El Quinto Poder en el marco constitucional ecuatoriano: ¿necedad o necesidad?

Resumen

Con el advenimiento de la Constitución del año 2008, el Ecuador sufre un cambio trascendental en la concepción y distribución de los Poderes del Estado adoptados por este país y que hasta ese entonces eran cuatro: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Y es que empieza por dejar de denominarlos Poderes para concebirlos como Funciones, y con ello crea una Quinta Función del Estado llamada Función de Transparencia y Control Social, la misma que ha sido más conocida en el medio, por la población como el Quinto Poder.

A pesar de que la constitución ecuatoriana se circunscribe dentro del denominado “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”, el Quinto Poder no se encuentra contemplado en ninguna de las constituciones de los otros países cobijados bajo esta corriente, es más, cabe destacar que este Quinto Poder, tampoco ha sido concebido por ninguna otra constitución del mundo. Dicho de mejor manera, el Ecuador se convierte en el único país del planeta, en tener institucionalizado a la Función de Transparencia y Control Social como un Poder del Estado.

La concepción de esta Quinta Función, colocó al Ecuador como pionero en proponer un Poder del Estado de esta índole y relevancia, pues entre otras cosas a través de esta Función del Estado, eleva la participación ciudadana a su máximo nivel y le exclusivisa la selección de las máximas Autoridades de Control de la función pública. No obstante, aquello más que ubicarlo a la vanguardia de alguna tesis evolutiva a la de Montesquiu, lo coloca en la difícil tarea de, en medio de un camino sinuoso, ir aprendiendo de los errores propios, a fin de encontrar la vía más idónea para legitimar y justificar la existencia de este nuevo Poder del Estado, teniendo al frente la tentación derivada de los no muy pocos críticos de esta Función, de morir en el intento y terminar descartándola en una futura reforma constitucional.