����������������������������������������������������������������������������������

 

 

La injerencia leg�tima del estado ecuatoriano en el ejercicio del derecho de libertad contractual

 

The legitimate interference of the Ecuadorian state in the exercise of the right to freedom of contract

 

A leg�tima inger�ncia do Estado equatoriano no exerc�cio do direito � liberdade contratual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: smaldonad8@utmachala.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de mayo de 2025 *Aceptado: 24 de junio de 2025 * Publicado: �15 de julio de 2025

 

       I.          Universidad T�cnica de Machala. Machala, Ecuador.

     II.          Universidad T�cnica de Machala. Machala, Ecuador.

   III.          Universidad T�cnica de Machala. Machala, Ecuador.

 

Resumen

En Ecuador, la libertad contractual, asegurada por la Constituci�n, no es total y est� restringida por principios jur�dicos, el orden p�blico, la equidad y la justicia social. La finalidad de esta investigaci�n es sugerir un esquema de requisitos, procedimientos y autoridades para la intervenci�n del estado en contratos con desbalance de poder. La metodolog�a se fundament� en un estudio doctrinal y jurisprudencial detallado de fuentes primarias y secundarias. Los hallazgos resaltan que, en fallos como la 44-10-SEP-CC, la Corte Constitucional dicta que la intervenci�n del estado debe respetar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Se deduce que la intervenci�n del estado leg�tima persigue la equidad y salvaguarda de derechos esenciales, con jueces ordinarios y contencioso-administrativos en primera instancia, y la Corte Constitucional de forma excepcional. Es aconsejable robustecer la supervisi�n constitucional y la estructura judicial para evitar intervenciones arbitrarias.

Palabras Clave: Libertad contractual; Intervenci�n estatal; Razonabilidad; Proporcionalidad; Derechos constitucionales.

 

Abstract

In Ecuador, contractual freedom, guaranteed by the Constitution, is not complete and is restricted by legal principles, public order, equity, and social justice. The purpose of this research is to suggest a framework of requirements, procedures, and authorities for state intervention in contracts with power imbalances. The methodology was based on a detailed doctrinal and jurisprudential study of primary and secondary sources. The findings highlight that, in rulings such as 44-10-SEP-CC, the Constitutional Court dictates that state intervention must respect the principles of reasonableness, necessity, and proportionality. It follows that legitimate state intervention pursues equity and safeguards essential rights, with ordinary and contentious-administrative judges in the first instance, and the Constitutional Court in exceptional cases. It is advisable to strengthen constitutional oversight and the judicial structure to avoid arbitrary interventions.

Keywords: Freedom of Contract; State Intervention; Reasonableness; Proportionality; Constitutional Rights.

 

 

 

Resumo

No Equador, a liberdade contratual, garantida pela Constitui��o, n�o � completa e � restringida pelos princ�pios jur�dicos, pela ordem p�blica, pela equidade e pela justi�a social. O objetivo desta investiga��o � sugerir uma estrutura de requisitos, procedimentos e autoridades para a interven��o estatal em contratos com desequil�brios de poder. A metodologia baseou-se num estudo doutrin�rio e jurisprudencial detalhado de fontes prim�rias e secund�rias. Os resultados real�am que, em decis�es como a 44-10-SEP-CC, o Tribunal Constitucional determina que a interven��o do Estado deve respeitar os princ�pios da razoabilidade, da necessidade e da proporcionalidade. Daqui se conclui que a interven��o estatal leg�tima procura a equidade e salvaguarda direitos essenciais, com ju�zes ordin�rios e contencioso-administrativos em primeira inst�ncia, e o Tribunal Constitucional em casos excecionais. � aconselh�vel refor�ar a supervis�o constitucional e a estrutura judicial para evitar interven��es arbitr�rias.

Palavras-chave: Liberdade Contratual; Interven��o do Estado; Razoabilidade; Proporcionalidade; Direitos Constitucionais.

 

Introducci�n

La libertad contractual constituye uno de los pilares fundamentales del derecho privado y se basa en el principio de la autonom�a de la voluntad. En el Ecuador, este derecho se encuentra garantizado por la Constituci�n en su art�culo 66 numeral 16 (CRE, 2008), y, permite a las personas celebrar contratos de forma libre y voluntaria, conforme a sus intereses, sin coacciones o restricciones indebidas, siempre dentro de los l�mites legales; es decir, en virtud de este principio, los individuos tienen la facultad de decidir con quien contratar, los t�rminos y/o condiciones sobre los cuales se contrata, y, la finalidad de la convenci�n. Sin embargo, la libertad contractual no es absoluta, ya que se encuentra condicionada por la misma ley y por principios como el orden p�blico, la equidad y la justicia social, establecidos en la Constituci�n tal como lo establece (Rodas y Dur�n, 2024). 

 

La libre contrataci�n es un derecho perenne en las personas, donde se puede decidir el celebrar contratos y con quien hacerlo, as� como la libertad de determinar que se va a pactar dentro del contenido de los mimos, consecuentemente las personas son libres para negociar la celebraci�n de los contratos que realicen, de las condiciones, limitaciones, modalidades, plazos, y algunas otras particularidades que regularan la relaci�n jur�dica creada por un contrato, todo lo que se acuerde dentro del contrato deber� ser con estrictamente a las limitaciones legales existentes. Esta deber� encontrarse enmarcada dentro de los principios generales del derecho como la buena fe. (Sarabia Rodriguez, 2018).  

 

El derecho de libertad contractual se encuentra vinculado con la autonom�a de voluntad, mediante la cual las personas tienen la capacidad de organizar sus relaciones jur�dicas de acuerdo con su propio inter�s y criterio. Para que una persona emita una declaraci�n de voluntariedad v�lida, se debe cumplir con los requisitos establecidos en el art�culo 1461 del C�digo Civil Ecuatoriano , estos son: 1) Ser legalmente capaz, decir, mayor de 18 a�os, de tal forma que pueda realizarse negocios jur�dicos por s� mismo sin necesidad de la autorizaci�n de otra persona; 2) Obrar sin los vicios del consentimiento determinados en el Art. 1467 Ibidem, esto es, sin que exista error, fuerza y dolo; 3) Que exista objeto l�cito; y, 4) Que la causa se l�cita. Ya que de la falta de alguno de estos requisitos puede dar lugar a la existencia de nulidad absoluta o relativa, seg�n corresponda art�culos los cuales se encuentran establecidos dentro del (C�digo Civil, 2017). 

