Análisis de
la Delincuencia Económica en la Legislación Ecuatoriana
Analysis of Economic Crime in Ecuadorian Law
Análise da criminalidade económica na legislação
equatoriana
Luis Mauricio Maldonado RuizII lumaldonadoru@uide.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-0956-7869
Correspondencia:
joalvarezve@uide.edu.ec
Ciencias
Jurídicas
Artículo de Revisión
*
Recibido:
10 de julio de 2023 *Aceptado: 19 de julio de 2023
* Publicado: 26 de julio de 2023
- Estudiante Facultad de Jurisprudencia “Andrés F.
Córdova” Universidad Internacional del Ecuador; Loja, Ecuador.
- Máster en Justicia Penal - Justicia Penal y
Criminología; Abogado; Docente e Investigador de la Universidad Internacional
del Ecuador; Loja, Ecuador.
Resumen
En
este texto se lleva a cabo un estudio sobre la delincuencia económica en la
legislación ecuatoriana, centrándose en los delitos mencionados en la
Constitución de la República del Ecuador prestando especial atención al
artículo 233. Se abordará sobre el concepto de Derecho Penal Económico, su
desarrollo histórico y la carencia de precisión en la normativa vigente. Se
explora la diferencia entre la delincuencia común y la delincuencia económica,
de la misma manera la incidencia de los delitos de cuello blanco ante el orden
económico social. Además, se presenta una metodología basada en la revisión
bibliográfica y la normativa vigente con la finalidad de analizar la
delincuencia económica en la legislación ecuatoriana.
Palabras Clave: Delincuencia económica, Legislación ecuatoriana, Derecho penal económico,
delitos de cuello blanco, Constitución de la República del Ecuador.
Abstract
In
this text, a study is carried out on economic crime in Ecuadorian legislation,
focusing on the crimes established in the Constitution of the Republic of
Ecuador through article 233. It addresses the concept of Economic Criminal Law,
its historical development and the lack of precision
in current regulations. The difference between common crime and economic crime
is explored, in the same way the importance of white collar
crimes in the social economic order. In addition, a methodology based on the
bibliographic review and current regulations is presented in
order to analyze economic crime in Ecuador in Ecuadorian legislation.
Keywords: Economic crime, Ecuadorian legislation, economic criminal law, white
collar crimes, Constitution of the Republic of Ecuador.
Resumo
Neste texto, realiza-se um estudo sobre a criminalidade
económica na legislação equatoriana, centrando-se nos crimes estabelecidos na
Constituição da República do Equador através do artigo 233. Aborda-se o
conceito de Direito Penal Económico, a sua evolução histórica e a falta de
precisão das normas vigentes. Explora-se a diferença entre a criminalidade
comum e a criminalidade económica, bem como a importância dos crimes de colarinho
branco na ordem económica social. Além disso, apresenta-se uma metodologia
baseada na revisão bibliográfica e nas normas vigentes para analisar a
criminalidade económica no Equador na legislação equatoriana.
Palavras-chave: Crime econômico, legislação equatoriana, direito penal
econômico, crimes de colarinho branco, Constituição da República do Equador.
Introducción
Para llevar a
cabo la realización del actual trabajo de investigación, se abordará de forma
concisa y objetiva lo referente a esta nueva rama complementaria del derecho
penal conocida como Derecho Penal Económico. Se explorará desde su origen en
Alemania y se examinará el papel fundamental desempeñado por Edwin Sutherland
(1940) en la comprensión del cometimiento sobre las incidencias de cuello
blanco y como estos afectan al orden económico social. Los delitos de cuello blanco afectan significativamente
el orden económico y a la sociedad al socavar la confianza en los sistemas
financieros y empresariales, descubrir pérdidas económicas masivas y
desequilibrios en la distribución de la riqueza, lo que a su vez impacta
negativamente en el bienestar y la estabilidad de la sociedad en su conjunto.
Es fundamental
esclarecer que la falta de observancia o la subestimación de estas conductas penales
o delictivas contribuyen a la existencia de una cifra negra de criminalidad,
como consecuencias del
quemeimportismo cuando se producen a diferencia del cometimiento de un delito
común, como puede ser un robo, homicidio, sicariato o feminicidio.
