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Financiamiento irregular de partidos pol�ticos: An�lisis del marco Normativo Penal ecuatoriano frente a pr�cticas electorales

 

Irregular financing of political parties: Analysis of the Ecuadorian criminal regulatory framework regarding electoral practices

 

Financiamento irregular de partidos pol�ticos: An�lise do quadro regulat�rio penal equatoriano em rela��o �s pr�ticas eleitorais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: sgtrujillo6@indoamerica.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de julio de 2025 *Aceptado: 22 de agosto de 2025 * Publicado: �15 de septiembre de 2025

 

       I.          Estudiante de la Universidad Indoam�rica. Ambato, Ecuador.

     II.          Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Rep�blica. Mag�ster en Derecho Constitucional. Docente a tiempo completo de la Universidad Indoam�rica, Ambato, Ecuador.

 

Resumen

El presente art�culo tiene como objetivo analizar la necesidad de incorporar el financiamiento irregular de partidos pol�ticos como un delito aut�nomo en el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) del Ecuador. Esta propuesta busca sancionar de forma efectiva el ingreso de recursos il�citos o no reportados en las campa�as pol�ticas, garantizar la transparencia electoral y fortalecer el sistema democr�tico. Para el desarrollo de esta investigaci�n se utiliz� un enfoque cualitativo, aplicando el m�todo dogm�tico-jur�dico, que permiti� examinar la normativa penal vigente, identificar vac�os legales en el COIP y realizar un estudio comparado con legislaciones como la espa�ola, peruana y colombiana. El an�lisis evidenci� que, si bien la Ley Org�nica Electoral y de Organizaciones Pol�ticas establece mecanismos de control y sanciones administrativas, estos resultan insuficientes para prevenir el financiamiento ilegal, ya que no existe una sanci�n penal directa que permita judicializar estos hechos. Esta situaci�n ha facilitado la circulaci�n impune de fondos provenientes de actividades il�citas y ha contribuido a la captura del poder pol�tico por intereses privados o criminales, afectando la equidad de la contienda electoral y debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. Como resultado, se propone una reforma normativa que incorpore un tipo penal espec�fico para sancionar tanto la entrega como la recepci�n de financiamiento irregular, aplicable a personas naturales y jur�dicas. Esta medida permitir�a cerrar espacios de impunidad, fortalecer los mecanismos de control y consolidar una democracia m�s transparente, equitativa y leg�tima en el Ecuador.

Palabras Clave: COIP; corrupci�n electoral; democracia; financiamiento pol�tico irregular; partidos pol�ticos.

 

Abstract

This article analyzes the need to incorporate irregular political party financing as an independent crime in Ecuador's Comprehensive Organic Criminal Code (COIP). This proposal seeks to effectively punish the entry of illicit or unreported funds into political campaigns, guarantee electoral transparency, and strengthen the democratic system. A qualitative approach was used to develop this research, applying the dogmatic-legal method, which allowed us to examine current criminal regulations, identify legal gaps in the COIP, and conduct a comparative study with legislation such as that of Spain, Peru, and Colombia. The analysis showed that, although the Organic Law on Elections and Political Organizations establishes control mechanisms and administrative sanctions, these are insufficient to prevent illegal financing, since there is no direct criminal sanction that would allow these acts to be prosecuted. This situation has facilitated the unpunished circulation of funds from illicit activities and contributed to the seizure of political power by private or criminal interests, affecting the fairness of the electoral contest and weakening public confidence in institutions. As a result, a regulatory reform is proposed to incorporate a specific criminal offense to sanction both the delivery and receipt of irregular financing, applicable to individuals and legal entities. This measure would help close gaps in impunity, strengthen oversight mechanisms, and consolidate a more transparent, equitable, and legitimate democracy in Ecuador.

Keywords: COIP; electoral corruption; democracy; irregular political financing; political parties.

 

Resumo

Este artigo analisa a necessidade de incorporar o financiamento irregular dos partidos pol�ticos como um crime independente no C�digo Penal Org�nico Integral (COIP) do Equador. Esta proposta procura punir eficazmente a entrada de fundos il�citos ou n�o declarados nas campanhas pol�ticas, garantir a transpar�ncia eleitoral e fortalecer o sistema democr�tico. Para o desenvolvimento desta pesquisa, recorreu-se a uma abordagem qualitativa, aplicando o m�todo dogm�tico-legal, o que nos permitiu examinar a regulamenta��o penal vigente, identificar lacunas legais no COIP e realizar um estudo comparativo com legisla��es como a de Espanha, Peru e Col�mbia. A an�lise demonstrou que, embora a Lei Org�nica das Elei��es e Organiza��es Pol�ticas estabele�a mecanismos de controlo e san��es administrativas, estes s�o insuficientes para impedir o financiamento ilegal, uma vez que n�o existe uma san��o penal direta que permita o processamento destes atos. Esta situa��o tem facilitado a circula��o impune de fundos provenientes de atividades il�citas e contribu�do para a tomada do poder pol�tico por interesses privados ou criminosos, afetando a lisura do concurso eleitoral e enfraquecendo a confian�a p�blica nas institui��es. Como resultado, prop�e-se uma reforma regulat�ria que incorpore um tipo penal espec�fico para sancionar tanto a entrega como o recebimento de financiamento irregular, aplic�vel a particulares e empresas. Esta medida contribuiria para diminuir a impunidade, refor�ar os mecanismos de fiscaliza��o e consolidar uma democracia mais transparente, equitativa e leg�tima no Equador.

Palavras-chave: COIP; corrup��o eleitoral; democracia; financiamento pol�tico irregular; partidos pol�ticos.