 

El objeto l�cito se refiere a la cosa o hecho que, seg�n el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, se debe dar, hacer o no hacer. En el caso de la obligaci�n de dar, para que sea considerado como objeto l�cito deber� ser real, comerciable y determinado; mientras que, la obligaci�n es de hacer o no hacer, �sta deber� ser tanto f�sica como moralmente posible (Torres Proa�o & Salazar S�nchez, 2016). Se entiende por causa l�cita a el fin inmediato y directo de los contratantes dependiendo del tipo de contrato que se encuentren celebrando (Del Brutto, 2018). 

 

Respecto de los vicios del consentimiento, al error, se lo concibe como el conocimiento falso de un hecho, es decir se lo podr�a considerar como una falsa percepci�n o creencia sobre la realidad lo que puede llegar a afectar la validez del contrato realizado (Carrascosa et al., 2018). La fuerza es aquella presi�n f�sica o moral que se encuentra ejercida sobre la voluntad de una persona, para determinarla a que esta ejecute un acto jur�dico en concreto. (Rabat Celis et al., 2020). Y, el dolo es la falsa representaci�n de la realidad, pero a diferencia de lo que es el error, esta no surge de forma espor�dica, sino que viene de forma premeditada resultado de un conjunto de maniobras fraudulentas realizadas por otras personas o por el otro contratante para as� poder inducir al sujeto al error, es decir que aqu� se considera que existe la mala fe. (Rabat Celis et al., 2020) 

 

 

En el evento de existir alguno de los vicios del consentimiento antes indicados, la voluntad no es v�lida y el contrato, en el que se logr� el consentimiento viciado para su suscripci�n, ser�a nulo relativamente y, en consecuencia, la parte contratante que sufri� el vicio puede iniciar una acci�n civil en v�a ordinaria. Sin perjuicio de lo se�alado, existen situaciones en los que, pese a no existir un vicio del consentimiento, una de las partes se ve constre�ida a suscribir un contrato que de antemano sabe que es inequitativo y favorable, en demas�a, a su contraparte contractual, en vista de la existencia de un desequilibrio de poder entre los suscribientes; y, precisamente este �ltimo caso es el que motiva la investigaci�n.    

 

Seg�n los autores (Castrill�n y Luna, 2017) la evoluci�n hist�rica del derecho de libertad contractual data desde el Derecho Romano, debido a que ya se realizaban acuerdos, o se impon�an, en este �ltimo caso, aunque estos fueran hechos por medio de la fuerza o de la imposici�n se los consideraba como v�lidos y justos, creaba una obligaci�n entre ambas personas, lo cual los contratantes se compromet�an a cumplir. Otro de los momentos m�s importantes se da en la alta edad media, espec�ficamente en los primeros siglos de dicho periodo y en la �poca de los visigodos, en este punto fue donde se cre� el �Fuero Juzgo�, producto de los Concilios de Toledo, donde exist�an tipificaciones de movimientos comerciales respecto de los �Contratos de cambio y compraventa� (Coronas, 2024). 

 

La noci�n de lo que hist�ricamente se considera como contrato se ha modificado de forma continua por las necesidades presentes en cada �poca. En el Derecho Romano encontramos sus primeras concepciones, originadas por el consensualismo y caracterizado por el formalismos y tipicidad, Posteriormente, en la edad media se empieza a sentar las bases de la obligatoriedad jur�dica sin tanta rigidez y surgieron formas de contratos m�s flexibles, principalmente para el desarrollo mercantil. Es en la edad moderna donde se desarrolla la autonom�a de la voluntad y el derecho a la libertad contractual, ya que se conceb�a al contrato como el resultado de la libre voluntad de las partes, lo cual daba como resultado la libertad de contrataci�n, que encontraba sus l�mites en la moral, el orden p�blico y las buenas costumbres (Melo Rubiano, 2021). En la edad contempor�nea se da una mayor transformaci�n del contrato, ya que la noci�n de autonom�a de la voluntad y de igualdad forma sufren una crisis, debido a la aparici�n de la idea de igualdad material, que se formul� para evitar el desequilibrio de poder entre las partes contratantes, ya que provocaba la imposici�n de cl�usulas abusivas. Para evitar el desequilibrio contractual y proteger a la parte m�s d�bil se justifica la intervenci�n estatal en los contratos, estableci�ndose normas imperativas que limitan la libertad contractual en ciertas �reas como la laboral, derecho del consumidor, arrendamientos, etc.; tratando de lograr una justicia contractual real (Cristancho Giraldo, 2022).   

 

La historia y desarrollo del derecho contractual en el Ecuador refleja una compleja interacci�n entre las influencias externas y las necesidades internas. Durante la �poca colonial, el ordenamiento jur�dico ecuatoriano estaba �ntimamente ligado al derecho espa�ol, caracterizado por un enfoque jer�rquico y formalista. Con la independencia, se inici� un proceso de construcci�n de un sistema jur�dico propio, aunque fuertemente influenciado por el derecho civil europeo, especialmente el franc�s (S�nchez, 2021). El C�digo Civil de 1860 represent� un hito fundamental en la codificaci�n del derecho privado ecuatoriano, inspirado en el C�digo Civil chileno, este cuerpo legal consagr� los principios de autonom�a de la voluntad y pacta sunt servanda (lo pactado obliga). Sin embargo, coexist�a con un conjunto de normas imperativas destinadas a proteger el inter�s general y los derechos de los m�s d�biles (Buste y Pozo Ram�rez, 2023).  

 

A lo largo del siglo XX, el derecho contractual ecuatoriano experiment� diversas reformas orientadas a adaptarlo a las transformaciones socioecon�micas del pa�s. La industrializaci�n, la urbanizaci�n y la creciente complejidad de las relaciones econ�micas exigieron una mayor intervenci�n del Estado en la regulaci�n de los contratos. Este proceso se vio reflejado en la adopci�n de leyes especiales que regulaban sectores espec�ficos, como el consumo y el trabajo (Mart�nez, 2022). 

