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An�lisis jurisprudencial de las limitaciones al derecho a recurrir en el proceso ejecutivo

 

Jurisprudential analysis of the limitations on the right to appeal in the executive process

 

An�lise jurisprudencial das limita��es ao direito de recurso no processo executivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: vtituana@indoamerica.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 01 agosto de 2025 *Aceptado: 12 de septiembre de 2025 * Publicado: �07 de octubre de 2025

 

        I.            Estudiante de la Carrera de Derecho, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Pol�ticas de la Universidad Indoam�rica, Ecuador.

      II.            Abogado especialista en Derecho Procesal y Litigaci�n Oral, especialista en Derecho Penal, Docente e Investigador. Abogado en el Libre Ejercicio, Licenciado en Ciencias de la Educaci�n. Docente de tiempo completo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Pol�ticas de la Universidad Tecnol�gica Indoam�rica. Investigador en Temas Jur�dicos, Sociales y Educativos, con experiencia en Docencia Universitaria y Desarrollo Acad�mico, Ecuador.

 

Resumen

El presente art�culo tiene como objetivo analizar el alcance del derecho a recurrir dentro del procedimiento ejecutivo, tomando como punto de partida la sentencia, N.� � 350-19-EP emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. Este art�culo se desarroll� mediante un enfoque cualitativo, con m�todo hermen�utico y an�lisis jurisprudencial de la sentencia N.� 350-19-EP de la Corte Constitucional del Ecuador. El estudio se centr� en la interpretaci�n de fuentes normativas, jurisprudencia constitucional e interamericana, as� como en el contraste con aportes doctrinarios y comparaciones con otras legislaciones latinoamericanas. La problem�tica central gira en torno a la aplicaci�n restrictiva del art�culo 352 del COGEP, que impide la interposici�n de recursos en ciertos supuestos, generando posibles afectaciones al derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. A trav�s de un enfoque jurisprudencial y doctrinal, se evidencia c�mo la interpretaci�n literal de esta norma ha sido utilizada por algunos operadores de justicia para negar el acceso a una segunda instancia, incluso a la parte actora. Entre los principales hallazgos destaca que esta sentencia establece un precedente clave al determinar que dicha prohibici�n solo aplica a la parte demandada que no contesta, y no puede extenderse a la parte actora cuya demanda fue inadmitida. Se concluye que es necesaria una reforma legal y un cambio de pr�ctica judicial para garantizar que el derecho a recurrir no sea vulnerado por formalismos excesivos o lecturas arbitrarias de la norma.

Palabras clave: Acceso a la justicia; COGEP; debido proceso; impugnaci�n; procedimiento ejecutivo.

 

Abstract

This article analyzes the scope of the right to appeal within executive proceedings, taking as its starting point Judgment No. 350-19-EP issued by the Constitutional Court of Ecuador. This article was developed using a qualitative approach, using a hermeneutic method and jurisprudential analysis of Judgment No. 350-19-EP of the Constitutional Court of Ecuador. The study focused on the interpretation of normative sources, constitutional and Inter-American jurisprudence, as well as on the contrast with doctrinal contributions and comparisons with other Latin American legislation. The central issue revolves around the restrictive application of Article 352 of the COGEP (CogEP), which prevents the filing of appeals in certain cases, generating potential impacts on the right to due process and effective judicial protection. Through a jurisprudential and doctrinal approach, it is evident how the literal interpretation of this provision has been used by some justice officials to deny access to a second instance, even to the plaintiff. Among the key findings is that this ruling establishes a key precedent by determining that this prohibition only applies to the defendant who does not respond, and cannot be extended to the plaintiff whose claim was dismissed. It is concluded that legal reform and a change in judicial practice are necessary to ensure that the right to appeal is not violated by excessive formalities or arbitrary interpretations of the provision.

Keywords: Access to justice; COGEP; due process; challenge; executive procedure.

 

Resumo

O presente artigo analisa o alcance do direito de recurso no �mbito do processo executivo, tomando como ponto de partida o Ac�rd�o n.� 350-19-EP proferido pelo Tribunal Constitucional do Equador. Este artigo foi desenvolvido com recurso a uma abordagem qualitativa, utilizando um m�todo hermen�utico e an�lise jurisprudencial do Ac�rd�o n� 350-19-EP do Tribunal Constitucional do Equador. O estudo centrou-se na interpreta��o de fontes normativas, jurisprud�ncia constitucional e interamericana, bem como no contraste com contributos doutrin�rios e compara��es com outras legisla��es latino-americanas. A quest�o central centra-se na aplica��o restritiva do artigo 352.� do COGEP (CogEP), que impede a interposi��o de recursos em determinados casos, gerando potenciais impactos no direito ao devido processo legal e � tutela judicial efetiva. Atrav�s de uma abordagem jurisprudencial e doutrinal, � evidente como a interpreta��o literal desta disposi��o tem sido utilizada por alguns funcion�rios judiciais para negar o acesso a uma segunda inst�ncia, incluindo o autor. Entre as principais conclus�es, destaca-se que esta decis�o estabelece um precedente fundamental ao determinar que esta proibi��o se aplica apenas ao r�u que n�o responde, n�o podendo ser estendida ao autor cuja a��o foi rejeitada. Conclui-se que � necess�ria uma reforma jur�dica e uma mudan�a na pr�tica judicial para garantir que o direito de recurso n�o � violado por formalidades excessivas ou interpreta��es arbitr�rias da disposi��o.

Palavras-chave: Acesso � justi�a; COGEP; devido processo legal; impugna��o; procedimento executivo.

 

Introducci�n

El derecho a recurrir es un principio fundamental del debido proceso, es una garant�a procesal que permite a las partes impugnar una resoluci�n judicial ante un �rgano superior, con el fin de que esta sea revisada y, de ser el caso, modificada o revocada. Este derecho forma parte del debido proceso y se encuentra reconocido tanto en el art. 76 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (CRE) como en tratados internacionales de derechos humanos, como en el art. 8.2.h de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos. Su finalidad es asegurar el acceso a una segunda instancia, corregir posibles errores judiciales y fortalecer la justicia imparcial y efectiva.