De tal manera
que, para Luis Arroyo (1998) el derecho penal económico constituye una
disciplina jurídica encargada de establecer normas y aplicar sanciones en casos
de infracciones vinculadas al ámbito económico y financiero. Su propósito
primordial radica en salvaguardar el orden socioeconómico, así como aquellos
intereses colectivos, frente a conductas delictivas que amenazan la permanencia
y confianza en el régimen económico, así mismo, el autor menciona que, el bien
jurídico custodiado mediante el derecho penal económico se refiere a los
valores económicos y sociales fundamentales, como la integridad del mercado, la
transparencia financiera, la lealtad en los negocios y la confianza en las
instituciones económicas.
Para Tiedemann (1983) el delito económico se caracteriza por ser
una forma de infracción que se lleva a cabo en el ámbito económico y
financiero, involucrando conductas fraudulentas, engañosas o corruptas que
afectan los intereses socioeconómicos de una sociedad. Por otra parte, la
definición acerca de "cuello blanco" fue acuñado por Edwin Sutherland
(1940) quien lo utilizó para referirse a los delincuentes de clase alta que
cometen delitos en el contexto empresarial; argumentando a su vez que, los
delitos de cuello blanco en particular se conocen como aquellos realizados
por individuos de elevada posición social, típicamente ocupando cargos de alto
poder o dominio, quienes utilizan su
posición para cometer actos delictivos con fines económicos.
Pese a los
mecanismos planteados desde la norma suprema como es la constitución mencionando
el artículo 231 de la Constitución del Ecuador este establece una medida
preventiva en el ámbito del derecho penal económico para combatir el
enriquecimiento ilícito en la administración pública. La Contraloría General
del Estado examina y confronta las declaraciones patrimoniales presentadas por
los servidores públicos, investigando posibles casos de enriquecimiento
ilícito. La falta de presentación o inconsistencias en las declaraciones puede
llevar a la presunción de enriquecimiento ilícito. Además, en casos de testaferrismo, la Contraloría puede solicitar declaraciones
a terceras personas relacionadas con los funcionarios públicos para descubrir
actos de encubrimiento de bienes ilícitos. Estas medidas fortalecen la
transparencia y la rendición de cuentas, promoviendo la integridad y
combatiendo la corrupción en el ámbito económico.
Además, es
importante diferenciar la delincuencia económica de la delincuencia común, ya
que la primera se enfoca en delitos relacionados con el ámbito económico,
mientras que la segunda se refiere a delitos de tipo común o tradicionales,
como robos o asaltos. La Escuela de Chicago, representada por García (1986) ha
realizado contribuciones significativas al estudio de los delitos económicos,
analizando los aspectos económicos y las teorías de la elección racional
asociadas con el comportamiento delictivo en el ámbito económico.
Una vez recabada
toda la información anterior, se plantea como objetivo general: analizar la
delincuencia económica en la normativa del Ecuador; de manera que, para
alcanzar dicho objetivo, se empleará una metodología que combina la revisión
bibliográfica y el análisis de la normativa vigente de la CRE mediante la
Asamblea Nacional del Ecuador (2008) y el COIP (2014).
A través de esta
investigación, se pretende obtener una comprensión profunda de la delincuencia
económica en el contexto legal ecuatoriano, identificando patrones, tendencias
y retos presentes dentro de la aplicación de la ley en esta área específica.
Metodología
Se empleó una metodología basada en la
revisión bibliográfica para analizar los artículos correspondientes a la
normativa vigente de la CRE y el COIP en el presente estudio. Se llevó a cabo
una minuciosa recolección de temas directamente relacionados con el objeto de
investigación con el fin de lograr este objetivo.
La elección de utilizar la revisión
bibliográfica en esta investigación se justifica debido a su capacidad para
obtener información exhaustiva y actualizada sobre los marcos legales
relevantes, es decir, la CRE y el COIP. Al examinar los artículos pertinentes,
se busca comprender a fondo los aspectos legales y las implicaciones asociadas
a los delitos contemplados en el artículo 233 de la CRE. Enfocarse en los
delitos tipificados en este artículo específico y relevante del estudio
proporciona una perspectiva más precisa y enfocada en la materia en cuestión,
lo que contribuye a obtener resultados más claros y coherentes.
Resultados
Derecho Penal
Económico
Se conoce como
la rama relativamente nueva perteneciente al Derecho Penal con unos 70 años de
historia, como primer precursor de su incorporación a un ordenamiento jurídico
es necesario mencionar a Klaus Tiedemann, jurista
alemán, afirma “el concepto de derecho penal económico y del delito económico
no es claro” (Tiedemann, 1983) actualmente, en
Ecuador, aún persiste cierta falta de claridad en cuanto a la legislación sobre
delitos económicos. Hace aproximadamente 10 años se implementó el COIP, una
norma adoptada en este siglo. Sin embargo, a pesar de ser una regulación
actualizada, carece de una definición clara e incorporación precisa de los
delitos económicos. Por lo cual, Rosero et al. (2023) el Derecho Penal
Económico surge como respuesta a la necesidad de regular el ámbito público y
privado en materia económica, ya que no todas las conductas punibles se
encuentran contempladas en esta rama del derecho penal económico.
