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La desaparici�n forzada: Una mirada desde los derechos humanos

 

Enforced disappearance: A human rights perspective

 

Desaparecimento for�ado: uma perspectiva de direitos humanos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 03 de junio de 2025 *Aceptado: 16 de julio de 2025 * Publicado: �31 de agosto de 2025

 

        I.            Universidad Laica Eloy Alfaro de Manab�, Estudiante de Carrera de Derecho, Manta, Ecuador.

      II.            Dra., PhD., Universidad Laica Eloy Alfaro de Manab�, Docente de Carrera de Derecho, Manta, Ecuador.

 

 

Resumen

El art�culo analiza la desaparici�n forzada como una grave violaci�n de derechos humanos, definida como la privaci�n de libertad por agentes estatales o con su aquiescencia, seguida de la negativa a reconocerla y la sustracci�n de la v�ctima a la protecci�n legal. El objetivo general es examinar este fen�meno desde la perspectiva de los derechos humanos, identificando sus implicaciones legales, sociales y �ticas, as� como su impacto en la dignidad y seguridad de las personas, para promover mecanismos efectivos de prevenci�n, sanci�n y reparaci�n. Metodol�gicamente, se emple� un enfoque cualitativo basado en una revisi�n documental descriptiva de fuentes publicadas entre 2015-2025, incluyendo normativas internacionales, casos emblem�ticos y reportes de organismos de derechos humanos. Los principales resultados abordan: 1) El marco legal nacional e internacional, destacando instrumentos como la Convenci�n Internacional para la Protecci�n contra las Desapariciones Forzadas y la legislaci�n ecuatoriana que tipifica este delito como imprescriptible; 2) Las implicaciones sociales y �ticas, evidenciando el impacto devastador en v�ctimas, familias y comunidades; 3) Casos precedentes en Latinoam�rica, especialmente durante dictaduras militares; y 4) Mecanismos de prevenci�n, investigaci�n y sanci�n en Ecuador. Se concluye que, aunque existe un robusto marco normativo, persisten desaf�os significativos en su implementaci�n efectiva. La desaparici�n forzada contin�a siendo una problem�tica estructural que requiere voluntad pol�tica, cooperaci�n institucional y participaci�n de la sociedad civil para garantizar verdad, justicia y reparaci�n a las v�ctimas.

Palabras clave: Desaparici�n forzada; derechos humanos.

 

Abstract

This article analyzes enforced disappearance as a serious human rights violation, defined as the deprivation of liberty by state agents or with their acquiescence, followed by a refusal to acknowledge it and the removal of the victim from legal protection. The overall objective is to examine this phenomenon from a human rights perspective, identifying its legal, social, and ethical implications, as well as its impact on people's dignity and security, in order to promote effective mechanisms for prevention, punishment, and reparation. Methodologically, a qualitative approach was employed based on a descriptive documentary review of sources published between 2015 and 2025, including international regulations, emblematic cases, and reports from human rights organizations. The main results address: 1) The national and international legal framework, highlighting instruments such as the International Convention for Protection from Enforced Disappearances and Ecuadorian legislation that classifies this crime as imprescriptible; 2) The social and ethical implications, highlighting the devastating impact on victims, families, and communities; 3) Preceding cases in Latin America, especially during military dictatorships; and 4) Prevention, investigation, and sanction mechanisms in Ecuador. It is concluded that, although a robust regulatory framework exists, significant challenges remain in its effective implementation. Enforced disappearance remains a structural problem that requires political will, institutional cooperation, and civil society participation to guarantee truth, justice, and reparation for victims.

Keywords: Enforced disappearance; human rights.

 

Resumo

Este artigo analisa o desaparecimento for�ado como uma grave viola��o de direitos humanos, definida como a priva��o de liberdade por agentes estatais ou com sua aquiesc�ncia, seguida da recusa em reconhec�-la e da remo��o da v�tima da prote��o legal. O objetivo geral � examinar esse fen�meno sob a perspectiva dos direitos humanos, identificando suas implica��es legais, sociais e �ticas, bem como seu impacto na dignidade e seguran�a das pessoas, a fim de promover mecanismos eficazes de preven��o, puni��o e repara��o. Metodologicamente, utilizou-se uma abordagem qualitativa com base em uma revis�o documental descritiva de fontes publicadas entre 2015 e 2025, incluindo regulamenta��es internacionais, casos emblem�ticos e relat�rios de organiza��es de direitos humanos. Os principais resultados abordam: 1) O arcabou�o jur�dico nacional e internacional, destacando instrumentos como a Conven��o Internacional para a Prote��o contra Desaparecimentos For�ados e a legisla��o equatoriana que classifica esse crime como imprescrit�vel; 2) As implica��es sociais e �ticas, destacando o impacto devastador sobre as v�timas, fam�lias e comunidades; 3) Casos precedentes na Am�rica Latina, especialmente durante ditaduras militares; e 4) Mecanismos de preven��o, investiga��o e san��o no Equador. Conclui-se que, embora exista um arcabou�o regulat�rio robusto, ainda existem desafios significativos para sua implementa��o efetiva. O desaparecimento for�ado continua sendo um problema estrutural que requer vontade pol�tica, coopera��o institucional e participa��o da sociedade civil para garantir a verdade, a justi�a e a repara��o �s v�timas.