 

Introducci�n

El financiamiento de los partidos pol�ticos es un elemento esencial para el ejercicio de la democracia, ya que permite la participaci�n equitativa de las organizaciones pol�ticas en los procesos electorales y la representaci�n efectiva de la voluntad popular. Este financiamiento garantiza que los partidos puedan desarrollar sus actividades ordinarias, difundir sus propuestas, capacitar a sus miembros y competir en condiciones justas durante las campa�as electorales. Un sistema de financiamiento transparente y regulado contribuye a prevenir la corrupci�n, evitar la influencia indebida de intereses particulares y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democr�ticas. En este sentido, la regulaci�n del financiamiento ya sea p�blico, privado o mixto debe asegurar la equidad, la fiscalizaci�n adecuada y la rendici�n de cuentas, como pilares fundamentales para consolidar una democracia s�lida e inclusiva.

Sin embargo, en el contexto ecuatoriano, la falta de un marco normativo penal que sancione la financiaci�n ilegal de los partidos pol�ticos ha permitido que esta pr�ctica se consolide como un mecanismo recurrente de corrupci�n y captura del poder por intereses privados. A pesar de que el C�digo de la Democracia establece ciertas restricciones y controles sobre el financiamiento de los partidos pol�ticos, estas disposiciones han demostrado ser insuficientes para prevenir y sancionar de manera efectiva el ingreso de capitales il�citos o irregulares a las campa�as electorales y la estructura interna de las organizaciones pol�ticas.

El vac�o normativo en el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) en relaci�n con la financiaci�n ilegal de los partidos pol�ticos genera un escenario de impunidad, en el cual actores pol�ticos y econ�micos pueden operar al margen de la ley sin enfrentar consecuencias penales. La inexistencia de sanciones espec�ficas ha permitido que el sistema pol�tico se vea permeado por pr�cticas irregulares, como la adjudicaci�n de contratos estatales a cambio de aportes financieros a campa�as pol�ticas, el desv�o de fondos p�blicos hacia actividades partidistas y la recepci�n de financiamiento de fuentes prohibidas, como empresas con intereses en licitaciones gubernamentales o incluso organizaciones criminales.

Este fen�meno no solo afecta la equidad en la competencia electoral, sino que tambi�n compromete la legitimidad de las instituciones democr�ticas, dado que las decisiones de los partidos pol�ticos y sus representantes pueden responder m�s a los intereses de sus financiadores que a los mandatos ciudadanos. La opacidad en el origen y destino de los recursos de los partidos pol�ticos limita la capacidad de control y fiscalizaci�n de los organismos electorales, dificultando la identificaci�n y sanci�n de pr�cticas indebidas. En otras legislaciones, como en Espa�a, se han implementado sanciones penales no solo para los individuos que participan en estos esquemas il�citos, sino tambi�n para los partidos pol�ticos que se benefician de ellos, lo que contribuye a generar una cultura de rendici�n de cuentas dentro de estas estructuras.

Por ello, se plantea la necesidad urgente de una reforma al C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) que tipifique de manera aut�noma la financiaci�n ilegal de los partidos pol�ticos, diferenciando claramente entre la financiaci�n ilegal pasiva �entendida como la recepci�n de aportes il�citos por parte de las organizaciones pol�ticas� y la financiaci�n ilegal activa, que consiste en la entrega de fondos con el prop�sito de influir indebidamente en sus decisiones o en las campa�as electorales de sus candidatos. Esta distinci�n es clave para una correcta identificaci�n de los actores y de las responsabilidades penales. Resulta fundamental establecer sanciones efectivas no solo para las personas naturales involucradas, sino tambi�n para los partidos pol�ticos como sujetos de derecho, con el fin de cerrar los vac�os normativos que actualmente permiten la impunidad de estas pr�cticas. El objetivo de la presente investigaci�n es analizar la necesidad de incorporar esta conducta en el COIP, a fin de construir un marco jur�dico s�lido que sancione adecuadamente la financiaci�n ilegal, promueva la transparencia en los procesos electorales y contribuya al fortalecimiento del sistema democr�tico ecuatoriano.

Este art�culo es importante ante la necesidad de fortalecer el sistema democr�tico ecuatoriano mediante un marco jur�dico penal que sancione la financiaci�n ilegal de los partidos pol�ticos. Al proponer la incorporaci�n de esta conducta como un delito aut�nomo, diferenciando entre financiaci�n ilegal pasiva y activa, se busca establecer responsabilidades claras y sanciones efectivas tanto para personas naturales como para partidos pol�ticos. Esto permitir� cerrar espacios de impunidad, fortalecer los mecanismos de control y consolidar una cultura pol�tica basada en la rendici�n de cuentas. El an�lisis comparado demuestra que existen modelos normativos viables que pueden adaptarse al contexto ecuatoriano, lo que respalda la urgencia de esta reforma como una medida necesaria para proteger la integridad del proceso electoral y la legitimidad del sistema democr�tico.

 

Desarrollo:

El financiamiento pol�tico

El financiamiento pol�tico constituye uno de los elementos fundamentales en la vida democr�tica de los Estados, ya que permite a los partidos y candidatos contar con los recursos necesarios para desarrollar sus actividades, difundir sus propuestas y participar en condiciones m�nimamente equitativas en los procesos electorales. Este financiamiento puede adoptar dos formas principales: p�blico y privado. El financiamiento p�blico se refiere a los recursos otorgados por el Estado a los partidos pol�ticos o candidatos, generalmente en funci�n de su representaci�n o del n�mero de votos obtenidos en comicios anteriores, con el objetivo de garantizar la equidad del proceso electoral y reducir la dependencia de intereses particulares. Por otro lado, el financiamiento privado proviene de aportes individuales, empresariales o de organizaciones, lo cual si bien refleja la participaci�n de la sociedad civil en la vida pol�tica, puede generar riesgos de captura del poder pol�tico si no se encuentra debidamente regulado (Zovatto, 2006).