A pesar de su importancia este derecho se ve restringido en el �mbito del procedimiento ejecutivo debido a la disposici�n establecida en el art�culo 352 del C�digo Org�nico General de Procesos (COGEP), que impide la interposici�n de recursos contra la sentencia dictada en ausencia de contestaci�n a la demanda por parte del deudor. El proceso ejecutivo en Ecuador se caracteriza por su celeridad y por basarse en la existencia de un t�tulo ejecutivo que demuestra una obligaci�n clara, expresa y exigible. Esta naturaleza sumaria busca una ejecuci�n r�pida de obligaciones l�quidas, priorizando la eficacia procesal sobre la discusi�n de fondo. No obstante, este car�cter expedito no debe justificar la supresi�n de garant�as procesales esenciales, como el derecho a recurrir, ya que ello puede comprometer el acceso a una segunda instancia y el principio de tutela judicial efectiva.

Asimismo, la falta de precisi�n normativa en el art�culo 352 del COGEP genera incertidumbre sobre su aplicaci�n, ya que no se especifica de manera clara si la restricci�n al derecho a recurrir afecta �nicamente a la parte demandada o si tambi�n alcanza a la parte actora. Esta ambig�edad ha dado lugar a interpretaciones judiciales que pueden vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, restringiendo las posibilidades de impugnar decisiones que afectan derechos fundamentales.

En este contexto, la Corte Constitucional, en la sentencia N.� 350-19-EP, analiz� la garant�a del derecho a recurrir y su posible afectaci�n en la aplicaci�n del art�culo 352 del COGEP. El caso surgi� a partir de un proceso ejecutivo en el cual la parte demandada no compareci�, y la jueza de primera instancia aplic� el art�culo 352 del COGEP no solo para emitir sentencia, sino tambi�n para inadmitir el recurso de apelaci�n presentado por la parte actora, es decir, el banco ejecutante cuya demanda fue rechazada. La Corte observ� que dicha interpretaci�n fue arbitraria, pues la consecuencia jur�dica establecida en el art�culo 352 que impide la interposici�n de recursos est� dirigida �nicamente a la parte demandada que no contesta la demanda, no a la parte actora cuya pretensi�n ha sido desestimada. En ese sentido, se concluy� que la negativa de admitir el recurso constituy� una barrera irrazonable que afect� el acceso a una segunda instancia y, por ende, vulner� el derecho a recurrir.

Esta decisi�n jurisprudencial es clave para entender c�mo debe interpretarse el alcance del derecho a la impugnaci�n en el procedimiento ejecutivo y si las restricciones impuestas por la normativa procesal cumplen con los est�ndares constitucionales y de derechos humanos. Por ello, el objetivo de este art�culo acad�mico es analizar el derecho a recurrir en el procedimiento ejecutivo a trav�s del estudio cr�tico y hermen�utico de la sentencia N.� 350-19-EP de la Corte Constitucional, con el fin de determinar su impacto en la garant�a del debido proceso. El an�lisis de dicha sentencia permite comprender los criterios jurisprudenciales que han sido establecidos en relaci�n con la aplicaci�n de esta norma y su impacto en la garant�a del derecho a recurrir.

Esta investigaci�n resulta relevante no solo desde el punto de vista te�rico y normativo, sino tambi�n desde una perspectiva pr�ctica. El estudio de esta problem�tica contribuir� a generar un debate sobre la necesidad de reformar o reinterpretar el art�culo 352 del COGEP, con el fin de asegurar que las restricciones impuestas al derecho a recurrir sean proporcionales y no vulneren el debido proceso. Adem�s, permitir� visibilizar posibles inequidades en la aplicaci�n de la norma, fomentando una mayor protecci�n de los derechos procesales de las partes dentro del sistema judicial ecuatoriano.

 

Metodolog�a

Este art�culo se desarroll� mediante un enfoque cualitativo, que permiti� un an�lisis profundo y contextualizado de las normas jur�dicas, criterios jurisprudenciales y doctrinales relacionados con el derecho a recurrir dentro del procedimiento ejecutivo. A trav�s de esta perspectiva, se busc� interpretar y comprender los significados jur�dicos subyacentes a la norma procesal contenida en el art�culo 352 del C�digo Org�nico General de Procesos (COGEP), as� como su aplicaci�n pr�ctica en el marco del debido proceso.

Se aplic� principalmente el m�todo hermen�utico, el cual permiti� interpretar los textos legales y las sentencias constitucionales a partir de los principios jur�dicos consagrados en la Constituci�n ecuatoriana y en los tratados internacionales de derechos humanos. Este m�todo fue fundamental para analizar el contenido y alcance del derecho a impugnar decisiones judiciales, as� como para identificar posibles tensiones entre la norma procesal y los principios del bloque de constitucionalidad. El m�todo exeg�tico, que se centr� en el estudio literal y sistem�tico de las disposiciones normativas, particularmente del art�culo 352 del COGEP. Se examin� el texto legal desde su redacci�n gramatical hasta su interpretaci�n l�gica y sistem�tica dentro del ordenamiento jur�dico ecuatoriano. Este m�todo permiti� identificar ambig�edades y vac�os en la norma, as� como contrastar su redacci�n con su aplicaci�n en casos concretos.

El m�todo de revisi�n bibliogr�fica, que consisti� en el an�lisis cr�tico de fuentes doctrinales nacionales e internacionales, as� como de estudios comparados sobre el derecho a recurrir y el proceso ejecutivo. Esta revisi�n incluy� libros, art�culos acad�micos y fallos relevantes de tribunales constitucionales de Am�rica Latina, lo que permiti� ampliar el enfoque del trabajo y enriquecer el an�lisis con diferentes perspectivas te�ricas y pr�cticas. Finalmente, se realiz� un an�lisis jurisprudencial de la sentencia N.� 350-19-EP de la Corte Constitucional del Ecuador, considerando sus argumentos, fundamentos jur�dicos, y efectos vinculantes. Este an�lisis permiti� establecer los principales hallazgos del estudio, identificar el impacto de la decisi�n en la pr�ctica judicial y proponer soluciones normativas para armonizar el procedimiento ejecutivo con las garant�as del debido proceso.