Palavras-chave: Desaparecimento for�ado; direitos humanos.

 

Introducci�n

La desaparici�n forzada es una grave violaci�n de los derechos humanos definida por la Convenci�n Internacional para la Protecci�n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas como:

El arresto, la detenci�n, el secuestro o cualquier otra forma de privaci�n de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que act�an con su autorizaci�n, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privaci�n o de ocultar el paradero de la persona desaparecida, sustray�ndola a la protecci�n de la ley� (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana , 2006, p�g. 2). 

Esta pr�ctica constituye un delito y, en ciertos casos, un crimen de lesa humanidad, pues implica la negaci�n de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a no ser sometido a torturas, y al reconocimiento de la personalidad jur�dica, entre otros.

Amnist�a Internacional (2011), se�ala que la desaparici�n forzada es una forma de privaci�n de libertad en la que la v�ctima queda fuera del amparo de la ley, expuesta a otras violaciones como tortura o asesinato, y donde el Estado niega u oculta su paradero para impedir la protecci�n legal.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la (ONU, 2020) define la desaparici�n forzada como cualquier forma de privaci�n de libertad perpetrada por agentes estatales o con su consentimiento, seguida de la negativa a reconocerla o a informar sobre el paradero, con el fin de mantener a la persona fuera del alcance de la ley. Por otro lado, Sferrazza (2019), describe la desaparici�n forzada como un delito permanente que no solo afecta a la v�ctima directa, sino que genera un impacto social y psicol�gico en la comunidad, al infundir terror y un clima de inseguridad generalizado.

Explican Garc�a y Medell�n (2024), que se considera desaparici�n forzada cuando se cumplen tres elementos esenciales:

�                    La privaci�n de libertad (arresto, detenci�n, secuestro u otra forma) realizada por agentes del Estado o personas con su autorizaci�n o apoyo.

�                    La negativa del Estado a reconocer la privaci�n de libertad o la ocultaci�n del paradero de la persona desaparecida.

�                    La sustracci�n de la persona a la protecci�n de la ley, impidi�ndole acceder a recursos judiciales o garant�as legales.

La caracter�stica especial que distingue a la desaparici�n forzada de otras formas de privaci�n de libertad es la negativa o silencio del Estado respecto a la privaci�n de libertad y el ocultamiento del paradero de la persona, lo que prolonga la indefensi�n y sufrimiento tanto de la v�ctima como de sus familiares. Esta ocultaci�n deliberada impide que la persona pueda ser protegida por la ley y que sus derechos sean garantizados, constituyendo una violaci�n continua y prolongada de derechos humanos (Delgado, 2023).

Adem�s, la desaparici�n forzada es un delito permanente, pues contin�a cometi�ndose mientras se desconozca el destino o paradero de la persona6. Esta condici�n la convierte en una grave violaci�n de derechos humanos que afecta no solo a la v�ctima directa, sino tambi�n a sus familiares y a la sociedad en general, generando un clima de terror y vulnerabilidad (Peredo, 2024).

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la desaparici�n forzada vulnera m�ltiples garant�as establecidas en instrumentos internacionales como la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica este delito como crimen de lesa humanidad cuando se comete de forma sistem�tica o generalizada (Sferrazza, 2019). Adem�s, la Convenci�n Interamericana sobre Desaparici�n Forzada de Personas obliga a los Estados a tipificarla como delito y a adoptar medidas para su prevenci�n, sanci�n y reparaci�n (OEA, 2020).

A nivel internacional, casos emblem�ticos como los ocurridos en Espa�a durante dictaduras militares han evidenciado la magnitud y el impacto de esta violaci�n, generando procesos de justicia transicional y memoria hist�rica (Rubin, 2015).

En Am�rica Latina, las desapariciones forzadas de personas se remontan a la d�cada de 1960, aunque se pueden encontrar algunos antecedentes en 1932, cuando ocurri� una masacre en El Salvador a ra�z de los casos de desaparici�n de cuerpos del r�gimen de Hern�ndez Mart�nez (Faundez et al., 2018). En este contexto, la desaparici�n forzada ha sido utilizada como estrategia de represi�n pol�tica y social en varios pa�ses, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y M�xico, con consecuencias profundas para las v�ctimas y sus familias (Toro & Redrob�n, 2022).

Durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973), se registraron numerosos casos de desapariciones forzadas, con cerca de 3,197 personas reportadas por la Comisi�n Nacional sobre Prisi�n Pol�tica y Tortura. Este fen�meno de represi�n tambi�n se evidenci� en Argentina, donde las fuerzas militares implementaron m�todos similares, especialmente durante el "Proceso de Reorganizaci�n Nacional" (1976-1983), resultando en miles de detenciones y desapariciones (Mu�oz, 2024).

Tras la dictadura, Chile ha trabajado en la b�squeda de verdad y justicia, estableciendo comisiones como Valech y Retting para documentar violaciones a los derechos humanos. En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo surgieron para exigir justicia por sus hijos desaparecidos, y desde el retorno democr�tico en 1983, el pa�s ha avanzado en juicios contra responsables de estos cr�menes (D�Antonio, 2018).

Ecuador tambi�n enfrent� casos de desaparici�n forzada en la "D�cada Perdida" bajo el gobierno de Le�n Febres Cordero, destacando el emblem�tico caso de los hermanos Restrepo, quienes fueron detenidos en 1988 y siguen desaparecidos, sin que se haya esclarecido su destino (Pascumal, 2023).

En Ecuador, aunque la magnitud ha sido menor, la problem�tica persiste desde las d�cadas de 1980 y 1990, impulsando la adopci�n de medidas legales como la Constituci�n de la Rep�blica (2008),� en su art�culo 66, numeral 3, inciso c proh�be expresamente la desaparici�n forzada y la considera un delito imprescriptible. El C�digo Org�nico Integral Penal (COIP, 2021), en su art�culo 84 menciona que esta figura punitiva es llevada a cabo por parte de los agentes del Estado o quien act�e bajo el consentimiento de este poder, sometiendo de esta forma a la privaci�n de libertar de una persona, adem�s de la falta de informaci�n en relaci�n al paradero o destino de la misma. Adem�s, se ha dado la creaci�n de organismos como la Comisi�n de la Verdad y la Unidad de B�squeda de Personas Desaparecida.

La problem�tica estudiada se centra en la persistencia de la desaparici�n forzada como una violaci�n estructural que afecta no solo a las v�ctimas directas sino a la sociedad en su conjunto, generando un clima de temor, impunidad y desprotecci�n legal (Salazar & Murillo , 2025). La falta de reconocimiento oficial, la ausencia de informaci�n sobre el paradero de las personas desaparecidas y la insuficiente aplicaci�n de mecanismos de justicia y reparaci�n agravan esta situaci�n, dificultando la garant�a plena de los derechos humanos.

El presente art�culo tiene como objetivo general analizar la desaparici�n forzada desde la perspectiva de los derechos humanos, identificando sus implicaciones legales, sociales y �ticas, as� como su impacto en la dignidad, seguridad y protecci�n de las personas, para promover mecanismos efectivos de prevenci�n, sanci�n y reparaci�n. Para ello, se realizar� una sistematizaci�n documental y jur�dica que incluir� el an�lisis de normativas internacionales, casos emblem�ticos a nivel global, regional y nacional, y la revisi�n de informes de organismos de derechos humanos. Esta metodolog�a permitir� ofrecer una visi�n integral y cr�tica sobre el fen�meno, aportando insumos para fortalecer las pol�ticas p�blicas y el marco normativo en defensa de los derechos humanos.

 

Metodolog�a

Para abordar los objetivos planteados, se adopt� un enfoque cualitativo, centr�ndose en una revisi�n documental que permiti� analizar la desaparici�n forzada desde la perspectiva de los derechos humanos. Seg�n Hern�ndez-Sampieri et al. (2014), este enfoque es particularmente adecuado para explorar la complejidad del tema, ya que facilita la recopilaci�n de informaci�n rica y contextualizada sobre las implicaciones legales, sociales y �ticas de este fen�meno .

La revisi�n documental fue de tipo descriptivo, lo que implica que se centr� en identificar y analizar el marco legal nacional e internacional que regula la desaparici�n forzada. Se examinaron art�culos, informes y estudios realizados entre 2015 y 2025, garantizando que la informaci�n recopilada fuera actual y relevante. Los criterios de elegibilidad para la selecci�n de documentos incluyeron la pertinencia del contenido, la autoridad de las fuentes y la diversidad de perspectivas abordadas. Se priorizaron documentos de organismos de derechos humanos, legislaci�n vigente, y estudios acad�micos que ofrecen un an�lisis cr�tico de la efectividad de los mecanismos de protecci�n de los derechos de las v�ctimas.