La transparencia en el financiamiento electoral es una exigencia esencial para la integridad democr�tica, ya que permite controlar la influencia indebida de intereses econ�micos en las decisiones pol�ticas y fortalece la confianza ciudadana en los procesos electorales. Seg�n Griner y Zovatto (2004), la opacidad en el origen y destino de los fondos puede convertirse en una puerta de entrada para la corrupci�n pol�tica, el clientelismo y el uso indebido de recursos p�blicos. En este sentido, los mecanismos de control, rendici�n de cuentas y publicaci�n peri�dica de informes financieros constituyen pilares para evitar pr�cticas indebidas. Como sostiene Casal (2015), �la transparencia no solo es un principio normativo, sino una condici�n estructural para el ejercicio pleno de la ciudadan�a pol�tica y para prevenir el debilitamiento del sistema de partidos� (p. 89).

Un aspecto clave en el an�lisis del financiamiento pol�tico es la distinci�n entre el financiamiento regular e irregular. El financiamiento regular es aquel que se ajusta a los marcos legales establecidos por cada ordenamiento, respeta los l�mites establecidos y es reportado debidamente ante las autoridades de control. En cambio, el financiamiento irregular puede implicar la omisi�n de reportes, el uso de recursos de procedencia il�cita, la triangulaci�n de fondos a trav�s de terceros, o incluso la simulaci�n de aportes voluntarios para ocultar verdaderos donantes, lo que conlleva graves consecuencias para la transparencia y legitimidad democr�tica (Del Castillo & Mart�nez, 2019). Este tipo de pr�cticas no solo infringen las normas electorales, sino que tambi�n pueden derivar en delitos penales relacionados con lavado de activos, enriquecimiento il�cito y asociaci�n il�cita.

A nivel global, diversos organismos internacionales han formulado principios rectores sobre el financiamiento de los partidos pol�ticos, con el fin de establecer est�ndares m�nimos que orienten la legislaci�n nacional. La Comisi�n de Venecia del Consejo de Europa, en su "C�digo de Buenas Pr�cticas en Materia de Partidos Pol�ticos" (2009), recomienda que tanto el financiamiento p�blico como privado sea objeto de reglas claras, l�mites razonables y mecanismos eficaces de fiscalizaci�n. Asimismo, destaca que los �rganos de control deben ser independientes y contar con capacidad sancionatoria. Por su parte, la Organizaci�n de Estados Americanos (OEA) ha enfatizado en m�ltiples informes la necesidad de establecer marcos normativos que proh�ban expresamente el financiamiento con recursos provenientes del crimen organizado o de actividades il�citas, lo cual es particularmente importante en contextos donde estos actores buscan infiltrarse en la esfera pol�tica (OEA, 2011).

La reflexi�n cr�tica en torno al financiamiento pol�tico debe enfocarse en la tensi�n entre la libertad de participaci�n pol�tica y la prevenci�n de la corrupci�n estructural. Si bien los aportes privados pueden entenderse como una expresi�n del pluralismo pol�tico y la participaci�n ciudadana, sin l�mites adecuados y sin sistemas de transparencia y control, se corre el riesgo de convertir la pol�tica en un espacio cooptado por intereses econ�micos particulares. En palabras de Zovatto (2003), �una democracia sin dinero no es posible, pero una democracia dominada por el dinero es inaceptable� (p. 11), lo que sintetiza la complejidad de este debate y la necesidad de equilibrar el financiamiento con reglas democr�ticas s�lidas.

Otro desaf�o importante en materia de financiamiento pol�tico es el relacionado con el uso de recursos p�blicos con fines partidistas durante los procesos electorales, fen�meno que tiende a desdibujar la frontera entre el Estado y los partidos gobernantes. Cuando los recursos del Estado �ya sean materiales, humanos o comunicacionales� se emplean para beneficiar a determinada organizaci�n pol�tica, se produce una distorsi�n grave del principio de igualdad entre los competidores y se vulnera el principio de neutralidad de la administraci�n p�blica. Seg�n P�rez Barros (2018), esta pr�ctica constituye una forma de financiamiento irregular indirecto, que es dif�cil de detectar y sancionar si no existen �rganos de control electoral aut�nomos y mecanismos efectivos de auditor�a. En este sentido, la prohibici�n expresa del uso de bienes p�blicos, junto con la fiscalizaci�n del gasto durante las campa�as, es indispensable para preservar la equidad en la contienda.

La evoluci�n de las tecnolog�as de la informaci�n ha generado nuevas formas de financiamiento opaco, particularmente a trav�s de plataformas digitales y criptomonedas, lo cual representa un serio reto para las autoridades electorales y financieras. Como se�alan Ugalde y Garrido (2021), los vac�os normativos frente al financiamiento digital permiten el ingreso de fondos sin trazabilidad y la contrataci�n de propaganda pol�tica dirigida sin que medie control institucional alguno. Esto no solo incrementa el riesgo de injerencia extranjera o de grupos criminales, sino que tambi�n dificulta la fiscalizaci�n tradicional basada en documentaci�n f�sica y transacciones bancarias registradas. En este contexto, es imperativo que las reformas legislativas incorporen mecanismos de monitoreo tecnol�gico, cooperaci�n internacional y actualizaci�n permanente de los sistemas de control financiero-electoral, para responder a las nuevas realidades de la pol�tica digital.