 

Desarrollo

1.                 El derecho a recurrir como garant�a del debido proceso

El derecho a recurrir constituye una garant�a fundamental dentro del debido proceso y representa uno de los pilares del sistema de justicia moderno, ya que permite la revisi�n de las decisiones judiciales por una autoridad superior, asegurando as� la correcci�n de errores, el respeto a los derechos fundamentales y la justicia material. Desde la doctrina, este derecho se ha entendido como la facultad que tiene una de las partes de solicitar la revisi�n de una resoluci�n judicial ante un �rgano jurisdiccional de jerarqu�a superior, con el objetivo de que se confirme, modifique o revoque lo resuelto. Seg�n Fix-Zamudio (1993), el derecho a recurrir es una manifestaci�n concreta del principio de legalidad y un mecanismo indispensable para garantizar la imparcialidad y objetividad en la administraci�n de justicia.

En el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, este derecho encuentra su fundamento constitucional en el art�culo 76, numeral 7, literal m de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), que establece: �El derecho de las personas a la defensa incluir� las siguientes garant�as: Recurrir el fallo o resoluci�n en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos�. Este precepto consagra el derecho a la doble instancia como parte del conjunto de garant�as del debido proceso, reforzando la idea de que una sola decisi�n judicial no puede ser considerada definitiva sin la posibilidad de revisi�n.

A nivel internacional, el derecho a recurrir est� reconocido en el art�culo 8.2.h de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos. Este instrumento internacional es de obligatorio cumplimiento para Ecuador conforme al art�culo 417 de la CRE, ampl�a la garant�a a nivel regional, asegurando el acceso a una segunda instancia como parte de los est�ndares internacionales de derechos humanos.

Desde la perspectiva de su naturaleza jur�dica, el derecho a recurrir puede ser entendido como un derecho fundamental procesal con dimensi�n tanto sustantiva como instrumental. No se trata �nicamente de una prerrogativa procedimental, sino de un derecho que salvaguarda otros derechos, como la libertad, la igualdad y la dignidad, al permitir una revisi�n efectiva de decisiones potencialmente arbitrarias o injustas. En palabras de De la Oliva (2004), la segunda instancia no solo cumple una funci�n correctiva, sino tambi�n una funci�n garantista, al reforzar la legitimidad del proceso judicial y fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.

La jurisprudencia constitucional ecuatoriana ha desarrollado importantes criterios sobre el derecho a recurrir, particularmente a trav�s de la Corte Constitucional. En la sentencia No. 253-13-SEP-CC, la Corte Constitucional (2013) se�al� que �el derecho a impugnar decisiones judiciales se integra al debido proceso como garant�a de una tutela judicial efectiva y de protecci�n de los derechos de las personas, y no puede ser restringido injustificadamente por formalismos procesales�. En similar l�nea, en la sentencia No. 009-16-SCN-CC, la Corte Constitucional (2016) enfatiz� que la supresi�n o limitaci�n de la posibilidad de recurrir constituye una vulneraci�n al debido proceso y puede configurar una violaci�n de derechos. Esta l�nea jurisprudencial ha sido reafirmada en la Sentencia No. 3330-17-EP/23, en la cual la Corte Constitucional (2023) resolvi� que �el derecho a recurrir debe ser entendido como un canal para examinar las resoluciones jurisdiccionales�, y que �se vulnera cuando se imponen trabas irrazonables o desproporcionadas, u obst�culos que tornen al derecho en impracticable� (p�rr. 20).

De igual manera, autores como Taruffo (2009) han afirmado que el derecho a impugnar las decisiones judiciales es un elemento esencial para la correcci�n del error judicial, el control del poder jurisdiccional y la realizaci�n de una justicia dial�gica y no autoritaria. Esto es especialmente relevante en los Estados constitucionales de derecho, donde los jueces tienen un rol activo en la protecci�n de los derechos fundamentales y donde los recursos judiciales deben servir como instrumentos eficaces de reparaci�n frente a eventuales arbitrariedades.

El derecho a recurrir no solo cumple una funci�n t�cnica dentro del proceso judicial, sino que se erige como una garant�a estructural del debido proceso, consagrada en normas constitucionales, convencionales y desarrollada por la jurisprudencia y la doctrina. Su reconocimiento y aplicaci�n efectiva fortalecen el sistema de justicia, promueven la transparencia judicial y aseguran la protecci�n de los derechos fundamentales frente a decisiones judiciales err�neas o injustas.

2.                 El debido proceso y la tutela judicial efectiva

En el Estado constitucional de derechos y justicia establecido por la CRE, el debido proceso constituye una garant�a transversal para la protecci�n de los derechos fundamentales. Su alcance en el sistema ecuatoriano est� recogido expresamente en el art�culo 76 de la carta magna, que desarrolla un conjunto de derechos y principios m�nimos que deben observarse en toda actuaci�n administrativa o judicial que pueda afectar derechos de las personas. En este sentido, el debido proceso no solo se refiere a las garant�as procesales penales, sino que abarca procedimientos administrativos, civiles, laborales, entre otros, consolid�ndose como una cl�usula de garant�a del Estado de derecho.

Seg�n P�rez Lu�o (2006), el debido proceso debe entenderse como una exigencia sustancial y formal que garantiza la legalidad, la defensa, la imparcialidad y la justicia en toda actuaci�n p�blica, protegiendo al individuo frente a posibles abusos del poder estatal. Por su parte, la tutela judicial efectiva se erige como un principio rector del sistema de justicia, inseparable del debido proceso, ya que garantiza que toda persona pueda acudir ante un juez imparcial, competente e independiente, a fin de que sus derechos sean protegidos y restablecidos cuando han sido vulnerados. Este principio est� consagrado en la CRE, que establece:

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeci�n a los principios de inmediaci�n y celeridad; en ning�n caso quedar� en indefensi�n. El incumplimiento de las resoluciones judiciales ser� sancionado por la ley. (art. 75).

El art�culo 75 de la Constituci�n del Ecuador no solo garantiza el ingreso formal al sistema judicial, sino que impone al Estado la obligaci�n de ofrecer mecanismos reales y eficaces de protecci�n de derechos. Esta disposici�n se alinea con una concepci�n sustancial del derecho a la tutela judicial efectiva, que va m�s all� del simple acceso a un tribunal. Como lo indica Fix-Zamudio (2001), la tutela judicial efectiva no se limita al acceso formal a los tribunales, sino que exige un resultado �til y protector del derecho invocado por el ciudadano. En consecuencia, la tutela no puede entenderse como un tr�mite meramente procedimental, sino como una garant�a esencial que impide la indefensi�n y asegura una respuesta judicial adecuada, oportuna y con capacidad de reparaci�n frente a la vulneraci�n de derechos.

