El presente artículo es relevante en la sociedad ecuatoriana, ya que, está encaminado al respeto integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dentro del cuerpo normativo correspondiente, como lo es, el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, donde se establece que todos los menores tienen derecho a alimentos por parte de sus progenitores, los mismos que gozan de características que conjuntamente aseguran el cumplimiento de esta obligación, por lo que es necesario determinar si el dinero recibido están siendo utilizados en fines que garantizan el interés superior del niño. Dando paso al problema de este artículo, en cómo asegurar que todos los valores recibidos son empleados en el menor, ya que, quien lo recibe será la encargada de administrarlo y tendrá total libertad para disponer de él, abriendo la posibilidad de utilizarlo incorrectamente en razones ajenas al menor, violentándole más de un derecho. Por ello, en el 2017, se presentó la propuesta de Ley que pretendía insertar la figura de rendición de cuentas por quienes administran pensiones alimenticias de altos valores, con la finalidad de comprobar los gastos y que estos respondan a brindarle una vida digna al menor a su cargo. Lastimosamente, el legislativo considero que la propuesta carecía de argumentación y claridad en su metodología, por lo que estos autores enfatizan la importancia de esta figura ya que es realmente necesaria para asegurar una vida digna al menor.