Pazmiño y Pozo (2019),
sostienen que es fundamental destacar que la responsabilidad de regular el
ámbito del Derecho Penal Económico recae ante el legislador, el cual debe
dedicarse a analizar y estudiar las penurias de la sociedad en cuanto al amparo
de la ordenanza económica en el ente social. Su labor consiste en generar
confianza en los ciudadanos respecto a las regulaciones que sustentan y
legitiman el orden económico, tanto a nivel constitucional como legal. Donde
el legislador, al abordar el Derecho Penal Económico, establezca un marco
normativo sólido y claro que defina y penalice de manera adecuada las conductas
delictivas relacionadas con el ámbito económico y financiero. Esto permitirá
garantizar la seguridad jurídica y promover la confianza en el sistema de justicia,
tanto para los actores económicos como para la ciudadanía en general.
Por ende, para
comprender el Derecho Penal Económico como parte complementaria del Derecho
Penal, resulta fundamental distinguir el bien jurídico que protege. El
propósito del Derecho Penal Económico es resguardar el orden económico y
social, un bien jurídico colectivo que, a diferencia de los bienes jurídicos
individuales, tiene un impacto en la totalidad de la sociedad en conjunto.
Del Pozo et. al. (2020) sostienen que el Derecho Penal
Económico desempeña un rol crucial en cuanto a la protección y preservación de
los intereses colectivos en el ámbito económico. Su objetivo principal es
asegurar que las conductas delictivas relacionadas con la economía sean
detectadas, investigadas y sancionadas de manera efectiva, con el fin de
mantener un orden económico justo y equitativo que beneficie a toda la
sociedad.
En Ecuador, se
ha reconocido el compromiso penal por parte de entidades jurídicas, permitiendo
sancionar tanto empresas como instituciones que cometan delitos económicos.
Esta perspectiva fortalece la capacidad del sistema legal para abordar la
delincuencia económica y garantizar el compromiso de actores que se encuentren
involucrados en estos actos ilícitos (Barzallo, K. 2022).
El Derecho Penal
Económico según Abadías (2020) surge como respuesta a la falta de protección en
el ámbito del orden económico y social, el cual es un bien jurídico colectivo
que a menudo no recibe la atención adecuada en la sociedad, a diferencia de los
bienes jurídicos individuales. Es importante destacar que el enfoque populista
y mediático tiende a centrarse más en los delitos comunes que en los delitos
económicos. Sin embargo, es crucial reconocer que los delitos económicos
adquieren relevancia cuando son cometidos por personas en posiciones políticas
de poder a nivel nacional. Esto resalta la importancia de abordar y sancionar
adecuadamente los delitos económicos, independientemente del estatus social o
político de los infractores.
Conceptualización
Criminológica
La
conceptualización criminológica de las conductas delictivas invisibles en
cuanto al ciudadanía jurídica en el argumento del análisis ante la delincuencia
económica en la legislación ecuatoriana lo que hace referencia a acciones
ilícitas ejecutadas por entidades legales que, debido a su naturaleza
abstracta, suelen pasar desapercibidas ante los ciudadanos. Estas conductas
implican actos fraudulentos, evasión fiscal, lavado de dinero y otras prácticas
que persiguen obtener beneficios económicos ilícitos a expensas de la sociedad.
La criminología, en este sentido, busca comprender y abordar estas conductas
desde una perspectiva multidisciplinaria, promoviendo la prevención, detección
y sanción de estos delitos corporativos (Larenas, 2019).
Perfil del
Delincuente Económico
El delincuente
económico de acuerdo a Guzmán (2019) es un individuo
hábil y astuto en el mundo de los negocios, pero carente de ética y moral.