 

La Corte Constitucional, como m�xima int�rprete de la Constituci�n, ha desempe�ado un papel crucial en la definici�n de los alcances de la libertad contractual y en la protecci�n de los derechos de las partes m�s vulnerables, especialmente cuando se trata de asimetr�a entre las partes. La Corte, a trav�s de jurisprudencia, ha consolidado el principio de buena fe contractual y ha establecido criterios para determinar cu�ndo la intervenci�n estatal en un contrato es leg�tima (Torres M. , 2023). Por ejemplo, se puede establecer que dentro de la sentencia No. 7-15-IN/21. La Corte Constitucional establece el principio de buena fe contractual utilizado adem�s de guiar la ejecuci�n tambi�n debe hacerlo con la formaci�n y negociaci�n del contrato, estableciendo de esta manera que la buena fe forma parte de un l�mite constitucional que se da incluso en relaciones privadas (Corte Constitucional del Ecuador, 2021). Adem�s, cumple con los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad al momento de existir un fin constitucional v�lido, cuando la intervenci�n es de car�cter imprescindible y cuando no se produce una afectaci�n desproporcionada a los derechos de las partes. El rol del estado es fundamental al momento de la celebraci�n de contratos a trav�s de la emisi�n de leyes que regulan y limitan a la libertad contractual en situaciones donde uno de los contratantes pueda encontrarse en situaci�n desigual. 

 

Un ejemplo significativo en la intervenci�n del estado frente al derecho de libertad contractual es en el contrato de trabajo, aunque la libertad contractual esta perenne en este tipo de contratos el Estado ha establecido las respectivas regulaciones para que dentro de los contratos laborales se pueda proteger a los trabajadores de posibles abusos, por ejemplo, en las leyes laborales se establece un salario b�sico, que debe ser aplicado de forma imperativa por el empleador (Paguay Duchi y Morales Navarrete, 2023). 

 

La intervenci�n del Estado a trav�s de la ley, dentro de este �mbito, busca garantizar que el acuerdo mutuo realizado por las partes no vulnere derechos fundamentales evitando arbitrariedades por parte de alguno de los contratantes, especialmente por el que en ese momento se encuentra en una situaci�n jer�rquica de poder que ser�a el contratante frente al contratado. Sin embargo, cuando nos referimos a las contrataciones que se realizan dentro del sector p�blico, el contrato ya se evidencia m�s como un acto unilateral al momento de su realizaci�n, esto debido a que al momento de querer realizar un acto contractual con alguna entidad del sector p�blico ya existe unas determinadas cl�usulas que el contratado debe aceptar para poder trabajar en dicha instituci�n (Mac�as Pignataro, 2022). 

 

Las entidades que se encuentran dentro de la administraci�n p�blica ejercen alg�n tipo de coerci�n efectiva o posiblemente potencial sobre sus administrados, esto con la finalidad de lograr la concreci�n de sus voluntades. (Terrones Jancco & Castillo And�a, 2020). Este tipo de coerci�n que es ejercida por las entidades pertenecientes a la administraci�n p�blica no se debe interpretar �nicamente como una herramienta de imposici�n, sino tambi�n se lo puede ver desde la perspectiva de ser un mecanismo para garantizar el cumplimiento de las normas. Sin embargo, es de suma importancia recalcar que el ejercicio de esta �facultad� se debe realizar con respeto a los derechos fundamentales de los administrados, donde se eviten abusos de poder o actos considerados como arbitrarios, ya que la legitimidad por parte de la administraci�n p�blica depende el equilibrio entre las funciones ejercidas por parte de la autoridad y la protecci�n de los derechos de los ciudadanos (Villac�s, 2021).  

 

Seg�n Alessandri (2009), "la esencia de un contrato radica en el acuerdo entre las partes, otorg�ndoles el poder de definir sus t�rminos, efectos, condiciones e incluso duraci�n". Sin embargo, esta libertad no es absoluta; se encuentra delimitada por normas legales y principios constitucionales que buscan garantizar la justicia social, la equidad y el respeto por los derechos fundamentales. 

 

El C�digo Civil ecuatoriano establece en su art�culo 1561 que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Este precepto se fundamenta en el principio de autonom�a de la voluntad, permitiendo a las partes definir libremente las cl�usulas contractuales dentro de los l�mites que impone el orden p�blico y las buenas costumbres. Lobato (2023) subraya que este principio no implica una libertad ilimitada: "la autonom�a de la voluntad permite a las partes acordar t�rminos contractuales, pero siempre dentro de los l�mites legales que garantizan la justicia y la equidad". Adem�s, el art�culo 1453 del mismo c�digo reconoce las obligaciones contractuales como una fuente primordial de derechos y deberes en las relaciones privadas (C�digo Civil, 2017) 

 

En la jurisprudencia ecuatoriana, la Corte Constitucional ha se�alado en su Sentencia No. 7-15-IN/21 que la libertad de contrataci�n permite a las personas celebrar acuerdos conforme a su autonom�a, pero dentro de los m�rgenes legales establecidos. Esta sentencia tambi�n resalta que cualquier limitaci�n a este derecho debe cumplir con los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir que la intervenci�n del Estado debe encontrarse justificada constitucionalmente, como parte de la razonabilidad; debe ser imprescindible de tal manera que se protejan los derechos fundamentales, constituyendo la necesidad; y no debe afectar al derecho en gran manera con la finalidad que se persigue, siendo esta la proporcionalidad (Corte Constitucional, 2021). 

 

La autonom�a de la voluntad, como principio rector del derecho contractual, se vincula estrechamente con la buena fe y la obligatoriedad de los contratos. La buena fe, establecida en el art�culo 1562 del C�digo Civil, impone a las partes la obligaci�n de actuar con honestidad y transparencia durante la formaci�n y ejecuci�n de los acuerdos. Este principio refuerza la confianza en las relaciones contractuales, especialmente en un contexto donde el equilibrio entre las partes puede ser desigual (Facco, 2010). 

 

Por otro lado, el principio de �pacta sunt servanda� asegura la obligatoriedad de los contratos, reconoci�ndolos como actos vinculantes que solo pueden ser modificados o anulados por mutuo acuerdo o por causas legales espec�ficas. Este principio fortalece la seguridad jur�dica al garantizar que los t�rminos acordados se cumplan fielmente. (Corral, 2021), se�ala que este principio es esencial para garantizar la seguridad jur�dica: "La buena fe obliga a las partes a cumplir sus compromisos sin alegar excepciones o imponer condiciones no estipuladas" 

 

En la Sentencia No. 044-10-SEP-CC se aborda el equilibrio entre la libertad contractual y los derechos laborales; y, se establece que el contrato colectivo es una herramienta de negociaci�n en el �mbito laboral, regulado en el art�culo 220 del C�digo de Trabajo; mediante el cual se establecen las condiciones generales para los trabajadores y empleadores, promoviendo la justicia y la equidad en las relaciones laborales. La Corte subraya que, aunque el contrato colectivo no es individual, respeta el principio de libertad contractual al permitir a las partes negociar libremente sus t�rminos (Corte Constitucional, 2010). 

