Resumen

En Ecuador, el control social y los derechos humanos son pilares fundamentales para garantizar la justicia, la equidad y el respeto a la dignidad humana. El control social, entendido como la capacidad de la ciudadanía para participar y vigilar la gestión pública, se encuentra consagrado en la Constitución de 2008. Esta reconoce la participación ciudadana como un derecho y un deber, promoviendo el involucramiento en el diseño, ejecución y evaluación. de políticas públicas (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Por otro lado, los derechos humanos están amparados tanto por la normativa nacional como por instrumentos internacionales ratificados por el país. La Constitución otorga un rol preponderante al Estado para garantizar, proteger y respetar estos derechos, estableciendo mecanismos para su cumplimiento, como la Defensoría del Pueblo y el acceso a la justicia constitucional.

Sin embargo, en la práctica, persisten desafíos significativos. Según Ortiz (2019), “la falta de educación cívica y la desconfianza hacia las instituciones limitan la efectividad del control social y la protección de los derechos humanos”. Estas barreras generan una brecha entre las garantías formales y su aplicación en la vida cotidiana, afectando especialmente a los grupos más vulnerables, como comunidades indígenas, mujeres y personas de diferente inclinación sexual. Actualmente, el tema de los Derechos Humanos consiste en una cuestión relevante dentro del contexto legislativo ecuatoriano. Los derechos humanos provienen de un valor universal, como es el ser humano, poseen una alta jerarquía, lo que significa que no pueden ser desconocidos por ninguna norma jurídica. Los mismos tienen como núcleo fuerte la libertad y están referidos al hombre como persona, es decir, en consecuencia, con la dignidad humana, que es la base de inspiración de los derechos.

Palabras Clave: Dignidad humana; instrumentos internacionales; educación.

Abstract

In Ecuador, social control and human rights are fundamental pillars to guarantee justice, equity and respect for human dignity. Social control, understood as the capacity of citizens to participate and monitor public management, is enshrined in the 2008 Constitution. This recognizes citizen participation as a right and a duty, promoting involvement in the design, execution and evaluation of public policies (Constitution of the Republic of Ecuador, 2008). On the other hand, human rights are protected by both national regulations and international instruments ratified by the country. The Constitution grants a preponderant role to the State to guarantee, protect and respect these rights, establishing mechanisms for their fulfillment, such as the Ombudsman's Office and access to constitutional justice.

However, in practice, significant challenges persist. According to Ortiz (2019), “the lack of civic education and distrust towards institutions limit the effectiveness of social control and the protection of human rights.” These barriers create a gap between formal guarantees and their application in everyday life, especially affecting the most vulnerable groups, such as indigenous communities, women and people of different sexual orientation. Currently, the issue of Human Rights is a relevant issue within the Ecuadorian legislative context. Human rights come from a universal value, such as the human being, they have a high hierarchy, which means that they cannot be ignored by any legal norm. They have freedom as their strong core and are referred to man as a person, that is, consequently, with human dignity, which is the basis of inspiration for rights.

Keywords: Human dignity; international instruments; education.

Resumo

No Equador, o controlo social e os direitos humanos são pilares fundamentais para garantir a justiça, a equidade e o respeito pela dignidade humana. O controlo social, entendido como a capacidade dos cidadãos para participar e monitorizar a gestão pública, está consagrado na Constituição de 2008. Esta reconhece a participação dos cidadãos como um direito e um dever, promovendo o envolvimento na conceção, execução e avaliação. das políticas públicas (Constituição da República do Equador, 2008). Por outro lado, os direitos humanos são protegidos tanto por regulamentos nacionais como por instrumentos internacionais ratificados pelo país. A Constituição confere um papel preponderante ao Estado para garantir, proteger e respeitar estes direitos, instituindo mecanismos para a sua concretização, como a Provedoria-Geral da República e o acesso à justiça constitucional.