Posee un profundo conocimiento de los entresijos financieros y utiliza su
destreza para manipular sistemas y personas en beneficio propio. Este tipo de
delincuente muestra una gran habilidad para eludir la detección y evadir la
responsabilidad de sus acciones. Suele ser oportunista y se aprovecha de
situaciones favorables para llevar a cabo sus actividades ilícitas, como el
fraude, la evasión de impuestos o la malversación de fondos. Además, Fernández
(2016) señala que suelen ser personas seductoras y persuasivas, capaces de
engañar a otros con su aparente honestidad y persuasión. Finalmente, el
delincuente económico es impulsado principalmente por la codicia y la búsqueda
de beneficios personales, sin importar las consecuencias devastadoras que sus
actos puedan tener para las víctimas y la sociedad en general.
Motivación
del funcionario público
En el sector
público, los delincuentes económicos pueden estar motivados por diversas
razones. Algunos de los factores motivadores comunes de
acuerdo a Vaca (2017) pueden incluir:
·
Corrupción:
La corrupción es una de las motivaciones principales en el sector público. Los
delincuentes económicos pueden buscar enriquecerse de forma ilícita
aprovechando su posición y acceso a recursos públicos. Pueden estar
involucrados en actividades como el soborno, el fraude en licitaciones, el
desvío de fondos, entre otros.
·
Abuso
de poder: Algunos delincuentes económicos en el sector público pueden ser
motivados por el deseo de ejercer control y poder sobre los recursos y
decisiones económicas. Pueden utilizar su posición para obtener beneficios
personales o para favorecer a ciertos grupos o individuos a cambio de favores o
sobornos.
·
Falta
de supervisión y control: La falta de supervisión adecuada en el sector público
puede generar oportunidades para que los delincuentes económicos actúen sin ser
detectados. La ausencia de mecanismos efectivos de control interno y externo
puede motivar a los individuos a cometer actos ilícitos sin temor a ser
descubiertos.
Motivación
del funcionario privado
En el sector
privado, la motivación de los delincuentes económicos puede ser diferente y
puede estar impulsada según Páez & Berenguer (2022) por los siguientes
factores:
·
Obtención
de beneficios financieros: La motivación principal en el sector privado suele
ser la búsqueda de beneficios económicos. Los delincuentes pueden estar
motivados por la oportunidad de obtener ganancias ilícitas a través de
actividades fraudulentas, como el fraude contable, el lavado de dinero, la
manipulación de los mercados financieros, entre otros.
·
Competencia
desleal: Algunos delincuentes económicos en el sector privado pueden estar
motivados por el deseo de obtener una ventaja competitiva sobre otras empresas
o competidores. Pueden recurrir a prácticas desleales, como el robo de
información confidencial, el incumplimiento de contratos, la violación de
derechos de propiedad intelectual, entre otros.
·
Presión
por resultados: En ciertos casos, la presión por cumplir con metas y resultados
financieros puede llevar a los individuos a cometer actos delictivos en el
sector privado. La necesidad de cumplir con objetivos establecidos puede
generar incentivos perversos que llevan a comportamientos ilegales.
En Ecuador, la
legislación y las autoridades competentes están comprometidas con la lucha
contra la delincuencia económica. Se han implementado leyes y mecanismos de
control para prevenir y sancionar estos delitos, así como para fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas en ambos sectores. El análisis continuo
de la motivación del delincuente económico es fundamental para adaptar y
mejorar las estrategias de prevención y persecución de la delincuencia
económica en el país (Salazar, 2021).
Delito de Cuello
Blanco
El delito de
cuello blanco se refiere a delitos económicos cometidos por personas de alto
estatus social, generalmente en posiciones de poder o influencia, como
funcionarios públicos, empresarios, ejecutivos o profesionales. De acuerdo a Cámara (2020) estos delitos se caracterizan por
estar relacionados con el abuso de confianza, la manipulación y el engaño, y
suelen tener un impacto significativo en la economía y en la sociedad en
general. En el contexto de la legislación ecuatoriana, los delitos de cuello
blanco están regulados por el COIP (2014).
Los delitos de
cuello blanco están estrechamente relacionados con la delincuencia económica,
ya que implican acciones ilegales destinadas a obtener beneficios económicos o
financieros de manera fraudulenta o ilícita. Algunos ejemplos comunes de
delitos de cuello blanco según Pontón (2020) incluyen:
·
Corrupción:
Los funcionarios públicos pueden estar motivados por la posibilidad de recibir
sobornos o dádivas a cambio de favores o de la concesión de contratos públicos.
La corrupción socava la transparencia y la eficiencia en el manejo de los
recursos públicos y afecta negativamente el desarrollo económico y social del
país.