 

El equilibrio entre la libertad contractual y la intervenci�n estatal es fundamental para garantizar un sistema jur�dico que respete tanto la autonom�a de las partes como los valores constitucionales. Este equilibrio requiere una regulaci�n proporcional que no obstaculice innecesariamente la actividad econ�mica, pero que asegure la justicia y la equidad en las relaciones contractuales (Smidt Simon y Vila-Nova, 2022). 

 

Sin embargo, la libertad contractual est� sujeta a l�mites impuestos por el Estado, cuyo prop�sito es proteger el inter�s p�blico y prevenir abusos (Machuca Moreno y O�ate Aldaz, 2024). Entre estos l�mites se encuentran la prohibici�n de cl�usulas discriminatorias y la regulaci�n de sectores estrat�gicos.  Por ejemplo, el art�culo 11 de la Constituci�n proh�be cualquier forma de discriminaci�n en los contratos, garantizando la igualdad de oportunidades en las relaciones contractuales. Esto es especialmente relevante en casos como los contratos laborales, donde las cl�usulas discriminatorias en t�rminos de salario o condiciones de trabajo est�n expl�citamente prohibidas (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008). 

 

 

Adem�s, la intervenci�n estatal en la libertad contractual puede observarse en la legislaci�n sectorial, como la Ley Org�nica del Sistema Nacional de Contrataci�n P�blica. Esta norma establece reglas claras para los contratos suscritos con el Estado, garantizando la transparencia y la equidad en las licitaciones p�blicas (SERCOP, 2021). Asimismo, los contratos forzosos, como el seguro obligatorio de accidentes de tr�nsito (SOAT), son ejemplos de c�mo el Estado regula ciertos acuerdos para proteger el bienestar colectivo (Carri�n, 2021). 

 

En Ecuador, la libertad contractual, si bien permite a las partes regular sus intereses mediante acuerdos, no es un derecho absoluto. Se encuentra enmarcada dentro de los l�mites establecidos por la Constituci�n y la ley, buscando un equilibrio entre la autonom�a de la voluntad y la protecci�n de intereses superiores. La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, en su art�culo 1, define al pa�s como un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que implica que toda actuaci�n, incluso en el �mbito privado contractual, debe sujetarse a la Constituci�n y la ley.  

 

En Ecuador, el C�digo Civil y la Constituci�n establecen que esta libertad tiene l�mites, como el respeto al orden p�blico, la moral y las buenas costumbres. La Constituci�n ecuatoriana establece principios como el de justicia social y la protecci�n de los derechos fundamentales, que justifican la intervenci�n estatal (CRE, 2008).  Por ejemplo, el Estado puede modificar contratos en casos de inter�s p�blico o para proteger a una de las partes si existe un desequilibrio grave (Huapaya Tapia y Alejos Guzm�n, 2021). As� garantizando que los contratos no perpet�en desigualdades o vulneren derechos esenciales.   

 

La intervenci�n estatal en los contratos busca asegurar un equilibrio justo entre las partes. Por ejemplo, las leyes de protecci�n al consumidor permiten al Estado intervenir en contratos abusivos para proteger a la parte m�s vulnerable (V�squez Reina y Zapatier N�jera, 2020).  Aunque esta intervenci�n puede limitar la autonom�a de los contratantes, promueve el respeto a los derechos fundamentales y evita abusos, garantizando un equilibrio que beneficie a ambas partes. 

 

Burneo (2019) explica que la regulaci�n de sectores estrat�gicos, como los contratos de seguro, tambi�n limita la libertad contractual. "En estos casos, las cl�usulas son predispuestas por el asegurador, lo que reduce significativamente la autonom�a del asegurado para configurar el contrato". 

 

Estos l�mites est�n dise�ados para prevenir abusos y asegurar que las relaciones contractuales no afecten negativamente a las partes m�s vulnerables ni contravengan el inter�s general. Mu�oz (2020) se�ala que "los l�mites a la libertad contractual no deben interpretarse como restricciones arbitrarias, sino como herramientas que refuerzan la cohesi�n social y el respeto mutuo entre las partes". La Corte Constitucional ecuatoriana tambi�n ha subrayado que las limitaciones a la libertad contractual deben proteger los derechos fundamentales y no reducirlos injustificadamente. Este principio se ejemplifica en la Sentencia No. 019-15-SIN-CC, donde se afirm� que las leyes y regulaciones deben adaptarse para garantizar el pleno ejercicio de los derechos constitucionales, incluso cuando existan l�mites razonables (Corte Constitucional, 2015). 

 

El C�digo Civil ecuatoriano, en su Libro IV: "De las obligaciones en general y contratos", desde el art�culo 1453 hasta el art�culo 2424, establece las bases para regular los contratos y las obligaciones que surgen entre las partes. Dentro de este marco, el C�digo Civil reconoce la autonom�a de la voluntad de las partes, permitiendo que las personas celebren contratos seg�n sus intereses (C�digo Civil, 2017). Sin embargo, esta libertad est� condicionada por principios fundamentales que buscan evitar que los contratos perjudiquen el orden p�blico, los derechos de terceros o la moral p�blica (Zambrano, 2020). 

 

Uno de los l�mites m�s relevantes es que, si bien las partes pueden acordar libremente las condiciones de sus contratos, deben respetar los principios del orden p�blico y las normas imperativas establecidas en la ley. En este sentido, los contratos no pueden contravenir las disposiciones legales que buscan evitar abusos o crear situaciones de explotaci�n (Mart�nez, 2019). Por ejemplo, en base a la Sentencia No. 7-15-IN/21, la Corte Constitucional reafirma el principio de libertad contractual, pero subraya que esta libertad est� sujeta a l�mites razonables, necesarias y proporcionales. 

 

La Corte Constitucional, en este fallo, se�al� que la limitaci�n de la libertad contractual no puede ser arbitraria ni desmesurada, sino que debe estar orientada a proteger a las partes vulnerables en los contratos y garantizar que las relaciones contractuales no se conviertan en un instrumento de explotaci�n o abuso. La raz�n principal de esta sentencia es equilibrar la libertad de las partes con la necesidad de intervenci�n estatal en aquellos casos donde la autonom�a de la voluntad podr�a generar consecuencias perjudiciales para los intereses colectivos o para los derechos de las personas m�s d�biles en la relaci�n contractual (Corte Constitucional, 2021). 

