Resumen
En la carrera de la administraci�n
p�blica existen relaciones laborales al igual que en el sector privado, se
maneja de forma semejante con el m�todo empleado para los trabajadores en el
servicio privado, es fundamental que exista la voluntariedad de contratar, por
ambas partes. Con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo Nro. 813, en
especial la aplicabilidad del art�culo 8 que contempla la compra de renuncia
con indemnizaciones para nombramientos permanentes que, para efectos de esta
investigaci�n, se enfocar� en el caso de funcionarios judiciales; con esta
compra de renuncia se presentan casos, mediante los cuales la indemnizaci�n es
distinta a la correspondiente.
Siendo an�loga a la figura jur�dica del
despido intempestivo, al no proporcionar los respectivos haberes laborales
se puede incurrir en una violaci�n a los derechos y garant�as de los derechos
funcionariales de estos servidores, vulnerando para la seguridad jur�dica por
los procesos legislativos y ejecutivos que anteceden a los procesos de
renuncias obligatorias.
El m�todo anal�tico � sint�tico, as�
como el enfoque de investigaci�n cualitativo que recopila informaci�n de
diversas fuentes, son las principales metodolog�as utilizadas en esta
investigaci�n. Este enfoque representa un tipo de investigaci�n argumentativa
y, en la mayor�a de los casos, requer�a el uso de una fuente de datos para
comenzar el proceso de investigaci�n.
Palabras claves: Compra
de renuncia; Obligatoria; Indemnizaciones; Inconstitucional; Vulneraci�n.
Abstract
In
the career of the public administration there are labor relations as in the
private sector, it is handled in a similar way with the method used for workers
in the private service, it is essential that there is willingness to hire, by
both parties. With the entry into force of Executive Decree No. 813, especially
the applicability of article 8 that contemplates the purchase of resignation
with compensation for permanent appointments that, for the purposes of this
investigation, will focus on the case of judicial officials; With this purchase
of resignation there are cases, by which the compensation is different from the
corresponding one. Being analogous to the legal figure of untimely dismissal,
by not providing the respective labor assets, a violation of the rights and
guarantees of the civil servant rights of these servers may be incurred,
violating legal certainty by the legislative and executive processes that
precede mandatory waiver processes. The analytical-synthetic method, as well as
the qualitative research approach that collects information from various
sources, are the main methodologies used in this research. This approach
represents a type of argumentative research and, in most cases, required the
use of a data source to start the research process.
Keywords: Waiver purchase; Mandatory; compensation;
Unconstitutional; Infringement.
Resumo
Na carreira da
administra��o p�blica existem rela��es trabalhistas como no setor privado,
trata-se de forma semelhante com o m�todo utilizado para os trabalhadores do
servi�o privado, sendo imprescind�vel que haja disposi��o de contrata��o, por
parte de ambas as partes. Com a entrada em vigor do Decreto Executivo n� 813,
especialmente a aplicabilidade do artigo 8� que contempla a compra de demiss�o
com indeniza��o por cargos efetivos que, para fins desta investiga��o, incidir�
sobre o caso dos funcion�rios judiciais; Com esta compra de demiss�o h� casos
em que a compensa��o � diferente da correspondente. Por ser an�loga � figura
jur�dica da demiss�o intempestiva, ao n�o fornecer os respectivos bens
trabalhistas, pode incorrer em viola��o dos direitos e garantias dos direitos
dos servidores desses servidores, violando a seguran�a jur�dica pelos processos
legislativos e executivos que antecedem a dispensa compuls�ria processos. O
m�todo anal�tico-sint�tico, bem como a abordagem qualitativa de pesquisa que
coleta informa��es de diversas fontes, s�o as principais metodologias
utilizadas nesta pesquisa. Essa abordagem representa um tipo de pesquisa
argumentativa e, na maioria das vezes, exigia o uso de uma fonte de dados para
iniciar o processo de pesquisa.
Palavras-chave: Ren�ncia de compra; Obrigatoriedade; compensa��o;
Inconstitucional; Viola��o.
