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An�lisis comparado sobre la inclusi�n de la violencia vicaria en la Legislaci�n de Ecuador y M�xico

 

Comparative analysis of the inclusion of vicarious violence in the legislation of Ecuador and Mexico

 

An�lise comparativa da inclus�o da viol�ncia vic�ria na legisla��o do Equador e do M�xico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: dsaavedra@indoamerica.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Econ�micas �

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de julio de 2025 *Aceptado: 22 de agosto de 2025 * Publicado: �22 de septiembre de 2025

 

       I.          Estudiante de la Carrera de Derecho, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Pol�ticas de la Universidad Indoam�rica, Ecuador.

     II.          Abogado de los Tribunales de la Rep�blica del Ecuador, Mag�ster en Derecho Procesal y Litigante Oral, Mediador avalado por el Consejo de la Judicatura, Doctor en Ciencias Jur�dicas por la Universidad Cat�lica de Buenos Aires, Docente titular de la Universidad Indoam�rica, ex coordinador de postgrados y coordinador de carrera de derecho en universidades del pa�s, abogado en libre ejercicio, socio fundador de Global Elite Legal Service and Compliance S.A.S., presidente de la Fundaci�n Themis, Director del Centro de Mediaci�n del Colegio Ecuatoriano de Mediadores con sede en Ambato, Ecuador.

 

Resumen

Este trabajo tiene como finalidad examinar la relevancia de incorporar la violencia vicaria en el marco legal ecuatoriano, tomando como referencia los avances legislativos registrados en M�xico. La investigaci�n parte del problema que representa la inexistencia de un reconocimiento normativo de esta forma de violencia en Ecuador, lo cual deja a las mujeres desprotegidas frente a situaciones en las que sus hijos u otros seres queridos son utilizados como instrumentos para causarles da�o. Desde una metodolog�a cualitativa, se aplicaron enfoques de an�lisis comparativo, deductivo y jur�dico-anal�tico, a trav�s del estudio de normas legales, doctrina especializada y literatura acad�mica sobre violencia de g�nero. Los resultados evidencian que, a diferencia de Ecuador, M�xico ha logrado importantes progresos en cuanto a la tipificaci�n y tratamiento legal de la violencia vicaria. En cambio, la ausencia de una regulaci�n espec�fica en Ecuador impide ofrecer respuestas jur�dicas adecuadas, lo que expone a las v�ctimas a mayores vulneraciones, especialmente cuando se instrumentaliza a los hijos en conflictos familiares. Adicionalmente, se identific� que la rigidez formal del sistema jur�dico ecuatoriano representa una barrera para reconocer esta forma de violencia como una t�ctica de control en procesos familiares. Como conclusi�n, se resalta la necesidad urgente de incorporar la violencia vicaria como una figura jur�dica aut�noma dentro del ordenamiento ecuatoriano, particularmente en la Ley Org�nica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en el C�digo Org�nico Integral Penal. Tal reconocimiento permitir�a visibilizar adecuadamente esta problem�tica, establecer mecanismos espec�ficos de protecci�n y garantizar una intervenci�n estatal eficaz.

Palabras Clave: derecho comparado; M�xico; mujeres; violencia de g�nero; violencia vicaria.

 

Abstract

This paper examines the relevance of incorporating vicarious violence into the Ecuadorian legal framework, taking into account the legislative advances made in Mexico. The research addresses the problem of the lack of normative recognition of this form of violence in Ecuador, which leaves women unprotected when faced with situations in which their children or other loved ones are used as instruments to cause them harm. Using a qualitative methodology, comparative, deductive, and legal-analytical approaches were applied through the study of legal norms, specialized doctrine, and academic literature on gender violence. The results show that, unlike Ecuador, Mexico has made significant progress in the legal classification and treatment of vicarious violence. However, the absence of specific regulations in Ecuador prevents adequate legal responses, exposing victims to greater violations, especially when children are instrumentalized in family conflicts. Additionally, it was identified that the formal rigidity of the Ecuadorian legal system represents a barrier to recognizing this form of violence as a control tactic in family proceedings. In conclusion, the urgent need to incorporate vicarious violence as an autonomous legal concept within the Ecuadorian legal system is highlighted, particularly in the Comprehensive Organic Law to Prevent and Eradicate Violence against Women and the Comprehensive Organic Criminal Code. Such recognition would make this problem adequately visible, establish specific protection mechanisms, and guarantee effective state intervention.

Keywords: Comparative law; Mexico; women; gender violence; vicarious violence.

 

Resumo

Este artigo examina a relev�ncia da incorpora��o da viol�ncia vic�ria no ordenamento jur�dico equatoriano, tendo em conta os avan�os legislativos alcan�ados no M�xico. A investiga��o aborda o problema da falta de reconhecimento normativo desta forma de viol�ncia no Equador, que deixa as mulheres desprotegidas perante situa��es em que os seus filhos ou outros entes queridos s�o utilizados como instrumentos para lhes causar danos. Recorrendo a uma metodologia qualitativa, foram aplicadas abordagens comparativa, dedutiva e jur�dico-anal�tica atrav�s do estudo de normas jur�dicas, doutrina especializada e literatura acad�mica sobre a viol�ncia de g�nero. Os resultados mostram que, ao contr�rio do Equador, o M�xico tem feito progressos significativos na classifica��o e no tratamento jur�dico da viol�ncia vic�ria. No entanto, a aus�ncia de regulamentos espec�ficos no Equador impede respostas legais adequadas, expondo as v�timas a maiores viola��es, especialmente quando as crian�as s�o instrumentalizadas em conflitos familiares. Al�m disso, identificou-se que a rigidez formal do sistema jur�dico equatoriano representa uma barreira ao reconhecimento desta forma de viol�ncia como t�tica de controlo em processos familiares. Em conclus�o, destaca-se a necessidade urgente de incorporar a viol�ncia vic�ria como um conceito jur�dico aut�nomo no ordenamento jur�dico equatoriano, particularmente na Lei Org�nica Integral de Preven��o e Erradica��o da Viol�ncia contra as Mulheres e no C�digo Penal Org�nico Integral. Tal reconhecimento tornaria este problema adequadamente vis�vel, estabeleceria mecanismos de protec��o espec�ficos e garantiria uma interven��o estatal eficaz.

