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La pena de muerte es la sanción jurídica más rigurosa de todas, consiste en quitar la vida a una persona mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que la instruye. Es un tema controvertido en el ámbito de los derechos humanos y su aplicación está sujeta a diferentes regulaciones y opiniones en distintas partes del mundo. En el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la pena de muerte ha sido objeto de discusión y análisis por parte de los órganos encargados de su supervisión. En relación con la pena de muerte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido una serie de estándares y principios, el más importante es la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe la aplicación de la pena de muerte en los países que han ratificado a la Convención Americana. También se destaca a los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que están sujetos a las decisiones y pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso de que un Estado ratifique la competencia de la Corte Interamericana, y dentro de sus ordenamientos internos mantenga la pena de muerte y no respete las restricciones, causando violaciones a los derechos humanos de una persona condenada a muerte, puede ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ser sentenciado por su incumplimiento.