Introducci�n
La tem�tica para abordar este
art�culo es la figura de compra de renuncia obligatoria con indemnizaciones
para los nombramientos p�blicos permanentes, orientado a los derechos
funcionariales, la cual promueve un despido intempestivo injustificado, y sin
los beneficios sociales correspondientes en el sector p�blico. En concordancia
con lo expuesto, este art�culo cient�fico expone los resultados que genera la
compra de renuncia obligatoria en el ordenamiento jur�dico, puesto que supone
una gama de violaciones a las garant�as y derechos de los servidores de la
carrera p�blica.
El tema identificado y el impulso
de este art�culo cient�fico es la promulgaci�n del Decreto Ejecutivo Nro. 813,
que menciona el concepto ostensiblemente legal de "renuncias obligatorias"
en su art�culo 8; y, seg�n diversos juristas en la materia, es antit�tico a los
derechos otorgados a los empleados p�blicos. En consecuencia, el an�lisis de
esta, que concluye con una evaluaci�n de la LOSEP, con la informaci�n
fundamental desarrollada en este trabajo.
Actualmente, Ecuador ha utilizado esta
figura jur�dica contraria a los mandatos constitucionales, manteniendo la
legalidad para remover a los empleados p�blicos y absolver a la administraci�n
p�blica de pagar las compensaciones pecuniarias correspondientes. En consecuencia,
no s�lo se pone en riesgo la norma jur�dica, sino tambi�n los derechos
laborales y principios consagrados en la norma constitucional y
supraconstitucional.
Es importante se�alar que, por su
naturaleza jur�dica-social, que atiende al fin individualista de la compra de
renuncia obligatoria, no proporciona la estabilidad laboral de un servidor
p�blico judicial que, por su profesionalidad y experiencia, amerita un
nombramiento definitivo. La derogaci�n del art�culo 8 del Decreto Nro. 813,
restablecer�a la protecci�n de los derechos constitucionalmente garantizados y
generalmente reconocidos de los servidores p�blicos, en particular los del
poder judicial.
Marco referencial
El autor Gonz�lez
(2013) manifiesta que la acci�n colectiva a la compra de renuncias obligatorias
en el �mbito p�blico se refiere a los movimientos sociales desatados, en
respuesta a la violaci�n generalizada de los derechos humanos, cometida contra
los empleados del Estado en Ecuador, empero de la tipificaci�n legal
establecida por una orden ejecutiva denominada compra de renuncias obligatorias,
que es el foco del an�lisis.
Asimismo,
el jurista G�mez (2019) expresa que esta figura
desde un enfoque de Derechos Humanos toma como referencia puesto que
dicha tesis supone una cr�tica al Decreto Ejecutivo Nro. 813, motivo del art�culo cient�fico, y establece la
inconstitucionalidad que ser� objeto de estudio, junto con la vulneraci�n de normas
que protegen a los funcionarios p�blicos de nombramiento permanente.
Dentro del
desarrollo de este art�culo se analizar� la vulneraci�n de
derechos funcionariales en los procesos de renuncia obligatoria, enfocados en
los funcionarios judiciales en el a�o 2021, se determinar� qu� principios,
garant�as y derechos constitucionales son afectados por la compra de renuncia
obligatoria; circunstancia que evidenciar� las repercusiones de la compra de
renuncia obligatoria a los funcionarios judiciales, mediante la identificaci�n
de las consecuencias jur�dicas por esta.
Conforme el autor Calle expresa �se cree
que hasta el a�o 2018 se han realizado procesos de renuncias obligatorias a
unos 3.000 servidores p�blicos, de diversas instituciones estatales tales como:
Ministerios de Salud, del Interior, de Justicia, de Desarrollo Urbano y
Vivienda, de Transporte y Obras P�blicas, etc.� (Calle, 2018, p�g. 132).
El Decreto Ejecutivo Nro. 813, tiene la
�nica finalidad que, mediante la compra de renuncias, se exprese de la voluntad
del servidor p�blico, respecto a la circunstancia de car�cter obligatorio que
rompe la estabilidad del ordenamiento jur�dico, mientras se aplica un mecanismo
legal �de movilidad burocr�tica a solicitud del ejecutivo, con el fin de ir
llenando las vacantes con sentido clientelar, toda vez que las correspondientes
partidas no se eliminan, lo cual era el fundamento legal de la llamada compra
de renuncias� (Calle, 2018, p�g. 132).