Palavras-chave: Direito comparado; M�xico; mulheres; viol�ncia de g�nero; viol�ncia vic�ria.

Introducci�n

La violencia de g�nero constituye una manifestaci�n de violencia estructural dirigida, en su mayor�a, hacia las mujeres, basada en razones vinculadas a su condici�n de g�nero. Esta forma de violencia se origina en relaciones de poder desiguales que han sido hist�ricamente establecidas. No se trata de hechos aislados, sino de una expresi�n del sistema patriarcal que mantiene y refuerza estereotipos, as� como roles sociales que colocan a las mujeres en una posici�n de subordinaci�n. Asimismo, representa una grave vulneraci�n a los derechos humanos, situaci�n que ha sido reconocida y rechazada por diversos instrumentos internacionales, entre ellos la CEDAW y la Convenci�n de Bel�m do Par�. Sus consecuencias no se limitan al �mbito individual, sino que impactan a nivel colectivo, perpetuando pr�cticas discriminatorias y reproduciendo la desigualdad estructural.

La violencia de g�nero puede manifestarse de diversas formas: f�sica, psicol�gica, sexual, patrimonial, simb�lica o econ�mica. Estas expresiones de violencia no se limitan al �mbito dom�stico, sino que tambi�n pueden ocurrir en espacios p�blicos, laborales, educativos e institucionales. Todas ellas tienen como base la discriminaci�n estructural y las relaciones de poder desiguales que hist�ricamente han afectado a las mujeres. Una de las modalidades menos visibilizadas, pero de alto impacto, es la violencia vicaria. Esta forma de violencia consiste en da�ar intencionalmente a una mujer a trav�s de sus seres queridos, como hijos, hijas, personas dependientes o familiares cercanos. (Vaccaro, 2012) qui�n psic�loga cl�nica y pionera en el concepto de este tipo de violencia dice: �la violencia vicaria es aquella que se ejerce sobre los hijos para herir a la madre, una forma extrema de violencia machista que se basa en el desprecio hacia la mujer y en la cosificaci�n de los ni�os� (p. 6).

En Ecuador, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres ejecutada por (Asamblea Nacional, 2018): reconoce varios tipos de violencia, tales como la f�sica, psicol�gica, sexual, econ�mica, patrimonial, simb�lica, pol�tica y gineco-obst�trica. Sin embargo, no contempla la violencia vicaria como un tipo espec�fico de violencia. Esta omisi�n normativa impide que las v�ctimas puedan buscar una reparaci�n efectiva o protecci�n adecuada cuando se les da�a indirectamente a trav�s de sus seres queridos. El vac�o legal deja a muchas mujeres sin recursos jur�dicos para enfrentar situaciones de manipulaci�n parental o separaci�n injustificada de los hijos. Por ello, se evidencia la necesidad de reconocer esta forma de violencia en la legislaci�n ecuatoriana.

En comparaci�n, M�xico ha logrado avances significativos en la regulaci�n de la violencia vicaria. En 12 de sus estados, incluyendo Aguascalientes, se reconoce la violencia vicaria en sus leyes estatales. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes (2007) establece, en su Art�culo 8�, que la violencia vicaria se ejerce contra la mujer a trav�s de amenazas o violencia hacia sus descendientes, ascendientes o dependientes econ�micos. Adem�s, el C�digo Penal de Aguascalientes tipifica la violencia vicaria como delito en el Art�culo 132, sancionando a los responsables con penas de prisi�n de 1 a 4 a�os. Estas medidas fortalecen la protecci�n de las mujeres y de sus familias.

Dadas estas diferencias, el objetivo de este estudio es analizar la importancia de la inclusi�n de la violencia vicaria en la legislaci�n ecuatoriana, comparando los avances en su reconocimiento en M�xico. Se busca destacar la necesidad de su regulaci�n en Ecuador para una mejor protecci�n de las v�ctimas. El an�lisis comparado con M�xico evidencia la urgencia de implementar normas que reconozcan y sancionen este tipo de violencia. As�, se podr�a ofrecer un marco jur�dico m�s completo y ajustado a las realidades que enfrentan las mujeres en Ecuador. De esta manera, se contribuir�a a la erradicaci�n de la violencia de g�nero y a la garant�a de los derechos humanos.

La metodolog�a de este estudio es de tipo cualitativo, utilizando los m�todos de derecho comparado, anal�tico y deductivo. Se revisaron fuentes primarias, como leyes nacionales y estatales de Ecuador y M�xico, as� como doctrinas jur�dicas y estudios acad�micos especializados en violencia de g�nero. Adem�s, se consideraron informes y recomendaciones de organismos internacionales y nacionales sobre la protecci�n de los derechos de las mujeres. Esta revisi�n documental permiti� identificar vac�os normativos en Ecuador y avances significativos en M�xico respecto a la violencia vicaria. As�, se busca ofrecer un an�lisis cr�tico y fundamentado que sirva como base para futuras propuestas legislativas en Ecuador.

 

DESARROLLO

1. Violencia de g�nero

La violencia de g�nero constituye una de las m�s graves violaciones a los derechos humanos en la actualidad. Se manifiesta mediante agresiones f�sicas, psicol�gicas, sexuales y econ�micas, cimentadas en relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Esta problem�tica no es aislada ni circunstancial; responde a estructuras patriarcales hist�ricas que perpet�an la subordinaci�n de las mujeres. Seg�n (Lagarde, 2005) �la violencia de g�nero es un fen�meno estructural, social e hist�rico que ha subordinado a las mujeres en distintos �mbitos de la vida, desde lo familiar hasta lo institucional� (p. 14). Este enfoque invita a comprender que la violencia no es un acto individual, sino una manifestaci�n colectiva de desigualdad sist�mica.