 

En cuanto al alcance de la libertad contractual, la ley permite a las partes establecer las condiciones de sus contratos de manera libre y aut�noma, siempre que no vulneren los principios del orden p�blico o los derechos de otras personas (Rodr�guez, 2021). Esto significa que, dentro de los l�mites establecidos por la normativa, las partes pueden negociar las condiciones del contrato seg�n sus necesidades e intereses, sin interferencias indebidas del Estado. 

 

El ordenamiento jur�dico ecuatoriano ha establecido diversas normativas para proteger a aquellos que se encuentran en una posici�n desventajosa, como los consumidores o los empleados. La Ley Org�nica de Defensa del Consumidor y el C�digo de Trabajo establecen mecanismos para evitar cl�usulas abusivas en los contratos de consumo y de trabajo, y que, por ejemplo, en los contratos de adhesi�n, la ley ecuatoriana permite que las cl�usulas sean revisadas judicialmente para asegurar que no existan condiciones que perjudiquen de forma desproporcionada a la parte m�s d�bil (Fern�ndez, 2021). Esto proporciona a las partes la libertad de renegociar los t�rminos del acuerdo en funci�n de cambios en las circunstancias, lo que puede ser clave para situaciones comerciales o laborales cambiantes.  

 

Sin embargo, cualquier modificaci�n tambi�n debe respetar los principios de buena fe y equilibrio contractual, ya que la libertad no debe emplearse para alterar los t�rminos de forma desmedida en beneficio de una de las partes (P�rez, 2020). La intervenci�n del Estado en el �mbito contractual no solo se limita a regular los contratos en funci�n del inter�s p�blico, sino que tambi�n busca equilibrar las relaciones contractuales. As�, el Estado act�a como garante de un entorno de contrataci�n justo para todas las partes (Jim�nez, 2020). 

 

La protecci�n constitucional y regulaci�n legal de la libertad contractual en el Ecuador permite garantizar no solo la autonom�a de la voluntad de las partes contratantes, sino que tambi�n permite que las convenciones gocen equidad y evita la vulneraci�n de derechos fundamentales; ya que establece l�mites basados en los principios constitucionales de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad; en el mismo ordenamiento jur�dico; en el orden p�blico; en la equidad; en la moral; en las buenas costumbres; y, en la justicia social, previniendo abusos en relaciones contractuales con desequilibrio de poder y promoviendo la igualdad entre las partes contratantes. 

 

De lo expuesto se puede inferir que el ordenamiento jur�dico ecuatoriano cuenta con las normas sustantivas y principios jur�dicos necesarios para justificar la intervenci�n estatal en los contratos entre particulares o entre personas naturales e instituciones p�blicas, cuando entre ellos existe una situaci�n desproporcional de poder, que provoca la vulneraci�n de derechos de una de las partes contratantes; sin embargo, es menester determinar un baremo o conjunto de requisitos as� como los mecanismos, procedimientos y autoridades judiciales o constitucionales, que permita al Estado intervenir y modificar los t�rminos y efectos contractuales, garantizando un balance entre la autonom�a de la voluntad y la protecci�n de intereses p�blicos y privados. 

 

Debido a lo se�alado en el p�rrafo inmediato anterior, el objetivo del presente art�culo es el proponer un baremo de requisitos, mecanismos, procedimientos y autoridades competentes para la intervenci�n estatal en contratos ecuatorianos con desequilibrio de poder, que sirva de gu�a a los profesionales del derecho para la implementaci�n de acciones que busquen promover la protecci�n de derechos y el equilibrio entre la autonom�a de la voluntad y el inter�s general. 

 

M�TODO  

La investigaci�n para este art�culo se gest� a partir de un profundo an�lisis jurisprudencial y doctrinal propio del �mbito jur�dico. El proceso comenz� con la recolecci�n minuciosa de informaci�n, priorizando aquellos datos obtenidos de documentos escritos y registros elaborados previamente. Para ello, se llev� a cabo una revisi�n exhaustiva de literatura, centrada en la lectura cr�tica y comparativa de un amplio espectro de materiales. Esta etapa inicial implic� la ubicaci�n y selecci�n cuidadosa de documentos relevantes, que abarcaron desde fuentes primarias, como la Constituci�n ecuatoriana, el C�digo Civil y sentencias clave de la Corte Constitucional, hasta fuentes secundarias, como art�culos acad�micos recientes y doctrinas de autores especializados en derecho contractual. Cada documento fue examinado rigurosamente para determinar su validez, autenticidad, pertinencia y utilidad para la investigaci�n. 

 

Una vez recopilado el material, se procedi� al an�lisis de contenido. Esta fase permiti� la interpretaci�n y extracci�n de conclusiones del material previamente seleccionado. Se emplearon herramientas como matrices de an�lisis y esquemas comparativos para identificar los principios y l�mites que enmarcan la libertad contractual en Ecuador, prestando especial atenci�n a casos emblem�ticos que ilustran el alcance de la intervenci�n estatal. Todo este proceso se orient� a comprender en profundidad las din�micas de desequilibrio de poder en los contratos y la justificaci�n para la intervenci�n estatal. 

 

RESULTADOS Y DISCUSI�N 

Las Resoluciones 07-15-IN/21, 019-15-SIN-CC y 44-10-SEP-CC, emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador, tratan de manera precisa los criterios o requerimientos para la intervenci�n del estado, particularmente en el �mbito de la contrataci�n p�blica y la soluci�n de disputas contractuales. A continuaci�n, se detallan los aspectos m�s significativos vinculados a los requisitos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, la habilidad para solucionar estos casos, y el estudio de qu� magistrados pueden actuar y en qu� proceso. 

Intervenci�n estatal  

La Corte Constitucional (2024) sostiene que cualquier intervenci�n del Estado debe respetar estos tres principios para ser constitucionalmente v�lida:  

Razonabilidad: la acci�n debe ser justificada con bases objetivas y transparentes, evitando decisiones arbitrarias. Es necesario que haya una conexi�n l�gica y consistente entre la acci�n tomada y el objetivo p�blico que se busca alcanzar, sin que la intervenci�n del estado sea excesiva o injusta (Corte Constitucional, 2024).  

Necesidad: La acci�n del estado debe ser esencial para lograr un objetivo leg�timo. Esto significa que no hay opciones menos duras o limitadas para alcanzar la meta p�blica. La acci�n debe ser la m�nima requerida para salvaguardar el inter�s general, evitando acciones superfluas o excesivas (Corte Constitucional, 2024). 