En consecuencia, se cree que el Decreto Nro.
813, que contiene el texto exacto del art�culo 8 que regula la renuncia
obligatoria, es antijur�dico y opresivo, a pesar de que se garantiza el pago de
la indemnizaci�n correspondiente, como lo se�ala Tandazo (2015) en su trabajo
investigativo:
Se est� violando la Constituci�n de la
Rep�blica del Ecuador porque exige la terminaci�n de funciones con renuncia
forzosa, lo cual es incompatible con lo establecido en la ley de que se
requiere renuncia con indemnizaci�n. Esto es contrario a lo constitucional
reconocimiento de los derechos fundamentales, que se erige como piedra angular
del ordenamiento jur�dico y fuente de legitimidad universal debido al limitado
papel de la doctrina jur�dica (p�g. 54).
Adem�s, hay que se�alar al art. 8 del
Decreto estudiado, no modifica la Ley sino el Reglamento de la LOSEP, lo cual
es particularmente preocupante dado que, s�lo sirve para regular la aplicaci�n
de la compra de renuncia, no para modificar una ley org�nica, respecto a las
causales para la indemnizaci�n. Una vez adoptada la LOSEP, tanto el ejecutivo
como la procuradur�a manifestaron que era necesario agilizar su reglamentaci�n,
empero hay que considerar la decisi�n de la Corte Constitucional (2020):
Considerando que, el ejercicio de esta
facultad trajo como consecuencia un cambio en las reglas de juego respecto al
cese de funciones, as� como que la Constituci�n establece expresamente que el
r�gimen de cese de funciones debe ser previsto en una ley, que proporciona una
tutela de previsibilidad, sobre la noci�n de modificaci�n a dicho r�gimen s�lo
podr�a lograrse a trav�s de una reforma legal, el ejercicio de esta facultad no
debe perturbar la estabilidad del ordenamiento jur�dico.
Entonces, se debe comprender que este
cambio no prosigui� los lineamientos previstos en el marco constitucional, tal
como lo se�ala Blancas (2002):
El ordenamiento jur�dico establece la
compra de una renuncia con indemnizaci�n, lo que proh�be al Estado y sus
autoridades renunciar de cualquier forma a favor de los servidores p�blicos. Al
hacer obligatoria la renuncia, esta ley impone la obligaci�n de renunciar a
derechos laborales y la estabilidad laboral, que son derechos intr�nsecamente
inalienables a la calidad de trabajadores (p. 34).
La compra unilateral y obligatoria de la
renuncia resulta en un desconocimiento del manto protector del ordenamiento
jur�dico, considerando la vulneraci�n de la norma suprema. En otras palabras,
si bien la Constituci�n permite que el cese de funciones sea establecido por la
ley, mediante la renuncia con indemnizaci�n, el reglamento establece
circunstancias que violan la ley y comprometen el principio de la libre
expresi�n de la voluntad, haciendo que el se�alado renuncia producto de un acto
unilateral del gobierno que convierte en obligatorio lo que era voluntario y,
desnaturaliza as� el inicio de los procesos de reestructuraci�n, optimizaci�n y
otros relacionados.
De acuerdo con lo expuesto, el decreto
no s�lo representa un atentado a los derechos de rango constitucional e infraconstitucional
de los servidores p�blicos, sino tambi�n una manifestaci�n de un autoritarismo
que caracteriz� al gobierno en turno que permiti� este antecedente, que no
consider� necesario proteger los derechos del conglomerado de servidores
p�blicos y, en cambio, desmantel� el sistema laboral estatal sin considerar los
principios de eficiencia y eficacia que deben regir un aparato burocr�tico.
Estabilidad
laboral de los servidores p�blicos
Exclusi�n
de los servidores p�blicos
Respecto al total de empleados del
sector p�blico, los especializados en la carrera administrativa, estos son
excluidos del r�gimen de estabilidad laboral, suprimiendo sus derechos
laborales y su proyecto de vida.
La definici�n de empleado de carrera
incluye la continuaci�n del nexo de servicio, por consiguiente, un empleado de
carrera. Esto incluye la inamovilidad que descaradamente distingue al
funcionario de los dem�s empleados p�blicos (Rodr�guez, 2019, p. 423).
