En Ecuador, la decisión presidencial de vender varias empresas públicas ha generado un debate jurídico y económico. El objetivo de esta medida es obtener liquidez inmediata a través de la privatización de activos como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Banco del Pacífico, Sopladora, Flota Petrolera Ecuatoriana y TAME. El presente trabajo analiza el marco legal aplicable, distinguiendo entre sectores estratégicos y no estratégicos, y destacando que la Constitución prohíbe la venta total de empresas públicas estratégicas. Como alternativa, se propone la delegación a empresas mixtas donde el Estado mantenga la mayoría accionaria. Además, se examinan experiencias internacionales, resaltando que la privatización no siempre garantiza beneficios fiscales ni estabilidad económica. La propuesta concluye que, en los casos legalmente viables, es indispensable evaluar previamente los efectos económicos y sociales, ya que una venta mal estructurada puede agravar el déficit fiscal. Sin embargo, existen antecedentes positivos en países como Argentina y Perú.