Sin embargo, esta garant�a puede verse afectada por ciertas restricciones al debido proceso, las cuales deben ser analizadas con especial cautela. En un Estado constitucional de derechos, solo resultan leg�timas aquellas limitaciones que cumplan con los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Por el contrario, las restricciones impuestas de forma arbitraria, sin justificaci�n suficiente o que supriman garant�as procesales esenciales �como el derecho a la defensa, a impugnar decisiones o a ser juzgado por un juez competente� son manifiestamente inconstitucionales.

En este contexto, el principio de proporcionalidad cumple una funci�n central. Reconocido tanto en el derecho constitucional como en la doctrina internacional de los derechos humanos, este principio exige que cualquier medida que restrinja un derecho fundamental cumpla con los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En palabras de Alexy (2002), la proporcionalidad implica que una medida restrictiva debe perseguir un fin constitucionalmente leg�timo, ser el medio menos lesivo disponible y mantener un equilibrio razonable entre los fines perseguidos y los derechos afectados.

Aplicado al �mbito del debido proceso, esto significa que cualquier restricci�n debe estar debidamente justificada, ser indispensable para alcanzar un objetivo leg�timo �como la eficiencia procesal o la protecci�n de otros derechos� y no producir una afectaci�n desproporcionada a las garant�as fundamentales del justiciable. En este sentido, medidas como la eliminaci�n de recursos, la imposici�n de plazos irrazonables o la denegaci�n de acceso a la justicia sin una motivaci�n clara vulneran el n�cleo esencial del debido proceso y, por tanto, resultan inconstitucionales.

El debido proceso y la tutela judicial efectiva son garant�as interdependientes que sostienen la estructura del sistema de justicia ecuatoriano. Su observancia rigurosa es indispensable no solo para la legitimidad de las decisiones judiciales, sino tambi�n para la protecci�n efectiva de los derechos humanos. Por ello, cualquier restricci�n a estas garant�as solo puede admitirse bajo estrictos est�ndares de legalidad y proporcionalidad, asegurando que la administraci�n de justicia no se convierta en un mecanismo de arbitrariedad, sino en un verdadero instrumento de protecci�n y reparaci�n de derechos vulnerados.

3.                 Naturaleza jur�dica del proceso ejecutivo

El proceso ejecutivo es una figura procesal especializada, destinada a lograr la pronta satisfacci�n de obligaciones claramente determinadas. Su naturaleza jur�dica radica en ser un proceso de ejecuci�n forzada que se activa en virtud de la existencia de un t�tulo ejecutivo, sin necesidad de un pronunciamiento previo sobre la existencia del derecho, ya que esta se presume por el documento presentado. En palabras de Carnelutti (1958), se trata de un proceso en el que el juicio no est� dirigido a declarar un derecho, sino a hacer efectivo uno ya reconocido por un t�tulo suficiente.

En cuanto a su concepto y caracter�sticas, el proceso ejecutivo puede definirse como aquel procedimiento judicial que permite al acreedor exigir el cumplimiento de una obligaci�n l�quida, vencida y exigible mediante un tr�mite c�lere y limitado, con menor amplitud probatoria que un proceso ordinario. Entre sus caracter�sticas principales destacan la preclusi�n procesal, la limitaci�n de la defensa del deudor a excepciones espec�ficas y la celeridad, que es su rasgo esencial, como lo se�ala Chiovenda (1954), para quien el proceso ejecutivo es un instrumento eficaz al servicio del acreedor que cuenta con una prueba preconstituida del derecho.

La finalidad del proceso ejecutivo radica en asegurar la pronta ejecuci�n de obligaciones l�quidas y exigibles, evitando que el acreedor deba recurrir a un proceso declarativo ordinario cuando ya cuenta con un t�tulo que acredita de manera suficiente su derecho. Esta naturaleza sumaria y directa est� expresamente reconocida en el C�digo Org�nico General de Procesos (COGEP, 2015), que establece: �Para que proceda el procedimiento ejecutivo, la obligaci�n contenida en el t�tulo deber� ser clara, pura, determinada y actualmente exigible� (art. 348). La celeridad que caracteriza a este procedimiento no responde a una mera formalidad procesal, sino a la necesidad de garantizar la efectividad del derecho reconocido, tal como lo sostiene Monroy G�lvez (2012), quien afirma que la ejecuci�n no es otra cosa que la protecci�n jurisdiccional en grado m�ximo del derecho subjetivo.

En cuanto a sus diferencias con otros procesos declarativos, el proceso ejecutivo no pretende debatir sobre la existencia o inexistencia del derecho, como sucede en los procesos ordinarios o sumarios, sino �nicamente verificar si el t�tulo presentado cumple con los requisitos legales para ordenar la ejecuci�n. Por tanto, mientras que en los procesos declarativos el juez debe reconstruir los hechos y el derecho, en el proceso ejecutivo la discusi�n gira �nicamente en torno a la existencia de un t�tulo y las excepciones permitidas. En este sentido, Calamandrei (1958) se�ala que el proceso ejecutivo es un procedimiento estrechamente vinculado a la eficacia del documento presentado, lo que le da su car�cter inmediato y restrictivo.

La figura del t�tulo ejecutivo constituye el eje central de este proceso, seg�n el art�culo COGEP (2015) �Son t�tulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer� art. 347). Esto incluye:

1. Declaraci�n de parte hecha con juramento ante una o un juzgador competente. 2. Copia y la compulsa aut�ntica de las escrituras p�blicas. 3. Documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisi�n judicial. 4. Letras de cambio. 5. Pagar�s a la orden. 6. Testamentos. 7. Transacci�n extrajudicial. 8. Los dem�s a los que otras leyes otorguen el car�cter de t�tulos ejecutivos. (art. 347).

El t�tulo debe tener un contenido cierto, es decir, no debe requerir mayor actividad probatoria para su interpretaci�n o ejecuci�n. Su fuerza y valor probatorio radican en su capacidad para presumir la existencia del derecho del acreedor sin necesidad de un proceso declarativo previo. Como explica Couture (2004), el t�tulo ejecutivo goza de �autonom�a probatoria� y basta por s� mismo para provocar la actuaci�n judicial de ejecuci�n.

