El presente artículo científico está enfocado en la acción penal, como canal regulador del ius puniendi estatal, mismo que en los países regidos por el Estado de Derecho, debe ser limitado por instituciones jurídicas claras y que fomenten el respeto por las garantías y los derechos humanos. Los ordenamientos jurídicos prevén la prescripción en una mayoría de delitos, salvo aquellos que a entender del legislador lesionan de manera muy grave a la sociedad y merecen ser imprescriptibles. En respuesta a lo planteado, la doctrina ha analizado la importancia de que esta acción sea ejercida por un órgano diferente al órgano juzgador, así como la necesidad de limitarla en pro de las garantías de los ciudadanos, por medio de su prescripción. Para la redacción de la presente investigación se utilizaron los métodos exegético y comparativo, lo cual permitió analizar la regulación procesal penal ecuatoriana y su relación con los postulados propuestos por la doctrina acerca del tema de la prescripción de la acción penal. Se concluye que el ejercicio de la acción penal ha pasado desde la justicia por mano propia a una justicia imparcial, donde la prescripción de la acción penal sirve como contrapeso al ya mencionado ius puniendi, así como refuerzo de los principios que sostienen al Estado de Derecho.