El proceso de revisi�n documental consisti� en una b�squeda exhaustiva de literatura acad�mica, informes de organizaciones no gubernamentales y documentos legales que abordaran la desaparici�n forzada. Se utilizaron bases de datos acad�micas y repositorios digitales para garantizar la obtenci�n de fuentes confiables. Posteriormente, se analizaron los documentos seleccionados, identificando patrones y tendencias en la legislaci�n y las pr�cticas relacionadas con la desaparici�n forzada. Este an�lisis permiti� evaluar el impacto de estas pr�cticas en la dignidad, seguridad y protecci�n de las personas, as� como las consecuencias sociales y �ticas que afecta a las v�ctimas y sus familias.

A trav�s de esta metodolog�a, se busca no solo comprender el fen�meno de la desaparici�n forzada, sino tambi�n proponer mecanismos y estrategias basadas en est�ndares internacionales de derechos humanos que fortalezcan la protecci�n integral de las v�ctimas. La revisi�n documental ofreci� un marco s�lido para la discusi�n y la formulaci�n de recomendaciones dirigidas a mejorar la prevenci�n, investigaci�n, sanci�n y reparaci�n en casos de desaparici�n forzada.

 

Resultados

Marco legal nacional e internacional relacionado con la desaparici�n forzada

La desaparici�n forzada es una grave violaci�n de derechos humanos que se encuentra tipificada y regulada tanto en el marco jur�dico internacional como en la legislaci�n nacional ecuatoriana. A continuaci�n, se presenta un an�lisis comparativo de las principales normas, obligaciones y mecanismos jur�dicos para la prevenci�n, sanci�n y reparaci�n en materia de desaparici�n forzada.

 

Tabla 1: Marco legal nacional e internacional de la desaparici�n forzada

Fuente: Santana y Pin (2022)

 

En cuanto a las obligaciones y mecanismos jur�dicos para la prevenci�n, sanci�n y reparaci�n detallan Calle et al. (2020):

�                    Prevenci�n: Los instrumentos internacionales y la legislaci�n ecuatoriana obligan al Estado a adoptar medidas para evitar que ocurran desapariciones forzadas, incluyendo la capacitaci�n de funcionarios, controles sobre fuerzas de seguridad y la promoci�n de una cultura de respeto a los derechos humanos.

�                    Sanci�n: La desaparici�n forzada est� tipificada como delito de lesa humanidad, imprescriptible y no amnistiable, con penas privativas de libertad severas. El Estado debe garantizar investigaciones diligentes, imparciales y efectivas para sancionar a los responsables, sean agentes estatales o terceros con su aquiescencia.

�                    Reparaci�n: Se reconoce el derecho de las v�ctimas y sus familiares a la verdad, justicia, reparaci�n integral y garant�as de no repetici�n. La ley ecuatoriana establece mecanismos para la b�squeda activa, atenci�n humanitaria y apoyo psicol�gico a las v�ctimas indirectas.

Ecuador cuenta con un marco jur�dico nacional robusto, en concordancia con los est�ndares internacionales, para enfrentar la desaparici�n forzada. Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos depende de su aplicaci�n pr�ctica, la voluntad pol�tica y la cooperaci�n interinstitucional e internacional (Castellanos, 2020). La normativa vigente establece claramente las obligaciones del Estado para prevenir, sancionar y reparar este grave delito, protegiendo la dignidad, seguridad y derechos fundamentales de las personas.

Resultados y estad�sticas de la desaparici�n forzada en Ecuador

La desaparici�n de personas es una problem�tica persistente en Ecuador, con cifras alarmantes que evidencian tanto su magnitud como la falta de resoluciones judiciales efectivas. Seg�n el Ministerio del Interior (2024), entre enero y diciembre de 2022 se registraron 7.493 denuncias de desaparici�n, de las cuales 6.899 personas fueron localizadas y 594 permanecen desaparecidas. En cuanto a la distribuci�n por g�nero, el 48,7% de los casos corresponden a mujeres y el 51,3% a hombres.

Por otro lado, la Fiscal�a General del Estado (2024), ha informado que desde 2014 hasta noviembre de 2024 se han registrado 146 denuncias por desaparici�n forzada. Las provincias con mayor n�mero de denuncias son: El Oro (39), Guayas (29), Pichincha (16), Manab� (15).