El proceso ejecutivo constituye un mecanismo procesal privilegiado para proteger el derecho del acreedor frente al incumplimiento, siempre que se cumplan con las condiciones exigidas legalmente. Su estructura �gil y su �nfasis en la certeza documental lo convierten en un medio eficaz de tutela jurisdiccional, aunque sujeto a garant�as procesales m�nimas para el deudor, dentro del marco del debido proceso.

4.                 El art�culo 352 del COGEP: an�lisis normativo

El COGEP (2015) regula un aspecto fundamental del procedimiento ejecutivo la respuesta del demandado ante una demanda de este tipo. El texto normativo establece:

Falta de contestaci�n a la demanda. Si la o el deudor dentro del respectivo t�rmino no cumple la obligaci�n, ni propone excepciones o si las excepciones propuestas son distintas a las permitidas en este C�digo para este tipo de procesos, la o el juzgador en forma inmediata pronunciar� sentencia mandando que la o el deudor cumpla con la obligaci�n. Esta resoluci�n no ser� susceptible de recurso alguno. (art. 352).

Esta disposici�n establece con claridad que, en caso de inacci�n del deudor o si este presenta excepciones indebidas, el juez debe dictar sentencia de forma inmediata, ordenando el cumplimiento de la obligaci�n, sin que dicha resoluci�n sea impugnable por medio de recurso alguno. Su prop�sito es reforzar la celeridad del procedimiento ejecutivo, que est� dise�ado para el cobro de obligaciones claras, l�quidas y exigibles, donde se presume la ausencia de controversia real.

No obstante, el car�cter sumario del proceso no exime al legislador de respetar los principios constitucionales del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a recurrir las decisiones judiciales. La expresi�n �no ser� susceptible de recurso alguno� ha suscitado un debate importante en la doctrina y en la pr�ctica judicial, especialmente por su potencial conflicto con el derecho a la tutela judicial efectiva y al principio de impugnaci�n.

Una de las principales zonas grises del art�culo radica en la ambig�edad sobre el alcance subjetivo de la restricci�n al recurso: �es �nicamente el demandado quien pierde la facultad de impugnar por no actuar oportunamente, o tambi�n el acreedor quedar�a impedido de recurrir en caso de que el juez niegue la demanda ejecutiva por una raz�n formal o por error judicial? La norma no lo aclara, lo que ha dado lugar a interpretaciones dis�miles entre los operadores de justicia.

Desde un enfoque garantista, diversos autores han advertido que la exclusi�n absoluta de recursos en este tipo de resoluciones puede comprometer derechos fundamentales. Navas Alvear (2016) sostiene que el principio de impugnabilidad de las decisiones judiciales es un elemento estructural del derecho a la tutela judicial efectiva, se�alando que "toda decisi�n judicial deber�a ser susceptible de alg�n medio de impugnaci�n, salvo en los casos en que la ley expresamente y de manera clara y proporcional lo limite" (p. 231). En ese sentido, el uso de cl�usulas como �no ser� susceptible de recurso alguno� debe interpretarse de forma restrictiva, a fin de no vaciar de contenido los principios de defensa y doble instancia consagrados en el ordenamiento constitucional.

En el mismo sentido, P�rez Pinta (2019) critica el car�cter autom�tico y absoluto de esta exclusi�n recursiva, pues �la exclusi�n total de recursos en determinadas resoluciones atenta contra el principio de doble instancia, sobre todo si la decisi�n judicial se adopta sin un verdadero contradictorio� (p. 165). En efecto, cuando no se permite el ejercicio de la defensa material ni la posibilidad de revisi�n por un �rgano superior, se corre el riesgo de consolidar errores jurisdiccionales sin correcci�n posible, afectando la legitimidad del fallo.

Por otra parte, existen posturas que defienden la constitucionalidad de esta disposici�n bajo ciertos presupuestos. L�pez Rodr�guez (2018), por ejemplo, argumenta que �la inactividad del demandado debe generar consecuencias procesales inmediatas para preservar la eficacia del proceso monitorio� (p. 98). Desde esta visi�n, el derecho a recurrir no se ver�a vulnerado si previamente se han respetado las garant�as m�nimas del debido proceso, como la notificaci�n v�lida, el plazo para comparecer y la posibilidad real de presentar excepciones conforme a lo permitido por el COGEP.

A pesar de estas posturas divergentes, resulta claro que el art�culo 352 plantea una tensi�n entre el principio de celeridad procesal y el derecho a la impugnaci�n como manifestaci�n de la tutela judicial efectiva. Si bien es leg�timo que el proceso ejecutivo opere con mayor rapidez que otros procedimientos, ello no puede justificar la supresi�n total de garant�as b�sicas sin una justificaci�n constitucionalmente v�lida. La ausencia de posibilidad de recurso deber�a analizarse a la luz del principio de proporcionalidad, evaluando si la restricci�n cumple con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En caso contrario, se correr�a el riesgo de incurrir en una limitaci�n inconstitucional que afecte gravemente el derecho de defensa y el acceso a una justicia imparcial.

En definitiva, el art�culo 352 del COGEP debe ser interpretado en armon�a con la Constituci�n, de modo que su aplicaci�n no implique una restricci�n desproporcionada o autom�tica al derecho de impugnar. La garant�a de una justicia expedita no puede alcanzarse a costa del debilitamiento del debido proceso, sino mediante una aplicaci�n razonable de los mecanismos procesales que asegure tanto la eficiencia como la protecci�n efectiva de los derechos.

5.                 Celeridad procesal vs. garant�as procesales

En el marco del sistema procesal ecuatoriano, la celeridad procesal constituye uno de los principios rectores que orientan la sustanciaci�n de los juicios, y su consagraci�n responde a la necesidad de garantizar una justicia pronta y sin dilaciones indebidas. Este principio, aunque no est� expresamente numerado en un art�culo espec�fico del COGEP, se encuentra impl�cito a lo largo del cuerpo normativo como parte del modelo oral, simplificado y eficiente que promueve dicho c�digo. La celeridad tiene como finalidad que los procesos judiciales se desarrollen en un plazo razonable, evitando que el retardo judicial derive en una denegaci�n de justicia, tal como lo ha advertido reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que un proceso excesivamente prolongado puede constituir por s� mismo una vulneraci�n del derecho al acceso a la justicia.