La Convenci�n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer acorde a lo que atribuye (Consejo Nacional para la Igualdad de G�nero , 2005)establece con claridad que se entender� por violencia contra la mujer �cualquier acci�n o conducta, basada en su g�nero, que cause muerte, da�o o sufrimiento f�sico, sexual o psicol�gico a la mujer, tanto en el �mbito p�blico como en el privado� (p.1) Esta definici�n reconoce el car�cter estructural y persistente de la violencia, que trasciende lo dom�stico para alcanzar esferas comunitarias e institucionales.

Asimismo, la Convenci�n incluye la violencia que ocurre tanto en el �mbito privado como en el comunitario y aquella que es �perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra� (Consejo Nacional para la Igualdad de G�nero, 2005). Este art�culo obliga a los Estados a reconocer y sancionar no solo la violencia directa, sino tambi�n la omisi�n o indiferencia institucional ante ella. Esta disposici�n resulta clave en contextos donde la revictimizaci�n y la impunidad institucional son moneda corriente.

Diversas te�ricas feministas han contribuido a la comprensi�n cr�tica del fen�meno. (Segato, 2016) sostiene que �el poder masculino se reafirma mediante la violencia sexual, como una forma de control y de mensaje p�blico que busca reestablecer una jerarqu�a de g�nero� (p. 85). Esta perspectiva permite entender la violencia como una herramienta de control social, m�s all� del da�o individual, operando como un mecanismo de disciplinamiento colectivo de las mujeres.

Desde luego, (Butler, 2004) tambi�n propone una lectura cr�tica de las normas sociales que perpet�an esta violencia. Para la autora, es necesario �subvertir las normas que construyen la violencia como parte de la normalidad, para desmantelar las jerarqu�as que sostienen la subordinaci�n femenina� (p. 59). Su propuesta exige no solo reformar leyes, sino transformar los imaginarios culturales que legitiman la violencia en nombre de la tradici�n o la moral.

En Ecuador, la violencia de g�nero presenta cifras alarmantes. Seg�n el Instituto Nacional de Estad�stica y Censos (INEC, 2019), seis de cada diez mujeres han sufrido alg�n tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta realidad se agrava en zonas rurales y comunidades ind�genas, donde el acceso a la justicia es a�n m�s limitado. Como advierte Falquet et al. (2013), las mujeres pobres, ind�genas y afrodescendientes enfrentan �opresiones m�ltiples que se entrecruzan y refuerzan entre s� (p. 37). Esta interseccionalidad es esencial para dise�ar pol�ticas p�blicas efectivas. Desde el �mbito penal, Ecuador ha tipificado el feminicidio como forma extrema de violencia. El C�digo Org�nico Integral Penal (COIP, 2014) establece:

La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, d� muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condici�n de g�nero, ser� sancionada con pena privativa de libertad de veintid�s a veintis�is a�os. (art, 141).

Si bien, el art�culo 141 del COIP representa un avance jur�dico importante al tipificar el femicidio como una manifestaci�n extrema de la violencia de g�nero, su eficacia real en la erradicaci�n de esta problem�tica sigue siendo limitada si no se aborda el fen�meno desde una perspectiva estructural. La observaci�n de (De la Vega, 2020) pone en evidencia una cr�tica clave al enfoque exclusivamente penal: �la tipificaci�n por s� sola no transforma las condiciones culturales, sociales e institucionales que permiten la persistencia de la violencia contra las mujeres� (p. 109). La sanci�n es necesaria, pero resulta insuficiente si no se enmarca en una pol�tica p�blica que combata la impunidad, desmonte los estereotipos de g�nero y garantice un acceso efectivo y no revictimizaci�n al sistema judicial. En este sentido, el reto no solo reside en castigar al agresor, sino en generar condiciones reales para que la violencia no ocurra.

La Convenci�n de Bel�m do Par� tambi�n reconoce que �toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el �mbito p�blico como en el privado� (Convenci�n de Bel�m do Par�, 1994, art. 3). Este principio refuerza el car�cter universal de este derecho, exigiendo acciones concretas del Estado para su garant�a. Adem�s, el Art�culo 4 reconoce que la violencia impide el goce de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad, la seguridad y la igualdad ante la ley (Convenci�n Bel�m do Par�, 1994). Este marco dota de fundamento legal a las exigencias sociales y jur�dicas por erradicar la violencia estructural contra las mujeres.

Desde la salud p�blica, la Organizaci�n Mundial de la Salud (Organizaci�n Mundial de la Salud., 2021) ha se�alado que la violencia de g�nero constituye una emergencia global, con consecuencias devastadoras para el bienestar f�sico y mental de las mujeres. Se ha comprobado que quienes la padecen tienen el doble de probabilidad de sufrir depresi�n, ansiedad, y trastornos postraum�ticos. Esta constataci�n exige respuestas coordinadas entre los sistemas de salud, educaci�n, justicia y protecci�n social.

Tambi�n resulta fundamental visibilizar la violencia institucional. Seg�n Cobo, 2019), �la violencia institucional se expresa en el desamparo que sufren las mujeres por parte del sistema judicial, policial y sanitario, que reproduce prejuicios y desestima sus testimonios� (p. 142). Esta forma de violencia refuerza el ciclo de impunidad y profundiza la desconfianza en las instituciones encargadas de brindar protecci�n.

En el plano educativo, la Convenci�n sostiene que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye �ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y pr�cticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinaci�n� (Consejo Nacional para la Igualdad de G�nero, 2005) Esta obligaci�n estatal demanda un cambio radical en los contenidos educativos y en los roles que los sistemas de ense�anza asignan a mujeres y hombres.

La violencia de g�nero trasciende lo meramente individual y refleja una problem�tica estructural originada en desigualdades hist�ricas, alimentadas por patrones culturales, la inacci�n de las instituciones estatales y fallas en los sistemas judiciales. Para lograr su eliminaci�n efectiva, se requiere una respuesta articulada que integre un enfoque interseccional, una visi�n hol�stica y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Este es un mandato establecido por la normativa internacional y forma parte de las obligaciones que los Estados, incluido el ecuatoriano, han aceptado asumir.