De estas 146 denuncias, 67 se encuentran en etapa de indagaci�n previa y 78 han sido archivadas, lo que refleja una alta tasa de ineficacia en el avance de los procesos judiciales. Asimismo, las desapariciones involuntarias, es decir, aquellas no clasificadas como forzadas pero que tambi�n requieren atenci�n, contin�an en cifras preocupantes. Seg�n datos de la Fiscal�a en 2022 se registraron 8.047 denuncias, en 2023, 7.550 casos; entre enero y noviembre de 2024, 6.407 denuncias.

Esto suma un total de 22.004 casos de desaparici�n involuntaria en los �ltimos tres a�os. En cuanto al estado procesal de estas denuncias: 14.528 casos han sido archivados, 7.439 est�n en indagaci�n previa, solo existen 4 llamados a juicio; y apenas se han emitido 8 dict�menes acusatorios. Las provincias con mayor n�mero de casos de desapariciones involuntarias son: Pichincha: 5.467; Guayas: 4.738; Manab�: 1.082; Chimborazo: 989; Azuay: 963; Los R�os: 908 (Redacci�n Primicias, 2025).

 

Figura 1. Estad�sticas de la desaparici�n en Ecuador

Fuente: Fiscal�a adaptado de Redacci�n Primicias (Redacci�n Primicias, 2025)

 

Los datos revelan una situaci�n cr�tica en torno a las desapariciones en Ecuador. Si bien se registran miles de denuncias anuales, la mayor�a no avanza m�s all� de la fase de indagaci�n previa o son archivadas sin resultados concretos. La escasa judicializaci�n de estos casos, especialmente en lo que respecta a desapariciones forzadas, evidencia vac�os estructurales en el sistema judicial y la necesidad urgente de fortalecer las pol�ticas de prevenci�n, b�squeda, investigaci�n y sanci�n. Esta problem�tica requiere una atenci�n prioritaria del Estado para garantizar verdad, justicia y reparaci�n a las v�ctimas y sus familias.

Pa�ses de Am�rica con mayor n�mero de desapariciones forzadas

Am�rica Latina y el Caribe concentran algunos de los �ndices m�s altos de desapariciones forzadas en el mundo, con cifras que reflejan d�cadas de violencia pol�tica, conflictos armados, represi�n estatal y crimen organizado.

�                    M�xico es el pa�s con el mayor n�mero de desapariciones forzadas documentadas en Am�rica, y una de las crisis humanitarias m�s graves a nivel global. Seg�n el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta agosto de 2024 hay 116,386 personas desaparecidas y no localizadas desde 1950, de las cuales el 88% corresponden a casos reportados desde 2006, cuando se intensific� la militarizaci�n en la lucha contra el crimen organizado. Los estados con mayor concentraci�n de desapariciones son Jalisco, Tamaulipas, Estado de M�xico, Veracruz y Nuevo Le�n, que concentran el 48% de los casos actuales (Cacho, 2024; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, 2025).

�                    Colombia registra cifras igualmente alarmantes, con m�s de 103,955 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno, seg�n datos oficiales de la Unidad de B�squeda de Personas dadas por Desaparecidas (Ariet, 2023). La violencia prolongada y la presencia de grupos armados ilegales han generado un patr�n sistem�tico de desapariciones forzadas.

�                    Entre 1980 y 2020, Argentina registr� aproximadamente 3,065 casos pendientes de desapariciones forzadas, en gran parte vinculados a la dictadura militar de 1976-1983. Este pa�s es uno de los seis latinoamericanos con mayor n�mero de desapariciones en las �ltimas cuatro d�cadas (Contreras, 2021).

�                    Guatemala presenta alrededor de 2,897 casos pendientes de desapariciones forzadas, principalmente relacionados con el conflicto armado interno (1960-1996) y la represi�n estatal (Ariet, 2023). 

�                    Per� reporta cerca de 2,361 casos pendientes de desapariciones forzadas, vinculadas a la violencia interna y a grupos insurgentes como Sendero Luminoso durante las d�cadas de 1980 y 1990 (Contreras, 2021).

�                    En El Salvador, se contabilizan alrededor de 2,284 casos pendientes de desapariciones forzadas, principalmente en el contexto del conflicto armado civil (1980-1992).

�                    Chile forma parte de los pa�ses con un alto n�mero hist�rico de desapariciones forzadas, especialmente durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque las cifras actuales son menores en comparaci�n con los pa�ses mencionados (Ariet, 2023). 

 

Tabla 2: Casos pendientes de desapariciones forzadas (aproximados)

Fuente: Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 2024)

 

Las desapariciones forzadas en Am�rica Latina han ocurrido en contextos de represi�n pol�tica, conflictos armados, lucha contra el narcotr�fico y crimen organizado, y en algunos casos como respuesta a protestas sociales. En muchos pa�ses, la desaparici�n forzada se ha convertido en un patr�n sistem�tico y generalizado, lo que la convierte en un crimen de lesa humanidad.

