Este artículo analiza el derecho a la consulta previa, libre e informada como un mecanismo de protección de los pueblos indígenas frente a los impactos de los proyectos extractivos. En el contexto latinoamericano y particularmente en Ecuador, este derecho ha sido reconocido tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, su aplicación práctica enfrenta obstáculos significativos relacionados con la falta de voluntad política, la debilidad institucional y la presión de intereses económicos. El estudio parte de un enfoque cualitativo y jurídico, utilizando métodos descriptivos, bibliográficos y fenomenológicos. A través del análisis de casos emblemáticos, se evidencia que la consulta previa en muchas ocasiones ha sido una formalidad carente de eficacia real. Se propone la necesidad de fortalecer la institucionalidad, reconocer la jurisdicción indígena y establecer protocolos de consulta culturalmente adecuados. El respeto al derecho a la consulta no solo protege territorios y culturas, sino que representa un requisito indispensable para avanzar hacia un modelo de desarrollo justo e intercultural.