 

2. La violencia vicaria

�La violencia vicaria es una forma espec�fica de violencia de g�nero en la que el agresor, usualmente una expareja, instrumentaliza a los hijos e hijas comunes como medio para causar da�o a la mujer� (Mart�nez, 2025, p.28). Esta manifestaci�n se ha ido visibilizando progresivamente en los debates jur�dicos contempor�neos, particularmente en el �mbito del derecho de familia y la protecci�n de derechos de la ni�ez. Tal como lo define Sonia Vaccaro (2012), quien acu�� el t�rmino, la violencia vicaria consiste en �aquella violencia que ejerce el agresor utilizando a los hijos e hijas como instrumentos para da�ar a la mujer, atacando el v�nculo materno-filial� (p. 6). Esta conducta suele expresarse mediante amenazas, manipulaciones, ocultamientos, secuestros parentales o incluso el asesinato de los menores como forma extrema de castigo y control.

Lo distintivo de la violencia vicaria frente a otras formas de violencia de g�nero radica en que el agresor no se dirige directamente contra la mujer, sino que ataca lo m�s valioso para ella: sus hijos. Esto la convierte en una forma especialmente perversa de violencia, con repercusiones jur�dicas complejas. Seg�n De la Fuente (2021), �la violencia vicaria no es solo un acto de venganza o da�o emocional, sino un mecanismo deliberado para quebrar a la mujer como sujeto de derechos, utilizando a los hijos como armas� (p. 91). Esta violencia se oculta muchas veces detr�s de litigios de custodia o reg�menes de visitas, por lo que su identificaci�n y judicializaci�n requieren de una mirada experta y especializada. En este contexto, los procesos legales pueden convertirse en una extensi�n del abuso si los operadores jur�dicos no aplican el enfoque de g�nero.

Desde el �mbito del derecho internacional y regional, la violencia vicaria se vincula con las obligaciones de los Estados de garantizar el inter�s superior del ni�o y la erradicaci�n de todas las formas de violencia de g�nero. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer ha se�alado que �el uso de los sistemas de justicia de familia para continuar la violencia contra las mujeres, especialmente mediante la manipulaci�n de la custodia de los hijos, constituye una forma de violencia institucional� (Naciones Unidas, 2019, p�rr. 53). Esta afirmaci�n implica que los jueces y funcionarios p�blicos pueden ser part�cipes, por acci�n u omisi�n, de una cadena de vulneraciones cuando no reconocen el car�cter violento de ciertas din�micas parentales. El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces una actuaci�n diligente y sensible al contexto de violencia previa.

En cuanto a los efectos de la violencia vicaria sobre los hijos e hijas, aunque su abordaje ha sido m�s visible desde la psicolog�a, su dimensi�n jur�dica no debe ser minimizada. Como lo se�ala (Fern�ndez, 2022) �el ni�o o la ni�a expuestos a violencia vicaria no son solo v�ctimas colaterales, sino titulares de derechos fundamentales que est�n siendo gravemente vulnerados� (p.117). En este sentido, no puede permitirse que los menores sean instrumentalizados en procesos judiciales sin que se consideren adecuadamente sus voces y su integridad emocional. Las medidas de protecci�n deben ser reforzadas cuando existan antecedentes de violencia familiar, priorizando el principio de no revictimizaci�n. La doctrina jur�dica actual insiste en que no puede haber neutralidad en estos casos: proteger a la infancia implica, en muchos casos, limitar el contacto con el progenitor violento.

La doctrina jur�dica ha comenzado a incorporar con mayor firmeza el an�lisis de la violencia vicaria como una figura que excede los marcos tradicionales del derecho de familia. Este tipo de violencia se estudia actualmente como una manifestaci�n indirecta, pero sistem�tica, de la violencia de g�nero, donde el agresor utiliza los derechos de paternidad o el discurso de igualdad parental para prolongar el sometimiento. Para (Hern�ndez, 2023) �la violencia vicaria debe entenderse como un abuso del poder parental que se disfraza de ejercicio leg�timo del derecho de filiaci�n, pero que en realidad es un medio para perpetuar la violencia patriarcal� (p. 42). Esto obliga a los operadores jur�dicos a superar interpretaciones formalistas que ignoren el trasfondo de violencia estructural en los litigios familiares.

La doctrina tambi�n advierte que los principios de corresponsabilidad parental no pueden utilizarse de forma acr�tica en casos donde existan antecedentes de violencia de g�nero. De acuerdo con Garc�a Mart�nez (2020), �cuando los tribunales priorizan el contacto con el padre sin evaluar el riesgo de violencia vicaria, se vulnera el inter�s superior del menor y se revictimiza a la madre� (p. 78). Esta cr�tica doctrinal ha cobrado fuerza en pa�ses europeos, donde el uso estrat�gico de la custodia compartida ha sido denunciado como una herramienta legal del agresor. As�, se plantea la necesidad de aplicar una perspectiva de sospecha fundada en procesos donde la violencia ha sido acreditada, incluso si no hay condena penal firme, pues el est�ndar debe ser el de protecci�n, no el de neutralidad.

Desde un enfoque garantista, algunos autores sostienen que la violencia vicaria debe generar responsabilidad jur�dica aut�noma. No basta con sancionar los actos individuales de maltrato infantil o de incumplimiento de r�gimen de visitas, sino que se requiere un reconocimiento jur�dico integral del patr�n de abuso. Seg�n (Ram�rez, 2022) �la violencia vicaria constituye una conducta con sistematicidad, intencionalidad y contexto que la diferencian de los delitos comunes, por lo que amerita una regulaci�n espec�fica en el derecho penal o al menos en las leyes de protecci�n integral� (p. 131). Esta postura se alinea con los marcos normativos de protecci�n a la infancia, que insisten en que el da�o emocional reiterado tiene el mismo nivel de gravedad que la violencia f�sica, especialmente cuando hay manipulaci�n de v�nculos afectivos.