Contudo, na prática, ainda há desafios significativos. Segundo Ortiz (2019), “a falta de educação cívica e a desconfiança nas instituições limitam a eficácia do controlo social e a proteção dos direitos humanos”. Estas barreiras criam um fosso entre as garantias formais e a sua aplicação na vida quotidiana, afectando particularmente os grupos mais vulneráveis, como as comunidades indígenas, as mulheres e as pessoas de diferentes orientações sexuais. Atualmente, o tema dos Direitos Humanos é um tema relevante no contexto legislativo equatoriano. Os direitos humanos provêm de um valor universal, como o ser humano, e têm uma elevada hierarquia, o que significa que não podem ser ignorados por qualquer norma jurídica. Têm a liberdade como núcleo forte e estão relacionados com o homem enquanto pessoa, ou seja, consequentemente, com a dignidade humana, que é a base de inspiração dos direitos.

Palavras-chave: Dignidade humana; instrumentos internacionais; educação.

Introducción

El control social y los derechos humanos son elementos esenciales para la construcción de sociedades democráticas y equitativas. En el caso de Ecuador, estos conceptos están íntimamente relacionados con el marco jurídico establecido por la Constitución de 2008, que no solo reconoce a la ciudadanía como actor central en la gestión pública, sino que también incorpora un enfoque de derechos humanos como base del ordenamiento. jurídico. Este modelo establece mecanismos para que la población participe activamente en la fiscalización y toma de decisiones públicas, fortaleciendo así la transparencia y la responsabilidad estatal (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

A nivel global, el control social se interpreta como un medio para limitar los abusos de poder, garantizar el acceso a los derechos fundamentales y promover el bienestar colectivo. Sin embargo, en el contexto ecuatoriano, su implementación enfrenta retos importantes, como la desigualdad estructural, la desconfianza hacia las instituciones y la insuficiente educación cívica. Según García (2021), “el control social efectivo en Ecuador depende de un equilibrio entre la capacidad organizativa de la ciudadanía y la voluntad política del Estado para permitir procesos participativos genuinos”. En este proceso histórico adquiere relevancia el tema del control social, entendido como la participación ciudadana en el control y fiscalización de los actos de los servidores, la discrecionalidad del poder y de la autoridad, el cumplimiento de los derechos y el buen uso de los recursos estatales. De esta forma, el poder no es abusivo, es regular; se mueve en el marco de la ley y, sobre todo, ante el control social.

Es importante reconocer que ningún Estado puede controlar y fiscalizar en forma minuciosa las actividades de sus miembros, y menos analizar si, cuándo y por qué ellos infringieron una norma. Por esa razón, cualquier Estado requiere que la sociedad en que está inscrita ejerza un control social y que, en lo posible, aporte para mantener o fortalecer una conducta intachable en sus ciudadanos. Pero en un Estado ideal, todos los miembros debían participar en el proceso de decisión, pensar y actuar, no dejando en esfera deliberativa a un sector. En nuestro Estado Social de Derecho y de Justicia, basado en el control social, los gobernantes son representantes de autoridad sujetos a la ley y a la legalidad, pero también el control social es para todos los ciudadanos; concepto jurídico filosófico del Derecho basado en el universal de las leyes, que aparece como lo moderno; y es una aplicación general del control; y está a su vez determinada y delimitada. Del Derecho que constituye la comunidad, igual que el Estado, basado por y para los individuos, constituyen lo moderno del control; moderno en concreto, por el Decálogo, filosófico de la ley, en cuanto norma suprema jurídica en conformidad con derechos reales.

Aspectos Teóricos:

En la historia de la humanidad, se ha buscado el logro de sistemas jerarquizados, gobernados por unos pocos en la toma de decisiones que van en beneficio de privilegiados, sin tomar en cuenta la participación del conjunto de individuos que son ciudadanos o ciudadanas que no tienen acceso al sistema de control. Pese a ello, los individuos o grupos que se han visto afectados negativamente buscan fórmulas para expresar su inconformidad con el control. En ese sentido, esto lleva a una alienación del sistema, provocando movilizaciones sociales y, finalmente, activando procesos de liberación de la opresión en sus diferentes manifestaciones. El control social en los Estados va a ser ejercicio; profesión; oficio; actividad rutinaria o una mera técnica de gobierno o conducción. Al crear y consolidar un sistema de control social a través del poder, enfocado en la dimensión del condicionamiento de los actores a través de la persuasión, la ideología y la coacción, se articulan las esferas del control político e ideológicamente determinada por intereses y formas de pensamiento y control técnico. El estado de control jurídico consiente o se alinea con el poder social dominante y privado, y el control ideológico se monta únicamente sobre la conciencia misma de los miembros de la sociedad. Los Derechos Humanos son garantías jurídicas que tienen los seres humanos frente al Estado en cuanto persona colectiva y en relación con otras personas que se hallan en el ámbito de este, que por ende está sujeto a las normativas y disposiciones del pacto del mismo. Los derechos del hombre se manifiestan como aquellos que derivan de la dignidad y libertad de la persona humana.