Proporcionalidad: el impacto en los derechos personales debe ser balanceado con el objetivo de beneficio p�blico. La limitaci�n establecida debe ser apropiada y no excesiva en comparaci�n con el prop�sito, asegurando que no se produzca un perjuicio superior al que se busca prevenir (Corte Constitucional, 2024). 

Competencias 

Entre las competencias que se�al� la Corte Constitucional para otorgarse la competencia y resolver el caso se encuentran que: la autoridad para examinar casos de contrataci�n p�blica est� determinada por la legislaci�n, y, usualmente, es responsabilidad de la jurisdicci�n contencioso administrativa examinar elementos t�cnicos y legales de contratos estatales, como la finalizaci�n unilateral. Adem�s, la Corte Constitucional tiene la facultad de adoptar jurisdicci�n cuando se denuncie una infracci�n de derechos constitucionales en el proceso contractual, particularmente a trav�s de medidas extraordinarias de salvaguarda. Esto es significativo cuando las rutas ordinarias no aseguran la protecci�n efectiva de derechos esenciales.  

Jueces 

Los jueces que podr�an intervenir en el caso son los de la justicia contencioso administrativo porque son aptos para resolver de manera inicial disputas contractuales entre el Estado y los individuos, particularmente en los aspectos t�cnicos y legales de la implementaci�n, finalizaci�n o acatamiento de contratos p�blicos. As� como la Corte Constitucional, que act�a en segunda instancia o a trav�s de medidas de protecci�n extraordinarias cuando se denuncian infracciones de derechos constitucionales en el procedimiento contractual. Su jurisdicci�n es extraordinaria y se pone en marcha para asegurar la protecci�n efectiva de derechos esenciales, no para solucionar disputas t�cnicas o jur�dicas cotidianas (Competencia civil y administrativo [Resoluci�n 12‑13], 2014). 

El procedimiento para emplear ser�a el contencioso administrativo en los contratos estatales, y, excepcionalmente, la Corte Constitucional, quien adopta medidas de protecci�n extraordinarias en situaciones donde se denuncie la infracci�n de derechos constitucionales. La Corte Constitucional limita su intervenci�n para salvaguardar derechos constitucionales, y, subraya que los asuntos t�cnicos y jur�dicos se siguen ante la justicia ordinaria, y, (Corte Constitucional del Ecuador, 2024). 

Discusi�n 

El estudio llevado a cabo bas�ndose en las Resoluciones de la Corte Constitucional ecuatoriana y la doctrina legal de Ecuador facilita la identificaci�n de tensiones y puntos de concordancia entre la libertad contractual y la intervenci�n leg�tima del Estado. El debate se centra en los principios te�ricos y los lineamientos jurisprudenciales que establecen cu�ndo y de qu� manera el Estado puede intervenir en las relaciones contractuales de empresas privadas. 

La investigaci�n se basa en el reconocimiento de la libertad contractual como un derecho esencial salvaguardado por la Constituci�n de Ecuador (art. 66, numeral 16) y por el principio de autonom�a de la voluntad, que otorga a las partes la libertad de establecer los t�rminos y condiciones de sus convenios. No obstante, tanto la teor�a como la pr�ctica legal est�n de acuerdo en que esta libertad contractual no es incuestionable: est� sometida a restricciones legales, principios de orden p�blico, justicia social y equidad, con el fin de prevenir abusos y salvaguardar a la parte m�s vulnerable en la relaci�n de contrato. A estos l�mites debemos sumarlos los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. 

Se justifica la intervenci�n del Estado cuando hay un desbalance de poder, la probabilidad de cl�usulas abusivas o la urgencia de salvaguardar derechos esenciales, particularmente en situaciones de asimetr�a contractual (como los contratos de trabajo o de consumo).  En consonancia con la doctrina, la Corte Constitucional ha dictado que cualquier intervenci�n estatal debe respetar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. 

Por otro lado, si bien del estudio doctrinal y jurisprudencial se puede confirmar que los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativos son los encargados de solucionar disputas contractuales aplicando las leyes civiles y administrativas, en los conflictos contractuales en el que interviene el Estado y un particular; y, que la Corte Constitucional act�a de forma extraordinaria y subsidiaria, mediante la acci�n extraordinaria de protecci�n, cuando se presume la infracci�n de derechos constitucionales y el menoscabo de los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad; tambi�n, en base a los mismos criterios constitucionales y jurisprudenciales, as� como principios jur�dicos, se puede determinar que, cuando en los contratos entre particulares, se ha vulnerado la libertad contractual de una las partes suscribientes, es posible acudir a la v�a civil ordinaria. 

 

Un desbalance de poder significativo entre los contratantes particulares puede viciar el consentimiento y generar condiciones contractuales que atentan contra la justicia y la proporcionalidad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, al establecer los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad para la intervenci�n estatal, incluso en el �mbito contractual, sienta las bases para que los jueces civiles puedan declarar la nulidad de contratos que, por un desequilibrio de poder, vulneren derechos fundamentales o contravengan el orden p�blico. Por lo tanto, un proceso ordinario civil es la v�a procesal adecuada y necesaria para que, mediante una exhaustiva valoraci�n de la prueba y un riguroso an�lisis jur�dico, se declare la nulidad de un contrato en estas circunstancias, restableciendo el equilibrio y la justicia en las relaciones jur�dicas privadas. 

 

El desbalance de poder no se considera, de forma taxativa o literal, como un vicio del consentimiento aut�nomo, dentro del ordenamiento ecuatoriano, sin embargo, al ser uno de los efectos de este desbalance el minar la libertad y la voluntariedad con la que una de las partes presta su consentimiento, es posible que pueda subsumirse en el vicio de la fuerza, entendida esta como coacci�n moral, econ�mica o psicol�gica. Si la parte contratante d�bil se ve obligada a aceptar condiciones contractuales desfavorables debido a una necesidad apremiante, la amenaza de un perjuicio grave (econ�mico, laboral, etc.), o la imposibilidad de acceder a un bien o servicio esencial de otra manera, su consentimiento no es libre; y, en este sentido tiene lugar los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en los que ha reconocido que la fuerza puede provenir de una situaci�n de desigualdad que constri�e la voluntad. 