La justificaci�n para esta exclusi�n se
debe a la naturaleza de las funciones del puesto, as� como a la forma de
postular y pertenecer a la administraci�n p�blica. Hay juristas que establecen,
una perspectiva funcional objetivo, los cargos con responsabilidad
t�cnico-administrativa o simplemente de ejecuci�n son o pertenecen a la
carrera; en cambio, quedan excluidos de la carrera los empleos con
responsabilidades pol�ticas, administrativas o de confianza, y son en
consecuencia, objeto de gesti�n subjetiva (Due�as, 2019).
De lo anterior, la carrera
administrativa posee una dualidad de finalidades: proporcionar servicios a la
colectividad en condiciones �ptimas, para desarrollar las habilidades y la
seguridad laboral de la carrera del proveedor de este servicio. Este �ltimo
elemento se encuentra relacionado directamente con el desempe�o de funciones
propias de la carrera administrativa. Dicho de otro modo, se establece que la
estabilidad es una respuesta a las condiciones del trabajador, en el desempe�o
del cargo asignado. Esto se debe, por haber culminado con �xito el proceso de
selecci�n de m�ritos y oposici�n, que les exigi� demostrar sus habilidades y
experiencia profesional, requeridas para este tipo de designaciones.
Empero, sobre los trabajadores que no
requieren demostrar su capacidad profesional mediante concurso p�blico, tales
como
a)
Los
trabajadores que ya pertenezcan al sector p�blico, aptos para postularse y
separarse del empleo;
b)
Los
empleados para un per�odo de tiempo fijo o temporal; y,
c)
Los
contratados mediante contratos eventuales.
Todas estas personas carecen del derecho
a la estabilidad laboral porque desempe�an funciones pol�ticas o de inter�s
especial, y porque la forma en que fueron elegidos para sus cargos no sigui� un
concurso basado en el m�rito y la oposici�n. Como lo establecen los autores
Medina & Herrera (2016):
Los cargos de libre nombramiento y
remoci�n deben ser aquellos que hayan sido espec�ficamente creados para
desempe�ar una determinada funci�n de direcci�n, direcci�n u orientaci�n
institucional (cuyo ejercicio se rige por pol�ticas o directivas
fundamentales), o bien impliquen la confianza necesaria en la persona que lleva
a cabo ese tipo de responsabilidad (p�g. 25).
Esta situaci�n no implica la confianza
inherente en el desempe�o de toda funci�n p�blica, que se constituye como fines
fundamentales de la carrera, sino considerar la seguridad intr�nseca en la
direcci�n de asuntos inherentes al �mbito de �la reserva y el cuidado que exige
para un tipo particular de funci�n� (De la Fuente, 2018, p�g. 67).
Los contratos �ocasionales� tienen por
objeto sustituir requerimientos laborales del Estado, que los trabajadores con
nombramiento no pueden ejecutar (personal que responde a situaciones fortuitas,
t�cnico o especializado para una tarea espec�fica, exceso de trabajo, etc.) por
un per�odo determinado de tiempo, prorrogable en circunstancias objetivamente
consideradas y dentro del plazo legal permitido.
Debido al car�cter transitorio de esta
relaci�n laboral, la ley ha establecido que "este personal carece de total
estabilidad, pues es costumbre prever en los contratos correspondientes que la
parte no tendr� derecho a indemnizaci�n alguna por el cumplimiento de los
t�rminos del acuerdo� (De la Fuente, 2018, p. 425).
En consonancia con esta postura, la
LOSEP establece que estos contratos, por su propia naturaleza, no otorgan estabilidad
laboral, ni siquiera el derecho a poder acceder a un nombramiento perenne. Para
la contrataci�n de empleados no estables por parte del gobierno, se deben
seguir los siguientes lineamientos: considerando, las tareas que son
excepcionales o fortuitos, y por otro, la duraci�n temporal o transitoria del
convenio (Balb�n, 2015).
Estas doctrinas propuestas de exclusi�n
de la estabilidad en el empleo son plenamente aplicables en el caso de Ecuador.