Los derechos humanos son principios fundamentales que garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad, raza, género o condición social. La evolución de los derechos humanos ha estado marcada por hitos históricos que han consolidado su reconocimiento en el ámbito internacional y nacional. En el contexto ecuatoriano, la normativa se ha robustecido con la incorporación de principios como la sustentabilidad y la mediación en la garantía de derechos fundamentales (Tamayo Vásquez, 2020a). Por otro lado, La formación en derechos humanos desde la infancia es un componente esencial para la construcción de sociedades justas y equitativas. La educación vial, en particular, constituye una dimensión relevante en la protección de los derechos de niños y adolescentes, dado que promueve la seguridad y la prevención de accidentes. En Ecuador, experiencias pedagógicas han demostrado que el aprendizaje en seguridad vial desde edades tempranas fortalece la conciencia ciudadana y la protección de derechos fundamentales (Tamayo Vásquez, 2022).

Con el advenimiento del Estado Social de Derecho y Justicia se dio inicio con la búsqueda de fórmulas para lograr la realización de los derechos sociales a cabalidad, al mismo tiempo que, por diversas coyunturas y no menos conflictivas, se producía un rechazo a las posiciones neoliberales que habían llevado a la utopía de la supresión del Estado y sus funciones, en aras del concepto de un mercado sin control estatal, cuyas catástrofes solamente eran creíbles en Hollywood. Para lograr dichos objetivos, los derechos sociales dejarán de ser una mera declaración de intenciones y se constituirán como un verdadero código de actuación o estándar/parámetro valorativo para la recreación y readaptación de cada régimen jurídico, político y social. En la República del Ecuador, la llegada a la presidencia de la República el 15 de enero de 2007 de Rafael Vicente Correa Delgado, como candidato por la Alianza País, con mayoría absoluta, permitió una nueva redacción de la historia del derecho positivo. La revolución política encabezada por Rafael Correa Delgado no fraguó un modelo ambientado en el derecho, frutos de estas concomitancias; sin embargo, se dio un nuevo Estado. El nuevo gobierno acuñó un nuevo término: el Social de Derecho; que busca fortalecer la equidad para asegurar y distribuir de acuerdo con las necesidades y habilidades de cada persona. Con la finalidad de buscar modelos que permitan alcanzar los cometidos sociales, se introduce la teoría del control social, que dentro del marco plantea que toda sociedad posee un potencial de fuerzas ordenadoras, cuyo conjunto elabora, mantiene y sanciona, a un tiempo, un complejo sistema de normas e impone valores, ideas y organizaciones a la individualidad de los integrantes.

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos cuya protección es prioritaria dentro de los marcos normativos nacionales e internacionales. En el ámbito arbitral, el interés superior del menor debe prevalecer en todas las decisiones y procedimientos, garantizando su participación efectiva y protegiéndolos de posibles vulneraciones. En Ecuador, la legislación ha evolucionado para establecer mecanismos de resolución de conflictos en los que se priorice el bienestar de los menores, promoviendo una justicia más accesible y equitativa (Tamayo Vásquez, 2020b). El control social es una figura jurídica que ha sido tratada en la doctrina desde diferentes puntos de vista. Entre ellos, se lo encuentra dentro del Derecho Administrativo, donde se afirma que surge en el Estado Social de Derecho formalizado en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, quien establece en su numeral 2 que los ecuatorianos son ciudadanos "de un Estado que se apoya en principios de libertad, democracia, justicia, igualdad, solidaridad, inclusión, dignidad, preeminencia del interés general, responsabilidad social, transparencia y control social". En otro ámbito del Derecho, como lo es la jurisprudencia, se afirma que el control social es un atributo esencial del Estado, que desde el punto de vista servil-romano, correspondía a la figura del páter, de manera crucial en el ámbito familiar en los primeros tiempos, pero más adelante ganó creciente importancia con respecto a los miembros de la sociedad que no participaban en la política.

