Resumen
En la carrera de la administración
pública existen relaciones laborales al igual que en el sector privado, se
maneja de forma semejante con el método empleado para los trabajadores en el
servicio privado, es fundamental que exista la voluntariedad de contratar, por
ambas partes. Con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo Nro. 813, en
especial la aplicabilidad del artículo 8 que contempla la compra de renuncia
con indemnizaciones para nombramientos permanentes que, para efectos de esta
investigación, se enfocará en el caso de funcionarios judiciales; con esta
compra de renuncia se presentan casos, mediante los cuales la indemnización es
distinta a la correspondiente.
Siendo análoga a la figura jurídica del
despido intempestivo, al no proporcionar los respectivos haberes laborales
se puede incurrir en una violación a los derechos y garantías de los derechos
funcionariales de estos servidores, vulnerando para la seguridad jurídica por
los procesos legislativos y ejecutivos que anteceden a los procesos de
renuncias obligatorias.
El método analítico – sintético, así
como el enfoque de investigación cualitativo que recopila información de
diversas fuentes, son las principales metodologías utilizadas en esta
investigación. Este enfoque representa un tipo de investigación argumentativa
y, en la mayoría de los casos, requería el uso de una fuente de datos para
comenzar el proceso de investigación.
Palabras claves: Compra
de renuncia; Obligatoria; Indemnizaciones; Inconstitucional; Vulneración.
Abstract
In
the career of the public administration there are labor relations as in the
private sector, it is handled in a similar way with the method used for workers
in the private service, it is essential that there is willingness to hire, by
both parties. With the entry into force of Executive Decree No. 813, especially
the applicability of article 8 that contemplates the purchase of resignation
with compensation for permanent appointments that, for the purposes of this
investigation, will focus on the case of judicial officials; With this purchase
of resignation there are cases, by which the compensation is different from the
corresponding one. Being analogous to the legal figure of untimely dismissal,
by not providing the respective labor assets, a violation of the rights and
guarantees of the civil servant rights of these servers may be incurred,
violating legal certainty by the legislative and executive processes that
precede mandatory waiver processes. The analytical-synthetic method, as well as
the qualitative research approach that collects information from various
sources, are the main methodologies used in this research. This approach
represents a type of argumentative research and, in most cases, required the
use of a data source to start the research process.
Keywords: Waiver purchase; Mandatory; compensation;
Unconstitutional; Infringement.
Resumo
Na carreira da
administração pública existem relações trabalhistas como no setor privado,
trata-se de forma semelhante com o método utilizado para os trabalhadores do
serviço privado, sendo imprescindível que haja disposição de contratação, por
parte de ambas as partes. Com a entrada em vigor do Decreto Executivo nº 813,
especialmente a aplicabilidade do artigo 8º que contempla a compra de demissão
com indenização por cargos efetivos que, para fins desta investigação, incidirá
sobre o caso dos funcionários judiciais; Com esta compra de demissão há casos
em que a compensação é diferente da correspondente. Por ser análoga à figura
jurídica da demissão intempestiva, ao não fornecer os respectivos bens
trabalhistas, pode incorrer em violação dos direitos e garantias dos direitos
dos servidores desses servidores, violando a segurança jurídica pelos processos
legislativos e executivos que antecedem a dispensa compulsória processos. O
método analítico-sintético, bem como a abordagem qualitativa de pesquisa que
coleta informações de diversas fontes, são as principais metodologias
utilizadas nesta pesquisa. Essa abordagem representa um tipo de pesquisa
argumentativa e, na maioria das vezes, exigia o uso de uma fonte de dados para
iniciar o processo de pesquisa.
Palavras-chave: Renúncia de compra; Obrigatoriedade; compensação;
Inconstitucional; Violação.
