�mica o simb�lica, ejercida de forma reiterada o sistem�tica, o si el hecho se hubiere producido como resultado de una relaci�n de subordinaci�n, dominaci�n o dependencia afectiva�. Esta modificaci�n permitir�a al Estado cumplir con sus obligaciones internacionales y ofrecer una respuesta penal adecuada frente a formas invisibles pero graves de violencia. Seg�n Esther Pineda (2018), las mujeres que se suicidan por causa de violencia previa han sido empujadas a ese l�mite por un sistema que normaliza el control emocional, la coerci�n afectiva y la humillaci�n sostenida.

Esta propuesta tambi�n exige que el sistema judicial adopte una metodolog�a adecuada para investigar estos casos. Es imprescindible la elaboraci�n de protocolos forenses y periciales con enfoque de g�nero, que permitan acreditar la relaci�n causal entre el contexto de violencia y la decisi�n de suicidarse. Pino Mera (2023) sugiere que los peritajes deben incluir an�lisis psicol�gicos especializados, testimonios de familiares, revisi�n de antecedentes de violencia, y valoraci�n del historial emocional de la v�ctima. Solo as� se podr� establecer con claridad la conexi�n entre el contexto violento y la influencia ejercida por el agresor.

Desde el punto de vista de la pol�tica criminal, esta reforma cumple el principio de necesidad en tanto se orienta a la protecci�n de un grupo hist�ricamente vulnerable. No implica una expansi�n irracional del ius puniendi, sino una respuesta leg�tima frente a un fen�meno social ignorado por el derecho penal tradicional. Como apunta Coa�a Be y C�mara Santos (2020), la justicia penal no puede ser ciega al g�nero, pues eso significa reproducir la misma violencia estructural que dice combatir.

La incorporaci�n de una agravante por violencia de g�nero en el delito de instigaci�n al suicidio es una reforma jur�dica urgente, jur�dicamente viable y socialmente necesaria. Representa un avance hacia un derecho penal m�s justo, m�s humano y coherente con la realidad de miles de mujeres que son llevadas al suicidio por relaciones violentas y opresivas. El reconocimiento de esta agravante no solo contribuir�a a sancionar adecuadamente a los agresores, sino que tambi�n enviar�a un mensaje claro de que el Estado no tolera ninguna forma de violencia que tenga como resultado la p�rdida de una vida.

 

Discusi�n

La instigaci�n al suicidio como consecuencia de la violencia de g�nero plantea una problem�tica jur�dica y social compleja que exige una revisi�n cr�tica del papel del derecho penal en la protecci�n de las mujeres. A lo largo del an�lisis se ha evidenciado que, en Ecuador, a pesar de contar con una tipificaci�n penal general para el delito de inducci�n al suicidio, el marco normativo vigente carece de una perspectiva de g�nero que permita identificar y sancionar adecuadamente los casos en que esta conducta ocurre en contextos de relaciones abusivas, manipuladoras y patriarcales. Esta omisi�n normativa no solo constituye una laguna jur�dica, sino tambi�n una forma de revictimizaci�n institucional, al ignorar el car�cter estructural de la violencia que subyace a muchas de estas muertes.

La problem�tica del suicidio feminicida revela la necesidad de superar una concepci�n tradicional del derecho penal centrada �nicamente en la acci�n directa del agresor, para dar paso a una comprensi�n m�s amplia que incluya las formas indirectas, sistem�ticas y psicol�gicas de violencia. Desde esta perspectiva, es ineludible reconocer que la voluntad de muchas mujeres que terminan suicid�ndose ha sido profundamente erosionada por din�micas de control, coerci�n emocional, aislamiento y maltrato reiterado. Tal como lo ha se�alado la doctrina feminista penal, el consentimiento no puede entenderse en t�rminos puramente formales cuando se ha producido en un entorno marcado por la dominaci�n y la anulaci�n de la autonom�a individual (Pineda, 2018). Esta comprensi�n exige que el sistema penal adapte sus herramientas jur�dicas para responder a la realidad de las mujeres v�ctimas de violencia.

El contraste normativo con Panam� ha permitido demostrar que s� es posible legislar con enfoque de g�nero y ofrecer una respuesta diferenciada frente a esta forma de violencia. La incorporaci�n de una figura penal agravada para el suicidio inducido por maltrato constituye un avance relevante, aunque no exento de cr�ticas. Aun as�, la experiencia paname�a pone en evidencia que el reconocimiento normativo de esta forma de violencia permite visibilizar la responsabilidad del agresor y desplazar el foco desde la decisi�n individual de la v�ctima hacia las condiciones estructurales que la motivaron. Esta es una lecci�n que el derecho penal ecuatoriano a�n no ha interiorizado, y cuya ausencia se traduce en impunidad, falta de reparaci�n y reproducci�n del silencio institucional.

