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Efectos jur�dicos del silencio administrativo: �Autorizaci�n t�cita o ilegalidad por omisi�n?

 

Legal effects of administrative silence: Tacit authorization or illegality by omission?

 

Efeitos jur�dicos do sil�ncio administrativo: autoriza��o t�cita ou ilegalidade por omiss�o?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: joseruiz@uti.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 01 de julio de 2025 *Aceptado: 15 de agosto de 2025 * Publicado: �09 de septiembre de 2025

 

        I.            Abogado, Docente Investigador de la Carrea de Derecho de la Universidad Indoam�rica, Mag�ster en Derecho, Menci�n Derecho Administrativo, Mag�ster en Derecho Procesal Administrativo y Litigaci�n, Ambato, Ecuador.

      II.            Estudiante de la Carrea de Derecho de la Universidad Indoam�rica, Ambato, Ecuador.

 

Resumen

El silencio administrativo es un principio jur�dico que causa efectos legales por la falta de respuesta de una autoridad p�blica dentro de un t�rmino determinado. El problema gira en torno al silencio administrativo y su ejecuci�n, pues las nuevas corrientes determinan la ausencia de necesidad de ejecuci�n cuando no se requiere de actuaciones materiales de la administraci�n p�blica, lo que podr�a ocasionar que esta instituci�n sea entendida como autorizaci�n t�cita afectando as� la seguridad jur�dica y la actividad de la administraci�n p�blica. El objetivo de este estudio es analizar si el silencio administrativo constituye una autorizaci�n t�cita v�lida, una forma de ilegalidad por omisi�n y si en todos los casos requiere de un procedimiento de ejecuci�n ante los Tribunales Contenciosos Administrativos. A trav�s de una metodolog�a de car�cter anal�tico con un enfoque dogm�tico y cr�tico que se examina el marco normativo vigente, identificando vac�os y debilidades legales. Como resultado tenemos que la ejecuci�n del silencio administrativo es una actuaci�n necesaria para la ejecuci�n del requerimiento. Se concluye que el silencio administrativo no tiene un efecto uniforme, puede generar efectos positivos cuando la ley lo establece expresamente, o constituir una omisi�n ileg�tima cuando no existe respaldo normativo, afectando principios como el debido proceso y la seguridad jur�dica.

Palabras clave: Silencio administrativo; Efectos Jur�dicos; Autorizaci�n T�cita; Omisi�n Administrativa; Derecho Administrativo.

 

Abstract

Administrative silence is a legal principle that triggers legal consequences due to the lack of a response from a public authority within a specified period. The problem revolves around administrative silence and its enforcement, as new trends determine that there is no need for enforcement when no material action is required from the public administration. This could lead to this institution being interpreted as tacit authorization, thus affecting legal certainty and the activity of the public administration. The objective of this study is to analyze whether administrative silence constitutes a valid tacit authorization, a form of illegality by omission, and whether it always requires enforcement proceedings before the Administrative Litigation Courts. Through an analytical methodology with a dogmatic and critical approach, the current regulatory framework is examined, identifying legal gaps and weaknesses. As a result, we find that the enforcement of administrative silence is a necessary action for the execution of the request. It is concluded that administrative silence does not have a uniform effect; it can generate positive effects when the law expressly establishes it, or constitute an illegitimate omission when there is no regulatory support, affecting principles such as due process and legal certainty.

Keywords: Administrative silence; Legal effects; Tacit authorization; Administrative omission; Administrative law.

 

Resumo

O sil�ncio administrativo � um princ�pio jur�dico que gera consequ�ncias jur�dicas pela aus�ncia de pron�ncia da autoridade p�blica num prazo determinado. O problema gira em torno do sil�ncio administrativo e da sua execu��o, dado que as novas tend�ncias determinam a inexist�ncia de execu��o quando n�o h� necessidade de um acto material por parte da administra��o p�blica. Isto pode levar � interpreta��o deste instituto como uma autoriza��o t�cita, afetando a seguran�a jur�dica e a atividade da administra��o p�blica. O objetivo deste estudo � analisar se o sil�ncio administrativo constitui uma autoriza��o t�cita v�lida, uma forma de ilicitude por omiss�o, e se exige sempre a execu��o perante os Tribunais Administrativos Contenciosos. Atrav�s de uma metodologia anal�tica com uma abordagem dogm�tica e cr�tica, examina-se o quadro normativo vigente, identificando-se lacunas e fragilidades jur�dicas. Em consequ�ncia, constata-se que a execu��o do sil�ncio administrativo � um ato necess�rio � execu��o do pedido. Daqui se conclui que o sil�ncio administrativo n�o tem efeito uniforme; pode gerar efeitos positivos quando a lei expressamente o estabelece, ou constituir omiss�o ileg�tima quando n�o existe suporte normativo, afetando princ�pios como o devido processo legal e a seguran�a jur�dica.

Palavras-chave: Sil�ncio administrativo; Efeitos jur�dicos; Autoriza��o t�cita; Omiss�o administrativa; Direito administrativo.