·
Fraude
financiero: Esto puede incluir la manipulación de informes financieros, el uso
indebido de fondos corporativos, el fraude contable, la emisión de cheques sin
fondos, el lavado de dinero y otras prácticas deshonestas en el ámbito
empresarial. Estos delitos pueden dañar la confianza en los mercados
financieros y afectar a inversores, empleados y consumidores.
·
Delitos
contra la propiedad intelectual: La violación de derechos de propiedad
intelectual, como la piratería, el plagio y la falsificación de productos,
puede generar grandes pérdidas económicas tanto para los propietarios de los
derechos como para la economía en general.
·
Delitos
fiscales: La evasión fiscal y la elusión de impuestos son formas de delincuencia
económica en las que los individuos o las empresas intentan evitar el pago de
impuestos de manera ilegal o aprovechando lagunas legales. Esto puede afectar
negativamente la capacidad del Estado para financiar servicios y programas
públicos.
·
Según
Fernández (2017) la motivación detrás de los delitos de cuello blanco puede ser
diversas y puede incluir factores como:
·
Obtener
ganancias financieras significativas: Los delincuentes de cuello blanco a
menudo están motivados por la perspectiva de obtener beneficios económicos
sustanciales de manera rápida y aparentemente sin consecuencias legales.
·
Mantener
o aumentar el estatus social y económico: Algunas personas de alto estatus
social pueden verse motivadas por el deseo de mantener o aumentar su poder,
influencia y estatus a través de actividades ilegales.
·
Superar
la presión financiera o de competencia: En algunos casos, las personas pueden
verse tentadas a cometer delitos económicos como resultado de dificultades
financieras o de la presión de la competencia en el ámbito empresarial.
Es importante
tener en cuenta que la Constitución de Ecuador establece principios como la
transparencia, la rendición de cuentas y la probidad en la función pública en
el artículo 227, y el COIP (2014) contiene disposiciones específicas que
tipifican y sancionan los delitos de cuello blanco. La lucha contra los delitos
de cuello blanco y la delincuencia económica de acuerdo a
Valdivia & Ramos (2022) requiere de un marco legal sólido, así como de la
implementación efectiva de mecanismos de control, supervisión y rendición de
cuentas. También es fundamental fomentar una cultura de integridad, ética y
responsabilidad tanto en el sector público como en el privado.
Criminalidad
Económica
La criminalidad
económica es un fenómeno preocupante que afecta a muchos países, incluido
Ecuador. Este tipo de delitos, perpetrados por miembros del gobierno y otras
figuras de autoridad, tienen un impacto devastador en la economía y la sociedad
en general. Hipo & Zurita (2023) señalan que los actos delictivos del
gobierno en Ecuador pueden incluir corrupción, malversación de fondos públicos,
lavado de dinero y fraudes financieros. Estas acciones no solo socavan la
confianza de la población en sus líderes y en las instituciones
gubernamentales, sino que también generan desigualdad, pobreza y limitan el
desarrollo del país.
Cruz (2019),
señala que la corrupción es uno de los principales problemas de la criminalidad
económica en Ecuador. La malversación de fondos públicos y los sobornos son
prácticas comunes que afectan negativamente la economía del país. Estos actos
ilícitos disminuyen los recursos destinados a servicios esenciales como
educación, salud e infraestructura, perpetuando así la desigualdad social.
Además, la corrupción también obstaculiza la atracción de inversiones y limita
el crecimiento económico sostenible.
El lavado de
dinero es otra forma de criminalidad económica que plaga a Ecuador. Este delito
implica ocultar o disfrazar los ingresos obtenidos de actividades ilícitas, lo
que dificulta su detección y enjuiciamiento. De acuerdo con Villalba (2021), el
lavado de dinero socava la integridad del sistema financiero y facilita la
continuidad de actividades delictivas, como el narcotráfico y la evasión de
impuestos. La impunidad en casos de lavado de dinero fomenta un entorno
propicio para la delincuencia económica y mina la confianza en el sistema legal
y judicial del país.
Bien Jurídico
Protegido Por el Derecho Penal Económico
El Derecho Penal
Económico en Ecuador tiene como objetivo la protección de diversos bienes
jurídicos fundamentales en el ámbito económico y financiero (Caiza, 2022).
Entre estos bienes jurídicos protegidos se encuentran tanto los intereses
individuales como los colectivos, con el propósito de salvaguardar el orden
económico y social del país.