Introducción
La temática para abordar este
artículo es la figura de compra de renuncia obligatoria con indemnizaciones
para los nombramientos públicos permanentes, orientado a los derechos
funcionariales, la cual promueve un despido intempestivo injustificado, y sin
los beneficios sociales correspondientes en el sector público. En concordancia
con lo expuesto, este artículo científico expone los resultados que genera la
compra de renuncia obligatoria en el ordenamiento jurídico, puesto que supone
una gama de violaciones a las garantías y derechos de los servidores de la
carrera pública.
El tema identificado y el impulso
de este artículo científico es la promulgación del Decreto Ejecutivo Nro. 813,
que menciona el concepto ostensiblemente legal de "renuncias obligatorias"
en su artículo 8; y, según diversos juristas en la materia, es antitético a los
derechos otorgados a los empleados públicos. En consecuencia, el análisis de
esta, que concluye con una evaluación de la LOSEP, con la información
fundamental desarrollada en este trabajo.
Actualmente, Ecuador ha utilizado esta
figura jurídica contraria a los mandatos constitucionales, manteniendo la
legalidad para remover a los empleados públicos y absolver a la administración
pública de pagar las compensaciones pecuniarias correspondientes. En consecuencia,
no sólo se pone en riesgo la norma jurídica, sino también los derechos
laborales y principios consagrados en la norma constitucional y
supraconstitucional.
Es importante señalar que, por su
naturaleza jurídica-social, que atiende al fin individualista de la compra de
renuncia obligatoria, no proporciona la estabilidad laboral de un servidor
público judicial que, por su profesionalidad y experiencia, amerita un
nombramiento definitivo. La derogación del artículo 8 del Decreto Nro. 813,
restablecería la protección de los derechos constitucionalmente garantizados y
generalmente reconocidos de los servidores públicos, en particular los del
poder judicial.
Marco referencial
El autor González
(2013) manifiesta que la acción colectiva a la compra de renuncias obligatorias
en el ámbito público se refiere a los movimientos sociales desatados, en
respuesta a la violación generalizada de los derechos humanos, cometida contra
los empleados del Estado en Ecuador, empero de la tipificación legal
establecida por una orden ejecutiva denominada compra de renuncias obligatorias,
que es el foco del análisis.
Asimismo,
el jurista Gómez (2019) expresa que esta figura
desde un enfoque de Derechos Humanos toma como referencia puesto que
dicha tesis supone una crítica al Decreto Ejecutivo Nro. 813, motivo del artículo científico, y establece la
inconstitucionalidad que será objeto de estudio, junto con la vulneración de normas
que protegen a los funcionarios públicos de nombramiento permanente.
Dentro del
desarrollo de este artículo se analizará la vulneración de
derechos funcionariales en los procesos de renuncia obligatoria, enfocados en
los funcionarios judiciales en el año 2021, se determinará qué principios,
garantías y derechos constitucionales son afectados por la compra de renuncia
obligatoria; circunstancia que evidenciará las repercusiones de la compra de
renuncia obligatoria a los funcionarios judiciales, mediante la identificación
de las consecuencias jurídicas por esta.
Conforme el autor Calle expresa “se cree
que hasta el año 2018 se han realizado procesos de renuncias obligatorias a
unos 3.000 servidores públicos, de diversas instituciones estatales tales como:
Ministerios de Salud, del Interior, de Justicia, de Desarrollo Urbano y
Vivienda, de Transporte y Obras Públicas, etc.” (Calle, 2018, pág. 132).
El Decreto Ejecutivo Nro. 813, tiene la
única finalidad que, mediante la compra de renuncias, se exprese de la voluntad
del servidor público, respecto a la circunstancia de carácter obligatorio que
rompe la estabilidad del ordenamiento jurídico, mientras se aplica un mecanismo
legal “de movilidad burocrática a solicitud del ejecutivo, con el fin de ir
llenando las vacantes con sentido clientelar, toda vez que las correspondientes
partidas no se eliminan, lo cual era el fundamento legal de la llamada compra
de renuncias” (Calle, 2018, pág. 132).