 

Introducci�n

El silencio administrativo es una sanci�n que ocurre cuando la administraci�n p�blica no emite una respuesta dentro del plazo establecido generando consecuencias legales espec�ficas. Para Clavijo Cruz & Ruiz Bautista (2023) �el silencio administrativo es un mecanismo que protege a los administrados de infracciones por parte de la administraci�n p�blica. Se produce cuando la administraci�n no da respuesta a una reclamaci�n o petici�n presentada por parte de los ciudadanos� (p.271). Esta herramienta jur�dica puede adoptar dos formas: positiva, cuando se entiende que la falta de contestaci�n implica una aprobaci�n t�cita de la solicitud; y negativa, cuando se presume el rechazo; sin embargo, es importante precisar que cada legislaci�n establece el efecto jur�dico del silencio administrativo en su ordenamiento jur�dico, cabe precisar que en el caso de Ecuador tenemos un silencio administrativo positivo. La finalidad del silencio administrativo es garantizar la celeridad, eficiencia y seguridad jur�dica en los tr�mites administrativos, frente a la pasividad del Estado. No obstante, su aplicaci�n ha generado controversias respecto a su naturaleza jur�dica, sus efectos y el procedimiento necesario para su ejecuci�n. En algunos ordenamientos jur�dicos, el silencio positivo otorga derechos subjetivos plenos, mientras que en otros requiere a�n de intervenci�n judicial para su efectividad. Estas diferencias han provocado debates entre juristas sobre si el silencio constituye un acto administrativo v�lido o simplemente una figura legal simb�lica para proteger a los ciudadanos, as� tambi�n ha generado discrepancias con relaci�n a su ejecuci�n; a ello se suma la preocupaci�n de que la figura pueda ser utilizada para eludir responsabilidades administrativas o legitimar actos sin sustento legal.

El an�lisis del silencio administrativo exige considerar principios fundamentales del derecho p�blico como la legalidad, la tutela efectiva, la motivaci�n de los actos y la responsabilidad del Estado. El problema se agrava cuando no se requiere actuaci�n material de la administraci�n, lo que podr�a interpretarse como una aprobaci�n autom�tica, afectando la seguridad jur�dica. Por tanto, este tema contin�a siendo objeto de an�lisis doctrinal y jurisprudencial en diversos sistemas jur�dicos contempor�neos.

En Ecuador, el silencio administrativo est� normado por el C�digo Org�nico Administrativo, estableciendo reglas claras para su aplicaci�n, distinguiendo entre silencio positivo y negativo seg�n la naturaleza del derecho en juego. Sin embargo, las autoridades p�blicas han omitido responder dentro de los t�rminos previstos, lo que ha llevado a los ciudadanos a interpretar esta falta de actuaci�n como una autorizaci�n t�cita. Por otro lado, los Tribunales Contencioso Administrativo han conocido m�ltiples causas donde se ha discutido si el silencio produce efectos inmediatos o si requiere que una sentencia lo reconozca y lo ejecute, rechazando la idea de que el silencio administrativo implique autom�ticamente una autorizaci�n plena, sobre todo cuando no existe una norma expresa que as� lo disponga.� Esta postura ha provocado inseguridad jur�dica, al no existir un criterio unificado sobre la necesidad de ejecuci�n judicial del silencio administrativo.

Adem�s, se ha producido una confusi�n pr�ctica sobre cu�ndo es necesario acudir a los tribunales para que el acto administrativo se materialice. La administraci�n p�blica ecuatoriana ha incurrido en omisiones reiteradas, muchas veces sin sanci�n, lo que ha debilitado los principios de celeridad y responsabilidad. La falta de un tratamiento uniforme ha generado incertidumbre en los administrados respecto a los efectos reales del silencio. Esta situaci�n pone en evidencia una desconexi�n entre lo que establece la teor�a jur�dica y lo que realmente ocurre en la pr�ctica, lo cual resulta importante analizar para proponer soluciones coherentes con los principios del Estado de derecho.

Entonces, el estudio del silencio administrativo permite visibilizar la necesidad de proteger los derechos ciudadanos frente a la inacci�n estatal y el deber de la administraci�n de motivar sus decisiones. Contribuye al fortalecimiento del principio de legalidad, al exigir que las decisiones de la administraci�n tengan respaldo normativo; y, permite en el caso del Ecuador, constituirse en una v�a efectiva para reclamar derechos, aunque su eficacia ha sido limitada por la falta de uniformidad en su interpretaci�n y ejecuci�n.

La legislaci�n ecuatoriana ha abordado el silencio administrativo desde una perspectiva legal y procedimental, pero ha omitido analizar en profundidad sus efectos jur�dicos diferenciados y su necesidad de ejecuci�n. Se ha debatido si el silencio produce efectos jur�dicos inmediatos o si requiere pronunciamiento judicial, pero no se ha esclarecido con suficiencia cu�ndo se activa cada supuesto. Esta falta de claridad ha dificultado la aplicaci�n uniforme del derecho. Adem�s, no se ha desarrollado un an�lisis cr�tico que determine si la ausencia de ejecuci�n vulnera el principio de legalidad o si permite una autorizaci�n t�cita sin sustento expreso en la norma.

El silencio administrativo ha generado inseguridad jur�dica porque ha sido interpretado como una autorizaci�n t�cita incluso sin un respaldo legal espec�fico. Esta interpretaci�n permite que las autoridades evadan su obligaci�n de motivar los actos administrativos, lo que afecta negativamente el principio de legalidad y la transparencia en la funci�n p�blica.

