El presente trabajo tiene como objetivo analizar el papel fundamental que cumple la prueba dentro del proceso contencioso administrativo en el Ecuador. La prueba, entendida como el conjunto de actos destinados a demostrar los hechos relevantes para la resolución de un conflicto jurídico, es una garantía procesal esencial. Este estudio parte del reconocimiento del derecho a la prueba como una manifestación del derecho al debido proceso, consagrado constitucionalmente. Se examina la distribución de la carga probatoria, los principios que rigen su actuación, la oportunidad para su presentación y su valoración en el marco del proceso contencioso administrativo. Asimismo, se analiza el impacto del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), cuya aplicación supletoria ha modificado la práctica judicial en este tipo de procesos, y se consideran las disposiciones específicas del Código Orgánico Administrativo (COA). La investigación enfatiza la necesidad de una correcta aplicación de las reglas probatorias para asegurar la tutela judicial efectiva, evitando la indefensión y garantizando que las decisiones se basen en hechos debidamente comprobados. Además, se destacan los retos y desafíos que enfrentan jueces, abogados y ciudadanos en el uso adecuado de los medios probatorios. Finalmente, se concluye que el fortalecimiento de la práctica probatoria es crucial para lograr un proceso contencioso administrativo más justo, eficiente y transparente.