 

El enfoque te�rico convencional, enfocado en la independencia de la voluntad y la obligatoriedad de los contratos, ha progresado para admitir la intervenci�n del estado como un mecanismo de justicia material y salvaguarda de derechos esenciales.  Este giro es reforzado por la jurisprudencia constitucional de Ecuador, que requiere que cualquier limitaci�n a la libertad contractual est� adecuadamente justificada y restringida por los principios mencionados.  Por lo tanto, el Estado no se comporta simplemente como garante formal del contrato, sino como defensor activo de la equidad y la justicia en las relaciones contractuales, particularmente cuando hay inequidad estructural entre las partes involucradas. 

 

CONCLUSIONES 

La investigaci�n llevada a cabo demuestra que, en Ecuador, la intervenci�n del estatal en el ejercicio del derecho de libertad contractual debe estar restringida estrictamente por los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en su jurisprudencia reciente. El estudio de las sentencias revela que, a pesar de ser reconocida como un derecho esencial y soporte del derecho privado, la libertad contractual no es incuestionable y est� condicionada por la salvaguarda del inter�s p�blico, la justicia social y la equidad, especialmente en situaciones de desigualdad entre las partes involucradas, especialmente en situaciones de desigualdad entre las partes involucradas. 

 

La contribuci�n principal de este trabajo consiste en esclarecer los criterios y restricciones constitucionales que justifican la intervenci�n del estado en las relaciones contractuales, determinando que solo es leg�tima cuando cumple con objetivos constitucionales evidentes, es esencial y no provoca un impacto desmedido en los derechos de las partes involucradas.  Adem�s, se determin� que, en primera instancia, en las relaciones contractuales con desequilibro de poder entre el Estado y un particular, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo tienen la competencia para resolver estos conflictos, y, se le otorga a la Corte Constitucional la intervenci�n extraordinaria mediante medidas de salvaguarda de derechos esenciales, lo que robustece la seguridad legal y la protecci�n efectiva. 

 

En segunda instancia, el desbalance de poder si bien no es un vicio del consentimiento aut�nomo seg�n el C�digo Civil ecuatoriano, pero es una condici�n subyacente que puede propiciar o agravar la existencia de los vicios tradicionales, concretamente la fuerza o coacci�n moral, afectando la validez del consentimiento y, por ende, la validez del contrato, lo cual permite la presentaci�n de una acci�n por la v�a civil ante el procedimiento ordinario para buscar la nulidad relativa del referido contrato o el pago de montos indemnizatorios para corregir la asimetr�a de poder o beneficios rec�procos.  

 

Respecto al logro de los objetivos, se demostr� que la acci�n leg�tima del Estado no pretende limitar la libertad contractual en s� misma, sino asegurar la equidad material y la salvaguarda de los derechos esenciales, en particular de la parte m�s vulnerable en la relaci�n contractual. Esto posibilita un balance entre la autonom�a individual y el inter�s general, favoreciendo el progreso del derecho contractual en Ecuador hacia un modelo m�s equitativo y justo. 

 

Como sugerencia, se recomienda que tanto los responsables de la justicia como los legisladores sigan robusteciendo los sistemas de control constitucional y el desarrollo de principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, con el fin de prevenir intervenciones arbitrarias y garantizar que las restricciones a la libertad contractual se ajusten siempre a criterios objetivos y constitucionalmente v�lidos. Adem�s, es crucial fomentar la formaci�n en derechos fundamentales y justicia contractual en todos los estratos del sistema judicial, para asegurar una protecci�n eficaz y homog�nea en la soluci�n de disputas contractuales. 

 

CONFLICTO DE INTERESES. 

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses para la publicaci�n del presente art�culo cient�fico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias

Alessandri, R. (2009). De los contratos. Editorial Jur�dica de Chile.

Burneo, V. (2019). Regulaci�n de los contratos de seguro en el Ecuador. Revista Iuris, 21(2), 31�49.

Buste, H. M., & Pozo Ram�rez, Y. (19 de Septiembre de 2023). Estudio comparado del error de derecho en la suscripci�n de contratos civiles en las legislaciones de Ecuador, M�xico y Venezuela, 2022. Obtenido de Repositorio Universidad Estatal Pen�nsula de Santa Elena: https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10281

Carrascosa, V., Pozzo, A., & Rodr�guez, E. (2018). El consentimiento y sus vicios en los contratos perfeccionados a tr�vez de medios electronicos. Dialnet, 1(1), 1021-1031. doi:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/248976.pdf

Carri�n, C. (2021). El contrato de seguro en el Ecuador: an�lisis de la reticencia, falsa declaraci�n y acuerdos transaccionales. RES NON VERBA Revista Cient�fica, 8(10), 28. doi:https://doi.org/10.21855/resnonverba.v11i2.539

Castrill�n y Luna, V. (2017). La libertad contractual. Revista de la Facultad de Derecho de M�xico, 58(250), 155-181. doi:10.22201/fder.24488933e.2008.250.60936

C�digo Civil. (12 de Abril de 2017). C�digo Civil. Obtenido de C�digo Civil: https://www.atencionintegral.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/07.C%C3%B3digo-Civil.pdf

Competencia civil y administrativo [Resoluci�n 12 13]. (2014). Competencia civil y administrativo [Resoluci�n 12 13]. Corte Nacional de Justicia del Ecuador.

Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. (2008). Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. Quito: Asamblea Nacional.

Coronas, S. (2024). Reflexiones sobre la Justicia Antigua. Anuario de historia del derecho espa�ol, 94(1), 9-48. doi:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9985652.pdf

Coronel, C., & Del Brutto, O. (2021). Nulidad e inexistencia de los actos jur�dicos en el derecho ecuatoriano. Ius Humani. Revista de Derecho, 10(2), 1�30. https://doi.org/10.31207/ih.v10i2.134

Corral, F. (19 de Diciembre de 2021). El respeto a los contratos. Obtenido de Forbes Ecuador: https://www.forbes.com.ec/columnistas/inteligencia-valor-crisis-n45587

Corte Constitucional del Ecuador. (7 de Abril de 2021). Caso No. 7-15-IN. Obtenido de Corte Constitucional del Ecuador: https://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOiczNGFhMTgxNC04YWZlLTRkYzItODgxZS0xYzQ2ZDk1MzNhYjQucGRmJ30=

Corte Constitucional del Ecuador. (2024). El pleno de la corte constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, emite la siguiente. Sentencia 67 23 IN/24 (Juez ponente Enrique Herrer�a Bonnet).