Este estudio ha tenido como prop�sito analizar si el silencio administrativo constituye una autorizaci�n t�cita v�lida, una omisi�n ileg�tima o requiere ejecuci�n judicial obligatoria.

Por todo esto el objetivo de este estudio es analizar si el silencio administrativo constituye una autorizaci�n t�cita v�lida, una forma de ilegalidad por omisi�n y si en todos los casos requiere de un procedimiento de ejecuci�n ante los Tribunales Contenciosos Administrativos.

 

Metodolog�a

La investigaci�n parti� de una metodolog�a de car�cter anal�tico con un enfoque dogm�tico y cr�tico, mediante el cual se examin� el ordenamiento jur�dico vigente respecto al silencio administrativo, analizando normas, principios y doctrinas, pero tambi�n cuestionando cr�ticamente la eficacia normativa y los efectos jur�dicos derivados de la inactividad estatal. El enfoque metodol�gico adoptado fue de car�cter anal�tico, ya que la naturaleza del problema jur�dico planteado exigi� una comprensi�n profunda de las normas jur�dicas, su aplicaci�n, as� como de los discursos doctrinarios y jurisprudenciales que las sustentaban.

Para el an�lisis se utilizaron principalmente dos t�cnicas. La primera fue la interpretaci�n jur�dica, que permiti� entender qu� significaban realmente las normas relacionadas con el silencio administrativo, tomando en cuenta los principios de la Constituci�n y los objetivos del Derecho Administrativo. La segunda fue el an�lisis cr�tico del lenguaje legal, que posibilit� examinar c�mo se empleaban las palabras en las leyes y sentencias, con el fin de detectar posibles contradicciones o vac�os.

 

Desarrollo

1.1. Administraci�n p�blica

La administraci�n p�blica lleva a cabo las pol�ticas dise�adas por el gobierno, as� como de gestionar de forma eficiente los programas y servicios destinados a la poblaci�n. Su funci�n es clave para asegurar el buen funcionamiento del Estado y el cumplimiento de las necesidades colectivas. Uno de los principales roles de la administraci�n p�blica es la ejecuci�n de pol�ticas p�blicas. Esto implica poner en pr�ctica las decisiones tomadas por los entes legislativos o ejecutivos, convirti�ndolas en planes, programas y acciones concretas que beneficien a la ciudadan�a (Amaya Valarezo & Ch�vez Acosta, 2025).

Otro aspecto fundamental es la prestaci�n de servicios fundamentales, tales como: educaci�n, salud, seguridad ciudadana y otros servicios b�sicos. Los profesionales de este campo trabajan para garantizar que estos servicios lleguen de manera equitativa, eficiente y oportuna a todos los sectores de la sociedad. La gesti�n de recursos tambi�n es una tarea central en la administraci�n p�blica. Esto abarca la administraci�n adecuada de los recursos financieros, humanos y materiales del Estado, buscando siempre el uso responsable y estrat�gico de los mismos para alcanzar los objetivos institucionales.

Para Ruiz Bautista, & Qui�a L�pez (2025) La Administraci�n p�blica se establece por conjuntos de �rganos e instituciones que se��� encuentra��� organizadas��� jer�rquicamente, mismos��� que��� ejercen��� la��� funci�n Administrativa y sus funciones se basan en la satisfacci�n de las necesidades colectivas y�� asuntos�� de�� inter�s�� p�blico. (p. 25)

La transparencia y la responsabilidad en la gesti�n son principios esenciales, es un deber de la administraci�n p�blica asegurar que las actuaciones y decisiones de sus funcionarios puedan ser fiscalizadas, de forma que se promueva la confianza ciudadana y se eviten actos de corrupci�n. Donde la participaci�n ciudadana es esencial para una administraci�n p�blica democr�tica y eficaz. Escuchar a la comunidad, comprender sus necesidades y considerar su opini�n en el dise�o de pol�ticas p�blicas permite construir soluciones que respondan verdaderamente al inter�s general. Todo esto se enmarca dentro de un sistema legal, que regula las funciones, deberes y l�mites de las instituciones p�blicas, asegurando el respeto a los derechos ciudadanos y el acceso justo a los servicios del Estado.

1.2. Concepto de Derecho Administrativo

Como menciona Vintimilla (2022), el Derecho Administrativo es una disciplina del derecho p�blico que se encarga de normar la organizaci�n, el funcionamiento y las actividades de la administraci�n p�blica, as� como sus relaciones con los ciudadanos. Su finalidad esencial es asegurar que la gesti�n p�blica se desarrolle conforme a la legalidad, de manera eficiente y equitativa, protegiendo los derechos de los administrados y garantizando la observancia del ordenamiento jur�dico.

Se distingue por establecer un marco normativo que regula el accionar de los entes e instituciones p�blicas, as� como el de sus funcionarios. Esta rama del derecho fija las directrices y procedimientos que deben seguir los servidores p�blicos conforme a normas y procedimientos establecidos que aseguren una gesti�n p�blica organizada y controlada. Uno de los objetivos centrales de esta regulaci�n es proteger los derechos de los ciudadanos frente a eventuales actos injustos por parte de la administraci�n. De esta manera, se convierte en un instrumento clave para para asegurar el trato equitativo de las personas y la protecci�n de sus garant�as constitucionales.