En este sentido, la doctrina ha se�alado que �la justicia tard�a es injusticia�, puesto que la eficacia del proceso depende no solo del contenido de la decisi�n, sino tambi�n del tiempo en que esta se emite (Corral Salazar, 2016). Sin embargo, este principio no puede entenderse en t�rminos absolutos, pues al estar vinculado a la eficiencia administrativa del sistema judicial, su aplicaci�n no puede sacrificar otros principios y derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la defensa. Este derecho, garantizado en el art�culo 76 numeral 7 literal a) de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), dispone que nadie podr� ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, lo cual implica que cualquier medida que limite el ejercicio de medios de impugnaci�n, alegaciones, producci�n de prueba o intervenci�n de las partes, debe estar debidamente justificada.

El principio de celeridad procesal, si bien orienta la justicia hacia una mayor eficiencia, no puede ser invocado para justificar la supresi�n de etapas esenciales del proceso ni la limitaci�n de los medios de defensa de las partes. As� lo sostuvo la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-543 de 2011, al se�alar que la celeridad no debe prevalecer sobre las garant�as procesales m�nimas, pues hacerlo desnaturaliza el proceso y lo convierte en un medio de posible vulneraci�n de derechos, en lugar de un instrumento de protecci�n. Este criterio cobra especial relevancia en contextos donde los sistemas judiciales han incorporado procedimientos abreviados o tecnolog�as como audiencias virtuales y automatizaci�n, los cuales, aunque �tiles, enfrentan limitaciones estructurales que pueden comprometer su eficacia y equidad (Corte Constitucional de Colombia, 2011).

�Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado que el debido proceso es un eje central del Estado de derecho. En el caso Baena Ricardo y otros vs. Panam� (2001), estableci� que todo procedimiento �judicial o administrativo� debe garantizar las condiciones m�nimas de defensa para evitar arbitrariedades. Estas garant�as deben ser respetadas en cualquier tipo de procedimiento, incluso en aquellos de tramitaci�n sumaria, bajo el imperativo de la razonabilidad y la proporcionalidad en la restricci�n de derechos.

En este contexto, el principio de razonabilidad exige que las restricciones a los derechos no sean generales ni autom�ticas, sino que atiendan al contexto espec�fico del caso, valorando si el sacrificio del derecho est� debidamente justificado. Para ello, resulta indispensable la aplicaci�n del test de proporcionalidad, una herramienta de an�lisis constitucional que permite determinar si una limitaci�n a un derecho fundamental es jur�dicamente admisible. Seg�n la Corte Constitucional del Ecuador (2019), este test se compone de cuatro elementos esenciales: a) un fin constitucionalmente v�lido; b) idoneidad; c) necesidad; y d) proporcionalidad en sentido estricto. La ausencia de cualquiera de estos elementos es suficiente para considerar que la medida no supera el test. No obstante, por razones de conveniencia argumental, se propone aplicar el test en todos y cada uno de sus elementos, a fin de verificar con rigurosidad si la restricci�n impuesta es compatible con los est�ndares constitucionales de protecci�n de derechos (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 11-18-CN/19, 2019).

Aplicado al �mbito del proceso judicial, este test se convierte en un est�ndar que obliga al legislador y al juez a justificar la exclusi�n de recursos o actos procesales en funci�n de criterios constitucionales y no �nicamente formales. As�, si una norma procesal impide la interposici�n de recursos con el �nico argumento de que no se contest� a tiempo una demanda o que no se utilizaron excepciones admitidas, como en el caso del art�culo 352 del COGEP, dicha limitaci�n debe analizarse con base en el principio de proporcionalidad, evaluando si la supresi�n del recurso es la �nica alternativa posible para mantener la eficiencia del procedimiento monitorio o si existen otras opciones menos lesivas, como permitir un recurso limitado o una revisi�n de oficio.

Resulta cuestionable que una sentencia dictada sin un debate contradictorio como puede suceder en el proceso ejecutivo cuando el demandado no responde quede firme de forma autom�tica, sin posibilidad de recurso, pues ello podr�a equivaler a una vulneraci�n del derecho a ser o�do y a impugnar resoluciones judiciales, derechos que se encuentran reconocidos en instrumentos internacionales como la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos.

La celeridad procesal es un valor imprescindible para el funcionamiento del sistema judicial, pero su aplicaci�n debe equilibrarse cuidadosamente con las garant�as constitucionales de las partes, entre ellas, el derecho a la defensa y el derecho al recurso. La eficiencia no puede convertirse en un pretexto para limitar el acceso a la justicia, y toda restricci�n debe superar el an�lisis del principio de razonabilidad y del test de proporcionalidad, garantizando as� que el proceso sea no solo r�pido, sino tambi�n justo y respetuoso de los derechos fundamentales.

6.                 Jurisprudencia constitucional y control de convencionalidad

la Corte Constitucional del Ecuador desempe�a un papel esencial al interpretar los alcances del debido proceso y el derecho a impugnar decisiones judiciales. Este tribunal, al resolver acciones extraordinarias de protecci�n, ha sostenido que el debido proceso no puede entenderse de manera restringida, sino que abarca la posibilidad real y efectiva de que las personas impugnen las decisiones judiciales que les afectan. Como afirma G�mez Robledo (2019), la funci�n jurisdiccional de los tribunales constitucionales debe trascender la revisi�n formalista de los actos judiciales, para garantizar una verdadera justicia sustantiva orientada por los derechos humanos. As�, la Corte Constitucional (2024) ha establecido que el derecho a recurrir implica no solo la existencia de un recurso legal, sino su accesibilidad, idoneidad y oportunidad, conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Un claro ejemplo de este desarrollo se encuentra en la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en la sentencia del caso Mohamed vs. Argentina (2012). En este fallo, el Tribunal Interamericano determin� que el se�or Mohamed fue condenado en segunda instancia, tras haber sido absuelto por un tribunal inferior, sin que existiera un recurso efectivo para impugnar esa condena. La Corte consider� que esta situaci�n vulner� el art�culo 8.2.h de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona condenada a que la sentencia sea revisada por un tribunal superior. Seg�n la Corte, el recurso extraordinario federal existente en la legislaci�n argentina no cumpl�a con los est�ndares de idoneidad, por estar limitado a cuestiones de derecho y no permitir un examen integral del caso. Este precedente estableci� un est�ndar importante para los Estados parte, al se�alar que no basta con la existencia formal de un recurso: este debe ser adecuado para cumplir la finalidad de corregir errores judiciales que puedan lesionar los derechos del condenado.