De acuerdo con
Brito (2022), el Derecho Penal Económico en Ecuador busca proteger los
intereses individuales de las personas en el ámbito económico, lo que incluye
la defensa de la propiedad, la honestidad en las transacciones comerciales, la
protección de los derechos de los consumidores y la prevención de delitos
financieros, como el fraude y la malversación de fondos. Estas medidas tienen
como objetivo garantizar un entorno económico seguro y confiable para los ciudadanos
ecuatorianos.
Asimismo, el
Derecho Penal Económico en Ecuador también se enfoca en la protección de bienes
colectivos o supraindividuales. Esto comprende la lucha contra la corrupción,
el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, los cuales amenazan la
estabilidad económica y el desarrollo social del país (Erazo, 2022). Además, se
busca preservar la competencia justa en los mercados y evitar prácticas
monopolísticas o anticompetitivas que puedan perjudicar a la economía nacional.
Por tanto, según
Arteño (2017) el Derecho Penal Económico en Ecuador
se orienta hacia la protección de bienes jurídicos tanto individuales como
colectivos en el ámbito económico. Busca asegurar la integridad y la
transparencia en las actividades económicas, así como preservar el orden y la
estabilidad económica del país en beneficio de sus ciudadanos.
Los Delitos
Económicos en la CRE
El artículo 233
de la CRE (2008) establece la responsabilidad de todas las personas, tanto de
manera individual como colectiva, de colaborar con la administración de
justicia y denunciar cualquier hecho delictivo que conozcan. Esta disposición
resalta la importancia de la participación ciudadana en la prevención y combate
de los delitos económicos dirigidos contra la administración pública. En el
COIP (2014), se establecen diversas disposiciones relacionadas con la
delincuencia económica, que abarcan desde la corrupción hasta el
enriquecimiento ilícito y el peculado. Estos delitos se definen y sancionan con
el fin de preservar la integridad de la administración pública y proteger los
recursos del Estado. Entre los delitos mencionados en el artículo 233 de la
CRE, se puede encontrar conductas como el cohecho, peculado, concusión y
enriquecimiento ilícito.
·
Cohecho:
El cohecho se refiere a la conducta en la cual un funcionario público solicita,
acepta o recibe beneficios económicos o cualquier otra ventaja indebida para
realizar u omitir un acto propio de su cargo. Este delito implica corrupción y
abuso de poder por parte del funcionario público.
·
Peculado:
El peculado consiste en la apropiación o uso indebido de bienes o recursos
públicos por parte de un servidor público. Esto implica el desvío de fondos,
bienes o recursos que estén bajo la custodia o administración de un funcionario
público, en beneficio propio o de terceros.
·
Concusión:
La concusión se refiere a la conducta en la cual un funcionario público exige o
solicita a una persona el pago de una cantidad de dinero o cualquier otra
ventaja indebida, valiéndose de su cargo o posición de autoridad. Es una forma
de extorsión ejercida por un servidor público.
·
Enriquecimiento
ilícito: El enriquecimiento ilícito es el aumento patrimonial injustificado de
un funcionario público que no puede ser justificado por sus ingresos legítimos
o por fuentes lícitas. Este delito implica obtener beneficios económicos de
forma ilegal o aprovecharse de su posición para obtener ganancias indebidas.
Es importante
destacar que la motivación de los funcionarios públicos para cometer estos
delitos puede verse influenciada por diversos factores (Cornejo, 2020). De acuerdo a Tablante & Morales (2018) uno de ellos es
la coerción de un superior, es decir, la presión o influencia ejercida por
alguien con mayor autoridad jerárquica sobre el funcionario para que cometa u
omita ciertas conductas delictivas. Esta coerción puede implicar amenazas,
chantajes o promesas de beneficios. Además de la coerción, otros factores que
pueden influir en la comisión de delitos económicos contra la administración
pública incluyen la falta de ética y valores, la impunidad percibida, la
búsqueda de beneficios económicos personales, la ausencia de controles
eficientes, la deficiente gestión y supervisión, y la debilidad de los sistemas
de control interno (Paladines, 2021).
Por otra parte,
es importante destacar que la delincuencia económica en el ámbito de la
administración pública puede estar vinculada a redes o estructuras organizadas
que buscan obtener beneficios ilícitos. Estas redes pueden involucrar a
funcionarios públicos, empresarios y otros actores, generando una colaboración
ilegal que permite cometer y encubrir los delitos (Quevedo, 2016).
