La constitucionalización de los derechos humanos se da de modo progresivo y cada ordenamiento jurídico incorpora ciertas particularidades que permitan el respeto y cumplimiento de mejor forma de estos derechos. En el caso de Ecuador, la Constitución de la República del año 2008, de corte garantista, promueve un cumplimiento de los derechos constitucionales en todos los ámbitos de la vida social. De igual forma, frente a posibles violaciones, acciones u omisiones contra los derechos humanos y constitucionales, contempla mecanismos legales, dentro de los cuáles se encuentra la acción de protección. El objetivo del presente artículo es analizar la acción antes mencionada, como garantía constitucional y su capacidad de protección de los derechos humanos en Ecuador, a través de la revisión normativa, bibliográfica y de sentencias en casos donde se ha declarado la vulneración de derechos humanos y constitucionales a partir de la interposición de acciones de protección. Se concluye que dicha acción es un mecanismo idóneo para la protección de derechos humanos y constitucionales que no sean protegidos por otras acciones constitucionales, que su amplitud de legitimados activos y pasivos coadyuva a hacer de la misma una herramienta fundamental en un Estado de derechos.