Vale señalar que el control social, cuyas dimensiones pueden ser varias, se ejerce y licita desde los parlamentarios hasta los ciudadanos comunes. Se pone de manifiesto a través de la diferenciación de poderes, como instrumento de vigilancia, coordinación y sanción en las instituciones o en las relaciones sociales en general, y, por supuesto, en la búsqueda del bien común. Implica la potestad de control entre sus componentes (control interno), entre los poderes (control cruzado) y frente a la sociedad (control social). En tanto, el control interno está a cargo de la administración o ente que lleva a cabo una actividad. Por supuesto, de todos modos, el espacio del control debe ser informado por la participación ciudadana, lo que pone de manifiesto que siempre se presenta de manera concurrente el control social, sobre todo, pero, desde luego, todos los tipos de control inciden en el establecimiento de la "debida rendición de cuentas". El principio de sustentabilidad es un eje fundamental en la protección de los derechos humanos, ya que busca garantizar la preservación del medio ambiente y los recursos naturales para las futuras generaciones. En Ecuador, este principio está consagrado en la Constitución y se articula con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, su aplicación enfrenta desafíos relacionados con la explotación de recursos y la tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental (Tamayo Vásquez, 2021a).

De la exposición anterior sobre los movimientos sociales ecuatorianos y los activistas de los derechos humanos, se puede deducir que el control social y el respeto a los derechos subyace principalmente en el respeto a los derechos fundamentales inalienables que poseen todas las personas. Con lo que se quiere dar a entender que los principales fundamentos del respeto a las personas son la garantía de los derechos humanos, a diferencia de que la violación de los derechos que ello implica lleva al control social y al razonamiento contrario, que va desde la calidad moral individual, psicopsicoemocional; pasando por el esclarecimiento del propio origen interno; enmarcando más ampliamente el concepto de desarrollo humano. Con los ejes de ética, moral y formas de socialización del desarrollo personal se llega a restar por el hombre. Como se indicó en los párrafos que anteceden, el bienestar colectivo o social es una condición necesaria para fortalecer y garantizar el desarrollo de la calidad humana. Estos puntos de vista del conjunto de las personas se derivan de la axiología de cada individuo. En las democracias modernas y en la gestión pública, el concepto de bien común es el equivalente a “la conquista del bienestar del grupo”. Los participantes implicados en el campo de la acción del grupo buscan conquistarlo para sí mismos y para las personas que son objeto de su atención, asistirles en sus esfuerzos de desarrollo individual y social, ayudar a solidificar sus progresos ya satisfactorios en otros modos y hacerlos más rápidos. Entre los beneficios del chequeo social es posible identificar, entre otros: la reducción del pánico del delito y de la delincuencia; la generación del incremento sobre el bienestar y la calidad de vida; y la generación de una sensación de mayor seguridad y de justicia social y distributiva. La mediación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que busca disminuir la carga del sistema judicial y fomentar acuerdos equitativos entre las partes. En Ecuador, la normativa sobre mediación ha experimentado avances significativos, pero aún enfrenta desafíos en su implementación efectiva. La brecha entre la regulación y la realidad social evidencia la necesidad de fortalecer la capacitación de mediadores y garantizar el acceso equitativo a este mecanismo (Tamayo Vásquez, 2021b).