Tanto la CRE y la LOSEP reconocen modalidades de contrataci�n relacionadas con
el servicio p�blico como puestos permanentes y temporales; s�lo se identifica
el goce a la estabilidad en el empleo para trabajadores considerados en el
literal a) del art�culo 17 de esta ley org�nica. Adicionalmente, el art�culo 83
del cuerpo normativo en menci�n, define qui�nes est�n excluidos del desempe�o
de funciones administrativas para todos los empleados y futuros empleados.
El
Decreto Ejecutivo Nro. 813
Por medio del Decreto Ejecutivo Nro. 813,
con Registro Oficial Nro. 489 del a�o 2011, se realizaron varios cambios al
reglamento de la LOSEP, abordando la compra obligatoria de la renuncia, que
adopta un camino sin precedentes en la naci�n �hacia la legalizaci�n del
despido injustificado, as� como el desmoronamiento de la estabilidad de la
carrera administrativa� (Gaussens, 2017, p�g. 102).
Este Decreto, contradice totalmente el
concepto de renuncia, tal como se encuentra establecido en la LOSEP, porque
incluye el elemento de obligaci�n, alterando la figura de consentimiento. Esto
en raz�n que, se racionaliz� el sector p�blico para que el gobierno tuviera el
poder de despedir a los empleados p�blicos el �nimo expreso de ella, y de la
manera que se les exig�a, lo cual est� completamente en contradicci�n con la
naturaleza misma de la renuncia. Cuando el Estado impone una obligaci�n, la
renuncia deja de existir y se convierte en despido.
Richard Espinoza afirm� que entre el 28
al 31 de octubre del 2011, se despidieron a 2.700 servidores p�blicos con
nombramiento de las siguientes instituciones: el sistema de Rehabilitaci�n
Social, Banco Nacional de Fomento, Ministerio del Interior, Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Recursos Naturales No
Renovables, Agencia de Regulaci�n y Control de Hidrocarburos, el Consejo
Nacional de Aviaci�n Civil, y el Ministerio de Salud P�blica (G�mez, 2019, p�g.
36).
La segunda ronda de despidos
generalizados en el sector p�blico se produjo entre el 20 de enero y el 1 de
abril de 2012, afectando a organismos como el Ministerio del Ambiente, el
Instituto Nacional de Estad�stica y Censo, la Secretar�a de la Aduana Nacional
del Ecuador, la Secretar�a Nacional de Gesti�n de Riesgos, y la
Superintendencia de Compa��as, entre otros. El n�mero de personas que perdieron
su trabajo entre enero y febrero de 2012 aument� a 2.930, seg�n la CONASEP el
n�mero de defraudados por compras de renuncia obligatoria ascendi� a 16.400
empleados p�blicos en 2013 (G�mez, 2019, p�g. 36).
La interrogante respecto a, si la
aplicaci�n del Decreto Nro. 813 gener� el despido masivo de empleados del
sector p�blico en el per�odo 2011-2012 fue planteada en el Informe de Derechos
Humanos 2011 dentro del Programa Andino de Derechos Humano; otorgando
flexibilizaci�n a la legislaci�n laboral, como resultado del hecho de
restablecer los fines p�blicos, que omite la apariencia de relevo generacional
(Informados de Derechos Humanos, 2011).
El autor Gaussens (2016) afirma lo
siguiente al respecto: Paralelamente a los cargos resultantes de las
"renuncias obligadas" apertura plazas para la formaci�n de vacantes
nuevas, construidos sobre el fundamento de �redes clientelares y apoyos
selectivos� que aseguran m�s que competitividad, la depuraci�n general de los
servicios p�blicos, prevaleciendo en comparaci�n con el aseguramiento de la
atenci�n a los "usuarios", sobrepasando las barreras de� resistencia
de las organizaciones de trabajadores preexistentes.
Por ello, es acertado decir que la
compra de la renuncia tiene por objeto seleccionar intereses colectivos
respecto de los empleados p�blicos. Sin embargo, la forma en que se aplica y se
construye viola muchos principios fundamentales porque, como se mencion�
anteriormente, esta figura est� muy lejos de ser legal.
Por ello, es acertado afirmar que el
prop�sito de las compras de renuncia es seleccionar empleados p�blicos que
sirvan los intereses del p�blico en su conjunto. Sin embargo, la forma en que
se aplican y construyen estas compras vulnera muchos derechos fundamentales
porque, como se mencion� anteriormente, esta figura est� muy lejos de ser
legal.