CRE. (1 de Agosto de 2008). Constituci�n de la Rep�blica de Ecuador. Obtenido de Gobierno del Ecuador: https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf

Cristancho Giraldo, L. (2022). El concepto de trabajo: perspectiva hist�rica. Secuencia, 1(112), 1-23. doi:https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i112.1827�

Del Brutto, O. (2018). El Concepto de Causa del Contrato en el C�digo Civil de Bello: la Experiencia Ecuatoriana. Iuris Dictio, 1(1), 191-203. doi:https://doi.org/10.18272/iu.v22i22.1110�

Falconi, M. (2022). Cl�usulas abusivas y derechos de los consumidores en Ecuador. Revista Chaki�an de Ciencias Sociales y Humanidades, (18), 191�202. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=571774018013

Fern�ndez, J. (2021). Contratos de adhesi�n y protecci�n al consumidor: an�lisis desde el derecho ecuatoriano. Revista Jur�dica CENES, 40(2), 100�118.

Guaillas, J. (2019). Vulneraci�n del derecho a la seguridad jur�dica por parte de la Coordinaci�n Zonal 6�Salud. Polo del Conocimiento, 4(10), 215�231. https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4603

Huapaya Tapia, R., & Alejos Guzm�n, O. (2021). El r�gimen desequilibrado del incumplimiento en los contratos del Estado. Advocatus, 1(1), 103-115. doi:https://doi.org/10.26439/advocatus2021.n041.5654

Jaramillo, L. (2020). Estudio doctrinario sobre la vulneraci�n al principio de estabilidad laboral en el contrato especial emergente. Polo del Conocimiento, 5(6), 178�196.

Jim�nez, D. (2020). El rol del Estado en las relaciones contractuales desiguales. Revista de Derecho y Ciencias Sociales, 27(1), 87�102.

Lobato, M. (2023). L�mites constitucionales a la libertad contractual. Revista Iberoamericana de Derecho Constitucional, 17(2), 75�94.

Maldonado, S., Rogel, O., & Orellana, W. (2024). La injerencia leg�tima del Estado ecuatoriano en el ejercicio del derecho de libertad contractual. Revista de Investigaci�n en Ciencias Jur�dicas, LEX, 6(1), 33�58. https://revistalex.org/index.php/revistalex/article/view/314

Machuca Moreno, L., & O�ate Aldaz, N. (13 de Enero de 2024). Las facultades del Estado en la libertad contractual del procedimiento de subasta inversa electr�nica. Obtenido de Repositorio Digital UNACH : http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14537

Mac�as Pignataro, P. (Octubre de 2022). Responsabilidad y sanci�n en contrataciones de servidores p�blicos por nepotismo: garant�a de selecci�n por meritocracia. Obtenido de Repositorio Digital Uniandes: https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/17716

Mart�nez, P. (2022). La intervenci�n estatal en los contratos: un enfoque hacia la protecci�n de las partes m�s d�biles. Revista de Derecho P�blico y Social, 12(1), 78-92. doi:https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/derechopublico/article/view/1741�

Melo Rubiano, E. (2021). Del principio de la libertad contractual en la era digital: implicaciones dogm�ticas en la autonom�a de la voluntad, a partir de los efectos de la cuarta revoluci�n industrial. Revista De La Academia Colombiana De Jurisprudencia, 1(373), 195-218. doi:https://revista.academiacolombianadejurisprudencia.com.co/index.php/revista_acj/article/view/193

Mu��z, G. (2023). La renuncia al debido proceso en los contratos privados. Un an�lisis desde la Constituci�n de Ecuador. Polo del Conocimiento, 8(12), 54. https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6917

Paguay Duchi, M., & Morales Navarrete, M. (2023). La estabilidad laboral en el Ecuador. Revista Universidad y Sociedad, 15(2), 346-354. doi:http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v15n2/2218-3620-rus-15-02-346.pdf

P�rez, A. (2020). Autonom�a de la voluntad y l�mites en los contratos contempor�neos. Revista Iberoamericana de Derecho Privado, 11(3), 122�139.

Rabat Celis, F., Mauiziano Concha, F., & Vicu�a Alessandri, I. (2020). Los vicios del consentimiento. Actualidad Jur�dica, 1(1), 267-294. doi:https://derecho.udd.cl/actualidad-juridica/files/2021/01/AJ40_267.pdf

Rodas, J., & Dur�n, E. (2024). Ejercicio de la autonom�a de la voluntad anticipada como recurso legal en el Ecuador. Obtenido de Universidad Cat�lica de Cuenca: https://dspace.ucacue.edu.ec/items/1e62caa6-bf6b-444c-ada4-27c505fa41fe

S�nchez, F. (2021). Influencia del derecho civil europeo en el C�digo Civil ecuatoriano. Estudios Jur�dicos Comparados, 9(3), 115-130. doi: https://www.marcialpons.es/libros/los-contratos-en-el-codigo-civil-de-ecuador/9788429020809/

Sarabia Rodr�guez, J. (2018). La ley de contrataci�n p�blica y el principio constitucional de la libertad de contrataci�n. Obtenido de UNIANDES: https://1library.co/document/qmw0e87z-ley-contratacion-publica-principio-constitucional-libertad-contratacion.html

Smidt Simon, H., & Vila-Nova, D. (2022). Democracia, libertad e igualdad: el constitucionalismo social entre el equilibrio, la autoridad y la intervenci�n Estatal. Revista de Ciencias Jur�dicas, 27(3), 1-15. doi:https://doi.org/10.5020/2317-2150.2022.11607

Torres, I., & Salazar, C. (24 de Mayo de 2016). Objeto l�cito del contrato. Obtenido de Derecho Ecuador: https://derechoecuador.com/objeto-licito-del-contrato/

Torres, M. (2023). La jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia contractual: El principio de buena fe. Derecho y Sociedad, 16(5), 220-236. doi:https://www.uees.edu.ec/descargas/libros/2019/teoria-del-contrato.pdf

V�squez Reina, L., & Zapatier N�jera, G. (14 de Diciembre de 2020). Defencsa del consumidor en Ecuador. Obtenido de Derecho Ecuador: https://derechoecuador.com/defensa-del-consumidor-en-ecuador/

Villac�s, B. (2021). Experticia estad�stica en la administraci�n p�blica ecuatoriana: mecanismos de emergencia y legitimaci�n. �conos. Revista de Ciencias Sociales, 25(71), 81-102. doi:https://doi.org/10.17141/iconos.71.2021.4841�

Zambrano, J. (2020). El principio de la autonom�a de la voluntad en los contratos civiles ecuatorianos. Revista de Derecho Civil Ecuatoriano, 14(2), 44�61.

 

�

� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).