La doctrina especializada ha resaltado que los sistemas judiciales no pueden seguir tratando las controversias de custodia en abstracto, como si se desarrollan en escenarios de igualdad y buena fe. Las decisiones judiciales deben basarse en un an�lisis contextualizado del caso, reconociendo que el poder del agresor se despliega incluso dentro del proceso judicial. Seg�n (M�ndez, 2023) �la violencia vicaria no solo ocurre fuera del tribunal, sino que puede materializarse dentro del litigio, cuando se toleran estrategias dilatorias, acusaciones infundadas o se niega credibilidad al testimonio de la mujer� (p.89). Esta observaci�n doctrinal pone el foco en la funci�n del juez o jueza como garante activo de derechos, no como �rbitro neutral entre partes supuestamente equivalentes.

 

3. Violencia vicaria en la legislaci�n ecuatoriana

En el marco jur�dico ecuatoriano, la violencia vicaria a�n no cuenta con un reconocimiento expl�cito y aut�nomo. La Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2018) en su art�culo 10, contempla diversos tipos de violencia como: f�sica, psicol�gica, sexual, patrimonial, simb�lica, pol�tica y gineco-obst�trica. No obstante, entre estas categor�as no se incluye expresamente la violencia vicaria. Si bien ciertos comportamientos propios de esta violencia podr�an subsumirse dentro de la violencia psicol�gica o patrimonial, por ejemplo, el uso de los hijos para chantajear emocionalmente o la evasi�n de obligaciones alimentarias como medio de control, la ausencia de una categorizaci�n espec�fica invisibiliza esta forma grave de violencia estructural, como lo se�ala (Hern�ndez, 2023) quien advierte que �la falta de tipificaci�n limita las herramientas legales para una adecuada prevenci�n, protecci�n y sanci�n�.

Por otro lado, el COIP tampoco contempla de forma expresa la violencia vicaria dentro de su cat�logo de delitos. Esta omisi�n implica un vac�o jur�dico que impide procesar adecuadamente este tipo de agresi�n, m�s all� de aplicar figuras gen�ricas como maltrato, amenazas o incumplimiento de deberes familiares. Para (Vera, 2022):� �la inexistencia de una figura penal aut�noma obstaculiza la respuesta estatal frente a una violencia que tiene caracter�sticas y consecuencias diferenciadas�.

En este sentido, la doctrina jur�dica ha comenzado a exigir una evoluci�n del marco legal hacia el reconocimiento espec�fico de la violencia vicaria y sus efectos. Uno de los aspectos m�s delicados est� relacionado con el ejercicio de la patria potestad. La utilizaci�n de los hijos como instrumento de da�o contra la madre no solo vulnera sus derechos como progenitora, sino tambi�n afecta directamente los derechos filiales de los ni�os y ni�as a vivir libres de violencia, como lo expone Ruiz del �rbol (2021), al sostener que �la instrumentalizaci�n de los hijos convierte a estos en v�ctimas colaterales, lo que deber�a justificar la suspensi�n o p�rdida de la patria potestad del agresor� (p. 31). En esta misma l�nea, Morales y Ben�tez (2022) argumentan que la violencia vicaria compromete el principio del inter�s superior del menor, por lo que debe ser considerada causa suficiente para revisar o limitar judicialmente el r�gimen de visitas y custodia.

La falta de normativa espec�fica tambi�n deja sin claridad el tratamiento jur�dico ante situaciones de custodia compartida o reg�menes de visitas ya establecidos. En muchas ocasiones, las mujeres v�ctimas de violencia vicaria se ven obligadas a cumplir con medidas judiciales que facilitan el contacto de los hijos con el agresor, lo que perpet�a el c�rculo de violencia y expone a los menores a riesgos emocionales y psicol�gicos severos. Conforme a la doctrina de Paredes Almeida (2023), �el derecho penal y la legislaci�n de familia deben incorporar cl�usulas que proh�ban autom�ticamente el contacto del agresor con los hijos cuando se verifique violencia vicaria, para evitar una revictimizaci�n institucional�. (p. 72).

La violencia vicaria constituye una manifestaci�n particularmente grave de la violencia de g�nero y es, adem�s, m�s com�n de lo que suele percibirse. Sin embargo, esta realidad no se encuentra reconocida de manera expl�cita en el texto legal, lo que genera un vac�o interpretativo que limita la capacidad de respuesta judicial. En este sentido, diversos sectores doctrinales coinciden en que la ausencia de una tipificaci�n expresa en el art�culo 10 y en el resto del cuerpo normativo de la Ley Org�nica para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres contribuye a la invisibilizaci�n de esta forma de violencia y obstaculiza el acceso efectivo a medidas de protecci�n espec�ficas para las v�ctimas.

Doctrinalmente, la omisi�n de la violencia vicaria como tipo aut�nomo tambi�n afecta la eficacia de las garant�as legales respecto a la patria potestad. Paredes (2023) propone que, al no reconocer legalmente esta violencia, los operadores de justicia no cuentan con herramientas claras para restringir los derechos parentales del agresor. Esto permite que se mantenga el r�gimen de visitas o custodia en favor del padre agresor, a pesar de existir claros indicios de instrumentalizaci�n de los hijos para da�ar a la madre, lo cual vulnera directamente el principio del inter�s superior del ni�o.