En consecuencia, se cree que el Decreto Nro.
813, que contiene el texto exacto del artículo 8 que regula la renuncia
obligatoria, es antijurídico y opresivo, a pesar de que se garantiza el pago de
la indemnización correspondiente, como lo señala Tandazo (2015) en su trabajo
investigativo:
Se está violando la Constitución de la
República del Ecuador porque exige la terminación de funciones con renuncia
forzosa, lo cual es incompatible con lo establecido en la ley de que se
requiere renuncia con indemnización. Esto es contrario a lo constitucional
reconocimiento de los derechos fundamentales, que se erige como piedra angular
del ordenamiento jurídico y fuente de legitimidad universal debido al limitado
papel de la doctrina jurídica (pág. 54).
Además, hay que señalar al art. 8 del
Decreto estudiado, no modifica la Ley sino el Reglamento de la LOSEP, lo cual
es particularmente preocupante dado que, sólo sirve para regular la aplicación
de la compra de renuncia, no para modificar una ley orgánica, respecto a las
causales para la indemnización. Una vez adoptada la LOSEP, tanto el ejecutivo
como la procuraduría manifestaron que era necesario agilizar su reglamentación,
empero hay que considerar la decisión de la Corte Constitucional (2020):
Considerando que, el ejercicio de esta
facultad trajo como consecuencia un cambio en las reglas de juego respecto al
cese de funciones, así como que la Constitución establece expresamente que el
régimen de cese de funciones debe ser previsto en una ley, que proporciona una
tutela de previsibilidad, sobre la noción de modificación a dicho régimen sólo
podría lograrse a través de una reforma legal, el ejercicio de esta facultad no
debe perturbar la estabilidad del ordenamiento jurídico.
Entonces, se debe comprender que este
cambio no prosiguió los lineamientos previstos en el marco constitucional, tal
como lo señala Blancas (2002):
El ordenamiento jurídico establece la
compra de una renuncia con indemnización, lo que prohíbe al Estado y sus
autoridades renunciar de cualquier forma a favor de los servidores públicos. Al
hacer obligatoria la renuncia, esta ley impone la obligación de renunciar a
derechos laborales y la estabilidad laboral, que son derechos intrínsecamente
inalienables a la calidad de trabajadores (p. 34).
La compra unilateral y obligatoria de la
renuncia resulta en un desconocimiento del manto protector del ordenamiento
jurídico, considerando la vulneración de la norma suprema. En otras palabras,
si bien la Constitución permite que el cese de funciones sea establecido por la
ley, mediante la renuncia con indemnización, el reglamento establece
circunstancias que violan la ley y comprometen el principio de la libre
expresión de la voluntad, haciendo que el señalado renuncia producto de un acto
unilateral del gobierno que convierte en obligatorio lo que era voluntario y,
desnaturaliza así el inicio de los procesos de reestructuración, optimización y
otros relacionados.
De acuerdo con lo expuesto, el decreto
no sólo representa un atentado a los derechos de rango constitucional e infraconstitucional
de los servidores públicos, sino también una manifestación de un autoritarismo
que caracterizó al gobierno en turno que permitió este antecedente, que no
consideró necesario proteger los derechos del conglomerado de servidores
públicos y, en cambio, desmanteló el sistema laboral estatal sin considerar los
principios de eficiencia y eficacia que deben regir un aparato burocrático.
Estabilidad
laboral de los servidores públicos
Exclusión
de los servidores públicos
Respecto al total de empleados del
sector público, los especializados en la carrera administrativa, estos son
excluidos del régimen de estabilidad laboral, suprimiendo sus derechos
laborales y su proyecto de vida.
La definición de empleado de carrera
incluye la continuación del nexo de servicio, por consiguiente, un empleado de
carrera. Esto incluye la inamovilidad que descaradamente distingue al
funcionario de los demás empleados públicos (Rodríguez, 2019, p. 423).