El Derecho Administrativo radica principalmente en Asegurar la protecci�n de los derechos de los ciudadanos ante la actuaci�n de la administraci�n p�blica. A trav�s de esta rama del derecho, los individuos cuentan con mecanismos legales para reclamar justicia cuando sus derechos han sido vulnerados por decisiones administrativas (Cede�o Moreira, 2023).� Este campo jur�dico promueve la transparencia y la rendici�n de cuentas por parte de las autoridades p�blicas. Al exigir que los actos administrativos est�n debidamente fundamentados y que se respeten los principios �ticos y legales, se fortalece la confianza de la ciudadan�a en las instituciones del Estado.

El Derecho Administrativo contribuye a una gesti�n p�blica m�s eficiente, al establecer procedimientos claros, principios de organizaci�n y mecanismos de control que optimizan los recursos y reducen la burocracia innecesaria. Gracias a su marco normativo claro y estable, se garantiza que las relaciones entre el Estado y los administrados se desarrollen en un contexto de previsibilidad, equidad y respeto a los derechos fundamentales.

1.3. Concepto, naturaleza y efectos jur�dicos del silencio administrativo

Seg�n Alvarado Verdezoto, & P�rez Andrade (2021), El silencio administrativo es un mecanismo del derecho p�blico que se produce cuando una entidad de la administraci�n no emite una respuesta dentro del plazo legal establecido frente a una petici�n realizada por un ciudadano. El sistema legal ecuatoriano reconoce el silencio administrativo como un aspecto fundamental del derecho administrativo, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la administraci�n p�blica. Obliga a las autoridades p�blicas a actuar dentro de un plazo razonable, promoviendo as� la rendici�n de cuentas y la capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos

Para Vallejo Moreno & Ruiz Bautista (2023) es importante que:

La aplicaci�n del silencio administrativo depende de tres principios jur�dicos: calidad, eficiencia y eficacia. Cada uno de ellos determina el cumplimiento efectivo de esta figura. La calidad determina a un agente del sistema administrativo competente las competencias de formular reglamentos, inspeccionar pedidos, evaluar y verificar la observancia de ciertas condiciones para que se agilite la aplicaci�n del acto administrativo. De eficiencia busca generar el beneficio de las partes solicitantes y exige al sistema una respuesta de calidad y con eficiencia. Finalmente, el silencio administrativo debe sustentarse bajo normas de eficacia que permitan su descentralizaci�n, su delegaci�n, la desconcentraci�n de funciones y la coordinaci�n por parte de los encargados administrativos de atender los requerimientos solicitados. (p. 943)

En el derecho ecuatoriano, el silencio administrativo puede producir efectos positivos o negativos, seg�n el caso. El silencio positivo implica que la falta de respuesta equivale a una aceptaci�n t�cita de la solicitud, mientras que el silencio negativo significa que la solicitud se considera denegada de forma autom�tica (L�pez Simbaya et al., 2022).

De tal manera, El silencio administrativo positivo implica la aceptaci�n t�cita de una solicitud presentada por un ciudadano, cuando la administraci�n p�blica no responde dentro del plazo legal establecido. En estos casos, se presume que la petici�n ha sido aprobada, lo que habilita al solicitante a proceder conforme a dicha aprobaci�n. Este mecanismo busca proteger los derechos de los ciudadanos ante la inacci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas.

Mientras que el silencio administrativo negativo se entiende como una denegaci�n t�cita de la solicitud formulada por un ciudadano. Si la entidad administrativa no responde en el tiempo previsto, se considera que la petici�n ha sido rechazada autom�ticamente. Este efecto puede generar incertidumbre jur�dica, ya que obliga a los ciudadanos a acudir a instancias judiciales para obtener una resoluci�n clara sobre el estado de su solicitud.

Esta figura nace de la necesidad de asegurar agilidad y eficacia en la actuaci�n de la administraci�n p�blica, la finalidad es evitar la paralizaci�n de los derechos de los ciudadanos por omisi�n o demora de las entidades estatales. A trav�s del silencio administrativo se busca fomentar la transparencia, la responsabilidad institucional y la respuesta oportuna, garantizando que los ciudadanos no queden indefensos ante la inacci�n de las autoridades (Jara Rubio et al., 2024).

De tal manera, conocer el funcionamiento del silencio administrativo es fundamental, ya que permite defender los derechos frente a la inactividad del Estado. Esta herramienta facilita una participaci�n m�s efectiva en los procedimientos administrativos y asegura que las peticiones sean tratadas dentro de un tiempo razonable, con la posibilidad de accionar legalmente en caso de incumplimiento. �Si

1.4. Justificaci�n del silencio administrativo como mecanismo de protecci�n del administrado

El silencio administrativo representa una herramienta legal orientada a garantizar la protecci�n de los ciudadanos frente a la pasividad o inacci�n de las entidades que conforman la administraci�n p�blica. Su objetivo principal es evitar que las solicitudes presentadas ante las entidades p�blicas queden sin respuesta indefinidamente, lo que podr�a vulnerar los derechos de los administrados y generar escenarios de incertidumbre jur�dica (Zambrano Reyna, 2024).