Jerarqu�a
normativa
Los decretos y reglamentos que expida el
poder ejecutivo deben guardar coherencia con los dem�s preceptos normativos en
el sistema legislativo ecuatoriano, por consecuente su mandato debe cumplir los
requisitos de la norma suprema. La Carta Magna determina que las actuaciones
p�blicas deben ser compatibles con las disposiciones constitucionales (CRE,
2008, art. 424).
Las disposiciones del Decreto Nro. 813
violan las disposiciones constitucionales porque les son impuestas y
modificadas como consecuencia de la inobservancia del procedimiento
establecido; esta vulnerabilidad no s�lo resulta en su inconstitucionalidad
formal, sino que afecta directamente los derechos garantizados por la Constituci�n.
En este caso, el Decreto Nro. 813
desvirt�a las disposiciones constitucionales contempladas en los art�culos de
seguridad jur�dica, aprobaci�n de leyes para regular el ejercicio de derechos,
las atribuciones del ejecutivo y el orden jer�rquico de las normas. M�s
espec�ficamente, en el art�culo 8 del Decreto aborda el concepto de compra de
renuncias obligatorias con indemnizaci�n, cambiando el goce efectivo de los
derechos de rango constitucional, y desconociendo la integralidad del principio
de separaci�n de poderes.
Este Decreto permiti� que se vulneraran
los principios, derechos y garant�as consagrados en la Carta Magna, as� como
los instrumentos internacionales ratificados por Ecuador. A continuaci�n, se
realizar� unos an�lisis exhaustivos del principal derecho vulnerados, por las
omisiones con la promulgaci�n del Decreto Ejecutivo Nro. 813.
Trabajo
y estabilidad laboral
De acuerdo con el marco constitucional,
el derecho al trabajo es una obligaci�n social, como medio para alcanzar los
fines propios y la piedra angular de la econom�a. Como protector de los
derechos de los ciudadanos, el Estado est� obligado a garantizar que los
empleados sean tratados con dignidad y respeto, puedan participar en
un empleo legal y recibir una compensaci�n y beneficios sociales.
La implicaci�n de este precepto,
como una obligaci�n humana, y que es responsabilidad del Estado garantizar
que se proporcione. En cuanto al rol del Estado que se garantiza, los
dogmas establecen que el elemento fundamental al derecho de los trabajadores,
como explica el autor Carbonell (2008), se divide en dos partes:
1) El deber de proporcionar los medios
esenciales para el acceso a los ciudadanos a un empleo digno; y 2) La
promulgaci�n de leyes, instrumentos y medidas gubernamentales que tengan por
objeto salvaguardar a los trabajadores contra posibles despidos arbitrarios y
garantizar su estabilidad laboral (p�g. 78).
De acuerdo con lo dicho
anteriormente, el derecho a la libertad de trabajo tiene una relaci�n
directa con la estabilidad del mercado laboral. Es necesario comprender
los detalles de la libertad laboral para comprender esta aparente contradicci�n.
Seg�n Mujica (2002), la libertad para trabajar ocurre en dos momentos
diferentes: primero, cuando un empleado elige aceptar un trabajo en sus propios
t�rminos, y segundo, cuando elige dejar de trabajar.
El derecho a la libertad se viola
cuando un empleador despide arbitrariamente a un trabajador, por consecuente
exige adoptar un sistema laboral que ampare la estabilidad a los empleados
contra tales despidos potenciales. Este derecho presupone que exista un axioma
causal como requisito incuestionable para un despido conforme a derecho,
excluyendo, al hacerlo, el orden jur�dico despido ad nutum o encausado,
entendido como aquel en el que la sola expresi�n del empleador de voluntad se
considera suficiente para poner fin a la relaci�n laboral (Blancas, 2002).
En esencia, la norma suprema establece
el incentivo de carrera administrativa, siendo una instituci�n jur�dica, con
naturaleza propia concordante con la estabilidad laboral, que otorga a los
funcionarios del sector p�blico derecho a la plena estabilidad; asimismo, el
art�culo 229 establece el principio de la irrevocabilidad de los derechos de
los servidores p�blicos. Con estos precedentes, se entiende que la redacci�n de
la Constituci�n reconoce el derecho de los empleados p�blicos a la estabilidad
laboral absoluta, que les impide ser despedidos sin causa justificada.