La justificación para esta exclusión se
debe a la naturaleza de las funciones del puesto, así como a la forma de
postular y pertenecer a la administración pública. Hay juristas que establecen,
una perspectiva funcional objetivo, los cargos con responsabilidad
técnico-administrativa o simplemente de ejecución son o pertenecen a la
carrera; en cambio, quedan excluidos de la carrera los empleos con
responsabilidades políticas, administrativas o de confianza, y son en
consecuencia, objeto de gestión subjetiva (Dueñas, 2019).
De lo anterior, la carrera
administrativa posee una dualidad de finalidades: proporcionar servicios a la
colectividad en condiciones óptimas, para desarrollar las habilidades y la
seguridad laboral de la carrera del proveedor de este servicio. Este último
elemento se encuentra relacionado directamente con el desempeño de funciones
propias de la carrera administrativa. Dicho de otro modo, se establece que la
estabilidad es una respuesta a las condiciones del trabajador, en el desempeño
del cargo asignado. Esto se debe, por haber culminado con éxito el proceso de
selección de méritos y oposición, que les exigió demostrar sus habilidades y
experiencia profesional, requeridas para este tipo de designaciones.
Empero, sobre los trabajadores que no
requieren demostrar su capacidad profesional mediante concurso público, tales
como
a)
Los
trabajadores que ya pertenezcan al sector público, aptos para postularse y
separarse del empleo;
b)
Los
empleados para un período de tiempo fijo o temporal; y,
c)
Los
contratados mediante contratos eventuales.
Todas estas personas carecen del derecho
a la estabilidad laboral porque desempeñan funciones políticas o de interés
especial, y porque la forma en que fueron elegidos para sus cargos no siguió un
concurso basado en el mérito y la oposición. Como lo establecen los autores
Medina & Herrera (2016):
Los cargos de libre nombramiento y
remoción deben ser aquellos que hayan sido específicamente creados para
desempeñar una determinada función de dirección, dirección u orientación
institucional (cuyo ejercicio se rige por políticas o directivas
fundamentales), o bien impliquen la confianza necesaria en la persona que lleva
a cabo ese tipo de responsabilidad (pág. 25).
Esta situación no implica la confianza
inherente en el desempeño de toda función pública, que se constituye como fines
fundamentales de la carrera, sino considerar la seguridad intrínseca en la
dirección de asuntos inherentes al ámbito de “la reserva y el cuidado que exige
para un tipo particular de función” (De la Fuente, 2018, pág. 67).
Los contratos “ocasionales” tienen por
objeto sustituir requerimientos laborales del Estado, que los trabajadores con
nombramiento no pueden ejecutar (personal que responde a situaciones fortuitas,
técnico o especializado para una tarea específica, exceso de trabajo, etc.) por
un período determinado de tiempo, prorrogable en circunstancias objetivamente
consideradas y dentro del plazo legal permitido.
Debido al carácter transitorio de esta
relación laboral, la ley ha establecido que "este personal carece de total
estabilidad, pues es costumbre prever en los contratos correspondientes que la
parte no tendrá derecho a indemnización alguna por el cumplimiento de los
términos del acuerdo” (De la Fuente, 2018, p. 425).
En consonancia con esta postura, la
LOSEP establece que estos contratos, por su propia naturaleza, no otorgan estabilidad
laboral, ni siquiera el derecho a poder acceder a un nombramiento perenne. Para
la contratación de empleados no estables por parte del gobierno, se deben
seguir los siguientes lineamientos: considerando, las tareas que son
excepcionales o fortuitos, y por otro, la duración temporal o transitoria del
convenio (Balbán, 2015).
Estas doctrinas propuestas de exclusión
de la estabilidad en el empleo son plenamente aplicables en el caso de Ecuador.