El COIP y la
delincuencia económica
El código penal
ecuatoriano o Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el año 2014, no
establece un campo especifico para la delincuencia
económica o los delitos económicos debido el mismo código los limita a un solo
apartado como lo es la Sección Octava perteneciente al Capitulo V en el libro
IV Infracciones en Particular, entiendo que delitos económicos no solo se
limitan a su sentido amplio desde el derecho penal económico, partiendo desde
este punto es oportuno mencionar que en el ecuador pese a la implementación de
acuerdo ministeriales que buscan proteger bienes jurídicos colectivos o
supraindividuales, el legislador no da una correcta interpretación sobre los
delitos económicos desde esta rama accesoria del Derecho Penal como lo es el
Derecho Penal Económico.
Conclusiones
En conclusión, el actual estudio ha
abordado de manera exhaustiva la delincuencia económica en la legislación
ecuatoriana, centrándose en los delitos establecidos en el artículo 233 de la
Constitución de la República del Ecuador. A través de una metodología basada en
la revisión bibliográfica, la consulta de la normativa vigente se ha logrado
obtener un panorama claro y detallado sobre este fenómeno delictivo en el país.
Durante el desarrollo de la investigación,
se ha explorado el concepto de Derecho Penal Económico, su evolución histórica
y la falta de precisión en la normativa actual, así mismo se ha destacado la
diferencia entre la delincuencia común y la delincuencia económica, y la
importancia de los delitos de cuello blanco en el ámbito socioeconómico.
Además, se ha evidenciado el papel fundamental que desempeñan los delitos tipificados
en el artículo 233 de la CRE para la protección del orden socioeconómico.
Los delitos de Peculado, Cohecho,
Concusión y Enriquecimiento Ilícito han sido identificados como los más
relevantes en el contexto ecuatoriano. Se ha observado que los delincuentes
económicos suelen ser funcionarios públicos que ocupan cargos de confianza y
utilizan su posición para cometer actos ilícitos con fines económicos; la
corrupción, el abuso de poder y la coerción son elementos recurrentes en estos
delitos.
El bien jurídico protegido por el Derecho
Penal Económico es el orden económico y social, que tiene un impacto en toda la
sociedad. Es importante reconocer la importancia de abordar y sancionar los
delitos económicos, independientemente del estatus social o político de los
infractores.
Referencias
Abadías, A. (2020). Derecho Penal Económico: en qué consiste y
cómo especializarse. Recuperado de
https://www.unir.net/derecho/revista/derecho-penal-economico/
Asamblea Nacional del Ecuador.
(2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro
Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014. Recuperado de
https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/COIP_act_feb-2021.pdf
Asamblea Nacional del Ecuador.
(2008). Constitución de la República del
Ecuador. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. Recuperado de
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
Arroyo, L. (1998). Derecho penal económico y Constitución.
Recuperado de
https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/13241/Derecho.pdf?sequence=2
Arteño,
R. (2017). Derecho constitucional en Ecuador y aspectos sobre la corrupción
desde lo penal. Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades, (2), 35-46. Recuperado de
https://doi.org/10.37135/chk.002.02.04
Barzallo, A., & Alfonso, K.
(2022). La culpabilidad por defecto de
organización y su incidencia en la responsabilidad de la persona jurídica en el
derecho penal ecuatoriano. Recuperado de
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/25989/1/UCE-FJCPS-CD-AREVALO%20KAISER.pdf
Brito, G. (2022). La «persona
interesada» y el «tercero interesado» en el control de concentraciones
económicas en Ecuador. USFQ Law Review, 9(2). Recuperado
de https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/lawreview/article/view/2760
Burgos, Á. (2015). Cuello blanco y
delito. Revista de Ciencias Jurídicas,
(138). Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r35091.pdf
Caiza, C. (2022). Análisis comparado de la responsabilidad
penal de las empresas o personas jurídicas, en el ámbito de los delitos contra
la eficiencia de la administración pública, a la luz de la legislación de
Ecuador, Perú y Chile. Recuperado de
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/14731
Cámara, S. (2020). El perfil del
delincuente de cuello blanco. Problemática conceptual y perspectivas de
análisis para la Criminología. Derecho y
Cambio Social, 59, 446-500. Recuperado de
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7219659.pdf
Cornejo, J. (2020). El sistema de los
delitos contra la eficiencia de la administración pública. Consideraciones político criminales. Derecho
y Cambio Social, 60, 252- 289. Recuperado de
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7524993.pdf
Cruz, M. (2022). Lavado de dinero, corrupción y malversación de fondos del Gobierno de
Malasia Análisis del Caso: USA vs TIM Leissner Número
de Caso: 18-CR-00439. Recuperado de
http://prcrepository.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12475/1236/AN%C3%81LISIS%20DEL%20CASO%20%20USA%20VS%20TIM%20LEISSNER.pdf?sequence=1
Erazo, D. (2022). El adelantamiento de la barrera de
protección del derecho penal en el COIP. Recuperado de
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11989
Fernández, C. (2017). ¿Necesitan ser
los delincuentes de cuello blanco resocializados?: una aproximación crítica a
las limitaciones del término ‹‹resocialización›› a partir de la experiencia
española. Revista Ciencias Sociales, 45-58.