En el caso ecuatoriano, este est�ndar ha sido reforzado a trav�s del control de constitucionalidad ejercido tanto de forma concentrada como difusa. El control concentrado corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional, la cual revisa la conformidad de las leyes con la Constituci�n, mientras que el control difuso, aunque permitido por la norma, es aplicado con menos frecuencia por los jueces ordinarios. En opini�n de Hern�ndez N��ez (2020), la aplicaci�n del control difuso en Ecuador enfrenta dificultades pr�cticas debido a la falta de capacitaci�n judicial y a la persistencia de una cultura jur�dica centralista que relega a los jueces inferiores a una funci�n meramente ejecutora. No obstante, la vigencia del art�culo 424 de la Constituci�n, que establece la supremac�a constitucional y la prevalencia de los tratados de derechos humanos, faculta a cualquier juez a ejercer un control de convencionalidad, en tanto las normas legales deben interpretarse de manera arm�nica con la Convenci�n Americana.

En cuanto al control de convencionalidad, se trata de una obligaci�n impuesta por la Corte Interamericana a todos los operadores jur�dicos del sistema interamericano. Este mecanismo exige que los jueces internos, en el marco de sus competencias, interpreten y apliquen las normas internas de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, como explica Piovesan (2018), el control de convencionalidad no solo implica un di�logo entre el derecho nacional y el internacional, sino que transforma la funci�n judicial en una herramienta activa de defensa de los derechos humanos. A partir del caso Mohamed, la Corte IDH dej� claro que todo �rgano judicial est� obligado a garantizar el derecho a recurrir una sentencia condenatoria, bajo pena de responsabilidad internacional del Estado. Esta l�nea jurisprudencial ha sido replicada por diversos tribunales constitucionales de la regi�n, que reconocen el valor vinculante de la jurisprudencia interamericana como parte del bloque de constitucionalidad.

En suma, la articulaci�n entre jurisprudencia constitucional y control de convencionalidad ha permitido fortalecer la protecci�n del derecho al recurso, entendido como una manifestaci�n del acceso a la justicia y del principio de legalidad procesal. La doctrina coincide en que este derecho no puede ser ilusorio ni condicionado por barreras formales que impidan una revisi�n efectiva de la decisi�n judicial. Autores como Ferrer (2021) destacan que el control de convencionalidad constituye una herramienta imprescindible para concretar el contenido sustantivo del debido proceso, imponiendo a los jueces el deber de interpretar la normativa interna conforme a los est�ndares internacionales. De esta manera, la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Interamericana convergen en una misma direcci�n: garantizar que los recursos judiciales no sean una mera apariencia, sino mecanismos efectivos para la defensa de los derechos fundamentales.

7.                 El impacto de la sentencia 350-19-EP

La sentencia 350-19-EP, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador en agosto de 2023, constituye un importante precedente jurisprudencial en materia de debido proceso, particularmente en la garant�a de recurrir decisiones judiciales. El caso se origin� a partir de la negativa, por parte de una jueza de la Unidad Judicial Civil de Quitumbe, a admitir los recursos de apelaci�n y de hecho presentados por el Banco General Rumi�ahui S.A. en el marco de un proceso ejecutivo. La Corte concluy� que dicha negativa fue el resultado de una interpretaci�n arbitraria del art�culo 352 COGEP, que gener� una barrera irrazonable para el acceso al recurso por parte del accionante. Este fallo no solo declara la vulneraci�n del derecho a recurrir, sino que tambi�n sienta un precedente fundamental al establecer que los l�mites legales para la impugnaci�n deben ser interpretados de manera coherente con los principios constitucionales y con los tratados internacionales de derechos humanos.

Lo relevante de esta decisi�n es que delimita el alcance del art�culo 352 del COGEP, el cual establece que si el deudor no comparece ni presenta excepciones v�lidas, el juez deber� dictar sentencia y esta no ser� susceptible de recurso alguno. En el caso analizado, sin embargo, la jueza no orden� el cumplimiento de la obligaci�n, sino que rechaz� la demanda por considerar que el pagar� presentado no ten�a m�rito ejecutivo. La Corte Constitucional determin� que al haberse emitido una sentencia que no se ajusta al supuesto previsto en el art�culo citado, la negativa a admitir la apelaci�n constituye una vulneraci�n del derecho a impugnar. La sentencia 350-19-EP reafirma que no se puede aplicar una norma restrictiva del derecho al recurso cuando no se cumplen los requisitos estrictos de la misma, pues ello afecta la tutela judicial efectiva y la seguridad jur�dica.

Este pronunciamiento ha generado un llamado de atenci�n a los jueces de instancia sobre la necesidad de realizar interpretaciones conforme a la Constituci�n, evitando la aplicaci�n literal de las normas cuando ello implique una restricci�n desproporcionada a los derechos fundamentales. Como advierte L�pez Medel (2022), la labor judicial no puede limitarse a la aplicaci�n mec�nica de las normas, sino que debe implicar un ejercicio hermen�utico garantista, especialmente cuando se trata del acceso a recursos judiciales. As�, la sentencia se convierte en una gu�a obligatoria para los jueces al momento de calificar recursos procesales, en tanto deben verificar que la negativa a admitirlos no resulte en una denegaci�n de justicia, como ocurri� en el caso en an�lisis.

Para Ram�rez Cleves (2021), el control de constitucionalidad debe proteger la dimensi�n sustantiva del debido proceso, lo cual implica garantizar una revisi�n judicial cuando hay efectos sustanciales sobre derechos fundamentales, aun cuando la norma parezca no prever expresamente la impugnaci�n. En esta l�nea, la sentencia 350-19-EP es un ejemplo de c�mo el control constitucional act�a como corrector frente a decisiones judiciales que, amparadas en la ley, terminan restringiendo de manera irrazonable el acceso a la justicia. A juicio de B�ez Garc�a (2023), esta resoluci�n es que reconoce la prevalencia del contenido material del debido proceso sobre las formas, reforzando la idea de que la interpretaci�n judicial debe estar guiada por los derechos fundamentales y no por tecnicismos procesales.