 

Marco normativo ecuatoriano en materia de financiamiento pol�tico

En el contexto ecuatoriano, el financiamiento pol�tico se regula principalmente a trav�s de la Ley Org�nica Electoral y de Organizaciones Pol�ticas de la Rep�blica del Ecuador, conocida como el C�digo de la Democracia, la cual establece un marco legal para la captaci�n, distribuci�n y fiscalizaci�n de recursos econ�micos utilizados por partidos pol�ticos y candidatos. La ley contempla tanto el financiamiento p�blico �canalizado mediante el fondo partidario permanente y los fondos para promoci�n electoral� como el privado, que proviene de contribuciones individuales, con ciertos l�mites y condiciones. Seg�n Lanza (2017), la existencia de ambas fuentes de financiamiento debe ser vista como un mecanismo para equilibrar la participaci�n pol�tica, limitar el poder de los grandes aportantes privados y reducir la dependencia econ�mica de los partidos respecto a intereses externos.

Uno de los elementos m�s relevantes del marco normativo es la regulaci�n del gasto en promoci�n electoral, previsto en el art�culo 202 del C�digo de la Democracia, que impone restricciones porcentuales respecto al total del gasto electoral permitido para cada dignidad, este establece:

El presupuesto asignado para la promoci�n electoral no podr� superar el quince por ciento (15%) del m�ximo de gasto electoral establecido para la correspondiente dignidad, con excepci�n del presupuesto para la promoci�n electoral de los binomios presidenciales que no exceder� el doce por ciento (12%) del m�ximo de gasto electoral calculado para la primera vuelta y el cuarenta por ciento (40%) del m�ximo de gasto electoral calculado para la segunda vuelta; y, del presupuesto para la promoci�n electoral de los asamble�stas del exterior, el cual no superar� el cuarenta y cinco por ciento (45%) del m�ximo de gasto electoral calculado para esa dignidad. Para el caso de alianzas, �stas recibir�n un veinte por ciento (20%) adicional al monto asignado para promoci�n electoral, por cada organizaci�n pol�tica participante de la alianza. (Codigo de la Democracia, 2009, art. 202).

Esta disposici�n apunta no solo a evitar desequilibrios en la contienda, sino a fortalecer la cooperaci�n pol�tica mediante alianzas formales, como lo sostiene Rojas (2020), quien se�ala que �los incentivos al trabajo conjunto entre partidos permiten reducir la fragmentaci�n del sistema y racionalizar el uso de fondos p�blicos� (p. 66).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo encargado de la supervisi�n y fiscalizaci�n del financiamiento electoral, con competencias para establecer topes de gasto, recibir y revisar los informes econ�micos de los candidatos y organizaciones pol�ticas, e imponer sanciones por incumplimiento. Esta tarea es complementada por la Contralor�a General del Estado, que puede efectuar auditor�as sobre el uso de fondos p�blicos, incluyendo ex�menes especiales en los casos que lo ameriten. Sin embargo, la eficacia de este sistema de control ha sido puesta en duda. Para Torres (2019), �la falta de independencia t�cnica y pol�tica del CNE ha impedido hist�ricamente un control efectivo del gasto electoral, especialmente en lo referente al financiamiento privado no declarado� (p. 112), lo que genera espacios de impunidad y debilita la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Ecuador ha sido escenario de casos emblem�ticos de financiamiento pol�tico irregular, lo cual evidencia las limitaciones del marco legal vigente y la debilidad de sus mecanismos de aplicaci�n. Uno de los m�s representativos es el caso �Arroz Verde�, que revel� la existencia de una estructura paralela de financiamiento de campa�as pol�ticas mediante contribuciones empresariales a cambio de contratos p�blicos. De acuerdo con Rivadeneira (2020), este caso demostr� c�mo �las normas legales pueden ser eludidas a trav�s de mecanismos sofisticados de triangulaci�n financiera, empresas ficticias o aportes simulados que dificultan la trazabilidad de los fondos� (p. 37). A pesar de las consecuencias judiciales de este esc�ndalo, el episodio dej� al descubierto la necesidad de fortalecer los sistemas de registro y vigilancia de las donaciones pol�ticas, as� como de establecer sanciones efectivas, no solo administrativas, sino tambi�n penales.

Desde un enfoque comparativo y normativo, la regulaci�n ecuatoriana presenta avances importantes en t�rminos formales, pero persisten vac�os normativos y desaf�os operativos. Una de las principales debilidades identificadas por Salazar (2021) es la escasa coordinaci�n entre los organismos de control, lo cual genera duplicidades o zonas grises en el seguimiento del origen y destino de los fondos. Adem�s, el crecimiento de las plataformas digitales como medio para difundir propaganda pol�tica plantea nuevos retos de fiscalizaci�n, ya que muchas veces los gastos en redes sociales o medios alternativos no se declaran con precisi�n ni son verificados por las autoridades competentes. En este contexto, es necesario modernizar las herramientas de supervisi�n, incorporar tecnolog�as de auditor�a digital, y promover una mayor colaboraci�n interinstitucional.

Para que el financiamiento pol�tico en Ecuador contribuya efectivamente al fortalecimiento democr�tico, se requiere no solo mantener un marco normativo actualizado y coherente, sino tambi�n garantizar su aplicaci�n imparcial, t�cnica y sostenida en el tiempo. Asimismo, deben fomentarse pr�cticas de transparencia activa, donde los partidos no solo cumplan con la obligaci�n formal de rendir cuentas, sino que lo hagan con informaci�n clara, accesible y verificable por la ciudadan�a. Solo as� ser� posible construir un sistema electoral verdaderamente equitativo, transparente y resistente a la corrupci�n.

Si bien el C�digo de la Democracia proh�be expl�citamente el financiamiento il�cito a partidos pol�ticos (art. 219), en la pr�ctica no existen procedimientos rigurosos que permitan detectar o rastrear estas contribuciones cuando se canalizan a trav�s de organizaciones intermediarias. Seg�n Ben�tez (2022), �los partidos pol�ticos pueden recibir apoyo indirecto de fundaciones, ONGs u otros entes extranjeros sin que se active un control institucional preventivo�, lo cual socava la autonom�a pol�tica nacional (p. 88). Esta omisi�n permite que intereses for�neos o corporativos influyan de forma encubierta en la agenda electoral, afectando la soberan�a democr�tica.