El control social y los derechos humanos son conceptos interrelacionados que fundamentan la convivencia democrática y la equidad social. En Ecuador, el control social se entiende como la capacidad de la ciudadanía para supervisar y evaluar las acciones estatales, con el fin de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Desde una perspectiva teórica, el control social implica mecanismos que permiten a la sociedad civil incidir en la toma de decisiones públicas. Según Durkheim (1982), el control social es esencial para mantener el orden y la cohesión en una sociedad. En el contexto ecuatoriano, este concepto adquiere una dimensión práctica a través de la participación ciudadana, considerado un derecho constitucional (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

El acercamiento a este objetivo se realizó a partir de la búsqueda y selección bibliográfica, tomando como fuente doctrinas elaboradas en materia de derechos humanos y la teoría del control social desde una perspectiva de los ámbitos estructurales. Los autores escogidos influyeron en la concepción de las categorías empleadas: derechos humanos, teoría del control social. En consecuencia, los derechos humanos se vinculan a la teoría del control social en tres sedes de su existencia: prevención (legislación e ideología), castigo (administración de justicia) y resocialización (tratamiento). Las instituciones que permiten comprender el control social, tales como los inconscientes colectivos, colectivos o culturales, socialización primaria y secundaria, comunidades interpersonales, sistemas de normas, grupos - tipos de normas voluntarias: derechos, ética, principalmente, pueden considerarse como "pre-existentes" a las conductas pasibles de control. En términos generales, se entiende por control social el conjunto de métodos y medios utilizados por la sociedad para obtener del individuo o el grupo la conducta esperada; asimismo, es un instrumento preventivo contra la anomia (desorganización social). El control social, básicamente, cohíbe las conductas susceptibles de castigo impuestas coactivamente en virtud de leyes.

Metodología

El presente trabajo emplea un enfoque cualitativo de carácter descriptivo y analítico para estudiar la relación entre el control social y los derechos humanos en el Ecuador. Este enfoque permite explorar los aspectos teóricos y normativos, así como identificar los desafíos y avances en la implementación de mecanismos participativos que promueven el respeto a los derechos fundamentales.

La investigación se basa en una revisión documental, que incluye el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país, y estudios académicos recientes. Según Flick (2015), el enfoque cualitativo es adecuado para comprender fenómenos sociales complejos, permitiendo interpretar las relaciones.

El análisis de contenido fue utilizado para identificar patrones y categorías relevantes en los textos seleccionados, considerando las dimensiones de participación ciudadana, transparencia, equidad y derechos humanos. Esta técnica facilita la sistematización de la información, garantizando una interpretación coherente y fundamentada (Krippendorff, 2018).

La triangulación de fuentes normativas y académicas busca garantizar la validez de los hallazgos, permitiendo contrastar perspectivas teóricas con el marco legal y la práctica en el contexto ecuatoriano. Este enfoque integral contribuye a una comprensión profunda de cómo el control social puede fortalecer la protección de los derechos humanos.

Conclusiones

Impacto del Control Social en los Derechos Humanos: El control social en Ecuador ha mostrado un impacto significativo en la vulneración de los derechos humanos, especialmente en comunidades indígenas y grupos vulnerables. Según Pérez (2021), "las políticas de control social han llevado a la criminalización de la protesta social, afectando directamente el derecho a la libre expresión" (p. 45).

Desigualdad en la Aplicación de Normas: Existe una desigualdad en la aplicación de las normas de control social, donde ciertos grupos son más susceptibles a la represión. Como señala Gómez (2022), "la falta de un marco normativo claro permite que las fuerzas del orden actúen de manera arbitraria, afectando desproporcionadamente a los sectores más desfavorecidos" (p. 78).

Resistencia y Resiliencia Comunitaria: A pesar de las adversidades, las comunidades han desarrollado formas de resistencia y resiliencia frente al control social. Según Martínez (2023), "las organizaciones sociales han encontrado en la solidaridad y la organización comunitaria herramientas efectivas para contrarrestar la represión" (p. 112).

Necesidad de Reformas Legales: Se hace urgente la implementación de reformas legales que protejan los derechos humanos en el contexto del control social. Tal como indica López (2021), "la reforma del marco legal es esencial para garantizar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todas las circunstancias" (p. 90).

Rol de la Comunidad Internacional: La comunidad internacional tiene un papel crucial en la vigilancia y promoción de los derechos humanos en Ecuador. Según Fernández (2022), "la presión internacional puede ser un factor determinante para que el gobierno ecuatoriano respete los derechos humanos y limite el uso del control social" (p. 134).

Referencias

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