Metodolog�a
Para definir la metodolog�a
utilizada en el desarrollo del art�culo se tomaron en consideraci�n m�ltiples
aproximaciones al argumento planteado, siendo utilizado el enfoque cualitativo.
La investigaci�n que se realiz� tiene el car�cter de un estudio exploratorio
jur�dico ya que se examinaron los esfuerzos previos por analizar el estado
contextual de las cuestiones jur�dicas, se identificaron sus factores y
caracter�sticas. Adicionalmente, se ajusta al tipo proyectivo jur�dico,
considerando que realiza predicciones sobre c�mo funcionar� una instituci�n
jur�dica con base en principios que ya est�n vigentes.
Asimismo, se utiliz� el m�todo
sistem�tico para llevar a cabo la investigaci�n ya que la informaci�n se
organiz� de manera ordenada y secuencial utilizando categor�as correspondientes
que se hab�an establecido previamente para permitir el uso productivo de la
informaci�n.
El estudio tiene una orientaci�n
te�rico-deductiva hacia la revisi�n de la doctrina jur�dica, las normas y la
jurisprudencia; tambi�n tiene un enfoque socio-jur�dico al incluir un v�nculo
entre los principios legales y los factores sociales y econ�micos. Se utiliz� el
m�todo de an�lisis e hip�tesis para realizar un breve estudio sobre los
derechos funcionariales y los factores motivadores que se esgrimen para abordar
el tema de la tutela de estos.
Tambi�n se utiliz� el m�todo
emp�rico, dado que los hechos y fen�menos en estudio ayudar�an a brindar
indicadores y percepciones sobre el avance en el cumplimiento del orden
normativo. En consecuencia, ser� necesario explicar alguna parte de la realidad
o interpretar los datos obtenidos de la realidad presentada, ya sea que esta
explicaci�n sea breve o que la base de la investigaci�n tenga un nivel
exploratorio o explicativo.
Poblaci�n
y muestra
Recolecci�n
y procesamiento de informaci�n
El dise�o del estudio permiti� la
recolecci�n de datos basados �nicamente en la realidad ecuatoriana.
Estos datos se concentraron en �reas que permitieron validar la informaci�n
obtenida como resultado del conocimiento de los expertos sobre el tema, su
experiencia y los efectos que estos han producido.
As�, es necesario recalcar que para
lograrlo se debe considerar la relaci�n o conexi�n jur�dica que se da entre los
derechos operacionales y un marco legal que no los distingue adecuadamente.
Como resultado, la investigaci�n de campo est� enfocada como punto de partida a
los servicios judiciales en la ciudad de Cuenca.
Es importante se�alar que el �rea
geogr�fica sobre la que se realiz� esta investigaci�n est� restringida a
Cuenca, una de las ciudades m�s grandes del Ecuador, con el fin de fortalecer
su aplicaci�n. Esto se debe a que Cuenca cuenta con las condiciones sociales,
econ�micas, pol�ticas y laborales necesarias para responder o expresar lo que
sucede en general en el resto del pa�s.
Poblaci�n
y muestra
La poblaci�n se suscriben a la
totalidad de jueces y juezas en Azuay; para la muestra se han escogido 30
jueces de la ciudad de Cuenca, considerando que se tom� la opci�n de enviar una
encuesta de forma aleatoria a estos profesionales, a quienes se obtuvo acceso
mediante los distintos contactos por mi situaci�n laboral, no se considera una muestra
representativa; por consiguiente, los resultados obtenidos no son
representativos de la poblaci�n total de jueces, sin embargo permiten
tener una apreciaci�n de la realidad.
La aplicaci�n del estudio se
desarroll� mediante el tipo de muestra probabil�stica, que dio la oportunidad
de incluir a los miembros explicados en la poblaci�n estad�stica escogida por
el tipo de muestra aleatorio.
