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El presente trabajo, se sumerge en la exploración de como el Derecho administrativo ecuatoriano posiciona a la facultad de revisión de actos administrativos de oficio frente al derecho a la seguridad jurídica y confianza legítima del ciudadano. Para ello se toman de referencia a las potestades administrativas, en donde se establecen los fundamentos teóricos que permiten gozar a la Administración de una facultad de revisión sobre sus actos. Posteriormente, se toman en consideración a los pilares de la facultad de revisión, que recaen precisamente en el principio de juridicidad, en un sentido amplio, tanto para la misma Administración, el administrado e incluso el mismo Estado de Derecho. Se concluye con ello que las potestades administrativas permiten a la Administración hacer el uso de la facultad de revisión de actos administrativos de oficio, siendo esta una herramienta fundamental en el desarrollo de las actividades administrativas, que no debe dejar de tomar en consideración el aspecto subyacente y normativo que existe en la seguridad jurídica al momento de la actuación administrativa, pues siempre y cuando el uso de esta facultad no sea arbitrario, esta no será sinónimo de una lesión al principio de seguridad jurídica y confianza legítima.