 

4. Avances normativos en M�xico vs Ecuador

La violencia vicaria, ha sido reconocida de forma desigual en Am�rica Latina. Mientras M�xico ha logrado avances normativos sustanciales, Ecuador contin�a rezagado en su abordaje legal. A continuaci�n, se comparan ambos sistemas jur�dicos a trav�s de cinco ejes tem�ticos fundamentales:

Una de las principales diferencias entre M�xico y Ecuador radica en la tipificaci�n normativa de la violencia vicaria. En M�xico, esta ha sido reconocida expl�citamente en varios estados. Destaca el caso de Aguascalientes, que ha incluido una definici�n precisa tanto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes como en su C�digo Penal. El art�culo 8 de dicha ley establece que la violencia vicaria es:

Es aquella que se realiza contra una mujer a trav�s de un acto u omisi�n que genere afectaci�n o da�o f�sico, psicol�gico, emocional, patrimonial o de cualquier otra �ndole por medio de amenazas o violencia ejercida a un descendente, ascendente o dependiente econ�mico de la v�ctima actos u omisiones que generen da�o f�sico, psicol�gico, emocional o patrimonial contra descendientes, ascendientes o dependientes econ�micos de la v�ctima. (Gobierno del Estado de Aguascalientes., 2007,p.8)

Al reconocer que el da�o ejercido contra personas del entorno cercano de la v�ctima puede constituir una forma de agresi�n indirecta, el legislador ampl�a el enfoque tradicional centrado �nicamente en la afectaci�n directa. Esta formulaci�n no solo visibiliza din�micas de poder m�s complejas, sino que permite adaptar las respuestas institucionales a realidades donde el agresor instrumentaliza v�nculos afectivos como mecanismo de control. En este sentido, la tipificaci�n no es meramente simb�lica, sino que tiene implicaciones concretas en t�rminos de acceso a la justicia y dise�o de medidas de protecci�n eficaces. A su vez (Gobierno del Estado de Aguascalientes., 2013)sanciona esta conducta y tambi�n define a la violencia vicaria de la siguiente manera:

�La violencia vicaria consiste en la acci�n u omisi�n dirigida hacia las hijas y/o los hijos de la v�ctima, cometida por quien mantenga o haya mantenido una relaci�n de hecho, concubinato o matrimonio con la misma, y que le cause un da�o o afectaci�n f�sica, psicoemocional o econ�mica, con el objeto de romper el v�nculo filial parental entre el sujeto pasivo y sus hijas y/o hijos� (Art.132).

Esta definici�n introduce matices relevantes respecto a la formulaci�n contenida en Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes. Mientras esta �ltima aborda la violencia vicaria de manera m�s amplia, el C�digo Penal se enfoca espec�ficamente en la instrumentalizaci�n de hijas e hijos por parte de una expareja o pareja, con la finalidad expl�cita de da�ar el v�nculo parental. Este enfoque m�s delimitado permite precisar el tipo de relaci�n entre el agresor, la v�ctima y los menores, resaltando la intencionalidad de quebrar la relaci�n materno filial como forma de violencia.

Adem�s, indica el: (Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2013) no se limita a solo a definir, sino que establece consecuencias concretas: sanciona al responsable con una pena privativa de libertad de uno a cuatro a�os, impone la obligaci�n de reparar integralmente los da�os ocasionados, y ordena un tratamiento psicol�gico obligatorio. Esta respuesta penal evidencia un reconocimiento del impacto profundo que esta forma de violencia tiene no solo sobre la mujer, sino tambi�n sobre los hijos e hijas instrumentalizados como medio de agresi�n (p.4).

En M�xico, la incorporaci�n de la violencia vicaria en leyes estatales ha permitido a las instituciones judiciales actuar con mayor precisi�n y respaldo legal. En estados como Aguascalientes, el marco normativo proporciona herramientas para suspender la patria potestad, restringir visitas o sancionar penalmente al agresor, cuando se verifique el uso de los hijos como medio de agresi�n contra la madre. Esta posibilidad da seguridad jur�dica a las v�ctimas y favorece decisiones judiciales m�s orientadas al inter�s superior del menor.

En cambio, en Ecuador, la ausencia de regulaci�n espec�fica genera respuestas institucionales fragmentadas o ineficaces. Las mujeres enfrentan procesos judiciales extensos, revictimizantes y, muchas veces, sin resultados efectivos. Este vac�o ha sido visibilizado con fuerza a partir del caso Gabriela Goldbaum, quien en 2025 denunci� p�blicamente haber sido v�ctima de violencia vicaria por parte del presidente Daniel Noboa. Goldbaum relat� c�mo fue separada de su hija, bloqueada en la comunicaci�n y judicializada de forma sistem�tica, sin que el sistema de justicia brindar� protecci�n ni reparara el da�o sufrido (Osorio, 2025). Por ello, su testimonio revel� c�mo el aparato judicial puede ser instrumentalizado por el agresor para perpetuar la violencia, una situaci�n que en M�xico ya es considerada como indicio normativo de violencia vicaria.

Otra diferencia sustancial entre ambos pa�ses es el tratamiento de los derechos de ni�as y ni�os en contextos de violencia vicaria. En M�xico, especialmente en el estado de Aguascalientes, se reconoce que este tipo de violencia no solo afecta a la mujer, sino tambi�n a los menores, quienes se convierten en v�ctimas colaterales o directas del conflicto. Ecuador, por su parte, no ha incorporado esta perspectiva en su legislaci�n penal ni en su normativa sobre ni�ez y adolescencia. Si bien existen principios constitucionales y del C�digo de la Ni�ez orientados al inter�s superior del menor, estos no se articulan con una protecci�n efectiva en casos de violencia vicaria, lo cual permite que los menores sean instrumentalizados en procesos judiciales sin un an�lisis profundo de su bienestar emocional o psicol�gico.

En M�xico, el reconocimiento de la violencia vicaria ha sido producto directo del activismo y de la movilizaci�n de mujeres afectadas, as� como del trabajo de legisladoras comprometidas con la agenda de g�nero. La aprobaci�n de leyes estatales ha sido impulsada por testimonios, investigaciones y organizaciones sociales que visibilizaron la sistematicidad del fen�meno. Esto ha permitido articular respuestas jur�dicas en varios niveles del Estado.

En Ecuador, este proceso apenas est� en construcci�n. La intervenci�n de Gabriela Goldbaum ante la Asamblea Nacional marc� un hito pol�tico y medi�tico, al ser la primera vez que un caso de violencia vicaria era expuesto con tal nivel de repercusi�n p�blica. Su testimonio no solo sacudi� la opini�n p�blica, sino que tambi�n incentiv� la discusi�n legislativa sobre el proyecto de ley presentado por la asamble�sta Gissela Garz�n.

