Polo del Conocimiento, Vol 10, No 6 (2025)

La mediacion en el derecho procesal y su efectividad en la solución de conflictos

Fredy Geovanny Yepez Yepez, Oswaldo Vinicio Verdezoto Castillo, Mónica Gabriela Luzarraga Salazar, Edward Fabricio Freire Gaibor

Resumen


La mediación en el derecho procesal ecuatoriano se ha consolidado como un mecanismo alternativo eficaz para resolver conflictos de manera rápida, económica y colaborativa, disminuyendo la congestión en los tribunales. Regulada por la Ley de Arbitraje y Mediación de 1997 y reforzada por el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) en 2016, este mecanismo promueve soluciones dialogadas en casos civiles, laborales y familiares. Los principios de voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad del mediador garantizan que las partes mantengan el control sobre sus decisiones. Según el Consejo de la Judicatura, entre 2018 y 2022 se resolvieron 15,000 casos anuales mediante mediación, con una tasa de acuerdos del 70%, evidenciando su impacto positivo en la descongestión judicial. No obstante, enfrenta retos como la limitada infraestructura en zonas rurales, la falta de mediadores capacitados y el desconocimiento ciudadano sobre sus beneficios. Además, la mediación electrónica, aunque indispensable en el contexto post-pandemia, carece de regulación específica en el país. Desde una perspectiva ética, surgen desafíos relacionados con la imparcialidad del mediador y la confidencialidad, especialmente en conflictos con desequilibrios de poder. Experiencias internacionales, como la mediación obligatoria en España y la mediación comunitaria en Colombia, demuestran su efectividad al reducir costos, tiempos procesales y fortalecer la cohesión social. Estas prácticas subrayan la necesidad de modernizar el marco normativo ecuatoriano, capacitar mediadores en justicia restaurativa y perspectiva de género, y promover incentivos económicos para fomentar su uso. La mediación tiene el potencial de transformar el acceso a la justicia en Ecuador, pero requiere esfuerzos integrales que incluyan cambios normativos, fortalecimiento institucional y una promoción activa de sus beneficios entre la ciudadanía. Este análisis propone estrategias para consolidarla como una herramienta clave en la resolución de conflictos.