El impacto de la sentencia 350-19-EP trasciende el caso concreto y ofrece una orientaci�n clara sobre c�mo deben ser interpretadas las normas procesales restrictivas cuando est�n en juego derechos fundamentales. A trav�s de esta decisi�n, la Corte Constitucional ecuatoriana reafirma su rol como garante del acceso a la justicia y del debido proceso, al tiempo que obliga a los operadores jur�dicos a ajustar sus pr�cticas conforme al bloque de constitucionalidad. La sentencia se convierte, as�, en una herramienta clave para evitar arbitrariedades judiciales y para asegurar que el derecho a recurrir sea una garant�a real y no simplemente formal.

 

Discusi�n

La problem�tica central que aborda este art�culo radica en la tensi�n existente entre la necesidad de celeridad procesal en el procedimiento ejecutivo y la garant�a constitucional del derecho a recurrir las decisiones judiciales. Esta tensi�n se manifiesta particularmente en la interpretaci�n y aplicaci�n del art�culo 352 del C�digo Org�nico General de Procesos (COGEP), que establece que, en caso de inacci�n del deudor, la sentencia dictada no ser� susceptible de recurso alguno. Aunque la norma busca fortalecer la eficiencia del proceso ejecutivo, su redacci�n ambigua y su aplicaci�n extensiva han generado serias preocupaciones desde el punto de vista de los derechos fundamentales.

Uno de los aspectos m�s cr�ticos de esta norma es que no distingue de forma expresa si la prohibici�n de recurrir aplica exclusivamente a la parte demandada (deudor) que no contesta la demanda, o si tambi�n alcanza a la parte actora (acreedor) cuando su pretensi�n ha sido rechazada. Esta falta de precisi�n ha permitido que algunos jueces interpreten el art�culo de manera autom�tica y restrictiva, extendiendo la prohibici�n del recurso incluso a quienes tienen leg�timo inter�s en impugnar una resoluci�n adversa. Tal fue el caso analizado en la sentencia N.� 350-19-EP, donde un banco ejecutante fue impedido de apelar el rechazo de su demanda ejecutiva, pese a que el juez no hab�a dictado sentencia ordenando el pago de la obligaci�n, sino que hab�a desestimado el t�tulo ejecutivo. Este acto no correspond�a al supuesto previsto en el art�culo 352, por lo que su uso para denegar el recurso result� arbitrario.

La celeridad no puede convertirse en un valor absoluto que justifique la supresi�n de garant�as fundamentales, como el derecho al recurso. El proceso ejecutivo, por su propia naturaleza, busca asegurar la efectividad de derechos previamente reconocidos en un t�tulo ejecutivo. Sin embargo, dicha finalidad no puede imponerse sobre el principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el art�culo 75 de la Constituci�n ecuatoriana, ni sobre el derecho a la defensa y al recurso, reconocido en el art�culo 76.7.m de la misma. Adem�s, en el plano internacional, el art�culo 8.2.h de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos obliga a los Estados a garantizar el derecho de toda persona a que la sentencia condenatoria sea revisada por un juez o tribunal superior, lo que forma parte del bloque de constitucionalidad en Ecuador conforme al art�culo 417 de la CRE.

Desde la perspectiva del debido proceso, la prohibici�n absoluta de recursos en determinados actos judiciales debe ser objeto de un juicio de proporcionalidad estricto. Tal como lo ha establecido la Corte Constitucional ecuatoriana en varias sentencias, las limitaciones a derechos fundamentales solo son v�lidas si cumplen con los principios de legalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En el caso del art�culo 352 del COGEP, resulta cuestionable que una norma de car�cter procesal, redactada de manera general, pueda ser aplicada para impedir el acceso a una segunda instancia incluso cuando la parte actora se ve afectada por un fallo judicial que niega su pretensi�n sin que haya existido contradicci�n ni audiencia.

La sentencia 350-19-EP adquiere gran relevancia, pues rompe con una pr�ctica judicial que, bajo una lectura literal y formalista del art�culo 352 del COGEP, hab�a producido vulneraciones al derecho al recurso. Al se�alar que dicha disposici�n solo puede aplicarse cuando se cumplan estrictamente sus supuestos �es decir, cuando el deudor no contesta y no existe contradicci�n� la Corte Constitucional delimita su alcance y restituye el equilibrio entre la celeridad procesal y las garant�as del debido proceso. Esta decisi�n representa un llamado de atenci�n a los jueces de instancia sobre la necesidad de interpretar las normas conforme a la Constituci�n y los tratados internacionales, y no de manera aislada o mec�nica.

La falta de claridad en la norma y su potencial restrictivo ameritan una reforma legal que precise los l�mites del art�culo 352 del COGEP, dejando en claro que la prohibici�n de recurrir solo debe afectar a quien, habiendo sido notificado, no hace uso de su derecho de defensa dentro del t�rmino legal. Solo de esta forma se puede asegurar que el proceso ejecutivo cumpla su funci�n sin sacrificar garant�as m�nimas del sistema procesal constitucional.

 

Conclusiones

Del an�lisis realizado se concluye que la aplicaci�n indiscriminada y autom�tica del art�culo 352 del C�digo Org�nico General de Procesos (COGEP) representa un riesgo significativo para la garant�a del derecho a recurrir, al restringir de manera irrazonable el acceso a una segunda instancia. La sentencia, N.� 350-19-EP emitida por la Corte Constitucional del Ecuador constituye un precedente clave en esta materia, al delimitar con claridad el alcance de dicha disposici�n normativa. Esta decisi�n reitera que las normas procesales que restringen derechos fundamentales deben aplicarse con criterios de razonabilidad, proporcionalidad y conformidad con los principios del debido proceso, evitando interpretaciones meramente literales que deriven en denegaciones de justicia.

En atenci�n a estos hallazgos, se proponen dos medidas concretas: en primer lugar, una reforma parcial al art�culo 352 del COGEP, que precise de manera expresa que la prohibici�n de interponer recursos �nicamente afecta a la parte demandada que no ejerce su derecho de defensa, y no a la parte actora cuya pretensi�n ha sido rechazada. En segundo lugar, se recomienda que la Corte Constitucional emita lineamientos jurisprudenciales vinculantes que orienten a los jueces de instancia en la aplicaci�n de normas procesales restrictivas, en concordancia con el principio de razonabilidad y los est�ndares del control de convencionalidad. La adopci�n de estas medidas permitir�a reforzar la protecci�n del derecho a recurrir, asegurar un equilibrio adecuado entre celeridad y garant�as procesales, y consolidar un modelo de justicia verdaderamente respetuoso de los derechos fundamentales.

 

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