En este contexto, la ausencia de una agravante por violencia de g�nero en el tipo penal ecuatoriano impide una adecuada aplicaci�n del principio de proporcionalidad. La pena actual de uno a tres a�os resulta claramente insuficiente frente a la gravedad de la conducta en casos donde el suicidio es inducido por un contexto sistem�tico de violencia. Adem�s, esta deficiencia genera un tratamiento desigual entre v�ctimas, pues el sistema no distingue entre quien induce al suicidio por una acci�n puntual, y quien lo hace tras a�os de violencia psicol�gica o sexual. Este vac�o afecta el principio de igualdad ante la ley y pone en entredicho la coherencia del sistema penal con los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de derechos humanos y erradicaci�n de la violencia contra la mujer.

Asimismo, tambi�n se debe considerar el papel de los operadores de justicia, quienes muchas veces carecen de herramientas conceptuales, normativas y periciales para identificar que un suicidio ha sido provocado por violencia de g�nero. La falta de formaci�n en perspectiva de g�nero, sumada a la ausencia de protocolos espec�ficos para investigar muertes de mujeres clasificadas como suicidio, perpet�a la invisibilizaci�n del fen�meno. En este punto, la articulaci�n entre el COIP y la Ley Org�nica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se vuelve fundamental, ya que permitir�a dotar a fiscales y jueces de una gu�a normativa que oriente la valoraci�n del contexto y de la violencia previa, reconociendo as� la dimensi�n estructural del hecho.

Desde un enfoque garantista, es posible sostener que la tipificaci�n diferenciada del suicidio feminicida no constituye una vulneraci�n del principio de legalidad ni del principio de igualdad, sino una expresi�n de justicia material. Como afirma Zaffaroni (2011), el derecho penal no debe ser ciego a las desigualdades sociales, pues hacerlo equivale a legitimar las relaciones de poder que estructuran dichas desigualdades. En este sentido, reconocer la violencia de g�nero como agravante o circunstancia cualificante en la instigaci�n al suicidio no implica romper la neutralidad penal, sino restaurar la equidad en la aplicaci�n del castigo frente a una forma letal de opresi�n.

Por tanto, la incorporaci�n de una agravante por violencia de g�nero dentro del tipo penal de instigaci�n al suicidio en Ecuador no solo responde a una necesidad jur�dica, sino a una exigencia �tica y pol�tica. Representa una forma de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en todos los niveles, y de reconocer que muchas veces, cuando una mujer muere por suicidio, en realidad ha sido asesinada por el contexto violento en el que se encontraba. Esta reforma, adem�s, tiene el potencial de sentar un precedente regional sobre la forma en que el derecho penal puede �y debe� adaptarse a las nuevas formas de violencia y proteger con mayor eficacia a los sectores m�s vulnerables de la sociedad.

 

Conclusiones

A partir del an�lisis desarrollado, se concluye que la actual configuraci�n del delito de instigaci�n al suicidio en el COIP presenta limitaciones importantes para abordar de manera efectiva los casos en que esta conducta se produce en contextos de violencia de g�nero. La falta de una agravante espec�fica o de una tipificaci�n diferenciada del suicidio feminicida impide una adecuada protecci�n penal para las mujeres que, tras ser sometidas a maltrato sistem�tico, se quitan la vida como resultado directo de dicha violencia. Esta omisi�n refleja una visi�n reduccionista del derecho penal que desconoce la dimensi�n estructural y relacional de la violencia de g�nero.

El estudio comparado con el ordenamiento jur�dico paname�o ha demostrado que es posible integrar un enfoque penal con perspectiva de g�nero que reconozca la relaci�n causal entre el maltrato prolongado y la conducta suicida. La tipificaci�n diferenciada en Panam�, pese a sus dificultades pr�cticas, representa un avance legislativo que coloca el foco en la responsabilidad del agresor y no exclusivamente en la voluntad de la v�ctima. Esta experiencia puede servir como referencia �til para impulsar una reforma legal en Ecuador que contemple una agravante por violencia de g�nero en los casos de instigaci�n al suicidio.

Asimismo, se evidenci� que el actual tratamiento jur�dico en Ecuador no permite garantizar de forma eficaz los derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la vida, a la integridad personal y a vivir libres de violencia, tal como lo establecen la Constituci�n y los tratados internacionales ratificados por el pa�s. La ausencia de una respuesta penal adecuada, en estos casos, perpet�a la impunidad y contribuye a la invisibilizaci�n de un fen�meno que requiere intervenci�n urgente del Estado desde un enfoque integral y diferenciado.

Una reforma al art�culo 154.1 del COIP que incorpore una agravante por violencia de g�nero no solo es jur�dicamente viable, sino tambi�n necesaria desde la perspectiva de los principios de proporcionalidad, equidad y protecci�n reforzada. Esta modificaci�n permitir�a avanzar hacia un derecho penal m�s sensible al contexto social y a las desigualdades estructurales, garantizando as� una mayor tutela de los derechos de las mujeres v�ctimas de violencia y evitando que sus muertes sigan siendo tratadas como decisiones aut�nomas desvinculadas de su entorno opresivo.

 

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