Asimismo, el financiamiento digital ha abierto nuevas brechas normativas, especialmente en lo relacionado con la contrataci�n de publicidad en redes sociales, influencers y plataformas de alcance masivo como Facebook, Instagram o YouTube. Estos gastos muchas veces no son registrados o son subestimados, a pesar de tener un impacto significativo en la percepci�n del electorado. Investigaciones recientes en la regi�n han mostrado que el gasto digital tiende a ser opaco y dif�cil de rastrear, debido a la falta de trazabilidad de pagos en l�nea. En este sentido, Quinteros (2022) argumenta que �la legislaci�n electoral debe adaptarse a las l�gicas del mercado digital, exigiendo transparencia y reporte obligatorio de toda contrataci�n en redes sociales durante el periodo de campa�a� (p. 41). Esta exigencia resulta urgente, dado que la manipulaci�n digital representa una de las formas m�s sofisticadas de financiamiento indirecto y no fiscalizado.

En lo que respecta al fondo partidario permanente, que constituye la principal fuente de financiamiento p�blico para el funcionamiento de las organizaciones pol�ticas fuera del per�odo electoral, tambi�n existen cuestionamientos sobre su asignaci�n y uso. Aunque este fondo est� dise�ado para fortalecer la institucionalidad de los partidos y permitir su sostenibilidad, la falta de control efectivo ha derivado en el uso discrecional de estos recursos, muchas veces sin relaci�n directa con actividades de formaci�n, difusi�n program�tica o fortalecimiento interno. Seg�n Viteri (2020), �el fondo partidario en Ecuador ha sido hist�ricamente utilizado como un recurso de libre disponibilidad por las c�pulas partidistas, sin que existan auditor�as profundas que garanticen su destino legal� (p. 53). Esta situaci�n debilita la funci�n p�blica de los partidos y contribuye a una percepci�n negativa de su rol en la democracia.

Un aspecto transversal del marco normativo ecuatoriano es la necesidad de mayor articulaci�n interinstitucional entre el Consejo Nacional Electoral, la Contralor�a General del Estado, la Unidad de An�lisis Financiero y Econ�mico (UAFE), e incluso la Fiscal�a General, para hacer frente a esquemas complejos de financiamiento ilegal o lavado de activos con fines pol�ticos. En opini�n de Herrera (2021), �la fragmentaci�n institucional y la ausencia de un sistema unificado de datos impiden detectar redes de financiamiento il�cito que operan con mecanismos cada vez m�s sofisticados� (p. 101). En este contexto, se vuelve indispensable promover reformas legislativas que fortalezcan las capacidades t�cnicas, ampl�en las competencias investigativas, y fomenten la colaboraci�n entre agencias, como condici�n indispensable para asegurar la transparencia y la equidad electoral en Ecuador.

 

El financiamiento irregular en el COIP

La normativa penal ecuatoriana, contenida en el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP), no tipifica de forma expresa el delito de financiamiento irregular de campa�as pol�ticas. Aunque existen tipos penales vinculados a la corrupci�n, como el cohecho, el peculado o el lavado de activos, estos no abarcan de manera espec�fica ni adecuada la conducta del financiamiento il�cito en contextos electorales. Seg�n Mendoza (2024), esta omisi�n normativa constituye una grave deficiencia en la protecci�n del sistema democr�tico, ya que no existe distinci�n penal clara entre inversiones legales e ilegales, permitiendo que actores externos interfieran en la pol�tica sin consecuencias penales directas.

El art�culo 331 del COIP establece sanciones por obstaculizar procesos electorales, y otros art�culos sancionan el fraude electoral, el falso sufragio o la sustracci�n de papeletas. Sin embargo, estos delitos se enfocan en el acto electoral mismo, no en las fases previas de financiamiento o captaci�n de fondos para campa�as. Tal como afirma Ram�rez (2018), el principio de legalidad penal exige que solo pueden sancionarse conductas previamente tipificadas, lo que implica que, ante la falta de un tipo penal espec�fico, muchas pr�cticas de financiamiento irregular quedan impunes.

Comparativamente, la legislaci�n penal espa�ola ofrece un marco m�s robusto en esta materia. El C�digo Penal espa�ol, en su art�culo 304 bis, sanciona expresamente la financiaci�n ilegal de partidos pol�ticos, estableciendo penas de prisi�n y multas a quienes reciban donaciones ilegales o excedan los l�mites permitidos por la ley electoral. Esta disposici�n busca proteger la equidad electoral, la transparencia y la integridad del sistema democr�tico. Seg�n Villoria y Jim�nez (2016), Espa�a introdujo este tipo penal como respuesta a esc�ndalos de corrupci�n que involucraban partidos pol�ticos, reconociendo que la falta de control financiero es una puerta de entrada para la captura del Estado por intereses il�citos.

La comparaci�n entre ambos sistemas evidencia un vac�o legal en el Ecuador. Mientras que en Espa�a se reconoce que el financiamiento ilegal puede comprometer la legitimidad democr�tica y se sanciona penalmente, en Ecuador, como menciona Gutierrez y Zovatto (2011), las sanciones en esta materia son predominantemente administrativas, lo que las vuelve poco disuasorias. Esta situaci�n permite que los actores pol�ticos operen con impunidad, como se evidenci� en el caso Odebrecht, donde las acusaciones de financiamiento irregular no derivaron en responsabilidades penales por la inexistencia del tipo penal aplicable (Durand, 2019).