 

DISCUSI�N DE RESULTADOS

La violencia vicaria, es una forma de agresi�n que afecta principalmente a mujeres y ni�os, a�n no encuentra un reconocimiento claro en la legislaci�n ecuatoriana. Esta ausencia no es solo una omisi�n t�cnica o formal; es una muestra de c�mo el Estado ha fallado en proteger integralmente los derechos de quienes sufren una violencia disfrazada de legalidad y amparada muchas veces en el ejercicio aparente de la patria potestad. Cuando el sistema jur�dico no nombra esta violencia, tampoco la ve, y al no verla, deja a las v�ctimas sin herramientas reales para defenderse. Las mujeres que denuncian esta forma de agresi�n no solo deben enfrentarse a sus agresores, sino tambi�n a un sistema que les exige pruebas casi imposibles y que, en muchos casos, minimiza o incluso normaliza los da�os psicol�gicos y emocionales que atraviesan tanto ellas como sus hijos.

Comparar esta realidad con la experiencia de pa�ses como M�xico permite visibilizar un camino posible y necesario. En M�xico, el reconocimiento de la violencia vicaria no se ha limitado a su inclusi�n en el c�digo penal, sino que ha dado paso a una respuesta m�s amplia, con medidas preventivas y de protecci�n que nacen del entendimiento de lo que realmente significa vivir bajo este tipo de violencia. Esto ha sido posible no solo por voluntad pol�tica, sino por una sensibilidad jur�dica que reconoce que las agresiones m�s peligrosas no siempre dejan huellas f�sicas, pero s� profundas heridas en el alma y el tejido familiar.

En cambio, en Ecuador a�n prima un enfoque legalista que se aferra a una aparente neutralidad: se habla de corresponsabilidad parental sin tomar en cuenta el contexto de poder y abuso que existe detr�s de muchas disputas por custodia. Este marco legal termina tratando a los padres como iguales, incluso cuando uno ha sido agresor, y deja sin protecci�n a los ni�os y a las madres que han vivido situaciones de violencia. La ley, en su redacci�n actual, no alcanza a dimensionar la magnitud del problema, lo que genera respuestas tard�as, ineficaces e incluso revictimizantes. Esta falta de una figura jur�dica espec�fica para la violencia vicaria impide que se analice con claridad el comportamiento del agresor, lo que crea inseguridad jur�dica, limita la posibilidad de aplicar medidas como la suspensi�n del r�gimen de visitas o la p�rdida de la patria potestad, y restringe la capacidad estatal para dise�ar pol�ticas con enfoque de g�nero y centradas en el inter�s superior del menor.

Muchas mujeres se ven atrapadas en procesos judiciales eternos, usados por sus agresores como mecanismos de control y castigo. Demandas sin fundamento, apelaciones constantes, audiencias innecesarias y una instrumentalizaci�n del sistema legal para perpetuar el maltrato son parte del ciclo que enfrentan. Ante esto, no basta con aplicar la ley como est� escrita: se necesita una respuesta m�s humana, con jueces y operadores jur�dicos formados en perspectiva de g�nero, capaces de leer entre l�neas y de entender el contexto en el que se desarrollan estas din�micas.

Un punto cr�tico est� en los est�ndares probatorios. Exigir pruebas materiales o sentencias previas para restringir derechos parentales en casos de violencia vicaria es desconocer c�mo opera esta forma de agresi�n. El riesgo al que est�n expuestas las v�ctimas debe evaluarse de manera preventiva y con sensibilidad, aplicando el principio precautorio antes que la presunci�n de igualdad entre las partes. Se trata de proteger antes de lamentar. Por eso, una reforma legal que reconozca la violencia vicaria como una manifestaci�n aut�noma de la violencia de g�nero es urgente. Pero igual de importante es que esta reforma venga acompa�ada de mecanismos concretos que permitan actuar con eficacia: formaci�n obligatoria para operadores de justicia, evaluaciones de riesgo realizadas por equipos t�cnicos con enfoque psicosocial, audiencias que eviten la revictimizaci�n, est�ndares de prueba adecuados a la realidad de estos casos y una coordinaci�n efectiva entre las instituciones que protegen derechos.

Implementar estas medidas no solo cerrar�a la distancia entre lo que viven las v�ctimas y lo que el Estado puede hacer por ellas, sino que permitir�a construir una justicia que escuche, crea, acompa�e y act�e. Una justicia que no repita patrones de silencio ni complicidad, sino que responda con firmeza y humanidad ante una de las formas m�s crueles de violencia familiar. Porque cuando el da�o ya no solo se dirige a la mujer, sino a sus hijos e hijas, el dolor se multiplica, y la indiferencia institucional se vuelve imperdonable.

 

CONCLUSIONES

La investigaci�n realizada evidenci� que el marco legal ecuatoriano presenta una notoria carencia en cuanto al reconocimiento expl�cito y tratamiento jur�dico de la violencia vicaria como una forma espec�fica de violencia de g�nero. Esta ausencia normativa obstaculiza el desarrollo de criterios jur�dicos adecuados para su prevenci�n, sanci�n y reparaci�n, lo que representa una seria limitaci�n al derecho de las mujeres a una protecci�n judicial efectiva y a vivir libres de violencia, tal como lo garantizan el art�culo 66, numeral 3 de la Constituci�n ecuatoriana y diversos instrumentos internacionales suscritos por el pa�s, entre ellos la Convenci�n de Bel�m do Par� y la CEDAW.

Al analizar el caso de M�xico, especialmente el marco normativo del Estado de Aguascalientes se observa que la inclusi�n expresa de la violencia vicaria como figura aut�noma en las leyes de protecci�n y en el C�digo Penal ha permitido brindar mayor seguridad jur�dica a las v�ctimas. Esta tipificaci�n facilita la implementaci�n de medidas cautelares urgentes y permite, adem�s, suspender la patria potestad o el r�gimen de visitas cuando se comprueba que el agresor ha utilizado a los hijos para causar da�o a la madre.