Uno de los fines esenciales del silencio administrativo es proteger a los ciudadanos frente a la pasividad de la administraci�n p�blica. Esta figura jur�dica permite que, incluso en ausencia de una respuesta formal, las personas puedan obtener una resoluci�n jur�dica respecto a sus peticiones. De esta forma, se evita que la negligencia o demora injustificada de los entes p�blicos afecte el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Milioto (2021) menciona que el silencio administrativo facilita el acceso a la justicia, especialmente cuando se presenta en su forma positiva. En estos casos, la ausencia de respuesta se entiende como una manifestaci�n t�cita de conformidad con la petici�n del ciudadano, cuando as� lo dispone la normativa aplicable, lo que permite a los ciudadanos continuar con sus tr�mites o ejercer otros mecanismos legales sin quedar en estado de indefensi�n. Este principio, originado en el derecho franc�s, ha sido acogido por diversos ordenamientos jur�dicos como una v�a efectiva para enfrentar la ineficacia administrativa.

Por otro lado, la existencia del silencio administrativo funciona como un est�mulo para que las instituciones act�en con mayor celeridad y responsabilidad. El riesgo de que una petici�n sea considerada aceptada autom�ticamente en caso de no ser contestada dentro del plazo legal obliga a los funcionarios p�blicos a atender las solicitudes en tiempo oportuno, promoviendo una gesti�n m�s eficiente.

1.5. El silencio como manifestaci�n del principio de seguridad jur�dica

El silencio administrativo se configura como una expresi�n del principio de seguridad jur�dica, en tanto busca salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente a la falta de respuesta por parte de la administraci�n p�blica. Este principio garantiza que toda persona que presenta una solicitud ante una entidad estatal tenga la certeza de que su requerimiento ser� atendido dentro de un plazo razonable. En aquellos casos donde no exista pronunciamiento oficial, la ley presume que la petici�n ha sido aceptada favorablemente, fortaleciendo as� una administraci�n p�blica m�s justa, transparente y eficiente (V�lez Crespo & Torres Rueda, 2022).

Se destaca que la omisi�n de las autoridades administrativas no solo perjudica la eficiencia del sistema, sino que tambi�n reduce la confianza ciudadana en las instituciones p�blicas. La falta de respuesta puede situar al administrado en un estado de vulnerabilidad y desprotecci�n, lo que constituye una clara afectaci�n a la seguridad jur�dica. Por ello, resulta indispensable la existencia de normas claras y mecanismos sancionatorios dirigidos a los funcionarios que incumplen su obligaci�n de pronunciarse oportunamente sobre las peticiones que reciben.

Cuando el silencio administrativo se aplica de manera adecuada, se convierte en un instrumento jur�dico que refuerza la seguridad jur�dica, al permitir que los derechos de los ciudadanos no se vean afectados por falta de respuesta de las autoridades. Su correcta implementaci�n garantiza que la administraci�n p�blica no solo act�e conforme al principio de legalidad, sino que tambi�n lo haga con responsabilidad, eficacia y respeto por los derechos fundamentales de los administrados (Rodr�guez-Honore et al., 2022). El silencio administrativo se erige como una herramienta fundamental para garantizar la protecci�n de los derechos de los ciudadanos en el Ecuador, ya que permite interpretar como favorable la falta de pronunciamiento por parte de la administraci�n p�blica. No obstante, su verdadera eficacia est� condicionada a la existencia de reformas normativas que eliminen las ambig�edades actuales, incorporando plazos precisos y consecuencias jur�dicas definidas. Solo as� se podr� asegurar una gesti�n p�blica m�s �gil, transparente y alineada con los principios del Estado de derecho.

1.6. El silencio administrativo en el contexto del debido proceso

El silencio administrativo est� estrechamente vinculado con el principio del debido proceso dentro del �mbito del Derecho Administrativo. Este principio asegura que todo ciudadano tenga derecho de obtener una contestaci�n pronta de la administraci�n p�blica., lo cual resulta fundamental para garantizar una gesti�n equitativa, transparente y conforme al Estado de derecho.

En este sentido, el silencio administrativo ya sea en su forma positiva o negativa opera como una garant�a procesal. Cuando se manifiesta en su modalidad positiva, se protege el derecho del administrado a obtener una respuesta favorable frente a la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad. Esta figura evita que la falta de actuaci�n de las autoridades p�blicas deje a los ciudadanos en un estado de indefensi�n, fortaleciendo as� la seguridad jur�dica y la confianza en los procedimientos administrativos. Desde la perspectiva ecuatoriana, el silencio administrativo genera efectos jur�dicos concretos, pues permite que la falta de respuesta pueda transformarse en un t�tulo de ejecuci�n. Esta caracter�stica otorga al ciudadano una herramienta real y efectiva para hacer valer sus derechos frente a la omisi�n injustificada del Estado, marcando un precedente de responsabilidad y consecuencias legales ante el incumplimiento de los plazos administrativos (Collaguazo Fiallo et al., 2024).