Las implicaciones de esta omisi�n son profundas. Desde una perspectiva de pol�tica criminal, no contar con un tipo penal que regule el financiamiento electoral irregular debilita el sistema democr�tico, ya que se permite que recursos de origen il�cito �narcotr�fico, lavado de activos, evasi�n tributaria o corrupci�n empresarial� financien campa�as y determinen resultados electorales. Como indica Rodr�guez (2020), la corrupci�n pol�tica, especialmente en procesos electorales, mina la confianza ciudadana y altera la competencia democr�tica, creando una falsa percepci�n de pluralismo pol�tico.

La ausencia de un tipo penal aut�nomo sobre el financiamiento irregular en el COIP tambi�n genera una falta de coherencia entre las normas electorales y las normas penales. Mientras el C�digo de la Democracia establece controles y l�mites al financiamiento pol�tico, no existe una sanci�n penal que respalde la gravedad de su incumplimiento. Como se�ala Zovatto (2012), esta desconexi�n normativa debilita la efectividad de la rendici�n de cuentas y permite que las infracciones se resuelvan �nicamente con sanciones administrativas, las cuales son f�cilmente asumidas por los partidos como costos operativos del poder, en lugar de consecuencias reales. Esta situaci�n, lejos de disuadir la conducta, la institucionaliza como parte de la cultura pol�tica.

Adem�s, la falta de regulaci�n penal promueve una competencia electoral desigual, donde los partidos que operan dentro de los m�rgenes legales se enfrentan en desventaja frente a aquellos que reciben aportes il�citos sin consecuencias. De acuerdo con Bermejo (2018), el financiamiento irregular act�a como un �mecanismo de distorsi�n estructural del sistema pol�tico�, que perpet�a la captura del Estado por �lites econ�micas o criminales. Esto genera una democracia aparente, en la que las elecciones no garantizan necesariamente la representatividad, sino la capacidad de financiar campa�as mediante redes opacas de poder.

Por otro lado, el marco penal comparado, como el caso de Colombia o Per�, revela que la existencia de tipos penales espec�ficos no solo tiene un efecto simb�lico, sino pr�ctico, al permitir investigaciones fiscales m�s eficaces y juicios que responsabilizan a quienes operan estructuras de financiamiento ilegal. En Per�, por ejemplo, la tipificaci�n de los delitos relacionados con aportes prohibidos (art. 359-A del C�digo Penal) ha permitido procesar a l�deres pol�ticos y tesoreros de campa�as por recibir dinero de empresas implicadas en corrupci�n, como el caso Lava Jato. Esta experiencia demuestra que la ausencia de un tipo penal en Ecuador representa tambi�n una barrera procesal para investigar tramas de corrupci�n complejas.

Desde una perspectiva dogm�tica, la construcci�n de un tipo penal sobre financiamiento irregular no implica crear una infracci�n gen�rica o abierta, sino delimitar claramente los elementos del tipo: sujeto activo (candidato, tesorero, dirigente, persona jur�dica), la conducta (aceptar, entregar o administrar fondos de origen il�cito o prohibido), el elemento subjetivo (dolo directo o eventual) y las agravantes (por cuant�a, reiteraci�n, vinculaci�n con crimen organizado). Como indica Silva S�nchez (2015), la precisi�n del tipo penal es fundamental para garantizar seguridad jur�dica y evitar su uso arbitrario o como mecanismo de persecuci�n pol�tica.

Incorporar este tipo penal permitir�a articular una pol�tica criminal integral contra la corrupci�n electoral. No se trata solo de castigar, sino de prevenir y desincentivar conductas que atentan contra la transparencia democr�tica. En palabras de Ferrajoli (2011), �una democracia sin control penal efectivo sobre la financiaci�n pol�tica est� condenada a ser capturada por poderes f�cticos�. Por lo tanto, el COIP debe evolucionar hacia una protecci�n penal m�s coherente, eficaz y alineada con los principios constitucionales y los est�ndares internacionales de integridad electoral.

 

Propuesta de incorporaci�n normativa y su impacto en la democracia

La necesidad de tipificar penalmente el financiamiento irregular de campa�as pol�ticas en el Ecuador surge como una respuesta urgente ante la creciente instrumentalizaci�n de los procesos electorales por intereses ileg�timos. Actualmente, el ordenamiento penal ecuatoriano carece de una figura jur�dica espec�fica que sancione el ingreso de fondos il�citos o prohibidos a las campa�as pol�ticas, lo que constituye un vac�o normativo de alto riesgo democr�tico. Como afirma Dargent (2017), �las instituciones democr�ticas se ven debilitadas cuando los partidos pol�ticos se financian sin controles claros y sin consecuencias legales por incumplir los l�mites establecidos, pues se erosiona el principio de igualdad de condiciones y se amplifica el clientelismo pol�tico�.

La justificaci�n principal de incorporar este tipo penal radica en la necesidad de fortalecer los principios constitucionales de transparencia, igualdad y participaci�n pol�tica efectiva. El art�culo 1 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador reconoce al Estado como democr�tico, participativo y soberano, y en ese sentido, todo acto que afecte las condiciones justas de participaci�n debe tener una respuesta penal proporcional. Como sostiene Robles (2020), la falta de sanciones penales frente al uso de recursos de origen delictivo en las campa�as genera un incentivo perverso para que estructuras de poder econ�mico o criminal interfieran en la decisi�n electoral popular, comprometiendo la legitimidad de los representantes electos y socavando la soberan�a popular.