Tanto la CRE y la LOSEP reconocen modalidades de contratación relacionadas con
el servicio público como puestos permanentes y temporales; sólo se identifica
el goce a la estabilidad en el empleo para trabajadores considerados en el
literal a) del artículo 17 de esta ley orgánica. Adicionalmente, el artículo 83
del cuerpo normativo en mención, define quiénes están excluidos del desempeño
de funciones administrativas para todos los empleados y futuros empleados.
El
Decreto Ejecutivo Nro. 813
Por medio del Decreto Ejecutivo Nro. 813,
con Registro Oficial Nro. 489 del año 2011, se realizaron varios cambios al
reglamento de la LOSEP, abordando la compra obligatoria de la renuncia, que
adopta un camino sin precedentes en la nación “hacia la legalización del
despido injustificado, así como el desmoronamiento de la estabilidad de la
carrera administrativa” (Gaussens, 2017, pág. 102).
Este Decreto, contradice totalmente el
concepto de renuncia, tal como se encuentra establecido en la LOSEP, porque
incluye el elemento de obligación, alterando la figura de consentimiento. Esto
en razón que, se racionalizó el sector público para que el gobierno tuviera el
poder de despedir a los empleados públicos el ánimo expreso de ella, y de la
manera que se les exigía, lo cual está completamente en contradicción con la
naturaleza misma de la renuncia. Cuando el Estado impone una obligación, la
renuncia deja de existir y se convierte en despido.
Richard Espinoza afirmó que entre el 28
al 31 de octubre del 2011, se despidieron a 2.700 servidores públicos con
nombramiento de las siguientes instituciones: el sistema de Rehabilitación
Social, Banco Nacional de Fomento, Ministerio del Interior, Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Recursos Naturales No
Renovables, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, el Consejo
Nacional de Aviación Civil, y el Ministerio de Salud Pública (Gómez, 2019, pág.
36).
La segunda ronda de despidos
generalizados en el sector público se produjo entre el 20 de enero y el 1 de
abril de 2012, afectando a organismos como el Ministerio del Ambiente, el
Instituto Nacional de Estadística y Censo, la Secretaría de la Aduana Nacional
del Ecuador, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y la
Superintendencia de Compañías, entre otros. El número de personas que perdieron
su trabajo entre enero y febrero de 2012 aumentó a 2.930, según la CONASEP el
número de defraudados por compras de renuncia obligatoria ascendió a 16.400
empleados públicos en 2013 (Gómez, 2019, pág. 36).
La interrogante respecto a, si la
aplicación del Decreto Nro. 813 generó el despido masivo de empleados del
sector público en el período 2011-2012 fue planteada en el Informe de Derechos
Humanos 2011 dentro del Programa Andino de Derechos Humano; otorgando
flexibilización a la legislación laboral, como resultado del hecho de
restablecer los fines públicos, que omite la apariencia de relevo generacional
(Informados de Derechos Humanos, 2011).
El autor Gaussens (2016) afirma lo
siguiente al respecto: Paralelamente a los cargos resultantes de las
"renuncias obligadas" apertura plazas para la formación de vacantes
nuevas, construidos sobre el fundamento de “redes clientelares y apoyos
selectivos” que aseguran más que competitividad, la depuración general de los
servicios públicos, prevaleciendo en comparación con el aseguramiento de la
atención a los "usuarios", sobrepasando las barreras de resistencia
de las organizaciones de trabajadores preexistentes.
Por ello, es acertado decir que la
compra de la renuncia tiene por objeto seleccionar intereses colectivos
respecto de los empleados públicos. Sin embargo, la forma en que se aplica y se
construye viola muchos principios fundamentales porque, como se mencionó
anteriormente, esta figura está muy lejos de ser legal.
Por ello, es acertado afirmar que el
propósito de las compras de renuncia es seleccionar empleados públicos que
sirvan los intereses del público en su conjunto. Sin embargo, la forma en que
se aplican y construyen estas compras vulnera muchos derechos fundamentales
porque, como se mencionó anteriormente, esta figura está muy lejos de ser
legal.
