Después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos adquirieron un reconocimiento global sin precedentes, siendo integrados en las legislaciones internas de muchos países y destacados en las Constituciones como derechos constitucionales o fundamentales. Sin embargo, a pesar de este avance formal, persisten vulnerabilidades, con autoridades públicas y políticas que pueden infringir estos derechos. Para abordar esto, se han establecido mecanismos de protección de los derechos humanos a través de procedimientos especiales, como las garantías constitucionales, siendo cruciales en el mantenimiento de la convivencia social y en la transformación hacia un Estado democrático de Derecho. En Ecuador, la Constitución de 2008 marcó un hito al introducir medidas judiciales destinadas a proteger los derechos humanos, incluyendo la Acción de Protección. Inspirada en prácticas de otros países latinoamericanos, esta acción busca permitir reclamos en tribunales ordinarios y extraordinarios por violaciones de derechos. A pesar de anteriores intentos de introducir un mecanismo similar, la Acción de Protección representa un avance significativo en la protección de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, al garantizar un recurso judicial accesible, rápido y efectivo para salvaguardar los derechos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.