A partir de esta necesidad, se propone la siguiente redacci�n de tipo penal a ser incorporado dentro del COIP, bajo un nuevo art�culo en el cap�tulo de delitos contra la participaci�n democr�tica:

Art�culo X: Financiamiento irregular de campa�as pol�ticas

La persona que directa o indirectamente done, reciba, administre o utilice recursos financieros, bienes o servicios de procedencia il�cita, prohibida o no reportada, destinados al financiamiento de campa�as electorales, ser� sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete a�os, multa de hasta mil remuneraciones b�sicas unificadas y la p�rdida de derechos de participaci�n por igual per�odo.

 

Cuando el hecho sea cometido por servidores p�blicos, candidatos a cargos de elecci�n popular, representantes legales de partidos pol�ticos o responsables financieros de campa�a, la pena ser� de siete a diez a�os de prisi�n.

Se considerar�n recursos prohibidos aquellos provenientes de: organizaciones criminales, narcotr�fico, empresas o personas sancionadas por corrupci�n, entidades extranjeras, aportes an�nimos superiores a lo permitido, o donaciones provenientes de contratos con el Estado.

Este tipo penal tiene como principal objetivo desincentivar el uso de dinero ilegal en la pol�tica, proteger la equidad electoral y fortalecer la transparencia de los procesos democr�ticos. La propuesta recoge elementos desarrollados por otras legislaciones de Am�rica Latina, como Colombia y Per�, pero adaptados a la realidad ecuatoriana. Asimismo, incluye agravantes y efectos complementarios como la p�rdida de derechos de participaci�n, tal como lo recomienda el experto en derecho electoral N��ez Rodr�guez (2021), quien plantea que las sanciones deben ser �no solo punitivas, sino tambi�n restaurativas del da�o pol�tico ocasionado al sistema democr�tico�.

Uno de los beneficios esperados con esta incorporaci�n normativa es la prevenci�n de la captura del poder p�blico por intereses privados o criminales. La sanci�n penal tiene un car�cter disuasorio que supera a la mera sanci�n administrativa, pues otorga a las autoridades judiciales la capacidad de investigar, imputar y sentenciar a los responsables del uso de fondos ilegales. Como se�ala Garz�n (2019), �el financiamiento irregular es el primer eslab�n de una cadena de corrupci�n m�s compleja que termina afectando la contrataci�n p�blica, la independencia judicial y la formulaci�n de pol�ticas p�blicas�.

En segundo lugar, esta norma incrementar�a los niveles de transparencia en la actividad pol�tica. Obligar a los actores electorales a declarar con mayor precisi�n la fuente de sus recursos, bajo riesgo de sanci�n penal, aumentar�a los incentivos para cumplir con las normas y permitir�a un control m�s efectivo por parte del Consejo Nacional Electoral, la Contralor�a General del Estado y la Fiscal�a. Seg�n De la Cruz (2022), �la transparencia no es �nicamente una virtud �tica, sino una condici�n necesaria para el control ciudadano y la confianza en el sistema democr�tico�.

Finalmente, el impacto m�s significativo de esta medida ser�a la restauraci�n de la legitimidad democr�tica, en un contexto donde la percepci�n ciudadana sobre la corrupci�n pol�tica es extremadamente alta. De acuerdo con el Bar�metro de las Am�ricas (LAPOP, 2021), Ecuador figura entre los pa�ses de la regi�n con mayor desconfianza en los partidos pol�ticos y en las instituciones de control electoral. Una legislaci�n penal que sancione el uso il�cito de recursos en campa�as contribuir�a a recuperar esa confianza al demostrar que el sistema responde y castiga la corrupci�n en sus etapas m�s determinantes.

La propuesta de tipificar el financiamiento irregular de campa�as pol�ticas en el COIP no solo es necesaria desde un punto de vista jur�dico, sino tambi�n imprescindible desde una �ptica pol�tica y �tica. Permitir�a blindar la democracia frente a interferencias ileg�timas, fortalecer�a el principio de igualdad pol�tica, y abrir�a paso a una cultura de legalidad en el manejo de recursos electorales. El derecho penal, correctamente aplicado, puede convertirse en una herramienta protectora del bien jur�dico m�s alto en una democracia: la voluntad popular expresada libre y transparentemente.

 

Discusi�n

La ausencia de una tipificaci�n penal espec�fica para el financiamiento irregular de campa�as pol�ticas en el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) representa uno de los mayores desaf�os para la integridad del sistema democr�tico ecuatoriano. A lo largo del art�culo se ha evidenciado que esta omisi�n normativa no solo permite la circulaci�n impune de recursos il�citos dentro de las organizaciones pol�ticas, sino que tambi�n profundiza una crisis estructural de legitimidad y confianza ciudadana. El marco legal actual, al limitarse a establecer sanciones de tipo administrativo o disciplinario, resulta insuficiente para enfrentar fen�menos de corrupci�n electoral cada vez m�s complejos, sofisticados y vinculados a redes delictivas transnacionales.

En este escenario, los partidos pol�ticos que acceden a financiamiento irregular �proveniente de actividades il�citas, aportantes no identificados, o entidades extranjeras� gozan de ventajas significativas sobre sus competidores que se ajustan a la legalidad. Esta desigualdad materializa una distorsi�n de la competencia electoral, vaciando de contenido el principio de equidad que debe regir en toda contienda democr�tica. Se produce as� una situaci�n parad�jica: el marco electoral exige transparencia y equidad, pero el marco penal no prev� una respuesta efectiva ante quienes violan dichas exigencias. Esto no solo limita la eficacia del control institucional, sino que estimula la repetici�n de pr�cticas ilegales al no existir consecuencias proporcionales.