Garant�as de los derechos humanos

Los derechos humanos garantizan la prohibici�n absoluta de la desaparici�n forzada y establecen obligaciones para los Estados de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violaciones. Entre las garant�as esenciales se incluyen:

�                    Derecho a la verdad: Conocer el destino de la persona desaparecida.

�                    Derecho a la justicia: Investigaci�n y sanci�n efectiva de los responsables.

�                    Derecho a la reparaci�n integral: Medidas de restituci�n, indemnizaci�n, rehabilitaci�n y garant�as de no repetici�n.

�                    Protecci�n de v�ctimas y familiares: Apoyo psicol�gico, social y protecci�n contra represalias.

�                    Cooperaci�n internacional: Para b�squeda, investigaci�n y sanci�n en casos transnacionales.�(Ansolabehere et al., 2024)

Estas garant�as est�n respaldadas por instrumentos internacionales como la Convenci�n Internacional para la Protecci�n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y recomendaciones de la ONU, y deben ser implementadas con voluntad pol�tica y mecanismos efectivos para proteger la dignidad y seguridad de las personas afectadas.

Implicaciones sociales y �ticas de la desaparici�n forzada

La desaparici�n forzada constituye una de las violaciones m�s graves de los derechos humanos, con profundas implicaciones sociales y �ticas que afectan la dignidad, seguridad y protecci�n de las personas, as� como la estructura social y emocional de las familias y comunidades afectadas.

La desaparici�n forzada implica la privaci�n arbitraria de la libertad, seguida de la negaci�n u ocultamiento del paradero de la persona, lo que priva a la v�ctima de toda protecci�n legal y expone su integridad f�sica y psicol�gica a graves riesgos, incluyendo tortura y ejecuci�n extrajudicial. Esta pr�ctica vulnera derechos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad personal y el reconocimiento jur�dico, destruyendo la dignidad humana y generando un estado de indefensi�n prolongada (Ayala Ortiz et al., 2024).

Las familias de las personas desaparecidas sufren un da�o profundo y prolongado, caracterizado por la incertidumbre, el dolor y la ausencia de cierre. La desaparici�n forzada genera un sufrimiento psicol�gico intenso, conocido como �duelo ambiguo�, que dificulta la superaci�n del trauma. Adem�s, afecta la cohesi�n social, genera miedo y desconfianza hacia las instituciones estatales, y puede provocar desplazamientos y fracturas comunitarias, especialmente en contextos de conflicto o violencia organizada (Vivanco, 2025).

Revisi�n de sentencias precedentes sobre desaparici�n forzada en Ecuador y otros pa�ses de Latinoam�rica

A continuaci�n, se presenta una consolidaci�n en tablas de casos relevantes de desaparici�n forzada, con �nfasis en los aspectos normativos y jur�dicos significativos de cada caso, tanto en Ecuador como en la jurisprudencia interamericana.

 

Tabla 3: Sentencias relevantes en Ecuador sobre desaparici�n forzada

Fuente: Caso No. 21-17-JH (2022); Sentencia caso Fredy N��ez Naranjo (2024); Sentencia Sala Penal Corte Nacional de Justicia (2012)

 

Tabla 4: Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Fuente: Caso C�sar Garz�n Guzm�n vs. Ecuador (2020); Caldas (2018); Guerrero Jaramillo y Pilay Anchundia (2025)

 

En cuanto a los aspectos normativos y jur�dicos comunes en las sentencias:

�                    Tipificaci�n clara del delito: La desaparici�n forzada est� tipificada en el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) de Ecuador, art�culo 84, como delito de lesa humanidad, imprescriptible y no amnistiable.

�                    Car�cter permanente del delito: La desaparici�n forzada se considera un delito continuo mientras se desconozca el paradero de la persona, lo que implica obligaciones permanentes para el Estado.

�                    Responsabilidad estatal: Se reconoce la responsabilidad directa o indirecta del Estado, ya sea por acci�n u omisi�n, incluyendo la aquiescencia o apoyo a grupos que cometen desapariciones.

�                    Derechos de las v�ctimas: Derecho a la verdad, justicia, reparaci�n integral y garant�as de no repetici�n son principios fundamentales reforzados por la CIDH y la legislaci�n nacional.

�                    Garant�as procesales: Respeto a la reserva judicial en investigaciones, valoraci�n objetiva de la prueba, y respeto a los derechos procesales de los acusados.