No obstante, Para que el silencio administrativo tenga validez legal, es imprescindible que se cumplan ciertos requisitos formales, como la presentaci�n de una declaraci�n juramentada y la constancia de recepci�n de la solicitud original. Estos elementos aseguran la transparencia del procedimiento y previenen su uso indebido. Adem�s, el requerimiento de intervenci�n judicial para validar el silencio administrativo refuerza el control institucional sobre el proceso, garantizando una protecci�n equilibrada tanto para el ciudadano como para la administraci�n (Mart�nez, 2022).

 

 

1.7. Autorizaci�n T�cita del silencio administrativo

Como expresa Paucar Valdivieso, & Mej�a Ch�vez (2024) , la autorizaci�n t�cita se produce cuando la ley permite que una solicitud se considere aprobada si la administraci�n no responde dentro de un plazo espec�fico. Esto es particularmente relevante en los casos de silencio administrativo positivo, en los que la falta de una respuesta oportuna se interpreta como el consentimiento o la aprobaci�n de la solicitud presentada por el ciudadano.

Seg�n Moreta (2020), �El proceso de ejecuci�n no es obligatorio, sino como en efecto lo dice la Sala s�lo es necesario cuando se requieran actuaciones materiales de parte de la Administraci�n P�blica y ella se niegue a cumplirlas� (p.165).

Empero, no podr�amos considerar al silencio administrativo como una autorizaci�n t�cita, pues la misma legislaci�n ecuatoriana ha considerado un proceso propio para su ejecuci�n, tanto m�s que su necesidad radica en el control de legalidad del acto presunto como lo establece el C�digo Org�nico Administrativo (2017) se�ala �Para que se produzca el silencio administrativo, el acto administrativo presunto que surja de la petici�n, no debe incurrir en ninguna de las causales de nulidad prescritas por este C�digo. (Art. 207). Finalmente se�ala que no ser�n ejecutables, los actos administrativos presuntos que contengan vicios inconvalidables, lo que valida la necesidad de ejecutar el silencio administrativo.

1.8. Omisi�n y responsabilidad Administrativa

En el �mbito del Derecho Administrativo, se entiende como la ausencia de respuesta por parte de una autoridad p�blica dentro del plazo legal establecido para resolver una solicitud o tomar una decisi�n. Esta omisi�n, que muchas veces vulnera el principio de legalidad, puede generar afectaciones a los derechos de los ciudadanos, particularmente cuando esperan una respuesta oportuna para continuar con sus tr�mites o ejercer sus derechos. El silencio administrativo se vincula estrechamente con este fen�meno, ya que opera como una forma de remediar esa falta de respuesta, atribuy�ndole efectos jur�dicos ( Flores Ovaco, 2024).

Desde el punto de vista legal, los servidores p�blicos est�n obligados a actuar dentro del marco jur�dico y cumplir con sus deberes en forma diligente y oportuna. La falta de actuaci�n, es decir, la omisi�n injustificada, puede generar responsabilidad administrativa, e incluso dar lugar a sanciones, conforme lo dispone la normativa vigente en materia de servicio p�blico y responsabilidad del Estado. Esta exigencia de responsabilidad garantiza que la administraci�n no act�e de forma arbitraria y que los ciudadanos puedan confiar en la eficiencia del aparato estatal.

Las consecuencias de la omisi�n administrativa para los ciudadanos pueden ser significativas, ya que podr�an verse privados de decisiones o autorizaciones esenciales para ejercer derechos o actividades leg�timas. Este tipo de omisi�n no solo afecta derechos individuales, sino que tambi�n debilita la confianza de la ciudadan�a en las instituciones p�blicas. Por ello, el cumplimiento oportuno de las funciones administrativas resulta esencial para fortalecer la credibilidad institucional (Andrade Arrieta et al., 2023).

Seg�n Clavijo Cruz & Ruiz Bautista (2023) menciona que:

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que realiza al momento de ejecutar el silencio administrativo es un control de legalidad del acto administrativo presunto a fin de determinar si dicho acto no concurre en una causal de nulidad de conformidad con el art�culo 105 del C�digo Org�nico Administrativo. Lo que ratifica que la oportunidad para ejercer la ejecuci�n del silencio administrativo es la misma que la acci�n de plena jurisdicci�n o subjetiva. (p. 280)

1.9. Fundamento constitucional y legal del Silencio Administrativo

La Constituci�n del Ecuador (CRE, 2008) respecto del derecho de petici�n se�ala que �Se reconoce y garantizar� a las personas: El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atenci�n o respuestas motivadas. No se podr� dirigir peticiones a nombre del pueblo� (Art. 66, numeral 23)

La Constituci�n del Ecuador (CRE, 2008) sobre la impugnaci�n de decisiones de la administraci�n p�blica se�ala que �Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podr�n ser impugnados, tanto en la v�a administrativa como ante los correspondientes �rganos de la Funci�n Judicial� (Art. 173).

La base constitucional del silencio administrativo se basa en los principios del debido proceso y el derecho a una respuesta oportuna. Estos principios garantizan que las personas puedan esperar una decisi�n de las autoridades p�blicas en un plazo razonable, promoviendo as� la transparencia y la rendici�n de cuentas en las acciones administrativas. 