Jerarquía
normativa
Los decretos y reglamentos que expida el
poder ejecutivo deben guardar coherencia con los demás preceptos normativos en
el sistema legislativo ecuatoriano, por consecuente su mandato debe cumplir los
requisitos de la norma suprema. La Carta Magna determina que las actuaciones
públicas deben ser compatibles con las disposiciones constitucionales (CRE,
2008, art. 424).
Las disposiciones del Decreto Nro. 813
violan las disposiciones constitucionales porque les son impuestas y
modificadas como consecuencia de la inobservancia del procedimiento
establecido; esta vulnerabilidad no sólo resulta en su inconstitucionalidad
formal, sino que afecta directamente los derechos garantizados por la Constitución.
En este caso, el Decreto Nro. 813
desvirtúa las disposiciones constitucionales contempladas en los artículos de
seguridad jurídica, aprobación de leyes para regular el ejercicio de derechos,
las atribuciones del ejecutivo y el orden jerárquico de las normas. Más
específicamente, en el artículo 8 del Decreto aborda el concepto de compra de
renuncias obligatorias con indemnización, cambiando el goce efectivo de los
derechos de rango constitucional, y desconociendo la integralidad del principio
de separación de poderes.
Este Decreto permitió que se vulneraran
los principios, derechos y garantías consagrados en la Carta Magna, así como
los instrumentos internacionales ratificados por Ecuador. A continuación, se
realizará unos análisis exhaustivos del principal derecho vulnerados, por las
omisiones con la promulgación del Decreto Ejecutivo Nro. 813.
Trabajo
y estabilidad laboral
De acuerdo con el marco constitucional,
el derecho al trabajo es una obligación social, como medio para alcanzar los
fines propios y la piedra angular de la economía. Como protector de los
derechos de los ciudadanos, el Estado está obligado a garantizar que los
empleados sean tratados con dignidad y respeto, puedan participar en
un empleo legal y recibir una compensación y beneficios sociales.
La implicación de este precepto,
como una obligación humana, y que es responsabilidad del Estado garantizar
que se proporcione. En cuanto al rol del Estado que se garantiza, los
dogmas establecen que el elemento fundamental al derecho de los trabajadores,
como explica el autor Carbonell (2008), se divide en dos partes:
1) El deber de proporcionar los medios
esenciales para el acceso a los ciudadanos a un empleo digno; y 2) La
promulgación de leyes, instrumentos y medidas gubernamentales que tengan por
objeto salvaguardar a los trabajadores contra posibles despidos arbitrarios y
garantizar su estabilidad laboral (pág. 78).
De acuerdo con lo dicho
anteriormente, el derecho a la libertad de trabajo tiene una relación
directa con la estabilidad del mercado laboral. Es necesario comprender
los detalles de la libertad laboral para comprender esta aparente contradicción.
Según Mujica (2002), la libertad para trabajar ocurre en dos momentos
diferentes: primero, cuando un empleado elige aceptar un trabajo en sus propios
términos, y segundo, cuando elige dejar de trabajar.
El derecho a la libertad se viola
cuando un empleador despide arbitrariamente a un trabajador, por consecuente
exige adoptar un sistema laboral que ampare la estabilidad a los empleados
contra tales despidos potenciales. Este derecho presupone que exista un axioma
causal como requisito incuestionable para un despido conforme a derecho,
excluyendo, al hacerlo, el orden jurídico despido ad nutum o encausado,
entendido como aquel en el que la sola expresión del empleador de voluntad se
considera suficiente para poner fin a la relación laboral (Blancas, 2002).