�                    Competencia internacional: La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para conocer casos aun cuando los hechos hayan ocurrido antes de la ratificaci�n de la Convenci�n Interamericana sobre Desaparici�n Forzada, debido al car�cter continuado del delito.�(Toro & Redrob�n, 2022)

La jurisprudencia ecuatoriana y latinoamericana ha avanzado en la consolidaci�n de un marco jur�dico robusto para enfrentar la desaparici�n forzada. Las sentencias reflejan un compromiso con la protecci�n de los derechos humanos, la sanci�n efectiva de los responsables y la reparaci�n a las v�ctimas (Guerrero y Pilay, 2025). La integraci�n de est�ndares internacionales en la legislaci�n y pr�ctica judicial nacional fortalece la lucha contra la impunidad y promueve la dignidad y seguridad de las personas afectadas.

Mecanismos para la prevenci�n, investigaci�n y sanci�n de la desaparici�n forzada en Ecuador y propuesta de mejora para protecci�n efectiva de los derechos humanos

 

Tabla 5: Propuesta de mejora para la protecci�n de derechos en la desaparici�n forzada

Fuente: (Defensor�a del Pueblo del Ecuador, 2025); (ACNUDH , 2024); (Ley de Actuaci�n en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, 2025); (Plan Nacional Para Prevenir Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres: 2019-2025, 2020); (Asamblea Nacional, 2025)

 

Ecuador cuenta con un marco normativo y mecanismos institucionales para la prevenci�n, investigaci�n y sanci�n de la desaparici�n forzada, con avances importantes como la Ley Org�nica de Actuaci�n en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas (2023) y la tipificaci�n penal clara. Sin embargo, persisten desaf�os en la capacidad operativa, coordinaci�n interinstitucional, protecci�n a v�ctimas y testigos, y en la implementaci�n efectiva de las recomendaciones internacionales.

Las mejoras propuestas incluyen fortalecer recursos t�cnicos y humanos, capacitar continuamente a los actores involucrados, agilizar procesos judiciales, garantizar protecci�n efectiva a denunciantes y v�ctimas, y promover una cultura de respeto a los derechos humanos en todas las instituciones.

 

Discusi�n

Los resultados obtenidos en esta investigaci�n confirman que Ecuador cuenta con un marco legal e institucional robusto y formalmente alineado con los instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de desaparici�n forzada. Este andamiaje incluye la Constituci�n (2008), el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) y leyes especiales como la Ley Org�nica de Actuaci�n en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas (2023). En el plano internacional, se evidenci� el compromiso del pa�s con la Convenci�n Interamericana sobre Desaparici�n Forzada, el Estatuto de Roma y la Convenci�n Internacional para la Protecci�n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Sin embargo, el principal hallazgo cr�tico es la brecha entre la normativa y su aplicaci�n efectiva. A pesar del marco legal, las cifras muestran una alta incidencia de desapariciones, con m�s de 7.000 casos anuales de denuncias por desaparici�n y una escasa judicializaci�n. De las 146 denuncias formales por desaparici�n forzada desde 2014, solo unas pocas han avanzado a juicio. Esto revela deficiencias estructurales en la investigaci�n, sanci�n y reparaci�n, adem�s de una d�bil capacidad institucional para atender el fen�meno de forma integral.

Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas a nivel regional e internacional. Tales como, Castellanos (2020) y Calle et al. (2020) ya advert�an que la debilidad institucional, la falta de recursos y la escasa coordinaci�n entre entidades estatales son factores comunes en Am�rica Latina que limitan la implementaci�n efectiva de normas contra la desaparici�n forzada.

Asimismo, el caso de M�xico, documentado por Cacho (2024) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos (2025), muestra un patr�n similar: amplio marco legal pero limitada respuesta judicial, con m�s de 116.000 personas desaparecidas y un sistema de justicia incapaz de responder eficazmente. Esta situaci�n tambi�n se repite en Colombia, donde Ariet (2023) se�ala que la impunidad en los casos de desaparici�n forzada es una constante, debido a la falta de voluntad pol�tica y la persistencia del conflicto armado.

En el contexto judicial, tanto en Ecuador como en otros pa�ses como Argentina o Guatemala, la jurisprudencia refleja una aceptaci�n del car�cter permanente del delito, lo cual fortalece el principio de imprescriptibilidad. Esto es congruente con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se evidencia en el caso C�sar Garz�n Guzm�n vs. Ecuador (2020).

No obstante, existen discrepancias importantes en cuanto al nivel de avance judicial. En Argentina, por ejemplo, aunque tambi�n se registran casos pendientes, el pa�s ha mostrado avances significativos en la judicializaci�n y sanci�n de cr�menes de lesa humanidad, incluidos los de desaparici�n forzada durante la dictadura militar. Contreras (2021) destaca que este avance se ha logrado gracias a un fuerte compromiso pol�tico e institucional, adem�s del papel activo de las organizaciones de derechos humanos.