El C�digo Org�nico Administrativo (COA, 2017) sobre el silencio administrativo menciona:

Los reclamos o pedidos dirigidos a las administraciones p�blicas, con excepci�n de las solicitudes de acceso a la informaci�n p�blica, deber�n ser resueltos en el t�rmino de treinta (30) d�as, vencido el cual, sin que se haya notificado la decisi�n que lo resuelva, se entender� que es positiva. Para que se produzca el silencio administrativo, el acto administrativo presunto que surja de la petici�n, no debe incurrir en ninguna de las causales de nulidad prescritas por este C�digo. (Art. 207)

Esta presunci�n da lugar a un acto administrativo presunto, el cual puede tener efectos ejecutivos incluso en sede judicial, si se acompa�a de una declaraci�n juramentada que certifique la ausencia de notificaci�n de resoluci�n expresa. Para que el acto presunto sea v�lido, la petici�n debe cumplir los requisitos formales y no estar excluida expresamente por la ley. 

El COA establece tambi�n que cualquier resoluci�n posterior s�lo ser� v�lida si ratifica la pretensi�n del administrado. Desde una perspectiva doctrinaria, el silencio administrativo es considerado un mecanismo de garant�a y eficiencia, al permitir que el ciudadano no quede desprotegido ante la falta de actuaci�n por parte del Estado, promoviendo as� la celeridad procesal, la seguridad jur�dica y la buena administraci�n p�blica.

�Esta figura no solo previene abusos por omisi�n, sino que tambi�n fomenta la responsabilidad y el cumplimiento oportuno de deberes por parte de la administraci�n, limitando su discrecionalidad y reforzando el principio de legalidad en la gesti�n p�blica.

 

Discusi�n

El silencio administrativo, como figura jur�dica, plantea un conflicto interpretativo entre la protecci�n de los derechos ciudadanos frente a la inacci�n estatal y el principio de legalidad que rige la actuaci�n de la administraci�n p�blica. En el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, est� normado por el C�digo Org�nico Administrativo (COA), particularmente en sus art�culos 207 y 208. No obstante, la aplicaci�n pr�ctica del silencio administrativo se ha visto afectada por una falta de uniformidad normativa y jurisprudencial, lo cual impide establecer con claridad si su consecuencia directa debe ser la generaci�n de una autorizaci�n t�cita o si, por el contrario, constituye una omisi�n inconstitucional que debe ser corregida a trav�s de mecanismos judiciales. Esta ambig�edad jur�dica afecta directamente la seguridad jur�dica, ya que deja a la ciudadan�a en una posici�n de incertidumbre sobre los efectos reales de la falta de respuesta por parte de la administraci�n.

Desde una perspectiva doctrinaria, autores como Garc�a de Enterr�a y Fern�ndez aseveran que el silencio administrativo positivo constituye una forma de tutela efectiva para los administrados frente a la pasividad estatal, mientras que el silencio negativo opera como una presunci�n de rechazo que permite al interesado recurrir al sistema judicial. En Ecuador, sin embargo, esta distinci�n no se aplica de forma estricta. Aunque el art�culo 207 del COA contempla el silencio positivo como regla general, el art�culo 208 establece m�ltiples excepciones que limitan significativamente su operatividad. Esta normativa resulta problem�tica porque no establece criterios objetivos ni uniformes sobre cu�ndo aplica cada tipo de silencio, generando un margen interpretativo que puede derivar en actuaciones arbitrarias por parte de la administraci�n o resoluciones contradictorias por parte de los jueces contenciosos.

La jurisprudencia nacional no ha logrado unificar criterios en torno a los efectos del silencio administrativo. Actualmente existen sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo que han reconocido efectos favorables al administrado en aplicaci�n del silencio positivo, otras han determinado la necesidad de una ejecuci�n judicial previa, incluso cuando la norma parec�a avalar la autorizaci�n t�cita. Este comportamiento judicial fragmentado pone en evidencia la debilidad institucional para garantizar los principios de legalidad, confianza leg�tima y tutela judicial efectiva. Se constat� que en gran parte de los casos el reconocimiento del silencio positivo requiere una acci�n contencioso administrativa, lo cual desnaturaliza su prop�sito original: brindar una respuesta jur�dica autom�tica ante la inacci�n injustificada del Estado.

Por tanto, resulta indispensable una reforma legal que delimite claramente los efectos jur�dicos del silencio administrativo. Esta reforma deber�a incluir una lista cerrada de excepciones al silencio positivo, as� como un procedimiento claro y accesible para que el ciudadano haga valer sus efectos sin necesidad de una intervenci�n judicial costosa y prolongada. Adem�s, es crucial que los Tribunales Contenciosos Administrativos adopten criterios uniformes en sus resoluciones para evitar contradicciones que debiliten la seguridad jur�dica. Finalmente, debe reforzarse la formaci�n y sensibilizaci�n de los servidores p�blicos en torno a sus obligaciones de motivaci�n y respuesta dentro de los plazos legales, ya que una administraci�n inactiva no solo vulnera derechos individuales, sino que tambi�n debilita la legitimidad institucional del Estado de derecho.