Recuperado de https://doi.org/10.4000/configuracoes.4190
Fernández, J. (2016). Derecho Tributario y Defraudación Fiscal: Un
análisis psicosocial de la Conducta de Tributación. Recuperado de
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/55060/Derecho%20Tributario%20y%20Defraudaci%C3%B3n%20fiscal.%20Un%20an%C3%A1lisis%20psicosocial%20de%20la%20conducta%20de%20tributaci%C3%B3n.pdf?sequence=1
García, V, (1986). La escuela de
Chicago. Revista Libertas, 4. Recuperado de
https://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/46_5_Garcia.pdf
Hipo, A. (2023). Criminalidad y su efecto sobre el crecimiento económico del Ecuador,
periodo 2010-2020. Recuperado de http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10625
Larenas, M. (2019). Criminal compliance
y su incidencia en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el
Derecho Penal Ecuatoriano. Recuperado de
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/19496
Guzmán, M. (2018). El héroe romántico de la comedia de teatro
largo de Manuel Bretón de los Herreros. Recuperado de
https://www.proquest.com/openview/3487ed023825a5414cf51f5bb41820fe/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
Pazmiño, J. & Pozo, J. (2019). Responsabilidad penal de las personas
jurídicas y compliance: caso Ecuador. Recuperado
de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3707152
Páez, P. & Berenguer, S. (2022).
En torno a la corrupción privada regulada en el Código Orgánico Integral Penal.
Foro Revista de Derecho, 38, 187-
205. Recuperado de
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/download/3494/3399/13244
Paladines, C. (2021). Retos 2020: Gobierno y Administración
pública. Recuperado de https://editorial.iaen.edu.ec/wp-content/uploads/sites/12/2021/11/Retos-2020-Gobierno-y-Administracio%CC%81n-pu%CC%81blica-1.pdf
Pontón, D. (2020). El aporte de Edwin
Sutherland al análisis del crimen económico global. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (27), 112- 124.
Recuperado de https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/4266/3388
Quevedo, M. (2016). Crimen organizado: Redes de micro tráfico en el territorio ecuatoriano. Recuperado
de http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/24596/1/tesis.pdf
Rosero, C., Rosero, S. & Laguna,
K. (2023). Preservación de derechos humanos en Ecuador: una mirada desde el
Derecho Penal. Estudios Del Desarrollo
Social: Cuba Y América Latina, 11(1), 288–301. Recuperado de
https://revistas.uh.cu/revflacso/article/view/3043
Salazar, D. (2021). Criminalidad
Organizada Transnacional reflexiones críticas y respuestas ante una amenaza
creciente. Revista Científica de Ciencias
Jurídicas, Criminología y Seguridad, 6, 1-41. Recuperado de
https://www.fiscalia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/RevistaCriminalidad-Organizada.pdf
Tablante, C. & Morales, M.
(2018). Impacto de la corrupción en los derechos humanos. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro.
Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37786.pdf
Tiedemann,
K. (1983). El concepto de derecho económico, de derecho penal económico y de
delito económico. Revista Chilena de Derecho, 10(1),
59–68. http://www.jstor.org/stable/41608096
Valdivia, D. & Ramos, S. (2022).
Repercusión social de la Delincuencia de Cuello Blanco como forma agravada de
delito. Revista Olimpia, 19 (2).
Recuperado de http://portal.amelica.org/ameli/journal/429/4292987025/html/
Vaca, M. (2017). Motivación laboral
en los servidores públicos de Ecuador. INNOVA
RESEARCH JOURNAL, 2 (7), 101-108. Recuperado de
https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/235/1272
Villalba, S. (2021). La corrupción y
el lavado de dinero en el contexto global. Revista jurídica. Investigación en ciencias jurídicas y
sociales, 2(11), 164-187. Recuperado de https://ojs.ministeriopublico.gov.py/index.php/rjmp/article/view/229
© 2023 por los autores.
Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y
condiciones de la licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).