Adem�s, la falta de sanci�n penal alimenta la percepci�n de impunidad en la ciudadan�a. Cuando se conocen p�blicamente casos de financiamiento irregular �como el ocurrido con estructuras paralelas de recaudaci�n de fondos a cambio de contratos p�blicos� y no se produce una respuesta judicial contundente, se env�a un mensaje preocupante sobre la permisividad del Estado frente a la corrupci�n. Esto deteriora el v�nculo entre representantes y representados, pues los ciudadanos perciben que las decisiones pol�ticas est�n mediadas por intereses privados que operan desde las sombras. La democracia representativa se ve as� reducida a una formalidad vac�a, donde el poder se distribuye no por la voluntad popular, sino por la capacidad econ�mica de financiar campa�as.

Desde el punto de vista institucional, esta omisi�n tambi�n compromete seriamente las capacidades de los organismos de control como el Consejo Nacional Electoral o la Contralor�a General del Estado. A pesar de que ambas entidades cuentan con atribuciones para supervisar el origen y destino de los recursos pol�ticos, la falta de una figura penal espec�fica impide que sus hallazgos puedan derivar en procesos judiciales consistentes. En consecuencia, muchos casos quedan archivados por falta de tipificaci�n penal, o no llegan siquiera a conocimiento de la Fiscal�a. Esta desconexi�n entre lo administrativo y lo penal debilita la arquitectura institucional de lucha contra la corrupci�n electoral.

La discusi�n tambi�n debe abordar la responsabilidad directa de los partidos pol�ticos como entes colectivos. El actual sistema jur�dico ecuatoriano se concentra en responsabilizar a personas naturales, como candidatos o tesoreros, pero no contempla sanciones para las propias organizaciones pol�ticas que se benefician estructuralmente del ingreso de fondos ilegales. Esta falta de responsabilidad penal de las personas jur�dicas permite que las pr�cticas corruptas se reproduzcan a trav�s de la cultura interna de los partidos, sin que sus estructuras se vean afectadas. En otros sistemas jur�dicos, los partidos pueden ser multados, disueltos o inhabilitados si se comprueba su participaci�n institucional en esquemas de financiamiento irregular, lo que constituye una medida necesaria para disuadir estas conductas.

Finalmente, es indispensable se�alar que la carencia de un tipo penal aut�nomo para el financiamiento irregular limita el desarrollo de pol�ticas p�blicas coherentes y efectivas en materia de transparencia electoral. La pol�tica criminal del Estado debe estar orientada no solo a castigar el delito una vez cometido, sino a prevenir su aparici�n mediante un marco legal claro, sanciones proporcionales y mecanismos de control efectivos. En este sentido, la propuesta de incorporar una figura penal espec�fica no debe entenderse como una criminalizaci�n excesiva de la actividad pol�tica, sino como una garant�a de transparencia y un blindaje institucional frente a la penetraci�n del crimen organizado y la corrupci�n estructural.

Por todo lo anterior, resulta urgente una reforma legislativa que subsane esta omisi�n y permita al sistema penal ecuatoriano actuar con firmeza frente al financiamiento pol�tico ilegal. Solo as� se podr� recuperar la confianza en las instituciones, garantizar la equidad en la contienda electoral y proteger la voluntad ciudadana como eje central del orden democr�tico. La tipificaci�n penal del financiamiento irregular no es solo una herramienta jur�dica, sino una condici�n esencial para la regeneraci�n �tica de la pol�tica y la consolidaci�n del Estado de Derecho en Ecuador.

 

Conclusiones

El an�lisis realizado demuestra que la falta de una tipificaci�n penal espec�fica para el financiamiento irregular de partidos pol�ticos constituye una grave deficiencia dentro del ordenamiento jur�dico ecuatoriano, que debilita la lucha contra la corrupci�n electoral y permite la reproducci�n de pr�cticas que comprometen la transparencia, la equidad y la legitimidad del sistema democr�tico. A pesar de que la legislaci�n electoral establece normas para regular el financiamiento de campa�as y partidos, su car�cter meramente administrativo resulta insuficiente para enfrentar las complejas din�micas del financiamiento il�cito.

La omisi�n de esta conducta en el COIP ha facilitado la penetraci�n de intereses ileg�timos en la pol�tica, favoreciendo la captura del poder p�blico por parte de actores econ�micos o criminales que influyen en los procesos electorales a trav�s de aportes no declarados, simulados o il�citos. Esta situaci�n genera condiciones de competencia desigual, fomenta la impunidad y socava la confianza ciudadana en las instituciones representativas.

El estudio comparado con otras legislaciones, especialmente la espa�ola y algunas latinoamericanas, evidencia que es posible y necesario construir un tipo penal aut�nomo que sancione tanto la recepci�n como la entrega de recursos il�citos para fines pol�ticos, distinguiendo entre financiamiento ilegal pasivo y activo, e incluyendo sanciones tanto para personas naturales como para los partidos pol�ticos como personas jur�dicas. Esta propuesta responde a los est�ndares internacionales de integridad electoral y a las exigencias constitucionales de transparencia, legalidad y participaci�n pol�tica efectiva.

La incorporaci�n de esta figura penal tendr�a un impacto positivo en la prevenci�n de la corrupci�n electoral, al ofrecer un mecanismo disuasorio frente al uso indebido de recursos, fortalecer la rendici�n de cuentas de los actores pol�ticos, y facilitar la actuaci�n coordinada de los �rganos de control, auditor�a e investigaci�n penal. De igual forma, permitir�a adaptar el sistema jur�dico a las nuevas formas de financiamiento digital y transnacional que hoy desaf�an los mecanismos tradicionales de fiscalizaci�n.

Se reafirma que tipificar el financiamiento irregular como delito no implica una criminalizaci�n de la actividad pol�tica, sino una garant�a jur�dica para preservar la voluntad popular frente a pr�cticas opacas e ilegales. Esta reforma penal, por tanto, es indispensable para consolidar una cultura democr�tica basada en la legalidad, la equidad y la transparencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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