Figura 1: Resultados
obtenidos de la encuesta
|
Pregunta
|
S�
|
No
|
|
�El
cese de funciones a los servidores judiciales vulneran los derechos
funcionariales?
|
80%
|
20%
|
|
�Cree
usted que la compra de renuncias obligatorias es legal?
|
67%
|
33%
|
|
�La
aplicaci�n del Decreto Ejecutivo Nro. 813 afecta a la seguridad jur�dica en
Ecuador?
|
100%
|
0%
|
|
�Considera
que la aplicaci�n de las compras de renuncias obligatorias a los jueces
beneficia a la administraci�n p�blica?
|
60
%
|
40%
|
|
�Existe
vulneraci�n a los derechos funcionariales con la aplicaci�n del Decreto Ejecutivo
Nro. 813?
|
62
%
|
38%
|
|
�La
figura de la compra de renuncia obligatoria a los jueces, debe ser ex�gena a
la aplicaci�n de los derechos laborales, para prevalecer los intereses de la
administraci�n p�blica?
|
16%
|
84%
|
|
�Considera
necesario derogar el Decreto Ejecutivo Nro. 813, que reforma la Ley de
Servicio P�blico de los servidores judiciales?
|
100%
|
0%
|
Nota.
Fuente obtenida de encuestas realizadas a funcionarios judiciales.
Elaborado por el autor
Discusi�n
An�lisis
e interpretaci�n de datos obtenidos en las encuestas
Los jueces escogidos para el
an�lisis de la problem�tica tienen opiniones muy objetivas, donde se fundamenta
en pragm�tica y doxa, lo que permiti� generar una acertada manifestaci�n de sus
ideas en la contestaci�n de las respuesta, teniendo como bases los conceptos
constitucionales, aplic�ndolos congruentemente con los derechos, empero a ser
un tema que requiere un amparo legal para los derechos funcionariales, no se
puede entrever que, establecer las formas similares en todos los casos,
considerando que cada situaci�n es diferente, a�n con especial �nfasis en donde
se aplicaci�n esta figura.
Los encuestados tuvieron las
respuestas que constatan los argumentos planteados en el trabajo de
investigaci�n, adem�s permiti� abordar la materialidad de la problem�tica. Calificar los derechos funcionariales como
garantista de la estabilidad como un principio rector en la selecci�n y
designaci�n de cargos para jueces y juezas, por la naturaleza de la relaci�n
laboral, se entiende que la terminaci�n en forma unilateral de esta provoca una
causa injustificada, aunque los servidores p�blicos ocupan puestos para brindar
un servicio a la colectividad no se suprimen sus derechos en ninguna rama del
derecho.
Por otra parte, el Decreto
Ejecutivo Nro. 813 establece la compensaci�n econ�mica cuando se indemnizan a
los servidores p�blicos pero omite beneficios sociales respecto a la
culminaci�n forzosa de la relaci�n laboral, produciendo efectos jur�dicos
calificados, por los encuestados, como ex�gena a los principios de derechos
laborales, evidenciando la vulnerando que un decreto de un acto administrativo
en oposici�n a las normas jer�rquicas superiores que brindan un manto tutelar a
la estabilidad laboral y sobre todo a los preceptos contenidos en la LOSEP,
C�digo de trabajo y Constituci�n del Ecuador.
Conclusiones
La vulneraci�n de derechos por
parte del Estado, al existir un despido como tal omite la voluntariedad en el
cese de funciones por parte de la administraci�n p�blica con los servidores,
omitiendo la indemnizaci�n correspondiente para estos casos previstos en la
ley.
Se ha evidenciado que existen una
serie de principios, garant�as y derechos establecidos en la Constituci�n y que
deben ser protegidos y tutelados por el Estado con todos los ciudadanos, como
resultado de la compra de renuncia con indemnizaciones se ven afectados o
lesionados y no pueden ser como tal realizados, por mencionar el derecho a ser
indemnizado correctamente, derecho al trabajo, derecho de presunci�n de
inocencia por las causales de la compra de renuncia, entre otros.
Por todos los motivos expuestos, la
compra de renuncia obligatoria repercute al ordenamiento jur�dico debido a la
violaci�n de principios constitucionales del derecho y que no permiten la
ejecuci�n de garant�as a los funcionarios y dem�s personas que laboran en el
sector p�blico, suprimen la eficiencia de la seguridad jur�dica, por la
estabilidad laboral por parte de estos funcionarios con nombramiento permanente
y no removibles.
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� 2022 por los autores.
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