En contraste, en Ecuador, la baja cantidad de dict�menes acusatorios apenas 8 emitidos entre m�s de 22.000 denuncias de desaparici�n revela un grado alarmante de ineficacia judicial, lo cual plantea dudas sobre la capacidad de las instituciones para cumplir sus funciones. Esto contradice las expectativas normativas planteadas por instrumentos internacionales que exigen una respuesta estatal diligente, inmediata y efectiva.

Otra discrepancia relevante se refiere a la protecci�n de testigos y denunciantes. Si bien en teor�a se garantiza en la legislaci�n ecuatoriana, en la pr�ctica persiste un alto riesgo para quienes colaboran en las investigaciones. Vivanco (2025), sostiene que el miedo, la revictimizaci�n y la desconfianza hacia las instituciones p�blicas impiden la denuncia o la continuaci�n de procesos.

Desde una perspectiva �tica y social, los hallazgos reafirman que la desaparici�n forzada no solo constituye una violaci�n jur�dica, sino una forma de violencia prolongada que vulnera la dignidad humana, desintegra familias y fractura la cohesi�n social. El impacto del �duelo ambiguo� analizado por Ayala Ortiz et al. (2024), es una de las consecuencias m�s devastadoras, generando dolor, incertidumbre y desprotecci�n emocional y econ�mica.

Este aspecto tambi�n ha sido ampliamente desarrollado en la literatura internacional. Ansolabehere et al. (2024), se�alan que el sufrimiento de las familias no puede repararse �nicamente con medidas legales, sino que requiere atenci�n psicosocial integral y pol�ticas de memoria y verdad que dignifiquen a las v�ctimas.

La propuesta de mejora presentada en esta investigaci�n destaca como punto clave la necesidad de fortalecer los recursos humanos, t�cnicos y operativos, lo cual est� en l�nea con recomendaciones de organismos internacionales como ACNUDH (2024). Adem�s, se propone agilizar los procesos judiciales, mejorar la protecci�n a v�ctimas y testigos, y promover la capacitaci�n continua de funcionarios en derechos humanos, lo cual es coherente con la literatura revisada (Toro y Redrob�n, 2022; Guerrero y Pilay, 2025).

En general, si bien Ecuador ha logrado avances formales importantes en la construcci�n de un marco jur�dico para combatir la desaparici�n forzada, la brecha entre ley y realidad contin�a siendo profunda. Comparado con otros pa�ses de la regi�n, Ecuador comparte muchas de las deficiencias institucionales comunes, pero presenta tambi�n retrasos significativos en la respuesta judicial. Superar esta situaci�n requiere voluntad pol�tica, fortalecimiento institucional, justicia transicional y pol�ticas p�blicas centradas en las v�ctimas. La implementaci�n efectiva de los compromisos internacionales y nacionales no es solo una obligaci�n legal, sino una deuda hist�rica y �tica con las v�ctimas y sus familias.

 

Conclusiones

Ecuador cuenta con un marco legal s�lido, tanto nacional como internacional, que proh�be y sanciona la desaparici�n forzada. Este marco incluye tratados internacionales, la Constituci�n, leyes penales y normas espec�ficas que obligan al Estado a prevenir, investigar y castigar este delito, as� como a reparar a las v�ctimas. Sin embargo, la efectividad depende de su aplicaci�n real y de la voluntad pol�tica para hacer cumplir la ley.

La desaparici�n forzada afecta profundamente la dignidad, seguridad y derechos de las personas, dejando a las v�ctimas fuera de la protecci�n legal y causando un sufrimiento prolongado a sus familias y comunidades. Esta pr�ctica genera miedo, desconfianza social y un da�o �tico irreparable, ya que viola principios fundamentales de humanidad y justicia.

El an�lisis de sentencias en Ecuador y otros pa�ses latinoamericanos muestra avances en el reconocimiento y sanci�n de la desaparici�n forzada, aunque a�n existen retos en la investigaci�n y la reparaci�n. Casos emblem�ticos han servido para fortalecer la jurisprudencia, pero la impunidad y la falta de justicia siguen siendo problemas recurrentes.

Ecuador ha implementado mecanismos legales y operativos para prevenir, investigar y sancionar la desaparici�n forzada, pero a�n enfrenta desaf�os en su aplicaci�n. Se recomienda fortalecer la capacitaci�n de funcionarios, mejorar la coordinaci�n institucional y asegurar la participaci�n de la sociedad civil para lograr una protecci�n efectiva de los derechos humanos y erradicar la impunidad.

 

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