En esencia, la norma suprema establece
el incentivo de carrera administrativa, siendo una institución jurídica, con
naturaleza propia concordante con la estabilidad laboral, que otorga a los
funcionarios del sector público derecho a la plena estabilidad; asimismo, el
artículo 229 establece el principio de la irrevocabilidad de los derechos de
los servidores públicos. Con estos precedentes, se entiende que la redacción de
la Constitución reconoce el derecho de los empleados públicos a la estabilidad
laboral absoluta, que les impide ser despedidos sin causa justificada.
Metodología
Para definir la metodología
utilizada en el desarrollo del artículo se tomaron en consideración múltiples
aproximaciones al argumento planteado, siendo utilizado el enfoque cualitativo.
La investigación que se realizó tiene el carácter de un estudio exploratorio
jurídico ya que se examinaron los esfuerzos previos por analizar el estado
contextual de las cuestiones jurídicas, se identificaron sus factores y
características. Adicionalmente, se ajusta al tipo proyectivo jurídico,
considerando que realiza predicciones sobre cómo funcionará una institución
jurídica con base en principios que ya están vigentes.
Asimismo, se utilizó el método
sistemático para llevar a cabo la investigación ya que la información se
organizó de manera ordenada y secuencial utilizando categorías correspondientes
que se habían establecido previamente para permitir el uso productivo de la
información.
El estudio tiene una orientación
teórico-deductiva hacia la revisión de la doctrina jurídica, las normas y la
jurisprudencia; también tiene un enfoque socio-jurídico al incluir un vínculo
entre los principios legales y los factores sociales y económicos. Se utilizó el
método de análisis e hipótesis para realizar un breve estudio sobre los
derechos funcionariales y los factores motivadores que se esgrimen para abordar
el tema de la tutela de estos.
También se utilizó el método
empírico, dado que los hechos y fenómenos en estudio ayudarían a brindar
indicadores y percepciones sobre el avance en el cumplimiento del orden
normativo. En consecuencia, será necesario explicar alguna parte de la realidad
o interpretar los datos obtenidos de la realidad presentada, ya sea que esta
explicación sea breve o que la base de la investigación tenga un nivel
exploratorio o explicativo.
Población
y muestra
Recolección
y procesamiento de información
El diseño del estudio permitió la
recolección de datos basados únicamente en la realidad ecuatoriana.
Estos datos se concentraron en áreas que permitieron validar la información
obtenida como resultado del conocimiento de los expertos sobre el tema, su
experiencia y los efectos que estos han producido.
Así, es necesario recalcar que para
lograrlo se debe considerar la relación o conexión jurídica que se da entre los
derechos operacionales y un marco legal que no los distingue adecuadamente.
Como resultado, la investigación de campo está enfocada como punto de partida a
los servicios judiciales en la ciudad de Cuenca.
Es importante señalar que el área
geográfica sobre la que se realizó esta investigación está restringida a
Cuenca, una de las ciudades más grandes del Ecuador, con el fin de fortalecer
su aplicación. Esto se debe a que Cuenca cuenta con las condiciones sociales,
económicas, políticas y laborales necesarias para responder o expresar lo que
sucede en general en el resto del país.
Población
y muestra
La población se suscriben a la
totalidad de jueces y juezas en Azuay; para la muestra se han escogido 30
jueces de la ciudad de Cuenca, considerando que se tomó la opción de enviar una
encuesta de forma aleatoria a estos profesionales, a quienes se obtuvo acceso
mediante los distintos contactos por mi situación laboral, no se considera una muestra
representativa; por consiguiente, los resultados obtenidos no son
representativos de la población total de jueces, sin embargo permiten
tener una apreciación de la realidad.
La aplicación del estudio se
desarrolló mediante el tipo de muestra probabilística, que dio la oportunidad
de incluir a los miembros explicados en la población estadística escogida por
el tipo de muestra aleatorio.