En contraposici�n, la legislaci�n ecuatoriana no contempla una definici�n espec�fica de violencia vicaria, lo que conlleva a su inclusi�n generalizada dentro de otras categor�as como la violencia psicol�gica o patrimonial. Esta situaci�n genera dificultades para una adecuada calificaci�n legal de los hechos, impide aplicar est�ndares probatorios diferenciados y obstaculiza la imposici�n de medidas de protecci�n ajustadas a la gravedad del caso. A su vez, esta imprecisi�n normativa limita la capacidad del sistema judicial para actuar con enfoque de g�nero, comprometiendo el principio constitucional de igualdad material ante la ley.

En virtud de lo anterior, se concluye que resulta jur�dicamente necesario reformar tanto el COIP como la Ley Org�nica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, incorporando a la violencia vicaria como una figura aut�noma, con definici�n propia, elementos constitutivos, agravantes espec�ficas y consecuencias legales claras, tales como la restricci�n o p�rdida de derechos parentales. Esta incorporaci�n permitir�a al Estado cumplir con su obligaci�n de actuar con debida diligencia reforzada, conforme a los est�ndares del sistema interamericano de derechos humanos, y garantizar una protecci�n efectiva tanto a las mujeres como a los ni�os y ni�as que resulten afectados.

Finalmente, se recomienda que esta reforma normativa venga acompa�ada de la creaci�n e implementaci�n de un protocolo judicial especializado, que establezca directrices claras y espec�ficas para jueces, fiscales, defensores p�blicos y dem�s operadores del sistema de protecci�n. Solo a trav�s de una intervenci�n articulada, libre de prejuicios y con enfoque de derechos humanos, se podr� asegurar el acceso real a la justicia, el respeto al principio del inter�s superior del ni�o y la reparaci�n integral del da�o, avanzando hacia un sistema legal m�s consciente de las din�micas actuales de la violencia basada en g�nero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias

Asamblea Nacional. (2014). C�digo Org�nico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. 180.

Asamblea Nacional. (2018). Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Registro Oficial Suplemento No. 175. https://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/3366/3/Ley%20Org%c3%a1nica%20Integral%20para%20Prevenir%20y%20erradicar%20la%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres.%20Actualizado.pdf

Butler, J. (2004). Deshacer el g�nero. Paid�s.

Cobo, R. (2019). Hacia una nueva pol�tica sexual. Las mujeres ante la reacci�n patriarcal. Los Libros de la Catarata. https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/38754/37470

De la Fuentes, L. (2021). Violencia vicaria: una aproximaci�n desde el derecho de familia. Revista Iberoamericana de Estudios Jur�dicos (12th ed., Vol. 3).

De la Vega, G. (2020). Pol�ticas p�blicas y feminicidio en Am�rica Latina: avances y desaf�os. Siglo XXI Editores.

Falquet, J., Hirata, H., Kergoat, D., Le Feuvre, N., & Senac, R. (2013). El pensamiento feminista negro, decolonial y poscolonial. En G�nero y globalizaci�n. Nuevas perspectivas feministas. Universidad Nacional Aut�noma de M�xico.

Fern�ndez, A. (2022). Ni�ez y violencia vicaria: perspectivas desde el derecho internacional. (15th ed., Vol. 2).

Garc�a, L. (2020). Violencia vicaria y custodia compartida: un an�lisis cr�tico desde la perspectiva de g�nero. Revista Espa�ola de Derecho de Familia, 24(1).

Gobierno del Estado de Aguascalientes. (2007). Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes. https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-2.pdf

Gobierno del Estado de Aguascalientes. (2013, May 20). C�digo Penal para el Estado. C�DIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. Retrieved August 10, 2025, from https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-4-11.pdf

Hern�ndez, M. (2023). Violencia vicaria y su omisi�n legislativa en el Ecuador. Revista Jur�dica Interdisciplinaria Andina, (18th ed., Vol. 2).

Instituto Nacional de Estad�stica y Censos. (2019). Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de g�nero contra las mujeres. Instituto Nacional de Estad�stica y Censos: home. Retrieved August 10, 2025, from https://www.ecuadorencifras.gob.ec

Lagarde, M. (2005). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. UNAM.

Mart�nez, M. (2025). La violencia vicaria como una forma espec�fica de violencia de g�nero. An�lisis en perspectiva comparada (Bachelor's thesis, Riobamba).

M�ndez, C. (2023). Violencia vicaria e inacci�n judicial: el rol de los jueces en la perpetuaci�n del da�o (8th ed., Vol. 2). Revista de Derecho y G�nero.

Morales, D., & Ben�tez, L. (2022). Violencia vicaria y derechos de los ni�os: an�lisis desde el principio del inter�s superior del menor. Revista de Derecho y Sociedad, 11(1).

Organizaci�n de los Estados Americanos. (1994). Convenci�n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convenci�n de Bel�m do Par�).

Organizaci�n Mundial de la Salud. (2021). Violencia contra la mujer. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

Osorio, C. (2025, April 9). Gabriela Goldbaum acusa a Daniel Noboa de violencia vicaria: �Ha usado a mi hija para causarme dolor�. EL PA�S. https://elpais.com/america/2025-04-09/gabriela-goldbaum-acusa-a-daniel-noboa-de-violencia-vicaria-ha-usado-a-mi-hija-para-causarme-dolor.html

Paredes, S. (2023). Violencia vicaria: una deuda del derecho penal ecuatoriano. Estudios Cr�ticos del Derecho. 7(1).

Ram�rez, M. (2022). Hacia una tipificaci�n penal de la violencia vicaria en Am�rica Latina. Revista Latinoamericana de Derecho Penal,. 19(3).

Ruiz del �rbol, C. (2021). La violencia vicaria como manifestaci�n extrema de control. Revista Internacional de Derecho de Familia. 25(3), 77-92.

Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sue�os.

Vaccaro, S. (2012). Violencia vicaria: la forma m�s cruel de violencia de g�nero. Espa�a: Fundaci�n Mujeres.

Vera, A. (2022). Omisi�n normativa de la violencia vicaria en el COIP y su impacto en la tutela efectiva. Revista de Ciencias Jur�dicas y Sociales, 20(4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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