Seg�n las teor�as del silencio administrativo puede ser: positiva, negativa, neutral y mixta, ya que permiten comprender los diferentes efectos jur�dicos que se derivan de la inacci�n de la administraci�n p�blica frente a las solicitudes ciudadanas. La teor�a del silencio positivo protege los derechos del administrado al considerar aceptada su petici�n ante la falta de respuesta, mientras que la teor�a del silencio negativo prioriza el inter�s p�blico presumiendo una negativa t�cita. La teor�a neutral, en cambio, no reconoce efectos al silencio, dejando la solicitud en estado de incertidumbre. Finalmente, la teor�a mixta, adoptada por legislaciones modernas como la ecuatoriana, propone una soluci�n equilibrada, al establecer que el efecto del silencio depender� de la naturaleza del acto solicitado: positivo si es un tr�mite reglado y negativo si es discrecional. Esta confrontaci�n evidencia que el silencio administrativo s� debe generar efectos jur�dicos, pero de manera condicionada y con base en criterios legales claros, para garantizar tanto la seguridad jur�dica del administrado como la legalidad en la actuaci�n estatal.

 

Conclusiones

A partir del an�lisis realizado, se concluye que el silencio administrativo no puede ser interpretado de manera uniforme como una autorizaci�n t�cita v�lida, ya que su naturaleza y efectos dependen del marco normativo aplicable y de la existencia de una disposici�n expresa que as� lo determine. Por tanto, se considera que todo caso de silencio administrativo debe necesariamente ser sometido al conocimiento de los Tribunales Contenciosos Administrativos, a fin de que estos determinen sus efectos jur�dicos, corrijan posibles omisiones ilegales y, de ser necesario, ordenen la ejecuci�n correspondiente.�

La ejecuci�n del acto administrativo t�cito que surge como consecuencia del silencio administrativo, no puede entenderse como un derecho autom�tico del administrado, ya que su validez no est� dada �nicamente por la omisi�n de la Administraci�n P�blica, sino por el cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen la actuaci�n administrativa, como la legalidad, la motivaci�n, la competencia y la tutela judicial efectiva.

En el marco jur�dico ecuatoriano, el acto administrativo presunto debe ser sometido al control de legalidad ante los Tribunales Contencioso Administrativos que reconoce la v�a judicial como el mecanismo id�neo para garantizar los derechos frente a actos u omisiones de la administraci�n.

Este control jurisdiccional permite que el juez verifique si, aun en ausencia de respuesta expresa, se cumplan los requisitos sustanciales del acto pretendido, y si su ejecuci�n es procedente conforme al ordenamiento jur�dico. Ejecutar directamente un acto presunto, sin este control previo, podr�a conducir a la consolidaci�n de situaciones jur�dicas contrarias a derecho, lo que atentar�a contra los principios de seguridad jur�dica y debido proceso reconocidos en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. La finalidad de la ejecuci�n no es �nicamente materializar un derecho derivado del silencio, sino garantizar que dicho derecho tenga un fundamento jur�dico v�lido y que no derive de una omisi�n arbitraria o ilegal de la Administraci�n. El proceso contencioso administrativo, por tanto, no solo act�a como un mecanismo de ejecuci�n, sino como una etapa de revisi�n, validaci�n y control indispensable para proteger el orden p�blico administrativo y los derechos de los ciudadanos.

El silencio administrativo no produce efectos jur�dicos uniformes, lo que genera incertidumbre tanto para los ciudadanos como para la propia administraci�n p�blica. Esta falta de claridad normativa y pr�ctica tiene consecuencias importantes en la aplicaci�n del derecho, pues no siempre es evidente si la falta de respuesta de la administraci�n equivale a una autorizaci�n v�lida o si, por el contrario, constituye una omisi�n ileg�tima.

En los casos en que existe una norma expresa que establece el efecto positivo del silencio, es posible que este act�e como un mecanismo de protecci�n para el administrado, permiti�ndole continuar con su solicitud ante la falta de respuesta. Sin embargo, cuando no existe una disposici�n clara que le otorgue efectos positivos, el silencio puede transformarse en una violaci�n al deber de pronunciarse oportunamente, generando actos presuntos sin sustento legal y, por tanto, carentes de legitimidad.

Esto afecta directamente principios constitucionales fundamentales como el debido proceso, al impedir que el administrado conozca con certeza los fundamentos de la decisi�n, y la seguridad jur�dica, al dejar en duda el valor y la validez del acto presunto. En consecuencia, tanto el administrado como la administraci�n se ven expuestos a conflictos legales posteriores y a procedimientos judiciales que podr�an haberse evitado con una respuesta expresa y oportuna.

El silencio administrativo no puede entenderse como una simple omisi�n, pues genera la necesidad urgente de ejecutar las actuaciones o resoluciones que deber�an haberse emitido para evitar que se afecten los derechos de los ciudadanos y se paralicen los procesos administrativos. Cuando la administraci�n p�blica no responde ni act�a, no solo se incumple con un deber legal, sino que tambi�n se genera incertidumbre y desconfianza en la gesti�n p�blica, lo que afecta negativamente la imagen y eficacia de las instituciones del estado. Por esta raz�n, es fundamental que se implementen reg�menes disciplinarios claros y efectivos contra los servidores p�blicos que incumplen con su obligaci�n de responder a tiempo. Estos mecanismos son necesarios para sancionar la negligencia, fomentar la responsabilidad y asegurar que la administraci�n p�blica funcione con transparencia, eficiencia, y celeridad protegiendo as� el inter�s p�blico y fortaleciendo el Estado de derecho.

 

 

 

 

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