Figura 1: Resultados
obtenidos de la encuesta
|
Pregunta
|
Sí
|
No
|
|
¿El
cese de funciones a los servidores judiciales vulneran los derechos
funcionariales?
|
80%
|
20%
|
|
¿Cree
usted que la compra de renuncias obligatorias es legal?
|
67%
|
33%
|
|
¿La
aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 813 afecta a la seguridad jurídica en
Ecuador?
|
100%
|
0%
|
|
¿Considera
que la aplicación de las compras de renuncias obligatorias a los jueces
beneficia a la administración pública?
|
60
%
|
40%
|
|
¿Existe
vulneración a los derechos funcionariales con la aplicación del Decreto Ejecutivo
Nro. 813?
|
62
%
|
38%
|
|
¿La
figura de la compra de renuncia obligatoria a los jueces, debe ser exógena a
la aplicación de los derechos laborales, para prevalecer los intereses de la
administración pública?
|
16%
|
84%
|
|
¿Considera
necesario derogar el Decreto Ejecutivo Nro. 813, que reforma la Ley de
Servicio Público de los servidores judiciales?
|
100%
|
0%
|
Nota.
Fuente obtenida de encuestas realizadas a funcionarios judiciales.
Elaborado por el autor
Discusión
Análisis
e interpretación de datos obtenidos en las encuestas
Los jueces escogidos para el
análisis de la problemática tienen opiniones muy objetivas, donde se fundamenta
en pragmática y doxa, lo que permitió generar una acertada manifestación de sus
ideas en la contestación de las respuesta, teniendo como bases los conceptos
constitucionales, aplicándolos congruentemente con los derechos, empero a ser
un tema que requiere un amparo legal para los derechos funcionariales, no se
puede entrever que, establecer las formas similares en todos los casos,
considerando que cada situación es diferente, aún con especial énfasis en donde
se aplicación esta figura.
Los encuestados tuvieron las
respuestas que constatan los argumentos planteados en el trabajo de
investigación, además permitió abordar la materialidad de la problemática. Calificar los derechos funcionariales como
garantista de la estabilidad como un principio rector en la selección y
designación de cargos para jueces y juezas, por la naturaleza de la relación
laboral, se entiende que la terminación en forma unilateral de esta provoca una
causa injustificada, aunque los servidores públicos ocupan puestos para brindar
un servicio a la colectividad no se suprimen sus derechos en ninguna rama del
derecho.
Por otra parte, el Decreto
Ejecutivo Nro. 813 establece la compensación económica cuando se indemnizan a
los servidores públicos pero omite beneficios sociales respecto a la
culminación forzosa de la relación laboral, produciendo efectos jurídicos
calificados, por los encuestados, como exógena a los principios de derechos
laborales, evidenciando la vulnerando que un decreto de un acto administrativo
en oposición a las normas jerárquicas superiores que brindan un manto tutelar a
la estabilidad laboral y sobre todo a los preceptos contenidos en la LOSEP,
Código de trabajo y Constitución del Ecuador.
Conclusiones
La vulneración de derechos por
parte del Estado, al existir un despido como tal omite la voluntariedad en el
cese de funciones por parte de la administración pública con los servidores,
omitiendo la indemnización correspondiente para estos casos previstos en la
ley.
Se ha evidenciado que existen una
serie de principios, garantías y derechos establecidos en la Constitución y que
deben ser protegidos y tutelados por el Estado con todos los ciudadanos, como
resultado de la compra de renuncia con indemnizaciones se ven afectados o
lesionados y no pueden ser como tal realizados, por mencionar el derecho a ser
indemnizado correctamente, derecho al trabajo, derecho de presunción de
inocencia por las causales de la compra de renuncia, entre otros.
Por todos los motivos expuestos, la
compra de renuncia obligatoria repercute al ordenamiento jurídico debido a la
violación de principios constitucionales del derecho y que no permiten la
ejecución de garantías a los funcionarios y demás personas que laboran en el
sector público, suprimen la eficiencia de la seguridad jurídica, por la
estabilidad laboral por parte de estos funcionarios con nombramiento permanente
y no removibles.
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